Concurso investigacion by Impulso Argentino

Anónimo Estrategias de financiamiento inclusivas e integrales : publicación especial de los trabajos ganadores del concurso . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Foncap, 2014. E-Book. ISBN 978-987-1902-29-3 1. Economía Social. CDD 330

Fecha de catalogación: 12/02/2014

“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”/ PUBLICACION ESPECIAL

CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PREMIO FONDO DE CAPITAL SOCIAL “Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales” SEGUNDA EDICIÓN-FONCAP 2011 Impulso Argentino es una institución que ofrece asistencia técnica y financiamiento a instituciones intermedias de microfinanzas con el fin de fortalecerlas y acompañarlas en el cumplimiento de sus proyectos. En este sentido, uno de sus objetivos es contribuir al crecimiento de los emprendedores a través de espacios de intercambio y construcción de saberes sobre Economía Social y Solidaria. El concurso de trabajos de investigación “Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales” se inscribe en dicho objetivo, promoviendo la construcción de aportes conceptuales y metodológicos específicos para la implementación de políticas públicas y sectoriales por parte del Estado, las organizaciones sociales y las entidades del sector privado para promover en la Argentina el desarrollo de esquemas de financiamiento inclusivos e integrales; y jerarquizando los logros alcanzados por experiencias innovadoras locales, regionales y/o nacionales en el desarrollo de esquemas de financiamientos inclusivos e integrales. Impulso Argentino presenta en esta publicación una compilación de los seis artículos ganadores de la segunda edición del concurso. Fue condición para la entrega de trabajos, que los aportes teóricos o metodológicos aportados por los mismos tuvieran anclaje en un caso o experiencia concreta. Por otro lado, debían enmarcarse en alguno de los dos ejes temáticos planteados desde Impulso Argentino: 1) Herramientas de Medición de Impacto de los Programas de Microcrédito en la Argentina y 2) La conformación y caracterización de los sujetos destinatarios de los Programas de Microcrédito y sus necesidades de financiamiento. Durante el concurso se presentaron más de 30 investigaciones realizadas por estudiantes, docentes, investigadores de espacios relacionados con la Economía Social y Solidaria, técnicos, profesionales, asesores de crédito y trabajadores vinculados al sector, representando cada una de ellas las diferentes experiencias locales, regionales y nacionales, tanto del sector público como privado. Los trabajos presentados fueron evaluados por un jurado de prestigiosos especialistas con destacada trayectoria en materia de microfinanzas. Ellos son: Dr. ACERBO, Esteban Alejandro (Director del Banco de la Nación Argentina); Lic. COSENTINO, Adrián (Subsecretario de Finanzas de la Nación Argentina del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación); Lic. EPELDE, Manuel (Gerente General de la Fundación Banco de Córdoba); Dr. FORLÓN,

Juan Ignacio (Presidente de Garantizar); Dr. GARCIA, Álvaro (Representante en Argentina de CAF); Ing. LERNER, Carlos (Jefe de Desarrollo Comercial y Pyme de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires); Ing. HIGA, Daniel (Director General de Planet Finance Argentina); Lic. MOMEÑO, Iván (Coordinador Nacional del Programa de Microcrédito de PNUD Argentina); Lic. ROFMAN, Alejandro (Director de la Maestría en Economía Solidaria del Instituto de Altos Estudios Sociales-UNSAM y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA); Lic. ROURA, Horacio (Secretario PYME del Ministerio de Producción de la Nación); Lic PASTORE, Rodolfo (Director del programa CREES de la Universidad Nacional de Quilmas); Dr. RIAL, Leonardo Hugo (Presidente del Fondo de Garantías, FOGABA); Dr. STACHIOTTI, Fabián (Director Ejecutivo de ARBA); Dr. TITO, Gustavo (Director de IPAF, Región Pampeana); Lic. VAZQUEZ BLANCO, Juan Manuel (Profesor Adjunto Economía Social y Empleo de la Facultad Ciencias Sociales de la UBA). Por el eje “Herramientas de Medición de Impacto de los Programas de Microcrédito en la Argentina” los ganadores fueron: 1. Fondos rotatorios de crédito autogestionados por organizaciones campesinas. Fundación Nuevos Surcos. 2. Buscando alternativas para reducir costos. Los fondos rotatorios impulsados por ArgenINTA. Fundación ArgenINTA. 3. Herramientas de medición de impacto de los programas de microcrédito en la Argentina. Asociación de Microemprendedores de Ituzaingó. Por el eje “La conformación y caracterización de los sujetos destinatarios de los Programas de Microcrédito y sus necesidades de financiamiento” los ganadores fueron: 1. La influencia de las políticas públicas de microcrédito en el desarrollo de experiencias urbanas de la economía social y solidaria. Red Resol, Provincia de Buenos Aires. 2. Fortaleciendo lazos y emprendimientos de la economía social y solidaria. Asociación de microemprendedores de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. 3. Caracterización de prestatario en las microfinanzas. CEF Microcrédito - Centro de Empresarios de Famaillá, Provincia de Tucumán.

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Impulso Argentino presenta en esta publicación los trabajos ganadores del concurso de investigación “Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”, Edición 2011. 1. Fondos rotatorios de credito autogestionados por organizaciones campesinas. Fundación Nuevos Surcos. 2. Buscando alternativas para reducir costos. Los fondos rotatorios impulsados por Argentina. 3. Herramientas de medición de impacto de los programas de microcrédito en la Argentina. Asociación de Mi-

croemprendedores de Ituzaingó. 4. La influencia de las políticas públicas de microcrédito en el desarrollo de experiencias urbanas de la economía

social y solidaria. Red Gesol, provincia de Buenos Aires. 5. Fortaleciendo lazos y emprendimientos de la economía social y solidaria. Asociación de microemprendedores

de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. 6. Caracterización de prestatario en las microfinanzas. CEF Microcrédito. Centro de empresarios de Famaillá,

provincia de Tucumán.

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ÍNDICE

Trabajo 1 FONDOS ROTATORIOS DE CRÉDITOS AUTOGESTIONADOS POR ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Trabajo 2 BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA REDUCIR COSTOS

Trabajo 3 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO EN LA ARGENTINA

Trabajo 4 LA INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MICROCRÉDITO EN EL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS URBANAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Trabajo 5 FORTALECIENDO LAZOS Y EMPRENDIMIENTOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

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Trabajo 6 CARACTERIZACIÓN DEL PRESTATARIO EN LAS MICROFINANZAS. CEF MICROCRÉDITO

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INTRODUCCIÓN La Fundación Nuevos Surcos es una entidad no lucrativa, integrada por 12 Organizaciones no gubernamentales del noreste (NEA) y noroeste argentino (NOA), con sede en la ciudad de Reconquista (norte de la provincia de Santa Fe). Las instituciones que integran la Fundación son las siguientes: INCUPO; Fundapaz; Acción Educativa; Asociación Amigos del Aborigen; Bienaventurados los Pobres (BePe); Tepeyac; Asociación para la Promoción, la Cultura y el Desarrollo (APCD); EPRASOL; Equipo de Educación Popular San Martín II; APHyDAL; ACODECO; Junta Unida de Misiones (JUM). Estas ONG desarrollan su actividad en varias provincias del norte argentino (Norte de Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Misiones). El propósito de la Fundación es constituir un sistema regional de ayudas económicas destinadas a la población rural campesina y aborigen de escasos recursos, apoyando los procesos de desarrollo socio-económico y político protagonizados por las familias, grupos y organizaciones campesinas y aborígenes. Con este propósito, la Institución desarrolla su actividad desde el año 2004 brindando apoyo económico, asistencia técnica y capacitación a través de tres líneas de intervención: Microcrédito, Fondos de Inversión Social (FIS) y asistencia técnica y capacitación a Fondos Rotatorios Locales (en adelante FF.RR.) gestionados por grupos y organizaciones campesinas, línea de intervención en la que se centrará el presente trabajo.

En este trabajo de sistematización nos referiremos a los siguientes FF.RR. campesinos acompañados técnicamente por las ONG respectivas: t FR de la Asociación de Feriantes de Arroyo Leyes (Santa Fe) – Acción Educativa. t FR “La Soledad” (Río Hondo) y FR “Las Talitas” (Guasayán), de Santiago del Estero - Bienaventurados los Pobres (BEPE). t FR “San Ramón-San Luis”, FR “Villa de Guasayán”, FR “Guampacha”, FR “Acos” (Santiago del Estero) y “Grupo de Mujeres Rurales” (Colonia del Valle, Depto. Capayán, Catamarca) - Bienaventurados los Pobres (BEPE). t FR de la Asociación Campesinos del Abaucán (ACAMPA), de Fiambalá (Dpto. Tinogasta, Catamarca) - Bienaventurados los Pobres (BEPE). t FR de Apicultores (San Martín II, Formosa) – Equipo de Educación Popular San Martín II (EDUPOSAN). t FR de la Unión de organizaciones de la Cuña Boscosa (UOCB), (Cuña Boscosa, Santa Fe) - FUNDAPAZ. t FR “La Hortensia” (Tacuarendí, Santa Fe) - Instituto de Cultura Popular (INCUPO). t FR Grupo 3 Colonias (Bellavista, Corrientes) - Instituto de Cultura Popular (INCUPO). t FR de Envases de la Asociación Provincial de Ferias Francas de Corrientes (Corrientes) - Instituto de Cultura Popular (INCUPO). t FR de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (Santiago del Estero) -Instituto de Cultura Popular (INCUPO).

LA PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN (PME) APLICADO A LOS FONDOS ROTATORIOS. Hace 3 años Nuevos Surcos quiso poner más acento en la evaluación y monitoreo más sistemáticos de sus tres líneas de intervención (Microcrédito, Fondos de Inversión Social y Fondos Rotatorios), con el objetivo de medir el impacto de su intervención en la población destinataria. Con este propósito se venían realizando talleres y evaluaciones de tipo externo. Específicamente en la línea de FF.RR., desde el año 2006 se venían convocando Encuentros de Intercambio y Capacitación, con elementos importantes de diagnóstico y evaluación de los FF.RR. Este proceso institucional culminó a

finales de 2010, con la creación del área de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME) en la Fundación. En la línea de acompañamiento a los FF.RR. identificados, se adoptaron algunas decisiones. Por un lado, se decidió trabajar más en la caracterización de los Fondos, partiendo de la realización de un diagnóstico inicial de cada uno. El objetivo era poder evaluar, a partir de tal diagnóstico, con elementos fundamentados, su evolución a lo largo del tiempo y los cambios y aprendizajes producidos, así como poder adaptar mejor el acompañamiento y la capacitación. Nos encontrábamos con

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algunos interrogantes que nos interpelaban: ¿Seguimos convocando Encuentros de Intercambio entre los Fondos Rotatorios, como veníamos haciendo, o bien, como demandan los propios Fondos, vamos orientándonos cada vez más hacia la capacitación? Si elaboramos capacitaciones, ¿sobre qué temas específicamente?, ¿Cómo sabemos si los Fondos incorporan los

contenidos de los talleres en sus espacios cotidianos de funcionamiento?, ¿Cómo evaluamos en general el desempeño de los FF.RR. a lo largo del tiempo? Nuestro desafío era tratar de dar respuesta a todas estas preguntas, y para ello necesitábamos tener las referencias necesarias a partir de las cuales observar y evaluar. La siguiente pregunta era: ¿qué indicadores utilizaríamos?

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NUEVOS SURCOS. En el curso de la preparación del Encuentro de Capaci-

que elaboraríamos al año siguiente, ya en forma de mo-

tación del año 2010, desde el equipo de capacitación de Nuevos Surcos nos pareció interesante proponerle a los Fondos Rotatorios convocados un ejercicio de autodiagnóstico sobre sus propios Fondos. Para ello, tuvimos que plantearnos sobre qué temas queríamos preguntarles, y ello nos hizo interrogarnos como institución acerca de cuáles eran los componentes clave de un Fondo Rotatorio para un adecuado desempeño. Así fue como elaboramos una serie de preguntas iniciales, cortas y concisas, sobre tres “bloques” identificados en todo Fondo Rotatorio: POLÍTICA DE CRÉDITO, METODOLOGÍA DE CRÉDITO y ADMINISTRACIÓN DE UN FONDO ROTATORIO. Ese primer listado de preguntas fue el primer esbozo de los indicadores de desempeño

delo y con una metodología concreta. Así, pues, en el año 2011, manteniendo la aspiración de un seguimiento y evaluación más sistemática de los FF.RR., nos pusimos a trabajar en la elaboración de un primer borrador de modelo de indicadores de desempeño. Para ello, nos reunimos en varios talleres, y a raíz de esas primeras preguntas mencionadas, comenzamos a reflexionar y a armar indicadores concretos de los 3 componentes identificados. El resultado de estos talleres y de una reflexión participativa de todo el equipo de capacitación, es el modelo de indicadores que se expone en el ANEXO de este trabajo, junto con los resultados principales de los diagnósticos, consecuencia de la aplicación de dicho modelo a cada uno de los FF.RR.

LA APLICACIÓN DEL MODELO DE INDICADORES A LOS FF.RR. UNA PRIMERA LECTURA DE LOS DATOS OBTENIDOS. Una vez elaborado un primer borrador del modelo de

Esta agrupación se realizó a propuesta de la institución

indicadores de desempeño, se decidió poner dicho modelo en práctica analizando los 15 FF.RR. identificados en estos 6 años de articulación con los mismos por parte de Nuevos Surcos (ver punto I). El diagnóstico de los mismos en base al modelo fue realizado junto con los equipos técnicos territoriales de apoyo de las instituciones acompañantes. Hay que aclarar que de estos 15 FF.RR., varios de ellos se agruparon en tres grupos homogéneos para poder simplificar el diagnóstico.

acompañante, BePe, en función de las características más o menos similares de funcionamiento y grado de madurez de los FF.RR.

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A continuación se detallan los principales y más significativos resultados obtenidos de los diagnósticos realizados, agrupados por componentes fundamentales (política de crédito, metodología de crédito y administración) y con sub-epígrafes en cada componente.

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POLÍTICA DE CRÉDITO. Estrategia de fondeo. La mayoría de los FF.RR. se originaron a partir de proyectos y fondos obtenidos gracias a la gestión de las instituciones acompañantes. De los FF.RR. analizados, varios obtuvieron financiamiento de los proyectos de Fondos de Inversión Social de FNS o de fondos afines precedentes. En algunos de estos casos, la devolución del proyecto FIS brindó el financiamiento completo (Grupo 3 Colonias, UPPSAN y la Asociación de Ferias Francas de Corrientes). Existe otro grupo de FF.RR. que obtuvieron fondos de entidades y programas del Estado (Programa Banco Popular de la Buena Fe, Comisión Nacional de Microcrédito y CONAMI), como el caso de algunos de los Fondos acompañados por BePe, o bien de instituciones de la cooperación internacional (La Hortensia, UOCB, Arroyo Leyes y FR Apícola). En síntesis, en todos los casos estos fondos se obtuvieron gracias a la gestión de las instituciones acompañantes. Apenas hay casos de fondos propios gestionados por los propios FF.RR. (tan solo unos fondos de reciente consecución por parte de la UOCB, ya con personería jurídica, o el caso de los fondos originarios obtenidos por ACAMPA, también con personería jurídica). Puede decirse, por tanto, que los FF.RR. por sí mismos no se plantearon en sus orígenes (ni tampoco lo hacen actualmente) una estrategia de fondeo definida, sino que, en base a estos fondos iniciales y al recupero de los créditos otorgados,

se limitan a tratar de mantener con esfuerzo, los niveles de financiamiento obtenidos originariamente. En la mayoría de los casos, los fondos disponibles por parte de los FF.RR. son reducidos, de poca envergadura (el FR con mayor financiamiento es el de ACAMPA, de más de 100.000 pesos, implementado en 6 localidades de Fiambalá, Catamarca). Esta escasez condiciona la operatoria de los FF.RR. y determina que éstos opten por fijar montos reducidos de crédito para sus destinatarios en su mayoría (“Hay muy poca plata”, en palabras del FR de la UPPSAN). Ante esta limitante, en la mayoría de los FF.RR. prevalece el objetivo de tratar de dar un mayor alcance al FR, con la máxima cobertura posible a todos sus destinatarios, en detrimento de la fijación de un monto adecuado y más adaptado a las necesidades reales de los destinatarios y de las actividades que llevan adelante. Así, según el FR de la UPPSAN, se llegó al acuerdo entre los integrantes de que el FR resolviera sólo “los problemas más chicos de agua”. O el caso del FR de la Hortensia, que entre sus puntos “políticos” prioriza el acceso a la mayor cantidad de socios y el carácter rotativo de los fondos, frente a montos más elevados y menor llegada a los potenciales prestatarios.

Oferta y demanda de crédito. En la mayoría de los casos analizados, hay más demanda que oferta disponible de crédito. Así lo reconocen expresamente fondos como los de la UOCB, UPPSAN y la Hortensia. Ante este escenario, la lógica usual de funcionamiento que se da es la complementariedad con otras ofertas de financiamiento y crédito en la zona, en especial para el apoyo a actividades económico-productivas de cierta envergadura. Éste es el caso de los FF.RR. de UOCB, los FF.RR. acompañados por BePe, o el FR de la UPPSAN. En estos casos, los usuarios reconocen la validez de los créditos para el apoyo a actividades productivas que demanden menor inversión, así como para el apoyo a actividades de autoconsumo. Como decíamos antes, la fijación de montos reducidos está en relación directa con la escasez de fondos disponibles, con la prioridad en la atención a la mayor cantidad posible de prestatarios (alcance y cobertura) y con la rotación ágil de los fondos. Hay que destacar,

en este sentido, algunos mecanismos recientes implementados por algunos FF.RR. para “cuidar” sus fondos disponibles. Así, la UOCB ha definido criterios de acceso a los fondos que funcionan a modo de “filtro” para sus usuarios, como la antigüedad (1 año), o la participación (1 vez/mes en actividades del paraje). En el caso de la UPPSAN, se decidió en el año 2011 que el FR iría destinado sólo a los socios (hasta entonces, el Estatuto incluía el acceso a los fondos también a los no socios). En algunos casos, puede decirse que la oferta está más ajustada a la demanda, en términos de adaptación de la operatoria de los FF.RR. a los requerimientos y necesidades de sus usuarios (frecuencia, devolución, rotación, etc). Son casos en que se da una lógica muy dinámica en lo que respecta al funcionamiento de las actividades que el FR apoya (actividades de comercialización, con alta rotación), así como una notable proximidad entre

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los usuarios y los FF.RR. Estos son los casos del FF.RR de los feriantes de Arroyo Leyes, y de la Asoc. F. Francas de Corrientes, en que los usuarios son feriantes que comercializan su producción de forma dinámica y periódica en ferias locales de proximidad, y demandan un apoyo económico constante (ligado al aprovisionamiento de insumos y materia prima). Por tanto, en estos casos el ciclo de crédito-devolución-recupero se acorta

notablemente. En estos fondos, hay una mayor eficacia y eficiencia, pero en términos económicos, no necesariamente en otros términos más organizativos o sociales, vinculados al fortalecimiento del FR o a la apropiación y participación de los usuarios. Cabe cuestionarse si en estos fondos se desarrollan otros mecanismos que fortalezcan la organización, participación y cohesión del FR y de los vínculos entre los integrantes.

Otras fuentes de financiamiento en la zona. El papel de los Fondos Rotatorios. Como señalábamos, en la mayoría de los casos se da la complementariedad de ofertas de financiamiento disponibles a nivel local, y en esta complementariedad, el FR ocupa un lugar, pero no necesariamente el más importante ni estratégico. Explicaremos a continuación algunos casos significativos. El grupo 3 Colonias explica que concibieron su operatoria de crédito para que no “compitiera” ni con la de la Subsecretaría de Agricultura Familiar ni con la de Nuevos Surcos, ya activas y operando en la zona. Con esta intencionalidad, fijaron la prioridad política en la promoción de prácticas encuadradas en el enfoque agroecológico, (enfoque no apoyado de forma mayoritaria por las dos instituciones anteriores), y asimismo fijaron su tasa de recupero de gastos en un 5% (6% es la tasa aplicada por la Subsecretaría y Nuevos Surcos). La UPPSAN, por su parte, en el período 20092010, confió en la disponibilidad de fondos para obras de agua de la Subsecretaria de Agricultura familiar, en lugar de en su propio fondo rotatorio destinado a agua, fondo que no tuvo demanda al respecto en este período. Por último, en el caso del FR de la UOCB, éste estuvo sin fondos en un período de varios meses, y en

ese tiempo los mismos integrantes de la Comisión y de la organización UOCB hicieron uso de otras fuentes de financiamiento, puesto que también son beneficiarios de un convenio de crédito con Nuevos Surcos, participan de la gestión de un fondo de créditos local, y articulan con otros organismos públicos que proveen fondos en forma de crédito. En general, se comprueba que algunas dificultades en los FF.RR. (como la ausencia de fondos disponibles, o la elevada mora/incobrabilidad que dificultan el recupero para la rotación de fondos) permiten a los usuarios acudir a otras ofertas de financiamiento disponibles en la zona. Esto no implica una lectura negativa necesariamente, ya que habla de una estrategia de financiamiento diversificada, de la capacidad de articulación y gestión de los usuarios de los FF.RR. y del acceso de los mismos a fondos de instituciones públicas a nivel local y provincial. Pero al mismo tiempo esta estrategia entraña graves riesgos en términos de autonomía económica, política y sostenibilidad de los FF.RR.

Las normas de funcionamiento del Fondo. El Reglamento. Todos los FF.RR. analizados cuentan con reglas y acuerdos de funcionamiento. En algunos de los casos, estos acuerdos, previamente consensuados, han sido puestos por escrito (es el caso de la UOCB, UPPSAN, La Hortensia, Grupo 3 Colonias, Arroyo Leyes y los FF.RR . acompañados por BePe). En otros casos, se reconoce la existencia de acuerdos de trabajo y funcionamiento más o menos conocidos y puestos en práctica por los integrantes, pero no plasmados en un reglamento

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escrito (FR apícola FR Asociación de Ferias Francas de Corrientes). En el primer grupo, se da una variabilidad en el grado de profundidad, integralidad de contenidos y aplicación del reglamento. Hay que destacar el caso de la UOCB y su “Manual de Procedimiento”, ampliamente trabajado junto con la institución acompañante Fundapaz. Los integrantes de la comisión reconocen su validez, adaptación y socialización (“hay que respetar las reglas”, “el reglamento lo conocen hasta los perros”,

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nos expresan), así como su aplicación por parte de los usuarios (“Siempre nos basamos en nuestro reglamento”), aclarando que cuando les surgen dudas sobre el funcionamiento del FR acuden a él como manual de consulta. Respecto a su elaboración, explican que en el espacio de la Comisión Directiva ampliada, que incluye a los referentes de los distintos parajes, se conversa mucho sobre él y se viene actualizando periódicamente. Salvo esta excepción, la mayoría de los FF.RR. reconocen falencias de diverso tipo en su reglamento, como el reflejo de los acuerdos básicos sin entrar en profundidad (FR 3 Colonias y FR de la Hortensia). En lo que respecta al FR de la UPPSAN, el reglamento, que viene siendo trabajado desde hace varios años atrás, ha sido objeto de diferentes modificaciones (“es un proceso”, según INCUPO), y los técnicos acompañantes reconocen falencias graves tanto en su conocimiento por parte de todos los socios, como en su aplicabilidad (“no acaba de cumplirse, le falta sistematicidad”, expresan

los técnicos). Y añaden que actualmente son “los tesoreros quienes deciden la política y la metodología”. En el año 2011, se estuvo en proceso de reelaboración y actualización del mismo, con la nueva Comisión electa (julio 2011). Los FF.RR. La Soledad (Río Hondo) y Las Talitas (Guasayán), ambos de Santiago del Estero, presentan una situación similar respecto a la validez y aplicabilidad de su reglamento. Por otro lado, en algunos casos en los que existen reglamentos escritos, la participación de los usuarios en la elaboración del mismo no es protagónica. Así, en algunos casos, la institución acompañante participa de la elaboración del mismo (FR de Arroyo Leyes) y en otros casos, los lineamientos del FR vienen predeterminados por la institución y el Programa que brinda el financiamiento (caso de la CONAMI y los Bancos Populares), lo que deja poco margen para la participación, reflexión y aprendizaje de los integrantes de los FF.RR.

Adecuación a las necesidades de los destinatarios. Dado que los FF.RR. surgen en respuesta a las necesidades de financiamiento de los destinatarios, la mayoría desarrollaron mecanismos de funcionamiento que se fueron adaptando a las necesidades y requerimientos de sus usuarios, en la medida de sus posibilidades y teniendo en cuenta sus limitaciones. En relación a los montos entregados de crédito y los tipos de actividades financiadas, en la mayoría de los casos existe una notable adecuación en lo que respecta a los tipos de actividad y a la frecuencia de amortización de la deuda, no tanto así en lo que se refiere a los montos, que suelen ser más reducidos de lo que necesitarían los usuarios para fortalecer sus actividades apoyándose por entero en la herramienta de crédito. Es el caso de la mayoría de los FF.RR. acompañados por BePe. La UOCB también reconoce que fijaron límites máximos por “nivel” (grado de avance de la actividad), y por tanto, en ciertas actividades, los montos de crédito son insuficientes (“al ganadero no le sirve”, expresan); sin embargo, el crédito se convirtió en una herramienta de fácil acceso y manejo por parte de ciertos colectivos de usuarios, como los apicultores y las artesanas en telar (al tener una venta estacional de sus productos, el fácil acceso y disponibilidad del Fondo les brinda el financiamiento necesario para fortalecer el aprovisionamiento de insumos y la

preparación de stock y producción para la venta). Estos dos colectivos de usuarios han llegado a tener disposición exclusiva sobre fondos “ad hoc” de crédito, en el marco del FR integral de la organización. No obstante, en general los FF.RR. y sus usuarios se adaptan a esta limitante en los montos y se da una satisfacción general en el servicio. Es, por ejemplo, el caso del FR de Envases (Asociación F. Francas), que se adapta a las necesidades de los feriantes (pedidos de compra) y financia en base a la rápida recuperación de la deuda de los usuarios, con ágil rotación. En los casos del FR de 3 Colonias o de UPPSAN, se fijaron montos máximos (800 pesos en el caso de 3 Colonias; 2000 por familia, en el caso de UPPSAN), con acuerdos unánimes en cada caso de solventar necesidades específicas y bajas inversiones (en el primer caso, con pequeñas inversiones y equipamiento de apoyo al enfoque agroecológico; en el caso de UPPSAN, resolviendo sólo “los problemas más chicos de agua”). En los casos de 3 Colonias, UPPSAN, Arroyo Leyes y FR apícola, los técnicos expresan su percepción de la adecuación general de los FF.RR. en las actividades financiadas, los montos y la frecuencia de amortización.

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Características de los créditos otorgados. En este apartado consideramos los componentes de los créditos, a saber: los destinatarios a los que se dirigen, las actividades que se apoyan, los montos otorgados (mínimos y/o máximos), la tasa de recupero de gastos, el plazo de amortización de la deuda y la frecuencia de pago. En este sentido, la mayoría de los FF.RR. definieron más de la mitad de estos componentes (3 Colonias, UPPSAN, UOCB, Asociación de Ferias Francas, Arroyo Leyes y todos los FF.RR. acompañados por BePe), y el resto, tuvo en cuenta al menos la mitad de los mismos (la Hortensia y FR Apícola). Los destinatarios de los créditos suelen ser principalmente integrantes del grupo u organización que dio origen al FR. En algunos casos, se perfilan requisitos adicionales para el acceso al crédito, como estar al día en los créditos activos (UOCB, UPPSAN), la participación en las actividades de la organización (UOCB) o la antigüedad en la organización (UOCB, UPPSAN). Los usuarios del crédito deben llevar adelante alguna de las actividades a las que el FR dé apoyo (producción agroecológica, en el caso de 3 Colonias; actividades económico-productivas locales, en el FR de la Hortensia y de la UOCB, o los FF.RR. acompañados por BePe; alambre para defensa de tierra o pequeñas obras de agua, en el caso del FR de UPPSAN; y producción para venta en Feria, en caso del FR de envases de Corrientes y del FR de Arroyo Leyes). En buena parte de los casos, el apoyo económico impulsa

algunas actividades (de autoconsumo o de renta) que integran las economías de las familias, aunque no sean estas necesariamente las actividades principales. En lo que respecta al plazo y frecuencia de devolución, la tónica general es la corta duración del crédito, ya que se prioriza la ágil rotación de los fondos y la cancelación de la deuda en un período corto-medio, dado que los fondos disponibles están ligados al recupero de los créditos otorgados. El plazo máximo contemplado en el FR de la UOCB es de 3 años. En el caso de 3 Colonias, el plazo máximo es de 1 año, y casos de similar o inferior duración los encontramos en los demás FF.RR. (FR apícola, Arroyo Leyes, FR de envases). En la mayoría de los casos, se liga el plazo y la frecuencia de devolución a los términos de la actividad que se apoya, entendiendo que la cancelación de la deuda se produce con el retorno económico de la actividad. BePe, con larga experiencia de trabajo con operatorias de crédito y comunidades rurales, explica que se dificulta la capacidad de devolución de las familias cuando el endeudamiento es en base a montos elevados o bien se amortizan en un período largo, por lo que la institución decidió estimular más la operatoria en base a montos reducidos.

El capítulo especial de la tasa de recupero de gastos ¿Cuál es la tasa adecuada? La mayoría de los FF.RR. manifiestan dificultades en relación con la tasa de recupero de gastos, bien en la comprensión del sentido de la misma por parte de sus usuarios, o bien en la fijación de una tasa adecuada a los gastos de funcionamiento del FR. Éste es un problema, incluso para aquellos FF.RR. más “maduros”, como el caso de la UOCB. Así lo expresa Santiago Ortiz (integrante del FR) cuando afirma: “Es una preocupación eterna que tenemos”. Existen casos de FF.RR. en que, a pesar de que existe tal conciencia, se fija una tasa menor a la adecuada, bien por temor a recargar dicha tasa sobre el usuario de forma excesiva, generando un desincentivo en la solicitud de crédito al FR, o bien por temor a entrar a competir con otra oferta de crédito existente en el mercado (oferta que suele provenir de

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instituciones del Estado que operan a una tasa subsidiada). La tasa actual del FR de la UOCB es del 12% anual (“con esta tasa intentamos salvar el gasto administrativo nomás”, explican), pero afirman que dicha tasa no alcanza para cubrir los gastos del FR (“Cada vez que hacemos reuniones, hacemos números, y vemos que el 12% no alcanza”. “Pero si cobramos más, entramos a competir con otros”, en referencia a otras tasas subsidiadas del 8%, del 9%, la mayoría de origen público). Otro caso similar, a pesar de su corta trayectoria de 1 año, es el del Grupo 3 Colonias que fija un 5% de tasa, para no entrar a competir con la tasa del 6% que rige en otras operatorias de crédito que hay en la zona.

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Funcionamiento del Fondo, proximidad de sus usuarios y sentido de pertenencia. La cobertura, el acceso al crédito y la cartera activa. La mayoría de los Fondos analizados tienen un desempeño activo en el curso de los últimos 5 años, lo que implica que los destinatarios se aproximan, solicitan créditos y éstos son otorgados. En este sentido, la cobertura hacia sus socios, como usuarios más directos, en relación con el total de la cartera, muestra un promedio general de aproximadamente la mitad respecto al total de los créditos otorgados. Esto indica un sentido de proximidad y pertenencia de los usuarios más directos respecto de su FR. Así, los FF.RR. de UOCB, Asociación de Ferias Francas, FR Apícola, FR de Santiago del Estero y FR de Acampa (en el que todos los socios tienen crédito), muestran un porcentaje superior al 50%. En los casos del FR del Grupo de mujeres rurales de Catamarca, y en los FF.RR. la Soledad y las Talitas, este porcentaje es inferior a la mitad. Por último, la cifra menor corresponde al FR de la UPPSAN (menos del 30%), lo que en buena parte se explica por el elevado número de socios, la dispersión territorial de los grupos y comunidades, y la relativa concentración del Fondo en unos pocos usuarios. Respecto a la proximidad del FR respecto de sus socios o usuarios más directos, encontramos cifras elevadas de acceso al crédito que nos indican una cercanía y sentido de pertenencia de los mismos hacia su FR. Así, el FR de la Asociación de Ferias Francas de Corrientes, el FR Apícola, los FF.RR. de la Soledad, FR de las Talitas y el FR de Acampa, muestran un 75% de acceso de los socios al crédito. La UOCB, el FR de Santiago del Estero y el Grupo de Mujeres Rurales

muestran, asimismo, porcentajes elevados de acceso al crédito (entre el 50% y el 75%). Del FR la Hortensia y 3 Colonias no tenemos datos. En lo que se refiere a la cartera activa, las cifras son muy positivas también. Organizaciones como la UPPSAN, UOCB, Asociación de ferias francas o FR apícola, muestran porcentajes del 75% o superiores. Todo ello habla positivamente de la adaptación del FR a las necesidades de financiamiento de sus usuarios, con la existencia apenas de plata inmovilizada u ociosa en el FR. Tan solo mencionar el caso de UPPSAN, en el que se dan etapas en que no se dan uso a los fondos disponibles, dado que no hay solicitudes de crédito en relación con inversiones de alambre o de agua. Todos los FF.RR. de Santiago del Estero y Catamarca acompañados por BePe muestran asimismo cifras positivas (entre el 50% y el 75%) mientras que el FR de Arroyo Leyes muestra un porcentaje inferior al 50%, lo que entra en contradicción con las supuestas necesidades sistemáticas de financiamiento de los feriantes en relación con el aprovisionamiento para la venta. En general, a pesar de la oferta y complementariedad de las distintas fuentes de financiamiento en las zonas, todos los datos mostrados arrojan una lectura positiva de los FF.RR. en relación con sus usuarios, en términos de acceso al crédito, proximidad y adecuación a sus necesidades.

El estado de la mora de los Fondos. La mora en los distintos FF.RR. presenta situaciones variables, según los casos. Sorprendentemente, en uno de los FF.RR. con más trayectoria, como es el caso de la UOCB, la tasa de mora es superior al 40%. Lo mismo sucede con otro de los Fondos con más experiencia, como el de Arroyo Leyes. Esta misma tasa la encontramos en los FF.RR. de La Soledad y Las Talitas, en Santiago del Estero. En el caso del Grupo de Mujeres rurales (Catamarca), se presentan también situaciones de incobrabilidad, y lo mismo sucede con el FR de la Hortensia, en la etapa anterior de funcionamiento a la formación de la nueva Comisión Directiva. Habría que profundizar el análisis en cada caso acerca de las causas posibles (diagnóstico errado o poco

ajustado de los prestatarios, mal correlato entre las necesidades de financiamiento, la capacidad de endeudamiento y el crédito otorgado a los prestatarios, etc.). También pueden incidir negativamente la falta de seguimiento individualizado y sistemático de los prestatarios, así como falencias en general en la administración de la cartera activa y la planificación financiera de los FF.RR. Desde la óptica de los usuarios, podría pensarse en una falta de compromiso y/o apropiación respecto de sus Fondos. Los FF.RR. con tasas más reducidas de mora (inferiores al 20%) son los Fondos de la Asociación de Ferias Francas, el FR Apícola, o los grupos de Santiago del Estero, Mujeres rurales (Catamarca) y Acampa.

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La participación de los usuarios en sus Fondos. Elaboración del reglamento y espacios de participación. En este punto se dan situaciones diversas en los Fondos. En una minoría de casos, tan solo intervienen en la discusión y elaboración de los acuerdos de funcionamiento los miembros de la Comisión que están a cargo de la administración del Fondo. En la mayoría de los casos, ésta participación abarca a la totalidad o a la mayoría de los integrantes de los Fondos, bien directamente o bien a través de algunos mecanismos de representación (sobre todo en aquellos FF.RR. donde el elevado número de miembros y/o dispersión territorial dificultan la comunicación y reunión sistemática). En el primer grupo nos encontramos a los Fondos de la Hortensia, FR de Acampa, Asociación de Ferias Francas o UPPSAN (en éste último, en una primera etapa, se dieron reuniones para su discusión entre los productores de las dos zonas diferenciadas que cubre el Fondo; posteriormente, el reglamento fue objeto de discusión en la reunión de delegados de la organización, y ha sido recientemente actualizado por parte de la nueva Comisión electa). En los demás casos, y a través de diferentes mecanismos, el reglamento es definido y consensuado entre todos o la mayoría de los integrantes (ideado por unos pocos y sometido a plenario, como en el FR de 3 Colonias, o elaborado y discutido varias veces en asamblea y Comisión directiva, caso del FR de la UOCB). BePe destaca, por su parte, que la operatoria crediticia de los Bancos Populares trae consigo su propia política y metodología de crédito, por lo que, en general, no hay apenas margen para la participación de sus usuarios en la elaboración de criterios y acuerdos de funcionamiento. En síntesis, el balance de esta participación es bastante positivo, interviniendo la mayor parte de los integrantes, directa o indirectamente, en la definición de los acuerdos fundamentales de la operatoria de sus Fondos, bien con voz propia o bien dotándose de los mecanismos de representación más apropiados a tal efecto. Acorde con estos datos, la mayoría de los integrantes de los FF.RR. deberían tener conocimiento de los contenidos de sus reglamentos. Considerando 3 espacios de participación en las organizaciones (Comisión del FR, el propio FR con sus usuarios y la organización con la que se vincula), en la mayoría de los FF.RR. tanto la Comisión como el Fondo Rotatorio íntegro están al tanto de los contenidos de sus reglamentos (3 Colonias,

de mayor envergadura, a las dos instancias anteriores, se suma también el conocimiento del reglamento por parte de la organización que dio pie al FR (FR de la UOCB y Acampa).

Asociación de Ferias Francas, los FF.RR. de la Soledad y las Talitas). Hay que destacar que, en las organizaciones

del Fondo, se dan otras instancias más informales de participación, como las ferias, que son valoradas por

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En lo que se refiere a la participación de los usuarios en diferentes instancias en el Fondo, en la mayoría de los casos se da más de 1 espacio de participación. Así, la Hortensia cuenta con el espacio de la Comisión del FR y la asamblea de socios de la organización, al igual que la UPPSAN. Este FR admite la relación estrecha entre el Fondo y la organización (“El FR es de la UPPSAN, la UPPSAN avala todo”). 3 Colonias explica que en su Comisión del FR participan tres integrantes, uno por Colonia, y también hay reuniones del Grupo. Adicionalmente, se da un espacio “informal” de participación, en la feria franca semanal, donde los productores aprovechan para conversar sobre su Fondo. Algo similar sucede con el FR de Arroyo Leyes y su feria local. Por su parte, la Asociación de Ferias Francas acoge el espacio más grande de participación a nivel de organización, con las concurridas reuniones periódicas de los representantes de las ferias integrantes, urbanas y rurales. Tan solo el FR Apícola reconoce que no se dan apenas instancias de participación para los productores en el Fondo, puesto que el FR está en manos de EDUPOSAN, la institución acompañante, relegando a los productores al rol de beneficiarios del sistema de crédito. Dos de las organizaciones más grandes y de mayor trayectoria, como UOCB y Acampa, reconocen varias instancias de participación. En el primer caso, está la organización madre, la Comisión Directiva, la Comisión Directiva ampliada (que incluye a los referentes de paraje), la Comisión de Proyectos (Fondo Rotatorio), y la Asamblea, además de algunos roles con funciones específicas. En el caso de Acampa, cuentan con el espacio de la organización, la Comisión Directiva, la Comisión del FR, comisiones para otras temáticas, y los roles específicos. Como se observa, en general, los espacios de participación en los FF.RR. y sus organizaciones son numerosos y aprovechados por sus usuarios. Observamos que, además de los espacios más “institucionalizados”

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los usuarios (3 Colonias, Arroyo Leyes, Asociación de Ferias Francas de Corrientes). Por otro lado, observamos que en aquellas organizaciones que cuentan con muchos integrantes y notable alcance territorial (UOCB, UPPSAN, Acampa), la participación de los usuarios se instrumentaliza a través de mecanismos de delegación y

representación reconocidos y aceptados por todos. En estos casos, se plantea como tema clave la representatividad de los referentes-participantes que intervienen en los espacios de participación y decisión.

Estado de transparencia de los Fondos Rotatorios en relación con su gestión y administración. Respecto a la “transparencia” de los FF.RR., en relación con la difusión y “blanqueo” de los registros administrativos y financieros hacia los usuarios, la mayoría de los Fondos manifiestan falencias y, en general, se percibe la falta de espacios sistemáticos de reunión donde los responsables administrativos transfieran la información a los usuarios, se ventilen las consultas pertinentes y se tomen decisiones al respecto. Algunos de los FF.RR. manifiestan que no prevén espacios “ad hoc” para este tema, sino que, en determinadas instancias de reunión, el tema de la gestión y administración del Fondo o bien se incluye como parte del temario, o bien surge espontáneamente. Éste es el caso de 3 Colonias o de la Asociación de Ferias Francas, quien aclara que el Presidente de la Comisión y los integrantes de las ferias están al tanto del estado de situación del Fondo. La técnica de INCUPO añade que no se realizan reuniones más sistemáticas sobre el estado de situación del FR porque falta información actualizada y pertinente. En los casos de Arroyo Leyes y el FR Apícola, se expresa que tanto la Comisión como los usuarios están al tanto de la información reflejada en los registros administrativos. La Hortensia, UPPSAN, y los FF.RR. de la Soledad y las Talitas, por su parte, admiten que tan solo la Comisión

está al tanto de esta información. En contraste con estos últimos, tanto UOCB como Acampa prevén instancias sistemáticas de reunión donde se transfiere la información administrativa relativa al FR y hay instancias de control social. En el caso de la UOCB, se reúnen con una frecuencia aproximada de 1 vez por mes. En síntesis, en la mayoría de los casos se echan en falta instancias específicas donde se transfiera y discuta la información administrativa y financiera relativa al FR y pueda haber discusión y reflexión de sus usuarios al respecto. En la mayoría de los casos, existe un conocimiento “informal” por parte de los usuarios de las cifras más generales, pero no instancias específicas de reunión, control y toma de decisiones. Percibimos que, por el momento, los FF.RR. analizados, salvo excepciones, no vislumbran mucho aún la importancia de estos mecanismos. En algunos casos específicos, por la dinámica ágil y operativa del FR, existe una rutinización mayor en el registro y control de los datos administrativos (caso del FR Apícola o del FR de envases), lo que no implica necesariamente que los usuarios conozcan esta información y la utilicen en la toma de decisiones.

Vínculo de los FF.RR. con la organización que le dio pie. Nos parece interesante observar los vínculos de los FF.RR. con las organizaciones que los albergan y que les dieron pie, en relación con tres componentes: la transmisión de información, los mecanismos de control social y el aporte de los FF.RR. a la estrategia de sus organizaciones. Respecto a la transmisión de información entre los Fondos y sus organizaciones, veíamos en el punto

está trabajando en transmitir a la Asamblea de la organización todo lo relacionado a su Fondo, mientras que el FR Apícola afirma que se limita a transmitirle la información a los productores apícolas beneficiarios. UPPSAN y UOCB, por otra parte, transmiten la información de sus Fondos a sus organizaciones con frecuencia sistemática (mensual) a través de sus órganos de gobierno

anterior que, al menos en lo que se refiere a los registros administrativos, la mayoría de los FF.RR. manifiestan falencias. La Hortensia expresa que, en esta nueva etapa,

(Comisión Directiva y Comisión de Delegados), quienes avalan y dan luz verde a los acuerdos y decisiones. En ambos casos, además, existe un aval formal de las

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organizaciones, a través de sus grupos, como requisito previo o “filtro” a las solicitudes de crédito presentadas para su evaluación. En el caso de UPPSAN, este aval es decisivo, ya que implica una aprobación tácita del crédito a priori (“La que decide es la UPPSAN”). En el caso de UOCB, explican que los acuerdos adoptados en el FR han de ser sometidos a discusión y avalados por la Comisión Directiva. En estos casos, los FF.RR. están vinculados estrechamente con las estrategias de sus organizaciones “madre”. Esto último también sucede con el FR de Arroyo Leyes y con el Grupo 3 Colonias. En los FF.RR. acompañados por BePe se expresa que estos mecanismos terminan haciendo un aporte importante a la estrategia de la organización, ya que se constata que

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el manejo administrativo y los aprendizajes asociados al mismo afectan positivamente a otras actividades de la organización (en el caso de ACAMPA, por ejemplo, lo aprendido en cuanto a la administración, permite a los integrantes una buena gestión en el Consorcio de Regantes). Por último, el FR de Envases de Corrientes señala también que en su Fondo se da una suerte de “control social” en su sistema de “estímulos” y “sanciones”, en lo que se refiere al “fiado” en las compras (pago aplazado de un máximo del 50%), y a mecanismos de castigo (cuando se da un precedente de que se hizo pedido y no se retiró o pagó la deuda, ese feriante no tiene opción de volver a ser fiado).

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METODOLOGÍA DE CRÉDITO. El ciclo del crédito. Responsabilidades y distribución de las mismas. En relación al ciclo del crédito, sólo los Fondos Rotatorios con más trayectoria evidencian una secuencia de pasos más completa en su operatoria de crédito, considerando etapas que involucran desde la promoción de la operatoria de crédito entre los usuarios hasta la cobranza de los créditos otorgados. En la mayoría de los casos, pues, los ciclos de crédito son incompletos o evidencian deficiencias en su funcionamiento, lo que entorpece una visión integral del ciclo del crédito y el sentido del mismo para una buena operatoria. Desde Nuevos Surcos consideramos como “completo” aquel ciclo compuesto por los siguientes pasos: Promoción – Solicitud – Evaluación – Otorgamiento – Seguimiento – Cobranza - Devolución. En este sentido, los FF.RR. de Arroyo Leyes, ACAMPA, UOCB y 3 Colonias expresan que, de formas distintas y adaptadas a sus propias lógicas, cuentan con el ciclo completo en sus fondos. ACAMPA expresa que su metodología responde a esa lógica y fue aprobada en Asamblea. UOCB, por su parte, afirma que la etapa de seguimiento ha sido abordada más recientemente de forma más integral y sistemática, considerando no sólo el pago en tiempo y forma sino también el seguimiento de las compras e inversiones, el control del destino del crédito, siendo el seguimiento sistemático muy valorado por los usuarios. 3 Colonias aclara que la solicitud incluye el “aval del padrino” del solicitante y la firma del grupo al que pertenece. De este modo, la nota es entregada bien por el “padrino”, o bien por el solicitante en el espacio de la feria semanal. Posteriormente, en reunión grupal, la nota es evaluada por la comisión (integrada por 3 personas, un referente por Colonia). Hasta ahora sólo se otorgaron 3 créditos y el técnico afirma que en los tres casos se han evaluado los otorgamientos en Asamblea, y no en el espacio de la Comisión. Respecto a los FF.RR. de Santiago del Estero y Catamarca, el ciclo completo del crédito se debe a la modalidad de operatoria predeterminada por el Programa del organismo financiador. Su particularidad reside en que la evaluación de los créditos es realizada por aquellos promotores que no han participado de las etapas previas del ciclo. En los demás FF.RR., se echan en falta algunos pasos del ciclo del crédito, como la promoción, el seguimiento y la cobranza. Este es el caso de la Soledad, Fondo en el que los mismos usuarios participan en la evaluación y la solicitud, hacia sí mismos, en un ámbito de participación familiar y vecinal. En los casos de los FF.RR. de UPPSAN y FR Apícola sólo se

operativiza el crédito en 2 pasos, la solicitud y el otorgamiento. En el primer caso, el aval del grupo es el filtro decisivo para la evaluación positiva del crédito. El rol del tesorero se limita a verificar, antes de dar el otorgamiento, si este aval respalda la solicitud, además del grado de necesidad y urgencia del solicitante. El tesorero tan solo se comunica con la Comisión del Fondo una vez producido el otorgamiento. En lo que respecta a la relación entre las responsabilidades asignadas y las etapas del ciclo del crédito, las situaciones son variables aunque en general podemos decir que en la mayoría de los casos no se tienen en cuenta responsables para algunos pasos del ciclo del crédito. Son menores los casos en que todas las etapas tienen responsabilidades asignadas (FF.RR. de Santiago del Estero y Catamarca, ACAMPA, UOCB y 3 Colonias). En los dos primeros casos, existe una carga de trabajo elevada en los promotores, que detentan responsabilidades en todos los pasos del ciclo del crédito. Caso distinto es el de UOCB, que cuenta con la Comisión de Proyectos, con 6 personas (4 titulares, 2 suplentes, con representatividad en función de los distintos parajes de procedencia), o los agentes de crédito, a cargo del seguimiento integral del prestatario. Arroyo Leyes y la Soledad asignan responsabilidades a la mitad de las etapas del ciclo, con notable influencia de la institución acompañante. Mientras que los FF.RR. de la Hortensia, Ferias Francas de Corrientes y UPPSAN, asignan responsabilidades a menos de la mitad de las etapas del ciclo del crédito. En el caso de la UPPSAN, por ejemplo, a pesar de que el reglamento contempla distintos roles, en la práctica es el tesorero quien se encarga de realizar tareas relativas al seguimiento y a la cobranza, siendo esta figura la que concentra la mayor responsabilidad (evaluación, otorgamiento, seguimiento, cobranza, registros...). En la actualidad, la Comisión tan solo es informada de los créditos una vez otorgados, de modo que cumple funciones de control a posteriori, no de evaluación, así como de transmisión y blanqueo de la situación hacia la Comisión de delegados de la UPPSAN. En relación al grado de distribución de las responsabilidades, en la mayoría de los casos se evidencia una acumulación de tareas y actividades a cargo de pocas personas, y en algunos casos, la institución acompañante asume roles que deberían corresponder al Fondo (FR Apícola, Arroyo Leyes). Por su parte, la Hortensia,

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los FF.RR. de Santiago del Estero y el FR de Envases de Corrientes asignaron a 3 ó 4 personas responsabilidades diferenciadas de sus respectivos Fondos. Sólo en los casos de ACAMPA, UOCB y 3 Colonias, más de 4 personas asumen responsabilidades diferenciadas. En este último caso, 2 productoras (Silvia y Matilde) asumen la administración y la cobranza, mientras que un productor (Gerardo Báez) está a cargo de la cuenta bancaria. Los “padrinos”, por su parte, realizan el seguimiento integral (económico y técnico) a sus respectivos “ahijados”. Por último, mencionamos el caso de UOCB, el FR con mayor madurez en las responsabilidades identificadas y en la distribución de las mismas en roles diferenciados en distintas personas. Este FR explica que la solicitud de crédito originaria fue modificada,

obteniéndose un “estudio de caso” más riguroso en la evaluación del perfil del solicitante y su aptitud para tomar crédito (“Estábamos dando crédito sin saber las realidades de las familias”). En este FR juega un rol muy importante el que trabaja en cada paraje como agente de crédito (antes llamado “representante de paraje”). Este productor, que conoce la realidad de las familias vecinas del paraje, hace sus observaciones al “estudio de caso” (solicitud ampliada con más información para la evaluación en el Comité). Sin embargo, la responsabilidad en la evaluación y el otorgamiento es del Comité de Crédito (integrada por 4 titulares y 2 suplentes). En relación al seguimiento, hay bastantes reuniones periódicas en los distintos parajes (se verifica entre otras cosas “si la persona gastó la plata en lo que pidió”).

