Tinta Obrera 14 (Octubre 2016)

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VUELTA A CLASE; A LA OFENSIVA POR NUESTROS DERECHOS.

SEGUIR LUCHANDO PARA ASEGURAR LA VICTORIA DE DIAMELA.

Comienza un nuevo curso escolar en un contexto complicado para la educación pública. En la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, mientras con una mano negocia el pacto educativo regional que sólo aporta migajas a las necesidades de los trabajadores de la educación y los estudiantes de origen obrero, con la otra cierra grados de Formación Profesional, contribuye a desmantelar la UCM, impone directores a dedo, dificulta los procesos de matriculación, masifica aulas, reduce becas, favorece la segregación por sexos, impulsa la educación privada-concertada y fomenta la implantación de las reválidas.

Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) queremos saludar la lucha desarrollada por la Asociación de Familiares de Alumnos de la Escuela Infantil Diamela, en Coslada, sin la que la cooperativa de trabajadores que gestiona actualmente dicha escuela no habría ganado de nuevo el concurso.

En Coslada la situación no es mucho mejor. A finales del curso pasado sufrimos el cierre del IES La Cañada para los estudiantes de Coslada, derivados al IES Miguel Catalán que se ve nuevamente masificado, y el anuncio del cierre de una línea de 1º de ESO en el IES Antonio Gaudí, lo que supone el primer golpe para un futuro cierre del centro. A pesar del cierre inminente y de tenerlo todo en contra, trabajadores y estudiantes del IES La Cañada se organizaron en asambleas para luchar por su centro. A través de las herramientas que aportaron CC.OO. y el Frente de Estudiantes, levantaron una más que digna lucha con encierros, concentraciones, manifestaciones y cortes de calles que consiguió arrancar mejores traslados para las trabajadoras de limpieza y administración, así como el compromiso público del consejero de educación de la Comunidad de Madrid de reabrir el centro como sección del IES Miguel Catalán para albergar nuevos módulos de Formación Profesional.

Este nuevo curso se abre con todo un horizonte de recortes, pero también con uno de recuperación y conquista de derechos para los trabajadores de la educación y estudiantes de familias obreras. La plantilla y estudiantes del IES La Cañada han dejado definido el camino a seguir para defender una educación pública, gratuita y de calidad: el de la organización en cada centro y la lucha conjunta de toda la comunidad educativa bajo unos mismos objetivos y consignas. Levantemos un amplio frente para conquistar todo aquello que nos niegan desde los distintos gobiernos bajo las imposiciones que marca la Unión Europea. Hagamos de cada centro de estudios un fortín en defensa de la educación que queremos y necesitamos, una educación pública, 100% gratuita y alejada de intereses empresariales, de calidad, laica y científica; una educación al servicio del pueblo trabajador.

Desde que se abriera el plazo de este último concurso para la gestión de Diamela, la escuela ha estado en una constante incertidumbre al no saber quien iba a gestionar dicho servicio y cuál iba a ser su futuro. En un primer momento pareció que la adjudicación iba a ser para la empresa CLECE, propiedad del empresario Florentino Pérez, que ya gestiona con nefastos resultados varios centros similares en la Comunidad de Madrid. Finalmente será la cooperativa la que siga gestionando la escuela, con lo que el proyecto educativo continuará al menos hasta agosto de 2017 o 2021, en caso de prórroga, algo que no habría pasado sin la presión ejercida sobre el gobierno municipal del PSOE, el cual a través de medias verdades y falsas promesas ha intentado desmovilizar a la AFA en varias ocasiones.


Esto no supone un punto y final: haya prórroga o no, la adjudicación tiene fecha de finalización y volveremos a encontrarnos en la misma situación. Para asegurar la continuidad del proyecto educativo y la escuela; trabajadores, familias y el conjunto del pueblo trabajador de Coslada debemos levantar una lucha sostenida en el tiempo que tenga como objetivo la remunicipalización de la escuela, subrrogando a la totalidad de la plantilla y manteniendo el proyecto que Diamela lleva más de 30 años desarrollando. Por una Diamela pública y de calidad que asegure todos los puestos de trabajo.

