Edición #248 – Diciembre 2019 by El Mundo del Abogado

Una revista actual ZULEMA MOSRI GUTIÉRREZ: CÓMO REMEDIAR LA ACTIVIDAD IRREGULAR DEL ESTADO EDITORIAL

ISSN 2007-3550

VIENTOS ADVERSOS PARA LÓPEZ OBRADOR LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS CELEBRA SU 63° CONGRESO EN LUXEMBURGO DEBATE

DERECHO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERDADES Y MENTIRAS DEL ASILO A EVO MORALES Víctor Emilio Corzo

LITIGIOS, ¿PARA QUÉ? José Ramón Cossío Díaz CINE

NO CONOCES A JACK

GUSTAVO DE HOYOS LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS MEXICANO LOS CAMINOS DE LA JUSTICIA PENAL. María Novoa y Carlos de la Rosa

$40.00

Año 21, Diciembre 2019, Núm. 248

VIENTOS ADVERSOS PARA LÓPEZ OBRADOR

o hay que seguir a ninguna empresa encuestadora para advertir que, en el último mes, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador quedó mermada. Nada que deba preocupar al político tabasqueño, desde luego —rebasa el 55 por ciento de popularidad—, pero sí debe alertarlo acerca de lo que el “pueblo” aprueba y lo que desaprueba. Y si no el “pueblo”, sí sus bases electorales. Para empezar, la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California por cinco años, cuando sólo había sido elegido para dos. Algunos analistas lo vieron como un laboratorio de lo que pudiera avecinarse al final de sexenio: “Si ya se eligió al presidente de la República para seis años, que se quede 12 de una vez”. Afortunadamente, a impulso del ministro Fernando Franco, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral se puso las pilas y remedió la pifia. Otro suceso que ensució la imagen del titular del Ejecutivo federal fue la escalofriante ejecución de la familia LeBaron, en Sonora, donde se acribilló por igual a mujeres y a niños de la comunidad mormona de México. La lentísima reacción de los gobiernos, local y federal, el absurdo intento de este

último al asegurar que se había tratado de una confusión, la declaración de que más de 200 mormones volverán a Estados Unidos porque nuestro país no se hace responsable de nada y la presencia del FBI en México, enviaron un mensaje desolador: nos aproximamos a un Estado fallido, donde la autoridad no sirve para nada. Si a esto agregamos la balandronada de Donald Trump de que declararía “terroristas” a los cárteles, el coctel está servido. El tercer acontecimiento que influyó en la percepción ciudadana sobre el presidente de la República fue el asilo que le brindó a Evo Morales. Ni el asilo ni las declaraciones de Morales han sido contrarias a Derecho, pero la costumbre internacional haría esperar que un asilado no convierta en plataforma política la tierra que le cobijó. La posición de López Obrador había sido no intervenir en política exterior. Con sus luces y sombras, el boliviano lenguaraz acabará por refugiarse en Cuba o Venezuela —sus destinos naturales— y, desde ahí, hacer todo el activismo que quiera. México no es propicio para que se le convierta en plataforma ideológica de la izquierda latinoamericana. Finalmente, la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos (CNDH), cuando ya el PAN había accedido a dar sus votos a otro candidato para sacarlo con las dos terceras partes, como exige la ley, se vio como una imposición presidencial. Ricardo Monreal, que aspira a ser el Manlio Fabio Beltrones de los próximos sexenios, no vaciló en pisotear la ley para cumplir con su encomienda. Esto no sólo dañó a Rosario Piedra Ibarra sino que, prácticamente, aniquiló a la CNDH y, de paso, raspó la imagen del Senado, del titular del Ejecutivo... y de México. De acuerdo con algunos observadores, nuestro actual Senado es escandalosamente vertical: “idéntico al de Díaz Ordaz”. La popularidad de López Obrador, repito, sigue siendo muy alta. Pero nada es para siempre. Mientras Carlos Slim lo invita a dar señales de confianza a la iniciativa privada y éste dice que lo hará, pero no dice cuándo, México comienza a rezagarse. Otorgar tanto dinero a ninis y a personas de la tercera edad, a costa de programas sociales más eficaces, le brindará una formidable base electoral para 2021 pero, si los vientos arrecian en la economía internacional, de poco le servirá a su partido haber dejado un México frágil, así arrase en 2024. Ángel M. Junquera Sepúlveda Director

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Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector 00827-RHY, emitido por Romay Hermida y Cía., y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB. El Mundo del Abogado, una revista actual, año 21, núm. 248, diciembre de 2019, es una publicación mensual editada por Revista El Abogado, S.A. de C.V., Santa Catalina 416, Col. Insurgentes San Borja, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100, Tel. (55) 5559-2250, www.elmundodelabogado.com, info@elmundodelabogado.com. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2004-092013405300-102. ISSN núm. 2007-3550. Licitud de Título núm. 10899, Licitud de Contenido núm. 7548, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX núm. PP090601. Impresa por Grupo Infagon, Alcaicería 8, Col. Zona Norte Central de Abastos, México, D.F., C.P. 09040. Tel. 5640-9265. Este número se terminó de imprimir el 30 de noviembre de 2019 con un tiraje de 13,900 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.

MÁS DE 20 AÑOS DE SER LÍDERES EN LA OPINIÓN JURÍDICA EN MÉXICO

ÍNDICE DICIEMBRE 2019 DEBATE 10 Derecho e inteligencia artificial Ricardo Becerra, Adriana Campuzano, Erick Clavel, Omar Guerrero y Manuel Pliego

56 Zulema Mosri Cómo remediar la actividad irregular del Estado

64 Celebran el XVII Congreso Nacional de Abogados

REPORTAJES 20 Inteligencia artificial: herramienta para una justicia accesible y expedita María Magdalena Gutiérrez

32 La Unión Internacional de Abogados celebra su Sexagésimo Tercer Congreso 62 La nueva cara de la defensoría pública en Michoacán

ENTREVISTAS 22 Gustavo de Hoyos Walther Los cuatro jinetes del apocalipsis mexicano 42 Soraya Sáenz de Santamaría Demos certidumbre a las empresas

DOCUMENTOS 52 El INACIPE distingue a Jesús Zamora Pierce Alberto Nava Garcés

CINE 68 No conoces a Jack Gerardo Laveaga

OPINIÓN 30 Litigios, ¿para qué? José Ramón Cossío Díaz

70 LIBROS

DERECHO EN EL MUNDO 48 Verdades y mentiras del asilo a Evo Morales Víctor Emilio Corzo

ESTILO 78 El estudio morfológico del cuerpo humano como fundamento de la asesoría de imagen Justo Grau

36 POSICIONES

Los caminos de la justicia penal María Novoa y Carlos de la Rosa Xochitiotzi

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Qué hacer para combatir la delincuencia organizada

erca de 40 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG’s), el mundo académico y el sector privado de 18 países, se reunieron el pasado mes de octubre en Viena en un taller de dos días de evaluación de necesidades sobre la participación de las partes interesadas en el proceso de revisión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). El taller, organizado por el Equipo de la Sociedad Civil de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), junto con la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, analizó los

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roles y los desafíos actuales de los actores no estatales para abordar los problemas del crimen organizado en relación con la Convención. También discutió formas de involucrarlos aún más en el proceso de revisión de la UNTOC en línea con la Resolución 9/1 de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención. La agenda incluyó presentaciones temáticas sobre la UNTOC y sus protocolos en las secciones aparentes (Apoyo a la Implementación, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Educación para la Justicia) y presentó debates interactivos y ejercicios grupales. En sus comentarios de apertura, John Brandolino, director de la División de Asuntos de Tra-

tados, recordó a los participantes que la fase preparatoria del proceso de revisión de la UNTOC es “un momento crucial para que ustedes, los miembros de la sociedad civil, la academia y el sector privado se comprometan más con el proceso de revisión de la UNTOC y busquen formas de colaboración con sus respectivos gobiernos para promover iniciativas contra el crimen organizado”. Mark Shaw, director de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, dio la bienvenida a este proyecto de colaboración y explicó por qué llevar las voces de base a los foros intergubernamentales, como el proceso del Mecanismo de Revisión de la UNTOC, ayuda-

rá a mejorar la respuesta internacional.. Al mismo tiempo, la UNODC realizó una sesión informativa para los representantes de los Estados miembros sobre los esfuerzos que se están realizando con el objetivo de preparar a las partes interesadas relevantes para su participación en el proceso de revisión de la UNTOC. Los Estados miembros destacaron la importancia de trabajar estrechamente con la sociedad civil en general. En la sesión informativa, Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, embajadora de México en Viena, afirmó que “las ONG’s juegan un papel importante en proporcionar soluciones de primera mano al crimen organizado a nivel de base, aunque los académicos tienen un papel que desempeñar en la educación de la sociedad, capacitándola para enfrentarse al crimen organizado”. En el grupo invitado estuvo también María de la Luz Lima, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias

Penales (INACIPE), quien expuso buenas prácticas en el tema de migración y sociedad civil. Jean-Luc Lemahieu, director de la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la UNODC presentó el nuevo proyecto de la UNODC: “Desarrollar la capacidad de las ONG’s, el mundo académico y el sector privado para participar en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC)” y destacó el importante papel de los actores no gubernamentales que apoyan a los Estados miembros en el proceso de revisión de la UNTOC. El objetivo principal del proyecto es permitir que la UNODC prepare a las ONG’s, el sector privado y la academia, para apoyar a los Estados miembros en un implementación exitosa de la UNTOC y para facilitar su participación amplia e inclusiva en el proceso de revisión. Como resultado del taller se hicieron varias recomendacio-

nes para el camino a seguir, que incluyen: • El establecimiento de un grupo de puntos focales en torno de temas de todas las regiones. • La identificación de alianzas no gubernamentales y la creación de un centro de conocimiento para el intercambio de experiencias. • La creación de capacitaciones a medida y específicas de contexto para el desarrollo de capacidades para los actores no gubernamentales, así como la aplicación de la ley en la UNTOC. Las recomendaciones informarán acerca del diseño de un conjunto de herramientas de capacitación que se utilizará en talleres que tendrán lugar a partir de 2020, así como del desarrollo de una guía de la sociedad civil sobre la UNTOC. El taller fue posible gracias al apoyo financiero de Estados Unidos, Noruega y Suecia. Fuente: www.unodc.org. Reseña traducida por María de la Luz Lima, investigadora del INACIPE.

Dos nuevas integrantes del Consejo Editorial de Damos la bienvenida a dos nuevas integrantes de nuestro Consejo Editorial:

María Audry Luer

Loretta Ortiz Ahlf

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Crean el Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho

l pasado 19 de noviembre se realizó, en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, la toma de protesta de la mesa directiva del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho (CINED), asociación civil que agrupa a las sociedades de alumnos de Derecho de las principales universidades públicas y privadas de México, fundada por los presidentes de las sociedades de esta carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la

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Universidad Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad La Salle. En el presídium del acto participaron los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y Damián Zepeda Vidales, así como el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Ángel Junquera. En su intervención, el coordinador general del CINED, Mauricio Junquera Fernández, señaló que el objetivo de esta asociación civil es trabajar en beneficio de sus compañeros, desarrollando iniciativas para mejorar las condiciones académicas, sociales y

laborales de los estudiantes de la carrera de Derecho y, en general, de la juventud mexicana, desde una perspectiva apartidista y ciudadana. Asimismo, extendió una invitación a sumarse al proyecto a las diferentes universidades interesadas en aprovechar esta herramienta para generar un impacto positivo en la sociedad mexicana, y concluyó exhortando a los presentes a abrir sus puertas a los jóvenes, recordando que en su momento también ellos fueron estudiantes. Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera celebró la iniciativa y el interés de la juventud por fortalecer el Estado de Derecho

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Miguel Ángel Mancera Espinosa

que —dijo— no sólo beneficia a la juventud sino a todo el país. Resaltó que el Senado requiere la participación de los jóvenes y que éstos se involucren con la práctica parlamentaria, y mencionó algunas iniciativas que el Senado ha implementado para fomentar la participación de los jóvenes en el tema. En su mensaje, el senador Damián Zepeda destacó la importancia de la carrera de Derecho como elemento fundamental para la cohesión de la vida social. Asimismo, dijo que en el complicado momento que vive el país en materia económica, de seguridad y de democracia, la solución a los grandes problemas de México pasa en gran medida por el Derecho y por la implementación correcta de la ley, que dé certeza jurídica. Asimismo, confió en que este ejercicio universitario promueva un debate de fondo con los órganos del gobierno para encontrar solución a los grandes problemas del país. Finalmente, exhortó a los jóvenes a tener una visión de

largo plazo para lograr los cambios que el país necesita, a tener perseverancia para alcanzar sus ideales y a mostrar carácter para defenderlos. Por último, Ángel Junquera destacó la importancia de que el Senado, como casa legislativa de México que representa a los estados de la Federación, haya acogido este evento, y reconoció a la juventud no como el futuro de México sino como su motor que, en la convulsión que vive el país por su cambio de estructuras, debe convertirse en un referente para toda la sociedad. “México tiene una joya en su juventud, no sólo a nivel nacional sino mundial. Los jóvenes siempre han sido motor de cambio y hoy forjan el espacio donde crear y compartir propuestas que mejoren lo que los adultos hemos construido”, afirmó. El acto concluyó con la toma de protesta de la mesa directiva del CINED, a cargo de Adrián Ojeda, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados.

Damián Zepeda Vidales

Mauricio Junquera Fernández

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Raúl Arroyo ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua

l 21 de noviembre pasado, en el marco de los 150 años de la creación del estado de Hidalgo y de los 144 de la Academia Mexicana de la Lengua, el abogado Raúl Arroyo leyó su discurso de ingreso como académico correspondiente en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. La apertura de la sesión solemne, que se desarrolló en el Teatro Bartolomé de Medina, estuvo a cargo de Gonzalo Celorio, director y miembro de número de esa academia, quien destacó la trayectoria intelectual y literaria de Arroyo y recordó que es el tercer hidalguense en ingresar a esta acade-

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Raúl Arroyo, Gonzalo Celorio y Fernando Serrano

mia después de Alfonso Cravioto y Miguel Ángel Granados Chapa. Asimismo, entregó la venera y el diploma correspondientes. Durante su discurso, Raúl Arroyo, quien también es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y actualmente funge como procurador general de justicia de Hidalgo, subrayó la importancia de usar un lenguaje claro en el actuar de los abogados y en las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia. “Tenemos la oportunidad de crear un lenguaje que trascien-

da a un plano superior. Construyamos desde el Derecho un lenguaje que no discrimine, que sirva para un mejor entendimiento de la humanidad”, afirmó en su discurso, al tiempo que destacó que el uso del lenguaje jurídico ya no es acorde con el ritmo acelerado de una sociedad que obvia las palabras o, cuando menos, prefiere y utiliza mensajes breves y entendibles para comunicarse. “En ese contexto aparece la abogacía, actuante en todos los espacios de esa comunidad que desprecia reglas, demanda otros formatos y establece tendencias en breve

tiempo, una abogacía que no siempre comparte ese cambio y muestra resistencia a sustituir las vetustas fórmulas del lenguaje profesional.” Como parte del protocolo, Arroyo recibió la bienvenida por parte de Fernando Serrano Migallón, académico de número y censor estatutario de la Academia Mexicana de la Lengua, quien dio respuesta al discurso y a las ideas aportadas por el nuevo académico correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en Pachuca. “El día de hoy ingresa como académico correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en Hidalgo, Raúl Arroyo. Es la primera vez que la academia sesiona en Pachuca. El motivo lo amerita pues se trata del ingreso de un hidalguense más, que hace compañía a otros ilustres paisanos que han formado parte de esta casa”, afirmó. Su candidatura fue propuesta por los académicos Jaime Labastida, Julieta Fierro y Diego Valadés, y con su ingreso la institución suma a un jurista interesado y estudioso profesional de la dimensión lingüística de las leyes.

DEBATE

Derecho e inteligencia artif i cial Ya existen softwares que resuelven miles de controversias judiciales por medio de algoritmos, sin la intervención de seres humanos. Ya se han desarrollado contratos inteligentes, cadenas de bloques, servicios de “justicia predictiva” y otras herramientas que los abogados comienzan a aprender y a utilizar. En este escenario, destacados especialistas en la materia reflexionan sobre los retos que el desarrollo de la inteligencia artificial plantea a la profesión jurídica.

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al margen Omar Guerrero: Con la aparición de nuevas tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial los abogados nos tenemos que adaptar y reinventar. ¿Cómo perciben el futuro de la abogacía ante esta realidad? Adriana Campuzano: Para el sistema de impartición de justicia es un fenómeno que ha ido penetrando poco a poco. La mayor parte de los operadores judiciales no tienen ningún acercamiento con el tema. Sin embargo, en otras partes del mundo hay experiencias con buenos resultados que demuestran que las tecnologías pueden auxiliar en las labores de impartición y procuración de justicia, específicamente de prevención de conductas ilícitas. Guerrero: ¿El Poder Judicial Federal ha acogido la automatización? Campuzano: En México no se habla del tema; entonces, hay pocas experiencias. La automatización apenas ha llegado a la gestión de expedientes con los sistemas de juicio en línea, a nivel federal y local, así como con algunos sistemas en el país que han usado algoritmos para la clasificación y la organización de información. Guerrero: La videoconferencia es una de las herramientas, junto con otras mucho más avanzadas, que pueden auxiliar a los juzgadores. Parece que los temas de inteligencia artificial no están tan cercanos como en otros países. ¿Qué opina al respecto?

Campuzano: Así es. Mientras en otros países ya se piensa en hologramas o métodos de reconocimiento facial para diligencias judiciales, en México no tenemos un reconocimiento facial sofisticado para diligencias judiciales. Carecemos de sistemas inteligentes para el desahogo de pruebas y análisis de evidencias. Incluso, ya se han elaborado perfiles de jueces y tribunales para anticipar la forma en que están resolviendo. Pero en México avanzamos con lentitud. Bajo principios éticos, como la Carta Ética Europea sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en los Sistemas Judiciales, que habla de la intervención humana en estos sistemas, la inteligencia artificial puede traer grandes beneficios para el sistema de impartición de justicia mexicano. Manuel Pliego: La inteligencia artificial o IA es parte de un conjunto de nuevas tecnologías, dentro de las cuales los programas de cómputo pueden percibir o llegar a tener una comprensión similar a la que tienen los seres humanos, pero que pueden llegar a conclusiones de manera exponencial, al procesar mayor cantidad de información más rápidamente que nuestras mentes. Utilizando los datos, la IA llega a conclusiones más robustas y de manera contundente, generando certidumbre en dichas conclusiones. Estamos presenciando una verdadera revolución en la que, con la ayuda de la tecnología, los seres humanos tenemos acceso a conclusiones a las que antes no

Si bien no tuvieron éxito cuando intentaron ser ministras de la Suprema Corte, Loretta Ortiz y Verónica de Gyves fueron designadas consejeras de la Judicatura por un periodo de cinco años. Más allá de las simpatías políticas de estas dos abogadas, tanto la académica como la jueza prometen aportar aire fresco a un órgano tan anquilosado como este organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados del país. La pregunta que se hacen muchos abogados es si una intelectual tan creativa y tan inquieta como Loretta Ortiz va a aguantar mucho tiempo los asfixiantes ritmos de la burocracia judicial. Lo mismo se dice de Bernardo Bátiz que, finalmente, encontró su lugar. En noviembre, el INAI celebró su Decimosexta Semana Nacional de la Transparencia. En la inauguración, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, aludió a la reivindicación histórica de la rendición de cuentas que trajo consigo la “4T”, pues el nuevo gobierno, dijo, no se conformará “con una visión burocrática ni publirrelacionista de la transparencia”. Presumió “el innovador portal” Nómina Transparente (nadie le dijo que esta información se publica en internet desde 2007) y destacó que la Cuarta Transformación avanzará hacia un modelo de transparencia “democrático-expansivo”. ¿Incluirán al órgano constitucional autónomo especializado en la materia? Nadie lo sabe. El comisionado presidente del INAI prefirió no averiguarlo y retomó el discurso de la “honrosa medianía” de Benito Juárez. En lugar de hablar de los retos de la transparencia, prefirió destacar la austeridad con la que se organizó el evento. Las especulaciones sobre los dizque anarquistas que, de cuando en cuando, aparecen para hacer destrozos en la UNAM están a la orden del día. Puesto que son grupos bien adiestrados —“comandos”, señaló la propia UNAM—, no es creíble que sean espontáneos que quieren denunciar el mal gobierno. A todo el mundo le queda claro que son grupos de choque entrenados y enviados por alguien. La pregunta es: ¿por quién? ¿Por el gobierno federal que quiere recordar a la Universidad que no debe creerse muy a pecho lo de la autonomía? ¿Por algún partido político o facción deseosa de obtener tajada a través de algún nombramiento o de alguna prerrogativa al margen de la ley? Cualquier hipótesis es bienvenida.

