Mundo Legislativo No. 113

EDITORIAL DIRECTORIO ¿Un gran acuerdo?

Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud

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C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año XI. No. 113, Edición del 1º de marzo 2015.

Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2011-011313414700-102 Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada Ante la omisión y complicidad de policías y ministerios públicos por casos de tortura, la SCJN emitió un Protocolo para advertirles a ellos y otras autoridades, que serán juzgados por complicidad cuando, conociendo un caso, no hagan nada.

En la Cámara de Diputados, se ha votado a favor el mal llamado “Sistema Nacional Anticorrupción”, debido al acuerdo entre las principales fuerzas políticas –PRI, PAN y PRD-, lo que constituye sólo un avance, pero no la solución a la deshonestidad de muchos funcionarios públicos.

Mientras la Ley no se aplique y se haga justicia, las reformas a las leyes quedarán en letra muerta, por muy buenas que aquellas sean. Así que aún no hay nada qué festinar.

Hay evidencias que muestran la enorme corrupción que impera en el país en los gobiernos estatales y municipales de la República; los abusos en los organismos descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad; en las policías de todos niveles; en los ministerios públicos a los que nadie parece controlar, y en los jueces y los secretarios de juzgados donde se impone la fuerza del dinero y las influencias.

Que hay una reforma que representa un avance, muy bien que se lleguen a los acuerdos políticos. ¿Pero quién aplica esas reformas? ¿Acaso no está “atorado” el nuevo sistema de justicia penal, porque a muchos gobernadores no se les da la gana impulsarlo?

La Suprema Corte, ha tenido que emitir un Protocolo contra la tortura, para advertir que aquél funcionario público que conozca de un caso y no haga nada al respecto, será juzgado por complicidad.

Pero ahí está Tlatlaya. Algunas personas detenidas en ese evento, y remitidas al ministerio público, fueron torturadas ahí mismo para cambiar su declaración de lo que sucedió. Es decir, se generaron delitos por la propia autoridad –como ya se comprobó en los hechos-, y el engranaje que existe permite una complicidad que se traduce en actos de corrupción y violación a las leyes y tratados internacionales. Y no se sabe que ninguna autoridad esté siendo procesada por infringir la Ley. Hay avances legislativos, es innegable. Pero los esfuerzos para terminar en México con la impunidad, la corrupción o la opacidad, parecen no dar frutos. Y lo peor, si existen tales esfuerzos y voluntad del gobierno, sólo lo saben muy pocos. O son inexistentes.

La autoridad que no actúe contra la tortura, conociéndola, se hará cómplice.

Será procesada y juzgada como tal Por Patricia Arnaud / MUNDO LEGISLATIVO

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nte los señalamientos del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, sobre esta práctica en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaboró un Protocolo de Actuación para estos casos, en los que advierte que toda autoridad del Poder Judicial que conozca de un caso así, debe actuar en consecuencia o se hará cómplice y se le juzgará como tal.

A pesar de los avances que México ha realizado para mejorar la situación de los derechos humanos, el estado que guarda la tortura en el país sigue siendo un desafío para todas las autoridades.

En este contexto, el documento señala que el Poder Judicial tiene la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos y consecuentemente le corresponde adoptar una postura asertiva para combatir a la tortura.

Ese es el propósito este protocolo, junto con la Guía para operadores jurídicos* Los juzgadores, y quienes puedan utilizar este protocolo, apreciarán que éste no se limita a los casos de tortura, sino que

comprende otros delitos o malos tratos relacionados, tales como el encubrimiento, la intimidación o el cohecho. Esto, debido a que el delito de tortura no se presenta en forma aislada, sino que suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos penales y violaciones a los derechos humanos, que constituyen su campo de cultivo.

La Suprema Cortes reconoce que el sistema de justicia penal registra un enorme déficit respecto de las miles de víctimas a quienes el Estado les prohíbe hacerse justicia por propia mano, al tiempo que no les imparte justicia, porque su caso nunca llega a ser ventilado ante un tribunal.

En respuesta al déficit apuntado, el Protocolo contiene orientaciones no solo para los jueces de procesos penales, sino también para los de ejecución penal, los de amparo y para el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, a fin de contribuir a garantizar a las víctimas de la tortura y delitos vinculados el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, mediante la judicialización de sus casos.

Se comprenden lineamientos de actuación orientadores para

cumplir con esta responsabilidad desde la jurisdicción y desde el Consejo de la Judicatura Federal. Se trata de disminuir la brecha apuntada favoreciendo la investigación de los casos de tortura y otros delitos asociados, sin invadir las funciones propias de la procuración de justicia.

Si, con Luigi Ferrajoli, se asume que “la jurisdicción es la garantía de garantías”, y que existe una estrecha vinculación entre la democracia, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos, los integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales tienen la responsabilidad especial de prevenir violaciones a derechos humanos.

Esto es particularmente cierto para quienes constatan cómo la tortura y otras agresiones a la dignidad humana se cometen desde el poder público al que están llama dos a contrapesar y limitar; de ahí su enorme responsabilidad institucional y personal no solo para sancionarla y hacerla investigar, sino para prevenir su incidencia. Es por ello que en el Capítulo IV, se proponen diversas acciones con una doble vertiente; primero, para no

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Es en el MP donde ocurren los casos de tortura. No más tolerancia Los poderes judiciales locales tienen la responsabilidad especial de prevenir violaciones a derechos humanos

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convalidar ni incentivar violaciones a los derechos humanos al utilizar sus “frutos” como insumos para la justicia penal y de ejecución penal; y, segundo, para realizar acciones destinadas a fomentar una cultura de los derechos humanos dentro y fuera del ámbito judicial.

Señalamiento directo a las policías

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El documento dado a conocer en diciembre pasado por el entonces presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Mesa, da cuenta de los vergonzosos señalamientos que los organismos de las Naciones Unidas, como su Comité Contra la Tortura y subcomité en la materia, han denunciado ante el mundo sobre lo que pasa en México.

“El Comité –de Naciones Unidas- considera que sí hay práctica sistemática de la tortura cuando parece que los casos de tortura notificados no son fortuitos ni se han producido en un solo lugar o en un momento concreto, y se observan en ellos elementos de hábito, generalidad y finalidad determinada por lo menos en una parte importante del territorio del país. Además, la tortura puede revestir un carácter sistemático sin que eso se deba a la intención directa de un gobierno… En la mayoría de los casos se recurre a [la tortura] como un medio para obtener de una manera rápida y fácil información que pueda luego ser utilizada en un proceso penal, bien por delitos comunes de los que son competentes las autoridades estatales (homicidios, delitos sexuales, secuestros y robos son los más frecuentemente mencionados), o bien por delitos federales tales como narcotráfico o violación de la ley de armas de fuego y explosivos, pertenencia a grupos armados, etc. En este contexto los principales son los miembros de las policías judiciales (llamadas en

algunos estados policías ministeriales), tanto estatales como federal…”

En las observaciones realizadas por el Subcomité es importante considerar las siguientes: 1. Constató que “es el órgano acusador (Ministerio Público), el que tiene bajo su custodia a la persona inculpada durante un lapso de tiempo importante, en el que normalmente se le entrevista y se le toma declaración.

Esa normativa y práctica, no sólo no se adecua a los estándares internacionales que establecen que la declaración del imputado debe ser rendida ante autoridad judicial competente, sino que además facilita un escenario de riesgo de que se cometan actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes para obtener información, prueba o declaraciones de manera contraria al debido proceso legal y a la integridad física y psíquica de las personas”.

2. No hay una consideración adecuada del principio de presunción de inocencia 3. La ausencia de peritos independientes “en investigación y documentación de la tortura, con lo que los peritos oficiales se convierten en juez y parte” 4. El derecho a contar con un abogado defensor público y letrado “no es una realidad en todos los casos, tanto durante la averiguación preliminar, como durante el proceso”. En muchos casos, particularmente en el ámbito local, muchos defensores públicos no desarrollan el ejercicio de una defensa técnica suficiente durante las primeras 48 horas de detención, o bien ni siquiera se encuentran presentes durante la toma de declaración del imputado ante el Ministerio Público y luego pasan a firmar como si hubieran estado.

5. El grueso de las prácticas de tortura y malos tratos efectuadas por agentes de policía ocurrían en despoblados,

o zonas aisladas o incluso en l a s p r o p i a s c o m i s a r í a s 11 .

6. El SPT concluyo que la delegación “recibió abundantes, sólidos y coincidentes elementos de juicio derivados de toda clase de fuentes consultadas, así como de entrevistas para concluir que, es ante el Ministerio Público, como entidad rectora de la averiguación preliminar del delito y, particularmente durante las primeras 48 horas de detención del inculpado, cuando los detenidos corren un alto riesgo de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes […] El SPT ve con preocupación que la normativa procesal penal actual establece la preeminencia de que la declaración del imputado ante el Ministerio Público pueda ser utilizada como medio de prueba, lo que genera amenazas de obtener confesiones 7. A los miembros de la delegación del SPT le llamó la atención que en los distintos Estados, las personas que reconocieron haber sido víctimas de actos de tortura o de malos tratos “describieron dichos actos con un modus operandi y un nivel de similitud impresionantes. Entre las técnicas empleadas se incluían: el intento de asfixia por medio de introducción de agua por la nariz, cobertura de la cara con bolsas plásticas, c olocación de trapos mojados en la cara con toques eléctricos en ciertas partes del cuerpo y golpes en los testículos con bates de béisbol semicubiertos con tela y mantenimiento de las personas en celdas a bajas temperaturas…”.

Entre el 13 y el 23 de mayo de 2001 el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados realizó en México una misión de seguimiento visitando varias entidades federativas del país. Como resultado de su visita, el Relator emitió un informe14 en el

casos s e han considerado como pruebas válidas, a pesar de haber reconocido el tribunal que el acusado había sido sometido a torturas.

2. El Relator observó que “las disposiciones que rigen la detención facilitan la falsificación de pruebas, en especial si se obliga a declararse culpable a una persona arbitrariamente detenida y que, a veces, los detenidos son sometidos a torturas”.

3. El Relator concluyó que la declaración ministerial tiene una importancia fundamental porque constituye la prueba principal en la audiencia preliminar y esto fomenta el uso de la coacción para obtener una declaración del sospechoso.

4. En la práctica los abogados firman a menudo la declaración después de que ésta ya ha sido hecha y sin haber estado presente19.

5. El Relator Especial tuvo conocimiento de que los juzgados suelen aceptar la primera declaración del acusado si ésta se hace ante la Procuraduría General en presencia de un abogado, aun cuando posteriormente el acusado se retracte porque se le hubiera coaccionado en aquélla ocasión. Siendo particularmente preocupante que en estos casos dicha declaración es el fundamento principal del fallo condenatorio.

El Comité de Derechos Humanos señaló en 1994 que observaba en México un “número

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que señaló sus principales conclusiones y recomendaciones, manifestando en lo relacionado con la tortura en México: 1. Su preocupación por la aceptación como prueba válida de las declaraciones obtenidas bajo coacción. En este sentido, el Relator expresa su preocupación por el sometimiento de muchos jueces a la influencia del Ministerio Público, bien porque mantienen relaciones de trabajo muy estrechas o porque son víctimas de amenazas o de intimidación15. Los jueces suelen aceptar sin reservas declaraciones obtenidas presuntamente mediante coacción, sin molestarse en averiguar si fueron hechas o no por voluntad propia; y en algunos

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importante de denuncias respecto de actos de tortura o detenciones arbitrarias en tanto que el enjuiciamiento y la condena de los culpables son muy poco numerosas”.