Evaluación de la solicitud de crédito. El Comité de crédito. Respecto a las actividades relativas a la evaluación y otorgamiento de los créditos, lo deseable es que exista en el FR una Comisión o Comité de crédito a tal fin, integrado por varias personas representativas a nivel organizacional y/o territorial, que se reúnan de manera sistemática para evaluar las solicitudes y otras cuestiones relativas al funcionamiento del FR. En este sentido, en la práctica real son solamente 3 los casos analizados en los que se da ésta situación. Así, Arroyo Leyes cuenta con un Comité, integrado por más de 3 personas, con funciones diferenciadas y representación territorial local, al igual que ACAMPA y UOCB. En otros casos, estas actividades las realizan varias personas, pero no integradas en un Comité, como es el caso de los FF.RR. de Catamarca y Santiago del Estero o 3 Colonias, Fondos en los que al menos 3 personas se reúnen a evaluar las solicitudes de crédito y los otorgamientos. En los casos de la Soledad, la Asociación de Ferias Francas de Corrientes, el FR Apícola o UPPSAN, tan solo 1 ó 2 personas son las que, en la práctica real, asumen la evaluación y decisión a la hora de otorgar créditos. Como veíamos en el caso de UPPSAN, hay que destacar que el Comité de este FR ha sido objeto de varios cambios y

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modificaciones desde sus orígenes, en parte como consecuencia de su no funcionamiento y las deficiencias en la participación de sus integrantes. La última conformación corresponde a julio de 2011, con la definición de un Comité integrado por 10 productores con diferentes roles (coordinador, secretaria, prosecretario, 3 tesoreros, 2 revisores de cuentas, 2 revisores de obras). Si consideramos el grado de “institucionalidad” o formalidad de estas instancias de evaluación como Comité, en términos de frecuencia y sistematicidad de reuniones y registros (actas e informes), en general la mayoría de los Fondos también manifiestan deficiencias. Sólo los casos de Arroyo Leyes, ACAMPA y UOCB manifiestan “formalidad” en este sentido. En los casos restantes, no hay ningún elemento que dé formalidad y regularidad al Comité (La Soledad, FR Apícola, 3 Colonias, UPPSAN), aunque hay algún caso en que se elaboran actas e informes, por exigencia del organismo y programa financiador (caso de la CONAMI y los bancos populares, en los FF.RR. de Santiago y Catamarca).

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ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATORIO. La administración del Fondo como un sistema. Si consideramos la administración del Fondo Rotatorio como un sistema organizado de pasos (recibir información documentada, organizarla, registrarla, interpretarla, tomar decisiones y planificar), son sólo algunos los Fondos que conciben la Administración de su Fondo como tal. Se trata de los Fondos de Arroyo Leyes, ACAMPA, Fondo Apícola, UOCB y FR de envases de Corrientes. ACAMPA aclara que cada área de su Asociación tiene su rendición mensual, su balance anual (con apoyo de BePe), y lleva a cabo la toma de decisiones (como la modificación de la tasa de recupero de gastos). En el caso del FR de envases, la información se registra en una planilla principal, que supervisa la encargada del Fondo, Mercedes Soto, y con esta información, ella dispone de la información sobre los fondos disponibles para efectuar las compras. Además, se gestiona un programa informático de control de stocks y ventas, con una importante supervisión de la técnica de la institución acompañante. UOCB también implementó un software global de gestión de su Fondo Rotatorio, lo que les permite una más adecuada gestión, organización y lectura de los datos de su Fondo. En este Fondo los grupos de apicultores y artesanas necesitan disponer de crédito de forma estacional en el año para aprovisionarse para la venta. Esto llevó al FR a tomar conciencia de destinar fondos específicos para estos dos grupos, disponibles

en determinados momentos del año (el fondo prioriza éstas actividades en el otorgamiento del crédito). Por su parte, los Fondos de 3 Colonias y los Bancos Populares de Santiago del Estero y Catamarca reciben información documentada, la registran y la organizan u ordenan, pero no van más allá. En el caso de los Bancos Populares, el técnico de la institución acompañante aclara que todo esto se hace por exigencias de la CONAMI, pero “en ningún caso hay planificación financiera”, aunque sí se toma en cuenta la lectura de la información para realizar los otorgamientos. Por último, en los casos de la Soledad, las Talitas y la UPPSAN, no hay organización, interpretación ni toma de decisiones, tan solo se recibe la información documentada y esta información es registrada. Como se observa, se evidencia que la generalidad de los Fondos, a excepción de aquellos con más trayectoria o más apoyados en este tema por la institución acompañante, no son conscientes de la importancia de un buen sistema administrativo que respalde la gestión del Fondo, sino que en buena parte se limitan a recabar los registros, ordenarlos, y en el mejor de los casos, obtener algunas conclusiones útiles de su lectura.

La responsabilidad en la Administración del Fondo. Como sucede con la Administración del Fondo, en pocos de los casos analizados existe un responsable a cargo con ese rol específico. En la mayoría de los Fondos la administración del mismo se implementa a través de varias

su parte, distribuye la administración en 3 personas. En los casos del FR apícola y FR de Arroyo Leyes, hay una persona que realiza algunas tareas administrativas, pero esto no implica que esta persona asuma por entero la ad-

tareas o actividades a cargo de una o varias personas. Así, sólo en los FF.RR. de los Bancos Populares de Santiago del Estero y Catamarca, ACAMPA, UOCB, 3 Colonias y Asociación de Ferias Francas hay un responsable específico de la administración del Fondo. En el caso de UOCB, este rol es retribuido y desempeñado por una persona ajena al Fondo, y se diferencia del rol de tesorera, a cargo de una productora de la organización. En lo que se refiere al FR de envases de Corrientes, la “encargada del Fondo”, entre sus muchas responsabilidades, también se ocupa de la Administración, trabajo por el que percibe una retribución simbólica, contando además con el apoyo constante de la técnica acompañante de INCUPO. 3 Colonias, por

ministración del Fondo. Por último, en los FF.RR. de la Soledad, las Talitas, la Hortensia y UPPSAN, se llevan a cabo ciertas tareas administrativas, pero éstas no son asumidas por 1 persona o varias personas con roles específicos. En el caso de UPPSAN son los tesoreros principalmente los que están a cargo de la mayoría de las tareas administrativas relacionadas con la gestión del Fondo (recibir los documentos, realizar los registros, realizar los desembolsos, recibir las cobranzas, llevar las planillas, etc.). Algo similar sucede con la Soledad y las Talitas, Fondos en los que hay una persona “histórica” con rol de tesorero sobre quien descansa la mayoría de las actividades administrativas.

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Documentación manejada por los Fondos Rotatorios. Nuestra experiencia en el manejo de una operatoria de crédito nos dicta que hay una serie de documentos esenciales que deben ser manejados en un Fondo Rotatorio para un correcto funcionamiento, a saber: la solicitud de crédito, el estudio del caso, el acta del Comité de crédito, el contrato, el acuerdo de pago, la garantía o aval, el recibo de desembolso, y los recibos de las sucesivas cuotas. En la mayoría de los casos, los FF.RR. sólo tienen en cuenta algunos de estos documentos en su gestión diaria. Tan sólo tres de los Fondos de mayor trayectoria, contemplan todos los documentos citados. Es el caso de Arroyo Leyes, ACAMPA y UOCB. En el caso de ACAMPA, explican que en la solicitud de crédito se acompaña un breve diagnóstico del solicitante, el contrato tiene la forma de mutuo y la garantía aportada es una garantía solidaria. UOCB explica que su acuerdo de pago funciona como un contrato a todos los efectos, ya que contiene toda la información necesaria. En un grupo numeroso de Fondos, se dan al menos 3 de los documentos siguientes: solicitud, contrato, recibo de cuotas y recibo de desembolsos. Son los casos de los FF.RR. de Santiago del Estero y Catamarca, FR de Envases de Corrientes, 3 Colonias y UPPSAN. En el caso de los primeros, el “estudio de caso” está predeterminado por la exigencia del organismo financiador, y se define en el momento de la solicitud. Adicionalmente, se realizan discusiones acerca de los criterios acordados para los otorgamientos, puesto que la mayoría de los usuarios se conocen entre sí debido a relaciones

familiares o de vecindad. Admiten como falencia no dejar constancia de estas discusiones en un acta de comité de crédito. En lo que respecta al FR de envases de Corrientes, se manejan varios documentos que sirven de soporte al “ciclo de crédito” adaptado a la compraventa de frascos que realiza el Fondo: planilla de frascos (tipos, características, ventas que se producen, etc.), recibos (cuando se entregan los envases), control sobre las ventas, factura de compra de frascos (único documento que es respaldo de las existencias, ya que no se hace inventario) y dos libros diarios. El feriante que retira sus envases y realiza el pago, firma el recibo y la planilla que tiene a cargo la responsable, para un doble control. La técnica acompañante sugiere, a modo de alternativa, otro sistema basado en una documentación respaldatoria consistente en un documento distinto por cada tipo de frasco. La mayor falencia es la ausencia de un registro actualizado del inventario (sólo se guardan las facturas de compra), así como la necesidad de una mayor actualización y sistematicidad. El FR de 3 Colonias explica, por su parte, que la solicitud va acompañada de la nota firmada por el grupo con el aval del “padrino”. Además, los recibos son entregados desde el inicio, con el desembolso de la primera cuota y en las cuotas sucesivas, por duplicado (una copia queda en manos de Silvia Ortiz, una de las administradoras). Por último, los FF.RR. de la Soledad, las Talitas y FR apícola admiten que sólo manejan los documentos relativos a la solicitud y al contrato o acuerdo de pago. En el primer caso, el acuerdo de pago está incluido en la solicitud, y el aval lo pone la comunidad.

Documentación administrativa respaldatoria del Fondo. Desde nuestra experiencia en Nuevos Surcos, consideramos una serie de planillas como esenciales y respaldatorias de todo el sistema administrativo de una operatoria de crédito, a saber: planilla de otorgamiento de créditos (con los datos de fecha, destinatarios, monto y plazos), planilla de cobranza de cuotas (capital e interés), planilla de gastos de funcionamiento, planilla de ingresos y egresos generales (otorgamiento de créditos, cobranza de cuotas y gastos de funcionamiento). De nuevo la mayoría de los FF.RR. manifiestan falencias en este aspecto. Tan solo los de ACAMPA y UOCB,

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los de mayor envergadura, complejidad y trayectoria, cuentan con todos los registros administrativos citados. En el caso de ACAMPA se cuenta con un sistema de caja que contempla todos los ingresos y egresos. UOCB, por su parte, aclara que su software le permite contar con toda esta información de forma diferenciada y actualizada. En algunos de los FF.RR. con cierta trayectoria y manejo cotidiano de fondos, los usuarios al menos previeron las planillas relativas al otorgamiento de los créditos, la cobranza de las cuotas y los gastos de funcionamiento. Son los casos de Arroyo Leyes, el FR de Envases de Corrientes y la UPPSAN. En el caso

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del FR de Corrientes, la técnica explica que se gestiona un libro diario, un libro de bancos, un libro de stocks (con deficiencias en la actualización de los datos), con supervisión constante de la institución acompañante. La técnica acompañante del FR de UPPSAN, por su parte, explica que es reciente la preocupación por poner orden y prolijidad a sus registros administrativos. Añade que recientemente comenzaron a realizar el “balance” del Fondo Rotatorio, información ordenada que en realidad sintetiza en varias planillas, en forma agregada y detallada, el estado de situación del Fondo. Recién en mayo del 2011 comenzaron los registros administrativos de forma ordenada y sistemática, al igual que el control y transmisión de información periódica del FR de UPPSAN a los delegados de la organización. La técnica

explica la dificultad de los productores y los tesoreros en ir llenando las planillas correspondientes, debido a la falta de sistematicidad y de hábito en el lenguaje financiero y administrativo. En los casos restantes, los FF.RR. se limitan a llevar un registro de los otorgamientos de los créditos y de la cobranza de las cuotas, como sucede con el FR de la Soledad, las Talitas, los FF.RR. de Santiago del Estero y Catamarca (por exigencias de la institución financiadora) y el FR apícola. En el caso de 3 Colonias, no hay planillas diferenciadas que reflejen los registros. El técnico acompañante explica que “Silvia lo lleva todo anotado en un cuaderno”, donde anota diferentes tipos de información por sectores, además del archivo de facturas o recibos.

Fondos destinados al crédito y gastos de funcionamiento del Fondo. Lo deseable es que los Fondos realicen una diferenciación de los fondos destinados a crédito y los fondos que cubren los gastos de funcionamiento. En este sentido, son pocos los Fondos que tomaron conciencia de esta importancia y llevan a cabo esta práctica de diferenciación. Así, los Fondos de Arroyo Leyes, FF.RR. de Santiago del Estero y Catamarca, FR Apícola y FR 3 Colonias sólo registran los movimientos relativos al fondeo del crédito. Los Fondos de la Soledad y las Talitas ni siquiera presentan registros confiables de este fondeo. En general, BePe

afirma que todos los FF.RR. que acompaña la institución llevan a cabo un control de sus fondos, identificando conceptos distintos, aunque no reflejan dicho control en registros diferenciados. Sólo ACAMPA presenta ambos registros de forma diferenciada. Por último, tan sólo los FF.RR. de UOCB, Ferias Francas de Corrientes y UPPSAN (de forma más reciente) presentan registros diferenciados en cuanto al fondeo del crédito y a los gastos de funcionamiento del Fondo.

Diferenciación de registros por origen y destino de los Fondos. Algo similar sucede en lo que respecta al registro diferenciado por origen y destino de los Fondos. Así nos encontramos con que son pocos los casos en que los Fondos han previsto esta diferenciación en sus administraciones. Sólo los Fondos de ACAMPA, UOCB, Ferias Francas y UPPSAN llevan a cabo esta diferenciación. ACAMPA explica que su sistema contable se basa en una contabilidad de caja (entradas y salidas), sistema en el que no distinguen expresamente procedencia y destino de los fondos. Sin embargo, a posteriori realizan reportes e informes sobre el FR, y es en esa instancia en la que identifican origen y destino de los fondos. Aclaran que, además, “después el balance tiene que cerrar”. Por otra parte, la dinámica ágil y cotidiana del FR de envases, junto con el apoyo y supervisión de una

contadora de la institución acompañante, lleva a la identificación de forma clara entre el origen y el destino de los fondos. En el caso de UPPSAN, esta diferenciación es más reciente y forma parte de la aspiración del Fondo y de la institución acompañante de ordenar y clarificar la administración. UOCB, por su parte, presenta también registros diferenciados por origen y destino, gracias al empleo de su software. Además, con la situación actual de la personería jurídica, afirma que tendrá que poner más atención al cumplimiento de estas exigencias. En lo que respecta al FR de Arroyo Leyes, los técnicos de la institución acompañante, Acción Educativa, sólo presentan registros diferenciados atinentes al destino de los fondos (nos mostraron y entregaron planillas de registro, reglamento y su planificación anual). Lo mismo sucede

Impulso Argentino · 29

PUBLICACION ESPECIAL/“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”

con los FF.RR. de Santiago del Estero y Catamarca. Por contraste, los Fondos de 3 Colonias, FR Apícola,

La Soledad y las Talitas, no presentan estos registros diferenciados.

La gestión de los Fondos a través de cuenta bancaria. Por último, son sólo algunos los Fondos que hacen uso de cuenta bancaria específica para la gestión de los movimientos de sus Fondos, como es el caso de ACAMPA y FR de Envases de Corrientes (en ambos casos hacen uso de cuenta específica como parte del sistema de control y gestión). En lo que respecta a la UOCB, 3 Colonias, FF.RR. de Catamarca y Santiago del Estero y FR Apícola, se da el uso de cuenta compartida de la organización, con diferenciación del Fondo en algún caso y en la mayoría, sin diferenciación. Por ejemplo, en el caso del Grupo 3 Colonias, poseen “caja grupal”, pero no exclusiva del Fondo, sino que registra ingresos y egresos, como los ingresos por venta de frutas al Mercado central de Buenos Aires por parte de alguno de los integrantes del grupo. En contraste, en los casos de Arroyo Leyes, UPPSAN, La Soledad y Las Talitas, no se hace uso de cuenta bancaria. Para terminar, podemos concluir que, a nuestro parecer y en función de lo analizado en este trabajo, creemos que los Fondos Rotatorios poseen un gran potencial como herramienta, desde varias ópticas. En lo económico, dotan de cierta autonomía a las organizaciones, permitiéndoles direccionar algunos fondos hacia el apoyo de actividades que aquellas consideren necesarias o estratégicas en la zona. Al mismo tiempo, el ejercicio de una operatoria de crédito permite adquirir y reforzar en los usuarios capacidades de administración, contabilidad y planificación financiera, muy útiles en el camino gradual de una mayor independencia de las organizaciones, tanto en términos de su propia lógica de funcionamiento como de la gestión de fondos propios con terceros. Por otro lado, desde una perspectiva social e

30 · Impulso Argentino

incluso política, los FF.RR. propician una dinámica muy interesante de participación colectiva, asunción de responsabilidades, compromisos y toma de decisiones, aspectos que son clave para el fortalecimiento y cohesión de los grupos y organizaciones que los gestionan y su desenvolvimiento. En este sentido, desde Nuevos Surcos concebimos los FF.RR. no sólo como una herramienta económica, sino también como un espacio comunitario y democrático de participación solidaria y aprendizaje. En consecuencia, nos parece clave seguir estimulando el aprendizaje y la conciencia de todos estos temas en los FF.RR. y sus organizaciones, sobre todo en aquellos FF.RR. que son incipientes o de corta trayectoria. Por último creemos que el buen desempeño y sostenibilidad de los FF.RR. están muy ligados al control social por parte de sus usuarios, en una clara conciencia de que el Fondo Rotatorio es una herramienta que pertenece a todos y que, por tanto, involucra a todos (no sólo a sus gestores), en sus mecanismos de participación y decisión. En este sentido, para que un control social genuino sea posible, han de darse mecanismos de participación que vayan generando en los usuarios compromiso, sentido de pertenencia y apropiación hacia su Fondo. Nos remitimos al Anexo II de este trabajo, que complementa este análisis con algunas conclusiones y aprendizajes útiles en varios aspectos, para seguir trabajando.

“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”/ PUBLICACION ESPECIAL

ANEXOS

V. ANEXO 1 - METODOLOGÍA UTILIZADA, MODELO DE INDICADORES RESULTANTE Y ALGUNOS RESULTADOS EN FORMA DE GRAFICOS Y TABLAS.

El modelo de indicadores de desempeño está pensado para ser aplicado a los FF.RR. a modo de entrevista de preguntas y respuestas con sus equipos técnicos acompañantes. Es importante destacar que las preguntas planteadas son claras y concisas, con respuestas cerradas. Sin embargo, en la realización de las entrevistas, tuvimos muy en cuenta los comentarios, acotaciones y ampliaciones de información que los entrevistados fueron aportando en relación con los respectivos Fondos, a fin de matizar, “cualificar” y enriquecer más los resultados obtenidos de la aplicación de dichos diagnósticos. En el modelo en forma de tabla, las FILAS de la tabla expresan cada uno de los distintos indicadores, clasificados por componente (política, metodología y administración). Las COLUMNAS de la tabla expresan el grado de avance o cumplimiento de dicho indicador (inicial, medio o avanzado). A cada indicador le fue asignada una ponderación, en función del grado de importancia que, desde la institución, le damos a cada uno de los indicadores para un adecuado desempeño del Fondo (1- Poco importante; 2- Importancia media; 3- Muy importante). A cada COLUMNA le fue asignada, asimismo, un puntaje, en función del grado de cumplimiento del indicador (1- Inicial; 2- Medio o En progreso; 3- Avanzado). Cada una de las celdas expresa una posible respuesta y en función de la misma, se obtiene un puntaje, que es resultado de la multiplicación del puntaje de la COLUMNA (1- Inicial; 2-Medio; 3- Avanzado) por la ponderación del indicador (1- Poco importante; 2- Importancia media; 3- Muy importante). El resultado o “diagnóstico final” del FR se obtiene de la suma del puntaje de todas las celdas del modelo (aplicación de todas las preguntas de los 3 componentes): INICIAL, MEDIO o AVANZADO.

1 en todos los indicadores) da como resultado un puntaje total de 57 puntos; un FR “medio”, un puntaje de 114; y un FR “avanzado”, un puntaje de 171 puntos. En esta simulación no se incluyen los casos en que se puntúa cero (puntaje que corresponde a los casos en que no hay información sobre el indicador o el indicador no se da en ninguna de sus formas, ni inicial, ni medio, ni avanzado). 57 INICIAL

114 INTERMEDIO

171 AVANZADO

De acuerdo con la recta de arriba, dividida en tramos, podríamos considerar algunos subtramos: De 0 a 57 - INICIAL. Se trata de un FR “inicial”. Entre 58 y 114 - Si en este tramo, el puntaje del FR se sitúa más cerca de 58 que de 114, se diagnostica como MEDIO. Sin embargo, se tienen en cuenta bastantes indicadores de los FF.RR. “iniciales” para trabajarlos y reforzar su posición “media”. Si se sitúa más próximo a 114, hay que consolidarlo como FR “medio” e ir pensando en trabajar componentes de FF.RR. “avanzado”. Entre 115 y 171 - Si en este tramo, el FR se sitúa más cerca de 115 que de 171, aun hay que consolidar al FR, que está más cerca de “medio” que de “avanzado”. Si el puntaje lo sitúa más próximo a 171, entonces hay que seguir profundizando su posición “avanzada” para su sustentabilidad.

De acuerdo con este modelo, un FR “Inicial” (que puntúe

Impulso Argentino · 31

PUBLICACION ESPECIAL/“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”

El modelo completo de indicadores de desempeño se incluye a continuación.

POLÍTICA DE CRÉDITO DE FONDO ROTATORIO Indicadores

INICIAL (1)

MEDIO (2)

AVANZADO (3)

PONDERACIÓN

Un Reglamento definido por escrito con los 3 componentes: • Política • Metodología • Administración

No tiene reglamento escrito o al menos tiene por escrito aspectos de 1 componente.

Tiene al menos por escrito aspectos de 2 componentes, o tiene aspectos de los 3 componentes, pero no se aplica.

Tiene definido los 3 componentes escritos de acuerdo a su metodología.

Grado de adecuación según necesidades de los destinatarios del crédito: Montos acordes con el tipo de actividades productivas. Plazos acorde con el tipo de actividades productivas. Frecuencia acorde con el tipo de actividades productivas.

Al menos 1 de las necesidades.

Al menos 2 de las necesidades.

Las 3 necesidades.

Número de Componentes del Crédito: Destinatarios del crédito. Actividades que se apoyan. Montos del crédito.

Menos de la mitad de los componentes del crédito.

Al menos la mitad de los componentes del crédito.

Más de la mitad de los componentes del crédito.

Cobertura del Fondo Rotatorio (FR) en los últimos 5 años: -% de personas que accedieron al crédito respecto al total de socios. -% de créditos activos respecto a la cantidad total de socios.

Menos del 30%.

Entre el 31% y el 50%.

50% o más.

% de cartera activa sobre el Total Fondo.

Menos del 50%.

Entre el 50% y el 75%.

75% o más.

Sentido de pertenencia hacia el Fondo: -% Estado de mora.

Más del 40% de mora.

Entre el 20% y el 40%.

Menos del 20%.

Sentido de pertenencia hacia el Fondo: -% de socios que accedieron al crédito en los últimos 5 años.

Menos del 50%.

Entre el 50% el 75%.

El 75% o más.

Grado de apropiación Pocos socios del FR: participan. -% de participación de Menos del 50%. socios en la Argentino 32 · Impulso elaboración del reglamento.

Al menos la mitad de los socios participan. El 50%.

Mayoría de los socios. Más del 50%.

Presenta al menos 2 espacios de participación.

Mayoría de los socios. Más del 50%. Presenta participación

N° de espacios reales de participación: - Organización

Presenta 1 espacio de participación.

accedieron al crédito respecto al total de socios. -% de créditos activos respecto a la cantidad total de socios. % de cartera activa sobre el Total Fondo.

Menos del 50%.

Entre el 50% y el 75%.

75% o más.

“Estrategias Financiamiento Integrales”/ ESPECIAL Sentido de pertenenMás del de 40% de mora. EntreInclusivas el 20% y ele40%. MenosPUBLICACION del 20%. 3 cia hacia el Fondo: -% Estado de mora. Sentido de pertenencia hacia el Fondo: -% de socios que accedieron al crédito en los últimos 5 años.

Menos del 50%.

Entre el 50% el 75%.

El 75% o más.

Grado de apropiación del FR: -% de participación de socios en la elaboración del reglamento.

Pocos socios participan. Menos del 50%.

Al menos la mitad de los socios participan. El 50%.

Mayoría de los socios. Más del 50%.

N° de espacios reales de participación: - Organización “madre”. - Comisión del FR (roles de evaluación y otorgamiento de crédito). - FR (todos los que tienen un rol como: referente, tesorero, promotor, etc.). - Otros espacios.

Presenta 1 espacio de participación.

Presenta al menos 2 espacios de participación.

Mayoría de los socios. Más del 50%. Presenta participación en 3 o más espacios.

Estado de transparencia del Fondo Rotatorio (FR): Número de espacios que tiene conocimiento del reglamento: - Comisión del FR. - FR íntegro. - Organización “madre”. - Otros espacios.

1 espacio conoce el Reglamento.

2 espacios conocen el Reglamento.

3 o más espacios conocen el Reglamento.

Estado de transparencia del Fondo Rotatorio (FR): Número de espacios que tienen conocimiento de la información que reportan los registros administrativos del FR (Comisión del FR; FR íntegro; Organización madre; Otros espacios).

1 espacio conoce la información.

2 espacios conocen la información.

3 o más espacios conocen la información.

Número de Vínculos del FR con la Organización Madre: -Transmisión de la información. -Mecanismos de control social. -Aporte del FR a la estrategia de la organización.

No presenta ninguno de los vínculos o sólo presenta la Transmisión de información.

Presenta dos de los vínculos: -Transmisión de información. -Mecanismos de Control social.

Presenta los 3 vínculos: -Transmisión de información. -Mecanismos de control social. - Aporte del FR a la estrategia de la organización.

Tipo de Estrategia de fondeo: -Donaciones Gestionadas por Instituciones Acompañantes. -Fondos gestionados por la propia Organización. -Fondos propios.

Se inicia basado en: -Donaciones gestionadas por Instituciones Acompañantes.

Estrategia basada en fondeo de: -Instituciones Acompañantes. -Fondos gestionados por la propia Organización.

Estrategia basada en 2 fondeo de: -Instituciones Acompañantes. Impulso Argentino · 33 -Fondos gestionados por la propia Organización. -Fondos propios.

conocimiento de la información que reportan los registros administrativos del FR (Comisión del FR; FR íntegro; Organización madre; Otros espacios). Número de Vínculos No presenta ninguno Presenta dos de los PUBLICACION de Financiamiento Inclusivas del FR con la ESPECIAL/“Estrategias de los vínculos o sólo vínculos: Organización Madre: presenta -Transmisión de -Transmisión de la la Transmisión de información. información. información. -Mecanismos de -Mecanismos de Control social. control social. -Aporte del FR a la estrategia de la organización. Tipo de Estrategia de fondeo: -Donaciones Gestionadas por Instituciones Acompañantes. -Fondos gestionados por la propia Organización. -Fondos propios.

Se inicia basado en: -Donaciones gestionadas por Instituciones Acompañantes.

Estrategia basada en fondeo de: -Instituciones Acompañantes. -Fondos gestionados por la propia Organización.

Presenta los 3 evínculos: Integrales” -Transmisión de información. -Mecanismos de control social. - Aporte del FR a la estrategia de la organización.

Estrategia basada en fondeo de: -Instituciones Acompañantes. -Fondos gestionados por la propia Organización. -Fondos propios.

METODOLOGÍA DE CRÉDITO DE UN FONDO ROTATORIO Indicadores

INICIAL (1)

MEDIO (2)

AVANZADO (3)

PONDERACIÓN

N° de etapas del Ciclo del Crédito: • Promoción. • Solicitud. • Evaluación. • Otorgamiento. • Seguimiento ( de cobranza; integral) Cobranza/Devolución

2 Etapas del ciclo del crédito: • Solicitud. • Otorgamiento.

Al menos las siguientes Etapas del Crédito o más Etapas: • Solicitud. • Evaluación. • Otorgamiento.

Ciclo completo del crédito de acuerdo a su metodología: • Promoción. • Solicitud. • Evaluación. • Otorgamiento. • Seguimiento ( de cobranza; integral) Cobranza/Devolución.

Cantidad de Responsabilidades asignadas a todas las Etapas del Ciclo del crédito.

Menos de la mitad de responsabilidades asignadas.

Al menos la mitad o más de la mitad de responsabilidades asignadas.

Todas las etapas del ciclo con responsabilidades asignadas.

Distribución de la responsabilidad. • N° personas con responsabilidades diferenciadas.

Al menos 2 personas asumen responsabilidades diferenciadas.

De 2 a 4 personas asumen responsabilidades diferenciadas.

Más de 4 personas asumen responsabilidades diferenciadas.

N° de personas que evalúan las solicitudes de crédito.

1 ó 2 personas evalúan la solicitud.

1 Comité de crédito integrado por al menos 3 personas.

1 Comité de crédito con funciones diferenciadas y representación organizacional/territori al con más de 3 personas.

Formalidad del Comité. Tipo y cantidad de elementos: • Frecuencia definida de reuniones. • Actas del comité de crédito. • Elaboración de informes.

Ninguno de los 3 elementos.

Al menos 1 de los elementos.

Los 3 elementos.

34 · Impulso Argentino

“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”/ PUBLICACION ESPECIAL

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ROTATORIOS Indicadores

INICIAL (1)

MEDIO (2)

AVANZADO (3)

PONDERACIÓN

Cantidad de pasos del Sistema de Administración de FR: -Se recibe información documentada. -Se organiza y/u ordena. -Se registra la información. -Transformación/ Interpretación de la información. -Toma de decisión. -Planificación.

Presenta 2 pasos del sistema administrativo: -Se recibe información documentada. -Se registra la información.

Presenta 3 pasos del sistema administrativo: -Se recibe información documentada. -Se registra la información. -Se organiza y/u ordena.

Presenta todos los pasos del sistema administrativo: -Se recibe información documentada. -Se organiza y ordena. -Se registra la información. -Transformación/Interpr etación de la información. -Toma de decisión. -Planificación.

Responsabilidades asignadas a las tareas del sistema administrativo.

Se hacen algunas tareas administrativas pero no hay responsable a cargo.

Hay 1 persona que realiza algunas tareas administrativas.

Hay responsable/s administrativos con roles y funciones específicas.

Documentación del FR: -Solicitud. -Diagnóstico/Estudio de caso. -Acta de comité de crédito. -Contrato y Acuerdo de pago. -Garantía/Aval. -Recibo de desembolso. -Recibo de cuotas.

Al menos los siguientes documentos: -Solicitud. -Contrato y/o Acuerdo de pago.

Al menos 3 de los siguientes documentos: -Solicitud. - Contrato/ Acuerdo de pago. -Recibo de cuotas. -Recibo de desembolso.

Todos los documentos: -Solicitud. -Diagnóstico / Estudio de caso. -Acta de comité de crédito. -Contrato y Acuerdo de pago. -Garantía/Aval. -Recibo de desembolso. -Recibo de cuotas.

Tipo y cantidad de Registros Administrativos del FR: - Planilla de Otorgamiento de créditos (Fecha, Destinatarios; Monto y Plazos). -Planilla de Cobranza de cuotas ( capital e interés). -Planilla Gastos de funcionamiento. -Planilla de ingresos y egresos Generales (Otorgamiento de créditos; Cobranza de cuotas; Gastos de funcionamiento).

Al menos los Siguientes Registros Administrativos: -Planilla de Otorgamiento de créditos (Fecha, Destinatarios; Monto y plazos). -Planilla de Cobranza de cuotas.

Los siguientes Registros Administrativos: -Planilla de Otorgamiento de créditos (Fecha, Destinatarios; Monto y plazos). -Planilla de Cobranza de cuotas. -Planilla Gastos de funcionamiento.

Registros Administrativos: -Planilla de ingresos y egresos Generales (Otorgamiento de créditos; Cobranza de cuotas; Gastos de funcionamiento).

Registros diferenciados referente al fondo destinados al crédito: -Fondo destinados al Crédito. -Gastos de funcionamiento del Fondo.

No presenta ningún registro.

Presenta 1 registro: -Fondo destinado al crédito.

Presenta los 2 registros.

Existencia de Cuenta Bancaria específica para uso del FR.

No usa Cuenta Bancaria.

Impulso Argentino · 35

Cuenta Bancaria compartida junto con otros fines sin diferenciación.

Cuenta Bancaria específica como parte del sistema de control y gestión.

Tipo y cantidad de Al menos los Los siguientes Registros AdministratiRegistros AdministratiSiguientes Registros Registros Administrativos: vos del FR: Administrativos: vos: -Planilla de ingresos y - Planilla de Otorga-Planilla de Otorga-Planilla de Otorgaegresos Generales miento de créditos miento de créditos miento de créditos (Otorgamiento de (Fecha, Destinatarios; (Fecha, Destinatarios; (Fecha, Destinatarios; créditos; Cobranza de Monto y Plazos). Monto y plazos). Monto y plazos). cuotas; Gastos de -Planilla de Cobranza -Planilla de Cobranza -Planilla de Cobranza funcionamiento). de cuotas de cuotas. de cuotas. ( capital e interés).ESPECIAL/“Estrategias de Financiamiento -Planilla GastosInclusivas de PUBLICACION e Integrales” -Planilla Gastos de funcionamiento. funcionamiento. -Planilla de ingresos y egresos Generales (Otorgamiento de créditos; Cobranza de cuotas; Gastos de funcionamiento).

Registros diferenciados referente al fondo destinados al crédito: -Fondo destinados al Crédito. -Gastos de funcionamiento del Fondo.

No presenta ningún registro.

Presenta 1 registro: -Fondo destinado al crédito.

Presenta los 2 registros.

Existencia de Cuenta Bancaria específica para uso del FR.

No usa Cuenta Bancaria.

Cuenta Bancaria compartida junto con otros fines sin diferenciación.

Cuenta Bancaria específica como parte del sistema de control y gestión.

N° de Registros Diferenciados por origen y destino de los fondos.

No presenta ningún registro diferenciado.

Presenta 1 de los 2 registros diferenciados.

Presenta ambos registros diferenciados.

Los diagnósticos fueron realizados acordando un encuentro o cita previa por parte del equipo de capacitación de Nuevos Surcos con los equipos técnicos respectivos de los distintos Fondos (a excepción del FR de la UOCB, cuyo diagnóstico se realizó no con Fundapaz, sino con la Comisión de Proyectos).

En todos los casos la metodología consistió en una entrevista personal o grupal de entre 1,5 y 2,5 horas de duración, de forma presencial (a excepción de BePe, con quien se mantuvo una entrevista vía skype). Las entrevistas fueron realizadas por distintos miembros del equipo de capacitación.

Los detalles se describen en la siguiente tabla:

FONDO ROTATORIO

FECHA

MIEMBROS DEL EQUIPO FNS

INSTITUCIÓN ACOMPAÑANTE

MIEMBRO INSTITUCIÓN ACOMPAÑANTE

Eliana Gallard, Mariana Cian, Eliana Ibarra. Yanina Alcaide, Federico Pereira. Miriam Tucci, Facundo Olivera. Verónica Maidana. Fernando Aníbal Fleitas. Juan José Sánchez.

Ciríaco Paz. Santiago Ortiz, 2 miembros de la Comisión y Administradora.

36 · Impulso Argentino

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”/ PUBLICACION ESPECIAL

En las tablas y gráficos siguientes se sintetizan los resultados principales de los diagnósticos aplicados.

POLÍTICA DE CRÉDITO FONDO ROTATORIO

INSTITUCIÓN QUE ACOMPAÑA

PUNTAJE DE SU POLÍTICA

La Hortensia

INCUPO

Arroyo Leyes

A. EDUCATIVA

FR Apícola

EDUPOSAN

3 Colonias

INCUPO

UPPSAN

INCUPO

La Soledad y las Talitas

BEPE

BP Guasayán, San Ramón San Luis, Guampacha, BP Acos, Mujeres Rurales

BEPE

Asoc. F. Francas

INCUPO

UOCB

FUNDAPAZ

ACAMPA

BEPE

Grado de “madurez” de la Política de crédito de los FF.RR. (de menor a mayor, según indicadores)

100 91

90 80

60 50

40 30 21

20 10 0

INCUPO La Hortensia

A. EDUCATIVA Arroyo Leyes

EDUPOSAN FR Apícola

INCUPO 3 Colonias

INCUPO UPPSAN

BEPE BEPE INCUPO La Soledad y las BP Guasayán, Asoc. F. Francas Talitas San Ramón San Luis, Guampacha, BP Acos, Mujeres Rurales

FUNDAPAZ UOCB

BEPE ACAMPA

Impulso Argentino · 37

PUBLICACION ESPECIAL/“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”

METODOLOGÍA DE CRÉDITO PUNTAJE DE SU METODOLOGÍA

FONDO ROTATORIO

INSTITUCIÓN QUE ACOMPAÑA

La Hortensia

INCUPO

FR Apícola

EDUPOSAN

UPPSAN

INCUPO

La Soledad y las Talitas

BEPE

Asoc. F. Francas

INCUPO

BP Guasayán, San Ramón, San Luis, Guampacha, BP Acos, Mujeres Rurales

BEPE

3 Colonias

INCUPO

Arroyo Leyes

A. EDUCATIVA

ACAMPA

BEPE

UOCB

FUNDAPAZ

Grado de “madurez” de la Metodología del crédito de los FF.RR. (de menor a mayor, según indicadores)

50 45 40 35

BEPE ACAMPA

FUNDAPAZ UOCB

32 29

25 20 15 10

12 6

5 0 INCUPO La Hortensia

EDUPOSAN FR Apícola

38 · Impulso Argentino

INCUPO UPPSAN

BEPE INCUPO BEPE La Soledad, las Asoc. F. Francas BP Guasayán, Talitas San Ramón, San Luis, Guampacha, BP Acos, Mujeres Rurales

INCUPO 3 Colonias

A. EDUCATIVA Arroyo Leyes

“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”/ PUBLICACION ESPECIAL

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO PUNTAJE DE SU ADMINISTRACIÓN

FONDO ROTATORIO

INSTITUCIÓN QUE ACOMPAÑA

La Hortensia

INCUPO

La Soledad, las Talitas

BEPE

3 Colonias

INCUPO

FR Apícola

EDUPOSAN

UPPSAN

INCUPO

BP Guasayán, San Ramón, San Luis, Guampacha, BP Acos, Mujeres Rurales

BEPE

Arroyo Leyes

A. EDUCATIVA

Asoc. F. Francas

INCUPO

ACAMPA

BEPE

UOCB

FUNDAPAZ

Grado de “madurez” de la Administración del crédito del FR (de menor a mayor, según indicadores)

42 38

40 35

30 25

EDUPOSAN FR Apícola

INCUPO UPPSAN

20 14

15 10 5

0 INCUPO La Hortensia

BEPE La Soledad, las Talitas

INCUPO 3 Colonias

BEPE A. EDUCATIVA INCUPO BP Guasayán, Arroyo Leyes Asoc. F. Francas San Ramón, San Luis, Guampacha, BP Acos, Mujeres Rurales

BEPE ACAMPA

FUNDAPAZ UOCB

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PUBLICACION ESPECIAL/“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”

VI. ANEXO 2 - ALGUNOS APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES PARA SEGUIR TRABAJANDO.

EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS. PARTICIPACIÓN, CONTROL Y PERTENENCIA. t $VBOUP NBZPS FT MB QBSUJDJQBDJØO EF MPT VTVBSJPT mayor compromiso van asumiendo éstos y mayor solidez y cohesión va adquiriendo el Fondo, generándose un sentido de pertenencia hacia el mismo. La participación también favorece un mayor control social, lo que incide a la larga en una más eficaz y eficiente distribución de los recursos. t 4F IBDF OFDFTBSJP USBCBKBS NÈT MPT NFDBOJTNPT EF participación, organización y decisión en el seno de los FF.RR., ya que en buena parte de los Fondos todavía se dan situaciones de concentración de responsabilidad y decisión en pocas manos. Es necesaria una mayor distribución de responsabilidades. Por otro lado, es conveniente la rotación periódica de cargos (evitar las personas “históricas” en ciertos roles de responsabilidad), así como evitar la concentración de tareas en una sola persona. t &O BRVFMMPT 'POEPT EF PSHBOJ[BDJPOFT HSBOEFT Z P P dispersas territorialmente, es necesario prever mecanismos de descentralización y de proximidad hacia los socios (en la promoción, seguimiento, cobranza, comunicación con los usuarios), para garantizar la participación y el acceso al crédito de forma igualitaria. t 4F QFSDJCF DJFSUB iEFTDPOFYJØOw Z EFTBSUJDVMBDJØO FOUSF las personas que toman decisiones o los responsables de los FF. RR. y el resto de los usuarios. En este sentido, se echan en falta instancias específicas y sistemáticas de control social y “blanqueo” de información entre los que asumen roles de decisión en el Fondo y el resto de los usuarios y/o la organización. Estos mecanismos de control social han de realizarse entre ambos actores a modo de exigencia mutua. Sería conveniente “institucionalizar” los espacios de transmisión de información y de toma de decisiones en relación con el Fondo. t -BT SFMBDJPOFT EF WFDJOEBE Z DPOýBO[B FOUSF MPT VTVBrios deberían propiciar la comunicación y el contacto sistemático entre los mismos, fortaleciendo el Fondo, el sentido de solidaridad y el control social. Este conocimiento por vecindad permite también que los miembros del Comité de crédito dispongan de información valiosa a la hora de evaluar el perfil de los prestatarios y su

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idoneidad respecto al crédito. En relación con esto último, es interesante el mecanismo del “aval”, entendido en la mayoría de los Fondos no como aval financiero, sino como mecanismo de respaldo de confianza, expresado de diferentes formas (padrino, firma de grupo, etc). Este mecanismo se sustenta en las relaciones de vecindad, confianza, solidaridad y reciprocidad. t &O FM BDDFTP BM DSÏEJUP FT OFDFTBSJP iBCSJS FM KVFHPw B todos los usuarios del Fondo, si hablamos de un verdadero Fondo rotatorio participativo y sustentable (evitándose situaciones de concentración del crédito en pocos usuarios). Teniendo en cuenta que es mayor la demanda que la oferta de crédito, no deberían darse situaciones de “ociosidad” de fondos disponibles. Se percibe asimismo en algunos casos la necesidad de trabajar más la promoción del crédito entre los usuarios (sin dar por sentado que todos los destinatarios conocen la existencia del Fondo). t &T JNQPSUBOUF RVF FM 'POEP TF WJODVMF DPO VOB PSHBnización sólida, ya que la experiencia de trabajo organizativo y el asociativismo sientan buenas bases para el desarrollo y futura permanencia del Fondo. t $VBOEP IBZ EFCJMJEBEFT FO FM MJEFSB[HP EF MPT RVF asumen responsabilidades en los FF.RR., éstos devienen débiles. Por otro lado, la excesiva dependencia en una persona que maneja información o centraliza las decisiones en el Fondo, puede hacer entrar en crisis al Fondo, si no hay un plan de relevo o personas con la capacidad para asumir estas responsabilidades. Es común que ante el retiro de la persona que ejerce el liderazgo o asume las decisiones en el Fondo, éste se debilite o pierda capacidad de gestión. Por ello lo deseable es que la coordinación del Fondo no esté en manos de una sola persona, sino de un colectivo.

EL FONDEO GESTIONADO POR LOS FONDOS ROTATORIOS. t &O HFOFSBM TF EB VOB TJUVBDJØO EF GPOEFP FYDFTJvamente dependiente de las instituciones acompañantes, lo que evidencia poca capacidad de gestión independiente y autónoma por parte de los Fondos, y a su vez tiene que ver, en algunos casos, con la falta

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de personerĂa jurĂdica de los Fondos Rotatorios. Esto es una debilidad que amenaza la sostenibilidad de los Fondos. Es conveniente trabajar con los Fondos temas relevantes como la importancia de una buena estrategia de fondeo, o el ejercicio de capacidades de anĂĄlisis y gestiĂłn de fondos y proyectos. t 1PEFNPT QFOTBS FO FTRVFNBT iNJYUPTw EF Ă˝OBODJBmiento, frente a la situaciĂłn mayoritaria actual de los Fondos de dependencia de fondeo externo. En este sentido, serĂa necesario ir estimulando el ahorro de los usuarios y/o la gestiĂłn de fondos por sĂ mismos. Se comprueba que un excesivo peso de las donaciones para constituir el capital de un Fondo pueden desincentivan el ahorro y el aporte de los usuarios y, por ende, el compromiso y la apropiaciĂłn. t 1PEFNPT QFOTBS RVF MB QSPCBCJMJEBE EF RVF MPT FF.RR. tengan su cartera en mora, estĂĄ relacionada en parte con el manejo o no de esquemas de ahorro periĂłdico y con la recepciĂłn de donaciones. Si el fondo no maneja ahorro y la mayor parte de su capital proviene de donaciones, es probable que tenga una cartera en mora. Por el contrario, si el fondo maneja ahorros de sus socios y no depende de donaciones, su cartera puede ser mĂĄs sana. Por tanto, trabajando sobre un esquema de financiamiento mixto o mĂĄs balanceado, podemos incidir tambiĂŠn en la mora. t -PT GPOEFPT NBOFKBEPT QPS MPT '' 33 TPO FO HFOFSBM de escasa envergadura, lo que determina la fijaciĂłn de montos reducidos de crĂŠdito. Esta limitante condiciona y supone que en la mayorĂa de los casos los montos se tengan que complementar con otras fuentes de financiamiento para poder impactar realmente sobre las actividades econĂłmicas que apoyan. t -PT GPOEFPT FTUĂ&#x2C6;O EFTUJOBEPT QSJODJQBMNFOUF BM GPSUBlecimiento de actividades productivas, y en general los fondos se direccionan bien, dada la escasez. Sin embargo, existe el riesgo de que la primacĂa de la cobertura hacia la mayorĂa de los usuarios y la ĂĄgil rotaciĂłn prevalezcan sobre la incidencia real del crĂŠdito en la actividad de cada destinatario. t )BCSĂ&#x201C;B RVF JS QVFT DPOTJEFSBOEP MB HFTUJĂ&#x2DC;O EF GPOdeos mĂĄs elevados. En este sentido, dado el riesgo que conlleva la inexperiencia en el manejo de fondos de

cierta envergadura, habrĂa que trabajar de forma simultĂĄnea con los usuarios de los Fondos capacidades de gestiĂłn y administraciĂłn adecuadas.

ADECUACIĂ&#x201C;N DE LOS FONDOS A SUS DESTINATARIOS. t "RVFMMPT '' 33 NĂ&#x2C6;T iGVODJPOBMFTw NĂ&#x2C6;T PQFSBUJWPT y concretos, evidencian una operatoria mĂĄs ĂĄgil y fluida de funcionamiento y una satisfacciĂłn mayor de sus usuarios, respecto a los FF.RR. mĂĄs â&#x20AC;&#x153;polĂticosâ&#x20AC;?. En el primer grupo estarĂan, por ejemplo, los FF.RR. destinados a los feriantes, y en el segundo, los FF.RR. que apoyan prioridades polĂticas de la organizaciĂłn â&#x20AC;&#x153;madreâ&#x20AC;?, como es el caso del acceso a la tierra, al agua, o el enfoque agroecolĂłgico. En el primer caso, los usuarios agradecen la agilidad y concreciĂłn del ciclo y del fondeo disponible, lo que es razonable considerando su dinĂĄmica de supervivencia diaria y el ciclo cotidiano de sus actividades econĂłmicas. Sin embargo, esto tambiĂŠn evidencia debilidades y pone de manifiesto la necesidad de trabajar mĂĄs la estrategia, el objetivo de largo plazo y las prioridades polĂticas de los Fondos Rotatorios. t &T DPOWFOJFOUF EFTUJOBS MPT 'POEPT EF DSĂ?EJUP FO BQPyar actividades econĂłmico-productivas que generen ingresos, ya que el retorno del crĂŠdito se realiza usualmente con el ingreso generado por la actividad que se apoya. Sin embargo, es interesante encontrar casos en que los usuarios deciden destinar sus Fondos de crĂŠdito a actividades relacionadas con el autoabastecimiento, o ligadas a la economĂa familiar, no generadoras de ingresos (acceso a la tierra, al agua) o que no generan una renta inmediata en el corto plazo (AgroecologĂa). En estos casos, sĂłlo cabe reseĂąar que es fundamental que en el anĂĄlisis de los perfiles de los prestatarios se tenga en cuenta quĂŠ actividad generadora de renta le permitirĂĄ devolver el crĂŠdito, con quĂŠ estacionalidad, etc, asĂ como su capacidad de endeudamiento. t &O HFOFSBM Z TBMWP FYDFQDJPOFT FT BDPOTFKBCMF Ă˝KBS plazos y frecuencia de amortizaciĂłn de corta duraciĂłn, dadas algunas de las limitantes citadas de los Fondos (elevada mora, ausencia de estrategia de fondeo, elevada cobertura de usuarios, incobrabilidad, dificultades en realizar un seguimiento sistemĂĄtico). Todo ello,

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claro estĂĄ, sin descuidar la estacionalidad y la naturaleza de las actividades que se apoyan y las necesidades de los usuarios. t /P RVFEB EFM UPEP DMBSP TJ MPT VTVBSJPT QFSDJCFO TVT Fondos como cajas grupales de alta rotaciĂłn, desde la Ăłptica de la liquidez inmediata en el corto plazo, o si dimensionan su Fondo como una herramienta mĂĄs estratĂŠgica y autĂłnoma, con potencial multiplicador. Podemos decir que se dan ambos casos. En relaciĂłn con lo anterior, cabe interrogarse tambiĂŠn sobre si los Fondos son herramientas fomentadas y estimuladas por las propias organizaciones que los gestionan, o si hay una influencia determinante de las instituciones acompaĂąantes detrĂĄs. En este sentido, es conveniente caminar hacia una cada vez mayor independencia y autonomĂa de los Fondos, en todos los aspectos.

LA REGLAS DEL JUEGO. t 4PO GVOEBNFOUBMFT MBT iSFHMBT EFM KVFHPw DMBSBT TFOcillas, consensuadas, conocidas por todos, y que efectivamente se apliquen. Las normas han de ser plasmadas por escrito y socializadas (no sirven acuerdos tĂĄcitos, informales o supuestamente conocidos por todos). En este sentido, es conveniente que todos los usuarios del Fondo, y no sĂłlo los integrantes de la ComisiĂłn del FR, participen en el proceso de discusiĂłn y elaboraciĂłn de las â&#x20AC;&#x153;reglas de juegoâ&#x20AC;?, al menos en la instancia inicial de partida, para generar apropiaciĂłn y confianza. t -P BQSFOEJEP QPS MPT VTVBSJPT FO SFMBDJĂ&#x2DC;O DPO MPT BTpectos de gestiĂłn del Fondo incide de forma positiva y potencia sus capacidades en otros espacios de organizaciĂłn, participaciĂłn y toma de decisiones. Es interesante, pues, aprovechar, los espacios de aprendizaje de los Fondos en varios aspectos (discusiĂłn polĂtica, econĂłmico-financiera y administrativa) para potenciar y estimular las capacidades de los participantes.

El ciclo del crĂŠdito. t 4F QFSDJCF VOB GBMUB EF JOUFHSBMJEBE FO DPODFCJS MB PQFratoria de crĂŠdito como un ciclo completo ininterrumpido, con responsables en todos los pasos del ciclo y una administraciĂłn como sistema que lo sustenta, con documentaciĂłn respaldatoria. En general, los Fondos perciben algunas actividades como mĂĄs importantes que

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otras, algunas vinculadas entre sĂ, pero no como sistema integral cuyos eslabones inciden unos en otros. En el ciclo del crĂŠdito, las mayores debilidades se encuentran en los componentes de seguimiento y administraciĂłn. t &T OFDFTBSJB FO HFOFSBM VOB NBZPS DMBSJEBE F JOUFHSBlidad en la definiciĂłn de los tĂŠrminos del crĂŠdito (plazos, frecuencia, montos mĂnimos y mĂĄximos, actividades concretas, etc.), ya que esta definiciĂłn precisa y global incide en todo el ciclo del crĂŠdito, en particular en el seguimiento de los prestatarios, en el recupero y en la rotaciĂłn de los fondos. t &T JOUFSFTBOUF BQSPWFDIBS MB JOTUBODJB EF EJTDVTJĂ&#x2DC;O Z evaluaciĂłn sobre las solicitudes de crĂŠdito (ComitĂŠ de crĂŠdito) para fomentar el desarrollo de las competencias de los usuarios en el anĂĄlisis, reflexiĂłn y discusiĂłn sobre conceptos econĂłmicos y financieros. En este sentido, se echa en falta en algunos casos la institucionalidad de este mecanismo de EvaluaciĂłn como instancia formal y regular (prima el â&#x20AC;&#x153;nos juntamos a evaluar cuando se reciben solicitudesâ&#x20AC;?), asĂ como la falta de hĂĄbito de registro de las reflexiones y decisiones adoptadas. Este espacio implementado de forma regular fomenta a su vez en los usuarios un ejercicio sistemĂĄtico de participaciĂłn, reflexiĂłn y anĂĄlisis. t &O HFOFSBM FM TFHVJNJFOUP EF MPT QSFTUBUBSJPT FT EĂ?CJM Es necesario reforzar el seguimiento integral e individualizado de los usuarios (chequear si al usuario le sirve el crĂŠdito, quĂŠ dificultades enfrenta y por quĂŠ, cĂłmo asistirlo, etc.). No se trata tan sĂłlo de estar atentos a la cobranza y al recupero, sino de mantener una relaciĂłn sistemĂĄtica de comunicaciĂłn y asistencia con el prestatario para generar confianza y proximidad, claves para el sentido de pertenencia.