DEBATE teníamos, al menos no con esta velocidad. Esto, sin duda, también aplica en el campo del Derecho. Por ejemplo, la IA permite ayudar a resolver problemas legales. Innegablemente, ya tiene un impacto real y, a futuro, ese desarrollo se irá haciendo cada vez más impresionante. Otra de las áreas en las que está teniendo un gran impacto es la industria de seguros, y está ayudándonos a combatir el cambio climático y es clave en el campo de la salud. Guerrero: Y aquí el componente ético al que aludía Adriana Campuzano será fundamental...

Omar Guerrero es socio de la firma Hogan Lovells, especialista en litigio, arbitraje y Derecho de la competencia económica.

Pliego: Por supuesto. La IA es una herramienta; por lo tanto, su utilización puede darse con fines benéficos o utilizarse de manera indebida. En la medida en la que tengamos principios claros y se vayan desarrollando bajo un eje en el que la persona sea el centro y el objetivo de la IA y, en general, de cualquier tecnología, vamos

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a tener un futuro prometedor. En este punto los abogados tenemos una gran responsabilidad. La regulación se debe generar bajo una óptica de ética. Hay que regular la IA para asegurar su uso con fines benéficos y persiguiendo el bien común. No hablo de sobrerregular, lo cual evitaría la innovación. Erick Clavel: Será una revolución muy profunda en tres aspectos: 1) práctica, 2) evaluación del sistema jurídico y 3) educación. La práctica es el presente, es el punto central para detectar los aspectos ciegos del pasado y descubrir las oportunidades hacia el futuro. Actualmente, la IA concentra y analiza los datos, proporciona un resultado, y el factor humano decide. Respecto de la evaluación del sistema jurídico, México es un país que requiere desesperadamente acceso a la justicia. Si generamos un modelo de IA que auxilie a los sistemas de impartición de justicia, vamos a hacer que la justicia sea más accesible para más personas. En la educación, los programas de IA y las nuevas tecnologías ayudarán a los alumnos y a los maestros, pero a la vez presentarán un reto en la forma en que aprendemos y enseñamos. Esto es verdad para la educación en general, pero quiero hacer gran énfasis en la carrera de Derecho, la cual está rezagada en métodos y contenidos. Los maestros y los alumnos deben buscar nuevas formas de enseñar y aprender a través de la tecnología. Pero el contenido también debe cambiar

en la medida en que se crean nuevas industrias y sectores gracias a la tecnología. Guerrero: Usted es profesor. ¿Habla de este tema con sus alumnos? ¿Enseña estos nuevos temas a sus alumnos? Clavel: Sí, lo hago en las materias que imparto y aun cuando los contenidos originales pudieran estar limitados. Trato de ofrecerles un valor agregado, relacionando la educación jurídica con estas herramientas. Estoy convencido de que la inteligencia artificial va a generar una profunda revolución en México. Somos un país fértil para este tipo de programas. Uber, Rappi y Amazon, por mencionar grandes empresas de tecnología, invierten en México porque tienen un marco regulatorio flexible que permite probar esas nuevas tecnologías. Cuando funcionan, se expanden a toda América Latina.

Erick Clavel es asociado en la firma Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C., especialista en litigio, arbitraje y Derecho de la competencia económica.

al margen Guerrero: ¿Será factible tener en un futuro juzgadores que sean básicamente softwares, productos de inteligencia artificial, precisamente apoyando los métodos de solución de disputas en línea (online dispute resolution)? Manuel Pliego: En el Poder Judicial existe la enorme necesidad de dar pasos hacia la digitalización. Es preciso que gobiernos, empresas y sociedad civil apoyemos al Poder Judicial para que se digitalice y esté a la altura de las nuevas circunstancias. Si el Poder Judicial no evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías, habrá una gran disparidad con la tecnología a la que puedan tener acceso las empresas y los despachos de abogados. Además, también hay que trabajar de cerca con los poderes locales para que puedan desarrollarse en este sentido, porque tienen una carga muy importante de asuntos y un gran rezago. Otra manera de apoyar al Poder Judicial puede ser a través de los online dispute resolution, los cuales son mecanismos de solución de controversias en línea que ya están previstos en muchas compañías a nivel mundial. México se ha abierto a la solución de controversias extrajudicialmente en línea, lo cual ayuda en los negocios, y también descarga el trabajo del Poder Judicial. Mecanismos como los online dispute resolution permiten lograr una solución de conflictos sencilla y rápida. Esto no significa reemplazar al Poder Judicial, de ninguna manera. Al contrario: ayudará a fortalecerlo.

Campuzano: No soy de la idea de que un sistema inteligente pueda resolver todo, ni creo que haya un algoritmo que sea capaz de decidir muchos conflictos. Sin embargo, estas herramientas sí pueden ser útiles tratándose de ciertas controversias. Ofrecerían la respuesta estadísticamente viable en un asunto. La decisión del juez sería decir si este asunto cae en esta línea, en esta tendencia, o si este asunto amerita una solución distinta. Es decir, la inteligencia artificial debe servir como un apoyo al juzgador, pero no es un sustituto. En argumentación se habla de casos fáciles y casos difíciles. Ciertamente, hay casos que necesitan mayor esfuerzo interpretativo, argumentativo y de valoración de hechos. Otros no. Por eso hay experiencias con sistemas inteligentes que resuelven sobre multas de tránsito y que a la población le parecen adecuadas; en estos casos los resultados son magníficos. Yo no veo por qué tendríamos que negar que cierta clase de controversias pudieran tener, si las partes así lo requieren, una solución a través de un sistema informático, con la puerta abierta para que si no están de acuerdo en la solución puedan impugnarla. No lo veo como algo imposible. Me parece buena idea. Clavel: Las experiencias en Europa son muy exitosas. En México, la Profeco ha hecho un esfuerzo por tramitar en línea las reclamaciones que presentan los consumidores. Hay interés por crear centros de mediación en línea, que pueden utilizar inteligencia artificial para la

La cifra que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el feminicidio resulta escalofriante: 38 de cada 100 mujeres son asesinadas en todo el mundo por sus propias parejas masculinas. Se añadió que México es modelo de prevención con su Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero cuando uno se entera de lo que ocurre en el Estado de México, con personajes como el “chacal de Ecatepec” o, peor aún, con casos como el del padre de Jessica Guadalupe Jaramillo, que denunció el secuestro de su hija y señaló a la policía la casa donde se le tenía privada de la libertad y ésta le dio largas y largas, hasta que el homicida se dio a la fuga dejando tras de sí el cadáver de la joven, las cosas no parecen nada halagüeñas.

Hablando de feminicidios, de poco servirán las marchas y expresiones de indignación de miles de mujeres mexicanas para frenar la violencia contra ellas mientras existan jueces y magistrados como los que llevaron el asunto de Abril Pérez Sagaón, quienes, tras dictar prisión preventiva, decidieron reclasificar un delito de tentativa de homicidio por uno de violencia doméstica, dado que el agresor intentó matar a su mujer mientras dormía. Si la mujer hubiera estado despierta, otra cosa hubiera sido, adujeron. La duda que debe aclarar el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México es si el caso fue una notoria incompetencia o un asunto de corrupción. Debe una explicación.

Algunos senadores panistas están impulsando la peregrina idea de hacer imprescriptibles los delitos de abuso sexual a menores, puesto que —aducen— el trauma que dejan estos abusos es tan grave que la víctima puede tardar 20 años o más en denunciarlos. Nadie niega la gravedad del asunto, como nadie niega que un secuestro o la pérdida de un órgano puedan dejar secuelas de por vida. Pero la prescripción —civil, laboral, administrativa y penal— tiene su lógica: al paso de los años, las pruebas son difíciles de obtener y la ausencia de seguridad jurídica permitiría toda suerte de abusos. A lo que hay que apostar es a la seguridad y a la prevención.

DEBATE resolución de las controversias, lo cual es saludable. Y hay que dejar abierta la posibilidad de hacer impugnaciones a través de un tribunal humano. Guerrero: ¿Estos programas de inteligencia artificial van a permitirnos tener abogados más creativos o van a reducir la masa crítica de abogados? ¿Irá desapareciendo la forma tradicional de ejercer la profesión? ¿Qué problemas vislumbran si la tecnología representa una oportunidad para vencer deficiencias de nuestro sistema y puede facilitar que la población tenga más acceso a la cultura jurídica, a servicios más baratos, con menos inversión de tiempo y recursos? Campuzano: Uno de los problemas sustanciales, como es el acceso a la justicia, no se va a resolver con nuevas tecnologías. Una de las ventajas de las plataformas on line es que no tienen limitaciones de tiempo o espacio. Se pueden resolver litigios en cualquier momento; se rompen las barreras geográficas, económicas y hasta de idioma. Sin embargo, estos programas se diseñan a partir de bancos de datos previos. En México no tenemos esa documentación. Simplemente la construcción de un banco de datos, que es a partir de lo cual se crea un sistema experto, no podría hacerse. Clavel: ¿Por qué opina eso, magistrada? Campuzano: Porque no hay fuentes confiables de información.

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Guerrero: ¿Por qué no tenemos estos bancos de datos con el cúmulo de sentencias que tiene el Poder Judicial de la Federación? Campuzano: ¿Con qué criterio un programa de inteligencia artificial va a elegir la respuesta que le dará a quien haga una consulta? Seguramente, se convocará de forma previa a un grupo de expertos para que defina cuáles son las respuestas adecuadas, para ponerse de acuerdo en cuál es la concepción del Derecho y la teoría general del Derecho que se va a utilizar para resolver un tema, cuáles serán las fuentes, cuáles los textos...

Adriana Campuzano es magistrada y fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.

Clavel: Creo que en México será difícil que en el corto plazo tengamos avances en este sentido. Además, las instituciones judiciales —con contadas excepciones— no están preocupadas por esto. Estos ejercicios son impulsados desde la academia, las empresas privadas, los despachos que están

ofreciendo información actualizada de jurisprudencia y tendencias. Guerrero: Desde el punto de vista regulatorio, ¿nos está rebasando el fenómeno tecnológico? ¿Vamos a poder empatar la regulación versus el problema tecnológico? Pliego: En cuanto al tema regulatorio, no podemos regular por miedo o por ignorancia de la tecnología. Hay que regular cuando sea necesario. Uno de los casos a los que tenemos que prestar atención es el reconocimiento facial, que es una tecnología que ya se está utilizando; por ejemplo, en 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió lineamientos para permitir el uso de datos biométricos en el reconocimiento de los usuarios. El INAI, por su parte, también emitió una guía para el tratamiento de datos biométricos, lo cual es un gran avance, pero todavía falta mucho por hacer. Guerrero: De hecho, entiendo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió una guía para el tratamiento de datos biométricos. Lo vinculó con la legislación general y federal en tratamiento de datos personales. Pliego: No obstante, todavía hay un gran pendiente en este tema. Los gobiernos están utilizando sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial. En la empresa para la que trabajo estamos comprometidos con

al margen principios éticos como la equidad: que la tecnología de reconocimiento facial trate a todas las personas de manera justa; la transparencia: comunicar claramente las capacidades y las limitaciones de la tecnología de reconocimiento facial, y la responsabilidad: esto es, garantizar un nivel adecuado de control humano para evitar afectar a las personas. Y algo muy importante: no discriminar. En nuestros términos de servicio prohibimos el uso de la tecnología de reconocimiento facial con fines discriminatorios. Es preciso que salvaguardemos las libertades democráticas de las personas en los escenarios de vigilancia gubernamental. Debemos tener especial cuidado en que estas herramientas se usen en beneficio de la sociedad. Evitemos crear el monstruo represor de novelas distópicas como 1984 y El Gran Hermano. Clavel: Una gran responsabilidad, naturalmente. Pliego: Sí, tenemos una gran responsabilidad en materia regulatoria. Dejemos que la IA florezca y que ayude a México, pero cuidemos aquellos aspectos que son importantes para la sociedad. La ética desempeña un papel fundamental para que la IA se desarrolle de manera positiva para la humanidad, evitando consecuencias no deseadas y valorando la dignidad humana. Guerrero: Pienso en el libro The Industries of the Future, publicado en 2015 por Alec Ross, relacionado con la innovación en el gobierno de

Barack Obama, una voz autorizada por el cúmulo de información privilegiada que manejaba... E incluso en otros estudios posteriores sobre el futuro de los trabajos ante la automatización... Clavel: Estupenda referencia. En el primer capítulo habla de la automatización de los trabajos y menciona que la abogacía es una de las profesiones de las que no habría que preocuparse, por las capacidades humanas que involucra: interpretar contextos, hacer balance de riesgos, etcétera. Eso me hizo sentir tranquilo. Un par de años más tarde, en 2019, leí en las noticias que un gran banco extranjero desarrolló un algoritmo para hacer el due diligence en los procesos de fusiones y adquisiciones. Eso eliminó el trabajo que antes hacían abogados externos o internos. Guerrero: Los trabajos que son rutinarios y que puedan ser sustituidos, seguramente lo serán con la automatización y los avances tecnológicos e imponen la obligación de dar valor agregado en tareas más complejas. ¿Cuáles serán los abogados que continuarán vigentes? Clavel: Abogados con conocimientos muy especializados. Hacer un due diligence no significa sólo vaciar datos de contratos en una base de datos, sino evaluar riesgos, revalorizar la operación, ser más agresivos o alejarse. Así que el periodo de despreocupación me duró poco. Además, pensemos que fue un banco el que lo desarrolló, no una empresa de tecnología.

José Mario de la Garza, presidente del Consejo General de la Abogacía, puso el dedo en la llaga cuando, en la entrevista que concedió a La Jornada, señaló que la abogacía mexicana había quedado mucho a deber a México. Esperaba reacciones solidarias de la comunidad jurídica, pero se encontró con pared: 15 ex presidentes de la Barra Mexicana y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados se sintieron ofendidos e indignadísimos. Se rasgaron las vestiduras y consideraron que el agravio era un asunto mayor, por lo que han exigido que De la Garza les ofrezca disculpas. ¿Lo hará? Muy merecido el Premio Nacional de Ciencias y Artes que este año se confirió a Diego Valadés en el ámbito de las ciencias sociales. Pocos juristas han laborado en los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—; muy pocos han formado parte de los tres poderes de la Unión y poquísimos han sido los que, desde cada una de estas trincheras, han contribuido a consolidar nuestro Estado Democrático de Derecho, como Valadés. Las ideas y los modelos constitucionales que ha impulsado desde sus cargos o en la academia lo hacían, desde años atrás, un candidato insuperable. ¡Enhorabuena! La entrada en funciones del Registro Nacional de Detenciones constituye una estupenda noticia para todos los mexicanos. Si un talón de Aquiles ha tenido el sistema penal acusatorio, éste ha sido la “puerta giratoria”. Pero si los infractores entran y salen de prisión ha sido, precisamente, por la falta de un registro. Hay que felicitar al Centro Nacional de la Información y a la Plataforma México por este logro. La señora Rosario Ibarra, nueva titular de la CNDH, ha anunciado sus primeras acciones para defender los derechos humanos en México: no contratar empleados eventuales, reducir el número de asesores, revisar los contratos del personal de limpieza, no remodelar oficinas, reducir al mínimo los gastos de viajes, rechazar regalos que superan los 5,000 pesos y —lo más importante— abrir los elevadores del edificio de la CNDH a todo el personal. Lo que se ahorre, ha dicho, se dará a las víctimas de abusos y delitos. Alguien debiera informarle a la señora Piedra que existe una Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas (CEAV) que, precisamente, se dedica a atender a las víctimas.

DEBATE Imaginemos lo que éstas pueden y están haciendo. En resumen, pienso que la ola tecnológica es tan rápida y tan veloz que quizá no la veamos venir, hasta que rompa encima de nosotros. Por eso, aunque soy optimista con respecto a los avances de la tecnología y cómo pueden ayudarnos, esto ciertamente implica que los abogados tenderemos a reducirnos en un grado significativo. En materia de regulación, el Estado tendrá que analizar hasta dónde podrá responsabilizar a las empresas de tecnología de los servicios que están ofreciendo. Guerrero: Pasando al tema de los programas educativos, me gustaría mencionar que en México hay aproximadamente 2,251 escuelas de Derecho. Tan sólo en la Ciudad de México y en el Estado de México hay cerca de 340. La gran mayoría de los programas se enfocan en materias seriadas (las que conocemos y que la mayoría hemos estudiado), pero prácticamente en ninguna, o en muy pocas de ellas, se advierten asignaturas optativas u obligatorias sobre Derecho de las tecnologías, smart contracts, blockchain, big data, fintech, algoritmos y, en el mejor de los casos, en algunos hay una introducción a la economía, a las finanzas o a alguna cuestión de contabilidad elemental. Campuzano: Las escuelas están muy rezagadas. No se han dado cuenta de la ola tecnológica. No la han medido en su justa

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dimensión. Hay un olvido generalizado y una falta de interés por parte tanto de las escuelas como de muchos estudiantes y abogados profesionales, que no tienen la más remota idea de lo que está pasando en el mundo con la inteligencia artificial. Los abogados deben entender que no son empleados administrativos. Y nuestra responsabilidad es difundir en nuestros ambientes la necesidad de que la gente se dé cuenta que la inteligencia artificial es una aliada, una herramienta indispensable de análisis del Derecho. Clavel: Como profesor en una universidad privada creo que es bastante innovadora. Está cambiando el modelo no sólo en cuanto a la forma en la que se enseña, sino también en cuanto al sistema dentro del cual inserta al alumno. En lugar de programas de tres o cuatro años, ahora hay microcursos y mecanismos para que los alumnos estén seguros de la carrera que van a cursar. Guerrero: ¿Los maestros ya se dieron cuenta de que deben modificar los contenidos? Clavel: Creo que hay algunos que aún no. Todavía existen profesores cuya clase consiste en leer la ley y repasar los requisitos literales, por ejemplo, de un pagaré. Hoy día, hay programas como Ross que pudieran darle ese contenido y mucho más al alumno. En términos fríos, les convendría más pagar una suscripción al software que la

matrícula universitaria. Lo que tenemos que hacer los maestros es darles los elementos necesarios para que hagan las preguntas correctas, entiendan los cómos y los porqués de una cierta institución jurídica para que ellos puedan determinar los aciertos o las áreas de oportunidad de las mismas y, así, generar un círculo virtuoso hacia abogados que estén a la par de la actualidad. Enseñar los elementos de los contratos, como catálogo, ya no es suficiente. Pliego: Por mi parte, conozco el caso de otra universidad privada, donde soy profesor y he visto cambios muy interesantes en la currícula. Creo que esto sucede en las instituciones más reconocidas que sí están tomando con seriedad el cambio. Sin duda, ayudan las materias que amplían el horizonte y hacen la enseñanza multidisciplinaria. Una de las claves que deben enseñarse en las universidades es cómo adaptarse a los cambios y el papel del abogado como guía ético en el interior de la sociedad y de las empresas. Si nos deshumanizamos y dejamos a la técnica avanzar sin brújula, perderemos el rumbo. El abogado, hoy más que nunca, juega un papel fundamental en esta transformación digital. Y en el interior de las empresas veremos más comités multidisciplinarios, en los que los abogados y los técnicos vamos a interactuar, y tendremos que hacer equipo para lograr que la transformación digital se genere de forma precisa y positiva para la sociedad.