Posteriormente el Comité concluyó que México debería “asegurar que sea el Estado el que deba probar que las confesiones que se usan como evidencia sean dadas por propia voluntad del acusado, y que las confesiones extraídas por la fuerza no puedan usarse como evidencia en el juicio”.

Recientemente, el mismo Comité observó “con preocupación la persistencia de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades policiales, el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores”.

En el mismo informe el Comité expresó “su preocupación de que bajo la ley actual, se asigna un gran valor probatorio a las primeras confesiones hechas ante un agente de policía o un fiscal y que la carga de la prueba de que las declaraciones no se hicieron como resultado de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes no recae sobre la fiscalía”.

Desde 1997, el CCT señaló que contaba con “abundante información fiable según la cual, no obstante las medidas legales y administrativas que ha adoptado el gobierno […] la tortura ha continuado practicándose sistemáticamente en México, especialmente por las policías judiciales”.

En este mismo informe el CCT precisó que “la ineficacia de las iniciativas para poner término a las prácticas de tortura, a juicio del Comité es causada, entre otros factores, por la impunidad en que permanecen los torturadores, y por la persistencia de las autoridades encargadas de impartir justicia en admitir como medios probatorios en los juicios las confesiones y declaraciones obtenidas mediante ella, no obstante las expresas disposiciones legales que declaran su admisibilidad”.

Una valiosa guía de actuación para los jueces Sin que este protocolo esté organizado a partir de un ejemplo como hilo conductor, el contenido de cada capítulo busca

aportar elementos para orientar la actuación de los tribunales en lo que les correspondería hacer frente a un caso hipotético: En el Capítulo intitulado Juzgar y sancionar la tortura y otros delitos, se coloca al lector en el supuesto de instruir una causa penal en contra del agente ‘X’ por los delitos de tortura e intimidación que se le atribuyan con motivo de la investigación de un robo en contra de ‘Y’; en el Capítulo sobre la persecución de la tortura y de otros delitos, se analiza cuál sería la intervención judicial al tenerse conocimiento, durante la instrucción de una causa penal que se siguiera a ‘Y’ por robo, de posibles hechos de tortura e intimidación que habría cometido ‘X’; en el Capítulo denominado Prevenir la tortura así como otros delitos y malos tratos relacionados se examina la invalidación de los medios de prueba obtenidos mediante tortwura y malos tratos en un proceso como el que se seguiría a ‘Y’ por robo.

Finalmente, la versión electrónica del Protocolo incluye varios anexos relevantes.

Disponible en http://www.sitios.scjn.gob.mx

La “amarran” las manos a funcionarios y empresarios Por Lorena Colín / MUNDO LEGISLATIVO

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probamos en la Cámara de Diputados un histórico paquete de reformas a diversos ordenamientos legales, que dan forma al Sistema Nacional Anticorrupción.

Se aprobó en lo general y particular el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política, en materia de anticorrupción.

Con 313 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención, se avalaron en términos del dictamen, los artículos 108, 109, 113, 114 y 116, así como los transitorios: segundo, tercero, quinto y octavo, reservados por diversos legisladores.

El dictamen crea el Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que el combate de esta nociva practica es fundamental para alcanzar estándares de integridad pública.

Dicho Sistema se constituye como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Las reformas constitucionales para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobadas este jueves en la Cámara de Diputados, incluyen la creación de un Comité Coordinador entre las diversas instancias involucradas a nivel federal, estatal y municipal.

Este Comité Coordinador estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno y por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se cierra la puerta a la deshonestidad Las entidades federativas deberán instituir sistemas locales anticorrupción, como mecanismos de coordinación para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública.

Se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general

que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual pretende homologar acciones entre los diferentes órdenes de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate a la corrupción.

Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ampliar sus facultades para realizar auditorías en tiempo real, además de su informe anual, y sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anterioers.

A su vez, podrá fiscalizar las participaciones federales a estados y municipios, así como recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.

Habrá un nuevo esquema para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, a particulares que participen

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en la comisión de faltas administrativas.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual conservará su competencia actual en las materias fiscal y administrativa.

A la nueva instancia se adicionan competencias en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves.

Figura un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran.

Los tribunales en la materia podrán determinar la responsabilidad de los particulares por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, se les determinarán las sanciones correspondientes.

En el Sistema Nacional Anticorrupción se incluye la declaración patrimonial y de conflictos de intereses de los servidores públicos, quienes estarán obligados a presentarlas ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.

Al titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo, pero ratificado por el Senado de la República.

Con esta medida se pretende generar esquemas de corresponsabilidad entre poderes y contrapesos que garanticen que quien realice las funciones de contralor del servicio público del Ejecutivo federal, cuente con la imparcialidad necesaria para el desempeño de sus funciones a la luz de su ratificación democrática.

Asimismo, se amplía el plazo

de tres a siete años para la prescripción de sanciones administrativas graves.

En los artículos transitorios de estas reformas se establece que el Congreso de la Unión contará con el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIXH de dicho artículo.

Además, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.

El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto.

¿Se acabó la era del petróleo caro y escaso? entre 2015 y 2017. De esa cantidad, 79% vendría de los llamados países BRIC —Brasil, Rusia, India y China— y Medio Oriente. El último pronóstico redujo ese cálculo y ahora se prevé que solo 63% venga de esas regiones.

La AIE considera que EE.UU. jugará un papel más importante.

Desde 2008 hasta fines de 2014, sus pronósticos anuales de mediano plazo siempre proyectaban un declive de cinco años en el consumo petrolero de EE.UU. Ahora se anticipa que la demanda estadounidense aumente en 380.000 barriles diarios para 2019.

Esto tiene sentido dada la recuperación de la economía estadounidense y la predilección de los consumidores en ese país por vehículos más grandes cuando la gasolina se abarata. Al mismo tiempo, el enfriamiento de la economía china y el impacto de menores precios del petróleo sobre las economías productoras de crudo socava el crecimiento de los mercados emergentes.

Este cambio debería preocupar a los productores de petróleo. La respuesta de EE.UU. a los menores precios de la gasolina no será igual a la de finales de los años 80 y la década de los 90. En ese entonces, la población en edad productiva y para conducir seguía creciendo con fuerza y los vehículos híbridos y eléctricos no estaban en gran medida disponibles.

La AIE todavía anticipa que la demanda estadounidense llegará a su pico en 2019. La intensidad del petróleo en cuanto a barriles por dólar del Producto Interno Bruto está posicionada para seguir descendiendo en EE.UU., y a un ritmo incluso más rápido que en China. A 1,16%, el crecimiento compuesto anual de la demanda global en el último pronóstico de mediano plazo de la AIE es el más débil desde 2009.

Las grandes empresas petroleras no logran concebir un mundo en el que el crecimiento de la demanda se desacelera a un goteo o se detiene.

Exxon Mobil contempla que la demanda global alcanzará alrededor de 117 millones de barriles diarios en 2040. Sin embargo, en 2007 anticipaba que se llegaría a ese nivel en 2030. Incluso Exxon puede ser sorprendida. Su estrategia en la primera década de este siglo implícitamente dio por hecho un petróleo relativamente barato y que EE.UU. necesitaría importaciones cada vez mayores de crudo y gas natural.

Esto resultó ser completamente equivocado.

De igual forma, las suposiciones prevalecientes como que las mejoras a las baterías para los vehículos avanzarán muy lentamente o que todo mundo en los mercados emergentes tendrá autos devoradores de gasolina (en lugar de utilizar algo como Uber, por ejemplo) podrían resultar miopes. Las nuevas tecnologías como los teléfonos móviles, los televisores de pantalla plana, o incluso la fracturación hidráulica son emergentes hasta que de pronto dejan de serlo y rápidamente reemplazan lo que las precedió. Proyectos petroleros de varias décadas que requieren altos precios para encontrar el punto de equilibrio como las arenas bituminosas de Canadá lucen especialmente vulnerables si los patrones de la demanda se mantienen como están.

La mera volatilidad del petróleo, junto con su carga política y ecologista, ofrece una incentiva poderosa para usarlo menos. La actual estrategia de Arabia Saudita parece diseñada a hacer sufrir a los productores rivales. De igual forma, podría representar un esfuerzo coordinado para cortejar a consumidores que enfrentan un pequeño y nuevo conjunto de alternativas.

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a perturbación está escalando en Arabia Saudita y al mercado global de petróleo del que depende.

Hasta ahora, esto se ha centrado en la oferta: el auge de la explotación de esquisto en América del Norte ha cambiado drásticamente las expectativas de que habría una dependencia cada vez mayor del crudo de Medio Oriente, señala un análisis de The Wall Street Journal.

Sin embargo, al ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, también le preocupa el otro lado de la ecuación. En una conferencia el mes pasado, preguntó: ¿Hay un cisne negro que desconocemos y que vendrá en 2050 y no tendremos demanda?”

Ante el trasfondo de la reciente caída del petróleo, al-Naimi se refería a tendencias potencialmente perturbadoras como nuevas tecnologías y esfuerzos para reducir las emisiones de carbón.

Esto podría parecer exagerado.

La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía (AIE) presentó proyecciones de mediano plazo que muestran que el consumo global del petróleo aumentará en 6,6 millones de barriles diarios para 2020.

Sin embargo, detrás de los titulares, la historia está cambiando.

Comparado con el pronóstico de 2014, la agencia restó un millón de barriles diarios en promedio a sus estimaciones para los próximos cinco años. Quizás no parezca mucho, pero considere que la oferta en exceso que está ejerciendo presión sobre los precios se estima en apenas unos 1,5 millones de barriles diarios.

Quizás de mayor importancia, la combinación de la demanda también está cambiando.

Hace tres años, la AIE proyectó que la demanda global crecería en 3,86 millones de barriles diarios

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Se imponen 25 años de prisión por el delito de trata de personas

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as Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, la reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Trata de Personas.

Se impondrán de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días de sanciones económicas a quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.

De acuerdo con el dictamen, el concepto de prescripción no operará en el delito de trata de personas; será una conducta continuamente perseguida cuando sea cometida en contra de menores de edad, personas que no tengan capacidad para comprender el hecho o para resistirlo y derive de un ataque sistematizado y generalizado contra la población.

Se amplía el espectro de protección, al preverse como bien jurídico tutelado no sólo la libre personalidad, sino ante todo la dignidad humana, un derecho raíz y base de todos los demás.

Previamente, en comisiones se avalaron modificaciones al dictamen, a propuesta de los legisladores del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, al artículo tercero para que la extracción de órganos sea un delito acumulable al de trata de personas, y que la Ley General se armonice con la jur isprudencia internacional y los tratados firmados por México en la materia.

Por Pablo Rendón / MUNDO LEGISLATIVO

Acordaron en el artículo 10 eliminar la palabra sometimiento; se aclara que la trata de personas tiene fines de explotación y se precisan todas las modalidades de este delito.

