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Boletín Encuentro

Secretaría de Prensa La escuela debe ser territorio neutral ante la violencia Yesid Quiroga Los asesinatos de docentes y el delicado fenómeno de maestras y maestros amenazados se repliega por muchos departamentos del país. FECODE exige a las autoridades competentes respuestas más rápidas y eficaces para detener este flagelo. Las políticas del gobierno en materia de seguridad no han logrado mantener a la escuela como territorio neutral en el conflicto armado, muestra de ello son las recientes amenazas proferidas por las Bacrim en Cesar y Córdoba, por nombrar sólo dos casos. En lo corrido del año van 11 maestros asesinados. La más reciente víctima fue el rector de la Institución Educativa Faustino Arias Reinel, del municipio de Tumaco (Nariño). La cifra, que resulta más que preocupante, podría aumentar si se tiene en cuenta la cantidad de amenazas que hoy se ciernen sobre el gremio en distintas regiones del país y que, en muchos casos, las investigaciones de las autoridades correspondientes no han dado con los responsables de los hechos criminales. Recientemente, en el departamento del Cesar, un grupo que justifica su actuar violento argumentando una supuesta “lucha contra la inmoralidad” amenazó de muerte al alcalde de Valledupar y a un grupo de líderes del magisterio, incluido el presidente de ADUCESAR, Everto Pertuz.

Al respecto el secretario técnico de Derechos Humanos de FECODE, Jorge Ramírez, manifestó su rechazo a esta forma de violencia donde “amenazan en conAgosto 2 2011

creto a varios miembros de la junta directiva del sindicato de docentes, o sea, de ADUCESAR. Igualmente, en ese panfleto amenazan a cinco directivos docentes, es decir, cinco rectores del municipio de Valledupar. Estas amenazas son muy imprecisas; se argumenta su actividad sindical, su actividad docente y administrativa, a unos, y a otros se les da plazo perentorio para abandonar la región”. Quizás donde la situación es realmente grave es en el departamento de Córdoba, donde se les ha segado la vida a cuatro maestros en lo que va de este año. Allí hace una semana 44 educadores del municipio de Tierralta abandonaron sus aulas, sus estudiantes y su tierra por temor a que las amenazas extorsivas que reciben desde hace algunos días se materialicen. Los maestros y maestras amenazados han manifestado que no retornarán a sus actividades hasta que el proceso de investigación pertinente no sea desarrollando, y que este aporte las causas y responsables de las amenazas colectivas, es decir, ellos se niegan a retomar sus labores académicas hasta cuando su seguridad no esté totalmente garantizada. Mientras tanto, debido a esta situación deben ser cobijados por el Decreto 3900 que ordena su traslado y cuentan con el apoyo del sindicato de educadores de Córdoba (ADEMACOR). “Ellos venían recibiendo amenazas desde hace varios días a través de sus teléfonos celulares, donde las bandas criminales le dan ultimátum para que depositen en algún sitio determinada suma de dinero, y como ellos no han hecho caso de esta petición, los docentes no soportaron más las amenazas, el acoso y el constreñi-

miento. El anterior fin de semana los docentes tuvieron que abandonar las instituciones del sector rural y ponerse a disposición de la secretaría de educación. Lo que muestran los hechos de hoy en día es que no todas las bandas se desmovilizaron y que algunos de los que se desmovilizaron nuevamente volvieron a sus andanzas de

tipo criminal y han ‘mutado’, por decirlo de alguna manera, de las bandas paramilitares a las llamadas ‘bandas criminales’, como las ha denominado el mismo gobierno para darles otro carácter. Lo que demuestran estas situaciones es la impotencia, la incapacidad del Estado para controlar y diezmar, como debe ser, estas bandas criminales”, continuó Jorge Ramírez. Aunque entre los 22 acuerdos, resultado de la concertación FECODE-gobierno, se estableció que el traslado por amenazas debe surtirse de forma inmediata, la Federación Colombiana de Educadores exige, primero, que la escuela sea territorio neutral en el conflicto armado para que el derecho a la educación vaya de la mano con el derecho a la vida y, segundo, que el gobierno nacional tome medidas efectivas para evitar que las y los docentes sigan siendo objetivo de la violencia que atemoriza al país. Pág.