Campuzano: La educación en los contenidos positivos normativos no nos sirve de nada. Cuando uno da clases se tiene que preguntar qué es lo que no se va a encontrar en internet. Guerrero: Y además de la educación sustantiva, creo que todos los abogados necesitamos urgentemente un parámetro ético. No encuentro en algún código de ética de México —como sí existe en el extranjero (por ejemplo, en la ABA de Estados Unidos)— que se establezca como regla ética la obligación de estar a la vanguardia en las cuestiones tecnológicas. Campuzano: El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación habla de excelencia, y la excelencia implica estar actualizado. No tiene un enfoque preciso para la tecnología, pero sí para la actualización permanente. Ahí, más allá de un tema ético es un tema filosófico. Y hay que tomar en cuenta la Carta Ética Europea sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en los Sistemas Judiciales.

tecnología los auxilie para incorporarse al funcionamiento social. El Poder Judicial ha avanzado en esta inclusión. Su sentencia en versión simplificada para las personas que tienen problemas para comprender los textos es un ejemplo. Guerrero: Los avances tecnológicos en el país tienen un problema: no llegan a donde se necesitan. Es el caso del juicio en línea: ¿qué hacemos con todos los que no tienen acceso a la tecnología en este país? Pliego: Hay un tema muy importante en cuanto a la accesibilidad: la tecnología debe ser accesible, esto es, tiene que estar diseñada de tal manera que integre a todas las personas; por otra parte, las herramientas tecnológicas ayudan a abrir posibilidades y nuevos horizontes para la inclusión social a todas las personas con discapacidades. La tecnología accesible es un punto importantísimo que hay que fomentar.

Campuzano: No hay que ser catastróficos. Lo único que hay que hacer es trabajar para que nuestra respuesta sea más eficiente, más positiva. Sí creo que la tecnología tiene riesgos y creo que la brújula es el respeto a los derechos humanos. Cada tecnología ofrece riesgos. Siempre ha ocurrido. Nuestro trabajo es cuidar que esos desarrollos tecnológicos respeten los derechos humanos y no permitir que se vuelvan un arma contra la propia humanidad. Tengo confianza en que si el sistema mexicano ha podido responder a las adversidades que nos ofrecen los retos modernos, no veo por qué en este caso no suceda así. Sólo que hay que prepararnos con más cuidado. Hay que trabajar mucho en la sensibilización de nuestros equipos, de los estudiantes, de los abogados, del foro, de los usuarios del sistema de justicia y de procuración de justicia, en el sentido de que debemos estar bien enterados de lo que está pasando en el mundo. Hay que trabajar muchísimo en información… Comenzaríamos por difundir la información.

Guerrero: Pasando al tema de la tecnología y la inclusión, tengo la fortuna de trabajar con un estudiante de Derecho que es ciego. Eso me invita a preguntarles, ¿puede servir la tecnología como instrumento de inclusión?

Guerrero: Podríamos seguirnos horas abordando cada una de las aristas en las que se cruzan la tecnología y el Derecho. Sin embargo, debemos concluir. ¿Alguna idea de cierre sobre este tema?

Campuzano: La inteligencia artificial es inclusiva. Permite que las personas que no tengan ciertas habilidades físicas o mentales tengan la oportunidad de que la

Clavel: Yo concluiría con una anécdota: una adolescente en Estados Unidos entró a una tienda de autoservicio, caminó alrededor de los pasillos, se detuvo en

Manuel Pliego es director de Asuntos Gubernamentales de Microsoft México.

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DEBATE ciertos productos, después fue a su casa y dos semanas después le llegó publicidad a su buzón. Su papá vio esa publicidad, se dio cuenta de que eran ofertas para mujeres embarazadas, y así se dio cuenta de que su hija estaba embarazada. Esa tienda había seguido el patrón de conducta de esta adolescente en las tiendas y su conducta en línea, con lo que era altamente probable que estuviera embarazada. A partir de ahí

surgió un caso sobre violación de privacidad, responsabilidad, derechos fundamentales y de información; sin embargo, en el centro de todo estaba la tecnología. ¿Y a qué nos dedicamos nosotros los abogados? Justo a eso: privacidad, responsabilidad, derechos humanos y más. De este caso debemos aprender, por eso invito a los lectores a que aceptemos que la tecnología está alrededor de nosotros, que tiene muchos beneficios y que, sobre los aspec-

tos en los que los beneficios no sean tan claros, como se descubrió en dicho caso, hagamos propia la tecnología. Valorémosla, como lo hemos venido haciendo con las tecnologías que nos han precedido; aceptémoslas, veamos los beneficios, démosle una buena dirección y extraigámosle todo el valor que podamos. Si esto lo hacemos sobre una plataforma de principios, ética, responsabilidad, derechos humanos, sin duda tendremos una mejor sociedad.

“La tecnología ha facilitado el proceso de acceso a la justicia. A través de la tecnología, todos nos igualamos, porque un software o una aplicación no discriminan. Sin embargo, no ha habido una inclusión plena de los grupos vulnerables. Mientras el cúmulo de los abogados no nos organicemos, a través de los colegios o de la judicatura, y enseñemos a las personas que egresan de las universidades a adaptarse a estas tecnologías, a darles una visión humana y acercarlas a la gente, va a ser difícil que el esquema tecnológico prospere. Los abogados, como operadores de justicia que somos, debemos buscar que los procedimientos sean accesibles para todos, para así centrarnos en la búsqueda de la justicia y no en los formalismos. Estamos reaccionando. Todavía no conocemos todos los alcances positivos y también los alcances peligrosos que va a tener la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida, específicamente en el ejercicio de nuestra profesión. El Poder Judicial, la iniciativa privada y los postulantes, todos, tenemos la responsabilidad de luchar para que la tecnología sea benéfica. Desde la rueda hasta el teléfono celular, nada es malo. Hay que aprender a usarlo y usarlo en provecho de nuestra profesión que es, finalmente, la persecución de la justicia en favor de la sociedad y en favor de un mejor mundo para todos, donde la ética se vea materializada en cada una de nuestras labores que llevemos a cabo como abogados.” Ricardo Becerra Estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana

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REPORTAJE

MarĂa Magdalena GutiĂŠrrez*

Inteligencia artificial:

herramienta para una justicia accesible y expedita 20

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ophia es una robot humanoide desarrollado por la compañía Hanson Robotics, con sede en Hong Kong, la cual fue diseñada para aprender y adaptarse al comportamiento de los seres humanos; de hecho, fue creada con el objetivo de ser una compañera para gente mayor en residencias o para apoyar en grandes eventos o espectáculos. De acuerdo con sus creadores, posee un software de inteligencia artificial que le permite imitar gestos y expresiones faciales, tiene la habilidad de contestar a ciertas preguntas y sostener conversaciones sencillas sobre temas previamente definidos. En la web podemos encontrar videos en los que Sophia interactúa con diversos entrevistadores; incluso destaca uno en el que, mientras el periodista expresa sus preocupaciones en torno de los robots, Sophia bromea y le responde que “ha estado leyendo mucho a Elon Musk”, fundador de Tesla, quien en años recientes ha declarado que “es urgente regular la inteligencia artificial antes de que se convierta en un peligro”. Además, en 2017, durante la Cumbre de Inversión Futura en Riad, Arabia Saudita, Sophia se convirtió en la primera robot en tener una nacionalidad. Esta anécdota no es parte de la novela Yo, robot de Isaac Asimov; tampoco es el borrador de un capítulo de la serie distópica Black Mirror. La anterior es una historia real. Y es que en nuestro día a día vivimos y experimentamos la inteligencia artificial por medio de

nuestros teléfonos inteligentes, el internet de las cosas, la expansión de las ciudades o en cualquier sector productivo de la economía a nivel global. Un ejemplo de lo anterior es que en una actividad tan tradicional como la legal, la inteligencia artificial llegó para revolucionar y plantear un nuevo paradigma en el que la innovación y la transformación digital se han convertido en elementos disruptivos de relevancia que implican nuevos cambios y desafíos en los procesos jurídicos. Como pionero de la implementación de tecnología en el sector legal de América Latina, Jesús Andrés Gómez, country manager de Lemontech, ha sido testigo del vertiginoso crecimiento en la implementación de los avances tecnológicos en los despachos de abogados de la región. Y es que, frente a una amplia oferta de servicios legales, estos profesionales ahora deben buscar nuevas formas para brindar un servicio con alto valor agregado, eficiente y, si se puede, económico; por eso, la tecnología se ha convertido en su gran aliado, mejorando y fortaleciendo el funcionamiento del sistema jurídico en su conjunto, incluyendo las instituciones, las normas y los actores que intervienen en el mismo. Por lo anterior, la llegada de los avances tecnológicos al sector legal latinoamericano trajo una manera distinta para que los despachos legales y los departamentos jurídicos de las empresas modernizaran sus procesos, ahorrando tiempo, disminuyendo los errores y los riesgos al mínimo, logrando un

impacto positivo en el manejo de las horas, la administración del despacho y la facturación, así como en el seguimiento de los juicios y las sentencias de forma automatizada y digital. En el marco de esta transformación los abogados de la región aún tienen la tarea de reconstruir el discurso jurídico y de revolucionar la forma en que toman decisiones, porque es tiempo de que se automatice lo automatizable para que los litigantes inviertan sus esfuerzos en la generación de valor para el cliente y para todo el sistema judicial. Hoy, el sector legal ha abierto las puertas a la tecnología y a la digitalización; sin embargo, tenemos un largo camino que recorrer, ya que los retos para la innovación y la implementación de inteligencia artificial en el sector legal van desde adecuarse a las regulaciones de cada país para cumplir con la normatividad vigente; evangelizar a las nuevas generaciones de abogados de que la tecnología es su amiga; conocer las reformas al sistema jurídico de cada país y lograr que tanto los proveedores de servicios legales como las instituciones de justicia estén convencidos de que la tecnología es un aliado para que la administración de la justicia sea más eficiente. El debate está abierto, y no hay duda de que el mejor abogado del siglo XXI será aquel que abrace la innovación y le dé la bienvenida a un mundo de algoritmos y robots en el que la justicia es asequible y accesible para todos. * Consultora senior en Komunika, S. A.

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Gustavo de Hoyos Walther Carlos Ferrán Martínez

Los cuatro jinetes del apocalipsis mexicano La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es un sindicato patronal independiente, apartidista y de afiliación voluntaria que reúne a empresarios de todos los tamaños y sectores, unidos por un objetivo común: contribuir al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos. Su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, reflexiona sobre los grandes desafíos que enfrenta nuestro país desde su perspectiva como empresario y abogado. 22

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Gustavo de Hoyos Walther es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y en administración de empresas por Cetys-Universidad, donde hizo la maestría en Derecho corporativo e internacional. Forma parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Es director general de la empresa de servicios legales y consultoría De Hoyos y Avilés, así como vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Sistemas Logísticos de México. Ha sido consejero de Infonavit, Nafin, Inadem, Bancomext e Infonacot. En el ámbito educativo, preside el patronato de la Universidad Autónoma de Baja California por el periodo 2015-2020 y es consejero del Programa de Liderazgo Empresarial Internacional del Tecnológico de Monterrey, así como mentor para emprendimientos de alto potencial en el programa internacional Endeavor. Es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la que es socio desde 1994. Tras ocupar diversas posiciones a escala local, regional y nacional, fue electo presidente por unanimidad para el bienio 2016-2017, reelecto también de forma unánime para el ejercicio 2018 y ratificado unánimemente para un cuarto periodo en 2019.

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n la actual dinámica del país hay varios sectores llamados a ser protagonistas del Estado de Derecho; entre ellos, el sector empresarial y la abogacía. Resulta que tú eres abogado y empresario. ¿Qué te motivó a estudiar Derecho y, posteriormente, a buscar el liderazgo de un sindicato patronal de tanta envergadura como la Coparmex? Debo empezar señalando que provengo de una familia de abogados, pues mi padre, mi madre y varios hermanos tienen, igual que yo, la vocación del Derecho. Me parece que la lucha por la justicia es uno de los grandes ideales que cualquier persona debe perseguir, y para quienes hemos asumido esto como un modo de vida, estudiar leyes y ejercer

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cotidianamente la abogacía nos proporciona un marco insuperable en cuanto a las posibilidades. Además, siempre pensé que era muy importante que los abogados no nos quedáramos solamente entre nosotros, en un grupo que de alguna manera vive y habla el mismo lenguaje. Hoy el abogado tiene el reto de ejercer una participación mucho más intensa en temas comunitarios, empresariales y políticos. En mi caso particular decidí, desde hace dos décadas, volverme un profesional de la representación colectiva; es decir, además de la tarea profesional de representar a nuestros clientes en la actividad profesional, los organismos empresariales son representantes de intereses legítimos, en este caso de los empresarios. Entonces encontré una vocación

complementaria: servir de forma honoraria a la representación empresarial. Hoy vemos una dinámica legislativa muy agresiva en el sentido de la rapidez con la que se dan los cambios, y la Coparmex está fungiendo como un actor con mayor protagonismo que en administraciones anteriores. ¿Cuáles son los temas que te preocupan como presidente de la Coparmex y como abogado? En la Coparmex ya tenemos nueve décadas de ser una institución empresarial que, si bien es cierto se forma y se nutre de la participación de empresarios, siempre ha tenido una vocación de participación pública. Los empresarios de la Coparmex, aparte de hacernos cargo de crear nuevas empresas, de

hacer crecer las existentes, de fomentar nuevos empleos, de pagar impuestos y de tener una responsabilidad social básica, siempre hemos tenido la vocación de hacernos cargo, de manera subsidiaria, de grandes temas de relevancia para la comunidad. Hoy el reto que tiene el país es, por un lado, identificar aquellas cosas que durante las últimas décadas no han funcionado y preservar las cosas que sí han funcionado bien. Entre los grandes retos que enfrentamos están los que yo llamo “los cuatro jinetes del apocalipsis mexicano”: 1) hay grandes núcleos de población que viven en condición de pobreza; 2) hay una gran diferenciación regional, es decir, muchos Méxicos con problemas y niveles de desarrollo muy heterogéneos; 3) se ha perdido la tranquilidad, es decir, hay inseguridad personal y patrimonial, y 4) padecemos una gran corrupción acompañada de impunidad. Éstas son las cuatro lacras sociales que tiene nuestro país, y me parece que la acción de los abogados de las organizaciones gremiales de abogados y también de las de empresarios tienen que reconocer que no hemos hecho lo suficiente. Hemos hecho cosas, pero nos hemos quedado cortos en la tarea de que el país no este marcado por esos cuatro jinetes. Un tema en el que la Coparmex ha sido muy enfática es en que verdaderamente exista un equilibrio de poderes.

Hoy como nunca toma relevancia la importancia de mantener los principios de división y equilibrio de poderes, de conservar una presidencia acotada, no una presidencia imperial, de mantener un Poder Legislativo que concurra de manera inteligente en la formación de leyes, en la reforma de las mismas, en los principales nombramientos de posiciones relevantes, desde un ministro de la Corte y un embajador hasta un alto funcionario de Hacienda. Creo que ahí hay una tarea fundamental. También tenemos que mantener la vigencia del principio federalista, pues hay una tendencia hacia un neocentralismo, y me parece que en esto, no porque se quiera avanzar más rápido, podemos hacer un cambio de cosas que son fundamentales para el país. ¿Qué cambios tendríamos que hacer al Poder Judicial para asegurar su independencia? Una democracia se consolida cuando tiene un Poder Judicial que garantiza el imperio del Estado de Derecho, y en las últimas décadas nuestro país ha tenido un avance sustancial en esta materia. Sin embargo, por ser una institución humana es evidente que también en el Poder Judicial de la Federación ha permeado la corrupción, además de que padece un nepotismo desbordado. Tenemos que fomentar la dignificación de la función judicial, pues a últimas fechas ha habido andanadas en contra del Poder Judicial. No podemos meter las

manos al fuego por cualquier juez, por cualquier ministro o por cualquier magistrado, pero lo cierto es que no ha ayudado mucho que en las últimas semanas haya habido, desde el Poder Ejecutivo, continuas descalificaciones a quienes encabezan el Poder Judicial. Cambiando un poco de tema, ¿qué ha pasado en el primer año de esta administración en cuanto al crecimiento económico, que es prácticamente inexistente? Ciertamente los datos son preocupantes. Por primera vez en 10 años no teníamos una racha de decrecimiento como la que estamos teniendo en la actualidad. En Estados Unidos tienen cifras de crecimiento cercanas al 2 por ciento, y si nuestro principal socio comercial, que es el tractor de nuestra economía, va hacia arriba y nosotros prácticamente tenemos un crecimiento de cero, significa que algo estamos haciendo mal. ¿Por qué nos hemos venido para abajo en materia económica? Son muchos los factores que inciden en que haya o no crecimiento, pero sin duda el más relevante es la certidumbre, es decir, que se mantenga la confianza. Y justamente ahí es donde hemos tenido un gran déficit por parte del gobierno actual: es bien sabido que hay un conjunto de decisiones —que van desde el asunto del aeropuerto hasta la controversia que se inició con las

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empresas que están construyendo los gasoductos submarinos, así como los cambios en algunas autorizaciones públicas en materia energética— que han generado mucha desconfianza, en la medida en que implican ataques a cuestiones que el país ya tenía bien definidas.

Entonces, uno de los factores determinantes de esa pérdida de confianza es que los particulares no puedan planear a largo plazo o tengan riesgo de que un elemento exógeno cambie todo un plan. Ahí tiene mucho que hacer el gobierno para restituir la confianza y la certidumbre.

“Desafortunadamente en nuestro gobierno actual predomina la ocurrencia, la improvisación, el sofisma de los ‘otros datos’, lo cual desde luego no le conviene al país.” 26

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Quisiera profundizar en el asunto del nuevo aeropuerto. Ya había un consenso sobre Texcoco por las condiciones del espacio aéreo y otros factores. Hoy hay aerolíneas que abiertamente han dicho que no están dispuestas a operar, o que no pueden hacerlo, en Santa Lucía. ¿Es una batalla perdida o todavía hay algo por hacer? Creo que tenemos que abordar el asunto desde dos ópticas. Por un lado, la definición en sí misma de la conveniencia de que el mayor proyecto de infraestructura se lleve a cabo en el lugar adecuado y con las características correctas. Ése es un primer debate. En la Coparmex, con base en la evidencia disponible, estamos convencidos de que el mejor lugar para ese proyecto es Texcoco, y nos parece que la decisión de hacer una instalación en Santa Lucía tiene una gran cantidad de inconvenientes, que van desde los temas de desarrollo urbano y logísticos, hasta los de seguridad aeronáutica. Estamos absolutamente convencidos de que la postura del gobierno es errónea y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, en el marco de la ley, desde luego, para impugnar esa decisión. Hay 147 juicios de amparo en proceso, aunque recientemente se supo que algunas de las suspensiones que habíamos obtenido quedaron atrás con base en la reclasificación que se hizo del asunto como de seguridad nacional.