AdministraciĂłn del Fondo. t &T OFDFTBSJB VOB NBZPS USBOTQBSFODJB EF MPT 'POEPT y sus administradores hacia el resto de los usuarios y las organizaciones que los albergan, asĂ como una mayor sistematicidad de estas instancias. Se puede empezar, por ejemplo, con una mayor comunicaciĂłn y articulaciĂłn entre el ComitĂŠ de crĂŠdito y la administraciĂłn, para las instancias de reflexiĂłn y toma de decisiones. El sistema de registros administrativos deberĂa estar al alcance de todos los usuarios y accesible para su consulta. Esto trae consigo la necesidad de mantener registros

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completos y actualizados, asĂ como fomentar el hĂĄbito de control social de los usuarios respecto de sus Fondos. En este sentido, hay que evitar la opacidad en los Fondos, que puede generar desconfianza y distancia de los usuarios. Una administraciĂłn integral con planillas completas y actualizadas va generando confianza, control social, y permite disponer de informaciĂłn fundamentada para la toma de decisiones.

del esfuerzo local, con un capital inicial aportado por los usuarios o socios, a partir del esfuerzo y la gestiĂłn comunitaria (movilizaciĂłn de ahorros) desarrollarĂĄn mayor sentido de pertenencia y tendrĂĄn mĂĄs posibilidades de ĂŠxito.

t %FCF IBCFS BM NFOPT VOB QFSTPOB SFTQPOTBCMF FTQFcĂficamente de la AdministraciĂłn. Esta persona puede aprender y capitalizar estos conocimientos administrativos y financieros y transmitirlos a sus pares en el Fondo y/o a su relevo en el cargo. En relaciĂłn al perfil de las personas a cargo de la administraciĂłn y la tesorerĂa, es deseable que sean personas confiables, elegidas por los usuarios, con inclinaciĂłn por estas tareas, cierta aptitud y capacidad tĂŠcnica administrativa, asĂ como con compromiso con el Fondo.

t 4F QFSDJCF RVF MB NBZPSĂ&#x201C;B EF MPT 'POEPT FWJEFODJBO dificultades para tomar decisiones, no tanto operativas, sino mĂĄs bien estratĂŠgicas, polĂticas, de largo plazo, relativas a la planificaciĂłn y proyecciĂłn. Esta debilidad se profundiza al hablar de planificaciĂłn financiera, y esto es un riesgo si consideramos ciertas dificultades de los Fondos (mora, incobrabilidad, tasa de recupero baja, sin fondeos nuevos y debilidades en el seguimiento). TambiĂŠn es un riesgo si se considera la importancia de preparar a los Fondos para futuras situaciones de gestiĂłn, obtenciĂłn y rendiciĂłn de fondos ante instituciones por sĂ mismos. Es necesario, pues, reforzar la asistencia tĂŠcnica, en este sentido.

t 1PS Ă&#x17E;MUJNP FT DPOWFOJFOUF FM DBNJOP QSPHSFTJWP IBDJB el manejo de los Fondos a travĂŠs de cuenta bancaria. El mantenimiento de los fondos en un lugar seguro, neutral, con acceso limitado a personas autorizadas por los Fondos, incide de forma positiva en la salvaguarda de los Fondos y en la confianza de los usuarios.

SOSTENIMIENTO DE LOS FONDOS. t -B UBTB EF SFDVQFSP TJHVF TJFOEP VO FMFNFOUP QSPCMFmĂĄtico para la mayorĂa de los Fondos. Es necesario seguir profundizando en la necesidad de fijar una tasa adecuada de recupero de gastos, y en el cĂĄlculo adecuado de cuĂĄl debe ser dicha tasa para cada Fondo, segĂşn sus gastos de funcionamiento. Los administradores tienen la responsabilidad de entender y hacer comprender a todos los destinatarios el sentido de dicha tasa, a quĂŠ obedece, quĂŠ elementos involucra y por quĂŠ.

PLANIFICACIĂ&#x201C;N Y PROYECCIĂ&#x201C;N.

t &T DPOWFOJFOUF JS FTUJNVMBOEP B MPT '' 33 FO FM FKFScicio paulatino de la lectura de los datos financieros (convertir los â&#x20AC;&#x153;datosâ&#x20AC;? en â&#x20AC;&#x153;informaciĂłn Ăştilâ&#x20AC;?), a travĂŠs de ejercicios simples, asimilando conceptos contables sencillos pero claves, como entradas / ingresos y salidas / egresos, etc., aprendiendo de los errores en un â&#x20AC;&#x153;aprender haciendoâ&#x20AC;? cotidiano.

t 6OB CBTF DMBWF QBSB MB TPTUFOJCJMJEBE EF MPT GPOEPT autogestionados reside en el adecuado control social de los mismos por parte de sus usuarios. t 6OB JEFB JOUFSFTBOUF B DPOTJEFSBS FT RVF BRVFMMPT Fondos que se basan mĂĄs en el ahorro de sus usuarios (en calidad de aportes), o que mezclan las donaciones con el ahorro, son los que a priori tendrĂĄn mayores probabilidades de alcanzar su sostenibilidad. Podemos pensar que si los FF.RR. se crean y funcionan a partir

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EL CONTEXTO La sociedad argentina tuvo una importante transformación en la última parte del siglo XX. Durante 25 años, en línea con los postulados internacionales surgidos de la globalización1, se produjo un repliegue del Estado cuyo punto culminante fue la década del ´90. La desregulación económica, la privatización de empresas públicas y la apertura indiscriminada provocaron cambios significativos en la producción, la comercialización, el transporte y las instituciones existentes, y un proceso de concentración económica y exclusión social que reconfiguraron la sociedad en general y el agro en particular, tendiendo a la homogenización de la producción y el desplazamiento de los pequeños productores. Este modelo generó impactos regresivos sobre la situación socioeconómica de la población de menores recursos, incluso sobre sectores del nivel medio que pasaron a engrosar la masa de excluidos del sistema productivo. Como resultado de estas políticas hacia el año 2002 la Argentina tenía un 52% de su población, por debajo de la línea de pobreza, un 22%2 de desocupación y una sociedad dual. En el caso del sector agropecuario, significó el cierre del 25%3 de las explotaciones agropecuarias y un fuerte proceso de migración hacia las ciudades. En los espacios periurbanos, en un marco general de desempleo, subempleo y precarización laboral, se configura una nueva realidad, donde las familias inician actividades productivas o diversifican la producción de bienes con el objeto de obtener ingresos que les permitan vivir dignamente. La horticultura de cinturón verde de las ciudades es una clásica actividad periurbana y en el contexto planteado, a los actores existentes –MyPyMES con diverso grado de capitalización- se sumaron nuevos actores con un casi nulo capital, cuya productividad se basa en el uso intensivo de la mano de obra. Son grupos domésticos de la agricultura familiar que tienen en su fuerza de trabajo la principal fuente de ingresos y su objetivo es generar ingresos que les permitan su reproducción simple. Son de tipo unipersonal o integrado por varias personas (familia ampliada), que pretenden alcanzar el nivel de subsistencia.

Estos horticultores periurbanos tienen una condición de marginalidad que conlleva incertidumbre, riesgo y se les dificulta planear el futuro de sus emprendimientos. Sus sistemas productivos se basan en cultivos principalmente a campo, en algunos casos una pequeña porción de cultivo bajo cubierta; salvo excepciones no son propietarios y arriendan superficies entre 1/2 y 4 hectáreas. La producción es diversificada y por lo general no poseen maquinaria y deben contratar la preparación del suelo. Además no se encuentran formalizados desde un punto de vista impositivo, registral ni de condiciones para la fuerza laboral. (Cieza et al, 2007) Si bien en los sectores periurbanos existe una diversidad de instrumentos financieros (créditos de la banca comercial, financiamiento de proveedores, venta anticipada, etc.), el más clásico, el crédito bancario, no está disponible para gran parte de la población pues los criterios de selección de clientes, el tamaño de los préstamos, los plazos y la exigencia de garantías están pensados para un tipo de actor económico y resultan excluyentes para muchos otros. Por supuesto para estos productores hortícolas, cuya relación capital/trabajo es claramente desfavorable, el mismo es imposible y están forzados al financiamiento comercial o a lo sumo de familiares o amigos. En una concepción desarrollo territorial -que supera los enfoques sectoriales para dar contención a nuevas estrategias que asocian lo rural con sus ramificaciones en el ámbito urbano y periurbano- las instituciones que trabajan el desarrollo rural identifican a estos actores y pretenden atenderlos en forma integral. Es así como incorporan dentro de sus estrategias de apoyo el desarrollo de instrumentos de microcrédito. Las experiencias son múltiples, así como su diversidad. Por tratarse de una temática innovativa, hay una permanente recreación de metodologías para adaptarse a las diversas situaciones. Entre las variables que pueden analizarse están el tipo de organización que presta y el grado de participación de los prestatarios. En este trabajo, a partir del análisis de experiencias, se pretende analizar el impacto en los costos de funcionamiento de dos formas de organización diferentes.

El eje dinamizador de la globalización es el comercio internacional. Los países se insertan en el concierto mundial en la producción de bienes para los cuales su dotación de recursos y el ambiente económico exhibe ventajas frente a sus competidores. 2 www.indec.gov.ar 3 ibidem 1

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EL PROBLEMA EN ESTUDIO: LOS COSTOS. El desarrollo del microcrédito en áreas rurales se ve condicionado por características propias de la producción y el espacio: baja densidad de la población, dificultades de comunicación y transporte, ingresos estacionales y egresos contínuos, incertidumbre de precios y riesgos climáticos, dificultades en la comercialización, giro del capital más lento, demanda de financiamiento a mediano y largo plazo, economía con alto grado de informalidad. (Caro; 2003; Delfiner, M et al; 2006). En el caso de la horticultura en espacios periurbanos, algunas de estas dificultades se ven atenuadas, pero las principales, tales como la dispersión de los prestatarios y su demanda de crédito estacional, coincidiendo con los tiempos productivos, se mantienen. La primera tiene una incidencia importante en los costos operativos y la segunda implica inmovilización de recursos en algunos momentos del año.

de crédito y la gestión administrativa interna (manejo del sistema, seguimiento de la cartera, etc.) implica un costo de operación elevado. En una investigación anterior (Jorge, 2010) se identificaron y cuantificaron los costos operativos de una institución que trabaja con productores hortícolas del periurbano. Más adelante se reproduce una síntesis de dichos resultados. En su trabajo sobre Fondos Rotatorios en la agricultura familiar Alcoba et al. (2006) identificaba que entre los mecanismos que utilizan las organizaciones para cubrir los costos estaban el interés cobrado, el trabajo voluntario, el subsidio cruzado desde otro proyecto, un porcentaje adicional por servicios prestados, etc. Destaca que para las organizaciones analizadas, la actividad financiera no es un hecho aislado sino que es parte de un apoyo integral.

Por otra parte, en la estrategia clásica de instituciones especializadas en microcrédito, la labor del promotor

LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS. La Fundación ArgenINTA es una entidad civil sin fines de lucro y entre sus fines se encuentra el acompañar al INTA en el apoyo al desarrollo de los territorios. La temática financiera surge claramente como una demanda sentida y la operatoria de microcrédito emerge como válida para dar respuesta. Analizando alternativas se propone una metodología que se denomina Fondo Rotatorio Autogestionario (FRA) como innovación que busca fortalecer las organizaciones de productores y reducir costos. Un Fondo Rotatorio Autogestionario tiene las siguientes características: t Una organización preexistente que nuclea productores es fondeada para que incorpore entre sus servicios el microcrédito. t Los prestatarios son los mismos integrantes de la organización. t El reglamento de crédito es elaborado en forma participativa por los mismos productores y es factible de ser modificado en cualquier momento por asamblea. t La organización es sujeto de capacitación y se prevé

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un apoyo técnico especializado durante un período limitado. t La operatoria de crédito es gestionada por los mismos miembros de la organización. El objetivo es que la organización y sus miembros se apropien del fondo y su operatoria. Esta apropiación se logra de dos maneras: en primer término el fondo es una donación a la organización y preservarlo redunda en beneficios directos para todos sus miembros; en segundo lugar, se construye en forma participativa la totalidad del reglamento de crédito: criterios de otorgamiento, montos, plazos, tasa de interés, garantías, tratamiento de situaciones de mora, etc., y se deja explicitado que ese reglamento que se construyó puede ser cambiado por ellos en cualquier momento, para adecuarlo a situaciones no previstas. Por supuesto se capacita a los actores y se les brinda asistencia técnica, durante un período de tiempo variable de acuerdo a lo que demande la correcta apropiación. La asistencia técnica tiene como mandato apoyar en el desarrollo de instrumentos de registración, cálculo de

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cuotas, procedimientos bancarios, etc., con el fin de que los miembros de la organización puedan autogestionar su fondo de crédito.

LOS ACTORES. En esta sección se caracterizan tres organizaciones que trabajan con productores hortícolas del periurbano: a) Banco Social de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata4 (BSLP). Surge en el año 2005 como una organización de microcrédito que brinda esquemas de financiamiento y asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios de la zona de La Plata, Florencio Varela y Berazategui donde predomina la horticultura como actividad principal, y en menor medida floricultura y animales menores. Está concebido como proyecto de extensión universitaria y posee un Equipo Promotor de carácter interdisciplinario integrado por docentes y alumnos de las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, y de Ciencias Veterinarias y Sociales. La estrategia de intervención aborda aspectos técnicos productivos, económicos financieros y sociales en forma simultánea y articula con diversos actores que trabajan en la región (Cambio Rural Bonaerense, asociaciones de productores, cooperativas, cátedras y grupos de trabajo temáticos). El BSLP ha canalizado financiamientos provenientes de diversas fuentes y posee una diversidad de productos financieros que se adecuan a las necesidades productivas de los prestatarios, en la mayoría de los casos sin interés. Trabaja con metodología de grupos solidarios y cuenta con un importante staff de técnicos promotores. Los créditos entregados son mayoritariamente individuales, aunque es condición necesaria ser parte de un grupo para acceder al mismo. El trabajo en grupos es clave en esta propuesta, pues considera que sólo de manera colectiva se pueden abordar integralmente las problemáticas y sus posibles soluciones. Asimismo la garantía es solidaria, fortaleciendo los grupos conformados y generando confianza en los nuevos. Para acceder al microcrédito se elabora un proyecto en un formulario tipo, y luego es discutido con los miembros del grupo y

el equipo técnico. En todos los casos los Grupos Solidarios, desarrollan un Fondo de Ahorro Grupal (FAG)5, administrado por un integrante del grupo, destinado a cubrir contingencias. Asumiendo la problemática de la dispersión geográfica de los productores familiares que viven en quintas alejados entre sí y de la entidad de Microcrédito, y para evitar que los prestatarios inviertan tiempo necesario para la producción, las reuniones quincenales o mensuales se realizan en los predios. En cada reunión el asesor-promotor recauda y registra el importe de cada cuota y el integrante responsable del FAG hace lo mismo con esos recursos del grupo. En el año 2008, a partir de la motivación de un grupo de productores, surge la Feria Manos de la Tierra como espacio de comercialización conjunto, aunque debe señalarse que no todos los usuarios del BSLP participan de la misma. b) Feria Verde de Mar del Plata. Es un producto del Programa de Autoproducción de Alimentos, que comenzó en 2002 como actividad de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el objetivo de fomentar la autoproducción de alimentos y promover la participación y la organización comunitaria, en articulación con el Programa ProHuerta. Con el correr del tiempo, un grupo de huerteros urbanos y periurbanos, logran consolidar sus emprendimientos productivos y además de satisfacer necesidades de consumo de sus familias, generan excedentes que podían ser destinados a la comercialización. En julio de 2006 se genera la “Feria Verde” como un canal para ofrecer sus productos. Actualmente está conformada por veinticinco productores y productoras fundamentalmente hortícolas, y en menor medida producción de pollos parrilleros, huevos, viveros y dulces. Esta iniciativa tiene un alto grado de consolidación y una buena inserción en la comunidad.

Cieza et al 2007 y 2011. Es un aporte dinerario extra cuota que funciona como un ahorro forzoso para cubrir moras e incumplimientos. Finalizada la ronda de crédito del grupo solidario, se devuelve a los aportantes. 4 5

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La expansión tropieza con el problema de cómo financiar el aumento de la producción para atender una demanda creciente. Fundación ArgenINTA toma la decisión de apoyarla como prueba piloto de fondo rotatorio autogestionado para que la organización, con trayectoria y consolidada, incorpore los servicios de microcrédito, para lo cual efectúa una donación de $20.000 que constituyen el fondo rotatorio de la “Feria Verde” de Mar del Plata, con la estructura de FRA, que está otorgando créditos desde marzo de 2010. El fondo está destinado a financiar a los/as feriantes insumos o bienes necesarios para el funcionamiento de su ciclo productivo a través de una herramienta flexible, con los objetivos de mejorar las condiciones de vida de los productores, lograr empoderamiento y reconocimiento de sus capacidades por parte de los productores. La implementación demandó una serie de instancias semiestructuradas que fueron adecuándose a la realidad del contexto. La primera reunión fue de sensibilización y reseña acerca de qué es un Fondo Rotatorio, funcionamiento y utilidades. La idea fue rápidamente acogida por los/as feriantes. Las siguientes reuniones consistieron en la transmisión de la metodología de microcréditos y la redacción del Reglamento de Crédito, de los formularios y funcionamiento del Comité de Crédito. La capacitación estuvo a cargo de técnicos del Banco Social de La Plata (BSLP), del Instituto de Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) de la Región Pampeana y de la Fundación ArgenINTA. El reglamento elaborado por los mismos prestatarios adopta la metodología de Grupos Solidarios de tres integrantes como mínimo, 2 plazos posibles (6 y 12 meses), un interés del 0,7% mensual directo -1% luego de la primera modificación de reglamento6- y devoluciones mensuales. La aprobación está a cargo de un Comité de Crédito integrado por feriantes y técnicos locales. Los pagos se realizan luego de la primera reunión de Feria del mes. Cada grupo decide si adopta la metodología del FAG o no; de hecho hubo de los dos casos. Fundación ArgenINTA también financió una asistencia técnica especial, que estuvo a cargo de un estudiante avanzado de ciencias económicas con un contrato de

pasantía, cuyos términos de referencia establecían que su función era la de construir con los feriantes la documentación necesaria y sistemas de registro, capacitarlos, fundamentalmente a quienes cumplirían la función de tesoreros, en su uso, cálculo de cuotas, gestiones bancarias y toda otra tarea que demande la gestión del fondo. Su contrato fue por 6 meses, con una carga horaria semanal de 10 horas, y el costo total fue de $5.000.

c) Feria de Malvinas Argentinas. Es un clásico producto del trabajo de Prohuerta. Se trata de un grupo de 12 huerteros del segundo cordón del conurbano bonaerense que generan una estrategia de ingresos a partir de la venta de excedentes en una feria franca. También en este caso, su crecimiento demandaba financiamiento, y no identificaban una fuente a su alcance. Al tomar conocimiento de la experiencia de Mar del Plata, solicitan a ArgenINTA una donación de $5.000 para implementar su propio fondo rotatorio con la misma metodología (FRA). En este caso la capacitación estuvo a cargo exclusivamente de personal de ArgenINTA y del técnico de Prohuerta que apoya al grupo, quien ya tenía formación en microcrédito. Se realizaron 3 reuniones para la redacción del Reglamento de Crédito que estableció créditos de hasta $500, con dos plazos de devolución (6 y 9 meses), de periodicidad mensual, sin período de gracia, con un interés del 6% aplicado, por única vez, sobre el monto solicitado. El otorgamiento del crédito se decide por asamblea con la totalidad de los productores. Son créditos individuales pues el grupo solidario es la totalidad de los feriantes. Está operativo desde agosto de 2010. Debe destacarse que entre los feriantes se encuentra una ex bancaria, situación posiblemente fruto del proceso de pauperización de los sectores medios a que hacíamos referencia en la introducción, por lo cual el apoyo técnico para la gestión del fondo lo posee el mismo grupo. El técnico de Prohuerta y personal de ArgenINTA supervisan el empoderamiento del resto de los feriantes.

Esta decisión fue tomado por los productores luego de las primeras renovaciones, donde percibieron que la capacidad de compra de los créditos se había erosionado por la inflación. 6

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ANALIZANDO COSTOS. Del Banco Social de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (BSLP). En un estudio previo7, destinado principalmente a evaluar –mediante un modelo econométrico- el efecto del crédito y otras variables en la producción y en el ingreso de los productores8, se realizó un análisis exhaustivo del Banco Social de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (BSLP). La metodología se basó en entrevistas abiertas y cerradas a una muestra importante de prestatarios y también a técnicos administrativos y asesores promotores de la institución. Se analizó también la evolución de la cartera de préstamos en términos nominales y reales, los prestatarios en números y en porcentajes, y el saldo de préstamo medio por prestatario en términos reales y nominales. Se percibió que la cartera aumentaba en términos nominales, pero descendía en términos reales, disminuyendo la capacidad prestable de la institución. Uno de los análisis9 realizados identificaba que la ausencia de tasa de interés provoca una erosión del fondo, producto de la pérdida de valor del dinero en el tiempo por el avance de la inflación. El trabajo incluye, además, el cálculo de indicadores clásicos para evaluación de instituciones de microfinanzas. Índices tales como número de oficinas, personal, saldo promedio de préstamo por prestatario, cartera en riesgo

e incobrables, posicionan bien al BSLP frente a otras instituciones. Las variables (número de prestatarios por empleado y costos por préstamo), muestran una debilidad en su estructura, lo que es entendible por el menor número de prestatarios por promotor y su dispersión geográfica. De acuerdo a datos de la organización, del total de fondos recibidos hasta 2009 el 34,74% fue destinado a gastos operativos y de personal, y no contempla costo financiero de captación de recursos. En muchos casos, los trabajadores del BSPL aportan trabajo voluntario y hasta gastos de movilidad para trasladarse a los lugares de las reuniones mensuales, lo que contribuye a bajar los costos operativos. Siguiendo la metodología clásica financiera, se abordó el cálculo de una tasa de interés de equilibrio. Los resultados (basados en la cantidad de visitas que se realizan y el número de promotores) indican que sus gastos operativos son relativamente bajos, no así los gastos en personal, fundamentalmente por el bajo número de prestatarios por oficial de créditos10; considerando las diversas fuentes de fondeo del Banco Social y su condiciones, se estimó un costo de captación de recursos del 5%. Este análisis arroja que la institución debería aplicar un interés del 57% para cubrir los gastos. (Cuadro 1).

Cuadro 1: Estimación de la tasa de equilibrio. Banco Social de la UNLP.

2005

2006

2007

2008

2009

Cartera

45000

28300

128350

191255

184600

G. Operativos

20042 44,54% 24,11% 2250 5,00%

16500 58,30% 12148 42,93% 1415 10848 5,00%

14207 11,07% 16350 12,74% 6417 ,5 5,00%

13934 7,29% 44810 23,43% 9562,75 5,00%

21152 11,46% 52900 28,66% 9230 5,00%

33140

30064

36974

68306

83282

73,64%

106,23%

28,81%

35,72%

45,11%

G. en Personal G. de captación

Promedios

26,53% 26,37% 5,00% 57,90%

Jorge, 2010. La variable más significativa fue la capacitación y los productores atribuyen el incremento de su ingreso al nuevo canal que significó la Feria Manos de la Tierra. 9 Flujo de un crédito tipo del Banco Social; plazo 11 meses a tasa de interés 0% y VAN tomando como tasa de descuento la tasa de inflación 2009. 10 7 prestatarios por oficial de créditos para el Banco Social; 100 el promedio para Argentina y 232 para los medidos por MIX. 7 8

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A pesar de las variaciones observadas entre los diferentes años, se aprecia que con el crecimiento de la cartera

y su estabilización, los gastos en personal permanecen elevados, producto de la metodología utilizada.

De los Fondos Rotatorios Autogestionarios (FRAs). En este caso no se cuenta con un trabajo de análisis anterior y los datos fueron aportados por los registros de ArgenINTA y testimonio de los productores y técnicos locales. La Fundación ArgenINTA posee una estructura importante y en cumplimiento de su objeto social, contiene a la Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas Rurales –UNIR, que brinda apoyo a las diversas iniciativas que se generan en los territorios en temáticas de financiamiento y comercialización. UNIR está integrada por técnicos de INTA y ArgenINTA y para la puesta en marcha de los FRAs destinó dos técnicos con dedicación parcial. En el caso de Mar del Plata demandó un total, hasta la fecha, de 5 viajes de un técnico y para la capacitación se requirió en dos oportunidades el viaje de dos técnicos del Banco Social de La Plata y un técnico de INTA, cuyos gastos estuvieron a cargo de INTA. La gestión del fondo requirió la contratación de un pasante que construyera junto con los prestatarios la metodología de registro y los capacitara en la gestión integral de la cartera, con un costo de $5.000 y una cierta cantidad de horas decreciente11 de técnicos de la Fundación ArgenINTA.

Cuadro 2: Gastos para la puesta en marcha de ambos FRAS (en $). M del P

M s AS

PASAJES VIÁTICOS TÉCNICOS GASTOS BANCARIOS JORNALES TÉCNICOS PASANTE

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ArgenINTA.

Estos gastos, que se efectúan sólo al principio, corresponde considerarlos como costos hundidos, necesarios para la puesta en marcha de los FRAs, y son aporte de ArgenINTA y de los programas que asisten a la misma población en el terreno. A los efectos de poder utilizar indicadores (como en caso anterior) corresponde calcular los costos de funcionamiento de los FRAs, que se exponen en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Costos operativos de ambos FRAS (en $). M del P

M s AS

El Fondo Rotatorio de Malvinas Argentinas, simplificado por la distancia, la experiencia previa y la formación en microcréditos del técnico Prohuerta, redujo sensiblemente los gastos aportados. Se realizaron cinco viajes a Malvinas Argentinas y la afectación de los técnicos de UNIR fue inferior. El apoyo técnico fue muy reducido por las capacidades del grupo antes señaladas. En el Cuadro 2 se exhibe un detalle de los gastos que demandó la puesta en marcha de ambos FRAs, Mar del Plata (MdelP) y Malvinas Argentinas (MsAs).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ArgenINTA.

Al principio requirió una afectación del 20% en tareas de apoyo y resolución de dudas (aprox. 1 día por semana) y actualmente unas pocas horas mensuales para el seguimiento. 11

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Se ha valorizado el trabajo del/la tesorero/a, pues si bien actualmente no es remunerado, no se descarta que en un futuro lo sea. Procediendo a calcular los índices anteriores, se concluye que -de acuerdo a las carteras de préstamo- los gastos administrativos y de personal

representan el 19,16% y 18,6% para el FR de Mar del Plata y Malvinas Argentinas respectivamente. Si sólo se consideran las erogaciones reales dichos porcentajes bajan a 9,56% y 4,2% respectivamente.

APORTES PARA LA DISCUSIÓN. La importancia que muestra la capacitación en el análisis del BSLP, confirma lo inadecuado de tratar al microcrédito como un componente aislado. En los tres casos se verifica la trascendencia que otorgan los productores a sus ferias, lo que validaría que los temas financieros y comerciales son igualmente importantes. La tasa de inflación opera en dos direcciones opuestas sobre el nivel de crédito del productor: por un lado reduce el valor real de las cuotas y por otro reduce el capital obtenible en la siguiente renovación. Esto debe ser abordado con los prestatarios, pues en su interés está mantener la capacidad de compra en las sucesivas renovaciones. El caso de Mar del Plata muestra la predisposición a pagar una mayor tasa para evitar la erosión de “su” fondo. Otra de las ventajas de la apropiación que se produce en los FRAs es la selección y control social que se produce, pues es evidente que la incobrabilidad atenta contra la capacidad de représtamo del fondo. En la bibliografía se destaca el rol del promotor y su contacto directo para asegurar el repago y su retribución es un costo necesario, lo que encarece los préstamos o disminuye la capacidad prestable. Se considera que los FRAs constituyen una metodología válida para bajar costos y mantener la capacidad prestable. Por supuesto su implementación demanda la existencia de una organización consolidada y ciertas capacidades propias o que sean aportadas externamente, pero puede ser incorporada por organizaciones de microcrédito en grupos con los que vienen trabajando. Por ejemplo, de la observación in situ de la asistencia que el promotor del BSLP brinda para el registro del FAG, de la alta tasa de renovaciones y que por lo general los grupos solidarios conservan la misma integración,

permitiría a esa institución ensayar e implementar algunos FRAs, lo que le permitiría bajar parte de sus costos. Se asume que normalmente el número de promotores requeridos aumenta con el número de prestatarios y que asimismo las distancias del área rural impactan también en los costos, por lo cual la estrategia puede ser limitada pero es altamente replicable. Lo antedicho no cuestiona la estrategia actual del BSLP -claramente ha sido exitosa y brinda asistencia técnica más allá del crédito- sino que le propone una innovación a través de la cual le permitiría llegar a un mayor número de prestatarios. Podría pensarse como que incorpora un producto en el que actúa como banca de segundo piso. La existencia de un equipo técnico como el del BSLP posibilita la generación de nuevos instrumentos financieros y la gestión de recursos. Canalizar recursos hacia grupos ya existentes que se autogestionen, contribuiría a bajar costos y/o reducir su dependencia del trabajo de voluntariado. La temática de los costos operativos debe ser abordada en un debate que excede la sustentabilidad. Debería tratarse en términos de recursos disponibles para financiar los emprendimientos de la población. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Promoción de Microcrédito, creado a partir de la Ley 26.117, prevé un 30% de gastos de funcionamiento y estructura. En la medida en que se logre bajar ese porcentaje, aumentan los fondos disponibles para préstamos. Es por eso que deben proponerse y ensayarse innovaciones como la de los FRAs de ArgenINTA que contribuyen a la baja de costos, pero por sobre todo son funcionales a la creación de ciudadanía.

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APRENDIZAJES Y REFLEXIONES FINALES. El análisis y acompañamiento de estas tres experiencias dejan una serie de aprendizajes y motivan reflexiones que merecen ser compartidas: t A pesar de que en todos los casos se trata de experiencias de horticultura periurbana, las realidades donde se desenvuelven las acciones del Banco Social de la UNC y los Fondos Rotatorios de Fundación ArgenINTA son diferentes: en el primero son horticultores dispersos que venden a mercado y en los segundos se trata de huerteros agrupados en una feria que incorporan el microcrédito. También la génesis de las experiencias es distinta: la primera nace como institución de microcrédito que incorpora la asistencia técnica y luego avanza en una estrategia comercial y las otras son a la inversa; pero en ambos casos se verifica que la asistencia financiera y la comercial convergen. t La inyección de recursos para crédito en un grupo preexistente requiere cautela en el mecanismo de incorporación de los mismos. Estos grupos ya poseen una dinámica de reuniones y procedimientos de decisiones instalados que deben respetarse e incorporarse desde el inicio de creación del proyecto. El microcrédito no es el disparador del asociativismo ni generador del espacio de cooperación entre los protagonistas, sino que es un instrumento facilitador para la concreción y continuidad de los proyectos individuales, creados a partir de lo asociativo. t En la experiencia de los FRAs, la incorporación de la herramienta en un principio generó temor por el desconocimiento en la gestión de la misma y los inconvenientes que podrían surgir en el proceso. Fue clave la transmisión de la metodología de forma directa con los participantes y prestatarios. El establecimiento de las reglas de funcionamiento de forma participativa y la ausencia total de imposiciones derivó en un amplio empoderamiento de los feriantes y en la responsabilidad de la gestión. t El proceso fue ágil; en poco tiempo estuvieron en funcionamiento los fondos y se otorgaron los primeros créditos, lo que es atribuible a la experiencia de los grupos en su ejercicio de reuniones y toma de decisiones en conjunto. La creación participativa del proyecto facilitó el reconocimiento de la herramienta como propia y un rápido aprendizaje y reconocimiento de las reglas. t La posibilidad de modificar el Reglamento de

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Crédito por parte de los mismos prestatarios dota al instrumento de flexibilidad para adaptarlo a sus necesidades y realidades cambiantes y es otra de las claves para su correcta apropiación. Esta flexibilidad conlleva un riesgo por las decisiones que puedan tomar las organizaciones por falta de información que puedan tener. Ejemplo, una tasa de interés negativa que conlleva a una pérdida de la capacidad de compra, pero luego puede subsanarse esa decisión si el grupo está de acuerdo. t No todos los actores se apropian de los aspectos administrativos pero sí del fondo de crédito. En ambos casos, el reglamento tiene prevista una rotación en las funciones de tesorero cada seis meses, buscando que varios de los integrantes estén en condiciones de gestionar el fondo de crédito. Esto no fue posible y la realidad es que en Mar del Plata son tres personas bien capacitadas y en Malvinas Argentinas dos. t Estas experiencias se pusieron en marcha a bajo costo debido al subsidio por parte de la institución aportante. La articulación con otros actores que apoyan el desarrollo es importante pues evita duplicar asistencia técnica, principalmente productiva y de manejo de grupos. Esa asistencia existía y hoy continúa; hay, en consecuencia, “subsidios cruzados”. t Se reconoce que ambas experiencias son de pequeña escala y tal vez resulte necesario verificar su aplicabilidad en una organización que nuclee un mayor número de integrantes. Si se detectan inconvenientes, podría ensayarse que a medida que crece un grupo puedan constituirse diversos FRAs, dentro de la misma organización. Otra temática que se había señalado que incide en los costos es la demanda estacional, lo que genera períodos de iliquidez y otros de capital ocioso. Esta realidad no ha sido subsanada en las experiencias FRAs analizadas. Es factible que la corta vida de ambas todavía no haya permitido una rotación adecuada. Otros factores que podrían estar influyendo en esta situación son lo exiguo del fondo total y la necesidad de conformar grupos solidarios, que no contribuyen a la posibilidad de fraccionar las solicitudes. También en este caso hay que buscar soluciones innovativas para que el instrumento microcrédito pueda serle útil a más gente.

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INTRODUCCIÓN. Este es un estudio orientado a otorgar microcréditos a sectores carenciados para la realización de microemprendimientos. Se ha tratado de recopilar experiencias exitosas cercanas geográficamente, que demuestren que un programa de microcréditos, realizado con una fuerte decisión de impulsar la capacidad microemprendedora de los prestatarios, puede ser un instrumento importante para promover el desarrollo de sus capacidades y avanzar en la lucha contra la pobreza. Por eso, tomo como experiencia el proyecto llevado adelante por la Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano. Es por eso que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ONU proclamó al 2005 como Año Internacional del Microcrédito y, en octubre del 2006, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Muhammad Yunus, y a su banco especializado en microcréditos, el Grameen Bank. Inmediatamente después, en noviembre del 2006, la Cumbre Internacional del Microcrédito, que se realizó en Halifax (Canadá), fijó el objetivo de garantizar el acceso al microcrédito a 175 millones de personas en el mundo para el año 2015. Pero, más allá del consenso alcanzado acerca del fin último de las microfinanzas y de su potencial impacto, las formas de alcanzar mejores resultados, así como la manera de medirlos, están generando fuertes debates en la literatura especializada. Hasta los años 90, la evaluación de la efectividad de las Instituciones Microfinancieras (IMF) estaba fundamentada en criterios financieros. No obstante, este tipo de evaluación se reveló inadecuado para determinar si estas instituciones alcanzaban o no su meta de reducción de la pobreza. Es por eso que surge la necesidad de llevar adelante estudios de evaluación de impacto social. A esta temática apunta este trabajo que trata, por un lado, de avanzar con respecto a los problemas metodológicos y a las controversias que se plantean para realizar evaluaciones de impacto social en el campo de las microfinanzas. Es que el concepto de impacto social presenta, como mostraré más adelante, ciertas complejidades. Si bien se asocia con mejoras en la calidad de

vida de los prestatarios, esas mejoras pueden reflejarse (más allá de la situación de las microempresas) en múltiples aspectos de su vida: beneficios en salud, educación propia y de su familia, condiciones básicas de infraestructura e higiene, etc. Por otro lado, el trabajo presenta varios estudios de casos exitosos. El estudio se desarrolla de la siguiente manera: en el primer capítulo se intenta responder a la pregunta de por qué hacer una evaluación de impacto social y cómo alcanzarlo. Para ello se presenta, en primer lugar, cómo evolucionó históricamente la evaluación del desempeño de los programas microfinancieros. Luego, se abordan las controversias existentes en la literatura sobre la forma de potenciar el impacto social presentando dos enfoques alternativos: el integral y el minimalista, y se realiza una evaluación crítica acerca de los mismos. A partir de este punto se ejemplifican los distintos tipos de abordaje del enfoque integral mediante una descripción de estudios de casos internacionales exitosos, no sólo en lo que se refiere a metas económico-financieras sino también en el campo social. Por último, dentro de este capítulo, se presenta el debate existente entre autosustentabilidad financiera e impacto social para luego introducir al Estado y al rol que debe cumplir para posibilitar un desarrollo exitoso del sector de las microfinanzas y lograr un equilibrio entre ambos aspectos. En base a la discusión conceptual desarrollada en el primer capítulo, se trata de encontrar aportes metodológicos en base a experiencias exitosas. La segunda sección profundiza sobre la metodología de trabajo utilizada, mientras que en la tercera se presentan las hipótesis del estudio. La evaluación de impacto propiamente dicha y el desarrollo de los resultados alcanzados se realizan en la cuarta sección. Considero que este estudio es un aporte importante para entender la necesidad de llevar adelante evaluaciones de impacto social en el marco de los programas de microcréditos y para avanzar sobre los problemas metodológicos que se plantean en su realización.

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EL PORQUÉ DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL, Y CÓMO ALCANZARLO. 1. ¿Por qué encarar una evaluación de impacto social? Si las experiencias en microfinanzas son numerosas y existen en la actualidad en todos los continentes, los estudios de impacto realizados por las instituciones de microfinanzas (IMF) o por organismos externos a ésta no son tan comunes, en particular a causa del tiempo y de los recursos financieros necesarios. En gran parte ello se debe a que una adecuada evaluación de impacto social conlleva una gran cantidad de esfuerzos debido a que con ella se intenta identificar la presencia de mejoras en la calidad de vida del prestatario, producto del paso de éste por la experiencia microfinanciera. Por ende, resulta un término muy amplio, y de difícil medición, ya que la mejora en dicha calidad de vida se refleja en diferentes

IMF no es nada nueva. Sin embargo, hasta ahora, estaba fundamentada en otros criterios y se inscribía en una lógica totalmente distinta. Mientras que los primeros estudios apuntaban más a comprobar la viabilidad de las instituciones de microfinanzas, los estudios de impacto social apuntan más bien a determinar la validez de las IMF como instrumento de lucha contra la pobreza, y a mejorar los servicios propuestos a los prestatarios. Sólo hace unos quince años esos estudios empezaron a desarrollarse. Por consecuencia, las herramientas disponibles para implementarlos se están definiendo todavía, y son muy debatidas por los especialistas de las microfinanzas.

y múltiples aspectos de la vida del prestatario, como ser beneficios en su salud, educación propia y de su familia, condiciones básicas de infraestructura e higiene, etc., y no sólo a nivel de su microempresa, sobre la cual se dirigen las microfinanzas.

En este contexto, esta primera sección tiene por objeto explicar por qué y cómo se implementa una evaluación de impacto social en el ámbito microfinanciero.

Aunque los estudios de impacto social sean relativamente recientes, la evaluación del desempeño de las

Fundada sobre una síntesis de los debates en la literatura y sobre las primeras pruebas concretas, buscará demostrar la utilidad de los estudios de impacto social.

1.1.Una evaluación de las IMF hasta ahora fundamentada en criterios financieros y comerciales. Las IMF surgieron desde el sector privado con finalidades lógicas de intervención y estructuras de propiedad diferentes, pero con un objetivo único común: modificar las prácticas tradicionales de la banca creando un sistema bancario basado en la confianza mutua, participación, responsabilidad y creatividad, proveyendo de créditos a la población marginada, tradicionalmente excluida de estos. En este contexto, durante las primeras décadas en las cuales se desarrollaron las microfinanzas, el desafío que tenían que enfrentar las IMF era demostrar que prestar a los más vulnerables era posible. En otros términos, tenían que probar que las microfinanzas eran una actividad viable, y posible a largo plazo. Es por eso que la primera generación de evaluaciones de ese tipo de instituciones apuntaba a medir el riesgo y el rendimiento de las IMF, basándose en indicadores institucionales y financieros. Hoy en día, la utilización de esos indicadores sigue

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siendo importante, pero por otras razones. Por una parte, las IMF requieren medir su desempeño económico y comercial, a fin de asegurarse la sostenibilidad operativa de sus acciones en el tiempo y por ende, llevan a cabo un seguimiento regular de esos indicadores. Por otra parte, ciertas instituciones de microfinanzas alcanzaron un tamaño tal que es indispensable apreciar su solidez de manera regular, ya que las consecuencias de eventuales quiebras pueden ser muy importantes, sobre todo desde que numerosas IMF tienen una actividad no despreciable de colecta de ahorros. Así también, las IMF necesitan financiamientos crecientes por lo que gran cantidad de organismos donantes utilizan dichos indicadores a fin de evaluar la eficiencia en la gestión de fondos de la Institución, previo al otorgamiento de un subsidio o un crédito. Es posible agrupar esos indicadores financieros en diferentes categorías. Por ejemplo tomando como referencia la clasificación propuesta por MicroRate y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2003):

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t los indicadores de calidad de la cartera. t los indicadores de eficiencia y productividad. t los indicadores de gestión financiera. t los indicadores de rentabilidad. Entre esas categorías, cabe señalar que los indicadores de calidad de cartera son considerados como primordiales. Así, la fuente de riesgo más importante para una IMF es su cartera de créditos, la cual constituye su activo principal. Según MicroRate y el BID (2003), “para las instituciones microfinancieras, cuyos préstamos no están típicamente respaldados por alguna garantía realizable, la calidad de la cartera es de crucial importancia”. El indicador principal es la cartera en riesgo: mide la relación entre el saldo de capital de créditos atrasados por más de treinta días y el saldo total bruto de la cartera. Por ejemplo, la IMF Avanzar por el Desarrollo Humano, de la que voy a realizar este estudio, realiza un seguimiento semanal de este indicador. Otro indicador a menudo usado mide la importancia de los créditos incobrables. Además, para complementar esos indicadores financieros, las IMF eran evaluadas, hasta hace poco tiempo, sobre criterios comerciales. El desempeño de las IMF era apreciado en particular en función del número de prestatarios, así como en función de la naturaleza y de

la variedad de los servicios propuestos. Muy pocos estudios encaraban un análisis más detallado del tipo de prestatarios de las IMF, para evaluar si la institución realmente alcanzaba a los sectores más vulnerables o si los servicios provistos por ésta significaban mejoras en la calidad de vida del prestatario. De una cierta manera, el desempeño social de las IMF les parecía a muchos como evidente, y no juzgaban necesario evaluarlo. En realidad, ciertos consideraban que la evaluación de los resultados financieros, institucionales y comerciales era suficiente para demostrar el impacto positivo de los microcréditos sobre los prestatarios. La lógica era la siguiente: si los prestatarios utilizan los servicios propuestos por la IMF de manera repetida y devuelven el dinero de los préstamos a tiempo, eso significa que valoran el servicio y lo consideran como útil o incluso indispensable. En otros términos, la fidelidad de los prestatarios era considerada como un indicador de impacto positivo, y, como esa fidelidad era una condición necesaria a la rentabilidad de la IMF, la rentabilidad era por consecuencia, indirectamente, una prueba suficiente del impacto positivo. Sin embargo, este enfoque fue muy criticado, y así comenzaron a desarrollarse los estudios de impacto social.

1.2. Las motivaciones de los estudios de impacto social: « prove e improve ». La crítica de la generación anterior de evaluación no se refería a su inutilidad como tal, sino a su incapacidad para dar informaciones sobre los efectos de las microfinanzas sobre los prestatarios. Así, Copestake (2002) recalca que la fidelidad de los prestatarios es una prueba necesaria, pero no suficiente, del impacto social positivo. Lo más probable es que la fidelidad se pueda explicar por otros factores, como la ausencia de una fuente alternativa de financiamiento. De la misma manera, Cheston y Reed (1999) añaden que el hecho de proporcionar créditos de una manera eficiente del punto de vista contable no nos brinda ninguna información sobre la evolución de la situación económica y social de los prestatarios. En el caso particular de las poblaciones pobres, el endeudamiento puede a veces ser fuente de más problemas que de beneficios.

Así, la literatura especializada comenzó a avanzar sobre la idea de que los indicadores basados en el desempeño financiero constituyen miradas parciales y cerradas de la realidad de la IMF y de su población objetivo. Los mismos, si bien útiles para ciertos objetivos ya comentados, no arrojan miradas claras sobre la inserción comunitaria de la Institución, es decir, sobre la forma en que interactúa con el territorio al que alcanza y sobre el reconocimiento de éste por sus actividades cotidianas. Tampoco nos aproximan a la forma en que la IMF identifica y trabaja sobre las necesidades de su población objetivo. De igual forma, no permiten observar si el microcrédito produce mejoras reales sobre el emprendedor que lo recibe, ni reconoce cuáles son dichas mejoras ni tampoco las falencias en su alcance.

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Es decir, el aceptar el desempeño financiero del programa y el crecimiento del mismo como indicadores de impacto nos dice más sobre la capacidad de gestión de la IMF que sobre el prestatario. En los últimos años se ha difundido la idea de que la sustentabilidad de una IMF es condición necesaria pero no suficiente para la autosustentabilidad de los prestatarios ya que claramente estos pueden desarrollar estrategias alternativas que les permitan el pago de sus obligaciones y que no provengan de un adecuado desarrollo de su microempresa (endeudamiento con su entorno o prestamista informal a fin de cubrir la deuda original, redirección de ingresos de otra fuente del hogar con el mismo objetivo, etc.). Muchas IMF han tomado conciencia de ello y emprendieron la tarea de comprender mejor a sus prestatarios identificando, con mayor profundidad, quiénes son ellos, cuáles son sus necesidades, cómo interactúan con los productos y servicios de microfinanzas, y de qué forma han sido beneficiados por el programa. Para lograr esta meta se ha difundido el uso de la Evaluación de Impacto Social como forma de dimensionar los cambios cuantitativos y cualitativos que la IMF produce, mediante su operatoria cotidiana, en su población objetivo, así como forma también de situarse en un proceso de mejora continua evaluando y así rediseñando, fortaleciendo y/o modificando los distintos aspectos de dicha operatoria. Es decir, las evaluaciones de impacto se han implementado no sólo para atribuir a la IMF la consecución de los cambios observados o identificados en sus prestatarios, sino también para identificar las necesidades de los prestatarios lo cual, muy frecuentemente, en el mediano o largo plazo, afecta el grado y la naturaleza de sus impactos. La evolución de dicha herramienta tomó distintas formas en su desarrollo. Para el campo microfinanciero se volvió necesario crear indicadores para evaluar si las IMF alcanzaban la meta de reducción de la pobreza que se habían asignado. Más allá de los indicadores financieros e institucionales, centrados sobre la oferta, ahora se trataba de poner el énfasis en la demanda de microcréditos, con el fin de evaluar los servicios propuestos, así como su impacto sobre los prestatarios. Además, se temía que la orientación cada vez más comercial de ciertas IMF llevara a abandonar el objetivo social inicial, es decir que las IMF buscasen la rentabilidad, dejando de lado el alcance a la población más vulnerable.

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En un primer tiempo, los estudios de impacto social se justificaban entonces por la necesidad de demostrar que la acción de las IMF conducía a una reducción de la pobreza (« prove »). Esos primeros estudios eran financiados, en su mayoría, por donantes que deseaban verificar que los fondos dados o prestados a las IMF eran útiles. En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) creó unos indicadores para evaluar la contribución de las microfinanzas a la realización de esos objetivos. Sin embargo, poco tiempo después, esos estudios empezaron a ser criticados por su costo y su complejidad, así como por sus pocas implicaciones concretas en términos de recomendaciones para las IMF. Por consecuencia apareció un segundo tipo de estudio de impacto social, cuya meta era esta vez mejorar los servicios propuestos por las IMF (« improve »). Esas evaluaciones, más livianas y operativas, estaban implementadas por los operadores de microfinanzas y no por expertos externos pagados por los donantes. Según el CERISE (2003), Comité de Intercambio, de Reflexión y de Información sobre los Sistemas de Ahorro crédito, “eso muestra muy bien que, cada vez más, este tipo de estudios no está siendo percibido y usado por las IMF como un simple elemento de evaluación y de demostración para los donantes, sino como una herramienta de gestión interna”. En efecto, la necesidad de este tipo de estudios se basa en la idea según la cual las IMF deben asegurar su perennidad preocupándose constantemente por adaptarse a las necesidades de su población objetivo y a la evolución del mercado microfinanciero. Por una parte, según el CERISE (2003), la estandarización de los productos, en ciertas IMF que alcanzaron un gran número de prestatarios, las enfrentó con una situación nueva de salidas de prestatarios, porque esos últimos abandonaban un servicio financiero que ya no les correspondía. Por otra parte, en muchos países con mercados microfinancieros desarrollados, como Bolivia, Perú, Bangladesh e Indonesia, la competencia creciente en el sector de los microcréditos obliga a las IMF a hacer más esfuerzos para conservar sus prestatarios actuales y atraer unos nuevos. Hoy en día, la distinción clásica entre esos dos tipos de estudios de impacto (« prove » e « improve ») está cuestionada por ejemplo por Copestake, Johnson y Wright (2004). Así, las últimas reflexiones buscan más bien

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conciliar esos enfoques diferentes, implementando estudios que permitirían al mismo tiempo demostrar y mejorar el impacto de las microfinanzas sobre sus prestatarios. Por fin, cabe señalar que existe ahora una nueva generación de estudios que no apunta a medir el impacto, sino a juzgar el desempeño social de las IMF. La motivación principal es ir más allá de los estudios de impacto, y evaluar si las IMF emplean todos los medios necesarios para alcanzar sus metas sociales. En particular, el CERISE defiende este enfoque, y creó un cuestionario

midiendo cuatro dimensiones del desempeño social: cobertura en pobres y excluidos, adaptación de los productos y servicios a la población objetivo, mejora del capital social y político de los prestatarios, responsabilidad social de la IMF (Zeller, Lapenu, Greeley, 2003). Entonces, la medición del desempeño social es bien diferente de la medición del impacto social, porque no se interesa en los resultados sino en las intenciones y en las acciones de las IMF para obtener esos resultados.

