Nº 188
Boletín Encuentro
Secretaría de Prensa Ministerio muestra una actitud inflexible en las negociaciones del Pliego Si bien hasta la semana pasada, la comisión del ministerio de Educación había demostrado una actitud conciliadora frente a algunos puntos, su postura cambió cuando los temas fundamentales llegaron a discusión. Las negociaciones entre la Federación Colombiana de Educadores y el Ministerio de Educación se suspendieron temporalmente debido a la intransigencia de la comisión del ministerio para negociar los puntos más importantes de Pliego de Peticiones. El jueves 19 de mayo, la comisión de FECODE no encontró más opción que levantarse de la mesa de negociaciones y programar una nueva reunión hasta el próximo viernes 27. Aunque los funcionarios del ministerio escucharon las propuestas de FECODE sobre evaluación escolar, asignación académica, relación maestroaula, entre otros, manifestaron que estos puntos están excluidos de la concertación a pesar de que hacen parte fundamental del Pliego de Peticiones de FECODE, que ellos aceptaron negociar y que responden a un sentir expreso del pueblo colombiano. Senén Niño Avendaño, presidente de la Federación, sintetizó la jornada de la semana anterior de la siguiente manera: “El pasado martes y miércoles adelantamos negociación con el gobierno nacional, trabajamos sobre la política pública educativa, pero definitivamente es desastrosa la postura del gobierno. Es inflexible el ministerio de Educación en
la aplicación obediente en las políticas trazadas por el Fondo Monetario Internacional y por la Organización Mundial del Comercio; por lo tanto, el gobierno ha dicho que seguirá entregado megacolegios en concesión para seguir enrique-
ciendo el bolsillo de los intermediarios. No quiere ampliar ni dotar las infraestructuras educativas públicas. De la gratuidad nos mostró unas cifras que se traducen en migajas que no le garantizan a los niños de Colombia ingresar y mantenerse en las escuelas”. Además, la comisión del gobierno evidenció una indiferencia total frente a la crisis de la educación técnica, especial y nocturna; insiste en las improcedentes fusiones de miles de instituciones que dificultan el funcionamiento de las mismas; no pretende modificar la evaluación escolar y tam-
poco existe un interés en acabar con el hacinamiento de los estudiantes en las escuelas y colegios colombianos. “El pasado jueves trabajamos con el gobierno sobre las prestaciones sociales y otra vez, la postura inflexible. No quiere reconocer la mesada 14 a pesar de que el Consejo de Estado estableció en un concepto que nuestro régimen especial de pensiones debe tener esa mesada. También negó los factores salariales para la liquidación de la pensión. En cuanto a la pensión post mortem, persiste en pagarla solamente por cinco años, cuando muchas sentencias han dicho que debe pagarse de manera indefinida y permanente para el viudo o la viuda”. En contraste, FECODE ratificó su voluntad de diálogo, pero no dará su brazo a torcer ante temas tan trascendentales como la refinanciación del Fondo de Prestaciones del magisterio, sobre todo, ante la deuda cercana a los 60 billones de pesos por parte del gobierno. Las negociaciones se reiniciarán el próximo 27 de mayo, FECODE espera una actitud realmente negociadora por parte de la comisión del ministerio de Educación. Del transcurso de este proceso dependerá la realización del paro nacional del magisterio colombiano.
En la Gran Jornada de Audiencias, el magisterio dialogará con Colombia Yesid Quiroga Que Colombia conozca las consecuencias de la privatización de la educación pública y la magnitud de las medidas aplicadas por el gobierno es el principal objetivo de las Jornada de Audiencias que se desarrollará el 26 de mayo. En caso de que la negociación del Pliego de Peticiones no cumpla con las expectativas del magisterio, la Junta Nacional del pasado 14 de mayo facultó al comité Mayo 25
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ejecutivo de FECODE para convocar y determinar la fecha de un paro nacional. Asimismo, determinó informar y unir a la comunidad educativa en torno a los plie-
gos regionales y al proceso de concertación que adelantan FECODE y el gobierno nacional, por ello, ratificó la fecha del 25 de mayo para conformar el comité nacioPág.
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Las expresiones de vida con las que se construye Colombia, tienen un punto semanal de ENCUENTRO.
nal por la defensa de la educación como derecho, el cual se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. El 26 de mayo, una Gran Jornada de Audiencias Públicas se tomará las principales plazas de todas las capitales colombianas. El objetivo de esta es informar a los maestros y las maestras, padres de familia, estudiantes, comunidad educativa, organizaciones y a los movimientos sociales y políticos sobre las actividades, los alcances y la importancia de la lucha que la Federación actualmente libra por la defensa de la educación pública. En las respectivas capitales departamentales, los sindicatos filiales, en conjunto con las organizaciones sindicales, líderes
sociales y la comunidad en general, desarrollarán las asambleas en torno a los siguientes temas: Privatización de la educación. Ampliación de cobertura con operadores privados. Reforma a la educación superior. La ley de Plan Nacional de Desarrollo y
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el futuro de la educación. La negociación del Pliego Nacional de Peticiones que adelantan FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. El futuro de la educación superior en Colombia. La cruzada en defensa de la educación continúa con un mayo lleno de movilización y organización social que emula a la batalla del 68, porque la realidad es que la educación pública está amenazada en todos sus niveles. “Estas audiencias publicas serán el testimonio de nuestro rechazo a la privatización de la educación y de nuestro apoyo al Pliego Nacional de Peticiones, a la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos”, concluyó el presidente de FECODE, Senén Niño Avendaño.