El otro gran debate es si va a haber o no respeto al Estado de Derecho, si va a haber o no racionalidad en las decisiones del gobierno, porque ha habido desde consultas hechas fuera de la ley hasta el inicio de un proyecto que no tiene los estudios suficientes. Y se ha reservado de manera sospechosa la información: nadie conoce los proyectos ejecutivos. Más allá de tratarse de un error —pues la decisión se tomó de manera absolutamente arbitraria y discrecional por parte del presidente y su equipo, sin que mediara un estudio profundo—, es obvio que existe un conjunto de conductas que apuntan a la ausencia de racionalidad, a la falta de apego a la evidencia y al análisis serio, así como al desapego a las normas, pues la consulta que se hizo para echar abajo el proyecto no reunió ninguno de los requisitos legales. Es decir, hay una violación sistemática y contumaz del Estado de Derecho. ¿Cómo percibes la relación del Estado mexicano con el gobierno estadunidense? Pareciera que en este momento no hay tensión, a pesar de que México esté tomando malas decisiones estratégicas, no esté creciendo económicamente ni esté generando confianza hacia fuera... Me parece que México, en lo esencial, ha sabido llevar bien su relación con Estados Unidos, no obstante que ha habido momentos de tensión, como cuando apoyó al régimen cubano como una

estrategia para generar ciertos equilibrios en la región. En lo esencial el cuerpo exterior mexicano ha realizado una buena gestión de la agenda estadunidense, que cambió radicalmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y permitió, sobre todo, que algunos temas complejos de la relación —particularmente migración y narcotráfico— no afectaran al resto de la agenda. Con respecto al momento actual, hay que reconocerle al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que desde que ganó envió a Jesús Seade para que se incorporara al proceso de negociación y él realmente infundió una gran tranquilidad. Sin embargo, también debo decir que la gestión en el ámbito migratorio ha sido desafortunada. Creo que el gobierno mexicano ha sobrerreaccionado a las presiones y a los amagos de la administración de Trump y nuestro país se convirtió en el muro que Estados Unidos amenazaba con construir y está haciendo el trabajo sucio a ese país en el tema migratorio, lo cual además ha implicado que prácticamente 30,000 de los 50,000 miembros de la Guardia Nacional, en lugar de cuidar nuestras ciudades, están cuidando la frontera sur. Otro tema importante en el que la Coparmex ha sido protagonista desde siempre es el

salario mínimo. ¿Cómo ves el tema salarial en México? Durante 2016 en Coparmex lanzamos lo que se llamó la nueva cultura salarial, la cual parte de dos premisas: primero, que cualquier individuo que se desenvuelva en la economía formal, más allá de su capacitación, de su antigüedad y de si tiene un trabajo de jornada completa, no viva en pobreza; segundo, que alcancemos lo que se denomina línea de bienestar familiar, que últimamente hemos resumido con la fórmula dos para cuatro: que el salario de dos personas —a veces un padre y una hija, a veces una madre y un hijo, a veces un padre y una madre— mantenga arriba de la línea de bienestar a una familia de cuatro. En la Coparmex trazamos una ruta —que nos costó mucho trabajo e incluso desencuentros con nuestros grupos empresariales— con la que logramos que todos los candidatos presidenciales hicieran suya la nueva cultura salarial, entre ellos el actual presidente, lo que derivó en que, pasadas las elecciones, López Obrador suscribiera de manera contundente la propuesta de la Coparmex. Fue como llegamos a los 102 pesos con 68 centavos, un incremento mayor que el que se había tenido en cualquier momento previo en los últimos 26 o 27 años. Fue un primer paso. Desde luego creemos que ese salario aún es insuficiente. Por eso

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“Hoy prevalece la idea de que si una ley no le gusta a un gobernante, puede pasar por encima de ella asumiendo que es una ley inmoral”. estamos planteando dar pasos consistentes para llegar a la línea de bienestar familiar, lo cual implicaría un incremento a 291 pesos actuales mediante un avance lineal de aquí a 2024. ¿Cómo está impulsando Coparmex el desarrollo del país desde el sector empresarial y desde la sociedad civil? En la Coparmex creemos que es muy importante hacer esta diferenciación que mencionaba al principio de la entrevista, de lo que está bien y hay que preservar, y de lo que está mal y hay que cambiar. Rechazamos las visiones que suponen que todo está mal y que hay que derrumbarlo y hacer algo nuevo. Las visiones maniqueas ya no caben en este país. Cuando uno revisa nuestras cifras y las compara con las de las Naciones Unidas, la OCDE o el Foro Económico Mundial, se

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constata que el progreso del país, en general, es bastante bueno. Por eso yo he empezado a hablar de que tenemos un México ganador, lo cual significa que aunque tenemos que combatir a los cuatro jinetes del apocalipsis a que me refería hace un momento, si vemos la evolución del país a lo largo de las últimas décadas, tenemos una evolución sobresaliente a nivel global. Finalmente, ¿cómo te gustaría ser recordado en la Coparmex y cómo te gustaría que te recordara tu país en el futuro? Creo en las instituciones. La Coparmex es una institución que tiene 90 años de edad. Hemos contado con un gran legado de líderes que han hecho época. Aquí estuvieron Alfredo Sandoval, Andrés Marcelo Sada, Manuel Clouthier. Hemos tenido líderes muy combativos que han defendido con gran vehemencia

los principios y los intereses del sector privado. Yo aspiro a ser un digno heredero de esa tradición de liderazgo comprometido con el sector empresarial y también con mi país. Espero ser recordado como un presidente que tuvo la capacidad de mantener los principios y los valores de la Coparmex pero también de orientarla más hacia las causas sociales y comunitarias. Hemos llevado a cabo muchas acciones que van en esa dirección. Hoy la Coparmex está ocupada en muchas agendas. Cotidianamente la puedes encontrar en cualquier estado de la República luchando contra la corrupción, promoviendo la integridad, las causas de la educación, el desarrollo inclusivo. Es una Coparmex interesada por las empresas, por lo que pasa en su seno, pero también muy ocupada en las causas de la comunidad.

OPINIÓN

José Ramón Cossío Díaz

Litigios, ¿para qué? Algunos seguidores del presidente de México han distinguido entre litigios válidos y litigios espurios con motivo de diversas acciones del gobierno y eso puede generar serias distorsiones a nuestra vida social, afirma en este artículo el ministro en retiro y actual investigador de El Colegio de México.

n las últimas semanas, y con motivo de la promoción de diversos juicios en contra de normas, proyectos o acciones del gobierno del presidente López Obrador, él y algunos de sus seguidores han distinguido entre litigios válidos y litigios espurios. Los primeros, a su entender, son aquellos que se promueven por personas que no están vinculadas con grupos de poder o, como ellos mismos dicen, con “grupos de intereses creados”. Los segundos, los no aceptables, por quienes sí lo están y, tal vez con mayor precisión, por quienes mediante la acción judicial pretenden oponerse a las decisiones presidenciales o morenistas. Más allá de la simplicidad de la disyuntiva, la calificación binaria que se está tra-

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tando de imponer puede generar serias distorsiones a nuestra vida social. Lo que pretende lograrse es la construcción de una categoría para diferenciar entre buenos y malos litigios. Aquellos que por las razones dichas son adecuados para el régimen y por ello morales, frente a aquellos que, por ser contrarios a sus propósitos, no pueden serlo. De consolidarse esta visión, las amplias posibilidades litigiosas que están previstas en nuestro orden jurídico se verían acotadas, normativa y prácticamente, por una categoría que nada tiene que ver con el Derecho mismo. Lejos de que cada quien litigue lo que la ley le permita, y asuma las contingencias de su elección, se estaría formando un filtro moral y, por lo mismo, una calificación prejurídica de las acciones, hasta el punto de hacer algunas de ellas, si no imposibles, sí al menos más difíciles en un mundo ya de por sí complejo, como lo es el del litigio. Si se está dispuesto a aceptar la idea de que hay litigios buenos

y malos, terminará por aceptarse, prácticamente por deducción, que tales connotaciones morales también son predicables de las partes en los juicios, los abogados que las representen y los jueces que les otorguen, en su caso, la protección solicitada. Dicho de otra manera, aquello que comenzó siendo un juicio de valor acerca de lo que desde el régimen se acepta o rechaza como moralmente bueno, terminará por extenderse a la totalidad de la práctica litigiosa. Quien legítimamente quiera defender lo que estima le otorga o reconoce el orden jurídico, será objeto de críticas, tal como le acontecerá a quien profesionalmente decida representarla o a quien resuelva a su favor. Una condición del ejercicio del poder es que los órganos estatales tienen la posibilidad de actuar de antemano sobre los individuos. Al emitir una ley, un decreto o un acto administrativo, los agentes estatales han modelado ya el problema y lo han formalizado conforme a las normas vigentes. Lo anterior quiere decir que un buen actuar normativo puede garantizarle al Estado la realización de lo decidido. Ahí donde, sin embargo, el particular afectado quiera controvertir esa decisión, puede participar en un contradictorio frente al Estado, para que sea un tercero imparcial el que conozca y dilucide el conflicto. Esta relación entre el particular y el Estado en el contradictorio, es tan democrática como la toma de decisiones en la

emisión de esa ley, decreto o acto administrativo. Este ejercicio que, de suyo es conocido, se rompe cuando el propio Estado pretende calificar las posibilidades de defensa de los particulares en moralmente aceptables e inaceptables. La manera más simple de conjurar tal pretensión es rechazando el cedazo que quiere imponerse. Debe quedar claro en todo momento que, conforme a las normas democráticamente establecidas que rigen los procesos, cada cual debe tener la posibilidad de plantear a los tribunales lo que estime es su derecho. A su vez, el Estado debe litigar bien en el campo elegido por los particulares, sin distorsionar ni las posibilidades de acceso ni, mucho menos, las condiciones de resolución. En ocasiones y a primera vista, puede sonar políticamente adecuada la diferenciación de los litigios entre buenos y malos, por subyacer a algunos de ellos razones reprobables o sospechosas. Sin embargo, esto no puede ser así, ya que no debe aceptarse el condicionamiento de los litigios con categorías distintas de las jurídicas. El litigio es el espacio de resolución de los conflictos de nuestro tiempo y es tan democrático como el espacio de toma de decisiones en el ejercicio del poder por parte del Estado, por lo que su única protección es que sea tratado bajo las categorías jurídicas que le corresponden. * Artículo publicado en El País el 27 de noviembre de 2019. Se reproduce con autorización del autor.

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REPORTAJE

La Unión Internacional de Abogados celebra su Sexagésimo Tercer Congreso Entre el 6 y el 10 de noviembre pasado se realizó en Luxemburgo el Sexagésimo Tercer Congreso de la Unión Internacional de Abogados (UIA), organización global y multicultural creada en 1927, presente en 110 países, cuyo objetivo es fomentar la adquisición de conocimiento y promover el Estado de Derecho, facilitando al mismo tiempo el desarrollo profesional y la formación de sus miembros.

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ada año, la UIA organiza un congreso en el que se reúnen más de mil abogados de todo el mundo para discutir temas de actualidad de diferentes áreas del Derecho. Los congresos de la UIA son una oportunidad inmejorable para mantenerse informados sobre la evolución del Derecho y su impacto en el ejercicio de la profesión, y también para establecer vínculos profesionales con colegas del mundo entero. Durante su Sexagésimo Tercer Congreso, realizado en el European Convention Center de Luxemburgo y presidido por François Prum, se abordaron diversos temas, entre los cuales destacan los de la sesión plenaria, “La innovación y el Derecho: entre pasión y razón” y “El respeto de los derechos humanos en los negocios”. Asimismo, se realizó una treintena de sesiones de trabajo de manera paralela. Animadas por unos 300 ponentes internacionales, la mayoría de las sesiones contaron con interpretación simultánea en español, inglés y francés para permitir una mejor interacción entre los participantes. La ceremonia inaugural del congreso se llevó a cabo en uno de los lugares más emblemáticos de la música europea, la prestigiosa Filarmónica de Luxemburgo, y contó con la participación de diversas personalidades que dieron la bienvenida a los participantes y les desearon éxito en sus trabajos;

Jerome Roth, nuevo presidente de la UIA

entre ellos, el príncipe Guillermo, gran duque heredero de Luxemburgo; Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo, y Lydie Polfer, alcaldesa de Luxemburgo. Asimismo, durante el acto se hizo entrega del Premio Estado de Derecho UIA/LexisNexis —concedido a una persona u organización que contribuye activamente al desarrollo del Estado de Derecho en el seno de la comunidad jurídica— al abogado francés Bertrand Favreau, ex presiden-

te del Colegio de Abogados de Burdeos (Francia), presidente del Instituto de Derechos Humanos de los Abogados Europeos, y presidente y fundador del jurado del Premio Internacional de Derechos Ludovic-Trarieux. En relación con el primero de los temas centrales del congreso, “La innovación y el Derecho: entre pasión y razón”, diversos juristas, profesores universitarios, legisladores, responsables institucionales y profesionales, reflexionaron

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REPORTAJE

en torno de la innovación en el plano nacional, regional, europeo y mundial (en las relaciones Norte-Sur), principalmente en los sectores bancario, de seguros, de las telecomunicaciones, de los recursos espaciales, de la inteligencia artificial y de la robótica, y cómo está revolucionando nuestros esquemas de pensamiento y el Derecho. Entre otras cuestiones relevantes, se plantearon las siguientes preguntas: ¿cómo influyen esas innovaciones en el Derecho?, ¿cómo deben ser vigiladas y reguladas por el Derecho?, ¿qué importancia revisten los derechos humanos con respecto a estas evoluciones? Por otro lado, en relación con “El respeto de los derechos humanos en los negocios”, cabe mencionar que el 16 de junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Son indicaciones a los Estados miembros de la ONU y a las empresas privadas para la puesta en práctica de sus obligaciones legales, en el marco de referencia de “proteger, respetar y remediar” basándose en el reconocimiento de: 1) las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; 2) el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos, y 3) la necesidad de que los derechos y las obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. En este

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Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo

Jerome Roth asume la presidencia de la UIA

Ángel M. Junquera presenta el Sexagésimo Cuarto Congreso de la UIA

escenario, los panelistas reflexionaron sobre los códigos éticos en las empresas, la certificación, los riesgos y la puesta en marcha de buenas prácticas en la materia, la consideración efectiva de los derechos fundamentales en las empresas, incluyendo, especialmente, la protección de datos personales y las políticas antidiscriminatorias, para alcanzar una economía más sostenible y más justa. Por otro lado, en el marco del congreso Jerome Roth tomó posesión como nuevo presidente de la UIA, en sustitución de Issouf Baadhio. Jerome Roth, abogado estadounidense de San Francisco, California, es miembro de los colegios de abogados de Nueva York y California, y ejerce en la práctica privada desde 1991, luego de haberse desempeñado como fiscal federal de Nueva York durante más de cinco años. En su mensaje de toma de protesta, señaló: “Creo que los abogados deben asumir la responsabilidad de promover el intercambio de información y el entendimiento en el plano internacional, incluyendo el aprendizaje a través de las experiencias de otros países; de responder a las necesidades de sus clientes, respetando el Estado de Derecho y los sistemas jurídicos mundiales, y de proteger la independencia y la libertad de los abogados y de los jueces a lo largo y ancho del planeta. Esta responsabilidad reviste una importancia aún mayor cuando los gobernantes de numerosos países se repliegan sobre sí mismos, menoscabando los principios establecidos de interacción y cooperación mundiales, así como el derecho de sus ciudadanos a la participación en el proceso político de manera plena y justa”.

El Sexagésimo Cuarto Congreso de la UIA se realizará en Guadalajara, Jalisco, entre el 28 de octubre y el 1° de noviembre de 2020. Será presidido por Ángel M. Junquera Sepúlveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y abordará, entre otros temas, la corrupción internacional en el sector privado, la legislación sobre alimentación y bebidas, y la protección al derecho a votar y a participar en el gobierno, así como el papel del abogado en este escenario.`

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>> POSICIONES María Novoa* y Carlos de la Rosa Xochitiotzi**

LOS CAMINOS DE LA JUSTICIA PENAL Echando mano de la información presentada en el reporte Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, preparado por el centro de investigación y evaluación de políticas públicas México Evalúa, los autores exponen la ruta que debe seguirse para atender las causas de las actuales deficiencias en materia de justicia penal en nuestro país.

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Ilustración: Freepik

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La ruta de la arbitrariedad No hay sistema de justicia que funcione de forma eficiente sin márgenes para la toma de decisiones por parte de las autoridades. La gran pregunta es cuál autoridad queremos que detente esa discrecionalidad y bajo qué parámetros y controles queremos que la ejerzan. Uno de los argumentos más recurrentes que se utilizaron para justificar la necesidad de adoptar el modelo acusatorio en México fue la rigidez del sistema tradicional. Esta rigidez se traducía en la incapacidad de las autoridades para dar una atención diferenciada a los delitos. Se acusaba al sistema tradicional, de forma acertada, por obligar a los ministerios públicos a invertir los mismos recursos en la persecución de delitos de bagatela y de alto impacto. Esta ausencia de flexibilidad derivó en sistemas saturados, autoridades rebasadas y, en última instancia, un ejercicio selectivo y político de la justicia. La osada apuesta de la reforma penal de 2008 consistió en introducir salidas alternas y terminaciones anticipadas del proceso, es decir, opciones legales para que las autoridades hicieran un uso focalizado de los recursos y lograran respuestas proporcionales y satisfactorias para los distintos conflictos. En el modelo mexicano, el mayor margen de discrecionalidad compete principalmente a las fiscalías. Son los operadores de estas instituciones quienes deciden si ante una denuncia se inicia una investigación, si se envía a algún mecanismo alternativo, si se ejerce un criterio de oportunidad para otorgar algún beneficio o si se guarda en el archivo temporal. En este sentido, sus decisiones tienen un impacto determinante en el curso de los asuntos y, a pesar de ello, sabemos muy poco de los criterios que guían sus decisiones. De acuerdo con los datos del reporte Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal de México Evalúa, del universo aproximado de 30 millones de delitos cometidos en el país, las fiscalías iniciaron poco más de dos millones de investigaciones y de estos procedimientos se presentaron ante un juez apenas 80,000, que equivale a 3.9 por ciento. Si bien esta cifra podría ser mayor —en algunos estados es de 30 por ciento—, no es necesariamente negativa; de hecho, el modelo acusatorio lo que pretende es que sólo los casos de mayor impacto

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sean deliberados en un juicio oral y que la mayoría sea resuelto por vías distintas. El problema consiste en que 96.1 por ciento de las investigaciones que no fueron vinculadas a proceso fueron resueltas por las fiscalías sin que exista claridad sobre los elementos que orientaron sus decisiones y sin supervisión efectiva de esas determinaciones. Si bien algunas fiscalías han desarrollado modelos de gestión que pretenden una canalización eficiente de los asuntos,1 éstos no se encuentran articulados con una política de priorización institucional y menos con una política criminal que integre a las diversas instituciones de seguridad y justicia. En estos términos, sus alcances son acotados y esta ausencia pone en entredicho la capacidad de las fiscalías para responder de forma acertada a los distintos conflictos y, en última instancia, proveer justicia a las personas. Que únicamente cuatro de cada 100 investigaciones sean vinculadas a proceso implica que existe una priorización de facto que guía las decisiones de los fiscales. En los hechos, los fiscales son quienes deciden a cuáles asuntos poner más atención y recursos. El camino que sigue un asunto desde su denuncia hasta la decisión del fiscal que lo da por concluido es una auténtica ruta de la arbitrariedad que responde a factores subjetivos y opacos. En la práctica, el avance o el freno de las investigaciones responde, entre otras cosas, a la voluntad o la indolencia de las autoridades, a la atención mediática del asunto e incluso —en no pocos casos— a los incentivos en forma de corrupción. El margen para la toma de decisiones, contemplado por el modelo acusatorio, que prometía flexibilizar y hacer más eficiente la operación del sistema de justicia, ha sido incapaz de romper las inercias del modelo tradicional y en la práctica se ha distorsionado. En este contexto, la ruta de la arbitrariedad nos orilla, en última instancia, a índices de impunidad bastante altos. De acuerdo con el Índice de Impunidad Directa, el porcentaje de impunidad es de 96.1 por ciento en el ámbito local, mientras en el ámbito federal es de 94.6 por ciento. En otras palabras, de los casos que son efectivamente conocidos por las autoridades y respecto de los cuales

se inician investigaciones, sólo de 4 a 6 por ciento reciben una respuesta satisfactoria. En algunas entidades la impunidad directa es de 99 por ciento, y aun en los estados con mejor desempeño la impunidad se encuentra alrededor de 90 por ciento (véase la gráfica). De nuevo, esta cifra corresponde a los delitos que sí se denuncian y para los cuales se inicia alguna investigación. El resto de los delitos (más de 90 por ciento) ni siquiera es conocido por las autoridades.

Fuente: México Evalúa, Hallazgos 2018, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal.

Además, la conversación sobre la procuración de justicia en el país necesariamente debe considerar la reciente transición de 28 procuradurías locales y la federal hacia esquemas de fiscalías; 22 de éstas con autonomía y, por lo tanto, sin subordinación directa a los otros poderes. En términos de opacidad y arbitrariedad, la autonomía puede ser tanto una oportunidad para la mejora como la puerta hacia el abismo. Una autonomía mal entendida puede derivar en una mayor discrecionalidad y falta de rendición de cuentas. En este escenario, estamos a tiempo de atender las causas de las actuales deficiencias y evitar salidas fáciles que profundizarán el uso político y selectivo de la justicia que en principio la reforma pretendía corregir.