1.3. ¿Cuáles son las herramientas disponibles para evaluar el impacto social? Si bien se está reconociendo en forma creciente el interés de implementar estudios de impacto social, existen todavía debates intensos en cuanto a las herramientas que hay que utilizar. Así, las discusiones se refieren al tipo de datos (cuantitativos o cualitativos), o también al marco conceptual del estudio (niveles a los cuales los cambios deben ser medidos). Por consecuencia, la expresión « estudio de impacto social » abarca una gran diversidad de tipos de evaluación, diferenciándose, por el rigor, la metodología y las dimensiones del impacto estudiadas. Ello se debe a que una medición de impacto social correcta puede presentar costos muy significativos y serias dificultades metodológicas debido a la diversidad de variables a las que el microemprendedor y sus unidades doméstica y económica están sujetas. La atribución de los cambios a la IMF y sus productos es el paso más complejo dentro del proceso de Evaluación de Impacto y es por ello que dichas evaluaciones no son todavía una práctica generalizada en el campo de las microfinanzas sino que suelen limitarse a las IMF que han alcanzado una cierta escala y desarrollo. Un paso intermedio, sobre el que se ha avanzado, es la evaluación más abarcativa de la IMF profundizando no sólo sus indicadores de desempeño financiero, sino también aquellos que apuntan a definir la manera en que la institución se relaciona con sus prestatarios. Las dificultades mencionadas, sobre la posibilidad de generalización del método de Evaluación de Impacto Social a los prestatarios, se deben a que las microfinanzas no limitan su alcance sólo a nivel de la microempresa mediante cambios en los ingresos, el empleo, los

activos y el volumen de producción, sino que a través de estos produce efectos “derrame” en los distintos ámbitos en donde el prestatario y su microempresa se hallan insertos, los cuales son difíciles de identificar y cuantificar: t A nivel de la familia/hogar, el desarrollo del microemprendimiento contribuye a la estrategia de reproducción de la unidad doméstica mediante al aumento neto de los ingresos de la familia/hogar, la acumulación de activos y la productividad laboral. Los ingresos invertidos en activos como los ahorros y la educación aumentan la seguridad económica de la familia/hogar al hacer posible que se cubran las necesidades básicas cuando el flujo de ingresos se interrumpe. t A nivel individual, el cambio se mide en base a la capacidad de los emprendedores para tomar decisiones y realizar inversiones que mejoren el rendimiento de su negocio así como sus ingresos personales, lo cual a su vez fortalece la cartera económica de la familia/hogar y a menudo esto se traduce en un mejoramiento personal. t A nivel de la comunidad, los microemprendimientos pueden proveer nuevas oportunidades de empleo, estimular los vínculos con otras empresas comunitarias, y captar nuevos ingresos de fuentes externas ajenas a la comunidad. En la medida que los hogares carenciados se beneficien del incremento de la actividad económica, las intervenciones a nivel de los microemprendimientos pueden tener impactos adicionales sobre su patrimonio neto.

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Al principio, los debates pusieron el énfasis sobre la oposición entre datos cuantitativos y cualitativos. Los estudios financiados por los donantes eran más bien cuantitativos: la ventaja de este tipo de datos es el rigor científico, ya que los resultados de las encuestas pueden ser comparados y analizados de manera estadística; pero el inconveniente es que no se puede siempre identificar el sentido de la causalidad y las razones por las cuales el impacto se produjo. Al contrario, las evaluaciones llevadas a cabo por los operadores se fundamentaban más en datos cualitativos: gracias a métodos participativos en particular, esos estudios tienen la ventaja de proporcionar datos más ricas que ilustran mejor la realidad; pero no son siempre colectados y analizados con suficiente rigor. Sin embargo, actualmente, se tiende a combinar esos dos tipos de datos, y a proponer estudios de impacto basados en un conjunto de herramientas. Así, la guía más conocida es la de la red SEEP (Small Enterprise Education and Promotion), elaborada en el marco de la iniciativa AIMS (Assessing the Impact of Microenterprise Services) financiada por la USAID.

Entorno político, social y cultural; contexto económico y financiero (incluyendo el sector microfinanciero)

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Estructura y estrategia de la IMF (recursos humanos, productos propuestos, tipo de prestatarios...)

Este manual (SEEP, 2001) se fundamenta en tres conceptos: “(1) la evaluación del cliente debe ser relevante; (2) el ejercicio de evaluación debe ser factible para los operadores; (3) el enfoque debe encarar los retos de una evaluación creíble y de calidad”. Combinando enfoques cualitativo y cuantitativo, SEEP propone cinco herramientas: encuesta de impacto; encuesta de salida de los prestatarios; uso de préstamos, utilidades y ahorros a través del tiempo; satisfacción del prestatario; facultar al prestatario. Por otro lado, el marco conceptual de esta guía supone lo establecido más arriba, es decir, que el impacto interviene a cuatro niveles: el hogar, la microempresa, el individuo y la comunidad. Este enfoque tiene la ventaja de ser bastante completo y tiene como objetivo demostrar y mejorar el impacto social; entonces, puede ser útil tanto para los donantes como para los operadores de microfinanzas. Además, es interesante referirse también a Epstein y Crane (2006), quienes conciben el impacto de los microcréditos como una cadena de vínculos causales. Proponen un modelo de explicación de los factores de éxito de una IMF por un estudio a cuatro niveles diferentes:

Resultados de las microempresas beneficiarias

Impacto socio-económico sobre los prestatarios; impacto financiero sobre la IMF

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La principal falencia de Epstein y Crane (2006) se centra en que los indicadores propuestos para rendir cuentas de esos cuatro niveles son esencialmente de naturaleza cuantitativa. El uso de métodos cualitativos permitiría sin dudas una mejor comprensión de los resultados y de los vínculos causales entre las diferentes etapas del análisis. Sin embargo, su marco conceptual es muy interesante ya que consideran, en el comienzo de su análisis, ciertos factores del ámbito del microemprendedor que pueden influenciar sobre las potencialidades de impacto positivo del microcrédito. Dicha idea la retoma Kantis (2004) exponiendo una serie de factores, en muchos casos estructurales de la población objeto, que tienden a construir u obstaculizar el nacimiento y desarrollo de los microemprendimientos, y por ende la potencialidad de las microfinanzas: t Condiciones económicas y sociales: la estructura social incide en el perfil de los hogares de los cuales surgen los potenciales emprendedores. Sociedades con mayor fragmentación social redundarán en menores posibilidades de acceso a la educación o a ingresos básicos que les permitan ahorrar para emprender. Asimismo el nivel de ingreso de las sociedades influye en el desenvolvimiento de los emprendimientos. Hogares con mayor PBI per cápita inciden favorablemente tanto sobre el volumen de la demanda como sobre su perfil, ensanchando el espacio de oportunidades para el surgimiento de nuevas empresas basadas en la diferenciación de la oferta y el conocimiento. Por otra parte, las condiciones macroeconómicas inciden sobre el contexto en el cual los emprendedores identifican oportunidades y deciden si van a emprender.

y los medios de comunicación definen contextos especialmente influyentes sobre la cultura e inciden en la formación de la motivación para emprender. Es decir la acumulación de capital humano de un individuo, factor fundamental para el crecimiento de una microempresa, está directamente relacionado con los factores socioeducativos mencionados. t Redes del emprendedor: la existencia de redes sociales, institucionales y comerciales puede facilitar el proceso emprendedor. La carencia de éstas por parte de las microempresas informales, especialmente aquellas denominadas verticales, limitan el acceso a canales de información. t Estructura y dinámica productiva: la estructura productiva puede contribuir en diverso grado y forma al desarrollo de competencias emprendedoras en la población trabajadora y en la formación de sus redes de relaciones. Las empresas Pymes, por ejemplo, suelen ser consideradas buenos ¨yacimientos¨ de emprendedores debido a que en ellas las personas alcanzan una comprensión más global de la función empresarial que en las grandes corporaciones (Mason 1997). Los microempresarios informales tienden a no tener contacto con estas realidades productivas, lo que sumado a factores de carácter estructural (como los anteriormente mencionados) erosionan la capacidad de desarrollo de su unidad económica. Por este motivo, muchas reflexiones insistieron en la necesidad de utilizar un grupo control en las evaluaciones de impacto social, con el fin de aislar las acciones de la IMF de estas otras variables que influencian la evolución de la situación de los prestatarios durante el mismo periodo.

t Cultura y sistema educativo: la familia, el sistema educativo, las empresas en las que trabajaron antes

2. ¿Cómo potenciar el impacto social de las microfinanzas? El enfoque integral vs. El enfoque minimalista. El Rol del Estado. Existe un claro consenso de que las microfinanzas han sido concebidas como un instrumento para mejorar las condiciones socio-económicas de la población en situación de vulnerabilidad social a la que alcanza, generalmente insertas en estrategias de sobrevivencia basadas en el autoempleo precario e informal. En este sentido, Yunus (2000; 2002) defiende abiertamente la idea de

que el microcrédito es una herramienta de movilidad social al dotar de instrumentos a los sectores carenciados que permiten el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Esta perspectiva se condice con la visión de Amartya Sen (2000) de que el combate de la pobreza pasa por la dotación a los más vulnerables de capacidades. Así el microcrédito surge como una innovadora

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respuesta a una realidad que crecientemente margina, basándose en la concreción de las potencialidades de sus receptores y permitiendo el paso así a estrategias de desarrollo inclusivo. La evidencia empírica en los últimos años apoya la concepción del microcrédito como herramienta para la mejora de la calidad de vida de los sectores carenciados así como la que lo sitúa como componente importante de toda estrategia de desarrollo local. Los datos abundan respecto de experiencias exitosas en el campo de las microfinanzas en relación a la reducción de niveles de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. En el caso del Banco Grameen de Bangladesh, por ejemplo, la mitad de sus prestatarios ha logrado superar la barrera de la pobreza (Amín, 1994; Wahid, 1994). El ingreso familiar de los miembros del Banco es un 50% mayor que el ingreso de los no miembros en las aldeas donde éste opera (Hossain, 1998), y entre los que pertenecen al programa, ha mejorado su nivel alimenticio y su salud, se han reducido el número de nacimientos, han aumentado las condiciones sanitarias de su entorno (acceso a agua potable, letrinas, etc.), y se ha incrementado su autoestima (Jolis, 1996). Anderson, Locker y Nugent (2002) argumentan que el microcrédito, además de esos efectos, lleva a la formación de capital humano y a la ampliación y fortalecimiento del capital social en las comunidades alcanzadas, como externalidades positivas, producto de la existencia y actuación de la garantía social y de otras formas, espontáneas o fomentadas a partir de las IMF, de asociativismo y cooperación. Una gran cantidad de experiencias alrededor del mundo ha demostrado el éxito de las microfinanzas en su desempeño social. Sin embargo, más allá del consenso establecido con respecto al fin último de las microfinanzas y de su potencial impacto, son las formas de alcanzar

dichos resultados los que acarrean los mayores debates en la literatura especializada. De acuerdo a lo expuesto, existe una clara potencialidad de las microfinanzas como herramienta efectiva para combatir la desigualdad y exclusión socioeconómica, así como la necesidad de evaluar dicha potencialidad con herramientas acordes a la complejidad que refleja, y no reduciéndolas al desempeño financiero de la IMF (véase sección 1). Partiendo de estas visiones, el debate actual se ha centrado en la forma en que dicha potencialidad y el impacto sobre los distintos aspectos del microemprendedor mencionados (hogar, microempresa, individual y comunidad) pueden ser concretados por las distintas IMF que operan en el campo de las microfinanzas. Prevalece la oposición entre el enfoque “minimalista”, el cual reduce la atribución del impacto de las microfinanzas al sólo acceso a los servicios microfinancieros (González Vega, 2002; Von Pischke, 2002), y el enfoque integral o “microcredit – plus”, con éste último incorporando una compleja serie de intervenciones a la par de la provisión de servicios microfinancieros, en post del desarrollo con esencial énfasis sobre la capacitación (Yunus, 2002; Mc. Nelly, 2002; Dunford, 2000). A continuación, expongo las particularidades de ambos enfoques para luego ahondar en las diversas metodologías de aplicación de la concepción integral de las microfinanzas entendida, por este trabajo, como la adecuada herramienta para potenciar los efectos positivos de las microfinanzas tanto a nivel del prestatario como a nivel de sus unidades doméstica y económica.

2.1. La visión minimalista del microcrédito. Existe una visión por la cual se da fundamental importancia al papel de la ONG como proveedora de microcrédito y se le resta relevancia a la necesidad de captación de ahorro para mantener su autosustentabilidad y a todo tipo de servicio no financiero. Supone que la población objetivo valora más el producto crédito que la posibilidad de ahorro y de capacitación.

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Si una institución utiliza el enfoque minimalista significa que su manejo debe observar el acceso al crédito como la principal forma de asistencia que debería ser provista a los microemprendedores. Y también significa que la metodología crediticia, que ha sido modificada para ajustarse a la situación del grupo meta, supone ser capaz de proveer toda la información necesaria para

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tomar decisiones de crédito adecuadas. Dichas decisiones redundarán en mejoras tangibles para los microemprendedores, prestatarios de la IMF. Ya que, de acuerdo a este enfoque, el microcrédito por si sólo permite la mejora en las condiciones socioeconómicas de las personas, es éste el que debe alcanzar a la mayor cantidad de potenciales prestatarios posible. De esto se desprende que, según el enfoque minimalista, el impacto positivo de una IMF estará asociado a una mayor escala de la misma. Quienes sostienen el enfoque minimalista refutan la posibilidad de eficiencia de operación al integrar distintos servicios destinados a la misma población. Esta es una reacción a los problemas de los programas de

“desarrollo rural integrado” y otros modelos idealistas de respuestas de intervención múltiple a las necesidades interconectadas de las comunidades de bajos recursos. Según este enfoque, la especialización en un tipo de servicio de desarrollo es necesaria para alcanzar la efectividad del desarrollo, servicio eficiente y sostenibilidad institucional aduciendo que la capacitación, la asistencia y otros servicios no financieros aumentan los costos de las IMF, recargan las tareas administrativas y encarecen los costos para los prestatarios, sin que ello se traduzca en beneficios tangibles significativos. “Dejemos a los banqueros ser banqueros” y dejemos a otros con distintas aptitudes y experiencias hacerse cargo de las otras necesidades y aspiraciones de una comunidad, afirma el enfoque minimalista.

2.1.1. El Banco Rakyat de Indonesia como exponente del enfoque minimalista. Una de las IMF más reconocidas, representativas del enfoque minimalista, es el Banco Rakyat de Indonesia (BRI). El sistema del BRI representa la red de microfinanzas más grande y rentable alrededor del mundo. Dicho resultado fue producto de cambios profundos en la operatoria del Banco ocurridos en el año 1984. Hasta allí el BRI representaba alrededor del 90% del sistema financiero formal de Indonesia; se trataba de un inmenso banco estatal con más de 3.600 sucursales rurales, cuya misión era otorgar créditos para el desarrollo rural baratos y mediante escasos análisis, lo cual generaba pérdidas por 24 millones de dólares. La caída de ingresos del petróleo y los consiguientes recortes fiscales del gobierno Indonesio causó la interrupción de gran parte de los subsidios. El Ministerio de Finanzas animó al BRI a moverse hacia la comercialización del sistema de Unidad para proporcionar servicios básicos bancarios al sector rural. Debido a ello, en 1984, las sucursales rurales del BRI fueron reestructuradas: se convirtieron en unidades autónomas orientadas a la prestación del servicio completo y adoptaron una aproximación comercial de las microfinanzas (no acceso a subsidios, tasas de interés sustentables, gestión eficiente, esfuerzos tendientes a movilizar ahorros) que las llevaron a convertirse en unidades sustentables de 1985 en adelante (Robinson, 2004). El BRI se conforma de cuatro unidades estratégicas de negocio: Banca Minorista, Banca de Inversión, Banca

Corporativa y Microbanca. Esta última es la unidad mediante la cual el Banco desarrolla sus actividades microfinancieras, como ser ahorro de fácil acceso, mediante el otorgamiento de cuentas a sus prestatarios que no involucran costo alguno y que permiten la disponibilidad inmediata de los fondos permitiendo al microempresario una posición de total liquidez y el servicio de microcrédito, diseñado para el financiamiento de capital de trabajo o fijo. El programa microfinanciero se implementa a través de unidades locales autónomas en el territorio, llamadas Unit Desa. Si bien las mismas forman parte del BRI, sus características de descentralización (cada unidad es un centro de beneficios separado), estandarización y simplificación, en sus operaciones y sistemas de información, y supervisión local (hecha por la sucursal respectiva a la que la Unidad está adscripta) las distinguen del resto del BRI. Las Unit Desa tienen entre cuatro y diez empleados. Si el crecimiento de la unidad es tal que requiere la incorporación del undécimo empleado, entonces la unidad es escindida en dos. Asimismo, existe lo que se llama “puestos de servicio”, que son centros (que sólo cuentan con dos empleados) ubicados en zonas de tan baja densidad poblacional que no se justifica la apertura de una Unit Desa. Estos puestos de servicio dependen de las unidades locales. De hecho, toman ahorro y cobran cuotas pero no tienen autonomía para aprobar créditos (Bekerman, 2004).

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Todos los productos financieros introducidos deben responder a las necesidades de los prestatarios, identificadas a través de encuestas de campo, y ser rentables ya que las unidades deben cubrir todos sus costos operativos y financieros sin subsidios. A fin de combinar los principios de descentralización y estandarización, las Unidades sólo ofrecen una gama limitada de productos financieros ampliamente comerciales, ubicándose así bajo la órbita del enfoque minimalista. El instrumento concreto de crédito de las Unit Desa es un crédito rural de carácter muy general llamado Kupedes. El mismo se destina, en la mayoría de los casos, para la financiación de capital de trabajo, maquinarias o herramientas. Los créditos para objetivos de consumo son desalentados, aunque con la necesidad del dinero, algunos son financiados disfrazando su objetivo. Las mejoras a las casas y la educación de los niños, en el pasado se venían clasificando como créditos de consumo, pero en la actualidad son aceptados. Los créditos se reembolsan en forma mensual y sus montos varían de Rp 52.500 (5 U$S) a Rp 63 millones (6.000 U$S). El BRI desarrolla distintas estrategias innovadoras a fin de asegurar el repago de los prestatarios y, por ende, cumplir sus objetivos de sustentabilidad y rentabilidad.

del crédito, la misma es sumamente laxa. No se verifica el uso del microcrédito, ya que se supone que los microemprendedores conocen su emprendimiento mejor que el Banco, permitiéndose, por ende, que parte del crédito no sea usado en lo que se especificó en el formulario de solicitud si se considera necesario. Además los oficiales de crédito sólo están obligados a visitar a los prestatarios de su cartera una vez al año. Por ende, el acompañamiento al prestatario, considerado el servicio no financiero fundamental en toda actividad microfinanciera, se reduce al contacto entre el Banco y el prestatario al momento de depositar sus cuotas, una vez al mes. Respecto del esquema de ahorros rurales, denominado Simpedes, ha demostrado significativos resultados. A marzo del 2001 los ahorros acumulados tienen un valor que equivale al doble de los préstamos otorgados por Kupedes; su éxito ha roto el mito de que los pobres rurales no ahorran y que no son sensibles a los incentivos que se les puede otorgar para ahorrar (Martowijoyo, 2002).

El sistema de créditos presenta un esquema de incentivos al pago, que varía desde un esquema de niveles de tasas de interés decrecientes a medida que el prestatario recibe montos mayores, al cobro de un monto (conocido como IPWT e inserto dentro de la tasa de interés) que es devuelto al prestatario si los pagos son efectuados puntualmente durante un período de 6 meses. Si hay retrasos en uno o más pagos, el IPTW de ese período se pierde en favor del banco, como una forma de penalizar el pago tardío. En un préstamo con pagos mensuales, un reembolso de IPTW de seis meses, es igual a cerca del 30 por ciento de un pago mensual; así que hay un incentivo real para los prestatarios para cumplir con sus pagos, aparte de la expectativa de recibir préstamos subsecuentes.

Para asegurar que las unidades están correctamente provistas de personal, el BRI ha desarrollado normas de empleo y reclutamiento como insumo para la planificación de personal y su desarrollo. Además, el BRI plantea un esquema de incentivos dinámicos para sus empleados que contribuye a un adecuado y transparente manejo de la unidad. Se establece que el 10% del beneficio anual de una unidad se distribuye entre los empleados y supervisores de unidad. Como casi el 95% de las unidades son redituables en un 95%, alrededor de 20.778 empleados se benefician de este esquema. Hay también una competencia semianual de desempeño de todas las unidades, basada en un conjunto de criterios que incluyen la rentabilidad, la movilización de los ahorros, la calidad de cartera, y el volumen de préstamos. Los empleados y los supervisores de todas las unidades que se desempeñan bien y que pasan los criterios, consiguen premios en efectivo, y para las mejores diez unidades, hay premios adicionales.

Aunque los préstamos son individuales, se solicita la existencia de un cotitular, que en varias ocasiones es algún titular o el cónyuge. El otorgamiento supone una mínima capacidad de repago medido a través del flujo de ingreso del microemprendedor y la entrega de algún tipo de colateral, que varía entre activos personales, saldo en cuenta de ahorros, segunda firma, propiedad o recibo de sueldo. Respecto de la supervisión

Siendo un banco comercial estatal grande que conduce una variada gama de servicios bancarios, sobre todo en los sectores rural y agrícola, el BRI ha desarrollado la red más grande de cualquier banco indonesio. Desde febrero 2001 tiene 12 oficinas regionales, cada una de ellas con un departamento micro que supervisa el funcionamiento financiero de la unidad, en base a reportes a nivel sucursal (órgano de supervisión directo de las

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Unit Desa) tomando acciones correctivas si el caso lo justifica. Las sucursales suman 318, que cubren todas las ciudades principales y capitales de distrito. Debajo del nivel de sucursal, hay 3.724 unidades que funcionan en capitales de sub-distrito con sus 286 puestos de servicio asociados para aumentar sus servicios al nivel de los pueblos. Al final del 2000, las unidades tenían activos totales de Rp 22 trillones (20,952 mil millones U$S)

o el 24 por ciento del total de préstamos BRI otorgados eran Rp 7.8 trillones (742 millones U$S) o el 15 por ciento del total del BRI; y empleaban a 24,168 personas, o más de la mitad del empleo total del BRI. El sistema de unidad ha sido redituable de manera consistente desde 1986 y ha sido el contribuyente principal de las ganancias totales del BRI.

2.1.2. Debilidades del enfoque minimalista. El BRI ha basado su accionar en el enfoque comercial de las microfinanzas especializando su tarea en la pro-

Debe cuidarse de no confundir el éxito en el desempeño financiero que puede presentar una IMF con el grado de

visión de servicios financieros y desarrollando, como se ha expuesto, distintos instrumentos a fin de asegurar un recupero adecuado de sus créditos. En la descripción de la operatoria del BRI se reconocen varios de aquellos puntos centrales de una adecuada práctica microfinanciera, es decir la aplicación de montos de microcréditos creciente, territorialidad de sus sedes, aplicación de garantías no tradicionales, evaluación de las distintas estrategias de ingreso del microemprendedor y el reconocimiento a la figura del asesor de crédito en la etapa de formulación del proyecto.

desarrollo de los microemprendedores a los que alcanza. La concepción de que la sola aplicación adecuada del microcrédito es garantía de éxito del mismo no contempla características esenciales, como la precariedad y la vulnerabilidad de las unidades sujeto de crédito, es decir, los microemprendimientos informales.

En base a lo descripto, se infiere que si bien las necesidades a cubrir surgen desde el territorio (principio rector de las microfinanzas), la operatoria del BRI se centra en la adecuación de herramientas de rápida efectividad para el recupero de los créditos pero que poco permiten concluir sobre los efectos positivos que las microfinanzas puedan tener sobre los prestatarios involucrados. Es decir, pone énfasis en su planificación estratégica, en la adecuada división de tareas de sus distintos componentes, en políticas de incentivos a sus empleados y Unidades Rurales (fundamentales por su grado de descentralización) así como también incentivos para fomentar el pago oportuno en sus prestatarios, pero no toma en cuenta elementos igual de fundamentales en lo que se refiere a las microfinanzas como estrategias de desarrollo, como ser el acompañamiento y seguimiento del prestatario, la capacitación a estos, etc. El rol del asesor de crédito es totalmente pasivo en lo que a seguimiento respecta, entendiéndose que la sola aplicación adecuada del microcrédito es suficiente para la correcta devolución del mismo.

Si bien se reconocen como sumamente importantes los esquemas planteados para el desarrollo de una IMF, y para su permanencia en el tiempo, también es necesario para una adecuada performance social no perder de vista al demandante de microcrédito al momento de ofrecer los servicios. Inevitablemente toda mejora de éste, mediante medidas que reconocen y abordan adecuadamente sus problemáticas, redundará en altas tasas de recupero. Es decir, la autosustentabilidad del microemprendedor será condición necesaria y suficiente para el desarrollo de la IMF. Dicha sustentabilidad y fortalecimiento al prestatario posee mayores probabilidades de concretarse mediante la provisión no sólo de servicios financieros, sino también ofreciendo servicios complementarios que permitan potenciar los impactos de los primeros, como ser la capacitación y especialmente el acompañamiento y seguimiento en los momentos previos, durante y luego de la entrega de los servicios microfinancieros. Bajo dicha concepción ha surgido el enfoque integral de las microfinanzas, que se aborda a continuación.

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2.2. El enfoque integral de las microfinanzas o “microcredit plus”. En los últimos años se ha establecido un mayor consenso en la literatura de las microfinanzas así como en un amplio sector académico dedicado a la economía del desarrollo (Fernández Trillo et al, 2007) de que el enfoque minimalista está basado en una percepción muy limitada de lo que es el empoderamiento, ya que asume que la provisión de un único servicio al microemprendedor, el acceso al microcrédito, es lo que permite la mejora en la calidad de vida de éste y la posibilidad de ascenso social. La evidencia sugiere que donde el enfoque minimalista es aplicado, los prestatarios de los servicios microfinancieros son privados de todo tipo de capacitación específica y por ende terminan abocándose a actividades de subsistencia intensivas en el uso de mano de obra y con escasa capacidad de generación de excedente. Esto generalmente explica la tendencia de estos a aceptar actividades menos riesgosas las cuales requieren un capital mínimo para su puesta en marcha y por ende menores montos en los créditos solicitados. Como afirma Fernández Trillo et al. (2007), “las limitaciones del enfoque minimalista para reducir la pobreza son evidentes. La escasa vinculación con los procesos sociales y económicos de los beneficiarios finales conlleva cierta debilidad a la hora de adecuar los objetivos de estas instituciones a los problemas y necesidades identificadas en los países beneficiarios receptores del crédito. Al decidir por una lucha contra la pobreza a través de la inyección de capital en los sistemas microfinancieros

existentes, que además deben contar con un grado de madurez suficiente, el enfoque está restringido a trabajar únicamente con instituciones fuertes y solventes. Estas entidades no siempre atienden a los sectores más desfavorecidos, ni las microfinanzas necesariamente representan una herramienta adecuada para mejorar las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables”. Por su parte, el enfoque integral o “microcredit plus” tiene conocimiento de los lazos existentes entre la dinámica dentro de los hogares, la comunidad, el mercado y el Estado, y por ende reconoce la necesidad de modificar los factores estructurales (sociales, económicos, políticos y legales) que impiden el acceso de la población carenciada al mercado microfinanciero y/o que interfieren con sus derechos de control sobre el uso del microcrédito y de los beneficios obtenidos. Se reconoce la naturaleza multidimensional de la problemática de la pobreza, y por ende la necesidad de resolverla mediante el abordaje de distintos aspectos del microemprendedor y de sus ámbitos de interacción. Dicho enfoque reconoce la necesidad de capacitación y asistencia técnica a los prestatarios de las IMF si el objetivo es generar actividades sustentables y generadoras de excedente económico. En palabras de Seibel (1998) “las microfinanzas no se deben resumir sólo a una redistribución de recursos financieros sino que debe estimular el mejor uso de estos y la viabilización de mecanismos de acumulación para la población carenciada”.

2.2.1. Formas de llevar adelante el enfoque integral. La aplicación del enfoque integral significa otorgar a los prestatarios de las IMF una combinación coordinada de servicios de microfinanzas y otros servicios de desarrollo para mejorar sus microemprendimientos, ingresos y bienes, salud, nutrición, planificación familiar, la educación de sus niños, redes de apoyo social, etc. Diversas Instituciones han respondido exitosamente al reto de integrar las microfinanzas con los aspectos mencionados, sin comprometer la sostenibilidad de sus operaciones financieras y generales. La aplicación de la visión “microcredit plus” puede tomar diversas formas siendo los resultados, respecto de la más eficiente, ambiguos

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y claramente correlacionados con el contexto específico en donde los servicios de la IMF son desarrollados. La puesta en práctica de estas formas intentan lograr “economías de diversificación”, armando un paquete de dos o más servicios integrados para minimizar los costos de entrega y apoyo administrativo, y maximizar la variedad de beneficios para las múltiples necesidades y aspiraciones de la gente. Hay tres escenarios comunes para la integración del microcrédito con otros servicios (Dunford, 2002):

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t Entrega vinculada de servicios por dos o más instituciones independientes que operan en la misma área. Una institución especializada en las microfinanzas ofrece los servicios financieros, al mismo tiempo que otra institución independiente, especializada o de tipo general, ofrece los servicios no financieros (posiblemente en el sector salud y otros sectores) al mismo grupo de prestatarios. Cuando existen varios proveedores de servicios de desarrollo en un área objetivo (como es el caso en muchas áreas urbanas y peri-urbanas), es razonable esperar que una institución se especialice en la entrega de servicios microfinancieros. Por su parte, las instituciones que desarrollan otras actividades en el territorio, de promoción, coordinarían con la IMF la identificación de necesidades por parte de los prestatarios y el abordaje de las mismas, incluyendo servicios ofrecidos en puntos comunes y recomendaciones mutuas. Muchas instituciones especializadas en microfinanzas operan en este tipo de escenario, pero pocas buscan la “ideal” promoción coordinada con los proveedores de servicios no financieros. Un ejemplo clásico de entrega vinculada es la estrecha coordinación del Programa de Desarrollo rural de BRAC (Comité de Empoderamiento Rural de Bangladesh) que provee microfinanzas, con el Gobierno de Bangladesh (y el Programa Mundial de Alimentos) que realiza la distribución de alimentos a la población alcanzada por el BRAC. La relación está coordinada mediante el programa intermediario IGVGD (Income Generation for Vulnerable Groups Development - Generación de Ingresos para el Desarrollo de Grupos Vulnerables), administrado en forma conjunta por BRAC y el Gobierno de Bangladesh. Dentro de esta visión se encuentra también la de varios autores asiáticos, como Bibhudutt Padhi (2002) y Rajesh Chakrabarti (2001), que resaltan la necesidad de asociación entre ONG y Bancos como forma de potenciar los roles de estos, al aportar los primeros eficientemente su ingeniería social y los últimos su experiencia en la intermediación financiera. Dicha visión de unión estratégica entre ambos actores se basa en la experiencia de los Self Help Groups (SHG) en la India (véase 2.3.1.). Para el caso de Argentina, el Programa FOMICRO del Banco Nación, funciona bajo este enfoque,

proveyendo el servicio del microcrédito mientras que las Organizaciones de base con las que se vincula aportan con una diversidad de servicios más allá de éste, como ser asistencia en el armado de los proyectos, acompañamiento, capacitación, contención, etc. t Entrega paralela de servicios por dos o más programas de la misma institución que operan en la misma área. Una institución de propósitos múltiples (con frecuencia una organización privada de desarrollo que moviliza donaciones en el ámbito local, nacional o internacional) ofrece servicios microfinancieros mediante el personal de un programa especializado en microcrédito al mismo tiempo que ofrece otros sectores de servicio mediante personal de un programa diferente de la misma institución u organización (al mismo grupo de prestatarios). Si hay pocos servicios disponibles en un área y una institución puede adquirir el compromiso a largo plazo de proporcionar dos o más servicios con distinto personal especializado, entonces tiene sentido entregar una variedad de servicios en forma paralela. PRO MUJER de Bolivia se presenta como un caso reconocido internacionalmente que ilustra este método de entrega de servicios paralelos (véase 2.3.2.). t Entrega unificada de servicios por una misma institución, programa y personal. Los mismos integrantes de la institución ofrecen tanto los servicios de microcrédito como otros tipos de servicios al mismo grupo de emprendedores. Cuando las personas de bajos recursos tienen poco acceso, si es que tienen alguno, a otros servicios de desarrollo, como ocurre en muchas comunidades rurales, y la institución no tiene los medios para adquirir un compromiso a largo plazo de proveer dos o más servicios mediante personal especializado diferente, es razonable que opte por pedir al mismo grupo de empleados que provea el microcrédito junto con otro servicio. La institución puede incluso recurrir a mantener sus costos a un nivel que pueda sostener mediante los ingresos generados por el servicio unificado mismo. Los proveedores del programa Crédito con Educación, como ser CRECER (Crédito con Educación Rural) de Bolivia, ofrecen varios ejemplos. Dicha asociación brinda servicios financieros a 37 mil mujeres indigentes en más de mil comunidades rurales y urbanas marginales de su país, basada en el sistema

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de “banca comunal” o “village banking”. Los préstamos están integrados con acciones de capacitación en salud, nutrición, autoestima, negocios y manejo de Asociaciones Comunales (véase 2.3.3.). Por supuesto, puede haber híbridos de estos escenarios. Por ejemplo, unos servicios unificados, de sectores múltiples, pueden vincularse con otros servicios complementarios. Un ejemplo incipiente en Bolivia (alrededor del Lago Titicaca) es la planificación y coordinación conjunta de servicios ofrecidos por Crédito con Educación Rural (CRECER), un proveedor de Crédito con Educación y el Consejo de Salud Rural Andino (CSRA), un proveedor de servicios rurales de salud. Según diversos autores, como Dunford (2001) y Navajas (2000), el escenario más prometedor para la entrega sostenible de servicios múltiples es el servicio unificado y auto-financiable. Sin embargo, sostienen, es también el más exigente y sólo será útil para aquellas organizaciones comprometidas con la resolución de las necesidades y aspiraciones múltiples de los hogares de muy bajos recursos. Su puesta en práctica es recomendable para las IMF cuya metodología se basa en el crédito a grupos. Si bien la formación de capital humano representa un costo adicional para la IMF, el costo marginal de ello se reduce drásticamente si las reuniones periódicas de pago (reuniones de centro en el caso del sistema de Bancos Comunales) sirven como foro para la educación. Contribuye también a la reducción de dicho costo el hecho de que el mismo personal de campo entrega tanto los servicios financieros como los educativos durante las reuniones periódicas. La entrega unificada también se erige como óptima en aquellas áreas rurales donde el contacto con otras instituciones o con profesionales en temáticas relacionadas al desarrollo del microemprendedor y su negocio resulta difícil de concretar. Sin embargo, en el caso de áreas urbanas en donde las distintas metodologías basadas en la garantía solidaria no se presentan como una práctica generalizada, la aplicación del modelo unificado no tendría los efectos esperados ya que los costos involucrados en su puesta en práctica (capacitación a los promotores de crédito, convocatoria por éste de su cartera y planificación de las actividades de capacitación, etc.), serían mayores que sus beneficios. Además no se aprovecharían las facilidades con que cuentan las áreas urbanas para contar con profesionales idóneos en temáticas específicas y la potencialidad que poseen, en estas áreas, el armado

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de redes entre instituciones sociales con distintas funciones pero con objetivos similares, o de éstas con organismos gubernamentales que pudiesen aportar al fortalecimiento del prestatario. Debido a estas razonas, las zonas urbanas presentan la ventaja de permitir la aplicación de un sistema híbrido en donde se combinen los tres tipos de escenarios descriptos, quedando ciertos servicios no financieros, como ser la asesoría y dotación de herramientas de gestión básica al microemprendimiento, a cargo de los promotores de crédito, mientras que competería a otro tipo de personal dentro de la Organización la consecución de capacitaciones más específicas que escapasen a las posibilidades del promotor como facilitador de saberes relacionados al desarrollo del prestatario como ser económico y social. Por último, la coordinación con otras Organizaciones, Gubernamentales o No Gubernamentales, permitiría incrementar el impacto y reducir los costos de provisión de los servicios no financieros. Esto último se debe a que este tipo de coordinación en general se enmarca dentro de Convenios o Acuerdos tácitos en donde se produce un intercambio de experiencias entre las partes hacia un objetivo común, la mejora de la población de escasos recursos. En el caso de la Argentina, en los últimos años, los esfuerzos de muchas de las IMF operando en áreas urbanas tienden a plantear sus operaciones bajo el enfoque integral. La provisión de servicios no financieros por parte de las IMF argentinas tienen una amplia difusión. En el trabajo de Bekerman et al (2005), se incluyó un estudio basado en el relevamiento de 120 Instituciones de Microcrédito de todo el país, donde el 77% manifestó brindar capacitación mientras que un 70% asistencia técnica. Otros servicios no financieros provistos, identificados en el mismo estudio, fueron los relacionados con las tareas de acompañamiento en procesos de promoción humana, asistencia psicológica o legal o derivación a profesionales de estas áreas, acompañamiento en la organización de ferias comunitarias, o capacitación en salud reproductiva. La totalidad de dichos servicios no financieros son provistos, en la mayoría de los casos, mediante la conjunción de los escenarios paralelos, unificados y vinculados. Un ejemplo concreto lo provee el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo gubernamental quien, a través de su Red de Apoyo al Trabajo Popular, trabaja con Organizaciones Sociales dedicadas a las microfinanzas proveyendo a los prestatarios de éstas

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asistencia técnica, comercial y capacitación en técnicas productivas. Las organizaciones, por su parte, se encargan de la entrega del microcrédito y del acompañamiento y seguimiento de los proyectos, existiendo muchas que realizan otro tipo de aportes al desarrollo del prestatario, como ser servicios de consultorio jurídico, apoyo psicológico, etc. Otro ejemplo que se acerca en su accionar a lo propuesto por el enfoque integral en la Argentina, mediante un sistema híbrido, es la Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano. La misma funciona desde el año 2000 brindando créditos a villas de emergencia y barrios carenciados de la zona sur de la Capital Federal. A medida que fue creciendo, la Organización incorporó nuevos servicios más allá del microcrédito y de su acompañamiento adoptando un esquema vigente en la actualidad: los promotores de crédito se encargan de transmitir herramientas de gestión básica para el desarrollo de los microemprendimientos, del acompañamiento y seguimiento de estos mientras que profesionales especializados en la tarea manejan un espacio de consultoría jurídica y otro de apoyo psico-social.

Por último, debe aclararse que la concreción del escenario expuesto para las zonas urbanas sólo puede llevarse a cabo si existe una diversidad de actores privados y gubernamentales interactuando en el territorio. En el caso de Brasil, por ejemplo, la presencia de ONG encargadas de la provisión del servicio de las microfinanzas es muy débil y limitada quedando la provisión de éste, en su mayor parte, a cargo de Bancos Estatales de Desarrollo, como ser el BNDES (Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social) y el BNB (Banco del Nordeste de Brasil). Los mismos, debido a cómo está planteada su estructura y funcionamiento, se ven imposibilitados de ofrecer servicios más allá de los financieros apoyándose en organismos sociales locales o en otros Programas Gubernamentales para la provisión de servicios no financieros, quedando por ende su intervención bajo el enfoque integral planteada desde la entrega del servicio en un escenario vinculado.

2.2. Estudios de impacto bajo el Enfoque Integral. En los apartados subsiguientes se presentan una serie de estudios de caso, que pretenden ejemplificar las distintas modalidades abarcadas por el enfoque integral. De los mismos se abarca no sólo la descripción de su funcionamiento, sino también los resultados de evaluaciones de impacto social llevadas a cabo sobre las mismas. Los casos expuestos son exponentes claros del enfoque integral reconocidos internacionalmente debido

a que han logrado un equilibrio entre sus objetivos de autosustentabilidad como institución, y el desempeño social sobre la población a la que alcanzan. Los mismos presentan como punto común la idea de que el microfinanciamiento es capaz de producir impactos significativos sobre la pobreza cuando se complementa con insumos de capacitación y asesoría, y facilidades de acceso a servicios básico, como la salud, demostrándose así la potencialidad del enfoque integral o “microcredit plus” como herramienta de impacto.

2.3.1. Entrega vinculada: El caso de los SHG en la India. Los Self Help Groups (SHG), o Grupos de Auto-Colaboración, constituyen la forma más típica de desarrollo de las microfinanzas en India. Los mismos utilizan un sistema similar a las ROSCAS ya que son constituidos por veinte personas quienes realizan un ahorro voluntario y consensuado a un fondo común, el cual es depositado en un Banco Rural o Comercial. Dicha Institución Bancaria, a medida que transcurre el tiempo y la capacidad de

ahorro del grupo es demostrada, comienza a prestarle al grupo en cuestión recurriendo a los lazos solidarios conformados como forma de garantía. Los SHG tienden a conformarse sin ayuda externa. Las ONG, sin embargo, contribuyen a ello reuniendo personas, organizando las primeras reuniones y contactando a los potenciales microemprendedores con los bancos comerciales.

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Estas proveen también las herramientas de gestión y liderazgo necesarios para el manejo de los grupos conformados, así como también constituyen el nexo fundamental entre los SHG y los bancos. Diversos modelos de interrelación SHG–ONG–Bancos se presentan actualmente en la India y en diversos países de Asia. Entre ellos cabe destacar: t El Banco presta directamente a la SHG en cuestión y la ONG se encarga de brindar capacitación y asesoramiento a la SHG. t La ONG, además de la entrega de capacitación y asesoramiento, se presenta como intermediario entre el Banco y la SHG obteniendo los fondos del primero y otorgándoselos al segundo. t El Banco presta directamente al microemprendedor individual, y el SHG y ONG se encargan de la asesoría y la capacitación. En este caso la ONG tiende a hacerse cargo del monitoreo y control de los microcréditos entregados. En los tres casos presentados los roles en el apoyo a la promoción del microemprendedor se encuentran diferenciados: uno de los agentes, en este caso el Banco Comercial, se encarga de la provisión del microcrédito mientras que el otro, la ONG, presta sus servicios no financieros de acompañamiento y capacitación al interior del SHG. De esta manera, los SHG se constituyen como un claro ejemplo de la práctica de microfinanzas basada en la entrega vinculada. En los últimos años, el gobierno Indio ha centrado su atención en los SHG y su desarrollo. Ha reconocido en ellos una potencial herramienta en la lucha contra la pobreza lanzando en 1999 el principal proyecto de fomento a los SHG, el Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY). En el mismo se sostiene una importante presión sobre las distintas jurisdicciones y sus niveles superiores de administración para fomentar la formación de SHG. Las ONG o las Instituciones no financieras de la zona son las encargadas de conectar las nuevas SHG con los bancos comerciales o con oferentes de crédito como el Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola y Rural (NABARD) o el Banco de

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Desarrollo de Pequeñas Industrias de la India (SIDBI). Tanto los primeros como los segundos reciben subsidios gubernamentales tendientes a satisfacer las necesidades de crédito de las nuevas SHG creadas. La estrategia de SGSY incluye la detección de actividades no explotadas en la zona y la consiguiente creación y capacitación de SHG para cubrirlas. Desde el punto de vista de los SHG, el programa SGSY es una excelente fuente de crédito subsidiado. Si un grupo permanece junto por más de seis meses es elegido para recibir un crédito de Rs 25.000 (U$S 641,03) de un banco comercial participante. De este crédito, Rs. 10.000 (U$S 256,41) se presentan en la forma de subsidio gubernamental y sólo al monto restante el banco puede cobrarle interés. Luego de seis meses de recibido el fondo, los grupos son testeados en su capacidad de llevar a cabo actividades económicas. Si aprueban la prueba, son elegidos para crédito (y subsidio) para actividades económicas hasta un máximo de Rs. 10.000 por miembro o Rs. 1.25 lakhs (U$S 32.051,81) por grupo. Se entregan también incentivos para las ONG que apoyan y fomentan el desarrollo de las SHG creadas. Durante el período de 2003-04, el banco NABARD ofreció apoyo selectivo a las ONG para cubrir los gastos adicionales de la promoción y fortalecimiento de los nuevos grupos de Auto-Colaboración (Naird; 2005). En consideración del crecimiento desigual del programa de microfinanzas en varios Estados de la India, el banco NABARD seleccionó 13 Estados (provincias) donde este programa trabajaba a ritmo reducido y donde existían altos niveles de pobreza. Las actividades de fortalecimiento, realizadas en los Estados seleccionados, dieron prioridad al desarrollo de estrategias regionales de promoción de grupos de autocolaboración de calidad mediante una sinergia de objetivos entre los distintos actores involucrados y el fomento de calificaciones apropiadas de los SHG por parte de los bancos interesados, así como la construcción de un sistema apropiado de información gerencial.

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2.3.1.1. Resultados del desempeño social de la práctica de SHG. Los SHG se han convertido en el programa de microfinanzas más grande y de crecimiento más rápido en el mundo en desarrollo. Implementado desde 1996 a escala nacional, ha alcanzado a más de 1,43 millones de grupos con 21 millones de miembros, cubriendo más de 100 millones de personas de los sectores más carenciados de la población rural (a marzo 2005). El notable crecimiento tanto en escala como en alcance fue posible gracias al gran abanico de recursos utilizados –el capital social de India-. Esto incluye el NABARD como la principal agencia de financiación, unas 36.000 sucursales bancarias y cooperativas proveyendo servicios de depósito y crédito, unas 3.100 agencias gubernamentales y no gubernamentales con experiencia en dinámicas grupales para la conformación y/o apoyo de los SHG; el Banco de Reserva Nacional de la India que ha ajustado su marco regulatorio para permitir el trabajo conjunto entre el sistema bancario formal y el sector informal; y el liderazgo político en varios estados y niveles gubernamentales, que proveyeron de legitimidad a la importancia conferida al desarrollo de los SHG en el presupuesto fiscal anual. Un estudio llevado a cabo en los meses de julio y agosto del 2002 por el Departamento de Investigación y Análisis Económico de NABARD en 3 importantes distritos de La India permitió cuantificar los efectos positivos del accionar de los SHG. El estudio identificó no sólo el impacto a nivel socio económico de los entrevistados, sino también la profundidad del servicio provisto al mostrar que el 83% de la muestra pertenecía a los sectores más pobres de las zonas bajo análisis. Así demostraba que los SHG cumplían con uno de sus principales objetivos, el alcance a los sectores más desprotegidos de la sociedad India. En relación al impacto socioeconómico propiamente dicho, los hallazgos positivos se manifestaron en diversos ámbitos del entrevistado reafirmándose así el impacto multifacético implícito en las microfinanzas. Entre los resultados más significativos se encontró que el sistema de SHG permite incrementar la tenencia de activos productivos de los hogares. El 45% de la muestra adujo aumentos en su estructura de activos mientras que el 52% no mostró cambios. Debe aclararse que este último caso se presentó en el 70% de los miembros de aquellas SHG de menor antigüedad.

Con respecto al valor de dichos activos domésticos, se presentó también un incremento total de los mismos en un 30%, incrementándose a un 95% si se considerasen sólo aquellos miembros de los SHG con más de 5 años de antigüedad. En el caso de los grupos de menor antigüedad, éste porcentaje se reduce al 20%, lo que denota una tendencia de mayor empoderamiento económico en aquellos con mayor permanencia en el sistema bajo estudio. Respecto del hábito de ahorro en los entrevistados, se observó un incremento en los niveles de ahorro del 96% con una tendencia creciente correspondiente con la antigüedad de los grupos analizados. El nivel de ingresos promedio de los entrevistados mostró igual comportamiento al observarse un aumento en estos del 14% para los de menor antigüedad, del 19% para la segunda categoría, y del 47% para los más antiguos. Asimismo el análisis por rangos de ingresos arrojó como resultado la tendencia a un ascenso en los eslabones promedio de ingresos una vez que el entrevistado formó parte del sistema del SHG. Asimismo se observó una creciente diversificación en las fuentes de ingresos de los entrevistados. En cuanto al rol del SHG en la reducción de la pobreza de sus entrevistados, el estudio mostró que el 15% de los entrevistados logró superar la barrera de la pobreza, partiéndose de una situación de 87.8% bajo la línea de pobreza previa entrega de crédito bajo la modalidad de SHG a 74.8% luego de esto. Al igual que en casos anteriores, este porcentaje presenta variaciones según se consideren los grupos más antiguos (22%) o aquellos de menor antigüedad (14%). Con respecto a la generación de empleo, las facilidades de acceso al crédito redundaron en mayores oportunidades de creación de puestos de trabajo y, por ende, de aumentos en las tasas de empleo de la población objetivo. Un indicador proxy de ello (la cantidad de días trabajados, estimados por hogar) arrojó un incremento del 35%. Esto se observó en mayor proporción en aquellos SHG más antiguos (43%) en relación a aquellos de antigüedad menor a 4 años (33%) y a los de 2 (20%). Más allá de estos avances, el estudio enfatiza que los niveles de generación de empleo observados son relativamente bajos respecto de la potencialidad del sistema de SHG. Así el estudio deja abierta la puerta para avances en este aspecto, considerado clave para el desarrollo de los sectores rurales empobrecidos de la India.

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Por último, el trabajo mostró resultados significativamente positivos relacionados con el empoderamiento de los entrevistados. En términos de confianza en sí mismos un 78% mostró un incremento de la misma a partir de su inclusión en los SHG. Asimismo hubo una mejora en el trato de los miembros de su familia en un 85% comparado con un 33% previo al ingreso al sistema. Varias de las actividades impulsadas a partir de los SHG redundaron en una mayor capacidad de toma de decisiones en aspectos relacionados al hogar (85%) así como también en una mejor comunicación en el seno del mismo (65%). Además, el estudio mostró también un mayor compromiso social por parte de los entrevistados ya que un 81% de ellos manifestó un mayor involucramiento en temas como lucha contra la violencia familiar y alcoholismo. En esta primera temática también se observó una reducción al interior del seno del hogar al responder el 49% a la existencia de violencia familiar contra un 67% previo a ser partícipe del SHG. El último aspecto referido al empoderamiento que remarca el

estudio es la mayor posibilidad de manejarse libremente con los horarios de los entrevistados al declarar un 67% esto contra un 45% anterior. Del estudio presentado se concluye que la metodología aplicada por los SHG permite la coordinación sinérgica de distintos niveles organizacionales de la sociedad, que redunda en mejoras objetivas para la población meta de las microfinanzas. Asimismo se resalta la potencialidad de desarrollo del presente sistema ante avances como la formación de Federaciones de SHG y asociaciones, algunas de ellas registradas como Sociedades Cooperativas de Asistencia Mutua (MACS), una nueva categoría legal para las Cooperativas financieras libres del control gubernamental, y a la autorización del Banco Central a la realización de transacciones financieras entre los bancos comerciales y grupos informales de las capas sociales más bajas.

2.3.2. Otro caso paralelo: PRO MUJER en Bolivia. PRO MUJER es una organización sin fines de lucro cuya misión es apoyar a la mujer que vive en condiciones de exclusión socioeconómica, para lograr sostenibilidad personal, familiar y comunitaria a través de la prestación de servicios integrales participativos. La institución sostiene que una causa importante por la que los países en vías de desarrollo no han crecido, es la falta de inclusión de la mujer y sus potencialidades en todos los procesos, es por ello que decide focalizar sus acciones en ella. La implementación de PRO MUJER fue en 1990 y desde esa fecha ha brindado servicios que permiten satisfacer las necesidades de sus prestatarias de manera integral. PRO MUJER ha surgido en Bolivia, en donde alcanza las áreas peri-urbanas y marginales empobrecidas de El Alto, Cochabamba, Sucre y Tarija. La institución realiza exhaustivos relevamientos a fin de seleccionar las áreas donde la población, la actividad económica y la pobreza justifican la existencia del programa, y donde se evidencia la demanda de sus servicios y que estos pueden alcanzar un nivel de operaciones significativo. Así, PRO MUJER ha ampliado su radio de cobertura a otros países latinoamericanos, como ser Perú, Nicaragua, México y en 2005, ha alcanzado la

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provincia de Salta, en Argentina. En sus inicios, la organización ofrecía a mujeres pobres de Bolivia programas en “potenciación”, salud, planificación familiar y educación preescolar a sus hijos menores de edad. A medida que se comprendió el rol del microcrédito como instrumento clave para el desarrollo socioeconómico de la población alcanzada, se le dio lugar en la operatoria, y a la capacitación como forma de potenciar su impacto. Actualmente los servicios que ofrece PRO MUJER se dividen en servicios financieros y servicios no financieros. Los primeros incluyen: 1. Microcrédito a Asociaciones Comunales: PRO

MUJER otorga créditos a las Asociaciones Comunales -también llamados Bancas Comunales- formadas por 5 ó 6 grupos solidarios de aproximadamente 5 integrantes cada uno. Dichas asociaciones garantizan los microcréditos y los administran a través de su Directiva y Comité de Crédito. Se otorgan microcréditos en ciclos de 3 a 7 meses de plazo. Los montos de los préstamos son secuenciales y van de 100 a 1.000 dólares.