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Las expresiones de vida con las que se construye Colombia, tienen un punto semanal de ENCUENTRO.

Sábados 7 a.m., Canal Uno.

Aval de la Secretaría a acuerdos en Cundinamarca Yesid Quiroga La unión de los cuatro sindicatos de la educación de Cundinamarca ha sido el motor para que la asamblea, el secretario de Educación y, prontamente, el gobernador definan medidas en pro del sector educativo en este departamento. El secretario de Educación de Cundinamarca se reunió con los sindicatos de la educación de este departamento para ratificar los acuerdos pactados con ellos durante los meses anteriores. Álvaro Díaz Garavito, secretario de Educación de Cundinamarca, manifestó su voluntad de cumplir los acuerdos a los que llegaron sus subalternos con ADEC, ARCÚN, USDE y Sintraestatales en aspectos relacionados con el pago de deudas, el respeto a la estabilidad laboral de los directores de núcleo y la agilización de papeleo y constancias que solicitan los maestros, entre otros puntos. “Yo creo que todo esto debe redundar en beneficio de la educación, que es lo que pretendemos nosotros, que es mejorar la calidad de la educación. Desde luego tenemos dificultades en los municipios, en las instituciones, y lo que aspiro ahora en la reunión que tenemos, que es previa a la que vamos a tener con el gobernador, es recibir de parte de los que están agremiados y los funcionarios, los subsecretarios que atendieron

las mesas de trabajo, qué recomendacio- también, hay unos temas de zonas de difínes tenemos”, indicó Álvaro Díaz Garavi- cil acceso, y desde luego que pretendemos to. siempre que esas deudas que encontramos desde el 2004 poderlas pagar en esta administración”, continuó el secretario de Educación. Aunque para los sindicatos, en las negociaciones quedó claro que la Secretaría no cuenta con un plan de construcción y adecuación de plantas físicas, el secretario defendió su gestión en este punto, “en el plan de desarrollo lo que se planteó fueron 15 mil metros cuadrados de construcción nueva y tenemos 85 mil, yo diría que esa sola cifra hasta el momento, falta toEn cuanto a los costos acumulados que davía terminar el año; yo pensaría que son los que le deben a los maestros por vamos a estar por encima de los 90 mil ascensos, el secretario se comprometió a metros cuadrados finalizando el gocancelarlos lo antes posible. “Creo que bierno”. una de las noticias que vamos a darles en La agenda de los sindicatos de la Educación ese momento en las mesas, no habíamos de Cundinamarca continuará con una incorporado 22 mil 300 millones de pesos, reunión con el gobernador Andrés Gonzacreo que es la suma que ya nos dio el mi- lez Díaz, para que sea él, quien con su rúnisterio de Educación, y vamos a explicar- brica, le dé sustento a los acuerdos y les ahora cómo vamos a liquidar ese costo desacuerdos alcanzados a la fecha. acumulado. Ahí hay un tema de dotación

Los TLC ponen en riesgo el trabajo digno Omaira Morales Arboleda La Central Unitaria de Trabajadores tiene un compromiso con la defensa de los laboristas colombianos y más aun considerando la llegada de más multinacionales al país. El Octavo Seminario de Empresas Multi- dores a causa de la política garantista de nacionales de la CUT, que reunió a tra- protección al capital extranjero y subestibajadores y afiliados a la Central, resul- mación de las conquistas constitucionales tó exitoso en su objetivo de buscar salidas a la flagrante violación a los derechos laborales por parte de estas empresas. Durante dos días, los trabajadores de las multinacionales en Colombia adscritos a la CUT estuvieron en ‘acuartelamiento de primer grado’ buscando salidas a la violación a los derechos laborales, de salud, sindicalización y a favor de la protección del medio ambiente. Todos los vejámenes a los que son sometidos los trabajaAgosto 2

