Mundo Legislativo No. 114 by Mundo Legislativo

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Cámara de Diputados

6 Periodos Ordinarios

2 15

3 5

Leyes aprobadas

Cámara de Senadores

6 19

3,449 Proposiciones con Punto de Acuerdo presentados

(incluye constitutiva, preparatorias y de instalación)

1,147 horas de trabajo en el Pleno

en Reuniones celebradas por las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo

intervenciones en tribuna de Diputados en el Pleno

10 23

Sesión más larga de la

historia del Congreso Mexicano

de Mesa Directiva

Reportes y análisis realizados por los Centros de Estudios

396 Eventos efectuadospor los Centros de Estudios, Museo y Bibliotecas

521 Dictámenes Positivos de Ley o Decreto aprobados

Partido Acción Nacional

421 Investigaciones realizadas por la Dirección de Servicios de Documentación y Análisis (SEDIA)

*Información al 30 de abril de 2015 Partido Revolucionario Institucional

623 Obras publicadas por los Centros de Estudios

1,355 Estudios,

12 25

121 Reuniones de la Junta de Coordinación Política

Consultas a la página de internet de la Gaceta Parlamentaria

suma por 22 México

10, 072

73 horas 40 minutos

144 Reuniones

2,336,975

725 Votaciones nominales a través del Sistemas Electrónico de asistencia y votación

celebradas por las Comisiones, Comités y Grupos de trabajo

6,327 Horas de trabajo

4,602 Versiones Estenográficas publicadas

285 Acuerdos de los órganos de gobierno

8 21

3,419 Reuniones

238 Diarios de los Debates publicados

18 31

de Ley o Decreto presentadas

676

Gacetas Parlamentarias publicadas

2,939 Iniciativas

231 Sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados

289 Minutas

remitidas por la

Volúmenes entregados a las Bibliotecas de Cámara

16 29

4 17

16, 677

552 Dictámenes que deshechan iniciativas y minutas con proyectos de ley general

13 Sesiones Extraordinarias

12 Sesiones Solemnes

guiadas a bibliotecas, Pleno, museo y público general

43 Nuevas

6 Periodos Extraordinarios

198 Sesiones Ordinarias

14 27

241,411 Visitas

29 Reformas Constitucionales aprobadas

Partido de la Revolución Democrática

Partido Verde Ecologista de México

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Partido del Trabajo

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

EDITORIAL DIRECTORIO La corrupción y la virtud Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud

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En portada De no romper el círculo de la corrupción, México seguirá padeciendo a la clase política y la burocracia rapaz y cínica.

La corrupción no se da, en ningún país, sin complicidad. Cuando ésta sea combatida por un sistema de leyes e instituciones honestas, México podrá cambiar. Sin esas condiciones, el país seguirá sumido en la larga noche que no acaba de saqueo y entrega de recursos, que han empobrecido a millones de mexicanos por décadas. Los datos sobre la corrupción en México son, como toda cifra, fríos y escandalosos cuando uno reflexiona sobre las consecuencias que tienen en México, en la sociedad, en la industria y en las personas. El fenómeno de la corrupción en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores, constituye una vulneración de los derechos humanos ya que entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley. Supone una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen. Por añadidura, el fenómeno de la corrupción lleva aparejado un elevado costo social y económico. De acuerdo con el Semáforo Económico Nacional 2014, la corrupción le ha costado a México ¡341 mil millones de pesos! ¿A dónde va ese dinero? Difícil saberlo a ciencia cierta. A no ser que uno se salga de la tangente y se afirme que a los bolsillos de funcionarios corruptos. Pero ¿Quiénes son esos funcionarios? No existe una clasificación que pueda decirlo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión realizada y comparativamente con la de 2012, se detectó que las observaciones realizadas en sentido negativo tuvieron un incremento del 52.4 por ciento, pasando de 338 a 515 en 2014, Es decir no sólo no se combate o disminuye, sino que se acrecientan las irregularidades y las sospechas de corrupción en la administración pública federal, estatal y municipal. Pese a ello y el hartazgo de la sociedad a estas conductas que la dañan, no hay individuos –funcionarios o no- procesados por actos de corrupción. El pasado 20 de mayo la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente declaró aprobado el decreto que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, tras ser avalado por 24 congresos estatales, y se turnó para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante esta legislación, la incredulidad en torno a su efectividad se acrecienta ante decenas de casos de impunidad, ya sea por vacíos legales o averiguaciones previas mal elaboradas, pero principalmente por falta de voluntad política en todos niveles.

La corrupción le ha costado al país 341 mil millones de pesos Por Patricia Montemayor-Luna / MUNDO LEGISLATIVO

La corrupción sólo a los hogares mexicanos les cuesta más de 32 mil millones de pesos al año. México ocupa el lugar 103 de 177 naciones.

Recibe ASF 12 recomendaciones de Comisión deVigilancia sobre análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de Cuenta Pública 2013

e acuerdo con el Semáforo Económico Nacional 2014, la corrupción le ha costado al país 341 mil millones de pesos, advirtió el diputado Erwin Arriola Doroteo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. “Estos cálculos fueron basados en un indicador del Fondo Monetario Internacional, que establece que un aumento del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en la corrupción genera una pérdida de 2.0 por ciento en el crecimiento del PIB”, expuso. Indicó que lo anterior significa que en 2014 el nivel de corrupción representó el 15 por ciento de la inversión pública en México. “Aún permanece muy arraigada la corrupción y la impunidad; la falta de seguimiento o la carencia de medidas concretas, se traduce en la falta de castigo a los responsables, entonces la acción fiscalizadora se queda en

una recapitulación de toda esta cadena de incumplimientos y problemas de la administración pública”, subrayó. El legislador también manifestó que se ha dado un “gran” avance con la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la cual “pretende erradicar este mal que tanto le ha costado al erario público”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Arriola Doroteo, aseveró que en la revisión realizada, y comparativamente con la de 2012, se detectó que las observaciones realizadas en sentido negativo tuvieron un incremento del 52.4 por ciento, pasando de 338 a 515. Detalló que las observaciones con salvedad se incrementaron en 8.78 por ciento pasando de los 467 a 508.

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Aprobado el “Sistema Nacional Anticorrupción”, para algunos especialistas no combate la impunidad del sistema político en México

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“La recurrencia de irregularidades… pone de manifiesto que existe gran dificultad para elevar la calidad del gasto, en un contexto donde las prácticas son contrarias a la normatividad y al marco jurídico; situación que es imprescindible erradicar porque mantiene áreas de opacidad propensas a actos de corrupción e impunidad”, dijo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió el análisis que hizo la Comisión de Vigilancia sobre al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013, en el que figuran 12 recomendaciones, el pasado 20 de mayo, en la Cámara de Diputados. Destacan las recomendaciones sobre la fiscalización a las reformas estructurales; el enfoque general de fiscalización a líneas estratégicas de actuación de la ASF; las acciones de fiscalización; las referidas a la revisión con enfoque integral de riesgos; así como una dirigida al tema de indicadores socioeconómicos clave.

Sistema nacional anticorrupción La presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente declaró el pasado miércoles 20 de

mayo, aprobado el decreto que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, tras ser avalado por 24 congresos estatales, y se turnó para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya Cortés, resaltó la importancia histórica de que los congresos estatales hayan avalado la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, pero aclaró que tomará una década limpiar los niveles de corrupción. El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, senador Miguel Barbosa Huerta, declaró aprobado el decreto que crea ese sistema, tras ser ratificado por 24 congresos estatales, y lo turnó para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El 26 de febrero, la Cámara de Diputados turnó al Senado la minuta del dictamen que aprobó con reformas constitucionales a los artículos 22, 26, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122. La cámara alta lo avaló el 21 de abril y remitió el documento a los congresos estatales para su aprobación. Barbosa Huerta informó que la reforma había sido ratificada –hasta entonces- por los congresos de

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. “Una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción”, indicó el senador. Precisó que la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, “mismas que se integrarán al expediente”.

En materia de corrupción, no debe haber ilusos “Representa un paso histórico importantísimo para el país en materia de combate a la corrupción”, dijo Anaya Cortés en declaraciones a la prensa en el marco de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República.

Se debe corregir en la legislación secundaria Sobre este tema, la vicecoordinadora del PT en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar Gil, afirmó que la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción quedó incompleta, por lo que se deberá corregir durante la discusión de su legislación secundaria. “Ha quedado incompleta y es un rosario de buenas voluntades, desgraciadamente”, indicó la legisladora en declaraciones a la prensa en el marco de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República. “Lo que hoy se aprobó es una reforma constitucional y la responsabilidad queda en las leyes secundarias para que esto funcione, porque hay omisiones en el Sistema Nacional Anticorrupción que son muy importantes, como el conflicto de intereses, que no

está”, señaló Aguilar Gil. Comentó que tampoco se consideró un sistema de denuncias “y, sobre todo, cómo se da una verdadera contraloría social”, es decir, de qué manera se va a denunciar un acto de corrupción. Al recibir el documento, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, indicó que tras las reuniones sostenidas con los legisladores de la comisión, el 20 de marzo y 15 de abril, se detectaron tres temas que reflejan intereses comunes. Estos temas son: el impacto de la fiscalización superior; la fiscalización de reformas estructurales para definir su impacto, y la impunidad. Apuntó que actualmente la supervisión del gasto público se enmarca en dos rubros importantes, el proceso electoral y el impacto que tiene la fiscalización superior en el ánimo de los electores. “La sucesión de tiempos y coyunturas de todo tipo representa el marco en el que se encuadra el ejercicio de las auditorías y no podemos prescindir de él para ordenar nuestras prioridades y determinar el curso que deberán seguir nuestras acciones”, indicó. El documento fue elaborado a partir de reuniones celebradas entre la comisión y su Unidad de Evaluación y Control (UEC), para el análisis de la Cuenta Pública 2013, entregado a la Cámara de Diputados el pasado 18 de febrero. Portal Martínez destacó la aprobación de la reforma que permitirá la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y el impacto que esta medida tendrá en la forma y los objetivos de la auditoría gubernamental y en el imperativo de robustecer la fiscalización superior y dotarla de recursos legales necesarios. El auditor señaló los resultados alcanzados en los últimos tres años en términos “de armonía y colaboración, así como de un intercambio constructivo, con los legisladores, los cuales –dijo- han sido muestra patente de confianza, disposición al diálogo y credibilidad que son la

base de nuestra actual convivencia”.

La visión sesgada del PRI La diputada Gloria del Carmen Valencia González (PRI) expresó que para los legisladores es fundamental que la actuación del órgano superior de fiscalización se sujete a los criterios de suficiencia, confiabilidad, relevancia y utilidad para lograr el cumplimiento de sus objetivos. “No tenemos duda de que el acto que hoy nos convoca es de la mayor relevancia para la nación, para la vida republicana, así como para las y los ciudadanos que anhelan y exigen mejores gobiernos y mejores gobernantes, mayor transparencia y un mejor uso de los recursos”, aseguró. Subrayó que el objetivo del análisis del informe “es de reconocer que el gobierno federal fue eficiente en su gestión pública anual”. La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN), aseguró que en México existe una “gran incredulidad” en el actuar de las instituciones y cuestionó sobre el sentido que tiene el trabajo de la ASF. Agregó que el objetivo del informe de la comisión debería ser que se cumplan con sanciones para funcionarios que hubiesen violado la ley y “que el mayor número de casos quedarán resueltos, situación que no ha sucedido”. Yáñez Robles añadió que la comisión de vigilancia debería ofrecer elementos que impacten en la toma de decisiones en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública “de manera que está verdaderamente tenga herramientas para mejorar la aplicación de los recursos en el presupuesto”. “Mientras tengamos estos resultados, continúa la no rendición de cuentas, la impunidad para muchos funcionarios que cometen actos de corrupción, la falta de resultados e ilegalidad en la aplicación del presupuesto y la desviación de recursos”, expresó.

