FUNDAMENTOS
En la provincia de Tucumán, como en otras regiones del país, hay un sentimiento de crisis en materia de seguridad pública. En el centro de ella los ciudadanos colocan como responsables principalmente a la policía y a los demás integrantes del sistema de justicia criminal, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario. Es cierto que determinadas condiciones sociales por fuera del control de los aparatos tradicionales de justicia como empleos ingresos educación, genero, edad, composición familiar y desigualdad influyen fuertemente sobre los niveles del delito. Pero no es menos cierto que hay otros indicadores que están señalando el creciente escepticismo de la sociedad acerca de la eficacia policial y gubernamental en la reducción del delito. Esto ha traído como consecuencia un incremento llamativo en la recurrencia a agencias privadas de vigilancia u obtener acceso al uso de tecnologías particulares de protección por fuera del sistema público de seguridad. Más aún, bajo diversas formas, la propia policía se ha sumado a este sistema de seguridad arancelado,
brindando
servicios de vigilancia a particulares o empresas, e incluso ramas del propio Estado, en base a regulaciones elásticas en la materia que permiten a policías beneficiarse con este tipo de contrataciones. Todo esto ha provocado una erosión en el monopolio gubernamental de la seguridad pública, agravando además las desigualdades en la sociedad porque ha orientado los servicios de protección hacia aquellos que pueden pagarlo. Otro signo que expresa también el descenso de la confidencia pública en la
policía es la aparición y fortalecimiento de grupos
ciudadanos que abordan cuestiones de seguridad y que han apelado a propios métodos de autoprotección, que activamente evalúan y ejercen una mirada crítica sobre la calidad de los servicios policiales, canalizando sus propias demandas colectivas frente al Estado. Las tendencias recientes de municipalización de la seguridad a través de diversos formatos, es una variable más de este movimiento guiado
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por la desconfianza y escepticismo frente a las capacidades y acciones de los actores tradicionales en el campo de la seguridad pública. Desde años atrás las respuestas gubernamentales a este estado de situación, se caracterizaron por agregar invariablemente más recursos al sistema. En forma más o menos automática e incesante, esto se tradujo en incremento de efectivos, compras de automotores, de armas y de otros accesorios, en particular la incorporación de tecnologías novedosas y aparentemente promisorias. Al presente, ninguna de estas innovaciones parecen haber tenido efecto notable, si es que hubo alguno. La incorporación de todos estos recursos sin embargo, no ha venido acompañado de mayores innovaciones dentro de un modelo policial
tradicional, que se sostiene en su bagaje histórico de
conocimientos, organización, reglamentos, prácticas y tradiciones anclados en el pasado. Como en muchas otras áreas del Estado, y escudado en una subcultura que facilita el aislamiento, hay un escaso conocimiento público del impacto de sus acciones en el cumplimiento de sus objetivos legalmente definidos. Frente a este panorama, cada vez más crítico a medida que pasan los años, se hace preciso un abordaje meditado, prudente y abarcador dirigido a evaluar la eficacia de los métodos tradicionales de policía y del
conjunto del sistema de justicia penal en la
prevención y control del delito. Para la realización de estos objetivos, va a ser necesario esfuerzos innovadores que vayan más allá de las recetas que tradicionalmente se han adoptado sin mostrar demasiados frutos. No debería persistirse en el mismo camino. Es necesario para ello establecer una política pública en materia de seguridad entendiendo dicha herramienta como “…una decisión permanente caracterizada por una acción consistente y la repetitividad tanto por parte de aquellos que la elaboran como de aquellos que se atienen a ella” (Ruiz Sanchez, Carlos. UNAM) La Seguridad Ciudadana como política de estado en Tucumán. Debe estar fuera de la competencia electoral y partidaria. Lejos de
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nuestra cultura política tradicional que nos lleva al enfrentamiento constante, en esta materia es imprescindible innovar, seriamos de ese modo pioneros los tucumanos en la convocatoria a todos los sectores sociales a estudiar y definir primero, y luego ejecutar políticas púbicas en seguridad ciudadana que se mantengan en el tiempo y con un alto grado de capacitación de los agentes del estado involucrado en ellas. “Las experiencias que han demostrado tener mejores condiciones para el éxito incluyeron respaldo político sostenido en el tiempo y abordaje integral en su diagnóstico, diseño e implementación. Si bien lo coyuntural a menudo dispara procesos de cambio y genera puntos de inflexión, no responder a enfoques meramente transitorios aparece como un requisito esencial en toda política de seguridad ciudadana. Una estrategia de sostenibilidad también significa generar condiciones de apropiación de los actores locales, clara autoridad, no importar indiscriminadamente modelos externos sin la debida implantación y adaptación, y generar condiciones políticas que otorguen tiempo a la maduración de las reformas, mediante una hoja de ruta que planifique escalas, etapas y alertas amarillas a transitar en las diferentes instancias del cambio y que sea selectiva y precisa en las intervenciones. Supone, por ejemplo, pensar en medidas de rápido impacto, alta visibilidad y corto proceso de ejecución, capaces de apuntalar aquellas otras de mediano y largo plazo, asociadas más íntimamente a políticas de desarrollo humano amplio (como lo educativo y la salud, por ejemplo) (Buvinic´ et al., 2005).” (Erika Alda y Gustavo Beliz. 