La contrarreforma y la ruta engañosa Ante los pobres resultados del sistema de justicia y la justificada demanda ciudadana, varias voces han señalado la necesidad de realizar cambios al sistema de justicia. La crisis de inseguridad ha legitimado la narrativa que atribuye al modelo acusatorio muchos de los fracasos de los gobiernos recientes en seguridad. A grandes rasgos, se culpa al denominado “hipergarantismo” del modelo que exige engorrosos controles a las investigaciones que “obstaculizan” las labores de las policías y las fiscalías. De acuerdo con los promotores de esta visión, el acceso a la justicia está condicionado a contar con un sistema más ágil y con menos obstáculos; en otras palabras, con estándares más bajos para la protección de los derechos de los imputados. A 100 días de iniciar su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), el titular de la institución expresó su intención de reformar el marco legal de la justicia para lograr la reestructuración y la consolidación de la fiscalía y, en última instancia, “fortalecer los derechos de las víctimas, combatir la reincidencia y compactar los tiempos”. De sus declaraciones se desprende que el marco legal no permite ninguna de estas cosas. Si bien es cierto que persisten brechas en el ámbito normativo que potencializarían el modelo acusatorio, preocupa que, más que pretender la atención de esas lagunas, estas declaraciones revelen la intención de reformar leyes en un sentido contrario a la lógica y a los principios del sistema acusatorio. En este contexto, el pasado 21 de octubre, durante una conferencia que incluyó a representantes de los tres poderes federales y a la Fiscalía General de la

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De acuerdo con el Índice de Impunidad Directa, el porcentaje de impunidad es de 96.1% en el ámbito local, y de 94.6% en el ámbito federal. República, se confirmó la intención de aprobar una reforma ambiciosa al sistema de justicia; probablemente la más ambiciosa desde 2008. La Consejería Jurídica del Ejecutivo anunció que trabajará en un Código Penal con aplicación nacional, además de leyes especiales para una serie de delitos de alto impacto.2 Se anunció también una ley para homologar los procedimientos de procuración de justicia que integrará desde criterios de actuación de policías y personal de investigación hasta la definición de los modelos de investigación y estructuras de las fiscalías del país. Por su parte, el fiscal general anunció que en enero se presentará la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, elaborada bajo los términos del actual titular y que sustituiría a la actual, con menos de un año de vigencia. En el caso del Código Penal —una propuesta que lleva varias décadas en el tintero—, será interesante ver el intento de acomodar en un solo texto los diversos intereses de la Federación. La publicación de un código único es consistente con la tendencia centralizadora que ha caracterizado el proceso de reforma del sistema de justicia penal, en menoscabo del federalismo y de la autonomía de las entidades. Si bien parece que se pretende evitar que el código regule conductas controversiales,3 una vez abierto el debate legislativo sobre los contenidos de la norma no hay garantías de que no se termine ampliando el catálogo de delitos o se criminalicen derechos, lo cual sería un gravísimo retroceso. En el caso de la homologación de procedimientos, el gran desafío es lograr establecer estándares

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mínimos que garanticen homogeneidad y eficacia sin que se burocratice de manera innecesaria la procuración de justicia. La homologación puede ser contraproducente si deriva en una camisa de fuerza que impida a las fiscalías responder de forma eficaz y flexible al delito. Puesto que la cultura legal mexicana es propicia para los formalismos, existe el riesgo de que una ley en la materia atente contra la flexibilidad necesaria para una investigación eficaz del delito. No obstante, igual de importante será evitar que se minimicen los controles y se establezcan estándares laxos para la investigación, que profundicen la discrecionalidad que mencionamos previamente. En este tema, la construcción de una buena norma requerirá que los legisladores hagan las veces de un equilibrista. Ante los inminentes cambios, éste sería un buen momento para definir una política criminal que integre los objetivos y las acciones de las instituciones de seguridad y justicia. Es fundamental que las normas que se han anunciado se articulen de forma consistente con una visión de derechos que priorice el acceso a la justicia. Sería lamentable que su articulación, o la falta de ella, se dé en torno de la idea del fracaso del enfoque garantista y se privilegie el expansionismo penal en detrimento de los derechos de las personas. Ya en marzo de 2018 se modificó el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva automática. Bajo el equívoco mensaje de establecer “delitos graves”, se fijó un número mayor de conductas para las cuales se impone prisión preventiva en automático, sin que aún exista una sentencia de por medio. No está de más señalar que esto implica una violación a la presunción de inocencia, como ha sido establecido por tribunales internacionales. En este sentido, el anuncio de un modelo de justicia cívica —que, en palabras del fiscal general, podría resolver hasta 80 por ciento de los delitos— es una noticia positiva que sugiere que no se pretende resolver todos los conflictos por medio de la intervención del aparato de justicia penal. No obstante, más allá de los pronósticos alegres, lo cierto es que hay pocas certezas de cara al proceso legislativo que se ha iniciado. Las reformas que ya se han dado, como la citada ampliación del catálogo de delitos

con prisión preventiva de oficio y la Ley de Extinción de Dominio, y las posturas públicas de quienes impulsan los inminentes cambios, no garantizan que el desenlace sea necesariamente consistente con los postulados del modelo acusatorio y con un enfoque de derechos. ¿Existen razones para pensar que reducir estándares fomentará una mayor justicia? No desde nuestra perspectiva. Es importante señalar que desde 2008 coexiste con el modelo acusatorio un régimen penal de excepción para la delincuencia organizada, con menos requerimientos para las investigaciones y tiempos más laxos. Difícilmente alguien podría argumentar que sus resultados han sido positivos; por ejemplo, de los 4,000 arraigos (privación de la libertad hasta de 80 días sin acusación formal) que tuvieron lugar durante la administración del presidente Felipe Calderón, únicamente en 120 casos (3 por ciento) se ejerció acción penal. Por eso nuestra advertencia: si las reformas se alejan de los principios del modelo acusatorio, difícilmente tendremos justicia y en su lugar habrá una mayor profundización de la arbitrariedad. La caja negra que hoy caracteriza al proceso de toma de decisiones de las autoridades será aún más profunda e indescifrable; la ruta de la arbitrariedad, aún más sinuosa. Hacia un camino más seguro e iluminado El margen para la toma de decisiones que contempla el modelo acusatorio es necesario si queremos un sistema de justicia racional que garantice respuestas proporcionales a los distintos delitos y, en última instancia, garantice el acceso a la justicia. No abogamos por la eliminación de este margen como la solución. Recordemos que la obligatoriedad en la persecución delictiva fue una de las causas que derivó en instituciones saturadas y anquilosadas que obligaron a cambiar de modelo. Debido a un asunto de escasez de recursos, las policías y las fiscalías están imposibilitadas para perseguir la totalidad de los delitos cometidos. Esto no es un problema exclusivo de México, ni necesariamente del actual diseño institucional; no hay un solo país donde se resuelvan todos los delitos. Lo que sí hay son sistemas que brindan respuestas efectivas y di-

ferenciadas al crimen. Éste es el objetivo que debe definir la ruta. De hecho, uno de los cambios fundamentales de la reforma fue terminar con la pretensión de determinar la “verdad” para todos los delitos y colocar el énfasis en la solución del conflicto que resulta de la comisión del crimen. Se trató de una apuesta ambiciosa para construir una justicia más racional, que fuera capaz de responder, por primera vez de forma proporcional, a los conflictos sociales. Al respecto, uno de los tantos factores que potencializarían los alcances del modelo acusatorio —y resolverían los problemas derivados de la arbitrariedad descrita— es el desarrollo de políticas de priorización por medio de las cuales se establezcan criterios transparentes y justificados que expliquen la toma de decisiones de las autoridades.4 Estos planes darían certidumbre en torno de las expectativas ciudadanas y cerrarían espacios para la indolencia, el voluntarismo y la corrupción. En términos de la ruta hacia la justicia, el desarrollo de políticas públicas que se traduzcan en modelos de gestión institucional haría los caminos de la justicia más seguros e iluminados. Hasta ahora, los mensajes desde la mayoría de los gobiernos locales y del gobierno federal evidencian que hay una reticencia a ajustarse a las exigencias y a las expectativas del modelo acusatorio. El fino equilibrio que requiere el modelo acusatorio en el ejercicio de la discrecionalidad y la focalización óptima de los recursos disponibles requiere más que la simple aprobación de leyes o el aumento de las penas. En este sentido, el año en curso y el inminente proceso legislativo serán esenciales para definir el rumbo de la reforma penal. Del anuncio de un paquete de reformas legislativas que impactarán prácticamente en todo el sector de justicia pende el futuro de la justicia en el país. * Coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa. ** Colaborador de México Evalúa. 1 Por ejemplo el Modelo de Atención de Demanda Diferenciada desarrollado por la Fiscalía de Querétaro. 2 Las leyes incluirían secuestro, desaparición forzada, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y delitos electorales. 3 Quedarían excluidos la interrupción del embarazo y la eutanasia, por ejemplo. 4 La Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República (FGR) que se encuentra vigente contempla un plan de persecución penal pero son pocas las entidades donde se han adoptado este tipo de prácticas.

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Entrevis ta

Soraya Sáenz de Santamaría Demos certidumbre a las empresas Miguel Manrique

La ex vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría —hoy socia en la firma legal Cuatrecasas— estuvo en nuestro país hace algunas semanas para visitar las oficinas que la firma iberoamericana tiene en la Ciudad de México y participar, junto con sus socios Marco Antonio de la Peña y Álvaro Botella, en una conferencia que organizó la Cámara Española de Comercio en México, así como ante la Barra Mexicana y la ANADE, para hablar de la importancia del compliance y de un buen gobierno corporativo como factor de sostenibilidad empresarial. En esta entrevista habla sobre cumplimiento, prevención y algunos aspectos que preocupan a la empresa en la actualidad. 42

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María Soraya Sáenz de Santamaría Antón es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ha sido profesora de Derecho administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un máster en Derecho de las telecomunicaciones. Entre 2011 y 2018 se desempeñó como vicepresidenta y ministra de la presidencia del gobierno de Mariano Rajoy, así como ministra para las administraciones territoriales de 2016 a 2018. Además fue portavoz del gobierno entre 2011 y 2016. Presidió la Comisión Interministerial para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) entre 2016 y 2018. Fue portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso en la IX Legislatura. Previamente asumió la portavocía adjunta de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados. Actualmente es consejera de Estado y socia del bufete de abogados Cuatrecasas en el área de gobierno corporativo y compliance.

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Entrevis ta Cuáles son los riesgos a los

y cosas interactúan sin restricciones. Vivimos en un nuevo mundo: presas en esta segunda dé- inteligencia artificial (IA) en todas cada que vamos a iniciar? partes, aplicaciones y análisis Si analizamos las tendencias en inteligentes, cosas inteligentes, riesgos que elaboran las comisiogemelos digitales, plataformas nes de auditoría de las grandes conversacionales, experiencias empresas, el riesgo geopolítico inmersivas, entre otras, que geneaparece entre los principales moti- ran grandes oportunidades, pero vos de preocupación. también exigen una adaptación constante. ¿Cómo llegó usted a esa concluPor lo tanto, la globalización sión? obliga a Estados y empresas a En 2019 el Informe sobre Riesgos afrontar cambios de paradigmas, Globales del World Economic acelerados y flexibles. Sólo aqueForum incrementa el peso de los llos que son capaces de prever, riesgos políticos, sin constreñirse adaptarse, evolucionar e innovar a zonas concretas del globo, sino en un mundo cada vez más inteque los concibe como un riesgo grado, tendrán garantía de éxito. de origen y de consecuencias globales. Y añade a la lista los riesgos ¿Incluiría entre esos riesgos los del medio ambiente y los tecnoregulatorios? lógicos. Sin duda. Las empresas identifican hoy entre sus mayores ¿Advierte usted algunos otros riesgos legales los excesos regufactores de riesgo? latorios y la dificultad de asegurar El ciberespacio se convierte en el el cumplimiento normativo en nuevo escenario real, y no sólo vir- todos los ámbitos. La reacción tual, ilimitado, en el que personas frente a la crisis económica de que se enfrentan las em-

“Ante los riesgos regulatorios y de compliance actuales es esencial conocer el contexto político y legal, saber moverse entre jurisdicciones y legislaciones y tener capacidad para evaluar efectos y prevenir responsabilidades.” 44

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principios de siglo ha provocado que sectores tradicionales de la economía —como la banca o los seguros— naveguen en un horizonte de hiperregulación casi inabarcable. Y también afecta la falta de regulación... Por supuesto. Especialmente cuando hablamos de los espacios globales comunes (medio ambiente, biodiversidad o ciberespacio). Éstos se encuentran con ausencia de regulación, o bien con regulaciones parciales y fragmentadas que alientan una competencia asimétrica entre Estados y entre empresas. ¿Cómo pueden ayudar a afrontar esos riesgos un buen gobierno corporativo y un sistema de compliance? Ambos contribuyen a la sostenibilidad y al éxito empresarial. Sólo daré unos cuantos ejemplos: primero, ayudan a facilitar la financiación. Los grandes fondos cada vez son más sensibles a la importancia de la gobernanza y el compliance que garantizan el manejo transparente y veraz de los resultados de las empresas. Segundo, mejoran la relación y la visión de los stakeholders. Las buenas políticas de gobierno corporativo, que vinculan objetivos empresariales y valores, trabajan por el medio y el largo plazos. Generan una relación más estable que aumenta su valor al ser percibidas mejor por proveedores, clientes, administraciones o empleados. Todo lo anterior da

estabilidad a la empresa y a su posición en el mercado. ¿Qué beneficios trae el buen gobierno corporativo? El buen gobierno genera valor por sí mismo. Contribuye a construir estructuras más eficientes, en las que se diseñan y se planifican los procedimientos de toma de decisiones, se huye de la improvisación y se aprovechan mejor los recursos. Todo aporta para mejorar su competitividad y su rentabilidad. Por decirlo en un titular, gobernanza y compliance también cotizan en bolsa. ¿Cuáles son los elementos que valoran más los inversionistas en el gobierno corporativo de las empresas en la actualidad? Un buen consejo de administración, por sí mismo, es un valor para las compañías. El diseño de la composición del board y sus planes de sucesión son, a su vez, el mejor antídoto contra el activismo, el malestar de accionistas y las crisis de todo tipo. Black Rock, State Sheet, Wanguard o Glass Lewis, entre otros, valoran la mezcla de experiencias y competencias de los consejeros para una estrategia a largo plazo. Tienen muy en cuenta un consejo con conocimiento en temas de gobernanza, que integre experiencia, habilidades y diversidad (incluidos nuevos talentos), de acuerdo con las necesidades presentes y futuras, la estrategia del negocio, la industria y la competencia. También tienen

muy presente que dispongan de planes de sucesión en un horizonte temporal adecuado. Con motivo de su nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, México ha puesto en marcha importantes cambios legales en materia de cumplimiento normativo desde un punto de vista administrativo y penal. ¿Qué consejos daría a los empresarios mexicanos para evitar una responsabilidad penal? La legislación mexicana está adoptando medidas muy similares a lo que España ha venido haciendo también en los últimos años, que es empezar a visualizar la necesidad del cumplimiento normativo con el fin de prevenir y, en su caso, enfrentar con éxito

la sanción penal a la persona jurídica. Entre las consecuencias legales derivadas de la comisión de faltas administrativas graves o de los delitos previstos en su legislación penal, destacan la inhabilitación de las empresas para contratar con el sector público, la suspensión de sus actividades, la publicación de la sentencia condenatoria con el consecuente daño reputacional a la empresa hasta la disolución de la sociedad responsable del ilícito. Es decir, reforzar los esquemas de compliance... Efectivamente. Un buen programa de cumplimiento normativo previene la comisión de faltas administrativas graves, así como

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de delitos, además de ser atenuante o eximente de la responsabilidad criminal. Con un programa de cumplimiento normativo bien implementado en la empresa es posible deslindar las responsabilidades de la empresa respecto de aquel directivo o empleado que incurra en una conducta ilícita. El objeto y la conducta ética de la empresa está por encima de cualquier individuo en lo particular.

En primer lugar, liderazgo, entendido como capacidad de gestión, de creación de equipos y de asunción responsable. Después, resistencia, para soportar largos periodos de tensión y eludir las consecuencias del efecto fatiga. En tercer lugar, capacidad de comunicación interna, que busque la implicación y la complicidad de los empleados, además de capacidad de comunicación externa, con transparencia, pero sin ceder a esas presiones ¿Qué directrices sugiere usted mediáticas que buscan soluciones en los programas de cumpli“ya y ahora”. Pero, ante todo, se miento? precisa estrategia: cualquier gran Un buen programa de compliance decisión empresarial, máxime no es un mero protocolo, un check como consecuencia de un episolist. Ha de impregnar la cultura de dio crítico, ha de enfocarse desde todas sus vertientes (organizativa, la empresa, desde planteamientos éticos. No basta con tener un legal, mediática, económica, reputacional, etcétera). Y estos principrograma estándar; ha de estar diseñado a la medida de la empre- pios sirven ya sea para una crisis de sa para que no sume burocracia activismo accionarial, una crisis de sino eficiencia. La empresa ha de producto, una crisis de compliance, aplicarlo pero, sobre todo, creer y practicar la cultura del cumplimiento normativo. Se debe lograr una cultura empresarial de ética y cumplimiento normativo. Y seguir aplicándola cuando se internacionaliza. En un mundo hiperconectado, una crisis de compliance, que sin duda será reputacional, no tiene fronteras. Asimismo, el eventual daño reputacional a la empresa no prescribe. Usted tiene acreditada una amplia experiencia en gestión de crisis. ¿Cuáles son los ingredientes que se precisan para responder ante una situación crítica?

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una crisis derivada de avalancha de class actions o pleitos masa o un cambio regulatorio extremo para el negocio. Para concluir, ¿qué papel están llamados a desempeñar los abogados ante los retos del momento actual? Vivimos tiempos de gran incertidumbre y los abogados tienen la misión de ayudar a sus clientes a construir certezas. Porque ante los riesgos regulatorios y de compliance actuales es esencial conocer el contexto político y legal, saber moverse entre jurisdicciones y legislaciones, tener capacidad para evaluar efectos y prevenir responsabilidades, y ante una crisis, coordinar la estrategia legal con el negocio y la comunicación de la entidad. Un buen abogado es el que sabe acompañar y asesorar a su cliente en esa travesía.