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Sin embargo, agregó que “con la misma claridad quiero decir que no debe haber ilusos para que no haya desilusionados. Es tan grave la corrupción que vive nuestro país que nos va a tomar una década entera limpiar los alarmantes niveles de corrupción que padecemos”. Sostuvo que “la corrupción se estima nos cuesta en México 1.5 billones de pesos todos los años. Esto es el equivalente a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cada año… (y) a 10 veces lo que va a costar el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. Anaya Cortés mencionó que Transparencia Mexicana estima que la corrupción sólo a los hogares mexicanos les cuesta más de 32 mil millones de pesos al año y el país ocupa el lugar 103 de 177 naciones. “Nos va a tomar mucho esfuerzo combatir muchos intereses creados, muchos personajes corruptos, nos va a tomar una generación entera limpiar los alarmantes niveles de corrupción que padece nuestro país”, finalizó.

Gobernadores en México,

corruptos e impunes

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hí están señalados por la sociedad, por la evidencia y la mala fama pública, que no ve el gobierno en sus distintos estamentos: Presidencia, Gobernación, Procuraduría General, Suprema Corte, el Congreso. Ahí están señalados, por ejemplo, Leonel Godoy Rangel (Michoacán PRD), Fausto Vallejo (Michoacán PRI), Ángel Aguirre Rivero (Guerrero, PRD-PAN), Javier Duarte (Veracruz PRI), Rodrigo Medina (Nuevo León PRI), Egidio Torres (Tamaulipas PRI), César Duarte (Chihuahua PRI), Guillermo Padrés (Sonora PAN), entre otros muchos. Los alarmantes niveles de corrupción en el gobierno, así como en el Poder Judicial y su aplicación de la ley, han colocado a México como el país más corrupto de América Latina, un lugar que comparte con Argentina, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional. El organismo internacional advierte que este indicador ofrece una advertencia de la continuidad del abuso del poder, tratos secretos y el soborno en las sociedades de todo el mundo. Asimismo, en el caso de México, los partidos políticos, así como sus representantes y la policía

Por Sócrates Francisco / MUNDO LEGISLATIVO son percibidos como los más corruptos. Sin embargo, no hay en México una sola denuncia que conlleve una investigación de oficio y a fondo para sustentar una acusación que haga cambiar las cosas en materia de corrupción, en todos los niveles del gobierno. Y en su peor forma y expresión, en muchos gobernadores y presidentes municipales del país. En Monterrey, por ejemplo, la deuda del estado supera los 63 mil millones de pesos y es una herencia del gobernador saliente Rodrigo Medina (PRI). Es el doble de la deuda que dejó Humberto Moreira en Coahuila, y que le costó irse del país, al menos por un tiempo. Nunca fue procesado. No se ve que en materia de corrupción vayamos a cambiar pronto. El ex gobernador Mario Villanueva, de Quintana Roo, está ahora en la cárcel de Estados Unidos, porque se le “atravesó” al ex presidente y ahora empleado de empresas trasnacionales que beneficio descaradamente : Ernesto Zedillo Ponce de León. Muchos en México conocen la historia de Carlos Hank González, el célebre profesor rural mexiquense que se hizo político y que amasó una inmensa fortuna que nunca pudo explicar y nadie investigó.

Antonio Toledo Corro, ex gobernador de Sinaloa -fue nombrado en junio de 1979 secretario de la Reforma Agraria, por el presidente José López Portillo-, fue señalado por controlar el tráfico de estupefacientes no sólo en el estado, sino en el noreste del país. Nunca fue investigado. Fue diputado federal por el sector popular, líder de la diputación campesina. Célebre es el caso del ostentoso Arturo Durazo Moreno. Fue un personaje del ámbito político y policíaco en México durante las décadas de 1970-1980. Se desempeñó como jefe del Departamento de Policía y Tránsito durante el gobierno del Presidente, José López Portillo. Alcanzó gran notoriedad a principio de los años 80, cuando se revelaron algunas de sus millonarias propiedades y, sobre todo, por la publicación del libro Lo negro del “negro” Durazo, escrito por quien fuese uno de sus ayudantes, José González González. Cayó en desgracia cuando su amigo el presidente López Portillo dejó a Miguel de la Madrid en el cargo, y sirvió como “ejemplo” del supuesto combate a la corrupción en ese periodo

Los corruptos segun Forbes La ex líder sindical Elba Esther Gordillo, el titular del sindicato

del Gobierno del DF. 2.- Carlos Romero Deschamps. El líder del sindicato petrolero y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido vinculado a tráfico de influencias. Su hija Paulina Deschamps aparece en fotos publicadas en Facebook en viajes alrededor del mundo en aviones, yates y restaurantes de lujo, en compañía de sus tres perros Keiko, Boli y Morgancita. 3.- Raúl Salinas de Gortari. El hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari es, en parte, responsable de destruir el legado de éste como mandatario al convertirse en símbolo de la corrupción y la impunidad. Tras haber estado 10 años en prisión, Raúl fue absuelto en 2005 y en julio de este año un juez lo exoneró de la carga fiscal que tenía pendiente y ordenó le fueran devueltos sus bienes. Goza de cabal fortuna. 4.- Genaro García Luna. Ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por el exceso en el gasto público, en su gestión la dependencia registró el mayor presupuesto que se le ha asignado a esa dependencia y que usó para la autopromoción y el abuso de poder. Permanece libre y haciendo negocios. 5.- Andrés Granier Melo. El ex gobernador de Tabasco, del PRI, fue detenido por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. El ex gobernador se jactó de poseer 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 camisas. Está en la cárcel. 6.- Tomás Yarrington. El ex gobernador de Tamaulipas fue acusado en Texas de nexos con el crimen organizado y lavado de dinero, además, es presuntamente responsable

de recibir grandes sobornos de grupos del narcotráfico, especialmente del Cártel del Golfo. 7.- Humberto Moreira. El ex gobernador de Coahuila sumió al estado en una profunda crisis financiera, la deuda estatal se elevó considerablemente hasta superar los 36,000 millones de pesos. Debido al escándalo, Moreira tuvo que dimitir. Su sucesor, el gobernador interino, Jorge Torres López fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas. Gozan de libertad. 8.- Fidel Herrera. Ex gobernador de Veracruz. Durante su administración las actividades del cártel de Los Zetas prosperaron. La versión sobre supuestos nexos entre Herrera y ese grupo delictivo surgieron cuando un agente del FBI afirmó que Francisco Colorado Cessa, un contratista de Pemex, actuó como intermediario entre Herrera y los Zetas, a fin de que dejara actuar libremente a éstos. Goza de libertad. 9.- Arturo Montiel. El ex gobernador del Estado de México por el PRI está acusado por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos, a pesar de que la primera cuenta con la custodia. Montiel se retiró de la carrera presidencial de 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia. Actualmente, no está bajo ninguna investigación en su contra. Goza de libertad. 10.- Alejandra Sota. Ex vocera del ex presidente Felipe Calderón, es investigada por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias. Además, es sospechosa de haber beneficiado a amigos con contratos de gobierno. Fue exonerada en tribunales.

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petrolero, Carlos Romero Deschamps; Raúl Salinas, cinco ex gobernadores del PRI, y dos de los funcionarios más cercanos al ex presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Publica) y Alejandra Sota (ex vocera de Los Pinos), aparecieron en la lista de los 10 mexicanos más corruptos de 2013, según una lista publicada este lunes en la revista estadounidense Forbes. La corresponsal de Noticias MVS en Washington, Dolia Estevez, elaboró la lista para Forbes con base en lo que se publicó sobre estos personajes durante 2013. Además de la ex líder del SNTE y del líder del sindicato petrolero, aparece Raúl Salinas de Gortari, quien, de acuerdo con Forbes, es un “símbolo de la corrupción y la impunidad”. La lista incluye también a los ex gobernadores Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Fidel Herrera Beltrán, Arturo Montiel y Andrés Granier, entre otros. La publicación señala que “México es uno de los países más corruptos del mundo”, según la organización Transparencia Internacional. El Índice de la Percepción de la Corrupción 2013, de TI, ubica a México en el lugar 106 de las 177 naciones evaluadas. A continuación, la lista completa publicada en Forbes: 1.- Elba Esther Gordillo. Ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusada en febrero pasado de malversar 200 millones de dólares provenientes del gremio docente. Dentro de sus inmuebles, destaca una casa de 4.7 millones de dólares de Coronado Cayos. Está en la cárcel, y se dice que goza de privilegios y protección

Nueva Ley de ¿Transparencia?... Por Gloria Diez Arancibal / MUNDO LEGISLATIVO

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l Congreso aprobó la nueva Ley General de Transparencia, que abre la información de sindicatos, partidos, legisladores, órganos autónomos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos. Dado que el documento ya había sido avalado por el Senado y no recibió cambios, fue enviado al presidente Enrique Peña Nieto para que su promulgación. La iniciativa fue avalada por la mayoría de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), tras lo cual fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En lo general, la Cámara baja respaldó el dictamen con 385 votos a favor, en tanto que sufragaron en contra 24 diputados y tres se abstuvieron. En lo particular, la ley —dictaminada por la Comisión de Gobernación— fue aprobada con 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

Es regresiva Diputados de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo (PT) y de la bancada de Morena votaron en contra al señalar que —en su visión— la modificación es “deficiente” e incluye regresiones. Alfonso Durazo, de Morena, destacó que el documento aumenta las causales de reservas de información pública en materias como la de seguridad nacional, además

de poner en riesgo de politización la designación de los comisionados de transparencia a través de “cuotas” partidistas. La diputada de Movimiento Ciudadano Zuleyma Huidobro criticó que la nueva ley dé al Congreso hasta el 30 de agosto como plazo para presentar un “programa de reorganización administrativa contable y financiera”, que incluya los recursos que reciben los grupos parlamentarios de los legisladores federales. “Pretenden que los mexicanos no sepan de sus actos de corrupción (...) Ustedes solo seguirán jugando a ser transparentes”, acusó. Lee: La ley de transparencia exenta al Congreso, acusa Javier Corral Lilia Aguilar, diputada del PT, lamentó que la iniciativa sea “limitada”, por lo que anunció que votaría en contra. “Podíamos y debíamos ir más

adelante, porque la información no le pertenece a los grupos parlamentarios ni al gobierno”, enfatizó. El diputado del PRD Fernando Belaunzarán defendió la legislación al afirmar que todos los sectores participaron, incluidos expertos en la materia. “Ganó la sociedad civil”, manifestó el perredista.

Hay excensiones El Senado aprobó el dictamen con la nueva Ley General de Transparencia, que establece principios comunes para todo el país, además de un catálogo de obligaciones de transparencia proactiva y de rendición de cuentas para los sujetos obligados. Sin embargo, según algunos legisladores, esta norma deja a las cámaras opciones para seguir siendo opacas.

y específicas que correspondan a las cámaras del Congreso se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización’. Esto es, pues puede ser un año, dos años, tres años o nunca”, apuntó el senador. Corral pidió que el Congreso reflexione sobre el pendiente que deja esta ley y pidió a los sujetos obligados abrir las cortinas del ejercicio del poder. “Que el Congreso no sea una zona de excepción, un zona de impunidad jurídica en materia de obligaciones de transparencia”, comentó. La nueva ley obliga a todos los legisladores federales y estatales a informar las remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones, así como toda esta información referente a los asesores que trabajan con ellos. Los legisladores deberán dar a conocer, entre otros puntos, la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, y todas las percepciones, incluidos sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, para las

cuales deberán señalar la periodicidad de pago. Cinco puntos importantes de la nueva ley avalada por consenso.

1. Los sindicatos se transparentan Los sindicatos que ejerzan recursos públicos deberán mantener impreso y en su sitio de internet la información sobre contratos y convenios entre gremio y autoridades, el padrón de socios y la relación detallada de sus recursos públicos, económicos, en especie, bienes o donativos. Los gremios de maestros, petroleros y trabajadores del Estado deberán subir a sus páginas web toda esta información, y serán en todo momento “responsables de la publicación, actualización y accesibilidad de la información”, según la nueva ley.