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de los laboristas. “Este seminario analizó la coyuntura nacional en materia laboral, en materia de inversión extranjera directa y la firma de una serie de tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con otros países, los cuales entran en vigencia y otros que están a punto de su ratificación, como el TLC con Estados Unidos, con Canadá, la Unión Europea, Suiza, Turquía, China…”, indicó Jaime Goyes, director del departamento de Empresas Multinacionales de la CUT. El evento diagnosticó temas de coyuntura como las drásticas consecuencias que los Pág. 2


Porque la realidad tiene diferentes miradas, vea CONTRASTES.

diferentes TLC acarrearían en materia laboral para los trabajadores colombianos, en especial, en los sectores mineros y petrolíferos. De igual forma, el deterioro ambiental que se ha recrudecido dejando a las regiones ricas de minerales convertidas en zonas áridas y de pobreza, pues el Estado no exige restitución y controles eficaces frente a la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Jaime Goyes continuó: “La necesidad de parte del movimiento sindical, sobre todo el que está vinculado con las multinacionales es levantar una agenda sindical que impulse la lucha por el derecho al trabajo digno, la lucha por la protección

del medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional, la cohesión sindical en el sentido de impulsar en esta coyuntura la creación de sindicatos únicos por rama de industria, tal y como lo aprobó el 5º

Lunes 11:00 p.m., Canal Uno.

Congreso Nacional de la CUT”. Para Jaime Goyes está comprobado que Colombia es un paraíso terrenal para las multinacionales, pues pueden sacar, desangrar y no reponer. Las grandes empresas internacionales cuentan con los avales legales del gobierno colombiano para desterrar, desarraigar y acabar con los recursos naturales, mientras en el resto del mundo otros países protegen y preservan su riqueza medio ambiental. Ante esto, el compromiso de los sindicatos agremiados a la CUT es claro: fortalecer el sindicalismo para frenar el golpe violento de las multinacionales a la fuerza laboral y la orfandad del gobierno.

El destape de la corrupción flagrante en el gobierno anterior Omaira Morales Arboleda La inhabilidad de Andrés Felipe Arias por las irregularidades en la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro hace parte de una larga cadena de procesos abiertos por los organismos de control contra funcionarios del gobierno anterior. La sanción primero disciplinaria, y luego penal, al ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, es calificada por la opinión pública como el mayor golpe al gobierno del ex presidente Uribe Vélez. Los colombianos se mantienen a la espera del fallo final, considerado como el verdadero momento de la justicia. La lista de altos ex funcionarios apadrinados por Uribe que han sido sancionados es bastante dicente: Por las ‘chuzadas’; María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, inhabilitada por 18 años; y Bernardo Moreno, ex secretario general de la presidencia, inhabilitado por 18 años. Por parapolítica; Jorge Noguera, ex director del DAS, inhabilitado por 18 años; más el alto número de congresistas que apoyaron al ex presidente y terminaron en la cárcel. Por ‘yidispolítica’; Sabas Pretelt de la Vega, inhabilitado por 12 años. Investigados por corrupción: Carlos Albornoz, ex director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y Andrés Uriel Gallego, ex ministro de Transporte. Los procesos van desde violaciones a los derechos humanos, como en el caso de las interceptaciones a los teléfonos o los Agosto 2

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seguimientos ilegales, hasta casos de corrupción, pasando por otra serie de anomalías. Será el ministerio público, de un lado, y la justicia penal, del otro, quienes decidan finalmente la suerte de los ex funcionarios investigados. “Lo sorprendente es que durante ocho años se hubiera predicado la moral administrativa, el combate a la politiquería, y que se aspirara a otra reelección; luego de lo cual se han venido destapando uno a uno numerosos casos de irregularidades. Agréguese a los que ya mencionaba, por ejemplo, el escándalo pavoroso con los recursos administrativos para la prestación del servicio de salud y cómo se intentó desviar diciendo en un momento determinado que proliferaban sin razón las acciones de tutela, ahora se sabe que proliferaban con razón y que, sin razón, se estaban guardando para sí los recursos que pertenecen a la seguridad social”, argumentó el ex magistrado, Alfredo Beltrán. La sanción a Andrés Felipe Arias es tal vez el golpe más fuerte a una administración que ha estado en entredicho desde sus inicios. Él fue el pupilo, la ficha presidencial y, todavía hoy, el mayor protegido del ex presidente Álvaro Uribe Vélez

en todas las contiendas, pues aún continúa defendiéndolo ‘trinando’ desde su red social. Pero la carrera política de este joven funcionario se vio abruptamente truncada a causa de las sanciones por el tema de AIS. “El propio ex ministro dijo que él encuentra muy seriamente afectada su carrera política, que a su juicio debía llevarlo muy pronto a la presidencia de la República”, agregó el ex magistrado Beltrán.

