FUNDAMENTOS
La Provincia de Tucumán se encuentra en un estado de “catástrofe” en materia de seguridad y violencia. A nivel nacional, según la última Encuesta de Victimización realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto al INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina), nuestra provincia es la jurisdicción más insegura y violenta del país, con datos alarmantes que nos confirman contundentemente la situación de emergencia en la que nos encontramos y frente a la cual no se visibilizan al corto ni mediano plazo soluciones o respuestas efectivas para afrontarla. Contamos con las más altas tasas de delitos contra la propiedad, materializadas en robos y “escruches” a viviendas, y también en lo que respecta a delitos contra las personas. Paralelamente a esto, somos la provincia con mayor prevalencia en empleo de armas de fuego y con más delitos violentos, superando incluso a jurisdicciones tradicionalmente con cifras elevadas en este aspecto como Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El trágico cuadro de situación continúa con 40 homicidios registrados por medios de comunicación al día de la fecha, siendo esta la fuente de información mas fiable ante la carencia de estadísticas oficiales actualizadas e integrales. Frente a esto la provincia no esta pudiendo dar suficientes respuestas, agravándose exponencialmente esta situación. Lo cual ha llevado a casos extremos como lo son el asesinato de tres miembros de la Policía de la Provincia, el caso del homicidio del taxista Víctor Hugo Graneros, o la muerte de un joven de 12 años durante una persecución policial de efectivos del 911. Paralelamente, debemos tener en cuenta el contexto de narcocriminalidad en el cual todo esto se desarrolla y que si bien presenta problemas que podrían considerarse embrionarios cuando al fenómeno de las drogas nos referimos, de no abordarlos generarán al corto plazo, de hecho ya lo están haciendo, situaciones de extrema violencia entre diferentes bandas que se dedican al narcomenudeo, ocasionando aún más delitos, violencia, crímenes y homicidios. La gran mayoría de estas, se encuentran instaladas en distintos sectores del Gran San Miguel de Tucumán, y de allí extienden su influencia hacia el interior del territorio provincial.
En diferentes informes que maneja la Justicia Federal, elaborados por las distintas fuerzas que combaten el narcotráfico, existen numerosos grupos que están acusados de comercialización de drogas, y son precisamente en estos territorios donde desarrollan sus actividades, los que concentran las más altas tasas de homicidios y delitos violentos. La mayoría de estos grupos, a lo largo de los últimos años, han perfeccionado un sistema de tráfico de pasta base, “paco”, cocaína y “alita de mosca”, fundamentalmente, aunque también, en menor escala, comercializan marihuana, según informes reservados, haciendo estragos entre los jóvenes de los barrios de la periferia. En la provincia a su vez, hay grupos que traen la droga de afuera y la comercializan al mayor o la trasladan a otras tierras. El nivel de organización de estas bandas podría ser catalogada como: semiorganizado, diferente aún a las que operan actualmente en provincias como Santa Fe o Buenos Aires, pero todo indicaría que si no actuamos al respecto, podríamos generarles un potencial de crecimiento, sofisticación y organización mucho mayor. Todo esto no es casual. En un marco regional, Tucumán se encuentra estratégicamente localizada en la ruta de la droga proveniente del norte. Las vías de abastecimiento descienden fundamentalmente de Bolivia, tomando rutas clave como son la 9 y la 34 que atraviesan nuestra provincia, donde más allá de abastecer el mercado local, se suele acopiar la droga y desde aquí se establece el transporte a grande urbes (Córdoba, Rosario, Buenos Aires) o al exterior por vía aérea. Es por este almacenamiento local, la exitencia de gran cantidad de “cocinas” en los barrios marginales del Gran San Miguel de Tucumán. Por lo expresado anteriormente, es que solicito en el marco de la “Emergencia en Seguridad Pública, en política carcelaria y en materia de tratamiento y recuperación de adictos” en la cual se encuentra la provincial, que el Poder Ejecutivo arbitre todos los medios ante el Gobierno Nacional para el envío de Fuerzas Federales. Ello con el objeto de detener la escalada de delitos y violencia, que atravesamos y padecemos los tucumanos, en un contexto de narcocriminalidad creciente, tal como lo hizo en otras jurisdicciones del país con problemáticas similares. En este sentido, Tucumán ya cuenta en su territorio con unidades como la Agencia Regional Federal, personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria de la Unidad Regional III Norte, Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional, como también el recientemente inaugurado Destacamento de esta fuerza en la localidad de Capitán Cáceres. A la vista de la dramática situación que atravesamos todos los tucumanos y la dificultad de las fuerzas provinciales en dar respuesta a la inseguridad que día a día se cobra la vida de conciudadanos, pedimos a los legisladores que acompañen este proyecto de resolución, remarcando la urgencia del pedido.