2. Los legisladores tendrán que abrir su información Tanto a nivel federal como local, tanto diputados como senadores deberán dar detalles del dinero público que reciben por concepto de bonos, ingresos, prestaciones, primas y gratificaciones. La cantidad de gente que tienen a su cargo los legisladores también deberá ser informada, así como los gastos de representación y viáticos, y el objeto de la comisión correspondiente. También deberán transparentar los resultados de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones de cualquier naturaleza. Deberán hacer pública una versión del expediente y los contratos celebrados, la convocatoria y los fundamentos legales del caso, los nombres de los participantes y el nombre del ganador, entre otros documentos.

3. Justificar la reserva de información La ley detalla cuándo un sujeto obligado podrá reservar información y cuándo deberá hacerla

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Javier Corral, senador del opositor Partido Acción Nacional (PAN), denunció en la sesión en la que se discutieron los pormenores de la ley que ésta no es perfecta, ya que en ella el Congreso queda exento de obligaciones que se exigen a sindicatos, partidos políticos, órganos autónomos del Estado y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos. “En esta ley, el gran faltante es la dignidad del propio Poder Legislativo, la gran ausencia es el rigor con el que el Congreso de la Unión ve a otros poderes pero no se ve a sí mismo, aplica para otros órganos constitucionales y demás poderes lo que con una manga ancha legisla para sus obligaciones”, dijo. Corral argumentó que, de última hora, se introdujo en el dictamen un nuevo artículo transitorio, el decimotercero, que diluye el cumplimiento de las obligaciones de transparencia para el Congreso. El artículo transitorio da un plazo al 30 de agosto para que las cámaras presenten un programa de reorganización administrativa contable y financiera, en el que incluyan a las bancadas. “Como remate de ese artículo transitorio, dice textualmente: ‘Las obligaciones genéricas

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pública a través de la prueba de daño y prueba de interés público. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o corrupción, ninguna institución podrá reservar información. Por el contrario, 11 instituciones, entre ellas, el Estado Mayor Presidencial, la SEIDO, el Cisen y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no estarán sujetos a transparentar su información y deberá discutirse si se abre o cuando exista una petición. Los demás sujetos deberán justificar con una prueba de daño la reserva de la información cuando ésta “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”, y que su divulgación “supera el interés público general de que se difunda”. Podrán reservarla hasta por cinco años y, si el comité de transparencia del sujeto obligado así lo decide, añadir cinco años más. La ley dice que se desclasificará la información cuando se extingan las causas de su reserva, expire el plazo o una autoridad resuelva que el interés público es superior a la reserva.

4. Sanciones por falta de transparencia Los sujetos obligados a transparentar sus cuentas se harán acreedores a sanciones si no cumplen los términos de la ley. La norma marca 15 causas de sanción, entre ellas, no responder a solicitudes de información en los plazos señalados, ocultar, alterar, mutilar o destruir sin causa la información que

tengan bajo su custodia los sujetos obligados. También, entregar información incompleta o en formato no accesible, o intimidar a los solicitantes de información, serán motivos de castigo. Las multas van de los 250 a los 1,500 días de salario mínimo según sea el caso. Se aplicará multa adicional de hasta 50 días de salario mínimo por día, a quien persista en las infracciones.

5. Institutos de transparencia serán vigilantes Los organismos garantes, que serán los institutos de transparencia de cada entidad, deberán vigilar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, así como dar recomendaciones, términos y plazos para que éstos cumplan con sus obligaciones. La verificación se dará a través de la revisión de los portales de internet de los sujetos obligados. Cualquier ciudadano podrá denunciar cuando no se cumpla con obligaciones de transparencia. Todos los sujetos obligados a rendir cuentas tendrán un año a partir de la entrada en vigor de la ley para adecuarse a ella.

Combate a la corrupción y la opacidad, mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “Actualmente 101 países cuentan con leyes de transparencia y acceso a la información, y ahí se ubica México, con un enorme avance”. Cecilia LiconaVite respectivas, para que se lleve a cabo. Dicha plataforma está conformada por sistemas como: el de solicitud de acceso a la información, el de gestión de medios de impugnación, el de portales de obligaciones de transparencia y el de comunicaciones, entre organismos garantes y sujetos obligados. Destacó la importancia de que se incentive “a los sujetos obligados a publicar información adicional a la mínima”. Insistió en que debe existir mayor difusión de programas sobre los beneficios de esta nueva ley, a los usuarios que requieran de la información, por medio de directorios de fácil acceso.

Avance el sistema nacional anticorrupción Los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, y de la Comisión de Vigilancia, diputado Erwin Arriola Doroteo (PRD), coincidieron en que el

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) robustecerá la fiscalización. También contribuirá a erradicar un mal que “tanto ha costado al erario público”, indicaron en declaraciones a la prensa, por separado, durante la entrega-recepción del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de Cuenta Pública 2013, por parte de Comisión de Vigilancia a la ASF. En la Comisión Permanente se declaró aprobado el decreto que crea el SNA, tras ser avalado por 24 congresos estatales, y se turnó para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El 26 de febrero, la Cámara de Diputados turnó al Senado la minuta del dictamen que aprobó reformas constitucionales a los artículos 22, 26, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122. La cámara alta lo avaló el 21 de abril y remitió el documento a los congresos estatales para su aprobación. Portal Martínez consideró que la implementación del SNA

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on la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor el pasado 5 de mayo, México puede “transitar de una cultura de la corrupción a una de transparencia y legalidad”, afirmó Cecilia Licona Vite, directora de Estudios Constitucionales, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (Cedip). En la conferencia “Análisis de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”, Licona Vite desarrolló el proceso histórico nacional de esa ley, con modificaciones, aciertos y pendientes de esta misma. Señaló que “actualmente 101 países cuentan con leyes de transparencia y acceso a la información, y ahí se ubica México, con un enorme avance”. Explicó que en el tema de “transparencia, el Estado pone a disposición del público la manera en que desarrolla sus actividades y ejerce recursos públicos”, a diferencia del derecho a la información, en la que es el ciudadano quien debe enviar la solicitud. En la ponencia sostuvo que “el gobierno está obligado a fomentar que los ciudadanos pidan información, ya que ésta crea vínculos con la sociedad”. Resaltó que la plataforma Nacional de Transparencia (electrónica) queda en espera de que el Sistema Nacional emita la normatividad, criterios y medidas

Por Margarita García-Avilés/ / MUNDO LEGISLATIVO

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permitirá una mayor cobertura y posibilitará que se otorgue información a la ciudadanía sobre lo qué está pasando con las instituciones públicas. “En el Sistema Nacional de Fiscalización, que ya está operando, independientemente que esté o no reconocido, en esto que es el SNA, hay una mayor coordinación en donde podemos complementar tanto las actividades de las contralorías internas como las de la función pública y la Auditoria Superior”, indicó. Precisó que en el SNA está previsto, “de manera explícita, que la fiscalización represente uno de sus principales ejes”. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Erwin Arriola Doroteo (PRD), señaló que aún permanece muy arraigada la corrupción y la impunidad en el país. “La falta de seguimiento o la carencia de medidas concretas, se traduce en la falta de castigo a los responsables…Hoy hemos dado un gran e importante avance con la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, que pretende erradicar este mal que tanto le ha costado al erario público”, afirmó. Añadió que el SNA proporciona el andamiaje legal para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de corrupción… en los tres niveles de gobierno y además (permitirá) castigar las conductas ilegales de los particulares”, subrayó.

Los diez estados más corruptos en México De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2013 San Luis Potosí, el Distrito Federal y el Estado de México fueron las entidades más corruptas del país. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) midió las experiencias

de la población al enfrentar una situación de corrupción. Cabe aclarar que el tipo de corrupción que se abordó en la ENCIG es la que se genera en la realización de trámites, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos. De acuerdo con la encuesta, por tipo de trámite, el de mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública que registró un 50.6%, seguido del de permisos relacionados con la propiedad, con un 24.8%. Por primera vez en el país, una encuesta que aborda el tema de la corrupción en el sector público proporciona la tasa de prevalencia e incidencia, es decir la proporción de población que tuvo contacto con un servidor público y vivió una experiencia de corrupción. En este sentido, la ENCIG estima que la prevalencia de corrupción fue del 12.1%; mientras que la incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes fue de 24,724, cifra que expresa el total de experiencias de corrupción registradas en pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos durante 2013. A partir de la ENCIG se estima que a nivel nacional, la tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes es de 24,724. Las 10 entidades más corruptas de acuerdo con el Inegi, son: 1 San Luis Potosí 2 DF 3 Edo. De México 4Chihuahua 5 Quintana Roo 6 Tabasco 7 Jalisco 8 Tlaxcala 9 Michoacán 10 Oaxaca

La corrupción en todo el cuerpo político La corrupción es un problema de carácter sistémico que permea a casi la totalidad del cuerpo político en México, dice un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

“Transparencia, el Estado pone a disposición del público la manera en que desarrolla sus actividades y ejerce recursos públicos”, a diferencia del derecho a la información, en la que es el ciudadano quien debe enviar la solicitud. y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “México muestra un nivel de percepción de la corrupción elevado en prácticamente la totalidad de las instituciones”, dice el documento México: Anatomía de la Corrupción, presentado este jueves por la investigadora María Amparo Casar. Ella recordó datos de un estudio de 2013, Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en el que se indica que tras una consulta a 114,000 personas en 107 países, un 91% ve corrupción en los partidos políticos en México, 90% en la policía mexicana, y 87% en los funcionarios públicos. Es decir, 9 de cada 10 personas a nivel internacional consideran que los partidos políticos en México son corruptos. Esta percepción negativa de los partidos políticos se suma a los estudios hechos por casas encuestadoras como Parametría o Consulta Mitofsky, en donde se muestra una tendencia en México a tener percepciones negativas y rechazo a estas instituciones.

En Chihuahua, la denuncia contra César Duarte, no avanza… Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

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finales del 2014, diversos medios de comunicación en el país, dieron cuenta de una denuncia en contra del gobernador de Chihuahua. Se basa en el supuesto uso de recursos públicos para fondear diversas actividades que caerían en violaciones a la Ley. Por presuntamente usar recursos públicos para la compra de acciones del banco Unión Progreso, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de ese estado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. La queja de Jaime García Chávez también se extiende a la esposa del gobernador, Bertha Olga Gómez Fong; al secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral, y al presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga. La querella –presentada ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, también está dirigida a la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Banco de México, debido a que presume actos violatorios de la legislación bancaria y los correlativos, según la legislación penal del estado de Chihuahua.

En la denuncia, García Chávez acusa que Duarte y su esposa crearon, en noviembre de 2012, el fideicomiso número 744743 ante el Banco Mercantil del Norte (Banorte) por 65 millones de pesos, para la adquisición de acciones de Banco Progreso. Además, señala al Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Hacienda local, de invertir a plazo 802 millones de pesos en la Unión de Crédito Progreso. Según el quejoso, dichos recursos se utilizaron para fondear la compra del Hotel Soberano al Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Los antecedentes El pasado 21 de marzo, la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la creación del Banco Progreso de Chihuahua S.A. de C.V., del cual Jaime Herrera, titular de Hacienda estatal, es funcionario. “Como punto de partida de los hechos que se consideran delictivos aparece en primer término la adquisición de 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua”, detalla la queja. Esa institución bancaria es una fusión de Unión de Crédito Progreso SA, Akala S.A. de

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C.V., Sociedad Financiera Popular y Única Casa de Cambio S.A. de C.V. Jaime García Chávez acusa también que en plena instauración del programa de austeridad, anunciado desde el año pasado por el gobierno estatal y que provocó el despido de mil 500 trabajadores, la Secretaría de Hacienda estatal invirtió 802 millones de pesos en Unión de Crédito Progreso. De dichos recursos, se desconoce a la fecha si fueron reintegrados al gobierno del estado o si continúan como inversión. De acuerdo con la denuncia, la participación accionaria de Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong se evidencia con el contrato de fideicomiso 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público número 6, en noviembre de 2012. Duarte y su esposa aportaron 65 millones de pesos con el objetivo de que la fiduciaria efectuara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua, sin que se conocieran públicamente sus nombres. El denunciante subraya que esa cifra contrasta con el sueldo oficial de Duarte, que es de poco más de 120 mil pesos al mes, “con lo que el priista no puede justificar esa inversión, ya que anteriormente fue vendedor de autos usados, luego dirigente de la CNC, diputado local y federal”. En el caso de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, presidente de la JCAS, Jaime García Chávez denuncia que el funcionario también es inversionista de Unión Progreso, con una participación accionaria de entre 6.55 y 9.20%.