2007. BID) 1 Es importante señalar también que determinadas políticas públicas, en virtud de su jerarquía y ámbito de aplicación, requieren ser jurídicamente formalizadas, esto es, sancionadas por el Poder Legislativo, a los fines de asegurar su posibilidad. Solo así, con la apoyatura teórica transformada en ley, puede garantizarse los recursos físicos y financieros necesarios y el apoyo de la autoridad pública entre otros instrumentos necesarios. Sin duda alguna, el 1 Cual es la Salida? La agenda inconclusa de la Seguridad Ciudadana. Erika Alda y
Gustavo Beliz. Editores. Banco Interamericano de Desarrollo, 2007.BID
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diseño de una política que aborde la problemática vinculada a la seguridad ciudadana, por su urgencia e importancia, se encuentra dentro de los parámetros anteriormente citados. Es por esto que la Legislatura de esta Provincia, como espacio plural de representación ciudadana, es el ámbito natural por lo pertinente para asumir la iniciativa en este proceso, en procura de preservar los bienes y la vida de los ciudadanos, amenazados desde hace tiempo por un incremento incesante del delito y la violencia, asuntos que figuran invariablemente y desde hace muchos años como preocupación principal de la comunidad. La violencia significa una amenaza para la gobernabilidad por cuanto pone en cuestión la propia esencia del contrato democrático. El Estado democrático pierde el monopolio del empleo de la fuerza pública bajo ciertas condiciones y límites impuestos por el Estado de derecho, y se instala en las sociedades una lógica de ley de la selva. Es el fracaso de la comunidad y la pérdida de sentido del espacio social. La violencia surge así como un fenómeno multifacético, complejo, heterogéneo, extendido y epidémico, que exige un enfoque epidemiológico y un marco conceptual integral de actuación. Esto revela la crisis de un modelo de Estado concebido para épocas pretéritas y que hoy se encuentra seriamente limitado para ofrecer las respuestas necesarias a este fenómeno. Por ello esta iniciativa que apunta fundamentalmente a la construcción de una estrategia provincial contra el delito y la violencia, no debe excluir en su proceso de formulación a ningún sector; comenzando por la propia institución policial, debiendo convocarse a participar en este proceso a múltiples áreas dentro del Estado como los ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad, de Salud, de Desarrollo Social, Salud, los ámbitos de Deporte, Cultura, el Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Fiscalías y Juzgados Penales, Defensoría del Pueblo, Municipios y Comunas, participantes de la propia sociedad civil como ser organizaciones no gubernamentales interesadas en la materia y otras
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organizaciones comunitarias, vecinos auto-convocados entre otros. Deben ser integradas también las organizaciones religiosas, empresarias y sindicales, colegios profesionales, medios de comunicación, etc. En igual sentido convocar a expertos locales, nacionales e internacionales que aporten sus saberes y experiencia en la materia. Invitar también a los organismos nacionales de Seguridad, Ministerio y Secretarias, Jueces Federales con jurisdicción en nuestro territorio, como así también fuerzas nacionales de seguridad con asiento en la provincia, por ejemplo
la reciente creada agencia federal.
Únicamente en el marco de un trabajo articulado, representativo e interdisciplinario pueden atenderse los problemas que motivan la adopción y creación de esta Mesa de Concertación para la Elaboración, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana. Los ejes principales de la convocatoria deberán contemplar los siguientes puntos: a) Diagnosticar el estado actual de situación en cuánto a delito, violencia y otras acciones que, en conjunto,
producen reiteradas
víctimas y deterioran el ejercicio y disfrute de derechos ciudadanos. Para ello debe obtenerse y procesarse información sólida y confiable que muestre de forma verificable la magnitud cuantitativa y cualitativa del problema. b) Evaluar la actuación del Estado frente a estas amenazas. Cuáles son las iniciativas y programas desarrollados y resultados obtenidos y la contribución real de la policía en el control y prevención del delito. c) Elaborar, debatir y sancionar una estrategia gubernamental de seguridad pública que establezca objetivos y líneas de acción que guíen el esfuerzo provincial en la materia durante los próximos años. Específicamente establecer una línea de acción policial para aumentar la efectividad en la disuasión y control de la criminalidad.
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d) Delinear las modificaciones recomendables a introducir en las instituciones responsables, en sus normativas y en sus prรกcticas, en particular aquellas que contribuyan a consolidar la estrategia provincial de seguridad ciudadana. Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito a mis pares sancionen con fuerza de Ley, el siguiente texto.
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