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La frecuencia de pagos es semanal hasta que la organización se consolide, posteriormente estos pagos se realizan cada quincena. Los grupos de 25 a 30 mujeres reciben capacitación en gestión y administración de Asociaciones Comunales creándose así un espacio común que es negociado con las participantes para brindar el servicio. Es decir, las prestatarias se autogestionan, ejercitan un liderazgo, toman decisiones y son responsables de todo el proceso de recepción y el repago de sus créditos. 2. Ahorro: El microcrédito a Asociaciones Comunales

incluye un componente de ahorro en dos modalidades: ahorro obligatorio o programado y el ahorro voluntario o extra. El ahorro obligatorio o programado es parte importante de la metodología crediticia de PRO MUJER. A cada monto de crédito le corresponde una tasa de ahorro definida en función al ciclo de préstamo en el que se encuentra la clienta y al monto solicitado. Además del ahorro obligatorio, las prestatarias tienen la posibilidad de depositar ahorros voluntarios o extras, es decir, no condicionados al monto de crédito del ciclo. El ahorro extra permite mantener el ahorro obligatorio sin retirarse, porque actúa como colchón a las necesidades coyunturales de las prestatarias.

3. Microcrédito Individual: El Microcrédito Individual

surge como respuesta a la demanda y necesidades de las prestatarias con mayor historial en la Institución con el fin de ofrecer una opción que cubra la demanda de préstamos mayores a los ofrecidos bajo la metodología de Asociaciones Comunales. Este producto permite otorgar montos desde 150 a 15.000 dólares. Los plazos están comprendidos entre los 6 y 48 meses, con una frecuencia de pago quincenal o mensual de acuerdo a la capacidad de pago de la clienta. Las garantías pueden ser personales, prendarías o hipotecarias. Con respecto a los servicios no financieros contemplados en la visión integral de la operatoria de la organización, estos parten de un principio de cambio de conocimientos, actitudes y prácticas incluyendo componentes de capacitación y servicios en desarrollo empresarial y salud básica. También se ofrece asesoría legal para que las integrantes de PRO MUJER tengan conocimiento de sus derechos fundamentales y sepan cómo obtener ayuda en casos de violencia doméstica.

2.3.2.1. La aplicación de la entrega paralela: Servicio Integral de Desarrollo Empresarial. Más allá de la capacitación inherente al manejo de las Asociaciones Comunales por parte de las propias prestatarias de la Institución, surgió como resultado de una evaluación de impacto realizada entre las prestatarias de PRO MUJER la necesidad de contar con un servicio que permitiera mejorar las habilidades empresariales de las prestatarias e indirectamente mejorar el desempeño de sus emprendimientos. Partiendo de dicha demanda insatisfecha, PRO MUJER buscó, entre los actores locales, al responsable en asumir la tarea de cubrirla. Inicialmente buscó en otras entidades especializadas herramientas para iniciar el servicio o bien desarrollar alianzas estratégicas que permitieran responder a esta demanda. Sin embargo, la búsqueda no tuvo éxito debido a las características socio-económicas de la población con la que se trabaja, considerando que la mayor parte de sus prestatarias

han tenido alrededor de 5 años de escolaridad (muchas de ellas son analfabetas totales o funcionales), tienen poco tiempo de experiencia con su emprendimiento (incluso al iniciar su participación en PRO MUJER el 20% no tenía emprendimiento conformado) y en su mayoría conforman microempresas de subsistencia, basadas en el uso intensivo de mano de obra familiar. Esta realidad impulsó a que la propia organización estructurase un servicio adecuado a las necesidades y características de la población, que permitiese desarrollar destrezas en la gestión de sus microemprendimientos. Así surgió el Servicio de Desarrollo Empresarial, con sus dos componentes : La capacitación presenta temas relacionados con la generación de habilidades en cuanto a comercialización y manejo eficiente del negocio. La metodología

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de capacitación es la activo-participativa y se basa en el conocimiento de las participantes y el desarrollo de ideas innovadoras a partir del trabajo grupal. La Asistencia Técnica consiste en un seguimiento individualizado de los emprendimientos a partir de un diagnóstico inicial, sugerencias de mejora y seguimiento a los cambios. Todo esto se realiza respondiendo a la demanda de las prestatarias y a las necesidades de cada emprendimiento. El dictado de ambos componentes se realiza en forma paralela, como un complemento fundamental, a la operatoria de microcréditos. Para ello se realizaron convenios institucionales con universidades de los cuatro departamentos de Bolivia donde se desarrolla este proyecto. Los términos de los convenios permiten contar con alumnos de último semestre y egresados de las carreras de Economía, Administración de Empresas y Psicología, que se incorporan como miembros de la organización, brindando los servicios de Capacitación y Asistencia Técnica (enfoque integral paralelo), y al mismo tiempo desarrollan trabajos de investigación con el fin de obtener su titulación. De esta forma se logran dos objetivos sociales: brindar un servicio a la población meta, que de otra forma no podría cubrir los costos de un servicio de asesoramiento empresarial; y por otro lado, la titulación de alumnos universitarios, (en la mayoría de escasos recursos) por medio de investigaciones u otras modalidades de titulación, que pueden servir para titular a estos estudiantes.

estar a cargo de estudiantes, el desarrollo de los mismos se solventa en su totalidad mediante donaciones y una contraparte de PRO MUJER, en diferente cuantía, según la región involucrada. El aporte del beneficiario es de 0.50 cts., del cual un 33% se destina a cubrir los costos de los servicios no financieros. Sin embargo, esto no implica perder de vista la autosostenibilidad del proyecto de capacitación. Para ello se ha constituido un Fondo de servicios no financieros para ser usados cuando se pueda prescindir de las donaciones. El reto institucional, según PRO MUJER, es que la contraparte de la prestataria, pueda subir hasta cubrir los costos operativos del proyecto y se tenga la posibilidad de mantener el proyecto a lo largo del tiempo. En este sentido la principal condicionante para alcanzar esta sostenibilidad, se centra en brindar un servicio de calidad que permita la satisfacción de la prestataria, de tal forma que se incremente la demanda del servicio y la contraparte de la misma. El servicio de desarrollo empresarial se implementó primeramente en forma piloto en dos regiones (Tarija y Sucre), una vez identificadas las carencias básicas de los microemprendimientos financiados, mediante distintos instrumentos (evaluaciones de satisfacción del cliente, estudios de impacto, propuestas del equipo de trabajo, etc.). A la luz de la evaluación y rediseño de estas experiencias, se lanzó el servicio en todos los centros regionales de PRO MUJER, realizando previamente ajustes de acuerdo a las características socioeconómicas de la región, pero manteniendo la esencia técnica del servicio.

Respecto de la financiación de estos servicios no financieros, además del componente de subsidio implícito al

2.3.2.2. Impacto social de la práctica de PRO MUJER. Para el año 2003, PRO MUJER había brindado sus servicios a 59,524 prestatarios en sus 12 años de operatividad; divididos en créditos 28,239 prestatarios (1,412 varones y 26,827 mujeres); desarrollo empresarial-capacitación 25,195 prestatarios (1,260 hombres y 23,933 mujeres) y desarrollo empresarial-asistencia técnica 6,090 prestatarios (304 varones y 5,786 mujeres). Un estudio de impacto a cargo de FINRURAL en 2001 permitió reconocer los impactos económicos, sociales y de empoderamiento del Programa PRO MUJER sobre

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sus prestatarias y los distintos ámbitos en donde éstas interactúan. El estudio evidenció impactos económicos a nivel tanto de la unidad económica de los prestatarios entrevistados así como también de su unidad doméstica. En relación a la primera, se resaltó el efecto positivo del servicio de PRO MUJER sobre la inversión en las actividades de sus prestatarios, medida por el valor estimado de sus activos y el incremento del capital de trabajo y activos ocurridos en el último año. Ello se mostró ante un

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nivel promedio de inversión en activos de las unidades económicas de la muestra de prestatarias, en un 73% superior a la inversión promedio del grupo de control. También se encontraron significativas diferencias entre ambas muestras en lo que se refiere a los niveles de ingresos y ganancias de estas unidades. El monto promedio de ventas de las unidades económicas de la muestra de prestatarias, superaba en 29% al monto promedio de ventas de las unidades económicas del grupo de control. Asimismo, el grado de diversificación de actividades de las microempresas bajo el sistema de PRO MUJER resultó un 30% mayor que aquellas no insertas en el mismo. Con respecto a la unidad doméstica, su comportamiento se encuentra, como rasgo característico de la microempresa informal, ligado al desempeño de ésta y por ende presenta en el estudio resultados también favorables producto de la inserción de la prestataria al programa considerado. El estudio resaltó como principales impactos económicos las diferencias significativas entre ambas muestras en lo que se refiere a ingresos del hogar y la mayor tenencia de activos domésticos al observarse que el valor monetario de los activos de los hogares de la muestra de prestatarios, superaba en 82% al promedio evidenciado en los hogares del grupo de control. Los impactos sociales del programa PRO MUJER se evidenciaron específicamente sobre la unidad doméstica de los entrevistados. Respecto de la educación, se mostró que los hogares, en los que durante el último año, al menos un adulto asistió a centros educativos o de capacitación, fueron el 47% de los hogares de la muestra de prestatarias y tan sólo el 35% de los hogares del grupo de control. En relación a las condiciones habitacionales, los hogares que en el último año mejoraron las condiciones de su vivienda mediante ampliaciones del espacio, representaron al 20% de los hogares de la muestra de prestatarios y tan sólo al 12% de los hogares del grupo de control. Tres resultados permitieron inferir la importancia de los servicios no financieros provistos por PRO MUJER en relación al impacto social de esta IMF. Ellos fueron: t La concientización sobre la prevención en salud tanto para los niños como los adultos del hogar. Los hogares en los que durante el último año, todos los menores de edad recibieron un control médico de salud, representaron al 55% de los hogares de la

muestra de prestatarias y tan sólo al 46% de los hogares del grupo de control. Los porcentajes para los adultos fueron muy similares: el 56% de los hogares de la muestra de prestatarios y tan sólo el 48% de los hogares del grupo de control. t La mejora en lo que respecta a la seguridad alimentaria del hogar. Los hogares que en el último año no enfrentaron períodos de escasez de alimentos por falta de dinero, representaron al 65% de los hogares de la muestra de prestatarios y tan sólo al 57% de los hogares del grupo de control. t Por último los impactos de empoderamiento se manifestaron a nivel de la persona en una mayor participación activa en organizaciones sociales y en mejoras en las habilidades empresariales, medidas éstas por el hábito de realizar registros contables, al menos básicos, y, el hábito de administrar de manera separada el dinero de su actividad y su hogar. Respecto del último indicador se mostró que las mujeres que administran de manera separada el dinero de su negocio y de su hogar, representaban al 72% de las mujeres de la muestra de prestatarios y tan sólo al 54% de las mujeres del grupo de control. El estudio también resalta el concepto de empoderamiento económico, medido por el incremento en el ingreso personal de las prestatarias producido en el último año, manifestando que las mujeres que en el último año elevaron su nivel de ingreso personal, representaron al 29% de las mujeres de la muestra de prestatarios y tan sólo al 18% de las mujeres del grupo de control. Luego de los resultados expuestos, el estudio refuerza su análisis y sus conclusiones utilizando dos tipos de instrumentos: t Distintos tests de correlaciones que permitieron recalcar la correlación directa entre el monto del microcrédito de PRO MUJER y variables como 1) la Inversión, los Ingresos y el Nivel de Empleo de la actividad económica de la prestataria; 2) la Inversión en Activos Muebles e Inmuebles para el hogar de la prestataria; 3) La mejora en los Niveles de Educación de los miembros del hogar de la prestataria; 4) la Autoestima de la prestataria, medida por el planteamiento de retos personales. También concluyeron correlaciones entre la antigüedad de la prestataria de PRO MUJER y; 1) las Condiciones de Vivienda del hogar de la prestataria; 2) las Prácticas de Prevención de la Salud de miembros del hogar de la prestataria; 3) la Seguridad Alimentaria

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del hogar de la prestataria; 4) El empoderamiento económico, las habilidades empresariales y la autoestima de la prestataria. t Encuesta utilizando un grupo de prestatarias de PRO MUJER que permitió cuantificar la percepción de los prestatarios en cuanto a los impactos de la IMF en cuestión. Se identificó que la mayoría de las prestatarias de la institución tenían opiniones favorables acerca de los cambios que se produjeron en su unidad económica, su hogar y su persona gracias a su participación en PRO MUJER. Desde su perspectiva, los principales impactos de PRO MUJER se

produjeron sobre el capital de trabajo y nivel de ingreso de sus negocios el nivel de ingreso familiar y la cooperación en sus hogares y, en su autoestima y habilidades empresariales. Así no sólo la herramienta de encuesta permitió cuantificar los impactos del programa sino que la percepción de los prestatarios y los test de correlación permitieron atribuir, con mayor seguridad, dichos impactos a la participación del entrevistado dentro de la Institución PRO MUJER.

2.3.3. Entrega unificada: CRECER (Crédito con Educación Rural). “Crédito con Educación” (CRECER) es una estrategia mundial de la organización filantrópica Freedom from Hunger, que implementa programas contra el hambre y la pobreza en 16 países. En 1990 Freedom from Hunger inició CRECER, ahora una organización independiente, en Bolivia, debido a la necesidad de actuar ante los altos índices de precariedad sociales y económicos que presentaba el país. CRECER ha surgido con la misión de mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar de los prestatarios, sus familias y sus comunidades, al brindar servicios financieros y educativos de alta calidad y accesibles, principalmente a mujeres que viven en áreas rurales. El programa apunta a aumentar la capacidad económica de las mujeres y lograr la inversión de dicha capacidad en áreas importantes desde el punto de vista de la nutrición, tales como alimentos y salud. Su destinataria es la mujer, pues “los estudios muestran que mejorando el ingreso, la salud, la educación y el estatus social de la mujer se eleva el nivel de vida de toda su familia (…). A través de una combinación de microcrédito en efectivo y educación en salud y nutrición, CRECER permite a las mujeres comprar más y mejores alimentos, invertir en la educación de los niños, controlar la salud de su familia y ayudarse entre sí para tener mayor influencia en la comunidad”, destaca la institución. CRECER sitúa a la mujer boliviana en condición de pobreza como centro de su acción, al considerar que se ve “triplemente marginada” por ser pobre, vivir en el área rural (o provenir de ella) y debido al rol que le asigna la sociedad. La metodología utilizada es la de Banca o Asociación

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Comunal. Cada una de dichas Bancas está compuesta por 15 a 30 mujeres que se dan su reglamento interno y se organizan para participar de los módulos educativos, administrar los recursos financieros y cumplir con la devolución de los microcréditos, que se otorgan a las Bancas sin garantías reales. Las socias son garantes solidarias y mancomunadas y seleccionan ellas mismas a sus miembros. CRECER no analiza la capacidad de pago de la socias ni de los grupos. El riesgo de insolvencia o mora se controla comenzando con montos muy bajos (14 dólares). El cumplimiento permite acceder a sumas mayores, con incrementos sucesivos de 50% hasta un máximo de 850 dólares. El microcrédito promedio es de 157 dólares. Los créditos son en moneda local, con plazos de 4 y 6 meses y tasa de interés de 42% anual. Al solicitar un microcrédito, las socias deben ahorrar el 10%, que es administrado por la asociación y devuelto a la beneficiaria, si ésta lo prefiere, al finalizar el ciclo de crédito. Normalmente, este ahorro se incrementa a medida que la socia permanece en el programa. La Asociación Comunal paga a CRECER el 50% de su deuda a la mitad del ciclo de crédito y el saldo a su terminación. Las socias pagan su propio microcrédito a la Asociación, en cuotas iguales, semanales o quincenales, que incluyen los intereses y un ahorro obligatorio. La mesa directiva de la Asociación destina el ahorro obligatorio inicial y las cuotas a microcréditos otorgados a las mismas socias, a una tasa que fluctúa entre el 48% y el 60% anual. Las utilidades de estas operaciones -igual que los ahorros- son de propiedad de las socias.

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2.3.3.1. Metodología de aplicación de la Entrega Unificada y resultados. El componente de educación de CRECER está diseñado para complementar el componente de crédito, proporcionándole a las mujeres toda la información, las destrezas y la confianza que necesitan para manejar mejor la salud y la nutrición de ellas mismas y de sus familias. Las reuniones regulares de los Bancos Comunales incluyen sesiones de capacitación que apuntan a tres áreas: salud y nutrición, desarrollo de micro empresas y administración del Banco Comunal. Los mismos promotores que ayudan en el proceso de crédito son quienes se encargan de estas sesiones de capacitación (enfoque integral unificado). Los promotores reciben capacitación en técnicas de educación informal, así como en la implementación de sesiones de aprendizaje que tratan los siguientes temas: Temas de salud y nutrición: t Manejo y prevención de la diarrea. t Lactancia materna. t Alimentación de bebés y niños. t Inmunización. t Planificación familiar. Temas de la microempresa: t Selección de una actividad apropiada. t Aumentar las ganancias. t Aumentar las ventas. t Administrar una microempresa. Administración del Banco Comunal: t Formación del grupo. t Análisis de créditos. t Establecimiento y cumplimiento de reglas. t Establecimiento y evaluación de objetivos. En las reuniones se discute la temática de autoestima y se procura que las mujeres sepan fijar sus propias metas, conocer y exigir sus derechos y tomar decisiones. Además, a través de convenios, las socias tienen acceso a atención médica primaria y especializada en centros de salud estatales y privados. Con respecto a la posibilidad de desarrollar otros servicios a las emprendedoras, sin perder de vista la sostenibilidad, CRECER ha respondido satisfactoriamente.

En lo que se refiere a su desempeño financiero, el patrimonio de CRECER asciende a 2,7 millones de dólares, procedentes de agencias de cooperación, Freedom from Hunger, Plan Internacional Bolivia, Save the Children y Cáritas Nederland. Otras entidades internacionales prestan apoyo económico. La organización ha sido calificada por Fitch Ratings y PlaNet Finance. Con un riesgo crediticio relativamente vulnerable, fue evaluada como una institución de inversión recomendable, con alto nivel de profesionalismo y técnicamente autosuficiente. En cuanto a los estudios de impacto realizados por Freedom from Hunger las conclusiones surgen de tres series de sondeos y recopilación de datos antropométricos (talla y peso): dos encuestas de línea de base en 1994 y 1995 y otra de seguimiento en 1997 -con diferentes pares madre/hijo cada vez-, realizadas en 28 comunidades ubicadas en cinco provincias del Altiplano en el departamento de La Paz. Es decir, se realizó, a fin de identificar los diversos tipos de impacto de CRECER sobre sus prestatarios, un estudio de corte longitudinal tendencial tomando muestras diferentes en cada momento del tiempo. Los estudios mostraron que el programa CRECER había aumentado los ingresos del 67% de las socias. Las participantes usualmente atribuyeron este aumento a la expansión de su actividad generadora de ingresos, la reducción de los costos de materiales como resultado de comprar al por mayor o con efectivo, o las nuevas actividades o productos facilitados por el acceso a crédito, y la posibilidad de vender en nuevos mercados. Las participantes demostraron impactos positivos en sus ahorros personales. Las participantes eran significativamente más propensas a tener ahorros personales que las no participantes y las residentes en comunidades de control. También se encontraron mejoras en los hábitos de cuidado de la salud, seguridad alimentaria y nutrición de los niños respecto del grupo control. A nivel de la comunidad, el programa parece haber afectado positivamente la participación de las mujeres en la vida cívica y en reforzar contactos con familiares y amigos.

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El estudio reveló que la relación peso por edad de los niños era positivamente asociada con la calidad de los servicios de educación brindados. Este descubrimiento fundamenta una de las presunciones básicas del diseño de la estrategia de Crédito con Educación: que sin

mejoras importantes en las prácticas de las madres, los aumentos de ingresos y el potenciamiento no traerán mejoras significativas en el estado nutricional de los niños (Dunford, 1999).

2.2. Lecciones que aprender. Los resultados positivos de los enfoques analizados se han dado en contextos específicos, de modo que no pueden replicarse sin analizar las limitaciones y las oportunidades que se presentan en tales contextos. Algunos enfoques pueden ser más pertinentes que otros, dependiendo de los contextos socioeconómicos, institucionales y culturales presentes. Un exponente claro de ello es la referencia a la zona geográfica en donde se desarrollará la experiencia, ya analizada en el punto 3. Así también es importante tener en cuenta el entramado interinstitucional presente en la zona a la que se quiere alcanzar, es decir, con qué actores se cuenta, qué potencialidades presentan y a partir de allí definir el tipo de intervención. El caso de Brasil mencionado nos permitía dar cuenta de las limitaciones de aplicación de enfoques como el unificado o el paralelo debido a la debilidad en el desarrollo de organizaciones sociales en el territorio. Por último debe recalcarse también que más allá de la presencia de los actores idóneos en el territorio, debe asegurarse que estos estén erigidos bajo objetivos comunes de motivar el desarrollo y la inclusión socioeconómica de los sectores más desfavorecidos de su área, localidad o región, según el alcance de su intervención. La falencia en este requisito muchas veces es el causal del fracaso de una intervención integral y, por ende, la organización que lidere el proceso de esta intervención deberá estar atenta a una adecuada política de incentivos que nuclee a los distintos participantes tras una estrategia común. Un ejemplo concreto se muestra en la provisión a través del escenario vinculado. Las ONG y Bancos involucrados en el caso de los SHG lograron un equilibrio de intereses que les permite interactuar coordinadamente en el territorio. Así también otro caso paradigmático ya citado, basado en igual interrelación, es Brasil. Sin embargo, a diferencia de los casos expuestos, en la Argentina el Programa Público FOMICRO (si bien

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aplicando igual esquema de centralización en la administración de los fondos, pero descentralización en el acompañamiento y demás tareas vinculadas con las microempresas) no ha obtenido similares resultados en lo que nos compete en este apartado su impacto social, entendido éste tanto como la mejora en las condiciones de la población objetivo de las microfinanzas como la efectiva llegada a ésta. Para echar luz sobre este punto, se realizó un relevamiento a veinte prestatarios de FOMICRO en 2005. Las respuestas a una encuesta con una serie de preguntas abiertas permiten dar cuenta de las claras deficiencias de las ONG, nexo en lo que se refiere al acompañamiento de los proyectos así como a toda instancia de capacitación previa o post entrega del dinero. La mayoría de los prestatarios aduce que una vez que el dinero les fue entregado, no hubo ninguna instancia de visita posterior y en el caso de que sí la hubiera, el contacto se limitó a la verificación del uso del microcrédito otorgado. La percepción de los prestatarios entrevistados, en cambio, es positiva hacia las ONG intermediarias en lo que respecta a la orientación en el armado de proyectos y en el llenado de formularios. La debilidad en el primer punto y la fortaleza en el segundo puede encontrar su explicación en dos factores: primeramente, en una inadecuada elección de las ONG participantes del Programa y segundo, en una incorrecta implementación de la política de incentivos dinámicos aplicada a las ONG o un inadecuado monitoreo de las mismas. Estas políticas, sumado a los altos montos otorgados por el Programa, pueden también minar el objetivo de llegada a los sectores más carenciados. De hecho, y en base a datos recabados de los ingresos de los prestatarios involucrados, el 68% de ellos se encuentran por encima de la línea de la pobreza. En conclusión, para la determinación del tipo de escenario a trabajar dentro de la lógica integral debe analizarse el tipo de territorio a alcanzar, relevarse la cantidad de actores dispuestos a trabajar en la propuesta y luego, diseñar los correctos incentivos para que la propuesta

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realmente alcance los resultados esperados. No obstante, y más allá de las particularidades expuestas, las experiencias analizadas ofrecen algunas lecciones importantes comunes sobre el suministro de servicios financieros y no financieros en un proceso de desarrollo dentro de una óptica no excluyente: t En primera instancia las estrategias de reducción de la pobreza analizadas, mediante la provisión de servicios financieros y no financieros, reconocen la interacción entre los distintos aspectos del ser humano bajo la convicción que la promoción de uno de ellos redundará indefectiblemente en la mejora de los otros. Por ejemplo, al mejorar la salud se incrementa la potencialidad de ganar ingresos, una mayor educación permite a los microempresarios informales aprovechar las oportunidades de alto riesgo y de altos rendimientos, y así sucesivamente. t El segundo rasgo común es que la totalidad de las experiencias analizadas basan su operatoria en la participación de los prestatarios en los distintos ámbitos de intervención de la IMF. Estas instituciones demandan la inclusión y participación activa de quienes son sus prestatarios. Así una vez que estos tienen más que decir en la selección y el diseño de los programas que los incluyen, están más comprometidos en su correcta implementación.

t Se observa también la importancia de la presencia del Estado en lo que respecta a la financiación de los enfoques expuestos. Especialmente en el caso de los SHG y de CRECER, la participación activa de éste es lo que permite que se lleve a la práctica el enfoque integral sin que ello redunde en altos costos absorbidos por los prestatarios a través de altas tasas de interés, o el riesgo de supervivencia de la IMF, producto de dichos costos. En conclusión, los tres casos reconocen el efecto sinérgico que se produce entre la inversión en formación y acumulación de capital humano, y el microcrédito como recurso productivo esencial para llevar a la práctica dichas potencialidades adquiridas. Las mismas a su vez repercuten sobre el desempeño del primero ya que facilitarán y contribuirán positivamente al proceso de decisión del prestatario con respecto a la inversión del monto recibido y los procesos que ello genere. La posibilidad de que el proceso descripto, latente en toda experiencia basada en el enfoque integral, se concrete satisfactoriamente será mediante la interacción de los distintos agentes en la región junto a la continua mirada al territorio y a la participación activa de los prestatarios.

2.2. Debate entre profundización del impacto y auto sustentabilidad financiera. Más allá del enfoque elegido, existe en gran medida acuerdo en la acepción más común del concepto de impacto social y es, como se expuso, la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población objetivo. Es decir, la condición necesaria para la profundización del impacto social de las microfinanzas es la focalización de los servicios provistos por las IMF en su población objetivo, es decir, y según lo expuesto en el comienzo del presente trabajo, en aquellas personas inmersas en situación de vulnerabilidad social. La concreción de ello lleva implícito ciertos aspectos que tienden a entrar en contradicción con las posibilidades de auto sustentabilidad financiera de las Instituciones. Entre ellos se encuentran: t El riesgo inherente a la microempresa informal debido a su vulnerabilidad, la irregularidad de sus ingresos

y la falta de garantías formales. Hanning y Nelleita (2000), denominan a este tipo de riesgo, de crédito, referido a la no cancelación de los préstamos. Ellos sostienen que “aún cuando las tasas de repago observadas (en las microfinanzas) son altas, algunos factores pueden aumentar el riesgo como son: uso de sustitutos de garantía combinados con poderes de cumplimiento de contratos; insuficientes incentivos; otorgamiento de préstamos a clientela homogénea en términos geográficos y/o segmento de mercado, es decir, falta diversificación de la cartera; préstamos de capital de trabajo a corto plazo que pueden ser afectados por desastres climáticos; etc.”. t Costos altos por crédito otorgado. La descentralización en las actividades de microfinanzas en las distintas etapas previa, durante y posterior a la entrega

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del microcrédito implica costos operativos significativos. El tipo de unidad productiva analizada, la microempresa, genera costos alternativos asociados a la falta de información existente sobre ellas como ser, costos de evaluación de proyectos, costos fijos de búsqueda de información, costos de administración de cartera, costos de monitoreo, etc. El sistema de microfinanzas apunta a verificar y acompañar realidades a diferencia de la banca formalizada, que cuenta con sistemas de información de fácil acceso de sus potenciales deudores, lo que inevitablemente se traduce en menores costos. t Los montos involucrados para alcanzar a los sectores de escasos recursos son pequeños, lo que implica que los costos por crédito resulten una mayor proporción del crédito total otorgado requiriéndose grandes esfuerzos en la generación de ingresos para cubrir dichos costos. t Mayores costos de fondeo. Al flexibilizar las condiciones crediticias para que los sectores más carenciados accedan y puedan cubrir sus necesidades más elementales, a las IMF se las relaciona con la informalidad o ilegalidad en el sentido de ser actividades no regladas por las Leyes de Bancos del país en cuestión (al menos en las primeras instancias de desarrollo). Al no poseer encajes ni regulación de capitales mínimos inevitablemente deben pagar un mayor costo de fondeo cuando recurren al mercado. La IMF debe enfrentar las cuatro problemáticas mencionadas en su búsqueda de autosustentabilidad sin perder de vista su desempeño social y los posibles costos aparejados al mismo. En este sentido debe realizarse una distinción de acuerdo al enfoque considerado. El enfoque minimalista no ofrece nuevos aspectos que minan el objetivo de auto sustentabilidad de las IMF. Es más, en su afán de alcanzar una escala considerable implícitamente está intentando resolver las características estructurales del sector de la microempresa informal al que toda IMF se enfrenta. Mediante una rápida escala se pretende alcanzar el punto en que los costos por crédito otorgado comiencen a reducirse así como también una política de subsidios cruzados, en donde los microempresarios más fuertes con su regularidad en los pagos subsidien las pérdidas ocasionadas por los más débiles. Es decir, el enfoque minimalista pretende resolver, mediante instrumentos a partir del propio mercado, los rasgos

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imperfectos del mercado microfinanciero. En el caso del enfoque integral, inevitablemente su aplicación involucra nuevos aspectos que tienden a entrar en contradicción con el objetivo de autosustentabilidad en el corto plazo de la IMF. Según este enfoque, la profundización del impacto social (entendido tanto como la mejora de las condiciones socioeconómicas de los prestatarios como la llegada a “los más pobres de los pobres”) abarca instancias de capacitación y acompañamiento que se traducen en mayores costos operativos. Los mismos se acentúan frente a la segunda acepción de impacto ya que implica una aproximación mucho más personalizada por parte de los asesores de crédito y/o otras instituciones del territorio. El acompañamiento, seguimiento, capacitación y asistencia técnica involucrados tras el enfoque integral, implican mayores costos operativos, cualquiera sea el enfoque usado (vinculado, paralelo o integrado). Además si la IMF posee la misión de profundizar su impacto sobre los más pobres de los pobres, es decir, específicamente aquellos que al momento del contacto con la institución no son sujeto de crédito debido a las precarias condiciones socioeconómicas que atraviesa, requiere costos adicionales de evaluación, seguimiento y acompañamiento más personalizados por parte de los asesores de crédito. Los cuatro factores mencionados para las IMF, agregándose los costos asociados a un mayor acompañamiento para aquellas que bregan por la visión integral, implican mayores costos operativos que redundan en una menor capacidad de alcanzar la auto sustentabilidad financiera de sus actividades o, en su defecto, en el ajuste de ello vía mayores tasas de interés. Las posiciones respecto de este punto son diversas. Yunus (2002) privilegia el desempeño social de la institución: desde su perspectiva, si las IMF logran cubrir sus costos estarán en el punto óptimo. González Vega (2001) llama la atención con respecto a la otra cara de la moneda: la sustentabilidad es fundamental para las microfinanzas y su continuidad; y por lo tanto las IMF deben desarrollar la capacidad de ser efectivamente lucrativas. En sus palabras, “las microfinanzas son caras”. Otero (2001), comparando las IMF con los bancos tradicionales, destaca el hecho de que a las primeras les cabe una doble misión: una preocupación en su impacto social, al lado de un buen desempeño financiero.

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Este aspecto señalado por Otero es fundamental: las microfinanzas no deben plantear una contradicción entre sus objetivos financieros y sociales. Aunque el cobro de altas tasas de interés, dada la supuesta inelasticidad precio de la demanda del microcrédito, puede ser aplicada, y de hecho es la medida tomada por la mayoría de las IMF minimalistas, no sería una apropiada solución ya que estaría violando el principal objetivo de las microfinanzas, es decir la mejora en las condiciones humanas, sociales y económicas de su población objetivo. Los esfuerzos de las IMF deben concentrarse en una operatoria clara y eficiente con la mirada continuamente enfocada en su demanda, el microemprendedor informal y sus problemáticas. Es decir, como afirma la OIT (2002), se está postulando una idea clave en el sentido de que el costo de llegar a la población en situación de pobreza, y en particular a las mujeres pobres, incluyendo servicios complementarios,

como la capacitación y el asesoramiento gerencial, se puede y se debe aceptar como una inversión social y económica importante. En resumen, no se debería interpretar el concepto de sustentabilidad sólo con criterios financieros estrechos y de corto plazo, sino también en una dimensión de desarrollo socialmente sustentable a largo plazo. En dicho proceso, el peso de los mayores costos derivados de la transmisión de herramientas financieras y no financieras no debe recaer íntegramente sobre la Institución Microfinanciera sino ser compartido con el resto de la sociedad, vía transferencias que beneficien a los distintos actores (IMF, prestatarios, organizaciones que apoyan procesos en el territorio) que intervienen en post del desarrollo de las capacidades de sus emprendedores en el marco de la lógica microfinanciera. Es en este sentido donde se introduce el papel del Estado como actor fundamental para el adecuado desarrollo de las microfinanzas.

2.2. El rol del Estado como promotor del impacto social de las microfinanzas. El trade off latente entre focalización y auto sustentabilidad de una IMF puede ser resuelto mediante distintas vías, la mayoría de las cuales requieren de la acción estatal. El hecho de que los mercados con información incompleta y costosa no funcionen adecuadamente constituye una justificación fundamental para la existencia de posibles acciones gubernamentales tendientes a la provisión de equidad y justicia social que el sistema por sí solo fracasa en alcanzar. Se ha observado que, como patrón común en los tres estudios de casos, se resalta el rol del Estado como un fundamental actor en el desarrollo del enfoque integral de las microfinanzas, estrategia definida como óptima para potenciar el impacto social de éstas. El esfuerzo compartido IMF-Estado produce efectos sinérgicos sobre el desarrollo de los emprendedores y permite que las instituciones no depositen la totalidad de sus energías en la búsqueda de autosustentabilidad sino que encuentren el equilibrio entre los esfuerzos hacia la consolidación de su capacidad de ejecución y la adecuada inserción en la comunidad a la que alcanza. Dentro de las acciones gubernamentales no sólo se deben fomentar medidas tendientes a, por ejemplo, flexibilizar el contexto regulatorio de las microfinanzas o a

desarrollar reglamentación específica, como ser aquella relacionada a la implementación de Burós de Información Crediticia (BICs), sino también intervenciones claras en el campo bajo análisis mediante el financiamiento directo, vía programas gubernamentales, o indirectamente mediante transferencias, transitorias o permanentes, a los actores locales idóneos involucrados en el desarrollo de las microfinanzas. En relación a la intervención directa del Estado mediante la puesta en marcha de Programas Microfinancieros, gran cantidad de experiencias a nivel internacional han resultado exitosas en lo que se refiere a su desempeño, tanto social como económico-financiero. El aspecto común a las mismas ha sido la aplicación correcta de la metodología de trabajo contemplada bajo el concepto de microfinanzas y la implementación de actividades complementarias a ésta para su fortalecimiento. A modo de ejemplo cabe señalar las diferencias entre los casos de la Argentina y Brasil, dos países latinoamericanos que en los últimos años han avanzado en la conformación de sus respectivos mercados microfinancieros. En el caso de Brasil la iniciativa estatal, a través del Programa CrediAmigo del Banco Do Nordeste, se ha presentado como exitosa erigiéndose como el actor que lidera el proceso de conformación y consolidación

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de las microfinanzas en Brasil, y aquel que mejor atiende (en términos de profundidad, pero también de escala) a su población objetivo.

de vulnerabilidad social, escaso acompañamiento a los prestatarios y debilidades de gestión de los distintos actores intervinientes en estos esquemas.

Desde su creación en 1998, el CrediAmigo viene experimentando un crecimiento en el volumen de préstamos y en el número de prestatarios activos, que es considerablemente superior a los niveles internacionales de crecimiento de los programas de microcrédito. A diciembre del 2005, un estudio llevado a cabo por el Banco Central de Brasil, como consecuencia del Año Internacional del Microcrédito, mostró que la industria microfinanciera en Brasil presenta una cartera activa de más de 262 millones de reales, alcanzando a aproximadamente 311.416 microemprendedores. Más de la mitad de esta cifra es proporcionada por el accionar del Programa CrediAmigo.

Estos factores han redundado en que en términos de desempeño social su acción haya sido mucho más estéril, a pesar de que en términos de escala, y debido esencialmente a que es un Programa a nivel Nacional, se ha mostrado como exitoso.

Un estudio de impacto realizado por la Fundación Getulio Vargas (2005), muestra que el Programa ha logrado alcanzar la población más vulnerable de la Región Nordeste al reflejar que más del 55% de los prestatarios del Programa recibe menos de R$1.000 de ingreso familiar mientras que el 66% no alcanza más de cuatro años de escolaridad. El estudio concluye, sobre análisis empíricos en base al método de grupo control vs. grupo de prestatarios alcanzados por el Programa, que CrediAmigo es una experiencia de alta escala de microcrédito en la región más pobre del país que ha conseguido proporcionar un aumento en el acceso al crédito a los sectores más carenciados, brindándoles mayor capacidad a los pequeños productores de desarrollar sus potencialidades. Por otro lado, la experiencia de intervención directa del Estado a nivel nacional en la Argentina ha mostrado que sin la adecuación de las políticas a la metodología microfinanciera, los resultados resultan menores a los esperados. Como se ha mencionado la presencia del Programa FOMICRO del Banco Nación (véase punto 2.4.), ha demostrado debilidades claras en su desempeño. Además de los aspectos anteriormente mencionados, que han minado su objetivo fundacional de fomento y consolidación de microemprendimientos, se encuentran como debilidades los largos períodos de evaluación, producto de la aguda centralización de sus operatorias, las debilidades en la focalización geográfica, es decir en el alcance a la población con efectivamente rasgos concretos

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De la diversidad de experiencias de intervención gubernamental directa, se concluye que toda decisión de acción a través de políticas públicas deben partir de un adecuado diagnóstico de la población a la que se atenderá, que permita detectar las características específicas de ésta y sus problemáticas. También se deben observar las experiencias que, espontáneamente, han surgido alrededor de la población a alcanzar y aprender de las mismas. En relación a la intervención indirecta, el Estado generalmente la realiza a través de: t Medidas tendientes a asegurar un ambiente propicio para el desarrollo de las IMF como así también el de su población objetivo, el microemprendedor en situación de vulnerabilidad social. t Aportes no reintegrables (subsidios) a las IMF para que éstas no encuentren las contradicciones mencionadas entre los objetivos sociales y económicos de las microfinanzas. En relación al primer caso, las acciones tendientes a la promoción de las IMF desde el Estado se han centrado generalmente en la mejora del contexto regulatorio a las IMF, la aplicación de exenciones y/o tratamiento impositivo diferencial, la creación de una figura jurídicalegal que contemple las particularidades de este tipo de Instituciones y que norme a partir de las mismas, etc. En este sentido cabe mencionarse las exenciones contempladas en la Ley 26.117 de Promoción al Microcrédito para el caso argentino, la constitución en Brasil de la figura de “sociedades de crédito para microempresas” como un tipo de institución crediticia que puede ser regulada por el Banco Central de Brasil, o como afirma Bekerman et al. (2005) “Bolivia, país que ha sido pionero, en el establecimiento de figuras especializadas en microfinanzas. Allí se creó en 1992 el primer microbanco del mundo, Banco Sol S. A. y, dos años después, los Fondos Financieros Privados con la forma jurídica de sociedades anónimas. Estos fondos se organizan

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como corporaciones con requerimientos de capital mínimo muy inferiores a los establecidos para los bancos. Sus préstamos no pueden exceder el 3% del valor neto del fondo privado y no pueden ser otorgados a sus accionistas y gerentes. Estas instituciones pueden aceptar ahorros y depósitos a plazo de instituciones bancarias de segundo piso, captar depósitos a la vista y realizar otro tipo de operaciones (fideicomisos, inversiones en capital de empresas, administración de fondos de inversión mobiliaria) (Lubiere, 1995. Citado en Ledgerwood, 1998). Otros países, como Perú y la UEMOA (Unión Económica y Monetaria del África del Oeste), están siguiendo enfoques similares”. Respecto de la promoción del microemprendedor, las acciones estatales se han referido, en su gran mayoría, a medidas tendientes a formalizar el desarrollo de sus actividades, a fomentar el acceso a mercados menos precarizados, a lograr el acceso simplificado a servicios financieros y cualquier otro tipo de acción que significase mejoras en los procesos de producción y comercialización del microemprendimiento. Un ejemplo de ello, para el caso argentino, es la implementación del Registro Nacional de Efectores para el Desarrollo Local, comúnmente conocido como el “monotributo social”, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. El mismo tiene por objetivo otorgar un beneficio temporal de una nueva categoría tributaria a la población socialmente vulnerable, lo que le permite la facturación de sus productos y/o servicios y el acceso así a mercados más formalizados (Ministerio de Desarrollo Social, 2007). En relación al segundo caso expuesto de intervención indirecta, se debe realizar una distinción entre los aportes realizados desde los gobiernos hacia las IMF. En este sentido, se deben reconocer dos tipos de estos al momento de diseñar políticas de apoyo financiero de promoción al sector:

t Transitorios: otorgados hasta que la IMF alcance una suficiente escala. t Permanentes: otorgados en forma continua debido al riesgo inherente del sector que se trabaja. Es decir, esta distinción avanza en reconocer la importancia del proceso de aprendizaje de las IMF. Financiar las primeras instancias de desarrollo de las instituciones microfinancieras y dotar de capacidades a sus equipos técnicos formará fortalezas estructurales en el territorio que producirán mejoras en los indicadores de autosustentabilidad, en sus dos acepciones (financiera y social), al manejar más adecuadamente sus recursos, y provocará efectos derrame hacia otras IMF que empiecen su accionar en zonas aledañas. Sin embargo, no se debe perder de vista que las características de vulnerabilidad, inherente al sector microempresarial, es un condicionante que se presenta estructuralmente y es allí donde el apoyo del Estado debe ser constante y prolongado en el tiempo. En caso de no serlo las Instituciones, cuyo objetivo sea la autosustentabilidad en el tiempo, inevitablemente canalizarán estos costos financieros a la tasa de interés, afectando la sustentabilidad de los prestatarios, o excluyendo a la población más vulnerable, resignando así el objetivo de profundidad en su accionar. En este sentido, gran cantidad de gobiernos han comenzado a entender que si sus IMF no son acompañadas por la acción estatal durante el tránsito por su curva de aprendizaje, se encontrarán con cuellos de botella (contradicción entre objetivos de escala y profundidad, etc.) que no les permitirán continuar motorizando el proceso de desarrollo de las microfinanzas a nivel nacional.

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CONCLUSIONES. El presente capítulo pretende plantear la visión de la evaluación de impacto social como una metodología superadora de evaluación de las prácticas microfinancieras de las instituciones. Así, en una primera instancia, se avanzó sobre las falencias de la evaluación exclusivamente financiera de la IMF para luego introducir el concepto de evaluación de impacto social, entendida a lo largo del trabajo como el proceso por el cual son determinados los cambios en la situación económica y social de los prestatarios provocados por la intervención de la institución. El centrarse, como criterio de análisis, sobre el desempeño financiero y comercial de la IMF implica enfocar la atención específicamente sobre las necesidades de la institución para su sustentabilidad, y no toma en cuenta que la sola adecuada gestión de la institución no es condición suficiente para la mejora de su población objetivo, el microemprendedor de carácter informal. Por el contrario, el concepto de evaluación de impacto social posa el foco de su análisis sobre la demanda de las microfinanzas y entiende que el microemprendedor exitoso, prestatario de la IMF, sí ocasionará el éxito de ésta, no sólo en términos sociales sino también en su autosustentabilidad. El concepto de impacto social resalta el fin primordial del microcrédito, es decir el ser una herramienta efectiva en la lucha contra la pobreza en los sectores más vulnerables, y es, en este sentido, que la evaluación de la IMF se plantea en los términos en que ésta camina hacia el cumplimiento de dicho objeto social. Se entiende que la institución no es verdaderamente exitosa si su accionar no conlleva mejoras en la calidad de vida de sus prestatarios. Luego de detallar las potencialidades de los análisis de impacto social, el estudio se detuvo sobre los problemas metodológicos asociados a dichos estudios. Ello se debe a lo abarcativo del concepto de impacto social ya que incluye los cambios que generan las microfinanzas a nivel de los distintos ámbitos de interacción del microemprendedor (unidad doméstica, económica, individual y a nivel de su comunidad). Evaluar el impacto social, como se ha descrito, significa lograr aislar de estos cambios los efectos producidos por los servicios microfinancieros de aquellos producidos por otros factores, como ser el ciclo económico u otras características del ámbito de funcionamiento de la unidad económica bajo análisis. En este sentido, es que se resaltó el rol del grupo control.

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El mismo debe cuidar de formarse preferentemente por aquellos potenciales prestatarios de la IMF ya que “Los individuos que sí se convierten probablemente sean diferentes a los individuos que son parte de la población en general. Pueden encontrarse diferencias entre las muestras de prestatarios y no prestatarios, sin poder detectar si éstas se debieron a los efectos del programa o si simplemente reflejan las diferencias inherentes entre los dos grupos. Tomar a los microemprendedores que recién ingresaron como grupo de comparación, ayuda a minimizar el sesgo de la auto-selección ya que ellos también decidieron integrarse a la IMF. Se asume, de lo expuesto, que ambos grupos bajo evaluación poseen similares características por lo que toda diferencia que surja de la comparación en las respuestas será asumida –con una probabilidad significativa- como resultado de la exposición al programa de microfinanzas” (Bekerman et al, 2005). Por último, en este módulo se abordó el hecho de que el solo acceso a los servicios microfinancieros no resulta necesariamente condición para el éxito de las unidades económicas financiadas, sumidas en estrategias precarias e informales. Ello se debe a que quienes están a la cabeza de ésta poseen características educacionales, laborales, adquiridas a lo largo de su historia, que influencian el desarrollo de sus unidades y la forma en que invierten sobre ésta, y por ende la potencialidad de las microfinanzas en su desarrollo. En este sentido, es menester destacar que la pobreza es un problema multidimensional (económico, de educación, salud, vivienda, etc.) lo que requiere distintos abordajes para cada uno de sus aspectos. Como se ha mencionado, el acceso al microcrédito es una de las herramientas para combatirla pero no la única ni la más eficaz sino es acompañada con otras acciones que tiendan a abordar las restantes falencias y problemas de los sectores vulnerables. Con esta concepción, se introdujo el segundo módulo, en donde se comenzó planteando el debate entre el enfoque minimalista, centrado en el microcrédito como la herramienta primordial para la mejora de la calidad de vida del prestatario y por ende, en la que la IMF debería centrar su atención, en contraposición con el enfoque integral, el cual sostiene una interpretación mucho más compleja de las potencialidades de desarrollo del microemprendedor, y por ende del rol del microcrédito. En el trabajo se tomó posición con respecto a los dos enfoques expuestos considerando que el enfoque integral

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incluye en su análisis las características del emprendedor y su entorno y la necesidad de trabajar sobre éstas en vinculación con la aplicación de los servicios microfinancieros. Ello retoma la idea expuesta más arriba, de que los sectores pobres presentan ciertas características individuales en una determinada coyuntura que influencian sobre el desarrollo de su actividad así como sobre el uso del microcrédito. Es por ello que el enfoque integral intenta una intervención más compleja, entendiendo que hay que trabajar sobre dichos aspectos si se pretende que el instrumento financiero resulte exitoso. Así, el presente trabajo considera que el microcrédito debe considerarse una herramienta para mejorar la calidad de vida de sus prestatarios, y no un fin en sí mismo, y que por ello deberá ser complementado, en muchas ocasiones, por otros servicios no financieros que pretendan la misma mejora. Por el contrario, la debilidad fundamental del enfoque minimalista reside en volcar sus esfuerzos sobre el lado de la oferta, asegurándose la adecuada operatoria y desempeño financiero de la IMF, pero perdiendo de vista a su demandante y sus requerimientos para encarar su desarrollo y no girar continuamente sobre su sobrevivencia. La elección de los casos internacionales expuestos se realizó bajo un doble objetivo: la ejemplificación con casos que cumpliesen las características de la exposición conceptual, y la necesidad de que fuesen casos exitosos en términos sociales y financieros a fin de que la exposición de los métodos utilizados se reconociesen como útiles, considerando el contexto en que se desarrollaron. De los casos expuestos se deriva que la provisión de las distintas formas del enfoque integral está relacionada con la disponibilidad de recursos por la institución, entendidos estos en un sentido amplio, como ser recursos materiales, humanos, de redes sociales en el territorio, etc.

Las acciones del Estado en el campo de las microfinanzas deben avanzar sobre el abordaje multidimensional, mediante la toma de medidas que promuevan no sólo a la IMF sino también a sus emprendedores y sus problemáticas. Las mismas pueden ser identificadas por parte de las instituciones mediante evaluaciones de impacto social, más no sea en sus versiones más limitadas, como ser las encuestas “de satisfacción” al prestatario. Es decir, la acción gubernamental debe realizarse en base a un adecuado diagnóstico de la problemática a abordar, una correcta metodología de trabajo en el territorio, en concordancia con las necesidades relevadas, y la identificación de los actores pertinentes para trabajarlo. En el caso de las microfinanzas debe prestarse especial atención, en el desarrollo de las políticas de promoción, a la celeridad en la entrega del servicio financiero debido a las necesidades coyunturales de la unidad económica y el énfasis en el acompañamiento a la inversión del prestatario. Así también, debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de las instituciones dedicadas a las microfinanzas. Dicha heterogeneidad se plasma en términos de escalas y montos de cartera desiguales, diferencias en la capacidad operativa, de inserción en el territorio como así también de los rasgos de la población a la que alcanza. Es por ello que las políticas de promoción a las microfinanzas deben ser lo suficientemente flexibles como para abarcar todas dichas realidades, incluyendo entre sus líneas herramientas diversas, como ser transferencia de metodología de microcrédito, fondeo, asistencia en la gestión, en abordaje territorial, etc. Así también se debería poder incorporar a las instituciones como participantes activas en los procesos de formulación de los proyectos y lograr así la sinergia entre sus saberes y experiencias, y aquellos de los técnicos gubernamentales. Por último, dichas actividades de trabajo en el territorio deben acompañarse por medidas indirectas, mencionadas y ejemplificadas a lo largo del trabajo, que permitan un contexto de crecimiento para el microemprendedor y de acción para la institución microfinanciera.

Asimismo, en los tres casos expuestos se ha resaltado el rol del Estado como apoyo para la motorización de los procesos implicados bajo este enfoque, lo que ha permitido a las instituciones-caso no volcar la totalidad de sus esfuerzos hacia el desempeño financiero sino profundizar una mirada más amplia de las problemáticas de sus emprendedores.

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El presente trabajo intentará realizar una indagación sobre la influencia de la política pública de microcrédito en la actual conformación de la Red Gesol, los criterios metodológicos con los que trabajan tales políticas, junto a los emprendedores que forman parte de las experiencias urbanas de la ESyS del conurbano bonaerense y Capital Federal. Para esto, se analizarán las percepciones de los beneficios que aporta el microcrédito, desde la organización y desde los emprendedores, considerando en ello las características socioeconómicas de los actores, tipología y atributos de sus emprendimientos y del sujeto colectivo.