En el artículo 84, fracción IV, se especificó la atención de los derechos a la salud sexual y reproductiva; el séptimo transitorio establece que las erogaciones que se generen con la vigencia de esta reforma se cubrirán por el presupuesto aprobado para las dependencias públicas federales correspondientes, por lo que no se autorizarán ampliaciones.

De esta forma, los diputados aprobaron modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,

que consolidan el mandato constitucional para maximizar a una alta expresión los derechos humanos.

Por el PRI, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, al manifestar su apoyo, aseguró que “el Estado mexicano condena socialmente este delito como una conducta inaceptable y aberrante”, ya que es la esclavitud moderna que somete a millones de personas y la humanidad resulta agraviada, y es víctima de un fenómeno que lacera las fibras más sensibles de la dignidad.

Afirmó que el artículo 10 es el aspecto medular de esta reforma; se reestructuró, a fin de precisar lo que debe entenderse por trata de personas y sus modalidades, para atacar este delito transnacional, en donde los esfuerzos aislados pocos resultados tienen, si no se les combina con

Dijo que se reconstruyó el artículo 10, uno de los preceptos sustantivos del dictamen, al establecer prisión de 10 a 25 años y mil a 20 mil días de sanciones económicas para quien incurra en cualquier modalidad delictiva de esta conducta.

El diputado Alejandro Carbajal González (PRD) urgió a atender este delito que se practica a la luz pública y no se hace nada por combatirlo. Un ejemplo es Tenancingo, Tlaxcala, “conocido como la capital mundial de la trata de personas; una red que llega a Nueva York y no hemos hecho absolutamente nada. Estamos con los ojos vendados, no sé si porque no queremos ver o porque hay intereses creados. Hay un silencio muy conveniente”, apuntó.

Resaltó el poder económico que tiene la trata de personas por arriba del tráfico de drogas y de armas, y ocupa el tercer lugar en la incidencia de delitos de la delincuencia organizada.

Afirmó que este instrumento legal será una herramienta para dar certeza jurídica y atacar frontalmente este ilícito; aunque adolece de muchas cosas, dijo, atiende necesidades reales y da la oportunidad de responder a la exigencia social de actuar en la materia.

Llamó a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías estatales a aplicar la ley de forma estricta, para abatir la impunidad, porque “no es la falta de leyes; las tenemos, pero no se aplican. No es suficiente con las buenas intenciones que pudiera ser una ley, necesitamos aplicarla y abatir la gran red de corrupción que sabemos existe, no podemos ser omisos”.

Por el PVEM, el diputado Antonio Cuéllar Steffan destacó la importancia de perfeccionar la minuta del Senado de la República para darle certidumbre y perfecta armonía a la Ley General de Trata de Personas, a

fin de que los jueces la apliquen estrictamente.

“Esta conducta antisocial e indignante que atenta contra la vida de la víctima en manera permanente y forma inhumana y perversa, tenemos que sancionarla con toda severidad”, indicó.

Resaltó la cadena delictiva nacional y extranjera del sometimiento de las personas en contra de su voluntad, por lo que con este marco jurídico se da a los impartidores de justicia los elementos de prueba para acusar efectivamente a los responsables y castigarlos.

A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez adelantó que su grupo parlamentario presentará reservas en el Pleno. Resaltó la necesidad de incorporar en el artículo tercero la vinculación de la Ley General de Trata de Personas a la jurisprudencia internacional y los tratados firmados por México en la materia.

“Las penas que se imponen son demasiado bajas en algunas modalidades; es preocupante que algunas víctimas no acepten ser testigos y las que lo hacen no reciban una protección integral”, explicó.

La diputada del PT, Lorreta Ortíz Ahlf refirió la importancia de vincular el tráfico de órganos con el delito de trata de personas. Destacó la pena corporal de cinco a 15 años a quien rente inmuebles que sean utilizados para perpetrar este delito.

Refirió la dificultad de probar el conocimiento previo sobre el uso que se dará a un inmueble y aseguró que se deja en la indefensión a muchas personas de la tercera edad, cuyo único medio para sobrevivir es rentar una vivienda. “Los expone a una situación de indefensión, porque no queda claro que se va arrendar para un delito como la trata de personas”.

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una estrategia de mayor prevención, investigación, persecución y sanción.

“Se ha cuidado brindar una armonía y coherencia al ordenamiento al establecer una definición y conexión en donde no quepa ninguna duda de que lo realizado respeta la competencia constitucional del Congreso para legislar en la materia”, apuntó.

Otro tema central, dijo, es la ratificación de la decisión del Senado de la República para que las víctimas de la trata se vinculen con el fondo previsto en la Ley General de Víctimas vigente, porque prevé recursos asignados directamente por el Presupuesto de Egresos de la Federación, además de contar con el comité especializado para atender de forma diferenciada a la víctimas de acuerdo a la circunstancia que enfrenten, en virtud de que resulta más generoso e idóneo.

A nombre del PAN, la diputada Esther Quintana Salinas, al celebrar la aprobación de este dictamen, aseveró que se dan al legislador y al Ministerio Público todos los elementos humanamente posibles para que se haga justicia, y no solamente se castigue, sino que se inhiba a quien se dedique a este delito denigrante e infame, porque vulnera la dignidad, que es lo más íntimo que tienen los seres humanos.

Subrayó que es el resultado no del capricho, sino de un estudio y análisis hecho con seriedad y responsabilidad, enriquecido con la experiencia y propuestas de expertos de la sociedad civil en el tema.

Sostuvo que “todo el que tenga que ver con este delito ya no se va a lavar las manos como Poncio Pilatos, y quedar libre. Se ha hecho un esfuerzo muy importante para que en México, quienes se dediquen a la explotación y envilecimiento de personas, ahora sí se topen en pared”.

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Diputados aprueban que sólo los beneficiarios de un amparo, y no terceros, puedan intervenir en los procesos legales

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on 367 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, para establecer que cuando el amparo se conceda por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria.

Con el dictamen de la Comisión de Justicia, se busca que estas sentencias no trasciendan las peticiones de quienes acuden a la justicia federal, ya que la posible intervención de sujetos ajenos al procedimiento puede generar procedimientos extensos, engorrosos e inoperantes, que pueden entorpecer las acciones del juez y de la autoridad responsable para cumplir la sentencia.

Por ello, se plantea evitar que “el interés legítimo sea utilizado como estratagema” para que cualquier persona –aun cuando no demuestre que el acto reclamado le causa un agravio en su esfera jurídica— pueda intervenir en el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia, extendiendo los efectos de la sentencia de amparo más allá de la relación establecida entre quejoso y autoridad responsable.

Se propone modificaciones a la fracción I del Artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que en los casos en que

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el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso, y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria.

Al fijar su postura, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) manifestó que la reforma busca dejar sin voz a comunidades y ejidos para apropiarse de sus tierras y dejarles en estado de indefensión al reformar la única figura con la que este sector se podría proteger. “Todo es parte del teatro del Ejecutivo federal y su reforma energética, para perjudicar más al pueblo de México y seguir entregando nuestros recursos y patrimonio, y afectar a un sector que siempre se ha visto desprotegido por los gobernantes”.

Explicó que cuando se afecte en su conjunto a los integrantes de una comunidad de un ejido agrario, tendrán que ampararse por separado, aunque el conflicto les afecte de forma colectiva, y no tendrán voz ni voto para intervenir y solicitar el cobijo de la ley, siendo que son parte inte-

grante del conflicto.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) dijo que el dictamen da certidumbre a quienes participen en el juicio de amparo y a quienes se beneficien por el acto de autoridad respecto del cual se promoviera el juicio de amparo y pudieran verse rebasados por la intervención de terceros en el procedimiento de ejecución de la sentencia.

Expresó que cualquier persona de un colectivo puede promover un juicio de amparo, del cual derivan consecuencias que dan lugar a la retrotracción de los efectos de los actos de autoridad, que pueden beneficiar a las personas “y puede ser terriblemente pernicioso en el ámbito de la impartición de justicia que cualquier persona, aun no habiendo sido parte en un juicio de amparo, después se apersone e intervenga con el objeto de que se impongan sanciones respecto de todas aquellas personas que participan en el procedimiento de ejecución”.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

Impunidad de servidores públicos en las leyes de transparencia y protección de datos, reconocen senadores.

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nte la situación que atraviesa el país por la falta de credibilidad y confianza hacia la clase política y las instituciones, es fundamental que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cuente con las herramientas necesarias para combatir la corrupción e impunidad, así como garantizar el manejo responsable de los datos personales.

Senadores del PRI, PAN y PRD manifestaron lo anterior, al participar en la mesa de análisis “Alcances de la Legislación Secundaria en Materia de Datos Personales” organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Arely Gómez González comentó que la legislación en materia de protección de datos personales “no se ha dejado, a pesar de la intensa carga de trabajo que tenemos,” y es una de las prioridades en la agenda garantista del Senado de la República.

Explicó que se analiza la conveniencia que la nueva ley general regule tanto a entes públicos como privados que tengan en su poder datos personales, ya que actualmente las sanciones para particulares pueden llegar inclu-

Por Diana Herrera / MUNDO LEGISLATIVO

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so a la privación de la libertad y en el caso de los servidores públicos únicamente se contemplan amonestaciones u otras de carácter administrativa.

Adicionalmente, agregó, aún no se tiene claro si la ley general de protección de datos personales coexistirá con una ley federal específica o si deberá replicarse en las 32 entidades federativas, lo que provocaría dicotomías normativas, lagunas legales, incongruencias o contradicciones.

Gómez González destacó que la transformación constitucional del IFAI requerirá de un esfuerzo sin precedentes para lograr la adecuada y pronta implementación de las reformas y leyes que el Congreso de la Unión estará aprobando en próximos meses.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez –quien renunció al

PRD- mencionó que ante el proceso de deterioro y descomposición de las instituciones públicas se tiene que evitar una “nueva guerra sucia” --como la ocurrida en los años 70-- con el manejo sumamente responsable de los datos personales, de las labores de inteligencia y de mecanismos para enfrentar a la delincuencia organizada y a todos los problemas de corrupción e impunidad que existen en el país.

Precisó que la discusión sobre la nueva ley general de protección de datos personales no es estrictamente de carácter técnico o legislativo, pues también tiene que ver con la política, el ejercicio pleno de los derechos y garantías de los ciudadanos y con las responsabilidades del Estado para garantizarlos.

Por eso, subrayó, tenemos que

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tejer muy fino no solamente en las definiciones respecto a qué consideramos como datos personales o si entendemos que éste es un derecho de carácter general que no admite excepciones, o que puede haber excepciones o puede ser acotado.

En este sentido, dijo que se deberán abordar “con mucho cuidado” los regímenes de excepción, porque si bien en el caso de la ley de transparencia hay excepciones específicas en materia de seguridad nacional y pública, “ahora estamos debatiendo si se incorpora no solamente la información que ponga en riesgo la estabilidad monetaria, sino también la economía y la estabilidad financiera”.

En cuanto a la ley general de transparencia y acceso a la información pública, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dijo que legisladores de diversos grupos parlamentarios han trabajado “arduamente” en ese ordenamiento, por lo que “esperemos aprobarla ya en próximos días, apegándonos lo más posible al plazo que nos marca la Constitución”.