Las evidencias de los descalabros y los autores de los actos de corrupción y tráfico de influencias han llevado al país a demandarle a la fiscal Vivian Morales justicia para sancionar y responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de los desfalcos, casualmente los mismos personajes que estuvieron bien protegidos durante administraciones anteriores. Pág. 3


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Lunes 11:00 p.m., Canal Uno.

Santos no es el mosquetero contra la ‘Cleptocracia’ Omaira Morales Arboleda Últimamente, El presidente Santos convierte en un show mediático cada denuncia de corrupción, está tomando la posición del defensor cuando en realidad su gobierno no hace nada concreto para blindar las arcas del Estado de sus mismos funcionarios. La corrupción en Colombia sobrepasó los límites, son tantas irregularidades que el pueblo ya no aguanta más robos descarados a las arcas del Estado. Lo sarcástico es que el presidente Santos pretenda pasar como el adalid anticorrupción cuando en vez de actuar en contra está simplemente denunciando. Ante la crítica situación de corrupción que atraviesa Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha pretendido pasar a la historia como el mosquetero que venció la corrupción en el país; sin embargo, la espada que empuña no está hecha para acabar con el mal de raíz. En su gobierno no sólo no ha tomado medidas para blindar el erario público —ni siquiera las ha propuesto—, sino que además, atacar la corrupción equivaldría a atacar despiadadamente a sus amigos del pasado. Para el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, la postura del presidente es conveniente, “cada vez más colombianos piensan que Colombia más que una democracia es una ‘cleptocracia’, cabe la pregunta: ¿Quién es el responsable de que esto

haya sucedido? Y sin duda los responsables son aquellos que han gobernado este país durante muchísimos años, que se sabe quiénes son, y dentro de esos ha estado por supuesto Juan Manuel Santos: ministro del gobierno de Gaviria, ministro del gobierno de Pastrana, ministro del gobierno de Uribe y ahora presidente de la República. No es creíble, entonces, que el presidente Santos se nos presente como adalid de la lucha contra la corrupción, cuando sin duda ha tenido mucho que ver en hacer de Colombia una ‘cleptocracia’”. Una muestra de esa posición es que el robo que protagonizaron las EPS lo denunciaron Jorge Robledo y los sindicatos

del sector salud, pero Santos lo capitalizó para mostrar cierta efectividad en la búsqueda de transparencia, porque su intención real no es desmontar estos intermediarios que se quedan con la mayor tajada, pues sino ya hubiese liderado reformas contundentes al sistema de salud. Ahora bien, el escándalo de la Dian y el de los estudiantes que se inventan los departamentos para recibir más dinero sí los denunció el gobierno, pero cuando se dio cuenta de que fue víctima de su propio invento; en contraste, promueve contra viento y marea una polémica reforma a la educación superior que muy seguramente desbordará este tipo de casos. El senador Robledo añadió: “Es evidente que Santos se está aprovechando de una manera astuta de hechos que ya resultan ser innegables para presentarse como alguien que lucha contra la corrupción, el caso de la salud es absolutamente evidente. Cuando este mar de pus ya lo había desbordado todo, cuando se sabía que venía un duro debate en el Senado de la República, entonces, Santos a última hora aparece a decir que está también en esa batalla”.

ENCUENTRO:

DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERIODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Yesid Quiroga. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. ASISTENTE, Karen Buitrago. PRODUCTOR, Paola Mejía Mejía.. EDITOR, Juan Adrián Quintero Paz. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto E. Ballesteros Zapata.

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