1. PRESENTACIÓN: Hasta mediados de los 70, en el país se dieron una serie de medidas políticas que marcaron niveles de integración con una fuerte presencia de la clase media y asalariada. La informalidad, el autoempleo precario y la venta ambulatoria, eran visualizados como fenómenos propios de países en estado de subdesarrollo,provocando situaciones propias de un proceso iniciado en América Latina, a partir de la implementación del modelo neoliberal. En Argentina, los principales ejes del modelo se implementaron a través de la dictadura, afianzándose en los períodos democráticos de los 90 y colapsando en la crisis de diciembre del año 2001. Luego de un período de transición, en el año 2003 Néstor Kirchner comenzó un nuevo gobierno constitucional, en una situación socioeconómica marcada por la hiperinflación, altos niveles de desempleo y trabajo informal. Ante tal realidad, desde el gobierno Nacional, se tomaron decisiones que posibilitaron reactivar el consumo de la población a partir de la redistribución del ingreso y la reconstrucción del tejido social, con la implementación de una serie de políticas públicas que permitieron impulsar el trabajo asociativo autogestionado, y la promoción de las potencialidades del sector vinculado tanto a la economía tradicional como a la Economía Social y Solidaria. Lo que permitió acrecentar los vínculos con la sociedad civil, facilitando el empoderamiento de las instituciones sociales y recuperando el trabajo como eje de inclusión de las personas, las familias y de la comunidad organizada. Numerosas experiencias comenzaron a surgir de la existencia de un excedente estructural de fuerza de trabajo en el mercado, que no lograba ubicarse en la economía empresarial capitalista hegemónica. Experiencias relacionadas a formas tradicionales de empleo informal y autoempleo, muchas enmarcadas en formas jurídicas

como las cooperativas, las mutuales, grupos asociativos, empresas recuperadas, talleres autogestionados. Experiencias de comercio justo, de microcrédito, de ahorro y otros. Experieniencias que buscan y proponen un modelo de desarrollo, donde lo colectivo y comunitario permiten generar recursos por parte de quienes los generan y alcanzar el desarrollo integral de las personas. En este aspecto, desde el estado se adoptó realizar una intervención directa, brindando políticas y programas impulsados con la ley de Promoción del Microcrédito (2006), el Monotributo Social y las Marcas Colectivas, por ejemplo. En virtud de ello, se propone analizar las experiencias de la Red Gesol considerando: t Su historia en relación al contexto nacional y regional registrado desde el año de su conformación; t La importancia de las políticas públicas de microcrédito trasladadas a sus experiencias urbanas de la Economía Social y Solidaria; t El sujeto social que actúa como emprendedor y el sujeto colectivo que se construye con su participación en las experiencias de la ESyS. Para lo cual se abordará el tema, desde una perspectiva analítica de carácter procesual articulando el aspecto macrosocial (teorías de desarrollo y cambios producidos a nivel regional y nacional) con el aspecto microsocial (análisis sociohistórico de la coyuntura local en la cual se genera y desarrolla la red Gesol y sus experiencias de la ESyS), considerando el contexto en el cual surgen las experiencias, observando la historia de gestación de la organización, de los emprendimientos, las características de sus actores, los conflictos, y reconociendo las representaciones y percepciones con que los sujetos fueron construyendo su historia individual y colectiva

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a nivel local y territorial. Por otro lado, se realizará una prospección mediante el análisis de las dificultades y logros que vienen cosechando tales experiencias, y cómo esto influye sobre las posibilidades y condiciones de evolución y multiplicación de estas experiencias urbanas de la ESyS vinculadas a las políticas del actual modelo. Para esto se describirá un marco teórico que fundamente desde lo empírico el análisis a realizar como también la Metodología de trabajo seleccionada para tal fin. Finalmente se presentará el análisis de los resultados, con las conclusiones y anexos correspondientes. Las autoras pretenden colaborar con elementos que aporten a debatir sobre la viabilidad de la ESyS como una estrategia y/o alternativa socioeconómica ante las intervenciones políticas y económicas del modelo neoliberal. Y también, generar herramientas de trabajo para las organizaciones civiles que promueven y aplican la herramienta del Microcrédito en sus experiencias.

Determinar la influencia de la Política Pública de Microcréditos, afianzada a partir de la ley de Promoción del Microcrédito (2006), sobre el proceso de desarrollo de experiencias urbanas de la Economía Social y Solidaria de la Red Gesol en la provincia de Buenos Aires (Capital Federal y Conurbano). Específicos: 1. Analizar la historia de conformación de la Red Gesol

y su metodología de aplicación del Microcrédito con los emprendedores de la provincia de Buenos Aires (Capital Federal y Conurbano). 2. Caracterizar la dimensión socio-económica de los

emprendedores y su grupo familiar conviviente. 3. Identificar los tipos de emprendimientos predominantes. 4. Identificar los atributos que hacen de los emprendi-

mientos analizados, experiencias propias de la ESyS. 5. Analizar los aportes de los emprendimientos y las

potencialidades de la herramienta del Microcrédito en la construcción de un Sujeto colectivo.

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2. ANTECEDENTES. 2.a. ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIO HISTÓRICO: A un pueblo que marcha hacia su liberación, con dignidad y soberanía, expresando la voz del tiempo y de la Madre Tierra, nada puede detenerlo.3 Entre los 70 y los primeros dos años de la primera década del siglo XXI, en Argentina se sucedieron una serie de acciones caracterizadas en parte por: el desarrollo de las economías regionales a través de la creación de fondos, como los del tabaco, el fondo algodonero, el fondo azucarero y la generación de mega emprendimientos de tipo energético e hidráulico (Chocón Cerro colorado, Yacyreta), siderúrgico (Altos Hornos Zapla, Aluar), o mineros (Minas de carbón de Río Turbio en la Patagonia). Estas economías atravesaron grandes devaluaciones de la moneda y estatización (1982); desmantelamiento de los entes de control y regulación del mercado: Junta Nacional de Granos y Carne; la creación de leyes y marcos regulatorios: Ley Federal de Carnes, Ley de vitivinicultura, Minería, Peajes; privatizaciones de empresas estatales (década de los 90) como el Correo, YPF, YCF, Ferrocarriles, Gas, Energía eléctrica, Agua; entre otros.

serie de medidas como el fin de la paridad un peso-un dólar y la pesificación de las deudas y depósitos. Ello contextualizó en cierta forma las elecciones nacionales en el 2003, con el triunfo electoral de Néstor Kirchner, quien ni bien asumió, comenzó a diseñar una nueva estrategia económica y política en el país, que si bien tenían algunos puntos similares a la establecida por Duhalde, poco a poco se fue diferenciando dando pie a la ruptura y alejamiento del político con el nuevo gobierno.

“Mientras estuvo vigente el plan de convertibilidad, se produjo un importante y persistente incremento de la participación del trabajo no registrado en el total de los puestos de trabajo asalariado, que pasó de 25,2% en mayo de 1990 a 38,1% en octubre de 2001[…] En diciembre de 2001, el Presidente De la Rúa renunció a su cargo en medio de la peor crisis económica y política en la historia argentina. Su renuncia significó el fin de la experiencia neoliberal más profunda que haya vivido nuestro país. Los 10 años de vigencia del plan de convertibilidad dejaron un saldo de 18% de desocupación (casi el triple que a inicios de la década del 90), 16% de subocupación horaria (casi el doble que al inicio), 38% de trabajadores no registrados (50% más que en 1990), los salarios públicos y las jubilaciones recortados en un 13%, una serie de legislaciones tendientes a la flexibilidad laboral, los ahorros “acorralados” en los bancos y el aparato productivo prácticamente destruido”(Lieutier, A. y Ludmer, G. 2010:4).

Este nuevo enfoque de trabajo social marcó la diferencia con las políticas aplicadas desde el modelo de sociedad de mercado, al reconocer a la persona como sujeto de derecho y no como simple beneficiario de las prácticas conservadoras, además de generar condiciones de acceso al desarrollo integral de los emprendimientos urbanos y rurales, al “desplegar una política económica y social basada en una sociedad de trabajo, inclusiva y con creciente redistribución progresiva del ingreso”. (Rofman, A. en capítulo 1 presentado en Aguirre, L., et al. 2010:13).

Luego de tal crisis, asume como Presidente Provisional Eduardo Duhalde en enero de 2002, quien dispuso una

N. Kirchner planteó el gran desafío de construir un modelo de desarrollo sostenible e incluyente realizando profundos cambios de paradigmas y principalmente haciendo base en el Ministerio de Desarrollo Social, instalando Políticas Sociales integrales y más humanas, con el acento en la gestión, en el hacer de las prácticas junto a las familias y en el trabajo que ellas desempeñan.

Esta nueva situación, permitió revalorizar el trabajo popular y la organización comunitaria, con la implementación del Plan Manos a la Obra (2004) que permitió impulsar la economía en el espacio de los sectores populares urbanos y rurales; afianzando la legalidad de sus emprendimientos productivos con seguridad social a partir de la aplicación de herramientas como: el Monotributo Social, que hoy representa una auténtica carta de ciudadanía de los emprendedores de la ESyS, logrando nuclear a la fecha más de 470.000 monotributistas

Mencionado en Huanacuni Mamani, F. 2010.

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inscriptos4. Muchos de los cuales, también hoy están inscriptos en el Registro de Efectores Sociales y por supuesto contenidos judicialmente con la Ley de Marcas Colectivas, aparte de estar involucrados con la ley 26.117 de Promoción del Microcrédito, la cual cuenta con un presupuesto promedio anual de $6.000.000, en manos de más de 1500 organizaciones en el país. Por otro lado, a nivel provincial, se ampara a los emprendedores y productores con la Ley Pcial. Alas Nº13.136 (2003), con el objetivo de formalizar la actividad laboral informal que tenga como base el autoempleo, promoviendo la solidaridad y la cooperación entre sus integrantes. Estas políticas se afianzaron con el tiempo, gracias a otros logros sociales, como la Asignación Universal por Hijo; el programa “Argentina Trabaja” que ha dado origen a más de 5000 cooperativas desde la economía solidaria; la aprobación de la nueva ley de Medios Audiovisuales; la ley de distribución de las ganancias

empresariales entre los trabajadores de las unidades productivas; el proyecto de ley de Entidades Financieras relacionado a las modificaciones al sistema tributario o el de la Ley de desalojos de la tierra productiva y Ley de Tierras, entre otros. Es evidente que lo que acontece hoy en el país, no esta separado de lo que sucede a nivel mundial. Actualmente, se registran las consecuencias de la grave crisis económica y financiera originada en el 2008 en Estados Unidos y en Europa. Crisis que va dejando a su paso situaciones con altos índices de desempleo, inestabilidad financiera, política y social, y por supuesto una creciente desigualdad social. Lo que fue provocando la reacción de sus sociedades, con el surgimiento de violentas protestas sociales a través de los denominados indignados en Chile, España, Grecia, Italia, Inglaterra o Estados Unidos como también en países como Túnez, Libia o Siria donde lograron hacer caer regímenes políticos.

2.b. ANÁLISIS DE LA COYUNTURA LOCAL. Red de Organizaciones de Gestión Solidaria (RED GESOL). El año 1989, es para los integrantes fundadores de la RED Gesol, un año marcado no sólo por sus inicios como organización, sino también un año donde la clara conciencia de lo que sucedía a nivel país, los motivó a pasar de un letargo como trabajadores de Como trabajadores de fábricas a trabajar en actividades a la acción social y buscar fábricas a trabajar en actividades vinculadas a la acción social y buscar soluciones a la problemática económica y política imperante. “En el año 1989, el país estaba a cargo de un Gobierno que estableció las Leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado como base de su política de corto y mediano plazo. Esta estrategia fue acompañada por políticas de estabilización y reformas estructurales que permitieron la progresiva recuperación de la capacidad de gestión y la consiguiente redefinición del papel del Estado en sus diferentes niveles”. (CEPAL. Serie Medio Ambiente y Desarrollo: Pobreza y políticas urbanoambientales en Argentina. La problemática urbano

ambiental de los sectores pobres: 35). Tales políticas, fueron definiendo un escenario donde “a comienzos de la década (1990) la tasa de desempleo del Total de Aglomerados Urbanos se encontraba en un 6,3%, elevándose a 13,8% en 1999, y alcanzando su pico más alto en la historia argentina de los últimos veinticinco años en mayo de 1995 con un 18,4%” […]. Se estima que para 1999 el empleo creado sólo logró absorber a casi la mitad del contingente de trabajadores que se incorporaron al mercado laboral. La tercera parte del incremento de la desocupación se localizó en el Gran Buenos Aires, mientras los dos tercios restantes en el interior. Hacia octubre de ese año la población desocupada sumaba aproximadamente 1.830.000 personas (datos obtenidos de SIEMPRO, 2000 y mencionado en Acuña, C. et al 2002:6). Estos datos, dan cuenta sobre los factores que influyen en la problemática del empleo marcado por la falta de oportunidad laboral y la vulnerabilidad que sumaron

Dato aportado por Claudia Bernaza en la entrevista realizada el día 4 de Noviembre del 2011, en el marco del Encuentro Anual de Evaluación del Monotributo Social O’Higgins 4

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a los casi dos millones de desocupados, miles de personas más, nucleados en formas diversas de precarización laboral. Esto trajo consecuencias sociales marcadas por la pobreza e indigencia, que dio pie a que

surgieran experiencias de trabajo informal y de autoempleo que con el tiempo, se hicieron más visibles por su cantidad y diversidad de acción en el mercado dominante capitalista.

2.c. MARCO TEÓRICO. 2.c.1 ¿De qué hablamos, cuando hablamos de Desarrollo? Desde que la palabra desarrollo comenzó a mencionarse en las agendas de gobiernos, siempre se la vinculó con los resultados de ciertos indicadores económicos, de cuyos valores se deducían si un país estaba o no en

la gente, y con bases sólidas en los derechos humanos, que permitían hacer visibles los conceptos relacionados a la pobreza, las desigualdades y el enfoque de género. Paradójicamente, estas ideas más humanas, de ver y

el primer mundo.

considerar en las teorías desarrollistas a la gente y sus necesidades, no se ratificaban en la práctica. De acuerdo a lo mencionado por Noma Sanchís, los 90 también se caracterizaron por la implementación de políticas neoliberales centradas absolutamente en el mercado, y con las cuales se profundizaron las desigualdades económicas y sociales en la región (Sanchís, N. 2011).

Sin embargo, desde diferentes vertientes se ha ido enriqueciendo el concepto de desarrollo, con el fin de no encasillarlo en términos de crecimiento económico. Al respecto, la década de los 90, se caracterizó por delinear las bases del paradigma del desarrollo centrado en

2.c.1.1. Diferentes modelos de desarrollo. En América Latina, y particularmente en nuestro país, toda su historia estuvo marcada por la influencia de políticas económicas que representaban, según la época y la evolución de los mercados, a tres tipos de modelos: t El modelo Primario-exportador, que se aplicó desde el siglo XIX hasta el período de la entreguerras, caracterizado por la acumulación de capital, por la producción agropecuaria y minera como por el atraso de la región, la profundización de las desigualdades y su aplicación con el enfoque de centro-periferia. t El modelo de Sustitución de Importaciones: con la crisis de los años 30 y la posterior Segunda Guerra Mundial, se asentó un proceso de industrialización del área textil y de alimentación, la consolidación de la hegemonía de Estados Unidos, el surgimiento de la burguesía industrializada y fuertes migraciones de la población rural a centros urbanos. Después de los 50, esta industrialización se concentraría en bienes relacionados con automóviles, electrodomésticos,

siderurgia, petroquímica, etc., lo que provocaría un marcado endeudamiento de los países latinoamericanos, desencadenando en los 80, una grave situación de estancamiento, profundas crisis económicas, políticas y sociales, y fuertes ajustes impulsados por el FMI, lo que da pie al avance de lo que se conoce como: t El modelo neoliberal o de sociedad de mercado: caracterizado por la acumulación del capital, desregulación financiera, la promoción de aperturas de las economías favorecedoras de las importaciones sustitutivas de la producción y el trabajo nacional. Provocando, una marcada inequidad y fragmentación social, como procesos de desindustrialización, ruptura de las cadenas productivas, incremento de la pobreza, rechazo a toda condición de equidad, democracia sindical y profundizando el retroceso de la capacidad de ingreso y el consumo de los sectores populares; lo que indujeron a sucesivas crisis económicas como las de México en 1995, Brasil en 1999 y Argentina en 2001.

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2.c.1.2.- El surgimiento de un nuevo modelo de país. La crisis económica y social del 2001, generó un momento histórico para los argentinos, al salir a reclamar a las calles por sus derechos, a decir basta a tanta presión impuesta por los acreedores extranjeros y a pedir a gritos “que se vayan todos” los que respondían a las políticas neoliberales desde sus puestos de funcionarios. En una semana pasaron cinco presidentes, hasta que llegó el momento de definir, vía sufragio, un nuevo gobierno democrático.

Con el inicio de una nueva etapa en el 2003, el Presidente Néstor Kirchner fue planteando una estrategia en su gestión, a partir de instalar Políticas Sociales integrales e inclusivas de toda la sociedad. El enfoque de tales políticas, profundizadas en la actualidad por la Presidenta Cristina Fernández, se basa en reconocer a la persona como sujeto de derecho, generando condiciones de acceso al desarrollo integral de los emprendimientos urbanos y rurales en especial a los vinculados a la ESyS.

2.c.2.- Las políticas públicas para la Economía Social y Solidaria. Comprenden un conjunto de decisiones políticas, que tienen en común la promoción de experiencias rurales y urbanas de trabajo asociativo y autogestionado con el objetivo de alcanzar niveles de reproducción ampliada en la vida de las familias de los emprendedores. Tales políticas se impulsaron a través de “… (i) Las experiencias promovidas por el Estado que abarcan desde los programas e iniciativas de microcréditos hasta los emprendimientos productivos en distintos rubros, se cuentan en un número mayor a 100.000, por citar sólo los que responden a políticas públicas vinculadas a la Comisión Nacional de Microcréditos, Impulso Argentino y Fuerza Solidaria, los cuales conforman un espacio de multiplicación y enriquecimiento de experiencias asociativas de pequeña a mediana escala; (ii) las Empresas Recuperadas por los Trabajadores permitieron poner en actividad más de 12.000 puestos de trabajo. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos años, se reactivaron 20 de ellas; (iii) el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” ha contribuido a desarrollar y consolidar miles de emprendimientos productivos asociativos con cadenas de agregación de valor y servicios de apoyo a la producción, además de haber aportado a poner en el centro de la escena a la “Economía Social” como estrategia de reconstrucción del trabajo y redes sociales en el país” (Rofman, A., Vázquez Blanco, J. M., 2010 :20). En relación al Plan “Manos a la Obra”, a fines del 2006 “… entregó 415 millones de pesos a través de todas sus líneas. El 82% de ese monto, 342 millones de pesos, fue canalizado a través de la Línea de Emprendimientos

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Productivos, con una manifiesta centralización de la asignación de la ayuda por parte del Ministerio de Desarrollo Social […]. Los recursos restantes fueron canalizados a través de la Línea Fondos Solidarios para el Desarrollo: el 17% en forma de créditos sectoriales, y el 1% restante en forma de Microcréditos” (Curat, P., et al. 2007:44), a Municipios, ONG, cooperativas y mutuales, para establecer fondos rotatorios en las zonas de influencias en forma de Redes y Fondos Descentralizados.

“La política de microcrédito impulsada desde la Comisión Nacional de Microcrédito es un instrumento para el desarrollo de los emprendimientos socio productivos que permiten avanzar en los procesos de organización popular y en la consolidación del modelo de crecimiento con inclusión social”. Dra. Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la Nación.

A fines del año 2006, la línea de Fondos Solidarios para el Desarrollo, comenzó a ser sustituida por el Fondo Nacional del Programa de Promoción del Microcrédito, creado a través de la Ley 26.117 en septiembre de 2006. Y que promovía la descentralización de la operatoria de ayuda al sector. Entre las características de la nueva Línea de asistencia se destaca que: t Está destinada exclusivamente a la capitalización de asociaciones sin fines de lucro: Cooperativas, Mutuales, Asociaciones civiles, Fundaciones, Comunidades Indígenas, Organizaciones gubernamentales, y mixtas.

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t Se asignan al sector 100 millones de pesos para financiar a Instituciones de Microfinanzas. Dichas entidades deben otorgar microcréditos, capacitación y asistencia técnica a grupos sociales carenciados que desarrollan actividades económicas en situación de autoempleo. Lo importante de este proceso es que se fundamentó en enmarcar la intervención con una mirada integral y más humana de la política social y del trabajo, estableciendo el microcrédito como herramienta que fortalece la economía social y el desarrollo local, respetando las realidades locales y regionales, y planificando el trabajo en el que se consideran las particularidades de las personas y sus familias. Impulso Argentino establece que el microcrédito: “Es un instrumento dirigido a reforzar la dinámica económica del emprendimiento. Al principio reforzando el capital de trabajo de la unidad económica (caja, materiales e insumos, mercaderías, etc.) y en los microcréditos sucesivos, a reforzar el capital fijo (máquinas y herramientas)

que mejore la productividad de la unidad” (Mencionado en el Documento de trabajo del 1º Congreso Latinoamericano de Microcrédito. 2010:25). Es claro que, esta herramienta no sería posible en su aplicación, con la sola voluntad e iniciativa de sus protagonistas directos, sin una intervención del estado dispuesto a transformar las políticas públicas clientelistas, focalizadas y asistencialistas propias del modelo neoliberal, en políticas que sí logren el desarrollo de todos los sectores de la sociedad por igual. Esta transformación, tal como lo sugiere Coraggio J. L. (mencionado por Hintze, S. et al, 2011:238), requiere de un proceso de innovación en las políticas sociales, lo que incluye: superar el “proyectismo”; el sectorialismo; superar el tecnocratismo y el verticalismo estatal; cambiar la cultura de los trabajadores estatales y de sus organizaciones; atender al conjunto de derechos sociales de todos; instaurar transparencia y no corrupción bajo control ciudadano; recuperar los niveles históricos de la calidad de los servicios públicos…”.

2.c.3. Economía Social y Solidaria: una alternativa en construcción. Desde hace un tiempo que se viene dando interesantes debates en el país y en toda América Latina sobre el significado y alcance de la ESyS. Lo que da cuenta, de los diversos enfoques con que hoy es tratada la temática. Rofman, A. y Vázquez Blanco, J. M. (2010:16) revelan que: “Las primeras manifestaciones de Economía Solidaria se conformaron en la Inglaterra de fines del siglo XVIII y principios del XIX, simultáneamente a la emergencia de la revolución industrial, como reacción espontánea de ciudadanas y ciudadanos que sentaron las bases del cooperativismo, en asociación libre y democrática y de autogestión”. Lo que dio el surgimiento a nivel mundial, de innumerables experiencias en el cooperativismo y el mutualismo, que se conocieron en Argentina desde fines del siglo XIX como experiencias de vida y práctica política de los inmigrantes europeos. Los autores, en otro momento, opinan que “… las Cooperativas y Mutuales (…) son expresión de una misma concepción del ser humano, que mediante la adhesión voluntaria y la organización democrática promueven su desarrollo como ser social, revalorizando los principios de la educación, la promoción y la integración”.

Actualmente, las cooperativas y mutuales reúnen cerca de 15 millones de asociados, y según las estimaciones realizadas participan con más del 12% en el PBI. Lo que da cuenta que aproximadamente un 38% de la población del país participa de una institución de la Economía Social registrada.

2.c.3.1. Las unidades económicas que definen a la ESyS pueden ser de carácter unipersonal, familiar o asociativo (Caracciolo Basco, M. y Foti, M. P. 2011), las cuales presentan tres características básicas: La misma persona representa el trabajador/a y propietario de los medios de producción; La integración en la misma persona del trabajo manual e intelectual; El reparto de beneficios según el trabajo y no según el capital aportado. Además, permiten visualizar a las experiencias como microemprendimientos o emprendimientos asociativos donde: t Los microemprendimientos utilizan mayoritariamente la propia vivienda para la producción y la venta callejera, realizan un uso extensivo del tiempo y por lo general obtienen muy magros resultados

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económicos; La mayoría los ve como un empleo transitorio, por los pobres ingresos obtenidos y las duras condiciones de trabajo. t Los emprendimientos asociativos, se constituyen por grupos de emprendedores que por lo general, se unen no sólo por razones económicas (obtención de un ingreso), sino por otros atributos de la ESyS (ser dueños de los medios de producción, no depender de un patrón, tomar sus propias decisiones, capacitarse, etc.).

2.c.3.2. Tipologías de las unidades económicas: Según los datos aportados por las autoras mencionadas anteriormente, las unidades económicas pueden ser definidas por una tipología de acuerdo a las variables: Relación social del trabajo, Recursos productivos (tierra, herramientas, maquinarias, insumos), Objetivo y Racionalidad económica, definiendo tipos de unidades económicas diversas, según correspondan a la economía capitalista o a la economía social. (Ver cuadro 1 de anexo). Para el caso de éstas unidades económicas vinculadas a la ESyS, se considera que éstas pueden ser: t Deficitarias: caracterizadas por las unidades con ciclos productivos que les es difícil reponer insumos para volver a producir. Dependen mucho de los planes sociales para su continuidad. t Simples: con ciclos productivos que les permiten reponer con insumos para mantener sólo el nivel de producción. Dependen de los planes sociales y de su relación con el mercado. t Ampliadas: pueden reponer con insumos, mejorar e innovar tecnologías y ahorrar. Dependen de su relación con el mercado. Se remarca, de los aportes de Caracciolo Basco, M. y Foti, M. P.(2011), que no todos los emprendimientos productivos de la economía social son solidarios. Acuerdan que la economía social es solidaria cuando sus prácticas se orientan por valores o por una ética solidaria, por principios del bien común, la equidad, la justicia y el cuidado del ambiente. Con referencia a los Atributos de la ESyS, definen los siguientes (op.cit., 2011): Asociativismo recíproco (basado en el respecto hacia el otro y la autonomía de la organización), cooperación y autogestión. t Asociativismo recíproco (basado en el respeto hacia el otro y la autonomía de la organización), cooperación

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y autogestión. t Eficiencia y eficacia sistémica. t Enfoque socio territorial. t Construcción de tramas de agregación de valor en el territorio (capital social, económico y cultural ampliado), superando la idea del emprendedor aislado de la ideología neoliberal. t Comercio Justo (Relación de confianza y respecto, lo más directa posible entre productores y consumidores). t Sostenibilidad ambiental (basada en formas respetuosas de vivir, producir y consumir con el medio ambiente). t Soberanía alimentaria (concepto político convertido en derecho social en referencia a la producción alimentaria).

2.c.3.3. Los actores que impulsan la ESyS. Los actores y sus emprendimientos, se desenvuelven en un contexto dominado por las reglas de mercado capitalista, en el cual cobra relevancia, el actuar de mujeres y hombres influenciados por la historia individual y social que les precede. Los emprendedores: El sujeto social, promotor de las experiencias, es complejo y multivariado. Se puede presentar como un ser humano individualista o solidario, lo que revela la permanente tensión en estas prácticas, entre lo natural y lo cultural, y entre el individualismo y la solidaridad. Es normal visualizar que desde que el ser humano nace, necesita de los otros para vivir. Permanentemente va construyendo relaciones, las que definen el tipo de sociedad en la que reproduce la vida. Bourdieu P. plantea, que esta sociedad se construye de una relación dialéctica entre la posición social que ocupan los actores (la que depende del capital con que cuentan) y el hábitus de tales actores (disposición a actuar y pensar en función de la posición que se ocupa en la sociedad y la lógica de campo con que se mueve el agente en una determinada forma). (Gutiérrez, A. 1994). Por lo general, los emprendedores comienzan su emprendimiento de manera solitaria. Pero su búsqueda de mejora en la producción y comercialización los encamina, generalmente, a hacer uso del asociativismo, una de las más antiguas prácticas sociales, realizada

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por sujetos sociales. Peixoto de Albuquerque define el asociativismo, como un “proceso por el cual una o más personas y/o grupo(s) deciden reunirse de forma regular, pero no necesariamente continua, para atender demandas comunes”, es decir que los individuos deciden cooperar entre sí, siendo conscientes de las ventajas del trabajo conjunto. Es evidente que con el tiempo y la continuidad, se va dando impulso a procesos colectivos y construcciones sociales, que conforman, un sujeto colectivo

diferenciado al sujeto individual, en lo cotidiano del pensamiento hegemónico y concentrador, presente aún en gran parte de la sociedad, incluso entre sus pares. Este Sujeto Colectivo de la ESyS, se va diferenciando por6: las formas de relacionamiento entre sus integrantes; los aprendizajes de sus experiencias previas; los mecanismos de distribución de poder, de toma de decisiones y grado de compromiso como su reconocimiento en el sector de la ESyS desde lo conceptual y metodológico.

2.d. METODOLOGÍA DE TRABAJO. La presente investigación se sustenta en una metodología cuali-cuantitativa. Las fuentes de información son: i) primarias (observación de campo, encuestas socioeconómicas a emprendedores, entrevistas abiertas a informantes calificados, promotores, técnicos de la Red Gesol y funcionarios públicos); y ii) secundarias, académicas, periodísticas, estadísticas (nacionales, provinciales, privadas), etc.

Recorte espacio-temporal: Se plantea como un análisis diacrónico, el cual permitirá realizar inferencias acerca de los procesos que pudieron influir sobre el objetivo del trabajo. La dimensión espacial se vincula con emprendedores relacionados a la Red Gesol, Región AMBA de la provincia de Buenos Aires y ubicados en áreas de influencias de la sede Ciudad de Buenos, sede OESTE, NORTE, SUR y sede interior prov. de Buenos Aires.

Con relación a la Muestra: la encuesta Socioeconómica se realizó a 20 emprendedores, siguiendo la muestra al azar simple. Por otro lado, se realizaron entrevistas a 10 informantes clasificados.

En cuanto a la dimensión temporal, ha interesado partir desde la coyuntura, profundizando el análisis en los hitos históricos, vinculados al período en que se conformó la Red Gesol (año 89), para luego continuar el análisis con el proceso histórico definido desde el año 2003, cuando se comienzan a instalar en la sociedad las políticas públicas del presente modelo de sociedad de trabajo y los métodos utilizados en la metodología con la cual la institución, las implementa junto al grupo de emprendedores.

La información obtenida se analizará y ordenará en función de los objetivos específicos establecidos. Comenzando con una presentación de la RED GESOL a partir de los datos generales de la organización, para continuar con los resultados de las encuestas y entrevistas a los emprendedores. A partir del relevamiento, las unidades de análisis son: i) organización civil, mutual GESOL; ii) emprendimientos. Plan de actividades: en el anexo se presenta en detalle los puntos incluidos en esta sección. Como también se presenta en el CUADRO 2, las actividades realizadas a campo por orden cronológico.

Esta comparación transversal de ambos períodos nos permitirá observar los cambios que se fueron dando en el proceso organizativo. Facilitadores y Obstaculizadores: ver en anexo, CUADRO 3.

Datos aportados por la Lic. Vanesa Repetto. Clase sobre Políticas Sociales y Formulación de proyectos. IDAES-UNSAM.

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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. A) Datos generales de la organización: En este apartado, se presentarán los datos obtenidos desde la investigación de las fuentes secundarias, como los testimonios aportados desde las entrevistas abiertas a los informantes calificados.

A.1) Caracterización Institucional: Objetivos y finalidad de la organización: La institución se denomina “Red de Organizaciones de Gestión Solidaria (RED GESOL). Nació en el año 1989 en Capital Federal, creándose la 1º subsede en la localidad de Hurlingham

una Comisión directiva general, la llaman la Mesa nacional con un representante de cada provincia y después hay otras instancias a nivel provincial y local (barrial). A nivel de red son representantes. Luego cada organiza-

(Pcia. de Bs. As.). Su principal objetivo: dar respuesta a la desocupación desde la propia comunidad afectada. Tres años después se consolidó con la fundación de la Asociación Mutual de Empleo y Gestión Solidarias.

ción tiene su propia Comisión Directiva”.

Su principal misión, se relaciona con contribuir desde la comunidad al desarrollo humano, familiar, social, laboral y productivo de los colectivos vulnerables en la Argentina, basando sus acciones en la promoción del pleno empleo y condiciones de trabajo decente. La visión de la institución es: Ser reconocida como un modelo organizacional asociativo, participativo y democrático para la gestión eficiente de programas de concreción de derechos e igualdad de oportunidades, centrando sus acciones en la promoción del trabajo decente, el desarrollo de la producción con equidad y la inclusión social. Según las verbalizaciones de la referente institucional Ingrid Vazquez7, en referencia a la constitución actual “hay

Con relación a la constitución de la red a nivel nacional, actualmente se divide en regiones y a su vez se subdivide en sedes. Región AMBA: Sedes Ciudad de Buenos Aires, OESTE, NORTE, SUR y sede interior prov. de Buenos Aires. Región Centro (sede prov. de Santa Fe), NEA (prov. de Corrientes), NOA (sede: prov. de Tucumán). Con lo cual, se nuclea a más de 60 organizaciones sociales del país con distintas formas jurídicas: Centros de Promoción Comunitarios, Sociedades de Fomento, Mutuales, Cooperativas, Fundaciones y Cámaras de Microempresas, entre otras. La dirección y el número telefónico de la Institución corresponden a la sede Ciudad de Buenos Aires ubicada en la calle Av. Pedro de Mendoza nº 1713 (B. de La Boca), con el número de teléfono: 011-43030476. La página web es: www.redgesol.org.ar y el mail es gesol2@ciudad.com.ar

A.2) Historia de surgimiento de la institución. Problemáticas visualizadas: “… la mutual Gestión y Unión Solidaria, GESOL, la organización madre, se constituye con desempleados; muchos de ellos trabajaban en fábricas, algunos eran delegados, y al quedar sin empleo decidieron poner parte de la indemnización en un trabajo solidario entre ellos. Comenzaron su trabajo en Capital… luego abrió una subsede en Hurlingham. En Capital, comenzaron con un proyecto en educación, con profesionales que 7

daban apoyo a los alumnos que querían ingresar a la universidad, y a probar el CBC... Con el tiempo, comenzaron a trabajar en Hurlingham, donde se encontraron con diversas organizaciones de base, como centros comunitarios o sociedades de fomento con muchas debilidades a la hora de gestionar recursos y con muchas ganas de hacer actividades. Ahí comenzaron a apoyar a estas organizaciones para que se adhieran a la red

Docente y coordinadora técnica de la red Gesol, entrevistada el día 26 de octubre del 2011.

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y así entre todas trabajar, nuestra línea transversal, la asociatividad. … A partir de esto, se comenzó a trabajar en Tucumán hace muchos años, con gente conocida, y cada vez se fueron adhiriendo más organizaciones, las cuales algunas tienen su propia personería jurídica o sino algún miembro de la red las apadrina de alguna manera, para que puedan gestionar programas hasta que estén en condiciones de generar su propia personería jurídica y ser independientes. Nosotros como red, no tenemos una propia personería jurídica, por decisión propia, porque eso nos habilita frente a ciertos organismos a presentar más de un proyecto. Nosotros trabajamos de forma asociativa ayudando a que todas las organizaciones presenten su propio proyecto y tengan la independencia”8. Con relación a la problemática, durante la década del 90, fue cobrando importancia la lucha por el Derecho

al Trabajo Decente como así también la concreción de otros derechos básicos como la alimentación, viviendas, educación, cultura y recreación. Al respecto Ingrid Vázquez aporta: “En el medio de nuestra historia, nos sucede la crisis del 2001, donde tuvimos que dar una vuelta de tuerca. La gente que trabajaba con autoempleo, o tratando de que mejore sus ingresos ya con una base, apoyándolos a que encuentren trabajo los jóvenes, comenzaron a tener otro tipo de problemas más básicos, relacionados con sus NBI. Entonces tuvimos que comenzar a cubrir otros temas, como el alimentario. Formulamos un proyecto que permitió que el equipo vinculado a la asistencia de 16 comedores comunitarios con copas de leche, brindará apoyo escolar, con valores relacionados con la soberanía alimentaria y la salud, sin abandonar el autoempleo”.

B) Caracterización de la dimensión socio-económica de los emprendedores y su grupo familiar conviviente. En esta sección del trabajo, se presentarán los resultados emitidos por las encuestas semiestructuradas y entrevistas abiertas realizadas a los emprendedores.

B.1) Variables socioeconómicas. B.1.2) Resultados relacionados al nivel de grupo de los emprendedores9: Los emprendedores encuestados oscilan entre 31 y más de 51 años (75% del total). El 40% de ellos está vinculado con la figura de unión de hecho. El 25 % de los emprendedores no completaron el nivel de estudio secundario. En cambio el 20% tiene la primaria completa. Y el 40% trabaja en su propia vivienda. En relación a la variable sexo, la muestra aportó iguales % de emprendedores del sexo femenino y masculino.

B.1.3) Resultados relacionados al nivel de grupo familiar conviviente10: En total se registraron un total de 58 personas integrantes del grupo familiar del total

8 9

de encuestados. Los cuales se caracterizan según las variables: t Sexo: el 53,45% representado por las mujeres, y el 46,55% por hombres. t Edad: las edades más representativas son las correspondientes entre: 0-5 años y 11-15 años con igual % (13,80%). t Estado civil: el mayor % corresponde a solteros con 60,34%, y el menor a separados de hecho con el 6,9%. t Nivel educativo: el 27,6 % representa a los que no completaron el nivel de estudio primario, y el menor porcentaje es de 1,72% con estudios universitarios.

Encuesta a Ingrid Vázquez. Los resultados de la encuesta social se pueden visualizar en Anexos. Los resultados de la encuesta social se pueden visualizar en Anexos.

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Nivel de empleo: el 25,9% trabaja, y el 13,8% percibe jubilación /pensión. t Viviendas por lote: El 50% representa a más de dos casas y 15% una casa por lote. t Condiciones de la vivienda: el 70% de los emprendedores tiene vivienda propia. t Tipo de la vivienda: El 55% de los emprendedores vive en casas. t Cantidad de dormitorios: el 45% de las unidades de análisis tienen dos dormitorios. t Otros ambientes de la vivienda: El 90% de las viviendas tienen entre 1 y 2 ambientes además del baño, cocina y dormitorio.

de ladrillo. t Material de techo: El techo está recubierto por membrana (40%). t Material de los pisos: el 50% tiene piso de cerámica. t Sistema de provisión de Agua: el 55% de las casas obtiene el agua mediante bomba motor y el 5% restante de otras formas. t Servicios: El 95% de los encuestados tiene servicios de gas de red. El 100% tiene instalado el servicio de energía eléctrica. El 80% tiene teléfono fijo. El 40% tiene televisión por cable. El 55% tiene servicio de internet.

t Materiales de las paredes: El 100% de los emprendedores viven en casas construidas con paredes

B.2) Variables que definen los tipos de emprendimientos predominantes11: A. Relación social del trabajo: el 80% de los emprendedores califican como profesionales y técnicos para su emprendimiento, por lo que sus emprendimientos están obteniendo algún tipo de ingresos de manera constante, algo que no sucede con los emprendimientos vinculados a eventos culturales donde los ingresos se obtienen eventualmente. No obstante, estos valores apenas se aproximan al 65% de los que están en el monotributo. Por lo que se deduce que al menos el 80% de los emprendimientos se califican como emprendimientos ampliados.

B. Recursos productivos: con relación a esta variable, más del 70% de los emprendimientos califican como emprendimientos ampliados. Dado que cuentan con maquinarias, herramientas, equipos y vehículos propios. Además, la mayoría de ellos consideran que requieren incorporar tecnologías a través de maquinas modernas y/o mas herramientas para mejorar su actividad económica.

C. Objetivos: el 70% de los emprendedores estuvo vinculado en el último año, con jornadas de

En el cuadro 5 de anexos, se presentan los resultados de estas variables.

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especialización que según sus opiniones, les aportaron mejoras para su actividad en función al grado de especialización y formación como persona, y a su trabajo asociado a un grupo.

D. Racionalidad económica: tomando en cuenta datos aportados a septiembre del 2011, para el INDEC la canasta básica total cuesta $1.186 pesos en cambio para Ecolatina, $2.217. En función a tal variable, sólo el 45% podría cubrir la CBT y ser calificado su emprendimiento como ampliado. En cambio el resto de los emprendedores se encuentran entre, las categorías de simple a deficitario el 45%, mientras que el 15% de los emprendimientos en la categoría deficitario. En definitiva, según las variables a, b, c al menos el 70% de los emprendimientos se agrupan en el tipo de emprendimientos ampliados. En cambio según la variable d, el 45% podría cubrir la CBT y ser calificado su emprendimiento como ampliado. El resto de los emprendedores se encuentran entre las categorías de simple a deficitario (45%), mientras que el 15% de los emprendimientos en la categoría deficitario.

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B.2.1) Atributos de la ESyS identificados en los emprendimientos. A. Trabajo con enfoque territorial12: Al menos el

D. Comercio justo: El grado de conciencia de los em-

45% de los emprendedores llegó a Gesol a través de un amigo; un 25% lo hizo por intermedio de propagandas, mientras que un 5% lo hizo a través de un familiar. Por otro lado, el 75% de los emprendedores realiza trabajos vinculados a la organización (jornadas a nivel local y provincial de seguimiento y evaluación de los emprendimientos y ferias). Estas relaciones se fortalecen a medida que se van involucrando con la organización, con sus participaciones en actividades realizadas a nivel local y regional, y permite incorporar y ampliar no sólo su mirada de trabajo territorial a nivel emprendimiento, sino

prendedores en relación a esta variable es más notoria en los emprendimientos vinculados con rubro textil, a partir de los cuales los emprendedores se relacionan con fabricantes mayoristas y clientes ocasionales, por lo que los precios de sus productos están en función de la calidad, cantidad y continuidad de los mismos en el mercado. Se deduce que se debe a que tales emprendedores tienen circuitos de comercialización más fluidos que les permiten analizar constantemente el grado de fluctuación de sus ingresos y egresos, y que es facilitado por las reuniones de seguimiento realizadas desde los promotores de

también a nivel organizacional.

la institución quienes acompañan tal proceso.

B. Capital social ampliado13: En relación a la cons-

E. Racionalidad económica, asociativa y coope-

trucción de vínculos y lazos entre emprendedores, el 100% de ellos manifestó que los beneficia el trabajo grupal, por lo que se deduce de los resultados que se encuentran en diferentes niveles de especialización en cuanto a las etapas que comprenden su actividad económica (consumo, producción, comercialización y apropiación).

rativa14: De acuerdo a las entrevistas y a los dichos pos entrevistas, el 95% de emprendedores que opinan que el emprendimiento cambió su vida, se deduce que puede ser debido a que su emprendimiento tiene su origen desde algún familiar, quien le enseña esta forma de trabajar desde la infancia. Esto fortalece la concepción de que el 100% de los emprendedores, estima que su emprendimiento tiene posibilidades de crecer, dado que mantienen un fuerte vínculo con él. Incluso se registraron que muchos de los encuestados no lo cambiarían por nada, ni por un trabajo asalariado en relación de dependencia. En relación a las experiencias asociativas que vienen sumando, el 70% de los emprendedores expresaron que no tuvieron experiencias previas de trabajos grupales antes de ingresar a la Red Gesol, lo que les dio fortalezas para encarar mejor sus emprendimientos, ya que les permiten acceder a información, a más clientes, a jornadas de capacitación, y a mejores formas de analizar las alternativas que les posibilitaría consolidarse como emprendedores. En relación a cómo se visualizan los potenciales emprendedores: el 40%, el 35% ve necesario vender más, y el 20% requeriría de un subsidio.

C. Tramas de agregación de valor en los mercados: Según datos post entrevistas se puede deducir que gracias a que el emprendedor se va relacionando con sus compradores, proveedores, otros emprendedores y referentes de los programas sociales, le permite construir progresivamente una escala de valoración en relación a la calidad de sus productos, precios y apreciaciones de otros acerca de lo que produce. Ello le aporta información válida para tomar decisiones que le permitan mejorar su actividad económica en todas sus etapas. Por supuesto, esto es un proceso en permanente construcción, que el emprendedor enriquece con los cambios de opinión que tienen con sus pares y el equipo técnico de la organización.

“Lo bueno de articular con otros es que se consigue creatividad para las dificultades y transmisión de experiencias, abarata costos y da mayores ganancias. Es válida la clientela, el producto bien vale su precio, a la gente le cuesta pagar algo pero dice que el diseño es bueno y exclusivo”. María Camacho, emprendedora de la sede OESTE. 12 13 14

F. Organización sociopolítica. Pensamiento y lucha en el campo de lo simbólico: El 100% de los emprendedores considera que no hubiese logrado los mismos beneficios si hubiera estado solo. En las entrevistas realizadas, todos los emprendedores expresaron la importancia que tiene pertenecer a la red, los vínculos que van enriqueciendo sus formas de vida, los

Cuadro 6 de anexos, se presentan los resultados de las variables que caracterizan a este atributo. idem Los resultados de las variables se presenta en el Cuadro 8

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beneficios que les aporta desde lo económico y social, lo cual les posibilita sentirse parte de procesos de cambios, de construcción, de aprendizaje donde se informan y capacitan permanentemente.

“Antes no creía en nada, a partir de esto, los beneficios del estado llegan a mi emprendimiento y a todos en mi situación. Hoy, creo en la política y milito”. Luis Fernández, emprendedor.

B.3) Percepciones de los emprendedores sobre las políticas públicas de microcrédito y sus influencias en la conformación y caracterización de los emprendimientos. Desde los emprendedores, el 100% considera que el microcrédito es una herramienta válida. Les aporta autonomía y no crea dependencia con el estado, porque son créditos accesibles. De las entrevistas se obtiene el dato que el 40% de ellos aún necesita de un microcrédito para consolidarse a través de la compra de máquinas modernas, con las cuales poder ampliar su oferta en el mercado. De las experiencias de la Red Gesol, es interesante rescatar las apreciaciones que tienen técnicos y promotores. Por ejemplo, Ingrid Vázquez comenta: “Para mí el microcrédito es una herramienta fundamental para los emprendedores… Lo que queremos, es que el emprendedor lo utilice para invertir, para crecer y no termine

siendo sólo una deuda y le cueste un montón pagarla… es una herramienta importante por el bajo interés que tiene, el emprendedor no tiene posibilidad de acceder a otro tipo de créditos como el de un banco, no sólo por las tasas sino también por los requisitos técnicos que tiene que alcanzar. Para esto hay que estar bastante preparados como técnicos, para evaluar la situación del emprendimiento y del emprendedor. Es importante evaluar bien la forma y período de los pagos, como también poder realizar un estudio de mercado y evaluar qué máquina necesita para mejorar lo que produce, si hay demanda de producto, y si le falta una máquina especial para eso”. Ver otras apreciaciones en anexo.

C) Apreciaciones del sujeto social (emprendedor) y el sujeto colectivo de las experiencias analizadas. La influencia de la herramienta del Microcrédito en la construcción de un Sujeto colectivo. El sujeto social (emprendedor): En general, los emprendedores se adaptan bien a la metodología con que se utiliza la política. Consideran que es importante acompañar a los emprendedores, en cada etapa del proceso de aplicación, dado que al principio les cuesta entender cómo trabajar asociativamente, ya que por lo general resulta diferente al sistema de trabajo tradicional.

Por otro lado, identifican entre las características de los emprendedores la falta de constancia en la participación a las reuniones previstas, y tienen por objetivo que el emprendendor se comprometa y se consolide como integrante de un grupo colectivo.

“… el emprendedor tiene una característica individual, le cuesta mucho hacer el cambio, el click, hay que mostrar todo con acciones”. Ingrid Vázquez.

“los ampliados son los que predominan entre las experiencias. Pero esto se da por períodos. He observado que un mismo emprendedor puede pasar de una tipología ampliada a una simple, o de una deficitaria a simple,

Promotora de la Tienda Social de la Boca.

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Con relación al tipo de emprendedores que predominan, Vanesa Ávila15, opina que:

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dado que esto depende de ciertos factores externos relacionados con el mercado, tales como el precio de los insumos, por ejemplo”.

obra. Y si esto no lo lleva a cubrir los costos y tener ganancias, está trabajando en relación de dependencia al mercado”.

Con referencia a los elementos que requiere el emprendedor para consolidarse, Ingrid Vázquez considera importante tener en cuenta como indicador, el punto de equilibrio entre los gastos e ingresos que alcanza el emprendedor:

Por otro lado, las entrevistadas marcan a la comercialización como una de las debilidades que se presenta frecuentemente entre los emprendedores, dado que aún les resulta complejo calcular bien los gastos y el precio justo de su producto. Si bien participan de cursos en la red Gesol donde se les enseñan estos cálculos, desde la institución se deduce que esto se debe a que el emprendedor, a veces considera que no podrá vender su producto si en el precio considera el costo real de la mano de obra, por ejemplo.

“cuando el emprendedor logra con las ventas, cubrir los costos que tiene (mano de obra, insumos, costos fijos, etc.) alcanza ahí su punto de equilibrio. Lograr esto es un proceso, lleva un tiempo. En los cursos los ayudamos a ver cuál es su punto de equilibrio según el producto, lo que vende, el tiempo que le lleva, la mano de

El sujeto colectivo: Identificando los métodos que permiten su construcción a través de la aplicación de políticas de microcrédito. Respecto a esta construcción que surge de las prácticas organizacionales, desde la Red Gesol, se establece como eje transversal la asociatividad entre sus integrantes, como forma de relacionamiento. Lo cual, tiene un carácter procesual donde cada emprendedor va sumando, a sus experiencias individuales, lo colectivo en sus actividades económicas y sociales. Tales actividades están marcadas por una metodología participativa, con la cual el sujeto colectivo se va armando en función de los aprendizajes, de las experiencias previas, los mecanismos de distribución de poder, de toma de decisiones, grado de compromiso de los emprendedores, y participación en la gestión asociada como en las responsabilidades distribuidas en la ejecución de actividades que posibiliten el fortalecimiento del sujeto en construcción permanente. En la práctica, los emprendedores se relacionan en espacios vinculados a reuniones de seguimiento y planificación, eventos culturales y ferias. En las cuales, se

trabaja con mecanismos de decisiones vinculadas a la calidad de los productos, fijación de los precios de los mismos, cooperación con sus pares en el desarrollo de actividades como la venta del producto del resto de los emprendedores, instalación de los stand, búsqueda del flete para el traslado del producto etc. Es evidente que no siempre es fácil instalar y llevar adelante tales conceptos. Por eso es importante establecer permanentemente la relación dialógica del Hacer las practicas con el Ser colectivo, a través del uso de herramientas vinculadas a la educación popular, partiendo del contexto cultural, ideológico, político y social de los emprendedores. Es tarea del equipo técnico promotor, rehacer este contexto junto a los emprendedores, en el sentido de que todos los actores vinculados a la experiencia, son también artistas y artesanos que con voluntad y decisión pueden transformar su realidad.

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4. CONCLUSIONES: En términos generales es sabido que los modelos de desarrollo aplicados en América Latina y en Argentina han generado profundas desigualdades, polarización en la distribución del ingreso y altos niveles de marginación, exclusión y pobreza. Tales desigualdades exigen que las políticas diseñadas para erradicarlas, sean formuladas y ejecutadas buscando eliminar al mismo tiempo, todas las divergencias entre mujeres y hombres. Las experiencias de la ESyS, propugnan el reconocimiento del otro, como fundamento de la acción humana y la renovación de la política, la economía y la sociedad, resignificando con ello, las actividades y organizaciones de carácter comunitario, asociativo, cooperativo y mutualista. Los emprendedores, reconocen los avances que se van sucediendo a nivel local, con la implementación de diversas políticas públicas (AUH, Conectar Igualdad, Argentina Trabaja, entre otras) y en especial a las vinculadas con los microcréditos, que les permiten ir conformándose no sólo como emprendedores sino, lo más importante, como sujetos desarrollados íntegralmente junto a sus familias y la organización. Tal reconocimiento, confronta con la racionalidad económica predominante, con la que el emprendedor se maneja a nivel asociativo, y pone en funcionamiento su ciclo productivo, ubicándolo como un emprendedor que aún le falta recorrer un camino vinculado a las políticas de microcrédito, para consolidarse como emprendedor ampliado.

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Si bien es claro que son mayoría las experiencias que al principio requieren de asistencia para comenzar el emprendimiento, la asistencia no puede ni debe ser permanente. Llegado el caso, y superadas las condiciones que requieren de la protección y promoción social, el Estado debe volcarse al impulso de los microemprendedores y de las organizaciones que trabajan por los mismos, mediante la capitalización del sector y otros instrumentos acordes a la profundización de los logros obtenidos, que aporten con el diseño y puesta en práctica de políticas públicas integrales y más acordes a las características de los territorios y al desarrollo local, y posibiliten la integración efectiva de un basto porcentaje de la población que aún sobrevive de sus trabajos informales, ya sea por estar viviendo en lugares alejados a los centros donde se apuestan a la construcción del sector, o por carecer de la información y conocimientos necesarios que les posibilite formar parte del mismo. El desafío esta planteado. El trabajo asociativo es posible entre todos y cada uno de los sectores de toda la sociedad. Desde lo pequeño se puede avanzar en construir un país inclusivo, avanzando y multiplicando las acciones que se vienen ejecutando con los microcréditos y otras políticas públicas, que constituyen en sí, verdaderas puertas de entrada para que más mujeres y hombres se sumen a la construcción de acciones solidarias, integrales y autogestionarias en el tiempo y espacio.