Sabemos --puntualizó-- que estamos con los tiempos encima, pero lo que sí quiero dejar claro es que no hay falta de voluntad ni de compromiso, pues hemos estado trabajando verdaderamente a marchas forzadas.

La legisladora panista manifestó que el país atraviesa por un momento en el que se ha acentuado la falta de credibilidad y confianza en toda la clase política y en las instituciones; además, existe una percepción generalizada de que todo el sistema está “podrido”.

Es por ello que consideró indispensable que los órganos garantes de la transparencia y del acceso a la información cuenten con herramientas para combatir la corrupción, pues son fundamentales en la recomposición de la confianza en las instituciones y para mejorar las condiciones difíciles que vive el país.

El ejército mexicano: empoderado, pero en riesgo. pública es de los gobiernos locales, el gobierno federal había hecho suya esa función. Con la descentralización política que ocurrió a partir de la derrota del PRI en 2000, el gobierno federal dejó de tener capacidad para mantener la seguridad y los estatales y municipales la ignoraron.

Ante la falta de mecanismos funcionales para el mantenimiento de la seguridad, fue inevitable la participación del ejército.

Desde el principio, esa decisión fue sumamente criticada, ya que encomendar las labores de seguridad pública a una corporación que responde a una lógica castrista era arriesgada. La estructura militar no está diseñada en una lógica de respeto a los derechos humanos o de democracia (o, más al punto, para tareas policiacas).

Al contrario, las fuerzas armadas privilegian la eficiencia sin cuestionamientos y la obediencia a la autoridad o jerarquías. Como es sabido, el ejército no se ha encontrado exento de polémica en episodios cruciales en la historia contemporánea del país, desde los trágicos eventos de la Plaza de las Tres Culturas en 1968, pasando por la llamada “Guerra Sucia” de la década de 1970, hasta el más reciente caso del incidente en Tlatlaya. Aun con todos esos desencuentros con el espíritu de su misión, las fuerzas armadas siguen gozando de niveles altos de aprobación entre la ciudadanía en lo referente a la confianza institucional. También es cierto que los militares han ido adaptándose a las condiciones políticas y sociales propias de la transición del autoritarismo a la incipiente democracia actual.

Temas como la honra a los derechos humanos, la transparencia y

la rendición de cuentas, la justicia castrense, y la vinculación con una sociedad muy distinta a la de los tiempos del proteccionismo económico y el aislacionismo político del siglo XX, han significado trances complicados.

A pesar de que al inicio de su sexenio, el presidente Peña prometió un retiro gradual del ejército de las labores de seguridad pública, en realidad, el regreso de los soldados a los cuarteles es una alternativa cada vez menos viable.

Tras más de una década de coexistencia con militares en las calles, no son pocas las regiones del país en las cuales se ha arraigado la idea de que la única paz posible es la paz militar. Esta concepción ha empoderado a jefes militares y debilitado a los gobiernos locales; el ejemplo más reciente y contundente: Michoacán. Aparentemente en México, tanto para el Ejecutivo como para la ciudadanía, la seguridad no se entiende ya sin el elemento militar; una situación de alto riesgo considerando la lógica de esta corporación. Lo más preocupante es que el Ejecutivo ha perdido gran parte del poder de decisión en materia de seguridad y ha quedado supeditado a la lealtad y voluntad del ejército.

Es importante notar cómo la permanencia del ejército en las calles y la disminución en la rotación de elementos castrenses entre los territorios en conflicto, son factores que aumentan la posibilidad de que se coludan intereses locales dentro de las estructuras e instituciones militares. Es decir, con el paso de los años, el gran riesgo de la cooptación de las fuerzas armadas por el crimen organizado –o, simplemente, su corrupción- resulta cada vez más preocupante.

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n el marco de la conmemoración del centésimo segundo aniversario de la Marcha de la Lealtad (cuando, en los albores de la Decena Trágica de 1913, el presidente Francisco I. Madero fue escoltado por el ejército en una muestra de fidelidad ante el golpe de Estado que se estaba gestando en su contra), el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos salió al paso de diversas críticas a las fuerzas armadas por supuestas violaciones a derechos humanos en su participación en el combate a la delincuencia organizada. El general secretario indicó: “Todos somos mexicanos, anhelamos mejores condiciones de vida, progreso, seguridad y desarrollo. Hay quienes quieren distanciarnos del pueblo, imposible. Somos uno y lo mismo…”. En el momento presente, el ejército no se encuentra en una posición cómoda; cada vez más lejos de la imagen de las labores solidarias del Plan DN3 de asistencia a la población ante desastres y contingencias, y crecientemente más cerca del desgaste provocado por la lucha contra el narcotráfico y de las acusaciones por violaciones a derechos humanos. En este contexto, ¿cuáles son las perspectivas respecto de las labores militares en el país?

México finalmente está experimentando las consecuencias de una decisión desafortunada tomada hace más de una década: en lugar de fortalecer y desarrollar capacidades en las instituciones civiles de seguridad pública, se optó –de facto- por desestimarlas y sustituirlas poco a poco por el ejército para enfrentar al crimen organizado: aunque las responsabilidad legal de la seguridad

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Hasta nueve años de prisión y multas a quien comercie muestras médicas

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a Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para establecer penas de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo, a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas.

El documento surge de una iniciativa que presentó en marzo de 2009 el entonces diputado Héctor Jaime Ramírez Barba (PAN) y que en abril de ese año se remitió al Senado de la República, donde fue modificada y regresada a San Lázaro en marzo de 2013.

La adición de una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud fue aprobada ahora en el Pleno de la Cámara de Diputados, por 335 votos a favor, 51 en contra y 13 abstenciones, y se turna al Ejecutivo para su promulgación.

La Comisión de Salud, que elaboró el dictamen, considera preocupante que la ley no prevea sanción penal alguna para las personas que se dediquen al tráfico de muestras médicas, ya que esto ha ocasionado una importante filtración al mercado negro.

En el documento se menciona que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha reconocido que la comercialización de muestras médicas representa un verdadero problema.

“El 31 por ciento de los medicamentos irregulares son muestra médicas, 30 por ciento son caducos, 30 por ciento fraccionados y 1.8 por ciento son falsificados”, sostiene.

Ese artículo 464 Ter de la Ley General de Salud aborda la materia de medicamentos y establece la aplicación de penas a la persona o personas que realicen conductas delictivas.

La adición de la fracción IV que se aprobó señala: “A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Se entenderá por “muestra médica”, a la presentación de un medicamento con los requisitos y especificaciones para los originales de venta al público que contenga un número menor de unidades, ajustada a lo dispuesto en la ley y el reglamento correspondientes y clasificado como fracción IV del artículo 226 de la Ley General de Salud.

Asimismo, la que será proporcionada directamente a los profesionales de la salud, con el fin de que el médico apoye el tratamiento, no debiendo comercializarse de ninguna forma.

Los censores de la censura

era necesaria ante la existencia de la queja de López Dóriga, por lo demás patrocinada y redactada en la misma Televisa), empresa que no tolera que sus frecuencias sean utilizadas para criticarla.

Ahora bien, estamos ante una confabulación de intereses casi siempre coincidentes entre el gobierno y Televisa.

El spot del PRD criticaba a Peña, Videgaray y Osorio (así como a la herencia priista en general) y de paso mencionaba que hay cosas que no han cambiado: el monopolio informativo de la televisión cuyo incono es López Dóriga, conductor en pantalla (por el momento) del noticiero estrella del canal de las estrellas.

En el Tribunal Electoral (siete integrantes) se produjeron tres votos a favor de que en este caso había un ataque a la honra de López Dóriga (sin decir, claro, cual es ésta), con lo cual la sentencia tiene un sustento minoritario.

Otros tres dividieron sus opiniones sobre el asunto pero sin coincidir con el argumento del proyecto aprobado. Otro más manifestó su disenso completo.

Se trata de una sentencia sin mayoría real pero sostenida por el Tribunal, como tal, con el propósito de acatar la consigna oficial: López Dóriga es intocable.

Bueno, algún día escucharemos a Azcárraga decir lo contrario, el día en que despida al conductor estrella del canal ibidem.

En realidad no hay reinado del duque de Velandia (segundo apellido de López Dóriga) sino del verdadero rey, el dueño del consorcio monopolista, Azcárraga.

(Me cuesta seguir con esto porque siento que alguien me puede censurar pero me arriesgo).

Lo que ha resultado atropellado no es sólo el derecho del PRD, el cual se atrevió a criticar a Televisa junto a Peña et. al., sino la libertad de difusión, recién incorporada en el artículo 7 de la Constitución y ahí declarada inviolable pero que ya se violó.

Dice el tribunal que su sentencia es resarcitoria de un derecho de López Dóriga pero, si no hubo calumnia en el spot perredista, entonces ¿qué hubo?

Nada, sino algo que molestó al consorcio televisivo en absoluta convergencia con el gobierno. Por lo pronto, el insigne Poder Judicial dice que López Dóriga es intocable. Pero, ¿por cuánto tiempo? La gravedad es la más fuerte de las leyes.

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e ha producido una sentencia del Tribunal Electoral que entra en los conceptos nada contradictorios de lo cómico y lo patético.

El spot del PRD, cuestionado por López Dóriga, no constituye –según mandato judicial– ninguna trasgresión a la ley, no obstante el autor (el mismo PRD) debe ser sancionado con la interrupción de la transmisión del spot que antes había sido censurado por el INE y vuelto a censurar por la llamada sala especializada. Hemos visto en la historia de las ignominias judiciales la condena de inocentes por hechos reales o inventados pero no habíamos visto la condena por hechos declarados inexistentes por el mismo juez.

El PRD ha sido sancionado con la “interrupción de la transmisión” de su spot (art. 456 de la ley) pero la sentencia también sostiene que ese mismo PRD jamás cometió transgresión alguna. ¿Alguien puede explicar este disparate? Piénsese que no hubo homicidio pero el asesino ha sido sentenciado . En esta situación se encuentra el PRD sólo por haber incluido la imagen de López Dóriga en un spot.

Pero no, ya sabemos que no se trata de López Dóriga (asunto menor) sino de Televisa (a la cual se le rechazó la misma pretensión censuradora por exceso de idiotez jurídica y porque no

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2014 ha sido un “año devastador” para los niños, según UNICEF

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l 2014 ha sido un año “devastador” para unos 15 millones de niños arrasados en conflictos en República Centroafricana, Irak, Sudán del Sur, los territorios palestinos, Siria y Ucrania, informó este lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“Niños han sido asesinados mientras estudiaban en sus clases o dormían en sus camas. Han quedado huérfanos, fueron secuestrados, torturados, reclutados como soldados, violados o incluso vendidos como esclavos”, dijo el director de UNICEF, Anthony Lake.

“Nunca, en la memoria reciente, tantos niños habían sido sometidos a tal brutalidad indescriptible”, expresó el delegado, añadiendo que “este ha sido un año devastador para millones de niños”.

A nivel global, unos 230 millones de niños viven actualmente en países y áreas con conflictos violentos, mientras 15 millones fueron víctimas directas de los combates.