Los docentes vinculados hasta 1980 tienen derecho a la pensión gracia El gobierno ha sostenido que el pago de la pensión gracia supera los 8 billones de pesos, sin embargo, los ponentes de la Ley han comprobado que no supera los 2 billones de pesos y el desembolso se haría de acuerdo a las peticiones de los beneficiados. Sólo le resta un paso y un plazo de menos de una semana al proyecto de Ley 114 del 2009 que restituye el reconocimiento de la pensión gracia para los y las docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. El gobierno nacional se ha negado a la aprobación de este proyecto y ha puesto las trabas que ha tenido a su disposición. El más reciente revés fue a causa de que, habiendo sido enviado el proyecto a presidencia de la República, el presidente en vez de sancionarlo lo objetó por supuesta inconstitucionalidad. En estos casos, el proyecto debe volver al Congreso para el estudio de las objeciones. Para el particular, las mesas directivas nombraron sendas comisiones en Cámara y Senado con el objetivo de analizar esas objeciones, las cuales finalmente fueron rechazadas y, a la vez, determinaron que no hubo inconstitucionalidad alguna en el proyecto. “Ahora nos queda un último paso y es que la discrepancia que existe entre el presidente y el Congreso acerca de si Mayo 25
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hay o no constitucionalidad en el proyecto sea dirimida por la Corte Constitucional. Una vez llegue a la Corte, esta tendrá seis días hábiles para el estudio del proyecto. Si la Corte lo declara constitucional, este irá a presidencia para que el señor presidente lo sancione; y, si, even-
tualmente, él se negase, el proyecto regresará al Congreso para que el presidente de este organismo lo sancione. Debo advertir que la presidencia de la República no lo objetó por inconveniencia, es decir, por el costo fiscal, sino por inconstitucionalidad. Creo que el presidente del Congreso no se opondrá por que él ha
sido votante afirmativo del proyecto, de manera que esperaría que por coherencia política, él estuviera dispuesto a sancionar el proyecto de ley”, indicó el senador Luis Carlos Avellaneda ponente del proyecto. Es importante aclarar que esta pensión no será para todo el magisterio sino exclusivamente para los educadores nacionales que están vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. “La Ley 91 del año 1989 había extendido de manera expresa el derecho de prensión gracia a los educadores nacionales. Este derecho se les negaba por un fallo del Consejo de Estado. Hablamos de la Ley 91 de 1989 en el Artículo 15 Numeral 2 Literal A, en consecuencia, el proyecto solo cobijó a educadores nacionales y hasta 1980”, continuó el senador Avellaneda. De igual forma, el senador confirmó que el costo del proyecto ascendería a un billón 500 mil millones en un escenario de 22 años de ejecución, en otras palabras, de vida probable del conjunto de los educadores beneficiarios.
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Porque la realidad tiene diferentes miradas, vea CONTRASTES.
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La Directiva 036 no tiene viabilidad Los permisos de salud o para ejercer actividades sindicales son un derecho de los maestros y las maestras. Las administraciones regionales no pueden valerse de normativas para prohibirlos. En lo corrido del 2011 una discusión se viene presentado en diferentes regiones del país. La causa es la supuesta Directiva ministerial 036, que, de acuerdo a algunas secretarías de Educación regionales, afectaría los permisos para los docentes y directivos. La problemática inició porque varios secretarios de Educación en municipios y departamentos se están valiendo de esta directiva para obligar a los directivos y coordinadores a no conceder permisos (ni de salud ni sindicales) a los maestros y maestras de sus instituciones educativas. Al respecto, Jorge Humberto Valero, asesor jurídico de FECODE, analizó dicha directiva y dejó en claro que esta no tie-
ne carácter nacional (se emitió en Risaralda) y mucho menos sustento jurídico. El abogado Valero explicó: “La directiva procede del departamento de Risaralda, y está fundada en un oficio que remite el ministerio de Educación. Las secretarías de educación departamentales están asumiendo competencias de regulación que son propias del ministerio, del presidente y del Congreso de la República. Esta reitera los criterios de horas y, al parecer, termina con los permisos que están regulados tanto en el Decreto 2277 como en el 1278. Sin embargo, no es viable y no es posible porque estos son derechos son de carácter legal con fundamento constitucional; por tanto, a los
gobiernos seccionales, los alcaldes y secretarios de educación les está obligado mantener todos esos derechos que no pueden verse cuestionados en este rango”.