DERECHO EN EL MUNDO

Víctor Emilio Corzo*

Verdades y mentiras del asilo a Evo Morales

n los días posteriores a la llegada de Evo Morales a México, el gobierno interino de Bolivia parece cuestionar al gobierno mexicano —por lo menos en la retórica— por permitir que un político asilado siga haciendo política desde el exterior. La cancillería mexicana respondió el 13 de noviembre a través de una nota informativa en la que defiende la libertad de Evo Morales para continuar pronunciándose sobre la vida política de Bolivia. Primero, la nota se apoya en los artículos 6 constitucional y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el derecho a la libertad de expresión. Segundo, la cancillería también remite al artículo VII de la Convención sobre Asilo Territorial, que indica que “la libertad de expresión […] no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados”. Finalmente, la nota señala que —ante cualquier posible conflicto normativo— se aplicaría el principio pro persona. A pesar del pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que envió a México una protesta formal por la supuesta “violación de los principios que rigen la institución del asilo político”, invocando el artículo 4 de la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1967, intitulada la Declaración sobre el asilo territorial, que señala que los “Estados que concedan asilo no

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permitirán que las personas que hayan recibido asilo se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. La protesta formal surgió a raíz de que se divulgó un video en el que supuestamente se escucha la voz de Evo Morales coordinándose —vía telefónica— con un dirigente sindical boliviano para la realización —como forma de protesta— de bloqueos —y cercos de comida— a ciudades en Bolivia. Bolivia le exige al gobierno mexicano que no sea omiso ante la incitación a la violencia que Evo Morales está realizando desde territorio nacional, misma que según la cancillería boliviana “atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano”. Para tener mayor claridad sobre el caso de Evo Morales en México y el marco normativo internacional aplicable es necesario responder los siguientes seis cuestionamientos: 1. ¿Cuál es el valor jurídico de la resolución 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (i.e. Declaración sobre el asilo territorial) que invoca Bolivia? La Resolución 2312 —como documento en sí mismo— carece de valor jurídico, ya que las resoluciones de la Asamblea General son declaraciones meramente políticas sin carácter vinculante. Inclusive, esta aseveración se encuentra reflejada en el propio informe A/6912, del 30 de noviembre de 1967, de la Sexta Comisión de la Asamblea General, donde claramente se señala que dicha “declaración no

sería obligatoria para los Estados”, ya que exclusivamente tenía un propósito orientador. 2. ¿Qué instrumento es aplicable?, ¿la Convención sobre Asilo Territorial, invocada por México, o la Declaración sobre el asilo territorial, invocada por Bolivia? Si bien, por un lado, la Resolución 2312 no es vinculante jurídicamente para los Estados y, por el otro, la Convención sobre Asilo Territorial solamente está firmada por Bolivia, mas no ratificada como lo hizo México desde 1981, es importante señalar que la Resolución 2312 se basa en los mismos principios codificados en las convenciones de La Habana (1928) y Montevideo (1933). Lo anterior significa que técnicamente tanto México como Bolivia están haciendo referencia a los mismos principios, empero sus posiciones oficiales han sido construidas en diferentes momentos, respecto de diferentes hechos y haciendo referencia a distintos instrumentos internacionales. 3. ¿Puede un político asilado seguir haciendo política desde el exterior? Sí. Este tipo de actividades se encuentran amparadas bajo el derecho humano de libertad de expresión. Este derecho, sin embargo, no es absoluto. La libertad de expresión encuentra su limitación cuando es empleada para difundir “propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante” (artículo VII, Convención sobre Asilo Territorial), o para realizar “actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas” (artículo 4, Resolución 2312). Un ejemplo de cómo otro asilado político ejerce su libertad de expresión en la actualidad es el caso del estadounidense Edward Snowden, quien filtró cientos de documentos clasificados del gobierno estadounidense, y quien desde su país de asilo, Rusia, mantiene una participación

constante —a nivel mundial, vía videoconferencias— sobre la discusión de derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. 4. ¿Las acciones de Evo Morales en México pueden ser caracterizadas como violaciones a las restricciones a los asilados políticos? No en cuanto al ejercicio de su libertad de expresión. Sin embargo, el análisis tiene que ser más minucioso si nos referimos a la conversación divulgada el 20 de noviembre mediante la cual supuestamente se coordina el bloqueo de diversas ciudades en Bolivia. Haciendo de lado la falta de certeza sobre si se trata de Evo Morales en la conversación telefónica o si el video fue alterado digitalmente, se tiene que hacer la valoración bajo los dos instrumentos internacionales multicitados para determinar si existe una violación a las restricciones existentes para asilados. Con base en el texto del artículo VII de la Convención sobre Asilo Territorial, se tiene que verificar si estamos ante la existencia de “propaganda sistemática” —por parte del asilado político— a través de la cual se incite al empleo de la fuerza o a la violencia contra el gobierno. Entendiendo por “sistemático” —lo definido dentro de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia— como un patrón, repetido y continuo, se puede concluir que no existe tal violación, ya que, por un lado —hasta el momento—, sólo se conoce una llamada por medio de la cual se están coordinando dichos bloqueos, y, por el otro, la conducción de bloqueos no necesariamente se debe traducir como una acción violenta. Por otro lado, conforme al artículo 4 de la Declaración sobre el asilo territorial, se tiene que valorar si las acciones de Evo Morales pueden ser caracterizadas como “actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. El gobierno de

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Bolivia, en su protesta diplomática hacia México, menciona como propósitos y principios de Naciones Unidas violentados el “mantenimiento de la paz y seguridad internacional, fomento de relaciones de amistad, y no injerencia en la política interna de otros países”. Si bien los primeros dos principios se encuentran mencionados en el primer párrafo del preámbulo de la propia Declaración sobre el Asilo Territorial, es importante aclarar que éstos son mencionados para poner en contexto que la figura de asilo y dicho documento son creados para proteger “a las personas perseguidas por luchar en favor de los propósitos y principios proclamados en la Carta”. En este sentido, como lo señala la misma declaración, el otorgamiento del asilo —aunque no se debe— puede ser visto como inamistoso por parte de un tercer Estado. En lo que se refiere al principio de “no injerencia en la política interna de otros países” es importante señalar que dicha restricción va encaminada a Estados extranjeros y no a asilados políticos. Difícilmente se puede exigir a un asilado político que no participe en la vida política de su Estado de origen. Inclusive, la mayoría de los asilados, como se ejemplificaba en 1949, durante las discusiones que el Grupo de Expertos que redactó la Declaración sobre el asilo territorial, después de cierto periodo, transitan de ser perseguidos políticos a ser actores principales nuevamente en el gobierno de su país de origen. Por ejemplo, el caso de Tomáš Masarik, quien pasó de ser un fugitivo del Imperio austrohúngaro, condenado a muerte por traidor, a ser presidente de Checoslovaquia. En resumen, se confirma la misma conclusión a la que llegaron los redactores de la Declaración sobre el asilo territorial, quienes en el informe A/6912, del 30 de noviembre de 1967, de la Sexta Comisión de la Asamblea General, asentaron que “resultaba difícil ver cómo los particulares podían dedicarse a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ya que esos propósitos y principios se referían a los Estados y no a los individuos”. En otras palabras, se argumenta que Evo Morales no ha cometido ninguna violación a su asilo.

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5. ¿Existe alguna obligación del Estado mexicano frente las acciones de Evo Morales? En los travaux préparatoires de la Declaración sobre el asilo territorial publicados en el informe A/6912, por un lado se indica que los representantes estatales “manifestaron el temor de que esa disposición [el artículo 4 citado por Bolivia] pudiera invocarse en la práctica para justificar la adopción de medidas que limitaran innecesariamente la libertad de los refugiados y desearon hacer constar que, a su juicio, el artículo no imponía restricciones a la libertad personal ni exigía que los Estados asumieran poderes adicionales para imponer tales restricciones”. Por el otro, un grupo de representantes estatales señaló que hubieran deseado que se especificara en la declaración que “un Estado debía considerarse responsable desde un punto de vista internacional si toleraba y alentaba de hecho que un refugiado realizase actividades subversivas contra su Estado de origen”. Las normas vigentes en materia de responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, codificadas en la Resolución 5683 de la Asamblea General de la Naciones Unidas —la cual ha sido reconocida por la Corte Internacional de Justicia como reflejo de la costumbre internacional— señalan que para que se pueda atribuir una conducta de un particular a un Estado, este último tiene que ejercer un “control efectivo” sobre la acciones del individuo, lo cual no es el caso de México y Evo Morales. Ahora, en lo que respecta a la supuesta omisión de prevenir la realización de actividades subversivas: primero, dicho término va relacionado con el concepto de neutralidad en tiempos de guerra; segundo, se tiene que valorar jurídicamente si Evo Morales ya dejó de ser el presidente de Bolivia (esto en relación con que todavía el Congreso de ese país no ha aprobado su renuncia, por lo que técnicamente, al seguir siendo el presidente de iure de Bolivia, no podría realizar acciones subversivas en contra de su propio gobierno), y tercero, que la caracterización de las conductas de los asilados, precisamente al ser perseguidos políticos, serán muy controversiales, ya que en el contexto actual lo que para unos puede ser una actividad subversiva para otros será simple-

mente el ejercicio del derecho de manifestación o de libertad de expresión. Un ejemplo, en el que se puede apreciar el contraste de posiciones, fue cuando México protestó en 1911 por la publicación de ciertos artículos de prensa que promovían la anarquía en México desde Estados Unidos, y el entonces secretario de Estado estadounidense, Philander C. Knox, le respondió al embajador mexicano, Manuel de Zamacona, que “la libertad de expresión y de prensa eran dos de los más sagrados derechos consagrados en la Constitución de dicho país […] los cuales son absolutamente inviolables”. 6. ¿Ha cometido algún crimen Evo Morales? El 22 de noviembre las autoridades bolivianas anunciaban el inicio de una investigación penal en contra de Evo Morales por los delitos de sedición y terrorismo. Asimismo, un día antes, el 21 de noviembre, divulgaron que estarían presentando una denuncia ante la Corte Penal Internacional, ya que, bajo su perspectiva, al fungir los bloqueos como “cercos de comida” se estaría cometido un crimen de lesa humanidad. Respecto de este último punto se tiene que señalar que para que las acciones de Evo Morales tengan tal caracterización es necesario —conforme se explica en los “Elementos de los crímenes” del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional— que se busque deliberadamente causar la destrucción de parte de una población para, de esta forma, actualizarse un crimen de lesa humanidad bajo su modalidad de exterminio. En otras palabras, el anuncio de esas acciones le otorga un mayor fundamento al gobierno de México para confirmar el asilo otorgado frente a una supuesta persecución en contra de Evo Morales. En este sentido, aun cuando las autoridades bolivianas concluyan que ha cometido un delito y llegue a existir una solicitud de extradición por parte de Bolivia hacia México, al estar íntimamente relacionada la figura del asilo con la de extradición, el gobierno de México, con fundamento en el artículo 4(a) del Tratado de Extradición entre ambos países, podrá negar esa petición al considerar que el delito por el cual sería perseguido es “un delito político o conducta conexa a tal delito”. Aunque, claro, es importante advertir que como

la extradición y la figura del asilo son herramientas de política exterior, el Estado mexicano puede cambiar su postura si las circunstancias del presente caso varían en un futuro. América Latina es la región del mundo que más práctica tiene en materia de asilo diplomático y político. Indiscutiblemente, más casos como el de Evo Morales surgirán a raíz de los actuales movimientos sociales y políticos de la región. Por esta razón se debe reconocer el bagaje histórico del gobierno de México ya que, más allá de la alineación ideológica o política que se tenga en el gobierno en turno, siempre ha expresado su solidaridad internacional y ha mantenido abiertas sus puertas para todos aquellos extranjeros que son perseguidos por cuestiones ideológicas en sus países de origen. Al coincidir el tema legal con el político, ejemplificado ahora en la figura de Morales en México, la figura del asilo es una de las herramientas más controversiales del sistema internacional, pero al mismo tiempo es una de las más benignas, ya que busca salvaguardar la integridad de la persona perseguida. Para aquellos interesados en conocer un poco más sobre el tema recomiendo ver el video del programa “Aquí… con Javier Solórzano” del 15 de noviembre, en la página web o en redes sociales de Once Noticias, o en mi canal de YouTube, donde ahondo sobre el escenario en torno del asilo de Evo Morales y la tradición histórica que México tiene sobre el tema.

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

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Alberto Nava Garcés

El INACIPE distingue a Jesús Zamora Pierce El 23 de octubre pasado se llevó al cabo la ceremonia de investidura del doctorado honoris causa que el Instituto Nacional de Ciencias Penales confirió al reconocido penalista Jesús Zamora Pierce. Reproducimos la laudatio que en esa oportunidad pronunció Alberto Nava Garcés, académico especialista en Derecho penal y miembro del Consejo Editorial de esta revista.

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Jesús Zamora Pierce: Asistimos aquí para presenciar su investidura como doctor honoris causa, título que le otorga el Instituto Nacional de Ciencias Penales, un organismo joven que desde hace más de 45 años agrupa a lo más granado de las ciencias penales y en cuyas aulas todavía queda el rumor, el eco, de los grandes maestros que han hablado en sus auditorios y en sus aulas. Dice Newton: “Vamos sobre hombros de

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gigantes”, y hoy, a usted no sólo se le reconoce sino que se le inscribe como un ejemplo de lo que debe ser un penalista. En particular, me siento muy honrado al participar de este acto único. Mi labor no es otra sino responder las preguntas que se puede hacer el homenajeado: ¿por qué a mí?, ¿por qué aquí?, ¿y por qué hoy? En la hora nona de nuestras vidas, cuando “aún hay sol en las bardas”, resulta de especial relevancia

saber que lo hecho ha tenido algún impacto en la vida de otros, lo que hace que el espíritu trascienda. Hoy me toca referir por qué a usted, por qué el INACIPE y por qué en este día luminoso. Jesús Zamora Pierce tiene frente a sí mismo un gran pasado Pocas veces el trabajo de un abogado postulante es reconocido en los ámbitos académicos, pero es justo porque su trabajo ha rebasado las paredes de los antiguos juzgados, las escaleras de mármol de los altos tribunales y, por supuesto, los pizarrones donde su nombre es repetido para referir delitos en particular, patrimoniales por antonomasia, o casos que se han quedado en la memoria colectiva. Su voz, ya sea en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, o en la antigua Academia Mexicana de Ciencias Penales, es un referente de rigor al hablar de Derecho penal. Además, sirva esta mañana para recordar y celebrar su vida profesional. Usted podrá echar la memoria atrás y recordar las charcas de infancia, lo ajustado que podía ser vivir en aquel entonces, la llegada inédita de uno de los suyos hasta la universidad y cómo paulatinamente se fueron abriendo las puertas no sólo para encontrarse con su destino en el despacho de don Víctor Velásquez, sino hasta su

viaje, para dorar más su trayectoria académica en la Sorbona de París, ciudad luz en muchos aspectos más que arquitectónicos. La ciudad en la que Victor Hugo repitió: “No soy, señores, de los que creen que se puede acabar con la pobreza, ésta ocurre por mandato divino, pero soy de los que creen que se puede terminar con la miseria”. El quartier latin debió ser su hogar durante algún tiempo. Lo mismo podía pasar junto a él Cortázar que el fantasma de Joseph Roth. Subiendo los peldaños de dos en dos, la Victoria de Samotracia regresaba a un Museo del Louvre vibrante después de los años de la posguerra, y Charles de Gaulle vivía para seguir alimentando su leyenda. A unos cuantos pasos de la universidad estaba el Pantheon, donde pudo conocer la última morada de pensadores como Voltaire, Rousseau y Dumas. Por el Campo Marte pudo llegar a los inválidos y apreciar la tumba monumental de Napoleón y la estatua en la que descansan su Código Civil y su Código Penal. Imposible no refinar gustos, pulir sus conocimientos y adentrase en la filosofía de aquel lugar donde se conversa con los hombres de todos los siglos. Y una vez que regresó a México no sólo tenía definida su vocación, sino una brillante carrera por ejercer. Dos tarjetas definieron su destino Era estudiante de la carrera de Derecho, pero llegó el momento de trabajar en algo más cercano

a la profesión que había elegido. Junto con un amigo pidió consejo entonces al licenciado Fernando Narváez Angulo, porque querían trabajar en algún despacho. El otrora secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó dos tarjetas: una, la de un abogado fiscalista, y otra, la del despacho de don Víctor Velásquez, eminente penalista cuya fama había alcanzado las primeras planas de los periódicos muchas veces; por ejemplo, por haber librado, en sendas causas, a más de 80 acusados de la pena de muerte. El doctor Zamora Pierce recuerda: “Tomó las dos tarjetas, se volteó a verme y me dijo: ‘¿Tú con quién quieres trabajar, con el fiscalista o con el penalista?’ Y yo le dije la verdad: ‘Mire, la verdad yo no sé qué es lo que hace un abogado fiscalista y tampoco sé que es lo que hace un abogado penalista’. ‘Bueno, ve con el penalista.’ Y me extendió la tarjeta. ”Con esa tarjeta fui a visitar a don Víctor Velásquez. Con mayor o menor trabajo logré convencerlo de que me contratara como pasante; entonces, eso te da la respuesta de mi vocación. Mi vocación me la dio el destino. Es decir, yo no pensaba ser penalista, yo entré a trabajar con un penalista. ”Don Víctor Velásquez, en aquel momento, 1957, era, si no el mejor, uno de los dos mejores abogados penalistas de México. Me le pegué porque no tenía yo otra cosa; como ya expliqué, venía yo de una familia muy modesta. Me le pegué a él; era

un hombre muy culto, era un hombre que había vivido en Francia y en Estados Unidos, y en consecuencia hablaba perfectamente francés e inglés. Entonces lo tomé como modelo, lo tomé como padre intelectual”. Y esa paternidad intelectual dio sus frutos. ¿Por qué se le reconoce hoy al doctor Zamora? Entre otras cosas, porque en su currículo consta, entre otras múltiples cosas imposibles de referir en tan corto espacio, que es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM (1961); doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Sorbona de París; miembro de la Comisión Redactora de los Códigos Tipo Penal y de Procedimientos Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, hoy códigos vigentes en Baja California Norte, Hidalgo y Querétaro. Que ha dictado más de 600 conferencias sobre temas jurídicos, en español, en inglés y en francés, en centros de altos estudios de México, Alemania, España, Estados Unidos y Francia, entre otros países de este continente; que es miembro de número del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, entre otros; que fue presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (1995-1996), y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (desde 1997 hasta 2005), entre muchas otras cosas más.

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Sus libros Es autor de más de 90 estudios jurídicos publicados, entre ellos, los libros Derecho procesal mercantil, Garantías y proceso penal, El fraude, Delitos patrimoniales, Transferencia ilícita de recursos depositados en bancos, Ciudadano cero y Mi última defensa. Destaca su libro clásico El fraude, que muy pronto encontró lugar en los libreros de abogados litigantes y jueces.

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Su actividad profesional El doctor Zamora Pierce ha tenido bajo su responsabilidad diversas defensas de suyo interesantes, complejas, notables. Ha salido airoso en la mayoría de ellas y es uno de los acentos en su trayectoria por lo que hoy es reconocido. Algunos de nosotros, sólo algunos cuantos, recordamos lo que pasó aquella mañana de 1975. Los medios impresos de entonces refieren que aquel lunes 20 de octubre, día nublado, a las 9:40 de la mañana, el primer vagón del tren número 10 se estrelló contra el último vagón del tren número 8, provocando que ambos carros se elevaran, rompieran el techo del andén y quedaran “mirando hacia el cielo” con una estela de por lo menos 31 muertos, unos 70 heridos de gravedad, otro centenar de heridos leves y la vida trastocada para cientos de personas. Gracias a la intervención del propio doctor Zamora Pierce no sólo se tuvo conocimiento de una defensa ejemplar, sino que trastocó la forma de operar el Metro para incluir con prontitud nuevos mecanismos que impidieran un nuevo alcance entre trenes.