Más de 7,3 millones de niños fueron afectados por los conflictos armados en Siria, de los cuales 1,7 millones son refugiados en países vecinos, 2,7 millones en Irak y 2,3 millones en la República Centroafricana (RCA).

En Sudán del Sur, 600 menores fueron asesinados y más de 200 mutilados en la guerra civil que dura desde hace un año y que también ha desplazado a otros 750.000 pequeños.

UNICEF estima en más de 10.000 los niñossoldados reclutados por grupos armados de RCA en 2014 y destaca que los centros escolares y de salud son blanco de ataques cada más frecuentes, como en Siria.

Durante los dos meses de conflicto en la Franja de Gaza el verano boreal pasado otros 538 niños fallecieron y 54.000 más siguen sin hogar, en tanto UNICEF recuerda los efectos trágicos de guerras olvidadas como las que prosiguen en Afganistán, el este de la República Democrática del Congo, Somalia, norte de Nigeria o Yemen.

UNICEF también destacó las “nuevas amenazas” que han surgido en los últimos meses, como

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la epidemia de ébola, que ha dejado miles de huérfanos e impide que unos 5 millones de menores y adolescentes continúen sus estudios en Guinea, Liberia y Sierra Leona, los países más afectados por este brote.

Ley de niños y adolescentes, avances sin precedentes ML

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on la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), los más de 40 millones de mexicanos menores de edad podrán contar con un mejor marco legal para hacer valer sus derechos.

Y es que, en opinión de UNICEF México y ChildFund, con la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre, y que entró en vigor este viernes, se dio un “paso gigante” que hará cumplir con las obligaciones internacionales de México para defender a la infancia.

En el marco del 25 Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México en septiembre de 1990, UNICEF y ChildFund resaltaron este cambio de paradigmas.

Mientras que la Convención fue un parteaguas en la historia de la humanidad porque por primera vez se empezó a entender a los niños como sujetos de derechos; la Ley General es un paso gigante para hacer realidad las obligaciones pactadas a nivel internacional, señaló en entrevista con Notimex la directora Nacional de ChildFund México, Sonia Bozzi.

Aunque admitió que sigue un espacio grande para su mejora, remarcó las bondades de la Ley General de los Derechos de

Por Manuel Artigas / MUNDO LEGISLATIVO

las Niñas, Niños y Adolecentes, como la creación de la Procuraduría Federal de la Protección, para que los menores puedan hacer denuncias por agresiones o vulneraciones.

Por otra parte, la Ley incluye también el Sistema Nacional de Protección a los Derechos de NNA que es “el primer intento por armonizar a distintas áreas y niveles del Estado en la procura de su atención”; asimismo, contempla el derecho de los menores migrantes.

A su vez, la homologación de los datos de los expedientes de todos los NNA para que haya un registro único, lo que, en opinión de Bozzi, es muy importante porque casi 50 por ciento de la población mexicana es menor de 18 años.

Por esa razón, “debemos insistir en que los NNA son sujetos

de derechos y la responsabilidad de garantizarlos, es de todos”, expresó.

En entrevista por separado, Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, señaló que la Ley General de los Derechos de las NNA es un logro trascendental para el país, ya que representa una transformación de las instituciones para coadyuvar en la protección de los derechos de los niños.

En este sentido, mostró su satisfacción por los avances que representa dicha legislación, pues “en UNICEF estamos muy felices. Tenemos la Ley de 2011 pero no abarcaba realmente todos los principios de acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños”. “¿Qué si es perfecta? puede que no tenga todo lo que queremos pero realmente nos da unas

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bases increíbles que realmente no habíamos tenido, tenemos un Sistema Integral de Garantía y Derechos que es encabezado por el presidente y en los estados por el gobernador, que muy pocos sistemas en México y el mundo tienen”, subrayó.

Por ejemplo, remarcó Crowley, en México había un sistema que hablaba de los pueblos indígenas, había un sistema que hablaba de las mujeres, un sistema que hablaba de los discapacitados, pero no había un sistema para representar a 40 millones de mexicanos, que son los niños y con la nueva Ley, ya lo tenemos.

El reto, dijo, es muy grande, que es bajar la ley a todos los estados en seis meses. Se trata de tener un sistema que atienda a los niños de manera coordinada, sistemática y muy igual en todo el país, y la Ley nos da el piso básico.

En este sentido, se dijo “muy ilusionada, hemos trabajado muy de mano a mano con el Senado”.

Además, abundó, las seis comisiones, dos del PRI, dos del PRD y dos del PAN, votaron unánimemente sin ninguna resistencia por la infancia, “es un gran ejemplo de cómo todos juntos han traído algo sustantivo para la infancia y México debe estar muy orgulloso”.

Se trata de un bono referente para América Latina porque algunos países en realidad han hecho sus leyes inmediatamente cuando firmaron la Convención hace 25 años, yo creo que todos los países van a tener que estar revisando su ley de acuerdo a la ley vigente de su país, indicó Crowley.

Esta Ley es para todos los niños en territorio mexicano o que cruzan el territorio. “Lo que estamos hablando es que por primera vez hay una ley comprensiva que trae todo lo que tiene que ver con los niños”, anotó.

A su vez, Katerina Wolkof, asesora de Políticas Públicas de la Fundación de los Derechos de niños y Adolescentes en Brasil,

consideró que lo más difícil para ejecutar políticas públicas en pro de la infancia es la inversión; “el gobierno y los movimientos sociales tienen que hacer más incidencia para que tengamos más inversión”.

En su opinión, lo que se juega, es lo más importante de un país, es decir, “el futuro de la nación porque ¿si no invertimos en la niñez, qué será de una nación en 20 años? por ello, es imprescindible el mayor número de inversión en la infancia, porque sino hacemos hoy algo, mañana será mucho peor”, sentenció.

Porque en la medida en que nosotros tengamos niños más sanos en todos los sentidos, podremos tener estados más desarrollados y aspirar a espacios sin violencia, más incluyentes y más equitativos, dijo Sonia Mozzi. ¿Los niños se sienten protegidos por los adultos?

Con motivo del 25 Aniversario de la Convención, Chilld Fund mostró su más reciente balance sobre la percepción de los niños en torno a la protección de sus derechos.

Según el estudio que recogió las voces de más de seis mil niños en 44 países cubriendo todos los continentes, 30 por ciento de ellos dice que los adultos no hemos cumplido en nuestra tarea de protegerlos.

Los niños de países desarrollados y en desarrollo se mostraron igualmente preocupados por la falta de protección ante la violencia y asesinatos en un 15 por ciento, esto muestra que a pesar de que algunos derechos básicos han sido cubiertos, el gran pendiente es el tema de protección ante la violencia y abuso hacia ellos.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) incluye los derechos a la vida; de prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a la No discriminación; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a la protección contra todas las for-

mas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad; entre otros derechos.

La Ley fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 3 de diciembre de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 y entró en vigor el 5 del mismo mes.

En un plazo de 90 días, el DIF reformará su estatuto orgánico y formalizará la creación de la Procuraduría Federal, es decir, en 2015. El Sistema Nacional de Protección deberá a su vez quedar instalado en 180 días después de la publicación del Decreto.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a éstos como sujetos activos de derechos,y garantiza la libertad de expresión,de pensamiento,conciencia y religión, aseguró la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez.

Los cónyuges separados o en proceso de divorcio deben abstenerse de manipular a hijos menores de edad La reforma subraya que la sentencia de divorcio o de custodia decretará las medidas necesarias para prevenir o erradicar las conductas de alienación parental.

La protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar.

El juez, ante la manifestación expresa o presunción de conductas de alienación parental, ordenará la evaluación psicológica correspondiente, decretando medidas terapéuticas conducentes para que el grupo familiar sea valorado de inmediato por especialistas.

Dependiendo del grado de alienación parental, dictará medidas judiciales, como por ejemplo, variar temporalmente la custodia o modificar los términos de convivencia.

Los padres tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento de las medidas determinadas por la autoridad.

El dictamen agrega un artículo 444 ter a la Ley para establecer los supuestos en que la patria potestad podrá limitarse temporal o definitivamente para el ejercicio de los derechos de convivencia, custodia, participación en toma de decisiones en relación a la atención médica e intervención quirúrgica del menor, autorización para la tramitación de su pasaporte o visa, entre otros.

Estos derechos incluidos en la patria potestad podrán ser suspendidos en los siguientes casos: Cuando presente conductas de alienación parental.

Cuando el padre o madre sea condenado con pena de prisión siempre que el menor no figure como víctima del delito.

Cuando presente algún tipo de discapacidad física o mental que torne imposible el cumplimiento de sus deberes parentales.

Por abandono del menor durante un plazo de más de 180 días naturales, aún cuando no se comprometa su salud o moralidad.

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a Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el Código Civil Federal, a fin de establecer que en caso de divorcio o separación, los cónyuges deben abstenerse de cualquier tipo de manipulación de los hijos menores de edad, entendida como alienación parental.

Se precisa la alienación parental como la manipulación tendiente a transformar la conciencia de los menores con objeto de impedir, obstaculizar o destruir las relaciones parentales o la debida integración familiar con el progenitor no custodio.

El dictamen surge de una iniciativa presentada el pasado 27 de febrero por la diputada Karina Labastida Sotelo (PAN), durante su discusión en el Pleno se aprobó un agregado y posteriormente fue avalado por 378 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.

Se turna al Senado para su análisis y eventual ratificación.

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Se fortalecen los derechos de niños y adolescentes

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l Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la primera iniciativa de trámite preferente que envió al Congreso de la Unión.

En el evento, realizado en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, y acompañado por su esposa, Angélica Rivera de Peña, el Primer Mandatario señaló que “el Gobierno de la República trabaja con decisión y compromiso para lograr una mayor protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, tal y como lo obliga nuestra Constitución”.

“Seguiremos trabajando para que en todo el territorio nacional cada menor goce de una buena alimentación y tenga acceso a servicios de salud, que vaya a la escuela y reciba una educación de mayor calidad; que tenga una vida libre de violencia y discriminación para garantizar su desarrollo y sano esparcimiento”, subrayó.

Afirmó que si queremos un México libre de violencia, es imprescindible que nuestros niños y adolescentes crezcan en entornos de respeto, paz y armonía. “De la formación que reciban nuestros menores, dependerá que mañana tengamos una mejor sociedad.

Las niñas, niños y adolescentes sanos, alegres y preparados de hoy, serán los ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos del futuro. Ellas y ellos son la mejor esperanza de un mejor México”, apuntó.

Por Martha Rábago / MUNDO LEGISLATIVO El Presidente Peña Nieto aseguró que “por todos sus avances, las figuras que reconoce, y por los beneficios que traerá su aplicación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una norma jurídica de especial relevancia social”.

Refrendó su “más firme compromiso con los derechos humanos, que son indispensables para que nuestra sociedad viva en armonía y se desarrolle a plenitud en todos los órdenes de la vida social”.

“Se trata de fortalecer el Estado de Derecho en todo el país y de sentar las bases para un mejor futuro como sociedad. Por experiencia y por historia, los mexicanos sabemos que el progreso y la paz social sólo son posibles con respeto al Estado de Derecho.

El respeto a los derechos humanos, a la ley y a las instituciones son los instrumentos con los que cuenta nuestra democracia para seguir creciendo y consolidándose”, puntualizó.