El Comité Nacional por la Educación une a los defensores de este derecho Omaira Morales Arboleda La reforma a la Ley 30 propuesta por el gobierno Santos ha redundado en algo positivo, los actores del sector educativo, públicos y privados, se han unido en contra a esta propuesta y en torno al objetivo común de luchar por una educación de calidad. El Comité Nacional por la Defensa de la Educación será un organismo de orden nacional que unirá a todos los actores del sector educativo en un propósito común: velar por el derecho a la educación. Estudiantes de universidades públicas y privadas, docentes, investigadores, estudiantes de básica y media, sindicatos, rectores e intelectuales hacen parte de un gran movimiento que crece y crece, y que prevalece el derecho a la educación frente a propuestas privatizadoras como la reforma a la Ley 30. Para Francisco Cajiao, pedagogo y columnista, “si bien se logró un consenso en todos los estamentos de que no era una buena propuesta (la reforma a la Ley 30) abrió la discusión y al abrir la discusión, no es una discusión que se haya quedado reservada exclusivamente a unos foros íntimos de unas 5 ó 6 personas o instituciones que organizan Mayo 25
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un proyecto de ley sino que esto realmente se ha puesto en la plataforma de las prioridades nacionales”. Con el comité se está consolidando un gran acuerdo nacional con en el que se espera que el próximo 25 de mayo se diagrame la hoja de ruta para exigir y hacer visible en el escenario académico y público la educación como derecho fundamental. De esta manera, restablecer el orden del debate que inició con un proyecto de reforma caprichoso y desconocedor del
deber ser de la universidad. En este momento, ya no hay proyecto yo diría que con o que ha sucedido se volvió a barajar como decía el tartamudo, cuelgue, vuelva y marque. Porque de alguna manera, lo que se le ha planteado al gobierno es que volvamos a sentarnos y empecemos a conversar desde el prinpicio, creo que el proyecto de ley ignora por completo el concepto mismo de universidad. “Es inminente la equivocación del ministerio de Educación en su afán por establecer una organización procedimental y no un represamiento del deber y quehacer de la universidad y la educación”, añadió el pedagogo Francisco Cajiao. Razón por la cual, este movimiento crece como espuma porque es un tema que afecta a todos los colombianos que ven en este derecho la única opción para dejar rezagado el subdesarrollo social e intelectual. Pág. 3
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El cambio del modelo de salud es una necesidad perentoria Yesid Quiroga El sistema de salud está colapsando desde adentro, las investigaciones y los escándalos dejaron al descubierto que al tiempo que muchos colombianos fallecían por falta de atención médica, los intermediarios del sistema celebraban con viajes al exterior. Según la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC), el robo a la salud por parte de las EPS lleva más de 10 años y se presenta por el poco interés del Estado para controlar las múltiples venas abiertas del sistema. Las falencias han convertido al sistema en algo que puede considerarse como el mercado de la salud, pues los intermediarios de este servicio financian partidos políticos, tienen entre sus socios miembros de castas dirigentes y compran funcionarios para mantener prácticas corruptas y embolsillarse billones de pesos. Yesid Camacho, presidente de ANTHOC, expuso su posición sobre la pérdida de recursos a causa de las grietas de este sistema: “Si hacemos un cálculo a groso modo, un promedio de 4 millones entre recobros, sobrefacturación de medicamentos, personas coladas en las bases de datos por más del 30% de las unidades de pago per cápita. Este es un tema que se viene denunciando hace 10 años y que valdría unos 20 millones de pesos, estaríamos alrededor de otros 40 millones en los últimos 10 años aproximadamente por los otros factores. Sin sumar
el costo o la intermediación laboral de cooperativas de operadores privados que está calculado en 16 billones de pesos en los últimos diez años, desde que se empezó el proceso de reestructuración de los hospitales”. Pero esas no son las únicas metodologías ilegales para multiplicar el capital, el sistema también permite la entrada de dineros del narcotráfico, tal como lo denunció el directo de la Policía, general Oscar Naranjo, y lo peor es que el gobierno lo alienta a través de la legislación. “Acaba la Ley 1438, Artículo 59, para facilitarles el negocio, acaba de determinar que los hospitales van a funcionar a
través de operadores privados, de operadores externos, es decir, que el gobierno le está facilitando el negocio a este tipo de lavadores de dinero. Eso agrava mucho más el nivel de corrupción en que se ha metido la salud”, manifestó el presidente de ANTHOC. La realidad es contundente, mientras los colombianos soportaban paseos de la muerte y demora en la entrega de medicamentos, EPS, como Saludcoop, hacían inversiones internacionales y se declaraban sin fondos para que el gobierno declarara emergencias sociales y les entregara más dinero. Por ello hoy las organizaciones sociales y sindicales exigen el cambio del modelo. “Vamos a ampliar la denuncia penal contra los ministros por el tema de la tercerización estamos generando movilizaciones buscando una gran movilización contra la corrupción el sector”, finalizó Yesid Camacho. La pregunta obvia es: si el gerente de Saludcoop admitió que ganaba 90 millones de pesos mensuales. ¿Aún quedan dudas sobre el negocio con la salud de los colombianos?
ENCUENTRO:
DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Yesid Quiroga. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. ASISTENTE, Karen Lorena Buitrago. PRODUCTOR, Heidy Acuña. EDITOR, Juan Adrián Quintero Paz. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto E. Ballesteros Zapata.
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