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Su aparición constante en medios de comunicación le dio una reputación que hasta nuestros días ha llegado intacta. Un homicidio que cambió la historia “La tarde del 14 de mayo de 1610, Enrique IV, rey de Francia, se dirigía en su carroza del Louvre al Arsenal, para visitar a Sully. Los comercios que invaden la vía fuerzan al vehículo del rey a detenerse en la Rue de la Ferronnerie. Había olvidado sus lentes y se concentraba en escuchar al duque de Epernon, quien le leía una carta. El asesino, el pelirrojo, François Ravaillac, apoya los pies sobre los ejes de la rueda trasera derecha, se levanta hasta el nivel del rey y le hunde dos veces un largo cuchillo, privándolo de la vida. ”Francia se desgarró, durante años, entre dos hipótesis encontradas: Ravaillac era un asesino solitario, como él afirmaba, o el crimen era el resultado de un complot. ”Ravaillac tenía 32 años”. Así comienza el libro que Jesús Zamora Pierce escribió sobre el caso Colosio: Ciudadano cero. Al doctor Zamora Pierce le otorgaron su confianza los distintos fiscales especiales para asesorarlos en ese tema que a todos, en México, nos ha mantenido en vilo desde entonces. De primera mano cuenta en su libro sus consideraciones y sus conclusiones, basadas en lo objetivo y, fiel a su estilo, con el rigor que requiere una investigación de ese tamaño. El propio Zamora Pierce revela: “La voz grave en el teléfono era la de un hombre maduro. Su

vocabulario y la forma de hablar apuntaban a una persona culta y acostumbrada a mandar. ‘Me lo han recomendado mucho —me dijo—. Quiero pedirle que sea mi asesor. No tengo todavía oficinas definitivas, pero, por el momento, estoy trabajando aquí.’ Me dio una dirección en la avenida Juárez. Convenimos en una cita para ese mismo día. No mencionó para qué asunto solicitaba mi auxilio. No hacía falta, me habían dado su nombre: Miguel Montes. Todo México sabía que el presidente Carlos Salinas de Gortari acababa de designarlo subprocurador especial para investigar el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Montes me ofrecía un asiento de primera fila para observar la historia de México”. Resistente al ofrecimiento de los cargos públicos, desde su ámbito de profesional libre, desempeñó la tarea encomendada. Crítico del nuevo sistema de justicia penal Con las cartas credenciales de ser uno de los titanes del viejo sistema penal, Zamora Pierce no dudó en esgrimir francas y duras críticas sobre el sistema penal que estaba cundiendo en América Latina. Las gotas de veneno a que hacía referencia García Ramírez eran explicadas en libros en los que describía su oposición a adoptar un sistema que, mal entendido, pudiera ser un desacierto. No le hacía gracia alguna que aquellos que no habían litigado en el sistema anterior y, por supuesto, no lo habían hecho en el que se pretendía adoptar, quisieran enseñar la manera hasta

de interrogar a un testigo. Pero su crítica se centró, alguna vez, en la adopción de un plea bargaining al que no hemos podido arribar de manera entera. Al referirse al procedimiento abreviado, nuestro homenajeado apuntó: “Es por esta vía por donde la reforma pretende encaminar hasta 95 por ciento de los casos, que no llegarán a juicio oral. El proceso abreviado constituirá la regla de la cual el juicio oral será una mera excepción, una utopía sin aplicación práctica. De donde resulta que reviste mucho más interés el estudio del proceso abreviado que el conocimiento del juicio oral y quizá sería más preciso denominar a la reforma ‘el procedimiento abreviado’. El análisis crítico del procedimiento abreviado nos permitirá concluir el éxito o el fracaso de la reforma constitucional”. No pocas veces insistió en que se analizara con cuidado cada una de las instituciones que se regulaban. Hoy, la ampliación sin sentido de la prisión preventiva oficiosa y la ampliación de tipos penales de manera caótica pudieran ser parte de lo que ya nos advertía el doctor Zamora Pierce respecto de los peligros que importaba el nuevo sistema que, con nostalgia del anterior, se puede convertir en una verdadera pesadilla de nuestros tiempos. Su última defensa El doctor Zamora Pierce dice que se ha retirado del mundo del litigio y de eso da testimonio en un libro que intituló Mi última defensa, tres palabras que de

sólo leerlas hielan la sangre. ¿Qué implica la última defensa? ¿El retiro? De ninguna manera, sólo se trata de una pausa para dar continuidad a los textos pendientes que está por escribir. Dice nuestro homenajeado: “El drama toca a las puertas del abogado penalista todos los días. Homicidio, fraude, cohecho, lesiones, amenazas, abuso de confianza, lavado de dinero, despojo… Todos esos y más son delitos de los que he tenido que ocuparme a lo largo de mi ejercicio profesional. Y mis clientes, los hombres y las mujeres que requieren mis servicios porque han sido acusados de cometer un delito, o bien porque han sido víctimas de uno, viven situaciones límite, que hacen surgir la esencia más profunda y auténtica de su personalidad. Ante mí han desfilado lo más sublime y lo más abyecto del ser humano. El penalista los sirve a todos con sus conocimientos y, como el Cirineo, ayuda a cargar la cruz”. En esa última defensa, las posibilidades se fueron cerrando, las instancias se acababan, la acusación de homicidio permanecía firme, la sentencia de 50 años de

prisión que pesaba sobre aquella mujer parecía inamovible. Y la intervención del doctor, con el tiempo justo para revertir la sentencia, lo hicieron recapitular que nunca había tenido que combatir una sentencia con tantos años de prisión. Con este caso cerraría 60 años de vida en el mundo penal, cinco como pasante y 55 como abogado. Los vientos le fueron favorables. Consiguió lo que esperaban todos los que depositaron su confianza en él en un momento tan delicado: la libertad de su cliente. Y fue entonces cuando todo premio que le ha sido negado, cuando todo evento al que no ha asistido cobra otro valor. La libertad conseguida es el máximo orgullo que corona la frente del defensor. Colofón Admirado doctor, en la Facultad de Derecho de la UNAM, de donde provenimos, existía en su Biblioteca Antonio Caso un busto de aquel filósofo que estaba orlado por la frase que hoy me permito parafrasear: “Éste es vuestro héroe, seguid su ejemplo”.

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E nEt rnet vr ei svtias t a

Zulema Mosri Víctor Hugo Gil

Cómo remediar la actividad irregular del Estado Con motivo de la reciente publicación de su libro De la responsabilidad patrimonial del Estado a la remediación de su actividad irregular, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez habla en esta entrevista de las alternativas que propone en su obra para fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y la corrección de las actividades irregulares del gobierno, incluso de aquellas que se realizan conforme a Derecho.

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Zulema Mosri Gutiérrez es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su trayectoria de más de 25 años se ha desempeñado como magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, diputada local de la LVIII Legislatura del Congreso de Sonora, coordinadora de la reforma en materia de federalismo en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, titular de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la Cámara de Senadores, jefa de Servicios de Asuntos Fiscales del ISSSTE en la Ciudad de México, coordinadora general de Estudios Legislativos del Gobierno del Estado de Sonora y coordinadora jurídica fiduciaria del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior y como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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Entrevis ta

i buscamos en internet el tema “responsabilidad patrimonial del Estado”, aparecen 17,400,000 resultados. ¿Necesitamos otro libro más sobre ese tema? Considero que no es un libro más sobre el tema, ya que su propósito es presentar un amplio y nuevo espacio para estimular el desarrollo del Derecho administrativo en cuyo campo la actual relación “actividad irregular del Estado y su sanción” se sustituya por la relación “actividad defectuosa del gobierno y su corrección”. ¿Cuáles son las implicaciones o los resultados del análisis de la relación entre la “actividad defectuosa del gobierno y su corrección”? ¿Se trata de presentar el problema de la actividad irregular del Estado en otros términos, quizá más generosos con el Estado? Responsabilizar al Estado de la conducta irregular de los servidores públicos y que se indemnice al afectado constituye un avance indiscutible para el Derecho administrativo, pero éste es un camino ya recorrido porque tanto las leyes como los tribunales y los abogados se ocupan ya de su tutela, desarrollo, institucionalización y perfeccionamiento. Sin embargo, me preocupan las actividades del gobierno que, no siendo ilícitas, afectan a la sociedad lenta pero constantemente, invisible para auditores, para periodistas y aun para expertos, y sólo visible en el largo plazo con base en el análisis histórico, sin responsables, sin solución y sin remedio. ¿Le preocupa el gobierno, los resultados de una administración en relación con sus votantes? No, ese espacio también es otro camino ya frecuentado. México tiene una democracia electoral efectiva. Los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y que votan pueden cambiar un gobierno por el mérito o el demérito de sus resultados y en función de los programas y los resultados que ofrezcan las plataformas políticas. Mi propuesta es otra: la remediación de la conducta del gobierno, lo cual implica que cualquier interesado pueda disponer de un espacio para señalar que las acciones de la administración pública,

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la legislación y la judicatura que le afectan directamente, o a la sociedad en general, han perdido el rumbo o bien ofrecen resultados opuestos a los considerandos y a los objetivos para los cuales fueron ejecutadas. Imagine un programa de distribución de alimentos subsidiados en el que, por errores del padrón de beneficiarios, los insumos no se utilizan para preparar alimentos destinados a una familia y se usaran para la manufactura de un producto. Una auditoría podría no advertir la conducta irregular y definirla como anomalía burocrática, porque la acción de distribución de alimentos subsidiados es una actividad regular del Estado, así como la integración del padrón de beneficiarios también es una actividad regular del Estado y lo que el beneficiario haga con los alimentos que ha recibido escapa de las atribuciones de policía administrativa del gobierno. Imagine un régimen permisionado para realizar una actividad lícita e incluso necesaria para la industria, para cualquier industria, y que ese régimen permisionado esté transformando la naturaleza de un servicio público prestado en red, que implica la administración de infraestructura estratégica propiedad de la nación, que de alguna forma captura beneficios. Imagine que el régimen de concesiones de transporte de una ciudad ha sido rebasado por formas lícitas de transporte urbano o interurbano y se produce un conflicto social entre concesionarios. ¿Necesariamente debe haber un conflicto para que en el Derecho administrativo exista un mecanismo de participación que no implique la imposición de una sanción, el pago de una indemnización y, en contraste, ofrezca una solución? Me preocupa que el Estado disponga para los ciudadanos de un espacio para solicitar la corrección de las acciones del gobierno, sin que haya un conflicto que resolver o una sanción que imponer. ¿Y a este espacio en su libro usted lo denomina “acción de remediación”? Así es. Propongo que el siguiente paso en la construcción de una administración pública efectiva implica identificar las limitaciones de la respon-

sabilidad patrimonial del Estado para corregir las anomalías burocráticas que afectan la relación de los ciudadanos con su gobierno y ofrecer una posibilidad complementaria a la sanción de servidores públicos y a la indemnización de los afectados por las acciones del gobierno. Me parece que un Estado funcional, un Estado democrático, debe ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de remediar sus acciones y garantizarles mejores resultados. ¿Puede haber actividad irregular en los otros poderes? Las anomalías burocráticas pueden afectar cualquier proceso y los ciudadanos necesitan un espacio para advertirlo a sus representantes y a todo el conjunto de los servidores públicos. La estructura de la Constitución implica la cooperación entre los poderes para mantener el sentido del proyecto de nación que representa también la Constitución. Todos los mecanismos de cooperación previstos constituyen una forma de remediación.

La remediación de las acciones del gobierno implica mantener el sistema de equilibrios entre los poderes, de manera que el tránsito de un derecho programado a un derecho ejercible no se detenga ni se realice de manera incompleta. ¿Por qué “remediación”? El Derecho administrativo no puede ofrecer una solución absoluta ni definitiva respecto de las acciones del gobierno. Pero sí puede ofrecer que las cosas se acerquen lo más posible al contenido programático de una norma, aunque no necesariamente a ese contenido. Me preocupa que los derechos sean sólo expectativas, que los resultados de las acciones del gobierno sean una aproximación a lo que espera el ciudadano. El espacio entre la acción del gobierno y la expectativa del gobernado es muy pequeño y se mide en grados de confianza. Ofrecer condiciones ideales a los gobernados es un problema de lenguaje que socava su confianza.

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“La remediación de la conducta del gobierno implica que cualquier interesado pueda disponer de un espacio para señalar las acciones de la administración pública, la legislación y la judicatura que le afectan directamente.” 60

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Creo que no podemos ofrecer satisfacer una expectativa de manera completa. La conducta irregular se remedia, nada más. ¿Alguna reflexión final que nos pueda ofrecer? Este trabajo es un paso adelante después de mi investigación para obtener el grado de doctora en Derecho. Investigar es una labor intensa y, finalmente, un privilegio que cuesta tiempo e inversión de esfuerzos. Me he propuesto presentar los resultados de mi estudio de manera clara y accesible, no sólo a los juristas sino a cualquier interesado, precisamente para remediar un problema que también tenemos en el lenguaje jurídico: los abogados debemos ser más claros, menos rebuscados en lo que escribimos. Creo que el desafío del investigador, además de aportar conocimiento, implica entender que los resultados académicos son el reflejo del esfuerzo y de la esperanza de una nación para plantear soluciones que resuelvan sus problemas. México tiene, como la sociedad dinámica que es, innumerables problemas y necesitamos un espacio para comenzar a resolverlos.

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REPORTAJE

La nueva cara de la defensoría pública en Michoacán

Marco Aurelio Nava Cervantes

El Instituto de Defensoría Pública de Michoacán tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a través de los servicios de la defensa pública, proporcionando defensa penal, asesoría y patrocinio de manera pública, gratuita y profesional. A lo largo de este año ha desarrollado una valiosa labor, de la que da cuenta este reportaje. 62

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l Instituto de Defensoría Pública de Michoacán ha estado en constante evolución, adaptación y cambio en las distintas zonas donde dicho instituto tiene operatividad y poco a poco ha ido ampliando su catálogo, con 158 defensores distribuidos en las jefaturas regionales de: Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo-Jiquilpan, Tacámbaro, Uruapan, Zacapu, Zamora, Zitácuaro, Hidalgo y Puruándiro, cuya distribución territorial abarca los 113 municipios. Para el director general del instituto, Marco Aurelio Nava Cervantes, lo más importante es la cercanía con la ciudadanía; por eso, junto a su equipo de trabajo diseñó una estrategia para alcanzar cobertura total en Michoacán, como lo instruyó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. De ahí surgió el programa insignia Defensor Público a tu Alcance, cuyos resultados están modificando la percepción ciudadana hacia la Institución. Ese programa tiene como finalidad dar asesoría jurídica y patrocinio gratuitos, garantizando el derecho humano de acceso a la justicia, a través de

redes sociales como WhatsApp y Facebook, y recorriendo municipios, tenencias y colonias de todo el estado con un grupo de abogados, defensores públicos, quienes otorgan atención personalizada y dan seguimiento a las solicitudes de patrocinio. Lo anterior se ha logrado gracias al apoyo y la coordinación que existe con los jefes regionales y con los presidentes municipales. Paralelamente al crecimiento en la cobertura, se trazó una estrategia para la profesionalización de los defensores públicos al servicio de la ciudadanía, de los cuales 70 por ciento concluyó con una maestría y el resto se

encuentra en proceso de concretarla, lo cual, sumado a una rigurosa capacitación permanente, proyecta a este instituto como uno de los que cuenta con mayor nivel académico del país. Gracias a las gestiones interinstitucionales, el 28 de noviembre de 2018 se firmó un convenio con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (Univim) para la creación y el diseño de una maestría en defensa jurídica y derechos humanos dirigida a defensores públicos y sociedad en general. La buena relación y armonía con otras instituciones permitió que dos defensores públicos fueran acreditados en el idioma

purépecha por la Facultad de Idiomas de la máxima casa de estudios del estado: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, el 26 de noviembre de 2018 se suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Política del Estado de Michoacán (IEESSPP), y el 26 de febrero del año en curso se firmó otro convenio con el Poder Judicial del Estado de Michoacán, estableciendo vínculos académicos que facilitan la capacitación y la profesionalización de los defensores públicos. También se implementó el programa piloto de la Unidad de Mediación del Instituto de Defensoría Pública, que es el primer servicio que oferta el Ejecutivo del estado en materias civil y familiar y cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una forma pacífica para solucionar sus controversias, en los casos regulados y permitidos por la ley, mediante la celebración de un convenio en el que se establezcan las responsabilidades de las partes intervinientes en la mediación, aplicando y cumpliendo los principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

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Celebran el XVII Congreso Nacional de Abogados Del 7 al 9 de noviembre pasado se llevó a cabo el XVII Congreso Nacional de Abogados de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en Mazatlán, Sinaloa. A continuación reproducimos las palabras de Héctor Herrera Ordóñez, presidente del colegio, en la inauguración del evento, que sintetiza el espíritu y los trabajos de este encuentro.

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Buenas noches:

Héctor Herrera Ordóñez en la inauguración del XVII Congreso Nacional de Abogados de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

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Maestro Quirino Ordaz Coppel, gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y galardonado este año por la BMA con el Premio Nacional de Jurisprudencia. Maestra Claudia Elena de Buen Unna, primera vicepresidenta de la BMA. Maestro Víctor Olea Peláez, segundo vicepresidente de la BMA y coordinador general de este XVII Congreso Nacional de Abogados. Licenciado Óscar Pérez Barros, secretario de Turismo del estado de Sinaloa. Maestro Juan Bautista Lizárraga Motta, presidente del capítulo Sinaloa de la BMA. Estimados ex presidentes de la BMA que nos acompañan: don Jesús Zamora Pierce, don Alejandro Ogarrio Ramírez España y don Ricardo Ríos Ferrer.

Estimados presidentes de los capítulos de la BMA. Estimados coordinadores y subcoordinadores de las comisiones de Estudio y Ejercicio Profesional de la BMA. Compañeros barristas. Señoras y señores. Sean todos bienvenidos al XVII Congreso Nacional de Abogados que organiza la Barra Mexicana, Colegio de Abogados en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, con el apoyo del capítulo Sinaloa de la BMA y con la decidida colaboración del gobierno del estado. El tema central de este congreso es “Estado de Derecho y desarrollo sostenible. Evaluación y propuestas para su fortalecimiento”. El programa académico de esta conferencia contempla dos reuniones plenarias: una el viernes sobre Estado de Derecho y seguridad, y otra el sábado sobre desarrollo sostenible y Estado de Derecho. Posteriormente, tendremos jornadas académicas en 26 especialidades de la ciencia del Derecho. Todas las actividades del programa académico se llevarán a cabo en el Mazatlán International Center. La independencia de los juzgadores constituye una garantía de protección de los derechos de todas las personas. Así se ha reconocido históricamente y así se reconoce no solamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, sino en innumerables instrumentos internacionales formulados tanto por la Organización de

las Naciones Unidas como por organismos regionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos en cuya formación ha participado nuestro país y ha comprometido su acatamiento. Esta garantía se instituye para que los órganos de impartición de justicia actúen con imparcialidad, para el debido cumplimiento de su función primordial, que es la de resolver los conflictos, no solamente entre los particulares, sino frente a los actos de autoridad que no se ajusten a las prescripciones legales ni atiendan a la protección y el desarrollo de los derechos. De ahí que todos los gobernados y, en especial, los abogados, como agentes fundamentales de la administración de justicia, tenemos el deber de procurar que se preserve esa independencia. Para el logro de esta finalidad, el punto de partida elemental es la división de poderes. Desde 1789, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se ha reconocido que “toda sociedad en la que la garantía de los

derechos no esté asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. Para consolidar un régimen democrático que aspire a constituir un verdadero Estado de Derecho es necesario que la función judicial

se ejerza sin interferencias que le impidan actuar para la debida protección de los derechos de todos, con objetividad e imparcialidad, respetando la pluralidad sin perder de vista la dignidad y la igualdad esencial de todas las personas. “Que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos”, como expresó Morelos en los Sentimientos de

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Víctor Olea Peláez, Héctor Herrera Ordóñez y Claudia Elena de Buen Unna

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la nación, no tiene un sentido trivial, sino que proporciona la base de la independencia de los jueces, que se configura en el texto de nuestra Constitución vigente a través de una serie de disposiciones aplicables tanto al Poder Judicial Federal, como a las entidades federativas. De este modo, los procedimientos legales de ingreso, formación y permanencia de sus integrantes, así como la asignación de una remuneración adecuada e irrenunciable, que no pueda ser disminuida durante su encargo y, sobre todo, la actuación sin interferencias de ninguna especie, constituyen la esfera de

protección indispensable para la existencia de una real independencia que permita cum-

plir con su función esencial. Los poderes públicos, cuya conformación es resultado del ejercicio del derecho de elegir, también protegido jurisdiccionalmente, deben actuar en

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cumplimiento de sus funciones bajo el más estricto respeto de sus ámbitos de actuación. La colaboración entre poderes no faculta a las mayorías que componen los órganos de elección popular para imponer sometimientos que impidan el normal desarrollo del poder constituido para dar protección a los gobernados. Las reformas derivadas de la voluntad política de cambio han de ser instrumentadas como resultado de ejercicios en los que se atienda a la pluralidad de ideas y se sustenten en argumentos. Los jueces en su conjunto constituyen una parte fundamental de la organización del Estado. No es posible una democracia sin un Poder Judicial independiente.

Agradezco a el honor de su presencia. Estoy seguro de que este Congreso será un éxito, gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvaremos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Muchas gracias por su atención.