El Titular del Ejecutivo Federal mencionó que la Ley promulgada hoy, establece los principios y los criterios que deben orientar la política nacional en esta materia. Indicó que los aspectos más trascendentes de este nuevo ordenamiento jurídico pueden dividirse en tres grandes rubros: PRIMERO: Se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de un amplio catálogo enunciativo de derechos. Entre ellos destaca el derecho a la igualdad sustantiva; esto significa que todos los menores deben gozar del mismo trato, derechos y oportunidades. En consecuencia, se fortalecen también las

medidas de protección a los menores con discapacidad.

“El derecho a la salud gratuita y de calidad, que incluye de manera destacada el acceso a asesorías y orientación sobre salud sexual y reproductiva. El derecho a la educación de calidad, en congruencia con la Reforma Constitucional en esta materia y que garantice su pleno desarrollo. El derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; este aspecto es valioso, pues se reconoce el uso de la banda ancha e internet como instrumentos necesarios para que niños y jóvenes interactúen con éxito en el siglo XXI. “También incluye el derecho a la participación. La voz y las ideas de los menores en México deben ser escuchadas y tomadas en consideración, respecto a asuntos que sean de su interés, conforme a su edad y desarrollo. Además, se amplían los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, para brindar una mayor protección y asegurar su integridad. Se establece que corresponderá al DIF Nacional y a los estatales, el alojamiento de menores migrantes, mientras se determina su condición migratoria”.

SEGUNDO: El segundo rubro de este nuevo ordenamiento corresponde al fortalecimiento institucional necesario para hacer efectivos los derechos de los menores. Explicó que sería insuficiente solamente enunciar derechos inherentes de niñas, niños y adolescentes y no fortalecer a las instituciones del Estado mexicano para que estén en aptitud y en capacidad de hacer realidad estos derechos.

Prohíben el cabotaje a empresas extranjeras en México aceptadas por la cámara baja se encuentran las siguientes: Prevé que los certificados expedidos por centros de capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros serán convalidados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sólo si cuentan con la acreditación de la autoridad aeronáutica de su país y cumplen con los estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y/o Administración Federal de Aviación.

Estos cambios prohíben prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional y, por otra parte, extienden la vigencia de certificado de aeronavegabilidad a dos años, y de la licencia del personal técnico aeronáutico a tres años.

Se adiciona un capítulo XV

Bis a la Ley de Aviación Civil, que establece un Programa Estatal de Seguridad Operacional, destinado a la gestión de la seguridad operacional, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil.

Se eliminan trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas a la ciudad, que por su condición y naturaleza no necesitan estudios de trayectorias ni de espacios aéreos.

Considera revocar la concesión o permiso si se limita el número de prestadores de servicios complementarios, o en caso de incurrir en la simulación para negar su operación.

Se retirará el derecho de prestación servicio a las empresas que sean sancionadas por lo menos en tres ocasiones, por incumplir con la nueva norma, dentro de un periodo de cinco años.

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a Cámara de Diputados aprobó en sus términos una minuta que devolvió el Senado con reformas a las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos y la turna al Ejecutivo federal para su promulgación.

La reforma introduce nuevos preceptos aéreos y prohíbe prácticas de cabotaje de permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en México.

El documento fue aprobado en primer término por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2013 y turnado al Senado, donde sufrió modificaciones y fue devuelta a San Lázaro, para ser avalado este lunes con 370 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.

Entre las modificaciones propuestas por la colegisladora y

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Aprueban diputados establecer como delito la cobranza extrajudicial ilegal. Se sancionará con prisión y multas a quien ejerza esta práctica

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l Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de la Comisión de Justicia para establecer en el Código Penal Federal el delito de cobranza extrajudicial ilegal y sus sanciones, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El documento, que reforma el encabezado del Capítulo I del Título Decimoctavo y adiciona el artículo 284 Bis al Código Penal Federal y deriva de una iniciativa presentada en noviembre pasado por la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI), fue avalado con 338 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones.

De acuerdo con el dictamen, se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos.

Dicho delito se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, indica.

Si, como parte de la cobranza extrajudicial ilegal se utilizan documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad, agrega.

Plantea que, si se incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señaladas en el Código Penal Federal.

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El dictamen señala que no se considerará como intimidación ilícita informar de las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles.

Explica que, muchas veces, los despachos de cobranza incurren en medios ilícitos e ilegítimos como el engaño, la violencia, el hostigamiento y la intimidación para el cobro de saldos vencidos, lo que contraviene el artículo 17 de la Constitución, el cual establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni

ejercer violencia para reclamar su derecho.

Asimismo, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

“Para que la protección constitucional surta efectos en los hechos, la cobranza extrajudicial ilegal debe ser considerada delito mediante la existencia de un tipo penal respecto del cual se aplique la sanción respectiva por tratarse de una conducta típica, antijurídica y punible”, concluye el texto.

El orden de los apellidos en actas de nacimiento será a elección de los padres lo que desde el punto de vista social y jurídico constituye la familia”.

“Si bien es cierto que el Código Civil Federal se refiere a la determinación de éstos, no manda expresamente el orden en el cual deban inscribirse; sin embargo, la costumbre ha imperado en el sentido de que el orden de los apellidos sea primero el paterno”, se indica.

La Comisión de Justicia, que elaboró el dictamen, presentó un agregado con el propósito de perfeccionar el contenido del dictamen con adecuaciones a los artículos 58, 389, 395, así como

al transitorio tercero, del Código Civil Federal.

Con estos cambios se precisa que para el caso de desacuerdo en el orden de los apellidos entre los padres o de quienes estén facultados para llevar a cabo el registro; se mantendrá en primer término el apellido paterno.

Asimismo, en el caso de la persona adoptante, quien dará nombre y apellidos al adoptado, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 58 del presente Código.

También se establece que deberán adecuarse aquellas disposiciones que se opongan al presente dictamen.

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a Cámara de Diputados aprobó un dictamen en diciembre pasado, que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, para establecer que en el acta de nacimiento el orden de los apellidos de una persona podrá ser a elección de los padres.

Se precisa que el orden de los apellidos deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación.

El dictamen surge de una iniciativa que la diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) presentó en septiembre de 2013, fue aprobado por 234 votos a favor, 72 en contra y 23 abstenciones y se turna al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Determina que el Juez pondrá el primer apellido de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca, en el orden que se disponga, si éste a su vez llevase uno solo podrá duplicar dicho apellido.

El acta de nacimiento que contiene, entre otros, el nombre y apellidos de una persona, deberá incluir “el primero apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden que de común acuerdo determinen, el orden elegido deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación”.

En las consideraciones del dictamen se refiere que “los apellidos son un medio de identificación personal y de vínculo familiar, y vienen de generación en generación como consecuencia de un atributo común a un conjunto de miembros que integran

Por Patricia Arnaud / MUNDO LEGISLATIVO

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Gobierno y Televisa: una ecuación conveniente

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n el marco de las reuniones preparatorias de la XXIV Cumbre Iberoamericana en Boca del Río, Veracruz, el presidente Peña pronunció un discurso donde expresó, ante empresarios de medios de comunicación de la región, su orgullo por Televisa. El mandatario reconoció a la televisora por la forma en la cual sus contenidos han trascendido las fronteras nacionales y han dejado huella no sólo en los países de habla hispana, sino en todo el mundo. Independientemente de los méritos del gigante de los medios en México, este reconocimiento no pudo llegar en un momento más inoportuno. La polémica desatada por el escándalo de la llamada “casa blanca”, reavivó las críticas por la cercanía que existe desde tiempo atrás entre Enrique Peña, sus ambiciones políticas, y la empresa televisiva. Como si el gobierno federal no tuviera las manos llenas de problemas en cuanto al deterioro de su imagen, el presidente pone en bandeja de plata un elemento adicional de escarnio para el uso y goce de sus detractores. Sin embargo, en vez de sólo poner los reflectores sobre los dichos, resulta interesante analizar el entorno que ha permitido a un consorcio como Televisa erigirse con semejante poder de manipulación y chantaje, no respecto de la población que consume sus contenidos, sino sobre el gobierno a lo largo de los años.

Los cuestionamientos acerca de la influencia de Televisa sobre el gobierno han existido por décadas. Conforme la empresa fue creciendo, al absorber poco

Análisis / MUNDO LEGISLATIVO a poco la mayoría de las frecuencias concesionadas a particulares, a la par de la expansión misma de la cobertura y el “encanto” de la televisión, también fue incrementándose su poder.

No obstante, el consorcio de la familia Azcárraga no hizo sino sacarle partido, bajo una lógica tanto empresarial como política, a las condiciones que cultivó y convenían al régimen autoritario: un entorno adverso a la competencia y la proclividad al control centralizado de los agentes políticos y económicos. El problema estuvo cuando Televisa terminó por mimetizarse con el aparato de gobierno y se convirtió, como en alguna ocasión declaró el segundo de la dinastía Azcárraga, en soldado del PRI. Ahora bien, la sui generis naturaleza de la televisora combina las características propias de una empresa que busca maximizar beneficios, reducir costos y aprovechar oportunidades, con las de un ente político con pretensiones de asirse al poder a como dé lugar. Esto le permitió irse adaptando con éxito a la caída del régimen de partido hegemónico y encontrar paulatinamente la manera de hacer prevalecer su capacidad de influencia en los círculos de gobierno y, más al punto de su influencia, en la sociedad en general.

Por otra parte, es importante recordar que Televisa no debe verse como una especie de poder omnímodo, cuyos medios le permiten manipular a su antojo la realidad política del país. Curiosamente, tal vez la mayor crisis que ha experimentado la empresa en su historia fue provocada por una combinación de factores

donde, entre otras cosas, intervinieron decisiones de gobierno. Durante el sexenio de Carlos Salinas, la desincorporación de los medios públicos dio origen a TV Azteca, que fue en algún momento la mayor amenaza contra la hegemonía de Televisa. Esto se sumó a la inestabilidad directiva al interior de la empresa ocasionada por el fallecimiento de Emilio Azcárraga Milmo en 1997, ya con Ernesto Zedillo en Los Pinos. A fin de cuentas, el consorcio tuvo éxito en ajustarse, sobrevivir, e ir poco a poco adaptándose a un ambiente operativo distinto. En el interregno panista en la Presidencia de la República, Televisa se adaptó a la realidad de un poder político descentralizado, mismo que tornó en oportunidad para dejar de ser una empresa dentro del Estado y convertirse en un eficaz “poder factico”. El regreso del PRI al gobierno federal pudo haber constituido el final de una era, y el retorno a mayores restricciones a su capacidad de acción pero, como ilustró la reciente reforma de telecomunicaciones y, más recientemente, los comentarios presidenciales, su poder e independencia aumentaron.

Por último, cabe poner énfasis en que Televisa no es ni un titán invencible al cual todos los actores políticos y económicos se ponen a sus pies, ni tampoco es una quimera que constituye la fuente de todos los males del país. La realidad es que la empresa es un reflejo de la dinámica del sistema y, en términos crudos, es totalmente lógico su interés en mantener el statu quo, en especial si el gobierno así se lo facilita.