Unión de oportunidades Banco Progreso Chihuahua nace de la fusión de la Unión de Crédito Progreso, Akala, Sociedad Fnanciera Popular, Única Casa de Cambio y Multiopciones

de Servicios Progreso de Delicias. Sergio Becerra, director general del banco, aseguró en abril pasado, tras recibir la autorización de la CNBV, que el secretario de Hacienda del estado, Jaime Herrera, presentó su renuncia como director general y presidente del corporativo antes de presentar la solicitud al regulador en diciembre de 2013. Sin embargo, en folletería oficial Herrera firma como presidente del Consejo de Administración y destaca que “Banco Progreso inicia operaciones con un capital de 488 millones de pesos”. Así, como presidente de Unión de Crédito Progreso, y ya como funcionario estatal, Herrera habría operado las negociaciones con la CNBV al tiempo que realizaba la renegociación de los pasivos locales y colocó nuevas emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores. En julio de 2011, antes de unirse al gabinete de Duarte, Herrera inauguró las instalaciones de Unión Progreso en Delicias, en presencia del gobernador, quien anunció que la administración estatal y la entidad financiera unirían esfuerzos para abrir 50 sucursales en la región serrana de Chihuahua, aunque no aclaró cuál sería la participación del gobierno local y si destinarían recursos.

Rechaza vínculos Unión de Crédito Progreso Unión de Crédito Progreso informó que el gobernador, César Duarte, “no es ni ha sido socio mayoritario ni ejerce cargo directivo en la institución”. También aclaró que, aunque ya cuentan con el permiso para operar, aún no han comenzado alguna actividad del ramo crediticio o bancario. De igual forma, sostiene que Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga “tampoco es ni ha

sido socio de Unión de Crédito Progreso”. Respecto al uso de recursos públicos para comprar el Hotel Soberano al Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Unión de Crédito negó ser propietario, inversionista o accionista de dicho establecimiento. “Dicho inmueble es propiedad, desde su origen, de la sociedad mercantil denominada Chihuahua Real de Hoteles, S.A. de C.V., según consta en el Registro Público de la Propiedad, misma que es acreditada de esta Unión”, asienta en el comunicado difundido el miércoles. La institución de crédito informó que está dispuesta a coadyuvar con las autoridades financieras e investigadoras para cualquier duda del origen de los recursos que conforman su capital social.

Jaime García Chávez Desde su juventud, fue opositor al régimen priista, miembro del PCM, del Movimiento 23 de Septiembre y del Grupo Popular Guerrillero de Óscar González Eguiarte. Ingresó al PRD en marzo de 1993. Renunció a este partido en 2013. En 1992 fue candidato a gobernador de Chihuahua, propuesto, en calidad de externo, por el Movimiento de Convergencia Democrática y postulado por el Partido de la Revolución Democrática. 1994 y 1997 Candidato a diputado federal por el VII y VI distrito con cabecera en la ciudad de Chihuahua, postulado por el PRD. En 2004 fue candidato a diputado local. De 2004 a 2007 se desempeñó como diputado en la Sexagésima Legislatura de Chihuahua, donde además fue Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD. Actualmente es abogado y propietario de un bufete jurídico.

Se incrementan las penas por delitos de trata de menores o pederastia y a quienes los encubran Por Patricia Arnaud / MUNDO LEGISLATIVO

en contra de la víctima. j) Quien esté ligado con la victima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda influir en obtener la confianza de ésta”. La iniciativa agrega que: “En los casos de los incisos a), b), c) y d) además de las sanciones señaladas, los autores del delito perderán la patria potestad, tutela o cúratela, según sea el caso, respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que pudiera corresponder por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de ésta”. En los casos de los incisos e), f) y h) además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. En todos los casos, el juez

acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima. Respecto de las reformas aprobadas al artículo 400 del Código Penal Federal, se adiciona un último párrafo para establecer que se aplicará una sanción de tres meses a tres años y de 15 a 60 días de multa, a quienes cometan delito de encubrimiento. También se aumentará desde una mitad hasta las dos terceras partes de las sanciones señaladas en este artículo, a quien encubra al autor del delito de pederastia. Si el agente es servidor público, se le impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

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n la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad, con 382 votos a favor, reformas al Código Penal Federal, con el propósito de elevar las penas por los delitos de trata de menores de edad y pederastia y a quienes los encubran. El dictamen surge de una iniciativa que reforma los artículos 205 Bis y 400 del mencionado Código Penal. Los cambios establecen que serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201, 204 y 209 bis, relacionadas con diversos delitos en contra de menores de 18 años de edad, como lenocinio, corrupción de menores o pederastia. Asimismo, “las sanciones señaladas en dichos artículos se aumentarán al doble de la que corresponda, cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones: a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia; b) Ascendientes o descendientes sin límite de grado; c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado; d) Tutores o curadores; e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud de una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; f) Quien se valga de función pública para cometer el delito; g) Quien habite en el mismo domicilio de la víctima; h) Al ministro de un culto religioso; i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral

ESTACION SAN LAZARO

Supremacía y prejuicio Por Rafael Cardona

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Quizá hablar de supremacía y prejuicio es una tautología. Nadie en su sana razón podría sostener ese concepto: el valor supremo de una etnia por encima de otras (hay razas o genotipos distintos; pero sólo una raza humana), pero esa sinrazón ha sido el sostén anímico y el estímulo de conciencia de naciones enteras cuya condición superior se sustenta en la patraña del “Pueblo escogido”. Desde las tribus de Israel a las cuevas de Chicomostoc o el águila con menú de serpiente. Todo es la supremacía. En México lo vemos hasta en el culto guadalupano: “noc felit taliter omni nationi” (No lo hizo así con ninguna otra nación), dicen los aparicionistas quienes explican con esa frase la preferencia mariana hacia los mexicanos. Nosotros como los hijos más dulces, favorecidos y pequeños de la madre celestial. Todo es supremacía. Cuando un pueblo desarrolla ese sentimiento de excepción hasta en los designios y preferencias divinas, llega necesariamente al desprecio por todo aquello fuera de esa distinción mágica. De ahí viene el sentimiento de superioridad y por consecuencia el manifiesto supremacista. Un paso más adelante llega la proclama de superioridad. La raza superior, no importa si son los arios o los cósmicos. Darle a la condición étnica la condición de

raza a través de la cual habla el Espíritu Santo, como le dijo Vasconcelos a la Universidad, sólo se entiende por dos razones: creer en la Trinidad y suponerle o inventarle cualidades únicas y excepcionales a nuestra “raza” de bronce. En los Estados Unidos la supremacía nace del rechazo al trabajo rudo y la evidencia de cómo la tecnología mezclada con la fuerza de las armas, libera a sus dueños. El jornal agrícola le queda bien a los negros. Y desde la culta Europa se importaron miles de esclavos de piel dura y cabellera resistente al sol. Los débiles del cuerpo esclavizaron a los débiles de la cultura. Hoy en Estados Unidos hay dos muestras de convocatoria a la supremacía. Una de ellas es grave, muy grave. La otra es riesgosa, peligrosa, a pesar de la locuacidad del personaje involucrado en su proclama, pero a fin de cuentas tanto Dylan Roof como Donald Trump ( Liberace sin piano o Walter Mercado sin estrellas) son productos culturales y políticos genuinamente estadunidenses. Roof atacó una iglesia metodista en Carolina del Sur y asesinó metódicamente a nueve personas. Un crimen planificado, alevoso y con ventaja. La sangre fría una vez más en la historia cotidiana de ese país. “El asesino de la iglesia”, como lo podría bautizar la crónica policial, ha meditado con asiduidad las “razones” de su pensamiento y el alimento de su conducta. Todo cabe en una simple palabra: odio.

“Odio –dice en un documento conocido desde anteayer–, la bandera de Estados Unidos. El moderno patriotismo de EU es una burla. La gente pretende que hay algo por lo cual sentirse orgulloso, mientras los blancos son asesinados cada día en las calles. ” Esto no es un canto de supremacía, es una estupidez. Roof se ha autobautizado como “El último rhodesiano”, en alusión a ese fabricado país cuyo dueño fue Cecil Rhodes quien por órdenes de la British Southafrica Company, fundó en el siglo XIX las Rhodesias del norte y del sur en los actuales límites de Zambia. Eso explica no sólo la confusión mental de este sociópata, sino su incapacidad para comprender la historia, si la conociera. Y por cuanto hace a Trump, su desprecio étnico se debe a un fallo judicial cuya sentencia lo privó de hacer pingües negocios en México. Una enorme fortuna como la suya no garantiza supremacía alguna. Evita las filas y la espera en los aeropuertos, pero no hace más. En el conjunto de valores de las sociedades modernas, la supremacía como valor no tiene lugar, pero tiene seguidores, muchos y de alguna manera muy poderosos. Por eso existen el National Rifle Asociation y el Tea Party, el Acta patriótica y la industria militar americana, garante de esa superioridad. Pura supremacía.

Las sucesivas crisis del INE del consejero presidente, Córdova, de cumplir con los términos legales. Después, el 19 de diciembre de 2014, vino la revocación de la negativa de la comisión de quejas del INE de suspender cautelarmente los ilegales espots del Verde (así llamado) y, a continuación, todo lo tuvo que hacer el tribunal porque el INE seguía en la actitud permisiva frente al oficialismo hasta que se vio precisado a imponer una fuerte multa a ese mismo Verde (así llamado) por no obedecer una orden de suspensión de su propaganda ilegal, cuyo origen no había sido el Instituto, por cierto, sino el tribunal, aunque el INE tuvo que aplicarla. La crisis inmediata anterior a la actual se produjo cuando el sistema de cómputos distritales arrojo más del 100 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual tuvieron que interrumpirlo. La explicación de lo que había ocurrido fue muy simple pero la causa no ha sido revelada. Además, según cuentas, el INE eliminó del listado de electores a más de 60 mil ciudadanos o, dicho de otra manera, canceló las casillas donde ésos podrían votar con lo cual ni siquiera aparecieron en la suma total en los cómputos distritales. Al tiempo, muchas actas de cómputo dicen mentiras cuando registran como computadas la totalidad de las casillas sin tomar en cuenta las no instaladas, las robadas, las desaparecidas, etcétera. Y, para colmo, el consejero presidente no ubicó en el orden del día de la sesión subsecuente del Consejo General el tema del problema cibernético pero declaró que nadie quería minimizarlo. Quizá porque lo que se buscaba era olvidarlo. Lo tuvo que incorporar al debate el PRD, quien hacía más preguntas que daba respuestas mientras la reiteración de nimiedades estaba a cargo de los consejeros electorales en lugar de que el aparato ejecutivo diera las explicaciones en tanto responsable único de todo lo ocurrido. Así funciona actualmente el INE. Las crisis, en suma, empezaron con el nombramiento de los organismos locales electorales, cuando el PRI se llevó más del 80 por ciento del pastel. Siguieron con la campaña anticipada del Verde (así llamado) tolerada durante cinco meses por el INE. Continuaron con las órdenes provenientes del tribunal para detener al Verde debido a las ilegalidades cometidas por el INE en el manejo del asunto. Se prolongaron con el retiro del Consejo General de ocho partidos políticos con la demanda de imparcialidad y legalidad. Generaron mucha desconfianza cuando no funcionó el sistema electrónico para el cómputo distrital. Y remataron con la noticia de que el INE, ilegalmente, no ofreció posibilidad de votar a más de 60 mil ciudadanos.