“Estrategias de Financiamiento Inclusivas e Integrales”/ PUBLICACION ESPECIAL

ANEXO

CUADRO 1 Tipologías de las unidades económicas VARIABLES

ECONOMÍA EMPRESARIAL CAPITALISTA

ECONOMÍA SOCIAL

TIPOS DE ECONOMÍA SOCIAL

Relación social del trabajo

Asalariada

No asalariada

Unipersonal, Familiar Unipersonal, Familiar Unipersonal, Familiar o asociativa o asociativa o asociativa

Recursos productivos (tierra, herramientas, maquinarias, insumos)

Suficientes

Escasez o Suficientes

Escasez

Suficiente

Objetivo

Ganancia/acumular capital

Buen vivir/satisfacer necesidades

Racionalidad económica

Maximizar tasa de ganancia

Maximizar ingresos /ahorrar gastos

(Fuente: Caracciolo Basco, M. y Foti, M. P.(2011).

CUADRO 2 PLAN DE ACTIVIDADES i. Sistematización, discusión y elaboración del marco teórico (relevamiento y selección de bibliografía, identificación y selección de variables); ii. Relevamiento de información secundaria para el análisis de las principales características socioeconómicas, organizacionales y políticas públicas referidas a los objetivos de la investigación; iii. Diseño de encuestas y entrevistas, selección de emprendedores, informantes y procesamiento de información relevada; iv. Trabajo de campo: realización de las observaciones, encuestas y entrevistas; v. Análisis de la estructura y dinámica de los actores buscando similitudes y particularidades; vi. Análisis de la información primaria y secundaria relevada según los objetivos planteados por la investigación y discusión sobre la misma; vii. Interpretación de la información.

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CUADRO 3 Trabajo de campo realizado durante el proceso de investigación. 22 de septiembre

28 de septiembre 7 de octubre 15, 17 y 18 de octubre 26 de octubre 28 de octubre 4 de noviembre 11 de noviembre

Visita a la sede Oeste de la calle Av. Roca 662 –Hurlingam. Reunión con el presidente de la Red Gesol Fernando Rodríguez Entrevista a promotoras de la sede Ciudad de Bs. As. (La Boca) Encuesta a los emprendedores de la sede Ciudad de Bs. As. (La Boca) Encuestas a los emprendedores en sus domicilios Entrevista a Ingrid Vázquez, coordinadora técnica de la red Gesol Lic. Carlos Alejandro García, Coordinador de gestión institucional de la CONAMI Claudia Bernaza, Encuentro Anual de Evaluación del Monotributo Social O‟Higgins Coordinador Nacional del Banco Popular de la Buena Fe, Luis Preserutti, Hurlingham

CUADRO 4 Facilitadores y Obstaculizadores del proceso de investigación realizado.

Todas las facilidades que brindó la institución para la realización del presente trabajo. Buena predisposición de los emprendedores y del equipo técnico-promotor

La distancia entre el domicilio de las autoras a las sedes de la institución y el domicilio de los emprendedores.

Buena predisposición de los entrevistados.

CUADRO 5 Variables vinculadas con la construcción de tipologías de emprendimientos. RELACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO Categoría ocupacional: El 100 % de los emprendedores no tiene empleados El 70% de los emprendedores realiza su trabajo en familia, involucrando al grupo familiar conviviente, mientras que el 30% restante trabaja solo. Calificación de la tarea: El 40% de los emprendedores se autocalifica como trabajador profesional, el 25% como artesano, el 15% como trabajador técnico. El 15% no se califica, y el 5% restante se considera operario. Rama económica del emprendimiento: El 42% de los emprendedores considera que la rama económica se vincula con brindar servicios (ejemplo: imprenta, tornería). El 40% se califica como emprendedor que aporta bienes (ejemplo: textil, tejidos) y el 15% restante se califica en otras clasificaciones (eventos culturales). Emprendedores inscriptos en el Monotributo: Los datos informan que el 65% de los emprendedores están inscriptos en el Monotributo, mientras que el 45% aún no se inscribió, algunos de ellos por encontrarse en etapas primarias de conformación de sus emprendimientos, de acuerdo a datos recabados en pos entrevistas, y otros NS/NC.

108 · Impulso Argentino

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RECURSOS PRODUCTIVOS (TIERRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, INSUMOS) Condición de tenencia de herramientas, maquinarias y equipos: El 70% de los emprendedores tiene herramientas, maquinarias y equipos de trabajo propias. El 30% reúne otras condiciones (tales como alquiladas o prestadas). Requerimiento de herramientas, maquinarias, equipos y otros: En relación a esta variable, el 64,28% requiere otras maquinarias para lograr satisfacer la demanda y mejorar la calidad del trabajo que realiza. El 21,42% tiene otros requerimientos (herramientas e insumos), el 7,14% considera que necesita local propio y en igual %, el 7,14% estima que necesita local propio y maquinarias. Condición de tenencia de vehículo: El 85% no posee vehículo para trabajar en su emprendimiento y el 15% posee un vehículo que le facilite las tareas diarias en su emprendimiento.

OBJETIVOS Capacitaciones realizadas en el último año en temas vinculados a su emprendimiento: El 70% de los emprendedores realizó al menos una capacitación vinculada a su emprendimiento, mientras que el 30% restante no realiza alguna capacitación.

RACIONALIDAD ECONÓMICA Rentabilidad económica del emprendimiento: según los datos recabados, el 40% de los emprendedores tiene un ingreso mensual que oscila entre $ 501 y $1000; el 30% tiene un ingreso de $1001 y $1500; el 15% de los emprendimientos aporta a la economía familiar de $100 a $500, y en igual porcentaje con más de $1501. Cabe aclarar que los valores aportados por los emprendedores son móviles a lo largo del año. Según aclaraciones agregadas por ellos.

CUADRO 6 VARIABLES RELACIONADAS AL ATRIBUTO TRABAJO CON ENFOQUE TERRITORIAL Cómo llega el emprendedor a la red Gesol: el 45% de los emprendedores llegó a Gesol a través de un amigo; el 25% lo hizo por intermedio de propagandas; por otros medios otro 25 %, mientras que el 5% lo hizo a través de un familiar. Trabajos que realizan en conjunto los emprendedores y la organización: El 55% de los emprendedores realiza trabajos varios vinculados a la organización (jornadas a nivel local y provincial de seguimiento y evaluación de los emprendimientos), n 25% se relaciona con los que aparte de realizar trabajos varios también participan de ferias. Finalmente, un 20% participa en eventos culturales y de formación (cines en los barrios, dictado de cursos de capacitación).

CUADRO 7 VARIABLES RELACIONADAS AL ATRIBUTO CAPITAL SOCIAL Beneficios del trabajo grupal: El 100% de los emprendedores manifestó que los beneficia el trabajo grupal. Medidas del beneficio del trabajo grupal: El 70% de los emprendedores opina que el trabajo grupal les ha dado muchos beneficios. El 30% restante opina que los benefició medianamente.

Impulso Argentino · 109

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CUADRO 8 VARIABLES RELACIONADAS AL ATRIBUTO RACIONALIDAD ECONÓMICA, ASOCIATIVA Y COOPERATIVA

Cambio de vida del emprendedor: El 95% de los emprendedores sostienen que el emprendimiento les cambió la vida, en cambio sólo el 5% respondió de manera negativa. Experiencias grupales previas: el 70% de los emprendedores expresaron que no tuvieron experiencias previas de trabajos grupales antes de ingresar a la Red Gesol. Mientras que el 30% restante sí. Percepción del emprendedor sobre su actividad: El 100% de los emprendedores considera que su emprendimiento tiene posibilidades de seguir creciendo. Necesidades para consolidarse como emprendedor: El 40% de los emprendedores considera que necesita de microcréditos para consolidarse como emprendedor. El 35% en cambio, ve necesario vender más para lograr este objetivo. El 20% considera que un subsidio le aportará tal condición y el 5% restante responde otras necesidades.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIAL

1- De los emprendedores: 1.1. Sexo: el siguiente cuadro muestra igual % de emprendedores de sexo masculino y femenino.

50%

15%

Femenino Masculino

30%

1.2. Edad: Como se observa el cuadro y figura respecto 30% a las edades de los emprendedores arroja un 30% de quienes tienen entre 31 y 40 años. Otro 30% entre25% quienes tienen 51 años y más. Un 25% quienes tienen entre 41 y 50. Y un 15% los que tienen entre 20 y 30 años.

15% 30% 30% 25%

20-30

15%

31-40

30%

41-50

25%

+51

30%

110 · Impulso Argentino

20-30

15%

31-40

30%

41-50

25%

+51

30%

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1.3. Estado civil: En relación a la muestra de la variable estado civil, observamos que hay un porcentaje marcadamente mayor, de unión de hecho con el 40%, seguido por los casados que representan el 25% de la muestra, un 20% representando 33 emprendedores separados de hecho, siguiendo el 10% de solteros, y finalmente el 5% divorciado.

10%

20% 25% 40%

Soltero

10%

Casado

25%

Unión de Hecho

40%

Separación de Hecho

20%

Divorciado

1.4. Nivel educativo: En relación a la variable nivel educativo, el 25 % representa emprendedores que no completaron el nivel de estudio secundario. El 20% tiene la primaria completa, un 20% cursó los estudios terciarios. La variable. Otros esta representado por un 15%. El 10% tiene estudios primarios incompletos y el menor porcentaje es del 5% con estudios universitarios. 1.5. Condición de tenencia de herramientas, maquinarias y equipos: En el siguiente cuadro se puede observar que el 70% de los emprendedores tienen herramientas, maquinarias y equipos de trabajo y el 30% reúne otras condiciones.

30%

70%

Tiene maq, herramientas, equipos

70%

No tiene maq, herramientas, equipos

30%

1.6. Requerimiento de herramientas, maquinarias, equipos y otros: En relación a esta variable, se observa que hay 64,28% que requiere maquinarias, el 21,42% tiene otros requerimientos (herramientas), el 7,14% considera que necesita local propio y en igual %, el 7,14% estima que necesita local propio y maquinarias. 7,14% 7,14%

21,42%

62,28%

Maquinarias

62,28%

Herramientas

21,42%

Local propio

7,14%

Local propio y maquinarias

7,14%

Impulso Argentino · 111

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1.7. Condición de tenencia de vehículo: Esta variable muestra que el 85% no posee vehículo para trabajar en su emprendimiento y el 15% posee un vehículo.

15% Tiene vehículo

85%

No tiene vehículo

15%

85%

1.8.- Variables relacionadas con la Categoría ocupacional: t El 100% de los emprendedores no tiene empleados. t El 70% de los emprendedores realiza su trabajo en familia. Mientras que el 30% restante trabaja solo. 1.9. Calificación de la tarea: Esta variable representa a los profesionales en 40%, artesanos 25%, técnicos 15%, tareas que no califican 15%, y operarios 5%

15% 40% 25%

Profesional

40%

Técnico

15%

Operario

Artesano

25%

No Calificado

15%

1.10. Rama económica del emprendimiento: En el próximo cuadro se observa que el 42% de los emprendedores considera que la rama económica se vincula con brindar servicios. El 40% se califica como emprendedores que aportan bienes y el 15% restante se califica en otras clasificaciones.

15% 42% 40%

Servicios

42%

Bienes

40%

Otros

15%

1.11. Emprendedores inscriptos en el Monotributo: En referencia a esta variable, los datos informan que el 65% de los emprendedores está inscripto en el Monotributo, mientras que el 45% aún no se inscribió.

112 · Impulso Argentino

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45%

Inscriptos

65%

No Inscriptos 45%

1.12. Capacitaciones realizadas en el último año en temas vinculados a su emprendimiento: En el cuadro siguiente, se observa que el 70% de los emprendedores realizó al menos una capacitación vinculada a su emprendimiento, mientras que el 30% restante no realiza alguna capacitación.

30%

70%

Realizó capacitaciones

70%

No realizó capacitaciones

30%

1.13. Rentabilidad económica del emprendimiento: Esta variable indica, según el siguiente cuadro, que el 40% de los emprendedores tiene un ingreso mensual que oscila entre $501 y $1000; el 30% tiene un ingreso de $1001 y $1500; el 15% de los emprendimientos aporta a la economía familiar de $100 a $500 y en igual porcentaje, más de $1501. 15%

15%

30% 40%

$100 - $500

15%

$501 - $1000

40%

$1001 - $1500

30%

+$1501

15%

1.14. Cómo llega el emprendedor a la red Gesol: Según se muestra en el siguiente cuadro, el 45% de los emprendedores llegaron a Gesol mediante un amigo; el 25% lo hizo por intermedio de propagandas; por otros medios el 25 %, mientras que el 5% lo hizo a través de un familiar.

25% 45% 25%

Por un amigo

45%

Por un familiar

Por propaganda

25%

Otros

25%

Impulso Argentino · 113

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1.15. Experiencias grupales previas: Con relación a esta variable, el 70% de los emprendedores expresaron que no tuvieron experiencias previas de trabajos grupales antes de ingresar a la Red Gesol, mientras que el 30% restante sí.

30% Sí

30%

70%

1.16. Trabajos que realizan en conjunto los emprendedores y la organización: En el cuadro siguiente vemos que el 55% de los emprendedores realiza trabajos varios vinculados a la organización, un 25% se relaciona con los que aparte de realizar trabajos varios también participan de ferias. Y un 20% participa en eventos culturales y de formación.

25%

55%

20%

Trabajos varios y ferias

25%

Eventos culturales y de formación

20%

Trabajos varios y ferias

55%

t Tareas varias, ferias. t En buen clima, tareas varias, ferias. t Tercerizado en conjunto (la red es el nexo de venta). En forma grupal con asesoramiento personalizado. Tareas diversas y ferias. t Se hacen cursadas, con asesoramiento. t Dicto cursos de capacitación. t A veces. t Ferias. t Interrelacionados por zona. t Todos los días a través de diversas actividades. t Trato de ofrecer mis servicios. t Me ayudan a difundir mi emprendimiento. t Hago programas en ACSSES para digitalizar la información de los emprendimientos y el stock de la tienda social. t La organización te ayuda pero no te exige, hacemos trabajos voluntarios. t Entre todos estamos siempre. t Eventos culturales. t Como gestión cultural en grupo.

114 · Impulso Argentino

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1.17. Beneficios del trabajo grupal: El 100% de los emprendedores manifestó que los beneficia el trabajo grupal. Medidas del beneficio del trabajo grupal: El 70% de los emprendedores opina que el trabajo grupal les ha dado muchos beneficios. El 30% restante opina que los benefició medianamente.

30%

70%

Mucho

70%

Medianamente

30%

1.18. Percepción del emprendedor sobre su actividad: El 100% de los emprendedores considera que su emprendimiento tiene posibilidades de seguir creciendo. 1.19. Necesidades para consolidarse como emprendedor: El siguiente muestra que el 40% de los emprendedores considera que necesitan de microcréditos para consolidarse como emprendedores. El 35% en cambio, ve necesario vender más para lograr este objetivo. El 20% considera que un subsidio le aportará tal condición y el 5% restante responde otras necesidades.

40%

35%

Microcrédito

40%

Subsidio

20%

Vender más

35%

Otros

20%

1.20. Percepción sobre los beneficios de trabajar en la organización: El 100% de los emprendedores considera que no hubiese logrado los mismos beneficios si hubiera estado solo. 1.21. Cambio de vida del emprendedor: t El 95% de los emprendedores sostiene que el emprendimiento le cambió la vida, en cambio sólo el 5% respondió de manera negativa.

95%

Impulso Argentino · 115

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t El 100% de los emprendedores considera que el microcrédito es una herramienta válida, que le da autonomía y no crea dependencia con el estado.

15%

10%

20%

20% 5%

25%

Primaria incompleta

10%

Primaria completa

20%

Secundaria incompleta 25% Secundaria completa

Terciaria

20%

Universitaria

Otros

15%

1.22. Lugar de trabajo del emprendedor: En referencia a esta variable, el 40% trabaja en casa de familia, el 30% en otros lugares no codificados, el 25% en local prestado y el 5% en lugar alquilado.

30%

40%

Casa de familia

40%

Local prestado

25%

Local alquilado

Otros

30%

25%

EN RESUMEN: A nivel de grupo de emprendedores se lograron analizar un total de 22 variables que los representan son: t Sexo: En cuanto a la división de la muestra de la variable sexo o género, los resultados arrojaron un igual % de emprendedores del sexo femenino en relación al sexo masculino. (50% femenino, 50% masculino). t Edad: El 30% de los emprendedores tiene entre 31 y 40 años. Otro 30% de 51 años y más; un 25% tiene edades entre 41 y 50 años y un 15% tiene entre 20 y 30 años. La unidad de análisis de menor edad corresponde a 20 años, mientras que la unidad de análisis de mayor edad correspondería a la franja etaria de 51 o más, comprendida por 64 años. t Estado civil: se observa en esta variable, que hay un porcentaje mayor de unión de hecho con el 40%, seguido por los casados que representan el 25% de la muestra, un 20% representando por emprendedores separados de hecho, siguiendo con el 10% de solteros y finalmente el 5% divorciados. t Nivel educativo: el 25 % de los emprendedores no completa el nivel de estudio secundario. El 20% tiene la primaria completa, otro 20% cursó los estudios terciarios. La variable Otros esta representada por un 15%. El 10% tiene estudios primarios incompletos y el menor porcentaje es del 5% con estudios universitarios. t Lugar de trabajo del emprendedor: En relación a esta variable, el 40% trabaja en casa de familia (es decir en su propia vivienda), el 30% en otros lugares (por ejemplo en ferias, vendedores ambulantes, eventos culturales), el 25% en local prestado (ejemplo: talleres de la Red Gesol) y el 5% en lugar alquilado.

116 · Impulso Argentino

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2- Esta parte de los resultados, se refiere a los datos obtenidos del grupo familiar conviviente del emprendedor, el cual se registra con un total de 58 personas. A continuación se analizarán con las siguientes variables: Sexo: En el siguiente cuadro se observa que el 53,45% está representado por las mujeres, en cambio el 46,55% por hombres.

46,55% 53%

Femenino Masculino

Edad: Como se observa en el cuadro y figura siguiente, las edades más representativas son las correspondientes entre: 0-5 años y 11-15 años con igual % (13,80%). 1,72% 3,45%

3,45% 14%

5,17% 3,45% 9% 14%

5,17% 6,9%

8,62% 5,17% 10,34%

10,34%

0-5

13,80%

46-50

5,17%

6-10

3,45%

51-55

8,62%

11-15

13,80%

56-60

5,17%

16-20

8,62%

61-65

3,45%

24-25

10,34%

66-70

26-30

10,34%

71-75

31-35

5,17%

76-80

1,72%

36-40

6,9%

81-85

3,45%

41-45

Estado civil: En relación a la muestra se observa que hay un porcentaje marcadamente mayor de solteros con el 60,34%, los casados representan el 20,69%, le sigue unión de hecho con el 12,07%, y los separados de hecho con el 6,9%. 6,90%

12,07% 20,69%

60,34%

Soltero

60,34%

Casado

20,69%

Unión de Hecho

12,07%

Separación de Hecho

6,9%

Impulso Argentino · 117

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Nivel educativo: En relación a esta variable, el 27,6 % representa al grupo familiar que no completó el nivel de estudio primario. El 22,41% tiene nivel secundario incompleto, el 15,51% tiene en curso los estudios primarios. El 10,34% tiene estudios primarios completos y en menor porcentaje, el 1,72% tiene estudios universitarios. 1,7% 6,9% 6,9%

27,6%

8,6%

22,4%

15,5% 10,3%

Primaria incompleta

27,6%

Primaria en curso

15,5%

Primaria completa

10,3%

Secundaria incompleta

22,4%

Secundario en curso

8,6%

Secundaria completa

6,9%

Terciaria incompleta

6,9%

Universitaria

1,7%

Nivel de empleo: A continuación se presenta el nivel de empleo del grupo familiar conviviente del emprendedor expresado en porcentajes, donde el 25,9% trabaja, 43,1% tiene otras actividades, 17,20% está desocupado y el 13,8% percibe jubilación/pensión.

25,90% 43,10% 13,80% 17,20%

Trabaja

25,9%

Jubilado / Pensionado

13,8%

Desocupados

17,20%

Otros

43,1%

Viviendas por lote: El próximo cuadro muestra en % cuántas casas existen por lote. El 50% representa a más de dos casas, el 35% dos casas por lote, y el 15% una casa por lote.

15% 50% 35%

118 · Impulso Argentino

15%

35%

Más

50%

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Condiciones de la vivienda: Con respecto a esta variable, el 70% de los emprendedores tiene vivienda propia, el 20% alquila, el 5% vive en viviendas cedidas, y en igual %, se encuentra en otras condiciones.

20% 70%

Propia

70%

Alquilada

20%

Cedida

Otros

Tipo de la vivienda: El 55% de los emprendedores vive en casas, el 10% en casillas y el 35% en otras condiciones.

35% 55%

Casa

55%

Casilla

10%

Otros

35%

10%

Cantidad de dormitorios: En el siguiente cuadro, ésta variable representa la cantidad de ambientes utilizados para dormir: el 45% de las unidades de análisis tiene dos dormitorios, el 25% tiene tres dormitorios, el 20% tiene un dormitorio y sólo el 10%, 4 dormitorios. 1 2

20%

45%

25%

10%

Otros ambientes de la vivienda: El 90% de las viviendas tiene entre 1 y 2 ambientes además del baño, cocina y dormitorio. Y el 10% tiene 3 ambientes. Materiales de las paredes: El 100% de los emprendedores vive en casas construidas con paredes de ladrillo.

Impulso Argentino · 119

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Material de techo: El techo de la mayoría de las casas, está recubierto por membrana lo que hace inferir que su mayoría son de losa o chapa (40%), el 25% representa a otros materiales, el 15% es de teja y el 10% es de losa o baldosa.

25% 40% 15% 10% 10%

Cubierta asfáltica o membrana

40%

Baldosa o losa

10%

Chapas

10%

Tejas

15%

Otros

25%

Material de los pisos: Con respecto al piso de las viviendas, se observa que el 50% de ellas tiene piso de cerámica. El 30% otros materiales, el 15% tiene piso de cemento mientras que el 5% tiene piso de madera. 5% 15% 50% 30%

Cerámica

50%

Otros materiales

30%

Cemento

15%

Madera

Sistema de provisión de Agua: En el siguiente cuadro, el 55% de las casas obtiene agua mediante bomba motor, el 40% lo hace mediante el agua corriente y el 5% restante de otras formas. 5%

40% 55%

Bomba a motor

55%

Agua corriente

40%

Otros

Servicios: t El 95% de los encuestados tiene servicio de gas de red, el 5% lo obtiene de gas envasado. t El 100% tiene instalado el servicio de energía eléctrica. t El 80% tiene teléfono fijo. t El 40% tiene televisión por cable t El 55% tiene servicio de internet. Aquí podemos observar que en mayor o menor medida todos poseen algún tipo de servicio, no hay ninguna unidad de análisis que posea todos los servicios y sólo tres de ellas cuentan con servicio de gas y electricidad.

120 · Impulso Argentino

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EN RESUMEN En resumen, a nivel de grupo familiar conviviente, las variables que los representan son: t Sexo: el 53,45% está representado por las mujeres y el 46,55% por hombres. t Edad: las edades más representativas son las correspondientes entre 0-5 años y 11-15 años con igual % (13,80%). t Estado civil: el mayor % corresponde a solteros con 60,34%, y el menor a separados de hecho con el 6,9%. t Nivel educativo: el 27,6 % representa al grupo familiar que no completó el nivel de estudio primario, y el menor porcentaje es de 1,72% con estudios universitarios. t Nivel de empleo: el 25,9% trabaja, y el 13,8% percibe jubilación/pensión. t Viviendas por lote: el 50% representa a más de dos casas y 15% una casa por lote. t Condiciones de la vivienda: Con respecto a esta variable, el 70% de los emprendedores tiene vivienda propia, el 5% vive en viviendas cedidas. t Tipo de la vivienda: El 55% de los emprendedores vive en casas y el 10% en casillas. t Cantidad de dormitorios: el 45% de las unidades de análisis tiene dos dormitorios, y sólo el 10%, 4 dormitorios. t Otros ambientes de la vivienda: El 90% de las viviendas tiene entre 1 y 2 ambientes además del baño, cocina y dormitorio. Y el 10% tiene tres ambientes. t Materiales de las paredes: El 100% de los emprendedores vive en casas construidas con paredes de ladrillo. t Material de techo: El techo de la mayoría de las casas está recubierto por membrana(40%), y el 10% es de losa o baldosa t Material de los pisos: el 50% de ellas tiene piso de cerámica y el 5% tiene piso de madera. t Sistema de provisión de Agua: el 55% de las casas obtiene el agua mediante bomba motor y el 5% restante de otras formas. t Servicios: El 95% de los encuestados tiene servicios de gas de red, el 5% lo obtiene de gas envasado. El 100% tiene instalado el servicio de energía eléctrica. El 80% tiene teléfono fijo. El 40% tiene televisión por cable. El 55% tiene servicio de internet.

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EXPRESIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS En relación a: La Política de Microcrédito: “Te da oportunidad de pago y ante la posibilidad se regestiona. El estado se personifica a través del contacto con otros, con las diferentes opiniones, lo que te cambia la cabeza. Si no, te quedás con lo que sabés a través de los medios”. María Luisa Pereyra, emprendedora. Para Vanesa Avila16: “La política del microcrédito da oportunidades para la gente que trabaja y realiza sus emprendimientos. Hoy hay muchos programas, que permiten comprar maquinarias. Pero aún hay muchas personas que no conocen la operatoria. Al estado le falta hacer más visibles estos programas para que más gente se entere”. Esta última sugerencia con relación a las dificultades que visualizan sobre esta política, se suma a la que aporta Ingrid Vázquez, quien considera que el equipo técnico debe estar preparado para evaluar correctamente la situación del emprendedor y evitar con ello un problema a futuro con respecto a el pago del microcrédito.

De acuerdo a los datos aportados pos entrevistas, se pudo identificar los cambios que los emprendedores sugieren en la aplicación de los microcréditos y cómo esto los beneficiaría como emprendedores asociados: “Es necesario más perfeccionamiento de los emprendedores, asesoramiento personalizado y estudio del mercado”. “Me daría mejor calidad de vida familiar si promocionara el trabajo de los hijos en el emprendimiento familiar”. “Es relativo, si sos ordenado y si hay una buena gestión, funciona”. “Es válida, quizás es necesario aumentar el monto, pues una máquina suele salir más dinero, para poder hacer crecer el emprendimiento”.

Con relación al atributo de la Trama de agregación de valor en el mercado: “Es válida la clientela, el producto bien vale su precio, a la gente le cuesta pagar algo pero dice que el diseño es bueno y exclusivo”. María Luisa Pereyra, emprendedora.

Atributo relacionado con Comercio Justo: “Ojalá me hubiese avivado antes, me hubiese independizado porque vivía burriando para alcanzar el mango, la competencia era no sana, me pagaban $0,20 por prenda. Trabajar con argentinos es mejor, los de afuera te explotan y encima no pagan impuestos”. Gladis Irepa, emprendedora sede OESTE.

Racionalidad del emprendedor: “Que el estado siga haciendo las cosas bien, siga dando las cosas más equitativas para todos. Hoy la gente de abajo sigue siendo escuchada. Néstor no debió haber muerto nunca”. Karina Ponce, emprendedora.

Promotora de la Tienda Social de la Boca-Red Gesol. Entrevista realizada el día 28 de septiembre del 2011.

122 · Impulso Argentino

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Atributo relacionado a la organización sociopolítica: “Ojalá me hubiese avivado antes, me hubiese independizado porque vivía burriando para alcanzar el mango, la competencia era no sana, me pagaban $0,20 por prenda. Trabajar con argentinos es mejor, los de afuera te explotan y encima no pagan impuestos”. Gladis Irepa, emprendedora sede OESTE. “Valoro de Gesol eso de que siempre están, para que no bajes los brazos” María Luisa Pereyra, emprendedora.

Características del emprendedor: Al respecto, la entrevistada opina que “crean autonomía en la medida que implementas el programa. Desde la organización pensamos que esta no es la única herramienta, y si hay un emprendimiento que está en marcha y depende de la llegada del microcrédito para funcionar, mientras llega ¿qué hago? Yo desde mi lugar como emprendedor puedo hacer cosas aunque no sea desde la escala que yo quiera. Yo tengo que empezar a probar, con un mínimo de capital. Y si no tienes nada, te puedes ir capacitando. Nosotros tenemos cursos gratis, te puedes ir especializando mientras tanto, decidir qué quieres hacer, como estudiar el mercado, de tal manera que cuando llegue el financiamiento vas a dar un montón de pasos, vas a estar en otro lugar. Crear la independencia desde este lugar. Por ahí si estás solo, no hacés nada y sólo esperás, pero puedes hacer cosas mientras tanto”.

El sujeto colectivo: “Al emprendedor le cuesta apropiarse del espacio (Tienda Social de la Boca), el emprendedor por naturaleza es individualista, le cuesta aceptar que tiene que integrarse al espacio. No es sólo venir y recibir un crédito, es también participar, hacerse cargo de las diferentes tareas que son necesarias en el espacio de la TS. Soy una convencida de que a través de la práctica, con el ejemplo les iremos demostrando que se puede en conjunto, que más y mejores cosas obtendremos si le dedicamos aunque sea dos horas en la semana a lo colectivo”. Vanesa Ávila.

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AGRADECIMIENTOS

A todos los asociados de Aso.M.I por la amabilidad y cordialidad con la que nos recibieron y muy especialmente a Federico Daniel Ojeda Frischeise, Ramón Ojeda, Silvia Salomone, Daniel Carrizo, Mirta Mabel Ahumada, Liliana Imaz, Liliana Ruiz, Celia Berzoni y a todas aquellas personas que hicieron este trabajo posible.

La Plata, 14 de noviembre de 2011.

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1. PRESENTACIÓN. Corolario de la crisis sistémica que sufrió el país durante la década del noventa y el posterior colapso a fines del 2001, en el marco de una recesión instalada y un proceso inflacionario creciente, comienzan a adquirir impulso diferentes prácticas de la Economía Social. Tales prácticas, permitieron disminuir los rasgos más violentos de la crisis y contribuyeron significativamente a la salida de la misma, por medio de múltiples y variadas tácticas de supervivencia, rescatando saberes, espacios comunes, estrategias y valores solidarios. Diferentes medidas de política pública, orientadas a generar empleo y alentar el mercado interno, sumadas a un contexto internacional favorable, permitieron la reactivación de la economía, pasando a ser el mayor desafío de ese entonces, la reconstrucción del tejido social, la recolectivización de los sectores marginados y la búsqueda de un modelo sustentable y equitativo. En este nuevo contexto, el Gobierno nacional reconoció las ventajas que generaron las prácticas de la Economía Social en los sectores más vulnerables, por lo cual se decidió fomentarlas proporcionándoles un marco institucional que permitiera el desarrollo y crecimiento de estos nuevos actores, por medio de políticas integrales como la creación del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, el Registro de Efectores y el Monotributo Social, la Ley Nacional de Microcréditos, y la de Marcas Colectivas.

En la presente investigación se pretende analizar, por un lado, la influencia de la crisis en la construcción y conformación de un nuevo actor social, y por el otro, mostrar cómo contribuye el Estado en esta construcción, al implementar políticas públicas orientadas a dar respuesta a las necesidades de financiamiento, como estrategia de fortalecimiento y desarrollo del sujeto, como protagonista en la construcción de la Economía Social y Solidaria. Para dicho análisis, se toma como período temporal fundamental la década del noventa y la posterior crisis socioeconómica, sin desconocer la recuperación posterior. Seguidamente, se definen diferentes concepciones de Economía Social, para luego arribar al análisis del caso de estudio, el cual se centra en la Asociación de Microemprendedores de Ituzaingó (AsoMI), ubicada en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Se trabajó con esta organización por considerarla una experiencia que muestra las características principales de las prácticas de la Economía Social y Solidaria, construye y acumula capital social, genera y acumula poder, y contribuye a la construcción de un nuevo paradigma. Específicamente, en lo que respecta al financiamiento, trabajan el microcrédito como una herramienta que junto con otras promueve el desarrollo integral del sujeto y de la comunidad.

A) OBJETIVO GENERAL. El objetivo general del trabajo es analizar la conformación y a su vez aportar a la caracterización de los sujetos destinatarios de los Programas de Microcrédito y sus necesidades de financiamiento, vinculados a la

Asociación de Microemprendedores de Ituzaingó, como actores dentro de la construcción de la Economía Social y Solidaria.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. t Realizar una caracterización socioeconómica de los emprendedores de la Asociación de Microemprendedores de Ituzaingó. t Realizar una tipología de las unidades productivas de la economía social, predominantes en la experiencia analizada. t Identificar las necesidades de financiamiento que enfrentan este tipo de emprendimientos.

t Determinar el impacto de la política del microcrédito sobre este sector de la economía. t Indagar sobre la percepción que tienen los sujetos sobre sus relaciones laborales actuales, y las anteriores enmarcadas en una relación de dependencia, y cómo influyen estas relaciones en la construcción del sujeto colectivo.

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2. METODOLOGÍA. La perspectiva metodológica que se utilizará en este trabajo es la triangulación. Se comprende por triangulación la combinación de estrategias cualitativas y cuantitativas. La selección de esta perspectiva metodológica se debe a las características del grupo a estudiar y los objetivos planteados en este trabajo, los que hacen necesaria la complementación de estrategias metodológicas de ambos tipos. En los primeros acercamientos al campo, se utilizará la observación no participante o intermedia, a fin de conocer y reconocer quiénes son los informantes clave, como así también para comprender la dinámica y funcionamiento de los integrantes de la asociación. Luego se realizarán encuestas con preguntas de tipo cerrado, con la intención de conocer las características sociodemográficas de la población objetivo, es decir, con esta estrategia metodológica, se intentarán conocer datos generales del emprendimiento: tipo de reproducción de los mismos, cantidad de hombres y mujeres, sus edades, e identificar las necesidades de financiamiento, y cómo impacta el microcrédito en la actividad que se desarrolla.

Terminada esta etapa y el previo análisis de los datos que arroje la encuesta, se procederá a realizar entrevistas en profundidad para realizar una caracterización socioeconómica de los emprendedores de la asociación; determinar la tipología predominante en las unidades productivas; identificar las necesidades de financiamiento; determinar el impacto de la política del microcrédito sobre este sector de la economía; indagar sobre la percepción que tienen los sujetos sobre sus relaciones laborales actuales y las anteriores en el marco de una relación de dependencia; y cómo influyen en la construcción del sujeto colectivo. Se utilizará una muestra de tipo teórico como diseño muestral, y el criterio de saturación, comprendiendo por tal criterio, el momento en el que se decidirá parar con la recogida de datos debido a la repetición de la información que arrojen las entrevistas. Se estima un máximo de 10 entrevistas. Se utilizarán los datos secundarios de la Encuesta Permanente de Hogares y otros datos del INDEC como el IPC. Estas estadísticas serán utilizadas para contextualizar la situación en la Argentina.

A) PLAN DE ACTIVIDADES. En el transcurso de la investigación se pretendió seguir con el plan de actividades que a continuación se detalla (las mismas se expresan en un orden analítico, no necesariamente cronológico). 1. Sistematización, discusión y elaboración del marco

teórico (relevamiento y selección de bibliografía, conceptos teóricos y operativos; identificación y selección de variables). 2. Observación no participante a fin de dar cuenta de

quiénes son los potenciales informantes clave. 3. Realización

de charlas informales con el/los informante/s clave a fin de pedir autorización para realizar el trabajo de campo.

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4.Construcción, realización y posterior análisis de la

encuesta. 5. Análisis de datos secundarios. 6. Análisis de la información primaria y secundaria

relevada. 7. Construcción del formulario, realización y desgraba-

ción de entrevista en profundidad y posterior análisis de los datos obtenidos. 8. Comparación y análisis de datos arrojados por en-

cuestas y entrevistas en profundidad. 9. Redacción final del trabajo de investigación.

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3. MARCO TEÓRICO. A) ANTECEDENTES1. El progresivo interés por el llamado sector de la Economía Social se manifiesta a través del reconocimiento científico y político que ha ido adquiriendo en las últimas décadas. Las organizaciones que las conforman pueden jugar un rol importante en la producción total de bienes y servicios de algunos sectores a partir de su dinámica empresarial original, autónoma y eficaz, en un espacio propio que intentan definir, de cara a un contexto marcado por las vertiginosas transformaciones de la época. Por tal razón, son vistas por numerosos analistas para la solución de los viejos y nuevos problemas que las empresas capitalistas y públicas tradicionales no pueden o no quieren resolver. La primera cuestión cuando se habla de Economía Social es resolver la incógnita de su significado. Existe consenso en que la expresión es una paradoja terminológica, imprecisa o redundante (Fernández, 1992; Monzón, 1992; Defourny, 1992): la economía se ocupa de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, y por lo tanto la actividad económica es siempre una actividad social, pues no existe sin sociedad. Tal como se desprende del documento de trabajo de los ministros del MERCOSUR2 “existen también diferentes conceptualizaciones acerca de la Economía Social, relacionadas con la identificación de los actores, la relación con la economía capitalista y con el Estado. Algunos autores definen al concepto como nuevo modelo de acumulación de capital, en donde se produce un replanteo de las relaciones de poder, priorizando un ámbito -el de la Economía social-, privilegiando el empleo y la inclusión. Otros lo vinculan al desarrollo local como forma de rescatar las potencialidades que ofrece dicho ámbito, intentando articular lo social y lo productivo, con el objetivo de mejorar el empleo y los ingresos. También hay planteos que asocian la Economía Solidaria con aspectos no sólo de organización económica sino también de tipo ética o Subjetiva-solidaria”.

Otra corriente de pensamiento, aunque reconoce los cambios en las relaciones de trabajo y producción, considera que la Economía Social no se orienta hacia la sustitución del sistema capitalista, ni se considera un subproducto de éste, pues emerge como una institución más del sistema (Monzón: 1992). Ahora bien, en el presente trabajo se coincide con Mercedes Caracciolo Basco y María del Pilar Foti, en que actualmente, “dentro del campo de la economía, se pueden distinguir tres subsistemas: el capitalista, el de la economía social y el público-estatal. La sociedad en general está hegemonizada por el sistema económico capitalista que tiene por objetivo la acumulación de capital para lo cual busca maximizar la tasa de ganancia de sus empresas. La Economía Social y Solidaria constituye un subsistema que por ahora no posee autonomía absoluta y está más o menos subordinado a la lógica del sistema capitalista, y a diferencia de éste, prioriza la satisfacción de las necesidades de sus integrantes. Asimismo, el subsistema de la economía pública tiene como objetivo asegurar el bienestar de toda la población, aunque este quehacer esté atravesado por la pugna de intereses y demandas de todos los actores sociales, debiendo actuar como árbitro del conflicto social”3. Como se observa, no hay consenso sobre una definición de Economía Social y Solidaria, aunque es posible un acercamiento a la caracterización de los sujetos que intervienen en esta economía, considerando las particularidades de sus unidades productivas y necesidades de financiamiento, haciendo hincapié en la utilidad del microcrédito. Para ello se definen algunos conceptos útiles a tal caracterización.

Dr. Javier Alejandro Salminis, “Significados, alcances y perspectivas del Sector de la economía social” Primer Encuentro Foro Federal de Investigadores y Docentes, La Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local, Buenos Aires 2004. 2 Anexo v documento de trabajo nº 02/ 04 vi. reunión del grupo técnico de la reunión de ministros y autoridades de desarrollo social del MERCOSUR y estados asociados. 3 Mercedes Caracciolo Basco - María del Pilar Foti. Documento de trabajo. Programa de Estudios Avanzados en Economía Solidaria. IDAES. UNSAM. 2011. 1

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B) TIPOLOGÍA DE UNIDADES PRODUCTIVAS4. Entre las características fundamentales de las unidades de la Economía Social sobre las que pareciera existir consenso entre diversas posturas, se destacan tres: t La unidad en la misma persona del trabajador y el propietario de los medios de producción, es decir la inexistencia de la relación patrón-asalariado, t La integración en la/s misma/s persona/s del trabajo manual y el trabajo intelectual, t El reparto de los beneficios, principalmente, según el trabajo y no el capital aportado. Es decir, son unidades económicas no capitalistas porque no se basan en el trabajo asalariado sino en el trabajo familiar o asociativo.

En este sentido, en la Economía Social se pueden diferenciar tres tipos de unidades productivas tomando en cuenta las posibilidades de la reproducción de los recursos del emprendimiento. Ellas son: de reproducción deficitaria, de reproducción simple y de reproducción ampliada. En los dos primeros casos, los recursos productivos (tierra, maquinaria, herramientas e insumos) no alcanzan para garantizar la reproducción del emprendimiento, mientras que en el último caso tales recursos son suficientes.

C) APROXIMACIÓN A LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL SUJETO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, DESDE LA PERSPECTIVA DEL MICROCRÉDITO. Con el objetivo de ensayar una aproximación a la caracterización de los sujetos destinatarios de microcrédito, se hace mención a diferentes aportes teóricos, que se utilizarán como insumos para el logro posterior del objetivo principal planteado en esta investigación. La Ley Nacional de Microcréditos Nº 26.117 (ver anexo1) en su artículo 2 define al sujeto tomador de microcrédito de la siguiente manera: “Las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA (50) canastas básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el Instituto Nacional De Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), por puesto de trabajo”. Por su parte, Alberto Gandulfo explica que con el acceso al microcrédito, el sujeto de la Economía Social se posesiona como una fuerza social amplia, heterogénea, diversa, que debe agruparse para consolidar y profundizar el proyecto nacional y popular que lo reconoce

como sujeto de cambio. En la medida en que estos emprendimientos se organicen y vinculen comercialmente y potencien su entramado social con procesos consolidados, como el conjunto de cooperativas y mutuales, las fábricas recuperadas y las nuevas cooperativas de trabajo; y además se encadenen productivamente con las PYMES, el movimiento sindical y demás actores de la transformación social; la fuerza política liberada por la Economía Social se presenta como elemento sustancial para profundizar el proceso de distribución de la riqueza en la Argentina5. Hasta aquí se puede ver que, pese a tener una visión diferente del sujeto, los autores coinciden en el carácter transformador -en cuanto al modo de producción y sus relaciones sociales- del sujeto destinatario de los programas de microcrédito en el marco de la Economía Social. Por otro lado, José Luis Coraggio establece que no hay un sujeto social predeterminado, sino que se trata de que una pluralidad de sujetos emancipadores incluyan explícitamente en sus luchas, la dimensión de construcción de una economía sustantiva orientada por la reproducción y desarrollo de la vida de todos6.

Ídem anterior Entrevista a Alberto Gandulfo, Revista COOPERAR, dic. 2009. 6 José Luis Coraggio. “Los caminos de la economía social y solidaria, Presentación del dossier”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 33, Quito, enero 2009 4 5

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4) DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIO HISTÓRICO. Con el fin de establecer el contexto económico, político y social en el que emergen las experiencias de la Economía Social y Solidaria, se realiza una reseña de lo ocurrido en el país desde los años noventa, ya que es en este período donde comienzan a fraguarse las

características de los nuevos actores sociales, y estrategias innovadoras de supervivencia que hubieron de implementar ante el avance ininterrumpido y abrupto del capital sobre el trabajo.

A) LA SEGUNDA “DÉCADA INFAME”. A inicios de los noventa comienza una transición que concluye con la implementación del Plan de Convertibilidad. Se sancionaron dos leyes fundamentales: la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica. Ambas crearían el marco jurídico de las transformaciones que tendrán lugar durante toda la década (Nahón, Cecilia, 2010).

Benefactor, lo cual probaba la inoperancia del Estado y su intervención en la economía (Nahón, Cecilia, 2010). Esta creencia sería uno de los pilares que permitirían el consenso social necesario para aplicar en profundidad el “shock institucional neoliberal” que pretendía, entre otras medidas, acotar al mínimo la participación del Estado tanto en la esfera económica como social.

Varios autores denominan al paquete de reformas estructurales de este período como un “shock”, ya que combina políticas de ajuste y estabilización, complementadas con políticas de apertura de la economía nacional a las importaciones e inversiones externas (Basualdo, 2001, Svampa, 2005). Se toma aquí el concepto de “shock institucional neoliberal”7 destacado por Nochteff, quien considera que la reforma del Estado fue funcional a los intereses de los sectores dominantes y no imprescindible para lograr la estabilización del nivel de precios. A su vez, se logró instalar en el imaginario popular la idea de que la crisis de la cual se estaba intentando salir era debido a una crisis del Estado

Se puede caracterizar este período por las privatizaciones de empresas públicas, tipo de cambio fijo (con la consiguiente distorsión en los términos de intercambio, lo cual llevó a la desindustrialización de la economía), altas tasas de interés (para facilitar la valorización financiera y parte de la reformulación de las finanzas públicas), desregulación de la economía, flexibilización del mercado laboral y el nuevo auge del endeudamiento externo público y privado, completan la visión del “modelo de sociedad de mercado” (Rofman, Alejandro: 2011), el cual comenzaría a desmoronarse en 1998, para confluir en 2001, en la peor crisis de la historia económica argentina.

B) MERCADO LABORAL. Dentro de las reformas estructurales, la liberalización comercial tiene fuerte impacto en la clase trabajadora, ya que da lugar a una fuerte sustitución de producción local por productos importados. Ante la feroz competencia, muchas empresas productivas disminuyeron personal (por medio de despidos directos y “retiros voluntarios”) o cerraron sus puertas, condenando a grandes masas de trabajadores a engrosar las huestes del creciente fenómeno de la desocupación. Por otro lado, las empresas que resistieron los embates de la apertura comercial, apelaron a la necesidad de reducir costos para

poder competir con los productos importados. El eco a este argumento se vio reflejado en las medidas tendientes a flexibilizar el mercado laboral, con la consiguiente pérdida de derechos económicos y sociales (reducción de los aportes patronales, asignaciones familiares, etc.), que erosionaron indirectamente el salario de gran parte de la clase trabajadora (Nahón, Cecilia: 2010). A los efectos económicos de estas medidas (Gráfico 1 - deterioro de los salarios – ver anexo 2), hay que agregar que las transformaciones de los 90 confluirían en

Nochteff, señala que: “Debido a que el esquema monetario-cambiario que se adoptó entonces se articuló con un “shock institucional” neoliberal (o sea, con un plan orientado al cambio drástico y casi instantáneo de todas las instituciones económicas y sociales), es necesario separar analíticamente el esquema monetario-cambiario de estabilización del resto de las políticas que conformaron el “shock institucional neoliberal”. Ello se debe a que, desde el punto de vista estrictamente técnico, se podría haber aplicado el mismo esquema de estabilización y recuperación de la moneda como unidad de cuenta sin realizar las demás transformaciones en forma de “shock” y con los sesgos que la caracterizaron, las cuales constituyeron la satisfacción de las demandas de las distintas fracciones del bloque hegemónico (…). (”La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto”, Revista Época, Nº1, diciembre de 1999, en Basualdo, Revista Realidad Económica Nº200). 7

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un proceso de “descolectivización” en el sentido que adopta Maristella Svampa, quien usa este término para referirse a la pérdida de los soportes colectivos que configuraban tanto la identidad del sujeto (principalmente referidos al mundo del trabajo y la política), como la pertenencia de clase, porque no sólo numerosos sectores de las clases populares fueron expulsados del mundo del trabajo, sino también amplias franjas de las clases medias, que sufrieron un proceso de pauperización, siendo en muchos casos, expulsados de sus propios colectivos de pertenencia (Svampa, Maristella: 2003). Asimismo, este proceso de destrucción de identidades individuales y sociales afectó especialmente al género masculino, hecho que impulsó la entrada de mujeres en el mercado laboral. Particularmente en los sectores populares, muchas mujeres se volcaron al trabajo doméstico o comunitario para poder asegurar la subsistencia mínima. Desde 2003 la estrategia del Gobierno Nacional para la redistribución del ingreso y de reconstrucción del tejido social estuvo basada en el regreso de bastas proporciones de la sociedad al mundo del trabajo. Los planes sociales tuvieron un efecto localizado y estuvieron limitados a la contención de situaciones específicas más que a la universalización de las ayudas. Cabe mencionar

8 9

que es en este período donde se crea el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra. El crecimiento del empleo que trajo aparejado la recuperación económica y la gradual eliminación y modificación de los planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados llevaron a una reducción sustancial de la incidencia de dichos planes en la medición de la desocupación. En este sentido, en el Gráfico 2 se compara la evolución de las tasas de desocupación contemplando y -sin contemplar- los planes sociales8 (Impacto de los Planes Sociales en la Tasa de desempleo - ver anexo 2). Entre 2003 y 2004, se produjo un incremento del empleo asalariado informal, llegando a rondar porcentajes cercanos al 50% del total de los asalariados. Dichos valores se mantuvieron hasta fines 2006 cuando empezaron a reducirse persistentemente, llegando a una tasa cercana al 36% a fines del 20069. Entre 2006 y 2009 se hizo hincapié en la creación de políticas públicas orientadas al sector de la economía social. Es en este contexto en el cual se comienza a gestar la experiencia de la Asociación de Microemprendedores de Ituzaingo.

Es decir si se consideran o no ocupados a los beneficiarios de los Planes Jefas y Jefes de Hogar. Transformaciones recientes en el mundo del trabajo argentino: principales logros y desafíos por Ariel Lieutier y Gustavo Ludmer.

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5) CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN: AsoMI representa una experiencia concreta de la Economía Social y Solidaria. La Asociación como tal se constituye formalmente a fines del 2009. Se encuentra ubicada en el Municipio de Ituzaingó, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, y cuenta en la actualidad con aproximadamente cien emprendedores asociados. Previo al estallido de la crisis del 2001, la mayoría de los integrantes de AsoMI contaban con un trabajo asalariado en relación de dependencia en el mercado formal, y algunos eran propietarios de pymes. Estas actividades les permitían obtener un ingreso con el cual cubrían las necesidades familiares. La situación de desempleo a la que fueron arrojados, los convirtió en integrantes del sector que luego se clasificó como “nuevos pobres”10, enfrentándose a condiciones inéditas. Esta clase, caracterizada por un nivel socio cultural y educativo medio o alto, conoce de oficios y tiene alta experiencia laboral (antes de la crisis estuvo empleada). Asimismo, no está acostumbrada al asistencialismo y al clientelismo político11, sino que les rehúye. Por otro lado, al ser Ituzaingó una zona que no tiene un importante desarrollo industrial, y un desarrollo comercial en crecimiento, gran cantidad de personas que no pudieron insertarse en el mercado laboral formal, buscaron desarrollar sus propios emprendimientos a partir de sus habilidades y saberes. En un principio el encargado de responder a las necesidades básicas de los vecinos fue el Municipio local a través de Acción Social, ya en 2003, las tareas de asistencialismo se transformaron en una tarea de acompañamiento al emprendedor, por lo que se crea la Subsecretaría de Producción y Políticas Sociales. Hacia fines del 2003 y principios del 2004, dejando atrás lo peor de la crisis, un grupo de 25 personas aproximadamente que habían participado en el club del trueque12, se comienzan a vincular por medio de la oficina de empleo del Municipio de Ituzaingó, atraídos por los programas

sociales, principalmente a través del Programa Manos a la Obra13, y diferentes capacitaciones, tales como asesoramiento técnico, costos y marketing, entre otras. Los actuales asociados de AsoMI destacan el carácter que ellos mismos le dieron a esas reuniones. En palabras de Silvia “le dábamos otra impronta a las reuniones. Antes, en el salón de empleo nos sentábamos unos por acá, otros por allá, entonces empezamos a juntarnos (…) de a poquito, hasta que la gente empezó a tomar confianza al grupo, estábamos todos muy descreídos, todo lo que viniera del gobierno era visto de reojo. Vos te juntás y aparecen punteros”. En el marco de estos encuentros se fueron generando nuevos vínculos y estrechando los ya existentes. Las características del grupo permitieron recuperar valores olvidados, como la confianza y la solidaridad. Si bien las actividades que los nucleaban eran las capacitaciones, paseos productivos (espacio de comercialización propuesto por el Municipio, que para ese entonces se realizaba en plazas aisladas y en barrios marginales, donde no existía capacidad de demanda por parte de la población, y existía gran heterogeneidad tanto en los productos como en la calidad de los mismos) y distintos programas sociales que ofrecía el Municipio, el resultante de las improntas individuales generó un espacio de contención y sociabilización que trascendería sus propias expectativas. Es durante este proceso, que Ramón Ojeda (actual presidente de AsoMI y empleado municipal del área de Empleo), “vecino con sólidos valores éticos, morales y solidarios, líder natural y carismático” (citando a sus actuales compañeros de la Asociación), pone a consideración del grupo, la posibilidad de “independizarse” mediante la conformación de una organización formal. Luego de varias reuniones donde se debatían las diferentes modalidades asociativas, y con un grupo más reducido que el inicial, se decide por la figura de la Asociación Civil.