ESTACION SAN LAZARO

El microcosmos del caos

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e pronto las cosas normales dejan de serlo.

La aparente convivencia de la conducta con la realidad; la apariencia, el disimulo, se revientan como una banda elástica.

La presión sobre las cosas termina por romperlas, por hacerlas sucumbir. A mayor presión menor resistencia. Nada aguanta indefinidamente. Es entonces cuando llega el caos.

El caos no es el desorden; no, es en todo caso la descomposición de las partes fuera de la órbita de su funcionamiento.

Después del caos, decía Nietzche, nacen las estrellas.

Pero los astros, hasta ahora no le han servido al hombre para nada, como no sea para invocarlas en tiempos de duda o desilusión o guiar sus pasos inciertos en la noche.

Y en Oaxaca, en Santa María Coyotepec, en la toma de un cuartel por los policías inconformes, se advierte la evidencia caótica sin posibilidades mirar siquiera a las alturas. El cielo es negro y las percepciones (ninguna realidad anula para siempre a una percepción arraigada o un prejuicio) están por encima de las verdades.

El enfrentamiento de los policías estatales contra los federales; la intervención del Ejército en el resguardo del armamento acumulado en el edificio, la toma misma del cuartel, las demandas salariales para

Por Rafael Cardona disimular otras acciones de mayor hondura y riesgo; la cesión del gobierno ante la presión, la presión como lenguaje único en la solución (¿solución o aplazamiento de la misma?) en todos los casos, nos muestran los componentes descoyuntados de toda la realidad oaxaqueña.

Oaxaca no habla: presiona. En ese lugar no hay otra forma de dialogar sino mediante la calle, la imposición, la asonada, el grito, la pedrea. Y gobernar no es encauzar sino salirse de madre con todos los demás componentes del desbordado río de la sociedad mixta, compleja, multilingüe y diversa. Nadie se entiende en la Babel del mole.

La noticia de hace unos días –el enfrentamiento a tiros entre amotinados y federales y la posterior intervención de la tropa verde– es absolutamente absurda por no decirle surrealista, pero se debe revisar desde sus antecedentes: en septiembre del año pasado los policías oaxaqueños se inconformaron por la designación de un jefe, Alberto Esteva Salinas, cuya salida se dio, finalmente, en este mes. El día 2.

Mientras tanto, durante una comparecencia del destituido jefe, los policías irrumpieron e interrumpieron y fueron detenidos. En demanda de su reinstalación sus compañeros tomaron el cuartel y aprovecharon para plantear otras exigencias de tipo salarial.

Para poner el orden y regresar la sede policiaca a la

normalidad fueron enviados los policías federales. Los quejosos, invasores, ocupantes o amotinados, como se les quiera llamar; los recibieron a tiros. En total diez uniformados, de distintos colores, cinco y cinco, ingresaron heridos al hospital.

Entonces llamaron al Ejército a recuperar el edificio y poner bajo resguardo seguro el armamento, un verd adero arsenal con armas largas, granadas y mucho parque.

Estas discusiones, cuyo lenguaje final es el fuego de los fusiles, muestra un ejemplo de lo ocioso de teorizar sobre el profesionalismo anhelado en las policías nacionales, el mando único (aquí hay tres mandos, dos policiacos y uno castrense) y todas esas zarandajas. Lo único real es esto: la policía no sirve para los fines de su creación, organización y gasto.

El gobierno lo quiere resolver como es su costumbre, diciéndole sí a todos. Sí a los maestros rijosos, sí a los ocupantes del aeropuerto, sí a los del plantón, sí a los de la presión, sí a los policías contra policías, si a medio mundo.

Es en esas condiciones es c o n d e s c e n d e r. C e d e r , p e r m i t i r, a d m i n i s t r a r l a s p o s i c i o nes absurdas, negarse a mirar la realidad, renunciar a las capacidades de la política, entre ellas la transformación de las estructuras, caer la tentación, llover sobre lo mojado.

Felicidad

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De Octavio Raziel

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l despertar tengo la costumbre de dar gracias al Creador por un nuevo día.

Hoy le he agregado la pregunta: ¿Crees que soy feliz? Y Él me ha contestado que sí, que voltee y vea lo que tengo.

Hace tiempo era moda expresar: yo estoy bien, y preguntar, ¿Tú estás bien? Pues no era tan importante el que uno fuera feliz, sino que los que nos rodeaban también.

La felicidad es para algunos una entelequia, una ilusión, mientras que para otros es lo palpable, lo que se tiene, se acumula.

Para los filósofos griegos el deseo era lo que hacía feliz y la verdad lo que convertía al hombre en infeliz. Epicuro decía que la felicidad es ficticia y la infelicidad es verdadera. La primera es fugaz, intangible. En ocasiones sentimos que la tenemos en la mano y de pronto, se cuela entre los dedos como arena junto al mar.

Ciertamente, amamos las ilusiones que nos hacemos. Son quimeras que nos llenan. Son como los billetes de la lotería; compramos espejismos, prosperidad a futuro.

Me acordé de dos filosofías diametralmente opuestas: la de Dios y la de Luzbel. El Eterno dice que primero debe ser el sufrimiento y su consecuente tendrá que ser la felicidad; un ejemplo es la maternidad donde el dolor antecede a la dicha de la llegada de un nuevo ser. Para Luzbel, en cambio, el jolgorio, el desmadre, debe ser primero al sufrimiento. Vive tu vida hoy que no importa el mañana. Tal es la filosofía del maloso.

Algunas religiones venden el Cielo como representación de la felicidad. Como agnóstico considero ese sitio como inalcanzable, inexis-

tente después de la muerte.

La vida es la consecuencia de chispas de logros. Nos preocupamos por estados de ánimo que aún no disfrutamos, sin contar los alcanzados.

Vivimos más tiempo persiguiendo lo que no tenemos que disfrutando lo que ya poseemos.

Como dice el Talmud: ¿Quién es rico? El que aprecia lo que tiene.

Somos acumuladores por naturaleza; y esto incluye al dinero. Las personas que viven por encima del umbral de la pobreza son tan felices como los que están en el nivel de supervivencia pues se les ha enseñado a ser dichosos frente al mensaje televisivo o a una religión.

Castigado por los dioses, Sísifo fue condenado a subir una roca por una colina; al llegar a la cima la piedra se desprendía y la historia se repetía una y otra vez.

Albert Camus decía que es preciso imaginarse a Sísifo dichoso. Como el obrero o el empleado moderno que trabaja sin descanso, explotado, ninguneado, a fuer de la costumbre

alcanza un estado de dicha. La alegría absurda del dios griego es como la del hombre al que le han hecho creer que su destino le pertenece.

En nuestro país, según una encuesta del INEGI, el 82.3 por ciento de sus habitantes ha contestado que es feliz. Por favor, el restante 17.7 por ciento no levante la mano, ya sabemos que son el prole. ¿Soy feliz? Me pregunto. La respuesta la encuentro cuando hago un balance de mis logros, no sólo profesionales, sino de las metas alcanzadas. Hubo grandes experiencias; todas fueron gotas de felicidad y no desestimo lo que tengo.

Saber que vivo mis sensaciones.

Veo lo positivo de mi existencia y esto inclina la balanza que se contrapone a los momentos difíciles.

He aprendido que el bienestar es una meta alcanzada. Que la felicidad es vivir con mis logros cada momento, tener paz y tranquilidad para afrontar lo que venga. Como Sísifo, creo que mi destino me pertenece.

Guerras, migrantes y futbol quedaron fuera en la ronda eliminatoria inicial con tres derrotas, cero puntos, cero goles a favor y nueve en contra, en un grupo donde también estaban México, la Unión Soviética y Bélgica.

Durante los partidos clasificatorios, celebrados el 6 de junio en Tegucigalpa y el 15 en San Salvador, los deportistas fueron hostilizados toda la noche como visitantes y llegaron desvelados a los encuentros. Luego hubo un desempate en México, con las porras respectivas separadas por cinco mil policías.

Es conocido que Kapuściński -historiador dedicado al periodismo y corresponsal de la agencia noticiosa polaca PAP- cubrió diversas guerras, revoluciones y golpes de Estado alrededor del mundo, y escribió libros porque en sus despachos informativos -escuetos, como deben ser en cualquier agencia periodística- no podía detallar todo lo que había visto, en especial el drama humano.

Y tampoco podía referirse a él mismo, como sí lo hizo en sus libros. Al menos en México, los reporteros saben que no deben asumir protagonismos en sus informaciones. Aunque sí al margen de esa labor, si se vuelven noticia como la reportera que trabajó en Guadalajara y ahora es la reina Letizia de España.

Pero tanto en ‘La guerra del futbol’ (Anagrama, 1992) como en sus otras obras, el famoso autor polaco describe los viajes, sufrimientos y riesgos extremos con que hizo su cobertura noticiosa; transcribe los despachos informativos enviados a PAP con las viejas tecnologías de entonces -nada de celulares con audio, fotos, video e internet inalámbrico como ahora- y la ayuda de telegrafistas

que hablaban idiomas distintos al suyo. Por una ironía, en todos esos casos salvó su vida y fue un cáncer el que lo venció.

También reconoce que su colega Luis Suárez (fundador de la Federación Latinoamericana de Periodistas) vaticinó que habría guerra y eso lo animó a viajar a Honduras y vivir y resistir cuanto narra en el reportaje. En medio de las batallas escuchó en un radio desvencijado la noticia del viaje de Apolo XI a la Luna.

El periodista polaco menciona en su libro que “nadie en todo el mundo prestó la más mínima atención” a aquellos partidos de futbol, pero al final los dos gobiernos beligerantes quedaron “satisfechos de la guerra” porque así ocuparon “las primeras planas de la prensa mundial” El autor del libro ‘Los cínicos no sirven para este oficio’ (el periodístico), remata con la afirmación de que sólo cuando “se deciden a derramar sangre”, los países del Tercer Mundo pueden “despertar un vivo interés” entre la comunidad internacional. De lo cual -opina el tecleador- tuvieron culpa las agencias transnacionales de noticias, a las que sólo les importaban los golpes de Estado, los terremotos y las revoluciones que sucedían en las naciones subdesarrolladas.

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ace 45 años tuvo lugar la llamada ‘Guerra del futbol’ y no fue porque los árbitros favorecieran a ciertos equipos como dicen que sucedió en la copa que está por terminar en Brasil, sino con fuego y entre dos ejércitos de países vecinos y casi hermanos.

Aquel conflicto ocurrió del 14 al 18 de julio de 1969 entre El Salvador y Honduras (cuyos pueblos ahora sufren con sus niños migrantes) con saldo de hasta seis mil muertos, al mes siguiente de que sus equipos de futbol se disputaron la calificación para el Mundial de 1970 en México.

Muchos lectores recordarán la frase “la guerra del futbol”, como se llamó ese caso y como se titula uno de los libros del periodista polaco Ryszard Kapuściński. Fue en el año del destape de Luis Echeverría como candidato del sistema, para suceder a Gustavo Díaz Ordaz.

Ambas selecciones se enfrentaron cuando ya había tensión entre sus respectivos gobiernos debida a una reforma agraria hondureña que dejaba a salvo tanto a los hacendados como a la poderosa bananera estadunidense United Fruit, pero expulsaba del país a 300 mil salvadoreños que habían emigrado.