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a entrado de nuevo el Instituto Nacional Electoral en una crisis. Un consejero electoral, es decir, con voto, ha denunciado que desde hace más de un año existía un acuerdo formal entre los consejeros de que fuera renovada la comisión para procesar el nombramiento de los integrantes de los organismos electorales de los estados. Sin embargo, dicho convenio no fue respetado y se mantuvo sin cambio dicha comisión. Para ese consejero, José Roberto Ruiz Saldaña, en el INE existen funciones metalegales a cargo de un grupo encabezado por Marco Antonio Baños. El asunto importa pues Baños fue el presidente de esa comisión cuando se nombraron los nuevos organismos de los estados y éstos resultaron a modo de la mayoría de los gobernadores, es decir, la reforma electoral quedó en nada en tan importante aspecto. Ahora, todo seguirá igual porque predominan los intereses oficialistas en el supremo órgano electoral administrativo del país. Y Ruiz Saldaña nos señala el mecanismo: Baños dirige a un grupo de cinco consejeros y consejeras que, con la actitud permisiva del sexto voto, el del consejero presidente Lorenzo Córdova, tienen una mayoría en el órgano de gobierno del INE. Eso mismo había sido dicho en una de las crisis anteriores, cuando el 18 de febrero ocho partidos (todos menos los dos oficialistas) se levantaron de la “herradura de la democracia” para denunciar la actitud permisiva del Instituto frente a la violación cínica, reiterada y alevosa del Partido Verde (así llamado) de adelantar su campaña electoral desde septiembre de 2014 con una batería de televisión, anuncios de calle, cineminutos, regalos de bolsos escolares, boletos de cine, tarjetas de descuento, envolturas de tortillas y cuanta otra cosa se les ocurrió a los diseñadores de la campaña de ese partido de defraudadores, único aliado formal de Peña Nieto. Antes, se había presentado una crisis cuando el nuevo sistema de reportes contables en línea de los gastos de los partidos no funcionó como lo manda la ley porque el INE decidió encargar el diseño a una compañía que resultó técnica y económicamente incapaz, luego de lo cual no hubo responsables administrativos de las decisiones catastróficas. Otra crisis se presentó luego de que el Tribunal Electoral obligó al INE a cumplir con la ley en relación con esa descarada campaña electoral anticipada del Verde (así llamado). Primero, se ordenó la conclusión del procedimiento abierto por el PRD mediante una queja, con lo cual se censuró la negativa

Por Pablo Gómez / MUNDO LEGISLATIVO

La transparencia la esconderán en leyes secundarias: Manuel Bartlett

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on la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vino la felicitación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la oposición de un solo senador y la preocupación de organizaciones de la sociedad civil. La restricción en información bajo la causal de “información reservada” y hasta “confidencial” -como es el caso de los contratos entre particulares con PEMEX y CFE- despertó señales de alarma desde organismos civiles como Colectivo por la Transparencia. El senador Manuel Bartlett Días, advirtió que “es una Ley que no tiene el poder, no tiene la capacidad de imponerse, porque si la voluntad política no funciona, si determinados secretarios no quieren, aparecen otras leyes, aparecen otras limitaciones… esta Ley no es general, no es determinante y puede ser superada por leyes secundarias que establezcan otras obligaciones y otras reservas”. Mientras tanto, Peña Nieto reconoció al Senado por la aprobación del dictamen. “A partir de la Ley de Transparencia, sociedad y gobierno sientan un nuevo equilibrio, más justo. Con ella nuestra democracia se fortalece”, expresó en un tuit. La noche del 18 de marzo de 2015, tras cinco horas de discusión, el Senado de la República aprobó la Ley, en lo general, con 110 votos a favor, uno en contra

Por Guadalupe U. Inestrillas / MUNDO LEGISLATIVO

del senador Manuel Bartlett Díaz y una abstención del legislador David Monreal Ávila. El retraso de más de un mes -la legislación secundaria debía ser aprobada en febrero, un año después de la publicación de la reforma en febrero de 2012- en la votación de la Ley, fue resultado de las negociaciones entre grupos parlamentarios. Desde diciembre de 2014, el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castellejos, asesoró y presentó un memorándum enviado desde Los Pinos, a las bancadas de los partidos

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Senadores de oposición advirtieron la intromisión del Ejecutivo federal en la Ley, así como sus intentos por retroceder en materia de Transparencia. Finalmente, la Ley avanzó, y en lo particular, obtuvo 96 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Más obligaciones, pero más reservas Son 25 los artículos modificados, incluidos el Octavo

El senador Manuel Bartlett aportó el único voto en contra de la aprobación en general de la Ley de Transparencia. Durante sus intervenciones en tribuna, advirtió que la nueva legislación “queda muy distante y lejos de los principios que se contienen en los tratados internacionales”, al restringir el principio de máxima publicidad. Igualmente, señaló la falta de protección para aquellos servidores públicos que divulgan información en contra de sus superiores o de sus pares, cuando se trata de actos de corrupción. Al respecto, el senador Zoé Robledo expuso que el Relator Especial de las Naciones Unidas manifestó su preocupación de que el tema de los informantes, no esté en esta Ley. Cuando el perredista compartió esta observación en la sesión de Comisiones Unidas, el 12 de marzo, legisladores del PRI y PAN respondieron que tal aspecto debía ser considerado en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. No obstante, Robledo, quien participó en el grupo redactor de esta legislación, votó a favor del dictamen, no sin antes señalar que será en la plataforma MexicoLeaks la cual permitirá que los informantes mantengan el anonimato -como garantía de su acción-, “no va a ser en la Ley, desafortunadamente”, apuntó.

Información reservada De acuerdo al Artículo 113 de la Ley General de Transparencia, entre la información que podrá clasificarse como reservada sobresale aquella que: * Comprometa la seguridad nacional, seguridad pública o la defensa nacional, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. * Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y

relaciones internacionales. * Afecte la efectividad de las medidas adoptadas en relación con políticas en “materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país”. * Pueda poner en riesgo la estabilidad de instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país. * Comprometa la seguridad en la provisión de moneda nacional al país o que pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal. * Afecte los derechos del debido proceso. * Vulnere la conducción de expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. * Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se transmiten ante el Ministerio Público. Además, los documentos clasificados como reservados podrán permanecer con tal carácter por un periodo de hasta cinco años, aunque podría ampliarse por cinco años adicionales por el Comité de Transparencia. Uno de los aspectos más preocupantes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es que su prevalencia como tal no es precisa, ni está claramente garantizada, porque “se prevé contemplar disposiciones y causales de reserva que están definidas en otras leyes, cuya especialidad no es la transparencia”, detalló la organización Fundar. Por lo que podría ser superada por legislaciones secundarias y los principios de transparencia, acceso a la información y máxima publicidad, además de quedar sujetos a criterios de los funcionarios y no a decisiones del IFAI.

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Transitorio; entre los principales aspectos de la nueva legislación, sobresalen: * En el caso de los sindicatos, deberán mostrar los contratos y convenios que tienen con las autoridades y la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban. * Los senadores, diputados federales y locales, serán considerados sujetos obligados a informar las remuneraciones completas recibidas, incluidas sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones. * También son considerados sujetos obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. * Transparenta las condonaciones fiscales. Mantiene el principio de presunción de existencia de la información. * Establecimiento de sanciones a servidores públicos cuando declaren “con dolo o negligencia”, la inexistencia de la información o cuando la reserven sin prueba de daño. Se establecen multas de hasta mil 500 salarios mínimos a quien se niegue a hacer pública la información solicitada, * La creación de un Sistema Nacional de Transparencia, con una plataforma abierta en internet con toda la información pública disponible, la cual deberá ser aportada por organismos públicos, autónomos, sindicatos, partidos y sujetos obligados. Por ejemplo: directorio de servidores públicos, remuneración bruta y neta de servidores públicos, gastos de representación y viáticos, número total de plazas y del personal de base, confianza y por honorarios. Una Ley sin el poder de imponerse”: Bartlett

Combate a la corrupción y la opacidad,

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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Por Margarita García-Avilés / MUNDO LEGISLATIVO de solicitud de acceso a la información, el de gestión de medios de impugnación, el de portales de obligaciones de transparencia y el de comunicaciones, entre organismos garantes y sujetos obligados. Destacó la importancia de que se incentive “a los sujetos obligados a publicar información adicional a la mínima”. Insistió en que debe existir mayor difusión de programas sobre los beneficios de esta nueva ley, a los usuarios que requieran de la información, por medio de directorios de fácil acceso. Los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, y de la Comisión de Vigilancia, diputado Erwin Arriola Doroteo (PRD), coincidieron en que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) robustecerá la fiscalización. También contribuirá a erradicar un mal que “tanto ha costado al erario público”, indicaron en declaraciones a la prensa, por separado, durante la entrega-recepción del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de Cuenta Pública 2013, por parte de Comisión de Vigilancia a la ASF. En la Comisión Permanente se declaró aprobado el decreto que crea el SNA, tras ser avalado por 24 congresos estatales, y se turnó para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El 26 de febrero, la Cámara de Diputados turnó al Senado la minuta del dictamen que aprobó reformas constitucionales a los artículos 22, 26, 41, 73, 74, 76,

79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122. La cámara alta lo avaló el 21 de abril y remitió el documento a los congresos estatales para su aprobación. Portal Martínez consideró que la implementación del SNA permitirá una mayor cobertura y posibilitará que se otorgue información a la ciudadanía sobre lo qué está pasando con las instituciones públicas. “En el Sistema Nacional de Fiscalización, que ya está operando, independientemente que esté o no reconocido, en esto que es el SNA, hay una mayor coordinación en donde podemos complementar tanto las actividades de las contralorías internas como las de la función pública y la Auditoria Superior”, indicó. Precisó que en el SNA está previsto, “de manera explícita, que la fiscalización represente uno de sus principales ejes”. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Erwin Arriola Doroteo (PRD), señaló que aún permanece muy arraigada la corrupción y la impunidad en el país. “La falta de seguimiento o la carencia de medidas concretas, se traduce en la falta de castigo a los responsables…Hoy hemos dado un gran e importante avance con la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, que pretende erradicar este mal que tanto le ha costado al erario público”, afirmó. Añadió que el SNA proporciona el andamiaje legal para prevenir, investigar y sancionar

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todos los actos de corrupción… en los tres niveles de gobierno y además (permitirá) castigar las conductas ilegales de los particulares”, subrayó. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine gi), en 2013 San Luis Potosí, e l Distrito Federal y el Estado de México fueron las entidades más corruptas del país. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) midió las experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción. Cabe aclarar que el tipo de corrupción que se abordó en la ENCIG es la que se genera en la realización de trámites, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos. De acuerdo con la encuesta, por tipo de trámite, el de mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública que registró un 50.6%, seguido del de permisos relacionados con la propiedad, con un 24.8%. Por primera vez en el país, una encuesta que aborda el tema de la corrupción en el sector público proporciona la tasa de prevalencia e incidencia, es decir la proporción de población que tuvo contacto con un servidor público y vivió una experiencia de corrupción. En este sentido, la ENCIG estima que la prevalencia de corrupción fue del 12.1%; mientras que la incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes fue de 24,724, cifra que expresa el total de experiencias de corrupción registradas en pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos durante 2013. A partir de la ENCIG se estima que a nivel nacional, la tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000

habitantes es de 24,724. Las 10 entidades más corruptas de acuerdo con el Inegi, son: 1 San Luis Potosí 2 DF 3 Edo. De México 4Chihuahua 5 Quintana Roo 6 Tabasco 7 Jalisco 8 Tlaxcala 9 Michoacán 10 Oaxaca La corrupción es un problema de carácter sistémico que permea a casi la totalidad del cuerpo político en México, dice un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “México muestra un nivel de percepción de la corrupción elevado en prácticamente la totalidad de las instituciones”, dice el documento México: Anatomía de la Corrupción, presentado este jueves por la investigadora María Amparo Casar.