Con este término Minujin (1991) hace referencia a la situación de pobreza que atravesó la clase media-baja, luego de un proceso prolongado y pronunciado de empobrecimiento. Situación que dado el contexto económico y dificultades de acceso al mercado laboral, se convirtió en permanente para muchos. 11 Microcrédito contra la exclusión social: Experiencias de financiamiento alternativo en Europa y América Latina. FLACSO. 2005. 12 En el club Reconquista del Municipio de Ituzaingó, más de 3000 vecinos y vecinas de la zona se acercaban a intercambiar lo que producían en sus hogares, buscando de este modo una salida individual a cada realidad particular. Lo primordial en esos momentos era garantizar los alimentos. Cabe destacar que en su mayoría eran mujeres cuyos maridos estaban desempleados y sumidos en una profunda angustia; ellas se hicieron de coraje ante la adversidad para sostener el hogar. 13 El Programa Manos a la Obra financia a través de subsidios a emprendimientos productivos de carácter asociativo. Esta herramienta promueve el desarrollo integral de las distintas localidades y regiones de nuestro país a través del impulso de proyectos productivos personales, familiares o asociativos que fomentan el autoempleo e incorporan a la economía bienes y servicios de buena calidad a precios justos. 10

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Para ese entonces eran 8 mujeres y Ramón. Las necesidades de financiamiento mientras tanto las salvaban a través del programa “Manos a la Obra”. Al interior del grupo existía consenso de que desde lo colectivo se podían generar mayores alternativas para mejorar la calidad de vida, que desde lo individual. Como resultado de este esfuerzo conjunto, en octubre de 2009 queda constituida una Asociación de carácter civil denominada “Asociación de Microemprendedores de Ituzaingó” que tendrá por objeto: “Reunir, asociar a todos los microemprendedores de la Zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires, que desarrollen actividades de desarrollo productivo de baja escala o artesanal con mano de obra intensiva en el desarrollo de sus productos. Con el propósito de fomentar la creación y/o consolidación de pequeños emprendimientos, dedicados a la producción, comercialización o prestación de servicios, sean los mismos unipersonales, asociativos o familiares, que produzcan y/o comercialicen productos artesanales o de baja

escala y presten servicios a los asociados. Asimismo la Asociación de Microemprendedores de Ituzaingó busca la mejora permanente del Desarrollo Local y la Inclusión Social de todos sus miembros. Los asociados realizarán sus actividades nucleados en ferias o paseos productivos, cooperativas, o compras comunitarias, etc. (…). Implementar métodos de apoyo técnico, financiero y formativo. Realizar cursos de formación y profundización de conocimientos que permitan iniciar o perfeccionar emprendimientos (…). Apoyar en forma gratuita a los asociados para la obtención de microcréditos que venga implementando o se implemente en el futuro por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, u otras instituciones dedicadas a estos emprendimientos (…). Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento económico, intelectual y cultural de los mismos”14. Como veremos en el desarrollo de la experiencia, el objeto social de AsoMI refleja fielmente el espíritu de sus fundadores y fundadoras.

A) ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA: El primer gran logro, como colectivo, fue la lucha por trasladar los paseos productivos a la plaza principal de la localidad15. Por medio del municipio los asociados fueron financiados con fondos de microcrédito lo que les permitió mejorar la calidad de sus productos, y para darle visibilidad a los mismos, era necesario conseguir un lugar estratégico donde comercializarlos. Fue así, que después de varias reuniones con el intendente, se consiguió que desde el municipio se prestará el espacio para los paseos productivos, y se costee la movilidad para transportar los stands, estructuras y productos. Este hecho permitió no sólo mejorar la estética de los stands y la presentación de los productos, sino también darle continuidad a los paseos (previamente se realizaban cuando lo decidía el municipio y en la actualidad se

desarrollan cada 15 días). Como afirma Mabel Ahumada, “logramos que nos identifique la sociedad, al nosotros identificarnos como grupo y parte de un colectivo”. Más allá de las ventajas de comercializar en conjunto, se generaron vínculos y relaciones sociales basadas en la confianza, respeto y compañerismo. Los asociados reconocen en el espacio de AsoMI ese motor generador de lazos sociales y solidarios. Una característica a considerar, según las encuestas, es que el 90% de los emprendimientos son llevados adelante por mujeres; dato que deja ver una transición desde el trabajo reproductivo al productivo16; a su vez, se observa una edad promedio de 50 años. Definida la identidad y pertenencia a un sujeto colectivo, los emprendedores procuran alejarse del preconcepto

Artículo primero del Estatuto de la Asociación. Plaza 20 de Febrero de Soler y Zufriategui. Ituzaingó. 16 Se entiende por trabajo productivo, el que se desarrolla fuera del ámbito de los hogares familiares orientados a obtener una remuneración. Por su parte el trabajo reproductivo, hace referencia a las actividades hoy llamadas de cuidado dirigidas a asegurar y reproducir la vida de los agentes sociales no remunerados (Caracciolo Basco y Foti: 2011). 14 15

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de microemprendedor como “productor de segunda” e inmerso en una “economía de pobreza”. Muy por el contrario, el 75% de los asociados vive de sus emprendimientos, ya que estos representan la principal fuente de ingreso de sus hogares. Ante la posibilidad de conseguir un empleo en relación de dependencia, el 80% de los emprendedores asegura que no dejarían su emprendimiento por un trabajo asalariado, ya que se consideran parte de la Economía Social y Solidaria. Esto se refleja en prácticas solidarias, por ejemplo al ser proveedores entre ellos mismos, construyendo de este modo tramas de agregación de valor17. Si bien en un principio comenzaron a producir por una cuestión de “necesidad urgente”, la producción estaba condicionada por el escaso acceso a los insumos. Esta necesidad de financiamiento se resuelve cuando en agosto del 2011 se reciben fondos del Consorcio de Gestión compartida para el Desarrollo Local de la Provincia de Buenos Aires. El monto transferido fue de 50.000 pesos, destinados en su totalidad a fondos de microcrédito. Desde AsoMI se valora que los fondos de crédito se destinen a capitalizar a las instituciones de microcrédito, mediante la asignación de fondos no reembolsables, y reconocen el fortalecimiento que esto significa para la Asociación. El acceso a esta herramienta, combinada con la coyuntura que atraviesa el país, presenta un escenario favorable para este sector, ya que, por un lado, el mayor poder de compra de la sociedad genera mayor demanda para sus productos, y por otro, el acceso al crédito les permite satisfacer tal demanda, al posibilitar la compra de insumos, y de este modo aumentar la escala de producción. Los criterios de otorgamiento se definen en el Comité de crédito, previo al llenado de los datos en el formulario de solitud de microcrédito (ver anexo 1) luego de las

entrevistas realizadas y evaluación de la sustentabilidad del emprendimiento. Los montos de los créditos oscilan entre los $1.000 y $5.000 (aunque el promedio de los mismos asciende a $2.500), las cuotas son acordes a las capacidades de pago de cada emprendedor asociado, y si bien consideran necesario la disponibilidad de montos mayores, (acompañado de mayor cantidad de cuotas, a los fines de no perjudicar al tomador del crédito, ya que siempre se necesita más), existe conciencia de lo que puede o no pagar cada uno. A su vez, no dejan de reconocer que para los que recién empiezan con sus emprendimientos, estos montos -aunque pequeños- son de mucha utilidad. Ahora bien, la transición de las unidades productivas de reproducción simple a ampliada, que están atravesando varios emprendedores de AsoMI les exige inversión ya no sólo en maquinarias e insumos, sino en la construcción y/o mejoramiento de sus unidades productivas, ya que el 80% de los emprendedores desarrolla las actividades de producción en el ámbito doméstico, donde el 60% le dedica entre 4 y 8 horas diarias, y el 40% restante entre 8 y 12 horas. Consecuencia de ello, se hace imperiosa la celeridad en la respuesta a este tipo de necesidades de financiamiento. Se pueden considerar como problemas de crecimiento, ya que enfrentan una realidad diferente. Se salió del “abismo” para pasar a una etapa de expansión de los proyectos y consolidación de lo iniciado en la etapa anterior. Asimismo, destacan el carácter social de sus actividades. Se consideran emprendedores por naturaleza, siguiendo las palabras de Daniel18, “la crisis activó un motor de la creatividad e ingenio, todos somos buenos para algo”. Así es que entre los asociados de AsoMI se encuentra gran diversidad en las producciones, desde marroquinería, artesanías, perfumería, bijouterie, cosmética, licores artesanales, gastronomía, carpintería y herrería, hasta imprenta y masajes entre otros.

La trama de agregación de valor está constituida por un conjunto de emprendimientos que se articulan entre pares (horizontalmente), con sus proveedores de insumos y compradores (verticalmente) y con servicios de apoyo técnico y financiero (en diagonal), para generar mayor valor de agregado económico, por trabajador/a, por emprendimiento y para el desarrollo local. (Caracciolo Basco M. en “La transformación de los mercados en tramas de agregación de valor”. En coloquio de Economía solidaria. IDAES. UNSAM. Bs. As. Diciembre 2010). 18 Daniel es un emprendedor que elabora Licor Baileys, desempleado durante la crisis. Actualmente vive de su emprendimiento, participa de los paseos productivos y viaja a otros lugares. 17

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B) ARTICULACIONES. Reconocen que desde el Estado nacional y municipal, hubo mucha ayuda y contención, tanto a nivel macroeconómico de las políticas públicas (Plan Nacional de desarrollo local y economía social Manos a la Obra, Ley Nacional de Microcréditos, Registro de Efectores y Monotributo Social), como a nivel más micro coordinando actividades en conjunto con el municipio (paseos productivos, vinculación con la oficina de empleo, etc.), cuya intención es darle visibilidad al sector. Algunos emprendedores de la asociación son proveedores del mismo19. Existe reconocimiento de las actividades que se realizan, y según palabras del intendente “AsoMI es generadora de trabajo”. Otro vínculo que mantienen con la comunidad, se da a través del programa radial “Hecho en Ituzaingó” conducido por Silvia Salomone20, miembro de AsoMI, quien expresa que “por este medio buscamos fomentar la comercialización, promoción y divulgación de nuestras actividades”. A nivel social, articulan con la ONG Inti Wasi que realiza actividades con las comunidades de los pueblos originarios del norte del país. Recolectan vestimenta y alimentos no perecederos para los niños del comedor “Virgen de los desamparados de Villa Udaondo”. Asimismo, en los paseos productivos dejan a disposición de la unidad penitenciaria dos stands de venta, y una vez al mes, se presta el espacio para una escuela de niños con capacidades diferentes. A su vez,

para fechas especiales, (tales como el día del niño, del padre, de la madre, etc.), realizan actividades culturales y recreativas, buscando no sólo pasar un buen momento, sino fortalecer los lazos de solidaridad y compañerismo del colectivo. Paralelamente, se están expandiendo territorialmente a través de la incorporación de emprendedores de zonas aledañas, procurando mantener los mismos vínculos que con los asociados más cercanos geográficamente. Por otro lado, participan en el Comité de Clientes del Banco Provincia, donde presentan propuestas orientadas a sus actividades (gestionar el uso de posnet en los paseos, seguros para emprendedores, etc.). Ante la necesidad de grandes montos de financiamiento que la asociación no puede facilitar, funcionan como nexo entre los demás asociados y la institución bancaria. Hay que tener en cuenta que si bien los montos de este tipo de créditos son mucho mayores a las líneas de microcrédito que maneja la asociación, las tasas de interés de los mismos rondan el 40% y son de difícil acceso. Además se relacionan con otras organizaciones de la economía social, forman parte de la Red Buenos Aires Siembra Economía Social y Solidaria (BASESS), donde participan permanentemente en diferentes actividades de capacitación, foros y encuentros. Mantienen relaciones con instituciones como Impulso Argentino y Fuerza solidaria, a través de la participación en distintos cursos y eventos.

C) PROYECCIONES. En el corto plazo se aspira a obtener un espacio físico donde puedan funcionar como institución, dado que al momento desempeñan sus actividades institucionales en un local que generosamente les presta la Asociación Nuevo Centenario. A su vez, se pretende generar un fondo propio que permita absorber los gastos de aquellos asociados que

quieran viajar a otros puntos geográficos en representación de la Asociación. A largo plazo, se espera obtener financiamiento de diferentes organismos nacionales e internacionales para poder otorgar créditos que solucionen las diferentes problemáticas que enfrenta el sector y seguir sumando asociados.

Desde AsoMI se realizó un acuerdo con el municipio, que prevé la contratación de los servicios de catering de los emprendedores para la realización de eventos oficiales. 20 Dicho programa se emite los días martes y jueves de 9 a 10 hs por Radio Nueva Argentina FM 88.5. 19

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Asimismo, gestionar un lugar donde se puedan comercializar los productos y a la vez generar la oportunidad de venta de servicios, donde se brinden capacitaciones que ayuden a fortalecer los emprendimientos, gestionando desde lo social, económico y personal, tal como expresa Ramón, “Lograr los objetivos desde una gestión horizontal, sana y responsable; creemos en el trabajo, éste dignifica, no se trabaja por un sueldo sino por un sueño, creemos en lo que hacemos y que lo hacemos bien, avanzamos despacio y con paso firme”.

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6. REFLEXIONES FINALES. La crisis sistémica que atravesó el país interpeló a la sociedad en todos sus aspectos, pasando por lo económico, hasta el desafío de los valores más profundos. La destrucción del tejido social generó nuevos actores y relaciones sociales. Aumentó la vulnerabilidad de vastos sectores de las clases medias y bajas, obligándolas a idear estrategias novedosas para lograr garantizar su supervivencia, pasando a ser en muchos casos, parte de los “nuevos pobres”. Desde el Estado se ensayaron diferentes soluciones por medio de la promoción de políticas públicas orientadas a reflotar y fortalecer a los sectores más golpeados por la coyuntura económica y social. En este marco, la experiencia de AsoMI emerge como la respuesta de un grupo de emprendedores de la localidad de Ituzaingó. Gran parte de sus asociados se caracterizan por un nivel socio cultural y educativo medio o alto, conoce de oficios y tiene experiencia laboral, ya que en su mayoría, -previo a la crisis- estaban empleados, por esto mismo, no es una clase que esté acostumbrada al asistencialismo y clientelismo político, por el contrario, los evita. Por lo dicho, se puede concluir que el proceso de conformación del sujeto comienza cuando el trabajador asalariado es expulsado del mercado laboral, y se ve forzado a convertirse en emprendedor individual para sobrevivir. Las relaciones con otros emprendedores en su misma situación, hacen que se sientan reflejados los unos en los otros, esto los lleva a generar nuevos vínculos y recuperar valores perdidos. Es en este momento -ya existen lazos más fuertes de confianza en uno mismo y en los demás, respeto y solidaridad, revalorización de lo que se produce y una nueva concepción del trabajo- cuando este grupo de individuos opta por la asociación conjunta como estrategia de lucha, no sólo para lograr mejoras económicas, sino con el objetivo de recuperar espacios y derechos perdidos, confluyendo en la construcción de un sujeto colectivo. Este sujeto se caracteriza por la heterogeneidad de sus miembros: cada uno aporta individualmente al colectivo, generando sinergia. Las diferencias y semejanzas generan armonía en sus acciones. Se generan vínculos y relaciones sociales, con un fuerte sentido de pertenencia que los completa como personas. Es volver a colocar al individuo como centro del desarrollo económico y social, no como individuo aislado sino como un sujeto colectivo y desde la realidad en su propio territorio, con

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la identidad social en la que está inmerso. Los asociados de AsoMI rondan en promedio los 50 años de edad, y en su mayoría son mujeres. En gran parte de los casos, el ingreso que generan los emprendimientos es el sostén del hogar, y se podría decir que no se observa autoexplotación en sus actividades productivas, ya que le dedican en promedio 6 horas diarias. Otro dato importante es que la mayoría de los asociados, no cambiaría su situación laboral actual por un trabajo en relación de dependencia. Con respecto a las necesidades de financiamiento, se observa que, aún cuando los fondos obtenidos por el Consorcio de Gestión Compartida para el Desarrollo Local de la Provincia de Buenos Aires les permitieron obtener el financiamiento necesario para insumos y materia prima de los asociados, estos fondos no son suficientes para enfrentar los desafíos actuales. Si bien el acceso a los materiales para producción, permitió una mejora en la calidad de los productos y una disminución en los costos, con el consecuente crecimiento en los emprendimientos, esto generó nuevas necesidades de financiamiento, ya no para insumos básicos, sino para mejoramiento, ampliación y/o construcción de las unidades productivas. El acceso al financiamiento con este destino, permitiría separar la producción del ámbito doméstico, organizando las actividades productivas y consolidando las fuentes de ingreso. La experiencia de AsoMI da sustentabilidad empírica a quienes sostienen que el microcrédito es una herramienta primordial para el fomento del trabajo genuino, ya que está acompañada por otras medidas tales como el monotributo social, la ley Alas, la ley de marcas colectivas, y a su vez toma elementos del cooperativismo. Todas herramientas que junto al microcrédito generan un marco socio económico mucho más propicio para el desarrollo integral de los trabajadores autogestionados. El microcrédito en el contexto de la Ley 26.117, marcó un punto de inflexión en la forma de concebir al crédito y su rol dentro de la economía social, ya que en este sentido, la herramienta del microcrédito se integra a una forma estratégica de construir y reflexionar esta economía social y solidaria. Permite establecer un sistema de inclusión microcrediticia, donde el emprendedor -además de recibir el

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microcrédito- genera vínculos de confianza que fortalecen aspectos organizativos, de planificación a largo plazo y desarrollo sostenible. Es precisamente en los espacios de capacitación, encuentro e intercambio, donde se van promoviendo procesos organizativos y de integración, desarrollando relaciones de ayuda mutua y solidaridad, fortaleciendo lazos sociales comunitarios y, fundamentalmente, ampliando la mirada a la organización colectiva para el desarrollo. Por otro lado y concluyendo, dado que el Estado acompaña y promueve el fortalecimiento del sector de la Economía Social, no sólo con políticas públicas sino con capacitaciones, y otras herramientas, entendemos que un modo más de consolidar este sector, sería a través de la creación de nuevos instrumentos, que les permitan a organizaciones de la Economía Social gestionar un fondo (independiente de los fondos que se destinan a microcréditos) destinado únicamente a la satisfacción

de estas nuevas demandas, como lo son la ampliación y/o construcción de la unidad productiva, como así también la posibilidad de compra de herramientas y maquinarias que superan los valores de un microcrédito tradicional. Cabe aclarar que dichos créditos, aunque sean de un monto más elevado, deberían ser trabajados con la lógica del microcrédito en el marco de la Ley 26.117, lo que permitirá a las organizaciones generar un fondo rotatorio o un banco de materiales (como alternativa de devolución en el caso de la ampliación y/o construcción de la unidad productiva), permitiendo que las ventajas y virtudes de esta política pública alcancen a la mayor cantidad de población posible, generando mejoras en la calidad de vida de todos los emprendedores de la economía social y solidaria.

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ANEXO I

Ley Nº 26.117 - PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

Establécese la promoción y regulación del microcrédito a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales. Objetivos y Definiciones. Créase el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social y el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito. Exenciones de impuestos y tasas. Sancionada: Junio 28 de 2006. Promulgada: Julio 17 de 2006. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en el Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: ARTÍCULO 1º — La presente ley tiene como objeto la promoción y regulación del microcrédito a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales.

De las definiciones. ARTÍCULO 2º — A los efectos de esta ley se entenderá por: Microcrédito: aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los DOCE (12) salarios mínimo, vital y móvil. Destinatarios de los Microcréditos: las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA (50) canastas básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC), por puesto de trabajo. Serán consideradas Instituciones de Microcrédito las asociaciones sin fines de lucro -asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas- que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la Economía Social. Del Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social: ARTÍCULO 3º — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, con los siguientes objetivos: 1. Fomentar la Economía Social en el ámbito nacional, propiciando la adhesión de las provincias a la presente ley, haciendo posible su inclusión en los planes y proyectos de desarrollo local y regional; 2. Promover el desarrollo del Microcrédito y fortalecer las Instituciones que lo implementan mediante la asignación de recursos no reembolsables, préstamos, avales, asistencia técnica y capacitación;

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3. Organizar el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO; 4. Administrar el FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO que se crea en la presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados; 5. Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su eficiencia y eficacia; 6. Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que incidan sobre los destinatarios de los Microcréditos; 7. Implementar estudios de impacto e investigación de la Economía Social, generando un sistema de información útil para la toma de decisiones; 8. Promover acciones a favor del desarrollo de la calidad y cultura productiva, que contribuyan a la sustentabilidad de los Emprendimientos de la Economía Social; 9. Promocionar el sector de la Economía Social, como temática de interés nacional, regional o local, en el marco de las transmisiones sin cargo previstas por la Ley de Radiodifusión o la que en el futuro sustituya a través del sistema educativo en general; 10. Propiciar la adecuación de la legislación y el desarrollo de políticas públicas en Economía Social. De la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social. ARTÍCULO 4º — Créase la COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, la que actuará como organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN.

De las Funciones. ARTÍCULO 5º — La COMISIÓN NACIONAL que se crea por el artículo anterior tendrá las siguientes funciones: 1. Administrar el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL; 2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, implementando las acciones necesarias para alcanzar los fines propuestos por el PROGRAMA; 3. Brindar información que le fuere requerida por el COMITÉ ASESOR, en temas referidos al seguimiento y monitoreo de la gestión del FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO; 4. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, el dictado de los actos administrativos que fueren necesarios, para la asignación de los recursos del FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, conforme las aplicaciones previstas en la presente ley; 5. Diseñar Programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las referidas INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO; 6. Proponer, el dictado de las disposiciones reglamentarias obligatorias para las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO,

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debidamente inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO; 7. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, la fijación de topes máximos en materia de tasas y cargos que se apliquen a las operaciones de microcréditos financiadas con recursos del Fondo Nacional; 8. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, la aplicación de sanciones, incluyendo la exclusión del REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO en caso de comprobarse incumplimientos a la reglamentación respectiva; 9. Ejecutar los procedimientos de seguimiento, monitoreo, evaluación, proponiendo la aprobación o rechazo de las respectivas rendiciones de cuenta de Proyectos y Planes que realicen las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO. La COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN del PROGRAMA promoverá la organización de “Unidades ejecutoras Provinciales o Locales de Economía Social” para aquellas actividades que considere más conveniente realizar a esos niveles.

De su Organización y Composición. ARTÍCULO 6º — La COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL estará integrada de la forma que determine la reglamentación y estará a cargo de un COORDINADOR GENERAL, designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, quien tendrá rango, jerarquía y remuneración equivalente a la de un Subsecretario ministerial.

De las funciones. ARTÍCULO 7º — Serán funciones del Coordinador General: 1. Representar legalmente a la COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL ante las autoridades nacionales, provinciales y con el sector privado; 2. Suscribir cartas compromiso con instituciones u organismos conforme lo disponga la reglamentación.

De los recursos. ARTÍCULO 8º — El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN afectará los recursos necesarios para el funcionamiento de la COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

Del Comité Asesor. ARTÍCULO 9º — La COMISIÓN NACIONAL estará asistida por un COMITÉ ASESOR constituido por un representante de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las provincias argentinas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las Instituciones de Microcrédito, conforme lo determine la reglamentación, quienes ejercerán sus funciones “ad honorem”. ARTÍCULO 10. — Serán funciones y deberes del COMITÉ ASESOR del PROGRAMA:

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1. Asistir a la COMISIÓN NACIONAL en todas las acciones tendientes a la promoción del Microcrédito; 2. Proponer y/o elaborar proyectos para intensificar, ampliar o perfeccionar la atención a las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO y a los destinatarios finales de sus acciones; 3. Contribuir en el examen y formulación de propuestas destinadas a atender las situaciones que exijan una acción coordinada de las entidades públicas y privadas dedicadas a esta temática; 4. Participar como nexo de comunicación entre la COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN y las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO. El COMITÉ ASESOR del PROGRAMA someterá a la aprobación de la referida COMISION NACIONAL DE COORDINACIÓN del mismo, dentro del plazo que ésta determine, su respectivo reglamento de funcionamiento interno.

Del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito. ARTÍCULO 11. — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO que tendrá a su cargo los procedimientos de inscripción y control de las Instituciones adheridas a los fines de la presente ley, conforme determine la reglamentación.

Del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito. ARTÍCULO 12. — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, un FONDO NACIONAL para la ejecución del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO. ARTÍCULO 13. — Dicho FONDO se aplicará a: 1. Capitalizar a las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO adheridas mediante la asignación de fondos no reembolsables, préstamos dinerarios y avales, previa evaluación técnica y operativa de las propuestas o proyectos institucionales; 2. Subsidiar total o parcialmente la tasa de interés, los gastos operativos y de asistencia técnica de las INSTITUCIONES DE MICROCRÉEDITO que corresponda a las operaciones de su incumbencia; 3. Fortalecer a las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO mediante la provisión de asistencia técnica, operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.

De la integración. ARTÍCULO 14. — El FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO estará integrado por: 1. Las asignaciones presupuestarias previstas en la presente ley y las que se establezcan en las respectivas Leyes de Presupuesto para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de cada año; 2. Las herencias, donaciones, legados de terceros, cualquier otro título y fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas de cooperación.

ARTÍCULO 15. — Fíjase, en la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000), el capital inicial del FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO, integrado con las partidas presupuestarias asignadas al

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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y facúltase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias en el Presupuesto Nacional vigente. El mencionado FONDO podrá incrementarse conforme a los requerimientos presupuestarios de cada año.

De las Instituciones de Microcrédito y de los Programas. ARTÍCULO 16. — Las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO tendrán a su cargo el financiamiento de “Emprendimientos de la Economía Social”, como así también deberán desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y medición de los resultados de su aplicación. ARTÍCULO 17. — La COMISIÓN NACIONAL promoverá la sostenibilidad de las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO y el acceso al mismo por parte de los prestatarios finales previstos en la presente ley, estableciendo PROGRAMAS de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las mismas.

Del control. ARTÍCULO 18. — La supervisión de la aplicación de los fondos otorgados para la constitución de las carteras de crédito, oportunamente entregados a INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO, estará a cargo de la Comisión que se crea en el artículo 4º de la presente ley. Dicha supervisión se extenderá hasta que se complete la primera colocación de la totalidad de los fondos recibidos por la respectiva INSTITUCIÓN que deberá presentar la documentación respaldatoria del total de los microcréditos otorgados, dándose por cumplida la rendición de cuentas, con el dictado del pertinente acto administrativo de cierre de la actuación. La COMISÓN NACIONAL podrá monitorear las sucesivas colocaciones de fondos, especialmente el monto y la tasa de recupero alcanzado de acuerdo al contrato de crédito, quedando facultada a arbitrar los medios tendientes al recupero de aquellos carentes de aplicación conforme a los objetivos de la presente ley. Si se determinaran falencias, la institución de microcrédito será sancionada sin perjuicio de las acciones legales que fueren menester. A los efectos indicados, las “INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO” deberán cumplimentar las obligaciones informativas periódicas que establezca la reglamentación pertinente al PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. Si se determinaran irregularidades, la INSTITUCIÓN DE MICROCRÉDITO será sancionada por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN con apercibimiento, suspensión en el Registro por un plazo máximo de SEIS (6) meses o exclusión definitiva de aquel. La suspensión en este registro implica la imposibilidad de recibir recursos provenientes del FONDO NACIONAL creado por el artículo 12 de esta ley. La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad de la irregularidad detectada y probada y por los antecedentes de la INSTITUCIÓN. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir en estos casos, asegurando el respeto del derecho de defensa de la INSTITUCIÓN involucrada.

De las exenciones. ARTÍCULO 19. — Las operaciones de microcréditos estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al valor agregado, según corresponda.

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ARTÍCULO 20. — Las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO que reciban recursos provenientes del FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO deberán aplicarlos exclusivamente a los fines convenidos, debiendo conservar los que se encuentren en disponibilidad, en cuentas corrientes o cajas de ahorro de entidades bancarias hasta el momento de su otorgamiento. Asimismo, deberán dispensar idéntico tratamiento a los recursos obtenidos por la cancelación de los créditos efectuada por los destinatarios de los microcréditos otorgados. ARTÍCULO 21. — Invítase a las provincias a adherir a la política de otorgamiento de exenciones de impuestos y tasas en sus respectivas jurisdicciones, como así también a crear Fondos Provinciales o Municipales de Economía Social destinados a los mismos fines previstos en la presente ley. ARTÍCULO 22. — Incorpórase como apartado Nº 10 del punto 16 del inciso h) del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, el siguiente texto: “10.” Los intereses de las operaciones de microcréditos contempladas en la Ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.” ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SEIS. — REGISTRADA BAJO EL Nº 26.117 — ALBERTO BALESTRINI. — JOSE J. B. PAMPURO. — ENRIQUE HIDALGO. — JUAN ESTRADA.

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ANEXO II

GRÁFICO 1 En el gráfico 1 se pueden observar las tendencias presentes en el mercado de trabajo en este período. Asimismo, la clase trabajadora sufre una fragmentación en su interior, al volverse más heterogénea en su composición, ya que convive una gran masa de trabajadores desocupados, con un pequeño segmento de trabajadores asalariados que perciben buenos ingresos, junto a vastos sectores de trabajadores ocupados pero pobres (subocupados y no registrados).

36,7

35,8 32,5

32,1

37,8

37,4

30,5 28,1

28,1

25 17,9

20 16,6

18,36

17,3

13,7 12,4 13,8

15 12,2 13,6

9,3

8,9 7

6,3

12,2 12,5

19,9

14,7 16,3

14,3 14,6 13,1

13,6

9,3

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

DESOCUPACION SUBOCUPACION TRABAJO NO REGISTRADO GBA

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC (onda Octubre EPH puntual) y Fraschina, Juan Santiago.

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GRÁFICO 2. IMPACTO DE LOS PLANES SOCIALES EN LA TASA DE DESEMPLEO.

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 I

II III IV I

II III IV

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

Es posible percatarse que el diferencial entre ambas mediciones era de más de 6 puntos porcentuales en 2003, y paulatinamente ha ido reduciéndose hasta que, en 2008, ambas mediciones arrojaron los mismos resultados.

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Encuesta para emprendedores de AsoMI. Marque con una cruz la opción que corresponda, de ser necesario complete los datos:

Datos personales: 1. Edad: ……………............... 2. Sexo:

Masculino

Femenino

3. ¿Trabajaba en relación de dependencia?

Sí

Datos del emprendimiento: 4. Tipo de actividad que desempeña:…………………..………………..................................................……….……… ………………………………………………………………………………………….............................................……… 5. Horas trabajadas: Entre 0 y 4

Entre 4 y 8

Entre 8 y 12

Más de 12

6. Cantidad de personas que trabajan en el emprendimiento: ……….….........................................................……. …………………………..……………………………………………………………....….............................................…. 7. Qué impacto generó el microcrédito en el emprendimiento:……….……………..................................................… ……………………………………………………………………………………………….............................................… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8. ¿Su emprendimiento es la fuente principal de ingreso en el hogar? Sí

9. ¿Dónde se desarrolla la actividad? Hogar

Local

Calle

10. ¿Qué antigüedad tiene su emprendimiento? Entre 0 y 2 años

Entre 2 y 4 años

Entre 4 y 6 años

Más de 6 años

11. De conseguir un trabajo en relación de dependencia, ¿abandonaría su emprendimiento?

Sí

¿por qué?………….…………………………………………….…………………….............................................………

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ANEXO III

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INTRODUCCIÓN. Las microfinanzas, son concebidas por las Ciencias Económicas con la idea de mejorar las condiciones de vida y la capacidad de riqueza de sectores de escasos recursos, por esto, resulta fundamental tener acceso a los recursos financieros. Si tomamos la definición sugerida por la Cumbre del Microcrédito (Microcredit Summit, 2002) hablamos de microcrédito cuando nos referimos a aquellos pequeños préstamos destinados a personas pobres para proyectos de autoempleo generadores de renta. El microcrédito es, por lo tanto, una herramienta para el desarrollo distinta a la convencional ayuda a fondo perdido, pues trata de brindar a los beneficiarios la posibilidad de construir una salida propia a su situación de pobreza y/o exclusión mediante un pequeño préstamo. De esta forma, en el último tercio del siglo XX el microcrédito irrumpe como un instrumento novedoso en la lucha contra la pobreza de los países en desarrollo. En la República Argentina el peso histórico de las microfinanzas ha sido mucho menor al de otros países de Latinoamérica debido a que hasta mediados de los años setenta, el país se caracterizó por niveles relativamente cercanos al pleno empleo (PNUD, 2005). En ese contexto de buena salud económica, los pequeños emprendimientos eran más una opción de realización o creatividad personal que una estrategia de sobrevivencia (FONCAP, 2007). Pero es a partir de la década de los setenta cuando se inicia un proceso creciente del deterioro del mercado laboral y de las condiciones de vida de los ciudadanos como consecuencia de la adopción de las denominadas políticas de apertura y reforma estructural, que tuvieron un fuerte impacto en el aparato productivo nacional. Llegamos así a un escenario cada vez más próximo al resto de países de América Latina, donde un conglomerado de trabajadores sin empleo busca en su propia

fuerza de trabajo el medio de sustento personal y familiar, cuyo principal inconveniente para el desarrollo de sus propias actividades productivas era el acceso al crédito. Ante esta necesidad de financiamiento son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las encargadas de atender a este rubro que por sus escasas garantías no eran atendidas por el sector financiero formal. Ya en la década de los ochenta, surgen los primeros programas de microcrédito financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinados a poblaciones rurales. Y posteriormente, es el Banco Provincia de Buenos Aires el que incursiona un programa de microcrédito (Fundación JUNTOS) que finalizaría apenas 3 años después por los efectos inflacionarios. Pese a ello, estos programas supusieron el impulso necesario para una serie de iniciativas posteriores que sembraron una realidad microfinanciera heterogénea y aún incipiente como la que encontramos hoy en Argentina. En este contexto inicial de las microfinanzas en Argentina existe una gran necesidad de abordar distintas investigaciones que analicen los distintos planos de la industria no sólo desde el punto de vista de la rentabilidad de la institución microfinanciera sino también desde la globalidad de los procesos microfinancieros. Ante estas problemáticas, el presente documento trata de abordar una de las principales problemáticas como es la caracterización y conformación de los clientes a través de un estudio de caso de una institución microfinanciera concreta. El trabajo de investigación se estructura del siguiente modo: en el primer apartado teórico se expondrán los distintos enfoques del microcrédito para el beneficiario. Seguidamente, se formulará la hipótesis de trabajo y la metodología empleada en el mismo, para adentrarnos en el estudio del caso estudiado y finalizar con las principales conclusiones.

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1. MARCO LÓGICO. Las microfinanzas, como mencionamos con anterioridad, surgen en el panorama económico con el objetivo de cubrir la deficiencia del acceso a los mercados de crédito en países en desarrollo, así como los fallos de mercado que en estos se producen1. Además, desde un análisis social y no únicamente económico, las microfinanzas en su origen fueron concebidas como un instrumento capaz de prestar servicios a los sectores de menores ingresos. Esta vocación de alcance lleva implícita la consideración de disminuir la pobreza y la exclusión social y financiera. Sin embargo, el perfil del prestatario no está totalmente definido y para el estudio y caracterización de los clientes es preciso presentar dos visiones contrapuestas del cliente objetivo de las microfinanzas ya que si adoptamos la definición propuesta en la Conferencia Internacional sobre Microcrédito en Washington2, “los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más necesitados de entre los pobres […]” mientras, que el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre del Banco Mundial (CGAP) sostiene que el cliente debe tener un mínimo de actividad económica para que el microcrédito sea eficaz. El Centro de Empresarios de Famaillá considera al crédito como un producto o servicio destinado a los pobres económicamente activos3 los cuales pueden acudir a los distintos proveedores informales de crédito. Por lo tanto, se estima que no se deben realizar préstamos a sectores específicos –impulsando la oferta- sino que deben ser los prestatarios los que demanden los créditos, para que éstos no sean una carga para el prestatario –impulso de la demanda-. Esta ideología, a menudo, se contrapone al enfoque de alivio de la pobreza o Escuela del Grameen Bank que considera que los pobres son pobres porque no disponen de los requisitos4 necesarios para acceder al crédito formal. En palabras de Yunus (1998:47) “los pobres no son pobres porque sean analfabetos o poco formados, sino porque no pueden

conservar los beneficios de su trabajo, y esto es debido a que no tienen acceso al capital”. Así, dicho enfoque considera al crédito como un derecho propio de la condición humana (Yunus, 1998) que brinda el capital necesario para el mejoramiento del bienestar social. Esto dejando claro que la economía de mercado no proporciona soluciones a los problemas de la pobreza debido a que el sector formal no atiende a la denominada base de la pirámide social, y los proveedores informales de crédito lejos de cubrir la demanda de la población se comportan como opresores de los clientes debido a las tasas abusivas de interés. Por lo tanto, desde un punto de vista ideológico, el Centro de Empresarios de Famaillá adopta una mirada inclusiva y no radical de ambos enfoques, destinando los microcréditos a personas de bajos ingresos, pero al mismo tiempo atendiendo a un público objetivo que ya cuenta con un medio de trabajo y que, por ende, no es el considerado el más pobre de entre los pobres como prorrogaría la Escuela del Grameen Bank. Durante el estudio de caso también se pretende averiguar cuál es la evolución del cliente de la institución analizada, es decir, si el microcrédito supone un impulso económico para el beneficiario o si más bien supone una ayuda proteccional para el mismo. De forma genérica, según afirma Hulme y Mosley (1996) la pobreza de renta se asocia a una situación estable. Este pensamiento lleva a la idea de que la provisión de crédito permitirá la promoción sistemática de sus niveles de renta y, por tanto, de su bienestar. Por el contrario, si estimamos que dicha población no parte de una situación estable sino de una fluctuación continua y no siempre previsible de sus niveles de ingreso, vemos que los servicios microfinancieros realizan una función estabilizadora de los ingresos, no produciéndose tanto una promoción en los niveles de renta sino una “no caída” o profundización en la pobreza.

Las microfinanzas atienden un fallo de mercado, pues es fehaciente la existencia de una falta de financiación que equilibre el mercado. Entre las principales causas, se encuentra la existencia de competencia imperfecta fruto de los prestamistas informales y la información asimétrica. 1

Conferencia Internacional sobre Microcrédito en Washington DC, entre el 2 y 4 de febrero de 1997. Adoptamos la división de la pobreza en los términos de Robinson (2004:17-19) como pobres económicamente activos a aquellos que cumplen con alguno de los requisitos de ser pobre, pero no necesariamente con la totalidad de ellos, en contraposición a Hulme y Mosley (1996, vol.1:132). 4 Entre los requisitos podemos encontrar el no disponer de nómina, aval o distintas garantías (Lacalle, M. et al, 2006). 2 3

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Gráfico 1: Enfoque promocional y proteccional del microcrédito. Enfoque promocional

Enfoque proteccional

Ingresos

Intervención efectiva

Línea de pobreza Línea de pobreza

Tiempo

Fuente: Hulme y Mosley (1996:107).

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2. METODOLOGÍA. El objetivo general de la investigación es presentar un ejemplo real de caracterización del cliente para una organización microfinanciera en particular. La meta por lo tanto, es confirmar o desestimar la hipótesis de partida de si el Centro de Empresarios de Famaillá atiende a personas distintas de las consideradas de bajos recursos. Esta hipótesis de partida surge de los requisitos que establece la institución microfinanciera para el otorgamiento del crédito y que invita a pensar, que la organización no tiene como público objetivo “el más pobre de entre los pobres” sino un grupo de personas con mayor nivel económico que resulta interesante analizar. Para el contraste de nuestra hipótesis, el presente trabajo pretende mediante el análisis de los datos corroborar o desechar dicha hipótesis. Y para ello, el estudio ha realizado una recolección de datos sobre una muestra de 35 prestatarios activos5 durante el año 2010. La elección de la muestra se realizó de forma aleatoria y anónima con el fin de plasmar lo más representativo a la totalidad de los prestatarios y preservar al mismo tiempo la privacidad de nuestros clientes. Durante dicha recolección de información (Anexo 1) se analizaron diversas cuestiones referidas a la caracterización de los clientes, que podemos dividir en dos

apartados principales. Por una parte, los datos relacionados con las características personales de los prestatarios de la muestra y, por otra parte, la información relativa a su nivel de ingresos y situación de pobreza relativa, que en cierto modo determinará el microcrédito otorgado. Las características personales responden a cuestiones directas que no requieren de mayor explicación, mientras que para la información relacionada con el nivel de pobreza se ha procedido al uso de indicadores que a continuación exponemos. Para el cálculo de pobreza de los prestatarios se ha optado por el estudio de dos indicadores a partir de su nivel de ingresos como son el margen sobre la línea de pobreza y la profundización de mercado. La línea de pobreza6 mide el mínimo estándar de vida necesario para vivir en un país determinado. El cálculo del margen sobre la línea de pobreza tiene en cuenta el nivel de ingresos, el número de integrantes de la familia y la línea de pobreza establecida. Este indicador nos va a permitir determinar cuál es la situación de los prestatarios respecto de la línea de pobreza familiar, mientras que el ratio de profundización de mercado mide en qué medida la institución presta a personas de mayores o menores recursos mediante el cociente del crédito promedio y el Producto Interno Bruto per cápita.

El Centro de Empresarios de Famaillá contó con un promedio de 350 clientes durante 2010, seleccionando un 10% como muestra para el estudio La Línea de Pobreza se elabora a partir de los ingresos de los hogares; éstos establecen la capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideras esenciales. Véase Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 5 6

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3. ESTUDIO DE CASO. El Centro de Empresarios de Famaillá es una organización civil sin fines de lucro que nace como asociación gremial en 1952. Con el transcurso del tiempo la entidad ha ido adaptándose a las necesidades de sus ciudadanos, convirtiéndose así en institución con servicio de microcrédito en el año 2005. El microcrédito ofrecido por la institución es entregado a personas mayores de 21 años que disponen de un microemprendimiento con una antigüedad mínima de un año y poseen de un garante. Como se observa, la institución no otorga microcréditos para la creación de emprendimientos. Si a este requisito sumamos la necesidad de un garante parece lógico pensar en un público objetivo superior a la base de la pirámide. Analizando los datos de la muestra, vemos que el 83% de la prestatarios son urbanos frente al 17% que habita en zonas rurales, siendo un 58% varones y un 42% mujeres -20 hombres y 15 mujeres-. Cabe destacar que si bien las microfinanzas son conocidas en multitud de ocasiones por destinarse a mujeres, en el caso de la Argentina no resulta tan marcado el factor género. Esto sucede en gran parte, por una situación de partida más igualitaria que en otros países de aplicación microfinanciera. Por otra parte, en referencia a la ubicación del prestatario tiene que ver con la distribución poblacional argentina y en particular del departamento de Famaillá, pues pese a ser un departamento de Tucumán y no pertenecer a la capital, no existen comunas rurales, lo cual hace que la gran mayoría de sus ciudadanos se encuentren en las inmediaciones del entorno urbano. En cuanto a la edad, se observa (Tabla 1) que más del 50% de la muestra se encuentra entre los 31 y 50 años, mientras que sus niveles de estudio son más heterogéneos; aunque predominan aquellos que completaron la secundaria con un 40% del total analizado (Anexo 1).

Tabla 1. Segmentación por edad del prestatario sobre la muestra. Edad

Número de prestatarios

18 a 30 años

Porcentaje 8,5%

31 a 40 años

31,42%

41 a 50 años

28,97%

51 a 60 años

20,11%

61 a 70 años

11%

Total

100%

Fuente: elaboración propia.

Para la caracterización de los prestatarios el Centro de Empresarios divide sus rubros en producción, comercio y servicios, constatándose que el 62,85% trabajan en el sector del comercio, siendo en su mayoría tiendas de ropa, despensas, kioscos o feriantes. Otro 20% se encuentra en el área de servicios englobando desde remiseros a peluqueros pasando por albañiles, electricistas o talleres. Y finalmente, el 17,15% se dedica a la producción artesanal, la horticultura o apicultura entre otros. Conviene destacar que de la muestra analizada casi un tercio no dispone de servicios de salud, si bien la mayor parte -54,28%- de los prestatarios y sus familias disponen de obra social y un 14,28% posee un servicio de prepago sanitario. Además del tipo de actividad podemos decir que debido a la informalidad de los microemprendimientos, 6 de cada 10 clientes desarrollan su actividad en el interior de sus casas. Casas que en muchos de los casos no se encuentran en régimen de propiedad aunque sí de tenencia. Esto quiere decir que el inquilino no dispone del registro a niveles legales de la vivienda, pero que sin embargo, ésta le pertenece por diversos motivos. La no titularidad de la vivienda es otra característica más de las personas de menores ingresos, lo cual supone un impedimento más a la hora de bancarizarse formalmente7 ya que no posee bienes raíces como garantía para futuros préstamos.

Según Ledgerwood (2000:23), los sistemas financieros se pueden dividir en formales (entidades reguladas), informales (particulares) e incluso semiformales (instituciones microfinancieras no reguladas) dependiendo del grado de regulación de la institución. 7

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En este mismo plano, dos aspectos del cliente y su actividad son la escasa bancarización (apenas un cliente de los 35 opera con bancos) y el número de horas que emplean en sus negocios, pues el 65% emplean más de 40 horas semanales. El número de horas está ampliamente relacionado con el tipo de emprendimiento pues la mayor parte de las personas que superan dichas horas realizan su actividad en la vivienda o en la tierra que trabajan. Con respecto al préstamo otorgado por la institución, el microcrédito ofrecido es un producto de préstamo de $500 a $1.000 ARS por primera vez, ascendiendo de forma escalonada hasta un máximo de $10.000 ARS. En este sentido, la mayor parte de los créditos se agrupan entre los $1.000 y $3.000 ARS con un total de 17 sobre 35, siendo el siguiente tramo de $3.000 a $6.000 ARS , el de segunda mayor relevancia como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Segmentación por monto entregado sobre la muestra. Monto microcrédito

Número de prestatarios

Porcentaje

$500 a $1.000 ARS

14,29%

$1.001 a $3.000 ARS

48,57%

$3.001 a $6.000 ARS

25,71%

$6.000 a $10.000 ARS

11,43

Total

100%

Fuente: elaboración propia.

Esta distribución arroja una doble información indirecta del cliente dado que por una parte demuestra que el beneficiario de crédito renueva aumentando sus montos de crédito, pero por otra parte también podría informar que el monto inicial es escaso para las necesidades de los clientes, como de hecho confirmó el último mapeo de procesos de satisfacción del cliente.

muestra analizada optó por esta modalidad. Si a este porcentaje le sumáramos los clientes que optaron por un plazo de 4 meses, el total asciende al 80%. Esta homogeneidad en el plazo no se produce en el período de pago que el cliente y el Centro fijan para las cuotas y que puede ser semanal, quincenal, mensual o con período de gracia para aquellos agricultores que necesiten de esta carencia para facilitar su situación económica. Para el grupo de clientes estudiado ha resultado que en un 40% de los casos el cliente opta por el pago semanal, en un 31,42% por el pago mensual y en un 28,58% por el pago quincenal, no registrándose ningún prestatario con período de gracia, hecho que tampoco es muy extraño dado que estas condiciones son escasas dentro de la totalidad de clientes. Finalmente, en relación al nivel de pobreza de los clientes se ha registrado que para la muestra un 14,28% de los prestatarios estudiados se encuentran por debajo de la línea de pobreza familiar8. Mientras que del restante 85,72%, un 34,28% se encuentra ligeramente por encima de dicho indicador. Si completamos la visión de este indicador con la tasa de profundización de mercado9 obtendremos una panorámica más completa acerca del prestatario. De este modo, la profundización de mercado para el Centro de Empresarios de Famaillá arroja un ratio del 17,79%. Esto significa que dicha organización si bien no atiende a las personas denominadas como “las más pobres de entre los pobres” sí estaría atendiendo a una importante población de escasos recursos, es decir, que el monto otorgado supone un 17,79% del PBI per cápita; y si lo calculásemos sobre el INB per cápita, el porcentaje de su ingreso ascendería al 18,66%. Sin embargo, estos indicadores son calculados a partir de los ingresos sin tener en cuenta los gastos de los beneficiarios, que a diferencia de un trabajador por cuenta ajena son importantes en el ámbito familiar.

En estos microcréditos predomina como primera opción una duración de 6 meses, dado que el 60% de la

Los valores mensuales de la Canasta Básica de Alimentos y de la Canasta Básica Total para el adulto equivalente fue para finales de 2010 de 405,35 ARS. Dado que dependiendo de la edad la ponderación del ingreso es distinta, se ha optado por asignar a cada miembro la cifra de 0,9 de acuerdo a diversas instituciones como la Red de Microcrédito Argentina que optaron por esta metodología. 9 Para el cálculo de la tasa de profundización se tuvo en cuenta el PBI pc en PPA (15.893USD) para el año 2010. World Bank. 8

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4. CONCLUSIONES. El Centro de Empresarios de Famaillá ha resultado tener un perfil urbano, sin grandes distinciones en género, con una madurez significativa del prestatario y con un nivel de estudios básicos. Por otra parte, las condiciones particulares del cliente condicionan el tipo de actividad a desarrollar, así como el lugar de trabajo y la cantidad de horas trabajadas, por lo que se puede concluir que las características mencionadas conforman el prestatario tipo de la institución, aunque no tienen por qué cumplir con la totalidad de las características. Además, el monto promedio otorgado a los prestatarios representa una cuantía escasa de sus ingresos a lo que hay que añadir los grandes niveles de egresos de los prestatarios. En este sentido, el bajo conocimiento financiero o los escasos incentivos al ahorro provocan un consumo excesivo en los prestatarios que, conocedores de su situación, optan por plazos cortos y períodos de devolución según su frecuencia de ingresos y egresos. Por lo tanto, si a esta visión cortoplacista del prestatario le sumamos el comportamiento de la inflación, vemos que existe un impedimento fehaciente para que

se produzca un crecimiento significativo del emprendimiento. Es así como llegamos a una situación de escasa inversión donde el prestatario, a pesar de no disponer de grandes recursos ve cubiertas sus necesidades básicas no utilizando el microcrédito tanto para crecer sino como para “no caer”. Sin embargo, este comportamiento proteccional del microcrédito tiene un componente promocional, pues en la medida en que el Centro de Empresarios de Famaillá atiende a su población, estos clientes mejoran sus estándares de vida por más que resulten básicos. En nuestro análisis también se han producido casos de éxito. Entendiendo por éxito a aquel beneficiario que con la ayuda del microcrédito logró mejorar su emprendimiento, formalizando el mismo y llegando incluso a bancarizarse. Por último, a modo de corolario la investigación realizada podría ser extrapolada a futuras investigaciones e instituciones con el propósito de proyectar una mayor transparencia acerca de la caracterización y conformación de los beneficiarios de microcréditos en la Argentina.

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