Aun cuando el libro de Kapuściński (1932-2007) sólo dedica 29 de sus 252 páginas al tema, el reportaje permite conocer la trama y los hechos acontecidos durante cien horas, y que llegaron a su fin gracias al arbitraje de la Organización de Estados Americanos.

En lo deportivo, esa fue la primera participación de los salvadoreños en copas del mundo, y

Por José Antonio Aspiros Villagómez

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La verdad histórica de la procuración de justicia en México.

Por Sócrates Francisco/ CIDAC-MUNDO LEGISLATIVO

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l tema Ayotzinapa ha sido todo un dolor de cabeza para el gobierno federal. Aun cuando los trágicos hechos del 26 de septiembre de 2014 ocurrieron en una entidad y un municipio gobernados por la oposición, y que de los entonces titulares de ambos niveles de la administración local uno está desaparecido de la escena política (el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero) y el otro está preso (el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca), el actor más afectado en su imagen ha sido la administración del presidente Peña. Sin embargo, al mediodía del pasado 27 de enero, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acompañado del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, estableció de forma definitiva como versión oficial de lo sucedido en Iguala hace cuatro meses, que los normalistas de la “Raúl Isidro Burgos” fueron secuestrados, asesinados y, por último, calcinados en una hondonada a las afueras de Cocula.

Esta decisión parece ir en congruencia con las constantes peticiones del titular del Ejecutivo federal por “superar” y “no quedar parados, paralizados y estancados” por la cuestión de Ayotzinapa. La pregunta es: ¿en verdad el anuncio oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) ayudará en las intenciones de despresurizar el caso?

Dada la naturaleza del crimen y la presunta participación de grupos del narcotráfico, la atracción de las investigaciones por la PGR era inevitable. A partir de ese momento, arengas como “Fue el Estado” o “Vivos se los

llevaron, vivos los queremos”, comenzaron a atormentar a las autoridades federales, las cuales demostraron una capacidad de reacción llena de titubeos, dislates y, como suele ocurrir históricamente en casos polémicos de procuración de justicia en México (homicidios políticos, represiones estudiantiles, funcionarios involucrados con la delincuencia organizada, procesos tirados por la borda dadas violaciones al debido proceso, por mencionar algunos ejemplos), caracterizada por explicaciones contradictorias, a veces poco convincentes e, incluso, chuscas.

En este contexto, en la conferencia de prensa donde se emitió la versión oficial, el procurador Murillo contribuyó con una frase tan contundente como criticada: “Ésta es la verdad histórica de los hechos”.

El principal cuestionamiento a la declaración consistió en que, en un instante, la PGR abandonó la cautela asumida en ciertos momentos cuando se negó a dar pronunciamientos sin pruebas, perdió la paciencia con los estudios periciales mandados a hacer en un laboratorio especializado en Austria (a saber cuánto ha costado eso), e hizo aparecer sorpresivamente a un testigo cuyos dichos, en opinión de la autoridad, dieron claridad incontestable a la investigación.

Sin pretender entrar al juego inocuo de los peritajes improvisados de sobremesa y, por tanto, concediendo certeza al resultado dado a conocer, un problema evidente está en las formas. El otro es que la sociedad mexicana ha caído en una absoluta incredulidad, hábilmente alimentada por

los grupos radicales de Guerrero.

La verdad histórica de Ayotzinapa pudiera haberse dado por concluida de manera oficial, pero la desconfianza entre algunos sectores de la ciudadanía es innegable y es muy posible que no desaparezca con ningún anuncio de la autoridad. La procuración de justicia en México carga con una sombra de ineficiencia e impunidad, la cual será difícil de quitarse mientras las formas continúen adoleciendo de elementos enmarcados en la sospecha y la falta de claridad.

Históricamente, la evidencia claro que ha indicado los horrores de matanzas como Aguas Blancas, Acteal, Tlatelolco, San Cosme, San Fernando, Allende, Tlatlaya y demás; también ha señalado lo turbio del entorno alrededor de asesinatos como los de Colosio, Ruiz Massieu, Posadas Ocampo, Muñoz Rocha y otros; y no deben olvidarse las torpezas de la autoridad que posiblemente han dejado impunes a funcionarios públicos corruptos, a presuntos narcotraficantes, secuestradores y delincuentes en general. Asimismo, y a la luz de lo anterior, la desconfianza en las instituciones y sus fallos tampoco deriva de una animadversión a tal o cual gobierno, partido político o personaje, sino de un problema estructural.

En este sentido, el caso específico de Ayotzinapa, por mucho que se diga superado, no ayudó en lo absoluto a cambiar la gran verdad histórica de la deficiente procuración de justicia y el endeble estado de derecho en México.

Habría que comenzar por reconocer la existencia de este problema fundamental.

Ordena el IFAI entregar información sobre Ayotzinapa ML

personales de los presuntos responsables, de las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público, servidores públicos con funciones operati vas.

Precisó además que no podrán ser protegidos los nombres de aquellos servidores públicos que presuntamente participaron en esos hechos y que ya son públicos, además de que han sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.

La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló que el caso Iguala ha lastimado a la sociedad mexicana y al mundo, por tanto no puede pasar inadvertida una resolución en este asunto, que lleva a ver este grave problema de violación a los derechos humanos.

En el mismo tenor se expresó el comisionado Óscar Guerra Ford, quien insistió en que la información del caso pertenece a la sociedad, la cual tiene derecho a pedir cuentas de la investigación y sus resultados.

A su vez el comisionado Joel Salas Juárez destacó que toda autoridad involucrada en la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos debe cumplir con el principio de máxima publicidad, divulgando la información generada.

Salas Suárez recordó que el viernes próximo vencerá el plazo para que la Sedena ent regue la documentación relacionada con este mismo caso, como el Instituto Federal e Acceso a la Información le instruyó.

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a Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar la versión pública de la av eriguación previa del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerr ero.

Al analizar un recurso de revisión, el pleno de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) resolvió, en forma unánime, revocar la negativa de la PGR a brindar la información solicitada por un particular por considerarla reservada.

Durante la sesión de este miércoles 18 de febrero, la comisionada Areli Cano Guadiana presentó el proyecto de resolución contra la respuesta de la Procuraduría.

Esta resolución ocurre a casi dos semanas de que el Instituto también instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a e ntregar fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejér cito mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, así como informes sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.

Cano Guadiana destacó que la información solicitada no puede ser considerada como reservada por la Procuraduría General de la República, sino que debe ser dada a conocer porque se trata de un tema de interés público.

La autoridad reservó la información bajo el argumento de que se trataba de una av eriguación previa en trámite por delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio, en el que están consignados diversos servidores p úblicos sujetos a proceso penal.

La comisionada explicó que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trata de violaciones graves a derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, y recordó que el 5 de febrero se resolvió un recurso de violaciones graves a los derechos humanos.

Al respecto el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información determinó revocar la respuesta emitida por la PGR e instruirle para que entregue al particular una versión pública de la averiguación previa solicitada.

En dicha versión deben protegerse los datos

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Diputados avalan crear la Zona Horaria Sureste para Quintana Roo

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a Cámara de Diputados avaló por 258 votos a favor, una abstención y un voto en contra, el dictamen de la minuta que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Zona Horaria Sureste -referida al meridiano 75 grados oeste-, que estará vigente en el territorio de Quintana Roo. Con la enmienda, turnada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, dicha entidad dejará de encontrarse en la Zona Horaria Centro del país, y podrá aprovechar más las horas del sol, afirmó la diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI).

Al fundamentar el dictamen en tribuna, la legisladora refirió que este cambio de horario impactará positivamente la actividad turística de Quintana Roo, en particular en la Riviera Maya, que cuenta con una gran cantidad de destinos a lo largo de sus casi 120 kilómetros de costa adyacente.

“De esta manera, el estado podrá aumentar su competitividad respecto de otros centros turísticos del Caribe, como las Bahamas, Cuba, Jamaica y Puerto Rico, entre otros”, acotó.

Además, se mejorará la conectividad aérea con terminales de Estados Unidos, Canadá, países del Caribe y de Centro y Sudamérica. Principalmente, subrayó, las interconexiones con ciudades como Chicago, Atlanta, Nueva York y Miami, que representan un considerable potencial turístico de alto poder adquisitivo.

“Contar con esta zona horaria se traducirá en la reducción del tiem-

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO po de interconexión, al existir un horario idéntico con ocho aeropuertos de Canadá y 22 de Estados Unidos, lo que traería una derrama económica de la entidad”, añadió González Martínez.

Por otra parte, al realizarse la modificación, se evidenciará un beneficio al consumo de energía, ya que según instancias como la CFE y la Sener, se obtendrá un estimado de ahorro de entre 21 mil 285 y 23 mil 454 MWh, con una respectiva demanda evitada del orden de 11 MW. Al manifestar el posicionamiento del Revolucionario Institucional, el diputado Raymundo King de la Rosa sostuvo que, dada su posición geográfica, es natural que Quintana Roo se adelante una hora respecto del centro del país.

De otra manera, dijo, el desfase entre la hora oficial y la luz solar es muy notorio.

Recordó que los argumentos para crear esta nueva zona horaria coinciden con los expresados por el Congreso de Quintana Roo en una iniciativa recientemente enviada a la Cámara de Diputados, la cual fue apoyada por el gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, y cuenta con una amplia aceptación en la población de la entidad.

En representación del PRD, la diputada Graciela Saldaña Fraire consideró que uno de los pilares de la oferta turística de nuestro país son los destinos de playa, como la Riviera Maya. “A pesar de las frágiles condiciones de seguridad en México, el turista internacional sigue optando por viajar a nuestros destinos por las inigualables condiciones que encuentra”, enfatizó.

Subrayó que las enmiendas volverán competitivo a este sector en

Quintana Roo, además de que las transacciones bancarias y cierres de operaciones se sincronizarán con los de los estados de la costa este de la Unión Americana, lo que hará que estas operaciones y viajes desde el vecino país del norte sean más ágiles.

Del Verde Ecologista, Gabriela Medrano Galindo se pronunció por impulsar el desarrollo del país y fortalecer la competitividad de Quintana Roo, que ha sido una de las puertas más importantes del turismo de sol y playa en el mundo, y una carta de presentación importante para nuestro país.

“Hemos sido un Congreso productivo y responsable, logrando sentar las bases legales que catapultan a nuestro país hacia el desarrollo sustentable e instrumentos jurídicos, como este, que representan impactos positivos en diversos sectores y regiones del país”, expresó.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) coincidió en que este tema es relevante para Quintana Roo; empero, subrayó, “hay más (que discutir) para la sociedad mexicana, como las actitudes del gobernador del estado de Quintana Roo”.

Afirmó que el mandatario persigue a periodistas, ciudadanos, diputados y diputadas “que no piensan igual que él”, además de que existen ejemplos claros de corrupción y desvío de fondos en su administración.

En favor de la enmienda, su correligionario, Ricardo Mejía Berdeja, subrayó el respaldo de la bancada al dictamen, “no por el sátrapa gobernador, Roberto Borge, sino por el pueblo de Quintana Roo, que merece estos cambios para favorecer el turismo, su economía y su medio ambiente”.