Ella recordó datos de un estudio de 2013, Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en el que se indica que tras una consulta a 114,000 personas en 107 países, un 91% ve corrupción en los partidos políticos en México, 90% en la policía mexicana, y 87% en los funcionarios públicos. Es decir, 9 de cada 10 personas a nivel internacional consideran que los partidos políticos en México son corruptos. Esta percepción negativa de los partidos políticos se suma a los estudios hechos por casas encuestadoras como Parametría o Consulta Mitofsky, en donde se muestra una tendencia en México a tener percepciones negativas y rechazo a estas instituciones.

Nuevas reformas en materia de corrupci贸n de menores, adopci贸n plena y filiaci贸n

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Por Patricia Arnaud / MUNDO LEGISLATIVO

Se aceptó uno más, que reforma el artículo 410 A del Código Civil Federal, para señalar que la adopción plena es irrevocable, sea cual sea la causa, incluido el arrepentimiento de una de las partes. La Comisión también aprobó reformar el artículo 360 del Código Civil Federal, para señalar que la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios y, en especial, mediante la prueba pericial en materia de genética. Si el presunto progenitor se niega a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá que es el padre o la madre, salvo prueba en contrario. Además, si existe carencia de recursos, el juez solicitará al área de servicios periciales, que se exima del pago atendiendo al interés superior del menor. De igual forma, se acordó modificar el artículo 241 del Código Penal Federal para imponer de cuatro a nueve años de prisión y multa de 400 a dos mil pesos a quien falsifique certificados, marcas, sellos o documentos de inspección de pesas y medidas; documentos o emblemas que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta. Propone en el artículo 242 castigar con prisión de tres meses a tres años y multa de 20 a mil pesos al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestre el cumplimiento de normas oficiales mexicanas expedido para un producto proceso o servicio distinto. Se admitió reformar el artí-

culo 201 del Código Penal Federal para establecer que comete el delito de corrupción quien obligue, induzca, facilite o procure a menores de 18 años de edad, personas sin capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, a presenciar actos de abuso, delictivos y nocivos, cometidos contra terceros; impone hasta 12 años de prisión y multa de hasta dos mil 500 días. Finalmente, se avaló un dictamen de reformas al Código de Comercio para que las sociedades mercantiles agilicen y optimicen los procesos de digitalización, almacenamiento y conservación de la diversa documentación generada en el desarrollo de sus actividades. Entre otras modificaciones, propone definir “digitalización” como la migración de documentos impresos a mensajes de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita dependencia respectiva. Plantea establecer sanciones en el Artículo 246 del Código Penal Federal al prestador de servicios de certificación que realice actividades sin acreditación, en términos del Código de Comercio. Finalmente, se avaló un punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo a reformar sus correspondientes códigos penales, en torno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas, que ponen en riesgo la prestación social de miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades, así como a las empresas mexicanas.

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a Comisión de Justicia aprobó dictámenes para modificar los códigos Penal y Civil federales, de Comercio, y las leyes general de Salud y Federal de Defensoría Pública, respecto a personas con discapacidad, corrupción de menores, adopción plena, registro de nacimiento, filiación, digitalización en asuntos comerciales y falsificación de certificados, marcas, sellos o documentos de inspección de pesas y medidas, entre otras materias. Durante una reunión, el grupo legislativo, presidido por el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), acordó reformas al artículo 230 del Código Penal Federal para castigar con cárcel hasta por dos años, 100 días multa y un año de suspensión a directores, encargados o administradores de centros de salud que, aduciendo adeudos de cualquier índole, retengan a un recién nacido, no den aviso del nacimiento al Juez del Registro Civil o impidan la entrega del Certificado de Nacimiento o cualquier documento que permita su registro. Además, estableció en el artículo 389 Bis de la Ley General de Salud y el 55 del Código Civil Federal, que quienes estén autorizados a expedir el Certificado de Nacimiento no podrán negar la emisión o entrega de ese documento, u otro que permita el registro del menor, y que el incumplimiento de esas obligaciones se castigará con las sanciones mencionadas. Mediante otro dictamen, se avaló modificar el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública para establecer que los servicios de asesoría jurídica se prestarán preferentemente a personas con discapacidad.

Un México sometido

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l dictamen de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aprobado en el Senado por el PRI y el PAN, es un atentado directo contra la soberanía nacional. Es un acto de simulación en el cual presentan y hablan constantemente de avances que se lograrán al multiplicar instalaciones aduanales y migratorias, con presencia de agentes extranjeros, como un gran avance económico que nos permitirá al turismo y crecientes servicios. Es un acto de simulación porque se trata de la aceptación de una nueva imposición de los Estados Unidos de Norteamérica. Significará la invasión de este país, de agentes policiacos

Por Manuel Bartlett Díaz* / MUNDO LEGISLATIVO norteamericanos armados en todo el territorio nacional, lo cual es una absoluta violación a la soberanía de este país. Y es una vergüenza que este Senado de la República (LXII Legislatura) se preste a estas simulaciones que el Presidente de la República inicia, sometido a los intereses de los Estados Unidos. Obedece este objetivo a la geopolítica norteamericana de hacer del territorio de los tres países: México, Canadá y Estados Unidos, una sola entidad llamada Norteamérica, integrada bajo su férula, bajo la dominación de los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos Mexicanos le presta el menor interés a la entrega de la

soberanía nacional. Puedo decir que quedarán en la historia sus nombres, como un Senado abierto que se prestó a cumplir los mandatos de la potencia extranjera vecina para inundar a nuestro país de agentes extranjeros armados. Vamos a tener diversas intervenciones al respecto, pero de ninguna manera se trata, y no lo oculten, de impulsar la economía, de impulsar el turismo, el mercado. No se necesitan armas en estas actividades, ni se necesita este mecanismo, que lo único que trae es una intervención armada de los Estados Unidos hasta los últimos rincones de nuestro país. Voy a tomar los aspectos jurídicos que han sido totalmente

La propuesta violenta el artículo 89, fracción X de la Constitución, fundamentalmente se infringen los siguientes principios de política exterior: el de la “no intervención y el de la autodeterminación de los pueblos”, porque agentes extranjeros armados actuarán en el territorio soberano de México, es decir, porque el monopolio de la fuerza pública dejará de existir, se compartirá con gobiernos extranjeros. Los agentes extranjeros tendrán, aunque dicen parcialmente, el control territorial abierto en nuestro país, para funciones de la más alta y delicada importancia para México.

Un acuerdio con eu que violenta la constitucion El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sobre asistencia mutua entre sus administraciones de aduanas del 9 de diciembre de 2013, no pueden ser el fundamento jurídico de la reforma legal que se propone, porque se violenta el artículo 133 de la Constitución y el principio de jerarquía normativa: las normas legales sólo pueden tener por fundamento jurídico para su creación o reforma una norma de mayor jerarquía y no una norma de menor jerarquía, como es el caso. Además, el citado acuerdo es interinstitucional, no fue aprobado por el Senado, en contravención con el artículo 76 de la Constitución; no puede haber reciprocidad con la brutal asimetría con los Estados Unidos de Norteamérica, es una falacia que todos podemos entender, que eso es lo que es. Se violenta el principio de legalidad y certeza, pues la reforma es ambigua, vaga, indeterminada; por ejemplo, no define cuántos permisos individuales

o colectivos se otorgarán a los agentes extranjeros armados; no precisa el número máximo de agentes armados extranjeros que podrán existir en nuestro país; no precisa cuántos agentes extranjeros habrá por cada una de las 51 estaciones migratorias en México, y por cada una de las decenas de recintos aduaneros en el país; no precisa la cantidad de armamento y equipo que estará a disposición de cada agente extranjero; no precisa las relaciones de mando y de coordinación entre los agentes migratorios y aduanales extranjeros con los agentes aduanales y migratorios nacionales, ¿Quién tendrá el mando de esos destacamentos en todo el país de agentes extranjeros armados?, ¿Quién va a mandar sobre ellos? No precisa si en las rutas, caminos o transportes de agentes extranjeros también portarán armas, porque hay principios que en locales o instalaciones tendrán el derecho a portar las armas; no define qué se entiende por recinto o local migratorio aduanal; no define el número máximo de prórrogas que se otorgarán por el gobierno mexicano a los permisos individuales o colectivos. No define cuál es el juez penal competente; no se define cuál es el régimen jurídico al que estarán sujetos los agentes extranjeros en su relación con la población mexicana y en relación con las autoridades nacionales, lo que hace suponer que el sistema migratorio y aduanal mexicano estarán sometidos al control y a la administración del gobierno de los Estados Unidos y no de los mexicanos. Consideramos que nuestros servicios de migración y aduanales estarán bajo la autoridad de la Homeland S e c u r i t y, q u e e s e l o r g a n i s mo establecido por Bush para c o m b a t i r, s i n n i n g u n a l i m i t a ción, al terrorismo violando

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desatendidos en las comisiones. En una sesión verdaderamente ridícula, repitieron los defensores de este atentado contra nuestro país y nuestro territorio, argumentos falaces como los que presentaron los dos presidentes, la Presidenta de Gobernación y el otro presidente, y no d iscutieron jamás el significado de la presencia de fuerzas extranjeras armadas y de policías, que sabemos cómo operan los agentes migratorios extranjeros en México, armados en todo el territorio nacional. Eso es lo que están planteando. Los senadores, que están totalmente distraídos y dispuestos a votar lo que les digan. Están cometiendo un atentado contra la Nación mexicana, y así quedará en la historia de México. Todos y cada uno de los nombres que voten a favor de esta intromisión armada de los Estados Unidos en México, serán responsables de este atentado para siempre, ahí quedarán sus nombres, no serán protegidos permanentemente por la dictadura mediática que es la que los protege por ahora. Nada salió, de lo que se planteó en contra, en la prensa nacional. ¡Nada! Nada saldrá, tal vez, de lo que dijimos, lo vamos a decir, Televisa, TV Azteca y todos estos que están en el contubernio del poder hegemónico nacional y extranjero, van a pararlo y no se sabrá nada de lo que se aprobó; sin embargo, se verá muy pronto el resultado. La propuesta de reforma es anticonstitucional porque no está en ninguno de los supuestos contemplados en los artículos 10, 21, 35, 36, 89 de la Constitución, los agentes migratorios y de aduanas extranjeros con armas en territorio nacional no actualizan ninguna hipótesis vigente en la Carta Magna, es inconstitucional.

derechos humanos. La Homeland Security está bajo la dirección de Johnson, cuyos antecedentes en la defensa de asesinatos específicos está en toda la literatura norteamericana.

Bajo las ordenes de extranjeros

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Para, en todo caso, evitar atropellos, yo les pediría que visualizaran, en un momento, ustedes, mexicanas y mexicanas un servicio migratorio y aduanal bajo las órdenes de agentes mexicanos, pero además hoy con la presencia de agentes norteamericanos armados, ocupados de dar el tratamiento adecuado a centroamericanos, a indígenas mexicanos, a campesinos de nuestro país, bajo la presencia de policías norteamericanos armados. Pueden ustedes imaginarse cómo se va a dar esto en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, la presencia de ese tipo de policías migratorios que son los que expulsan a millones de mexicanos con el tratamiento inhumano que lo hacen, van a estar aquí en nuestro territorio frente a mexicanos en nuestro propio territorio con una autoridad que les confiere este acuerdo y esta ley. Por otro lado, con la laxitud de las normas previstas en la reforma, sin duda muchos de los agentes migratorios y aduanales extranjeros serán agentes encubiertos de las otras agencias como la CIA, ya presentes en México. El principio de reciprocidad que se alega aquí, que solamente habrá esta presencia de extranjeros armados en migración y en aduanas, si hay reciprocidad, esa es una verdadera tomadura de pelo; el principio de reciprocidad del que habla la propuesta de reforma debe estar previsto en un tratado para ser válido porque compromete la soberanía de las naciones involucradas.