PRISIÓN PARA UN POLICÍA DE COSLADA POR ABUSAR DE UNA MENOR.

reingreso, algo que debería haberse producido ya. Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) denunciamos públicamente la libertad con la que determinados funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado utilizan su posición para cometer cualquier tipo de delito y las facilidades para su reincorporación al cuerpo, algo que ya conocemos en Coslada con el caso de Ginés Jiménez, readmitido en varias ocasiones en la Policía Local a pesar de haber dirigido una trama de proxenetismo y tráfico de drogas desde su posición de comisario. Es totalmente inadmisible que mientras centenares de sindicalistas son juzgados por defender los derechos de los trabajadores, estos individuos sean protegidos y amparados por el sistema judicial y los respectivos gobiernos. Una vez más queda patente como el Estado y sus estructuras están al servicio de unos pocos y actúan en contra de los intereses de la mayoría social que representa la clase obrera y el pueblo trabajador.

Nos hacemos eco de esta terrible noticia, publicada en distintos medios durante los meses de verano: Un inspector de la Policía Nacional de Coslada es detenido e ingresa en prisión preventiva, posteriormente puesto en libertad tras depositar una fianza de 5.000 euros, acusado de abusar sexualmente de la hija de su ex pareja; la menor tenía 12 años y los abusos se extienden a lo largo de un año. El inspector, de nombre Carlos Viana, era Jefe de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional de Coslada. Ya había sido apartado en varias ocasiones del cuerpo por delitos de otro tipo (contrabando de tabaco, venta de ropa falsificada, amenazas, etc.), pero siempre de manera temporal. Fue uno de los principales dedos acusadores de toda la trama de corrupción policial conocida como “El Bloque”. Resulta incomprensible cómo, de manera sucesiva, un miembro de la Policía Nacional puede incumplir la ley y volver a ser readmitido en el cuerpo sin mayores consecuencias. Sea como fuere el inspector Viana siempre fue readmitido, incluso a pesar de ser denunciado por malos tratos hacia su ex pareja. Esto requiere de una investigación y el cese inmediato de los responsables de su

MACRO-VERTEDERO: SUS BENEFICIOS CONTRA NUESTRA SALUD. En Loeches se construirá la “procesadora de residuos”, es decir, un macro-vertedero en el Corredor del Henares. Éste concentrará toda la gestión de residuos urbanos ya que en 2018 el actual basurero de Alcalá de Henares, que da servicio hoy en día a 31 municipios de la comarca y 650.000 habitantes, estará al máximo de su capacidad. Al final, tras meses de indecisión, una veintena de Ayuntamientos del Corredor del Henares integrantes de la Mancomunidad del Este lo aprobaba con los votos en contra de San Fernando de Henares, Velilla de San Antonio, Loeches y Ambite. La decisión de ubicar una planta de residuos en Loeches fue adoptada en 2014, se aprobó el proyecto en el año de

2011 -asignado a FCC- y ha sufrido tres modificaciones obligadas con el objetivo de cumplir la normativa. Pese a las movilizaciones populares sucedidas en este tiempo, la mayoría absoluta del PP permite que se construya este “macrovertedero” sabiendo las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la problación de toda la comarca. ¿Por qué? Porque gobiernan para beneficiar al gran capital. En este tipo de vertederos se producen reacciones químicas y biológicas entre los constituyentes de la materia orgánica e inorgánica. Los productos tóxicos resultantes son arrastrados por el agua de la lluvia contaminando el suelo y las aguas subterráneas, además de emitidos a la atmósfera (en forma de gases) contaminando el aire. Ocasionan contaminación ambiental, efectos perjudiciales sobre la salud pública, degradación del medio marino e impacto paisajístico. Los gobiernos siguen apostando por estos vertederos porque benefician los intereses de los monopolios españoles (como FCC, perteneciente a las Koplowitz), a pesar de que la propia Unión Europea plantea su reducción. Una vez más se demuestra como la “cara buena” de la UE es pura fachada que se desmorona ante la necesidad de las grandes empresas de seguir aumentando sus beneficios. Esta es la lógica del sistema capitalista: buscar el máximo beneficio a cualquier precio. Es nuestra labor tomar conciencia de ello, organizarnos y luchar decididamente contra todo aquello que atente contra nuestra propia vida, siempre en la perspectiva de construir una nueva sociedad más justa donde todo se ponga al servicio de quienes conformamos la gran mayoría social: la clase obrera y el pueblo trabajador.


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