Por tanto, no puede estar contemplada en un acuerdo interinstitucional que no es aprobado por el Senado de la República, ya que este tipo de acuerdos carecen de legitimidad constitucional. Otra posibilidad del principio de la reciprocidad, de acuerdo al derecho internacional, es que las leyes de los Estados contemplen expresamente esa reciprocidad, lo que en el caso concreto no se actualiza. De hecho, en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se impide la pretendida reciprocidad, como lo presentó anoche para que no le hicieran el menor caso los defensores de esta invasión al país, no es posible que haya esta reciprocidad, además que ya lo explicará el Senador Encinas. Las indefiniciones jurídicas de la reforma propuesta sólo pueden estar cubiertas y ser satisfechas en un tratado. Como ya dijimos, los artículos 28 y 28 Bis del dictamen aluden a acuerdos internacionales que son absolutamente inconstitucionales. Tal como lo prevé el dictamen, los permisos de los agentes extranjeros pueden renovarse semestralmente, lo anterior implica que una parte de la fuerza pública en territorio nacional la tendrán agentes extranjeros, en contravención al artículo 21 de la Constitución, que precisa que tienen que ser autoridades civiles nacionales las que la ejerzan, ningún acuerdo puede violar el artículo 21; el servicio migratorio y el servicio de aduanas tiene que estar en manos de nacionales completamente sin la presencia de agentes extranjeros, es una violación al artículo 21 constitucional. El dictamen prevé, sin control alguno del Senado al Ejecutivo y en oposición al artículo 76 de la Constitución, que cualquier tipo de arma puede ser aprobada.

El dictamen violenta también el artículo 73, ¿verdad?, porque no tiene el Congreso facultad, no tenemos nosotros facultad para legislar sobre armas de fuego que usen y porten agentes extranjeros en territorio nacional. Como ya lo hemos mencionado, volvemos a insistir en esta patraña de la reciprocidad, de que es imposible que en los Estados Unidos de Norteamérica exista esa reciprocidad. Pero, un comentario final. En la brutal asimetría que existe entre el poder de los Estados Unidos y el nuestro, no hay reciprocidad que funcione, ninguna. Insisto, y vamos a volver a insistir en este debate que esperemos que se dé, porque acostumbran, los Senadores y Senadoras que siguen instrucciones del Presidente de la República, no discutir, de leer algunos argumentos, como lo hicieron ayer, de hablar de generalidades, de banalidades, de mentiras y de disfraces para no entrar al tema. Entren al debate, si están aquí, Senadoras y Senadores, que están de acuerdo con la integración del territorio mexicano al territorio de los Estados Unidos, bajo el cont r o l d e l a H o m e l a n d S e c u r i t y, que lo digan, que vengan y lo digan. ¿Por qué no? Así ya están avanzadas las medidas como las que se han tomado aquí. Lo que les pedimos es que actúen con dignidad ante una presión clara y una sumisión del gobierno mexicano, y de este Senado de la República, a la presión de los Estados Unidos para una invasión de agentes extranjeros en todo el territorio nacional. * S en a d o r d e l a R ep ú blica. Ex s ecret a ri o d e G o b ern a ci ó n . Político y el U l t i m o d e l o s p o l í t i co s , de verdad, n a ci o n a l i st a .

De frente ante la brutalidad cotidiana Por Stephanie Sinclair, Fotoperiodista / MUNDO LEGISLATIVO

“El peor día de mi vida no es aquel en que mi vida está en riesgo, sino en el que no puedo tomar esas fotos que es necesario que usted vea, imágenes que necesitan hacerse oír. Cada día, cuenta”. Stephanie Sinclair.

tephanie Sinclair, fotógrafa estadunidense nacida en 1973, saltó a la atención mundial en 2003 cuando expuso las terribles escenas de niñas que se autoincineraban para evitar la violencia en los matrimonios pactados por sus padres en territorio Afgano e Iraquí. En algunos de esos arreglos nupciales habían cambiado a pequeñas de apenas 9 u 11 años por un paquete de heroína o una cabra. Sinclair, con un nudo en la garganta y lágrimas inundándole la visión a través de la lente, se impuso la misión de gritarle al mundo tal brutalidad. Fue la foto de Marzia lo que le valió en 2003 el prestigiado premio World Press Photo, dentro de la categoría “International Issues”. Era una imagen terrible: Marzia de 15 años, exhibía sus quemaduras en tanto la atendían en el Hospital Público. Aterrada ante la perspectiva de enfrentar la ira de su marido, después de que se descompuso el televisor, se prendió fuego a sí misma. Sinclair, impactada por esas y otras historias, se dio cuenta de que aunque no existían estadísticas sobre la autoinmolación femenina, el personal del hospital le informó que habían atendido entre 300 y 400 mujeres con quemaduras autoinfligidas entre noviembre de 2001 y febrero de 2003. Tales intentos de suicidio los realizaban con el queroseno de sus rudimentarias cocinas. Los funcionarios médicos, a su vez, con la opacidad y autocomplacencia que se contradice en los hechos, le manifestaron que casi no hubo casos

similares bajo el régimen talibán, y algunos atribuyen el aumento a una creciente frustración de las mujeres porque la cultura occidental se infiltra en Afganistán, sin embargo, la posición de la mujer en aquella sociedad sigue siendo la misma: sometimiento absoluto a la voluntad masculina. Desde que Stephanie Sinclair cubría la guerra de Iraq para el diario Chicago Tribune (periódico que se caracteriza porque sus colaboradores obtienen recurrentemente premios en periodismo de investigación y fotografía); apenas había salido de la Universidad de Florida y se percató en detalles simples de que entre las víctimas, las que llevaban la peor parte eran las mujeres. Luego de ahí se marchó como free lance a lo largo del Medio Oriente y las escenas que presenció la cambiaron para siempre. Stephanie Sinclair por eso decidió apuntar a través de la lente de su cámara persistentemente a ese tema, de los más dolorosos en cuestión de derechos humanos: el abuso, maltrato, explotación, esclavización y tortura de las niñas, jovencitas y mujeres. Ha puesto el dedo en la llaga sobre ese asunto en el que pareciera ser que nadie quiere compromiso real pues “las cosas de mujeres se resuelven al interior de las familias”, asombrosamente también ha documentado los silencios respecto a los abusos al interior de la vida doméstica en su propio país, como ha dicho en las entrevistas y mostrado fotos. Sinclair sigue realizando su trabajo, no sin miedo y arriesgando su propia vida, porque lo ha

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hecho recibiendo amenazas de los clanes, tribus y gobiernos que permiten tales atrocidades, como el matrimonio infantil y la ablación de genitales en África y Medio Oriente; ha exhibido lo que llama “la miopía, torpeza y complicidad de los gobiernos para ser omisos ante los derechos fundamentales de las niñas (que luego serán mujeres) haciéndose sordos y ciegos y convalidar o permitir el trato brutal e inhumano al que están sometidas sólo y únicamente en razón de su sexo”, pues en muchas regiones son consideradas como propiedad, incluida en Norteamérica la poligamia soterrada de grupos religiosos. La fotoperiodista ganadora del premio Pulitzer ha publicado en National Geographic y el New York Times Magazine. También es fundadora y directora ejecutiva de Too Young to Wed, una organización no lucrativa, fundada por ella en 2013, para proporcionar evidencia visual de las violaciones de derechos humanos enfrentados por las mujeres y niñas alrededor todo el mundo. Como parte del Too Young to Wed, Sinclair ha fotografiado el calvario de esposas menores de edad en Etiopía, Tanzania, Sudán del Sur y muchos otros países. Sus imágenes han sido honradas con tres premios World Press Photo y expuso, como pocos se han atrevido, en las Naciones Unidas, las sutilezas con que también se abusa de las mujeres en países considerados como “desarrollados”, como los Estados Unidos. Ha sido receptora de infinidad de premios y a pesar de que su madre sufrió un derrame cerebral en 2011 persiste en su tarea de exponer el trato inhumano contra mujeres y niñas dondequiera que éste ocurra. El patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el marco del Festival Internacional de la Imagen y el Concurso Internacional de la

Imagen se honra en haber hallado en Stephanie Sinclair una disposición generosa para fungir como jurado en el género fotografía, cuyos triunfadores en las categorías estudiantil y profesional se dieron a conocer el día 9 de mayo. .Mayor información en: Portal del FINI http://www.uaeh.edu.mx/fini/ FanPage https://www.facebook.com/fini.mexico

La foto de Marzia que le valió en 2003 el prestigiado premio World Press Photo, dentro de la categoría “International Issues” a Stephanie Sinclair.

Boda infantil en Asia, por Stephanie Sinclair.

Autorizan senadores del PRI y el PAN, el ingreso de agentes extranjeros armados “Se trata de la aceptación de una nueva imposición de los Estados Unidos, que significará la invasión de todo el territorio nacional por agentes extranjeros armados, lo cual es una absoluta violación a la soberanía de este país”, recalcó Bartlett. “No le tengo miedo a un oficial extranjero que porte armas, le tengo más miedo a un policía municipal de Iguala”, respondió el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Las senadoras priístas Cristina Díaz y Graciela Ortiz, así como los panistas Fernando Yunes y Héctor Larios, insistieron en que se trata de una medida benéfica, una nueva regulación que permitirá fortalecer los procesos de cooperación migratoria y aduanera de México con el resto del mundo y mejorar el turismo. “Debemos ser claros, la presencia de oficiales armados en México en materia de migración o aduana no implica de manera alguna que vayan a deambular por el territorio nacional haciendo uso continuo de sus armas de cargo”, sostuvo la senadora Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Su portación, agregó, se va a encontrar reducida a un espacio territorial. Esto quiere decir a los recintos oficiales y también a la temporalidad de la licencia del uso del arma colectiva. La senadora perredista Dolores Padierna le respondió que la ley establece que los agentes extranjeros podrán portar armas en las estaciones migratorias y las agencias aduanales y durante sus traslados, lo que implica que podrán hacerlo en todo el territorio nacional.

“Las aduanas nacionales no se encuentran sólo en los estados fronterizos; son en total 49, y de ellas, 19 están en la frontera norte, 2 en la sur y 17 marítimas. Sin embargo, destacó que 11 se encuentran en el interior del país, en patios aduanales y aeropuertos, además de que esta reforma promoverá que se abran más”, advirtió la senadora Padierna Perredistas y petistas desmintieron que la reforma aprobada implique reciprocidad, como se sostiene en la exposición de motivos. En Estados Unidos la legislación prohíbe expresamente la portación de armas de fuego a todo ciudadano que no sea estadunidense, a menos que migre de forma permanente a ese país”, recalcó Encinas.

No hay reciprocidad Se plantea que funcionarios aduanales mexicanos que lleven a cabo funciones de preinspección de mercancías en otros países, estén autorizados para llevar consigo, fuera del territorio nacional de las armas con las que cuentan para el desempeño de sus funciones. A partir del principio de reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la que autorice la portación temporal de armas a los agentes extranjeros de migración o aduanas –que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o en el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales– así como a los agentes de seguridad, que acompañen visitas oficiales o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático,

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RI y PAN conformaron de nueva cuenta mayoría en el Senado y aprobaron la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para permitir que agentes de migración y de Aduanas de Estados Unidos y Canadá, puedan actuar armados en México. El senador Manuel Bartlett Díaz – ex secretario de Gobernación- aseveró que no existe ningún argumento que justifique la portación de armas por parte de agentes aduanales extranjeros, pues asegura que esta va en contra de la Constitución al ejercer actos de autoridad que corresponde a los servicios públicos nacionales. Por 78 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, se aprobó esa reforma, menos de dos meses después de que el presidente Enrique Peña Nieto la remitió al Senado. El debate se prolongó por casi cuatro horas, senadores del PRD y PT advirtieron que se trata de reforma del ejecutivo federal basada en argumentos “falaces”, como son el impulso al comercio y el turismo, para esconder con ello la verdadera intención, que es dar respuesta a una vieja demanda de Estados Unidos. “Es un sometimiento vergonzoso a los intereses de Estados Unidos”, recalcó el coordinador del PT, Manuel Bartlett mientas que Alejandro Encinas, de la bancada del PRD, hizo notar que se abre la puerta a que agentes aduanales y de migración del vecino del norte, intervengan también en asuntos de seguridad nacional.

Por Manuel Gallardo / MUNDO LEGISLATIVO

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cuyo calibre no sea a superior a .40 o equivalente. Los permisos serán tramitados por las secretarías de Gobernación o de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, ante la Sedena con 15 días de anticipación cuando menos, al inicio de la comisión, y tendrán una vigencia de seis meses; para los agentes de seguridad el permiso sólo será vigente durante el tiempo que dure su encargo oficial. Se puntualiza que en los permisos extraordinarios para agentes aduanales y de migración, la Sedena determinará el arma autorizada, el local o la instalación en que será válida la portación y demás límites o restricciones aplicables. Para los agentes de seguridad, en casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad de su uso. Para el senador David Monreal Ávila, del PT, advirtió esta reforma no tuvo un estudio profundo con especialistas en la materia. Sólo pretende entregar la soberanía nacional, ya que permite la entrada de agentes extranjeros armados, cuando se ha “fracasado” en la tarea de salvaguardar la vida y la paz de los habitantes. “No estamos contra las relaciones bilaterales, pero sí de la sumisión que tiene el Estado mexicano frente a otras naciones”.

Posturas encontradas Al presentar el dictamen, el senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, subrayó que, además de la generación de una regulación para los procesos de cooperación migratoria y aduanera del país, se busca que México cumpla con las obligaciones internacionales contraídas por el país, para la correcta protección de personas a nivel internacional. Para tal fin, dijo, se prevén tres aspectos: instrumentar procesos de pre inspección aduanera, fijar las

bases para la operación de la pre inspección migratoria y establecer los mecanismos de protección y seguridad para las personas internacionalmente protegidas, en el marco de visitas oficiales que se realizan al país. Adicionalmente, el senador del PAN, advirtió que no se vulnera la soberanía nacional ni se atenta contra los derechos y libertades de los mexicanos, sino que se busca incorporar a México dentro de los países con potencial turístico y económico de primer mundo y hacerlo más competitivo. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, dijo que los cambios al ordenamiento no implican un sometimiento de una nación a otra. “Nuestro país cuenta con una de las legislaciones más estrictas en materia de armas de fuego a nivel internacional y los extranjeros deberán cumplir con ella”, aseguró. Además, precisó que la presencia de oficiales de migración o aduana armados no quiere decir que “vayan a deambular por el territorio nacional haciendo uso continuo de sus armas de cargo”, sino que su portación estará restringida a los recintos oficiales y a la temporalidad de la licencia del uso del arma colectiva. La legisladora del PRI indicó que se pretenden habilitar medidas que impulsarán el crecimiento económico de la industria, del sector agrícola y sobre todo se busca impulsar mayores beneficios económicos directos para las y los mexicanos, con lo que habrá efectos sobre el desarrollo regional. En su posicionamiento, el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, determinó que una reforma de este tipo es anticonstitucional porque no se tomó en cuenta ninguno de los supuestos contemplados en los artículos 10, 21, 35, 36 y 89 de la Constitución; por el contrario, los agentes migratorios y de aduanas extranjeros armados en territorio nacional no actualizan ninguna hipótesis vigente en la Carta Magna.

Señaló que la propuesta violenta el artículo 89 constitucional, fracción X, en los principios de política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos, porque el monopolio de la fuerza pública dejará de existir y se compartirá con gobiernos extranjeros. Añadió que el Congreso de la Unión no tiene facultad para legislar sobre las armas de fuego que porten agentes extranjeros en territorio nacional. Por el PRD, el senador Alejandro Encinas Rodríguez dijo que afirmar que la intervención de agentes aduanales o migratorios extranjeros en territorio nacional atraerá más turismo, aumentará el comercio y reactivará la economía, es un argumento que resulta “débil y falaz”, ya que se plantean convenios interinstitucionales con los que avanzarán operativos como “Rápido y furioso”, alentando la entrada de armas, ahora por parte de dichos agentes. Si la intención es alentar el turismo, la actividad económica y simplificar los trámites para el comercio, en todo caso las reformas debieron realizarse a la Ley de Aduanas y de Migración, y no a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, puntualizó. Al manifestar el respaldo del PAN, el senador Héctor Larios Córdova consideró que esta modificación legislativa es un cambio de paradigma, pues se establece un espacio determinado para la preinspección aduanal, sólo dentro de este podrán actuar los funcionarios extranjeros y el uso de armas se supedita a las leyes nacionales, por tanto México mantiene intacta su soberanía que significa mantener el control, gobierno y autoridad de su territorio. Además, se establece la reciprocidad en estos actos de autoridad, es decir que México tendrá derecho también a establecer espacios de pre-inspección aduanal, con su personal, en otros países. Son actos de autoridad y de ninguna forma se viola la soberanía nacional, reiteró el legislador panista.

Monjes y califas, custodios del conocimiento también con volúmenes de autores latinos y griegos. Esta situación, señaló Sánchez Campos, quien tiene la maestría en Humanidades por la Universidad Anáhuac, permitió que los monasterios se dieran a la tarea de ordenar, catalogar y transcribir todo este cúmulo de textos; así, la Iglesia se convirtió en agente dominante durante toda la Edad Media porque en los monasterios se sabía leer y escribir. La biblioteca de Cesarea en Palestina, fundada por Orígenes, tenía en sus haberes las bases del Canon Romano, es decir, las Escrituras de la Iglesia reveladas; por ellas se conserva la Biblia como la conocemos hoy, explicó el también licenciado en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Luego se refirió a las bibliotecas de los monasterios bizantinos, donde se conservaron los textos de la cultura griega. Constantino El Grande, fundador de Constantinopla, quiso que esa urbe fuera un gran centro cultural y promovió la creación de bibliotecas cristianas y paganas; además instituyó la Academia de Constantinopla, dedicada a estudiar y traducir los textos como un método para aprender griego o latín. Las transcripciones que se hicieron en los monasterios del imperio bizantino, especialmente la de ‘Studion’, permitieron resguardar la historia de la humanidad, comentó Sánchez Campos, y añadió que en estas bibliotecas se conservan actualmente alrededor de 11 mil manuscritos de contenido teológico. La del monasterio de Santa Catalina del Sinaí es, después de la del Vaticano, la que más códices y manuscritos

conserva. En su patrimonio está un documento escrito por Mahoma, del cual proviene la ‘Biblia Codex Siniaticus’ que está en Londres. Igualmente, los árabes integraron bibliotecas y ejemplo de ello son la de Bagdad del califa Harun alRoshid en la que fueron traducidos al sirio y al iraní numerosos textos griegos, y la de El Cairo, saqueada en 1068, que tenía miles de volúmenes de literatura fatimí; esos libros se dispersaron por Oriente y hoy la mayor parte está en Yemen, explicó el especialista. El califa Al Hakem II creó la biblioteca de Córdoba, España, que albergaba 400 mil volúmenes y contaba con escribas, traductores y encuadernadores, quienes a la caída del califato se fueron a Toledo, donde se constituyó la escuela de traductores. Cuando los textos se redactaron en latín escolástico -que era la lengua universal- los libros se abrieron camino en Francia, Italia y Alemania. Los árabes disponían de papel gracias a un chino que llevaron a Samarcanda para que les enseñara a elaborarlo; más tarde llegó a Egipto, de donde pasó a Játiva, en Valencia, y luego a otras partes de Europa, pues resultaba más barato hacer libros en papel, que en papiro o pergamino. Así nació el libro, que con el surgimiento de la imprenta de Gutenberg pudo hacerse a mayor escala y empezó la lectura por placer, pues el hombre descubrió la magia que supone traducir los signos caligráficos en imágenes de la memoria y a través de ellas participar en otras vidas y gozar de nuevos mundos, concluyó el conferencista.

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n interesante recorrido por la historia del libro, desde cómo se constituyó hasta la aparición de la imprenta de Gutenberg, hizo el maestro José Ignacio Sánchez Campos al hablar sobre el proceso de este objeto que modificó a la sociedad y el propio concepto del hombre. Con el tema ‘Historia del libro en la edad antigua’, Sánchez Campos expuso de manera minuciosa cómo fue el desarrollo del libro a partir de las primeras bibliotecas monásticas. En ese tiempo se dieron la evolución de la escritura, la ornamentación, la encuadernación, la fundación de universidades por las órdenes religiosas y la formación de las bibliotecas burguesas, que tenían colecciones de libros raros y ejemplares con encuadernaciones valiosas, pues para entonces ya se consideraba al libro como un negocio y un objeto de herencia. Dentro del ciclo de conferencias de otoño ‘Historia del libro en México en el 475 aniversario de la primera imprenta en América’, organizada por el Centro de Estudios de Historia de México Carso, el ponente dijo que las primeras bibliotecas monásticas se iniciaron en el siglo V, con la recolección de documentos manuscritos en peligro de desaparecer por la invasión de los “bárbaros” al Imperio Romano. La cultura contenida en esos libros -que ya denotaban un influjo del cristianismo- halló refugio en los monasterios, donde se integraron bibliotecas con las Sagradas Escrituras, los escritos de los padres de la Iglesia y los libros litúrgicos, pero

Por Norma L. Vázquez Alanís / MUNDO LEGISLATIVO

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e dijeron “La única manera de conocer realmente a un escritor es a través del rastro de tinta que va dejando” y yo he dejado correr mucha desde mis cuentos o poemas infantiles hasta el momento en que el invierno ha ido ganando espacio a las estaciones que le precedieron. Mi alma la he dejado plasmada en mis libros y el alma de los que me leen es atrapada en esas obras. El alma de quienes me leen están prendidas; sí, tu alma, la que se esconde en tu mente, en tu pensamiento, en tu subconsciente, ha quedado aprisionada mientras lees, sueñas, disfrutas de cada una de mis letras, palabras, frases, oraciones, cuentos, novelas. Anhelo en ocasiones dejar de leer o de escribir, pero entonces, pienso, dejaría de ser yo mismo. Leer me da la oportunidad de volar a través del tiempo y el espacio, y escribir es consecuencia de mi compulsión lectora, además de valentía para soportar que me ignoren, insulten, desprecien y hasta me lean. Observo el cielo que cubre el valle de Cuernavaca. Es de madrugada; apenas las 5:30. Las nubes que amenazaron con convertirse en lluvia son ahora puentes de luz gris y mortecina, transformándose en un mosaico de luces de colores. Entre golpe y golpe al teclado veo bajar desde la ventana la niebla reptando por los tejados de las casas que integran mi espacio.

De Octavio Raziel / MUNDO LEGISLATIVO

Hace apenas unas horas esos nublados eran la esperanza para calmar el abrazador viento que llegaba de la costa del Pacífico. Mar de nubes rojas que como un manto de sangre derramada por este valle de Morelos amenazaba tormenta y terminó en una retícula de luces blancas. Abanico de cuchillos de luz que atravesaba las tinieblas. La misma madrugada me trae los recuerdos necesarios para descargarlos en el teclado. Pienso que escribo para matar la soledad del alma o para creer que las líneas que plasmo en el papel llegarán a mi sueño imposible. También escribo para los lectores que esperan de mí el espejo de su pensamiento. Orhan Pamuk arranca su novela La vida nueva con la frase: Un día leí un libro y toda mi vida cambio; mientras que Jorge Luís Borges diría que escribir es

“vivir en una especie de sueño”. Mi religión han sido los libros y cuando me vaya llevaré uno abrazado a mi pecho -para el viaje- además de la Cruz de Naufragio para que me reconozcan los amigos que se adelantaron. Creo en Dios, aquel que vive en los libros y en aquellos que los leen, que sorben de ellos un pedazo del Eterno. Amo mis libros, no sólo los que leo cuando toca que les dedique tiempo, que es bastante; también los que he escrito en forma de cuentos, compilación de escritos, poesías o novelas. Después de sesudas reflexiones, recapacites, madures, explicaciones, disquisiciones, observaciones, elucidaciones y esclarecimientos he llegado a conclusión de que leer me une a Dios y que escribo, además, porque me da la gana.