CINE No conoces a Jack (You Don’t Know Jack, 2010) Gerardo Laveaga

uando pienso en Al Pacino, lo primero que se me viene a la mente es aquel joven inexperto que acaba convirtiéndose en jefe de la mafia en El Padrino y arrasa con sus rivales, uno a uno. Pero pienso, también, en Scarface o en Serpico. O en el coronel ciego de Scent of a woman, aconsejando a su improvisado discípulo y bailando al ritmo de Dance Me to the End of Love, de Leonard Cohen. La verdad, sin embargo, es que no sabría quién es el auténtico Al Pacino: en cada película se esfuma para dar vida a un personaje. Esto es lo que le convierte en gran actor. Lo mismo ocurre con You Don’t Know Jack (2010), donde caracteriza a Jack Kevor-

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kian (1928-2011), el médico de Michigan que, entre 1990 y 1998, aplicó la eutanasia a 130 “pacientes”, convencido de que la muerte era para ellos mejor opción. Resuelto a convertir su causa en bandera, sólo una sentencia judicial pudo detenerlo y enviarlo a prisión. La película comienza con un hombrecillo enjuto y jorobado que mira, a través una ventana, a una mujer que agoniza en un hospital. Es Jack Kevorkian. La escena de la moribunda le ha recordado a su madre, quien sufrió intensamente durante sus últimos días. Entonces decide imitar “lo que ya se hace en Europa” y construir una máquina para proporcionar una muerte indolora

a quienes han perdido toda calidad en la suya. Quiero “dejar mi huella en la historia de la medicina”, declara ante sus amigos, médicos jubilados como él. Les recuerda que el hecho de que ya no esté en funciones no significa que esté retirado. Así, con la ayuda de Neal Nicol (John Goodman), uno de ellos, y de su hermana Margo (Brenda Baccaro), por 15 dólares compra en la tlapalería artículos que le permitan armar su rudimentario y mortal dispositivo. Su primera “paciente” es una mujer a la que han diagnosticado Parkinson y a quien aguarda un futuro desolador. La presidenta de la sociedad Hellmock (Susan Sarandon) había accedido a prestar su casa pero, en el último momento, cambia de opinión. Este contratiempo no detiene a Kevorkian, quien lleva a la voluntaria a su propia camioneta. Ahí hace que ella misma jale el cordón que desata las sustancias y le privan de la vida. A partir de ahí, vendrá un éxito tras otro. La máquina se activa cuando el propio paciente libera una solución que le sume en un profundo sueño y otras dos que le provocan la muerte. Más tarde, cambiará a una mascarilla de gas —Mercitron— para que los pacientes inhalen monóxido de carbono. En ambos casos, sin dolor. Pero el fiscal de Detroit (Dick Thompson), un hombre

obsesionado por aplicar la ley al precio que sea, sin preguntarse si quiera si ésta es justa o pertinente, decide que nadie puede jugar a ser Dios. Así, comienza a perseguirlo sin tregua. Kevorkian se ve obligado a solicitar la ayuda del abogado Geoffrey Fieger (Danny Huston), quien le apoya sin cobrar un centavo. Ambos burlan al fiscal una y otra vez. A fin de cuentas, no hay delito que perseguir. El gobernador de Michigan, sin embargo, preocupado porque en su estado se esté promocionando la eutanasia, consigue que la cámara estatal elabore una ley que penalice el suicidio asistido. Kevorkian acaba en el banquillo de un tribunal, como acusado. Los fundamentalistas católicos, que asedian al protagonista noche y día, están de plácemes. Pero el gusto les dura poco. Gracias a la recomendación de su abogado, Kevorkian ha grabado a los “pacientes” y a sus familiares antes de facilitar el suicidio. Cuando el jurado mira las grabaciones y escucha los testimonios de dolor de esposas, padres y beneficiarios del Doctor Muerte, como comienzan a motejarlo en los medios, queda conmovido. Invariablemente, le declaran inocente. “La ley”, dice alguno, “está tan mal hecha que no tiene que obedecerse”. Los triunfos judiciales, las entrevistas y hasta la portada de Time ensoberbecen a

Kevorkian, lo cual acaba por enfrentarlo consigo mismo. Si la Suprema Corte atrae su caso y falla en el sentido de que la muerte digna debe ser un derecho para todos los norteamericanos, conjetura, él se convertiría en el precursor de tal derecho. Esto, de algún modo, daría sentido a su vida, dado que su mayor error, llega a confesar, fue no haberse casado ni tenido hijos. Animado por la idea, y tras el fallecimiento de su hermana y de la presidenta de la Sociedad Hellmock —esta última auxiliada por Kevorkian, tras el cáncer de páncreas que le detectaron— él salta al vacío: aplica una inyección fatal a una víctima de esclerosis lateral amiotrófica. Dado que Geoffrey Fieger se ha postulado para gobernador y ya no cuenta con su asesoría jurídica,

él mismo lleva la cinta al programa 60 minutos, donde documenta la muerte del “paciente” 130 y anuncia que fungirá como su defensor, ante la perplejidad del abogado de oficio. Su candor confirma las buenas intenciones que siempre tuvo: hace un alegato sobre el derecho a morir, saltándose los procesos que señala la ley. Así, con la documental y la confesional en la mano, el fiscal logra llevarlo a juicio en 1999. Obtiene una sentencia condenatoria de 10 a 25 años por homicidio doloso. La película termina aquí. Kevorkian fue indultado y salió de prisión ocho años después, en 2007, por motivos de salud. La Suprema Corte norteamericana, en el ínterin, dijo y repitió que el derecho a una muerte digna —como la pena de muerte— es un tema que cada

entidad federativa debe regular. A la fecha, sólo California, Montana, Oregón, Vermont y Washington la consideran legal dentro de los Estados Unidos. Aunque hubo quien acusó a Kevorkian de haber llevado al Mercitron a personas que sólo pasaban por una depresión temporal, queda claro que sus enemigos fueron los grandes intereses económicos —hospitales y farmacéuticas—, como lo siguen siendo ahora, frente a cuantos esfuerzos se hacen para convertir la eutanasia en un derecho. Ávidos de lucro, les tiene sin cuidado si los pacientes quieren vivir o no. Si éstos sufren, qué más les da. Mientras utilicen sus servicios y productos —y paguen por ellos—, mejor. Me habría gustado que Barry Levinson, director de la película, hubiera intro-

ducido una escena, por breve que ésta fuera, donde dueños de hospitales y farmacéuticos mascullaran algo así como: “Hay que detener a este orate. Si se sale con la suya, perderemos millones de dólares”. Pese a esta omisión, la película atiza un debate fundamental. En México, el Código Penal del Distrito Federal prevé de uno a cinco años de prisión al que ayude a otro a privarse de la vida. Si sólo lo induce a hacerlo y el suicidio se consuma, la pena será de tres años. Si, impulsado por la súplica del suicida, llega al extremo de ejecutarla él mismo, la pena será de cuatro a diez años. El artículo 143 bis, sin embargo, salva las conductas relacionadas con esta muerte cuando vayan acordes con la Declaración de Voluntad Anticipada de una persona y con la ley respectiva. Hago votos para que, en unos años, la muerte digna sea un derecho que todos los países reconozcan a todas las personas. Que podamos morir, vaya, no cuando las iglesias o los gobiernos lo permitan sino cuando uno mismo lo decida. En lo personal, hace tiempo que firmé mi Declaración de Voluntad Anticipada, una primera aproximación de lo que debemos aguardar en México. Ahí hice constar mi esperanza de que, cuando llegue el momento, mis seres queridos puedan echarme una mano para evitar un dolor que, a todas luces, se me antoja innecesario.

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LIBROS

Los límites de la libertad de expresión Eduardo Lima Gómez, Anaya, México, 2019

n este libro el autor parte del reconocimiento de la libertad de expresión como derecho indispensable en las sociedades democráticas. Posteriormente, analiza temas como el derecho de réplica y los retos para garantizarlo de manera efectiva, no sólo en los medios tradicionales, sino en

los múltiples y nuevos escenarios generados por el intercambio de información a través de internet. Destaca conceptos como el derecho a la intimidad, en ocasiones invadida por actos mediante los que se obtienen y se difunden imágenes de las personas sin su consentimiento. A partir de lo dispuesto en tratados internacionales, analiza los derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen, que, además, destaca, son derechos humanos. Alude a los “juicios mediáticos” y a su impacto en la sociedad, y hace mención de importantes pronunciamientos al respecto.

También aborda el tema de los discursos de odio, no protegidos por la libertad de expresión y que, en ocasiones, pueden llegar a ser verdaderas causas generadoras de violencia. Finalmente, reflexiona acerca del criterio de “malicia efectiva” y su gran importancia para dar certeza al ejercicio periodístico. En síntesis, se trata de un libro dentro del cual, teniendo presente en todo momento la gran relevancia de la libertad de expresión, se estudian, con apoyo en tratados internacionales, leyes y jurisprudencia, importantes temas que la complementan.

Ley Federal del Trabajo comentada Carlos Ferrán Martínez Carrillo (coord.), Tirant lo Blanch, México, 2019

n esta primera edición de la obra colaborativa los autores, con el apoyo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, hacen un profundo análisis no sólo respecto a la vertiente que han tomado los distintos preceptos de la Ley Federal del Trabajo producto de la reforma promulgada el día 1° de mayo de 2019 en el marco de la conmemoración del día del trabajo, sino a la redefinición del Derecho laboral en el siglo XXI mexicano. Esta obra incorpora, además de los criterios jurisprudenciales más importantes para la materia, los comentarios de sus

autores que, con base en una experiencia verdaderamente diversa por cuanto hace al enfoque de su práctica o la trinchera que defienden dentro de la materia y con un ánimo explicativo y de complemento al estudio, tratan de exponer tanto la parte técnica y teórica como la parte práctica y de vivencias del Derecho laboral mexicano.

“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”. El Talmud

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LIBROS Derecho victimal María de la Luz Lima Malvido, Porrúa, México, 2019

Abogado digital. Estudios sobre Derecho cibernético, informático y digital Jaime Alberto Díaz Limón, VLex/Ius Semper, México, 2019

sta nueva obra de María de la Luz Lima Malvido es resultado de una larga investigación que muestra la importancia de crear una nueva disciplina jurídica para evidenciar el lugar de la víctima, ya no como un sujeto pasivo que sufrió un menoscabo en un bien jurídico tutelado, sino como una persona jurídica con derechos y obligaciones que se despliegan en una dogmática victimal que servirá de base para diseñar nuevas políticas públicas que sustenten la atención interdisciplinaria correspondiente. El desarrollo del Derecho victimal, como una disciplina jurídica nueva, ha sido lento en comparación con el Derecho internacional. Las reformas realizadas a los diferentes ordenamientos jurídicos en materia de víctimas son claves para seguir avanzando en la construcción de nuevas categorías, planteando temas que aún no están incluidos en nuestras leyes y que en esta obra proporciona las bases para su construcción. Entre las aportaciones que nos da la autora está el recorrido que hace de la victimología, de la cual toma sustento para la creación de normas, conceptos y clasificaciones que propone, tanto doctrinarias como legislativas, porque las existentes no son lo suficientemente incluyentes con las víctimas. La obra realiza propuestas que servirán para abogados, asesores jurídicos, legisladores, juzgadores y todas las personas que trabajan en las áreas operativas, en defensa de los derechos humanos de las víctimas, para que puedan garantizarles acceso a la justicia. Frida Teresa López Márquez

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Qué es un abogado digital? Como lo expone el autor en este libro, es el jurista que dedica su estudio al uso y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la cibersociedad, sobre todo de aquellas que se involucran en la práctica jurídica desde el punto de vista preventivo, dogmático, pragmático y jurisdiccional. El abogado digital adquiere conocimientos transversales y multidisciplinarios con apoyo de otras ciencias sociales y exactas para la comprensión, el estudio y, en su caso, la regulación enunciativa mas no limitativamente de: 1) la sociedad de la información (cibersociedad), 2) la protección de datos personales, 3) la seguridad informática y de la información, 4) el gobierno electrónico y la transparencia, 5) la protección de derechos de personalidad, 6) la contratación electrónica y el comercio electrónico, 7) los delitos cibernéticos, informáticos y digitales, 8) la propiedad intelectual en el ámbito digital y 9) la automatización de procesos en la práctica jurídica (informática e inteligencia artificial). En términos de lo anterior, un abogado digital apoya su práctica en estudios científicos multidisciplinarios para la construcción metodológica de nuevas áreas de estudio, como las siguientes: Derecho cibernético, Derecho informático y derechos digitales. Por ende, depende de un consejo de expertos en informática, sociólogos, programadores y arquitectos web, comunicólogos, mercadólogos, politólogos, e inclusive psicólogos y neoconductistas para el perfeccionamiento de su objeto, objetivo y marco de estudio. Aunque resulte complejo construir una definición axiomática del abogado digital, en la presente obra el autor ofrece su contribución para perfilar los rasgos que debe poseer el abogado del siglo XXI.

LIBROS Pioneros de la victimología Luis Rodríguez Manzanera, Porrúa, México, 2019

l autor de esta obra aporta datos para hacer (o rehacer) una historia de la victimología a través de los textos de algunos de sus principales actores. El título de pioneros se aplica a aquellos que, sin considerarse “victimólogos”, realizaron los primeros trabajos relacionados con las víctimas del delito, se concentraron en la víctima como objeto principal de estudio y exploraron lo que ahora conocemos como victimología, la ciencia, disciplina o conjunto de conocimientos referentes a la víctima. Lo anterior no implica que nadie se hubiera preocupado por las víctimas; tanto en el Derecho penal como en la criminología siempre hay alguna mención al sujeto pasivo del delito o de la víctima, pero comúnmente como algo secundario y en referencia al autor del ilícito. Se ha mencionado que la mayoría de los criminólogos había hecho victimología sin saberlo, es decir, que el término victimología es nuevo, pero el objeto de estudio es antiguo. La victimología ha tenido un desarrollo asombroso, pues en poco tiempo han proliferado las publicaciones, los estudios y las investigaciones; cada vez mayor cantidad de universi-

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dades e institutos imparten cursos de victimología, se fundan centros de atención a víctimas, se multiplican los foros y las reuniones, y la legislación cambia a favor de las víctimas. Mucho de esto se debe a la labor de estos “pioneros”, que es necesario conocer, ya que abrieron el camino y aportaron ideas y propuestas que, en su momento, pudieron parecer irreales o utópicas, pero que ahora son realidades tangibles. El autor se basa, entonces, en los primeros escritos que se han concentrado en la víctima, como objeto principal de estudio, y en la victimología como ciencia, disciplina o conjunto de conocimientos referentes a la víctima. De esta forma, se reproducen textos de Benjamín Mendelsohn, con su propuesta de una ciencia autónoma que se denomine victimología; de Hans von Hentig, con su fundamental El criminal y su víctima; de Marvin Wolfgang, con sus estadísticas y El homicidio precipitado por la víctima. Y no puede faltar Luis Jiménez de Asúa, con su crítica en La llamada victimiología. Ezzat Abdel Fattah plantea la pregunta: “¿La víctima es culpable?”; Vasile V. Stanciu aborda “Los derechos de la víctima”; John

Dussich, “El defensor de las víctimas”; Israel Drapkin, “El derecho de las víctimas”; Elías Neuman, “El rol de la víctima”; Antonio Beristain, “Los derechos humanos de las víctimas”; Hans Joachim Schneider, “La posición jurídica de la víctima”, e Irvin Waller, “Los derechos para las víctimas del delito. Equilibrar la justicia”. Las victimólogas ocupan un lugar importante en los inicios de la victimología. Así: Lolita Aniyar, con el primer libro de victimología de América Latina; Lenore Walker, con La teoría del ciclo de la violencia; Irene Melup, artífice de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder; Hilda Marchiori, con La asistencia a la víctima del delito, y María de la Luz Lima, con su Derecho victimal. El autor sostiene que la elección de los colaboradores de la obra no fue fácil, y que es muy probable que haya omisiones. El criterio de selección versa sobre contribuciones reconocidas y citadas con mayor frecuencia. Una forma de identificar a los pioneros de la victimología son los premios y las distinciones que otorga la Sociedad Mundial de Victimología, ya que

significan un reconocimiento entre pares. El límite temporal es importante; por tratarse de “pioneros” se reproducen textos publicados en el siglo XX y se presentan en orden cronológico, lo cual ayuda a descifrar la evolución del pensamiento victimológico, con sus controversias, sus críticas, sus aportaciones y sus propuestas. De cada colaborador seleccionado, por la dificultad de elegir qué artículo, trabajo o capítulo debe mostrarse, en algunos casos hay un texto paradigmático, pero en otros se transcriben partes de sus diferentes obras. El autor considera este libro no solamente como un documento histórico, sino como un homenaje a los pioneros a quienes tuvo el privilegio de conocer personalmente, y de los que recibió ideas y enseñanzas que ha podido aprovechar en su desarrollo como victimólogo.

LIBROS El Código Civil de 1928 Ángel Gilberto Adame López, Tirant Lo Blanch, México, 2019

ngel Gilberto Adame tiene la virtud de ser un abogado polifacético y con varias dimensiones en lo personal y en lo profesional. Es un abogado raro que, además de ser de los buenos, es un historiador honoris causa, un aficionado de los archivos perdidos y de las narrativas que existen detrás de las cosas. Además de ser académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, se posiciona dentro de las humanidades como un profundo conocedor y promotor de la vida y la obra de Octavio Paz y como fotógrafo consumado. Su vida está llena de pasiones, las cuales lo han llevado a meterse en diversos enredos bibliográficos y hemerográficos. El último de ellos es la obra que hoy llega a nuestras manos: El Código Civil de 1928. Por lo general, el rigor jurídico es una virtud —en muchas ocasiones casi la única— de los notarios. Adame López, siéndolo, no se conforma sólo con eso y ejerce de curioso mirón de las razones que existen detrás de las cosas. En este libro ofrece algo particular: el contexto social y político en el que se desarrolla la pieza legislativa que está

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más cerca de la cotidianidad de las personas y que regula lo más preciado que tenemos en la vida, esto es, las relaciones familiares, además de nuestros bienes, nuestras obligaciones y la disposición de nuestro patrimonio una vez que nos hemos ido. En las escuelas de Derecho se habla poco de contexto y de motivos; aprendemos principios, correlaciones, doctrinas, teorías. Esta obra es una oportunidad para entender la historia más amplia de las normas que nos rigen en lo más íntimo, para comprender cómo la sociedad ha ido evolucionando y cómo su cambio perpetuo va reflejándose en leyes tan complejas y tan contradictorias como nuestro cuerpo social, y cómo éstas nunca son, además, ajenas a la política. Quizá el aspecto más fascinante del cuerpo normativo estudiado por Adame sea su transmutación de un ordenamiento de carácter liberal, que viene de la tradición napoleónica, a un instrumento de justicia social durante el cardenismo y los años subsiguientes. El Código Civil surgió como un cuerpo normativo liberal basado en la idea de

la igualdad de los individuos frente a la ley, que después de 1930 adquirió ropajes socialistas basados en la idea de que es absurdo suponer obligaciones y responsabilidades iguales a quienes la naturaleza o el medio social no han tratado equitativamente. Esta contradicción, en el centro del Código Civil, nunca ha terminado de encajar y permanece hasta nuestros días. Así, el libro reseñado narra, incluso, las divertidas mutaciones en el código. Por ejemplo, aquellas que ocurrieron, para bien, después de la celebración del Año Internacional de la Mujer en 1975, cuando aquél adoptó una visión progresista que regresaba a sus orígenes sobre la igualdad de derechos y responsabilidades, consagrando una visión crecientemente moderna de las relaciones matrimoniales, las cuales evolucionaron, por ejemplo, desde 1954, cuando se incorporó la posibilidad de que cualquiera de los cónyuges pudiera oponerse

a que el otro ejerciera cierto oficio, hasta la visión mucho más dinámica, libre y equitativa que hoy se tiene del matrimonio en materia de reconocimiento, espaciamiento y adopción de los hijos, pasando por las obligaciones de contribuir al sostenimiento del hogar, así como la libertad de casarse con quien uno decida, a pesar de sus vicios, sus taras y sus defectos. De forma realista también la visión idílica del matrimonio despareció como un ideal de la ley. Adame propone un interesante ejercicio de aplicar la llamada Ley de Zipf al Código Civil de 1928. George Kingsley Zipf fue un lingüista estadouniden-

Ley de Extinción de Dominio. Referencia a sus aspectos básicos Alberto E. Nava Garcés, Tirant lo Blanch, México, 2019

se que elaboró un análisis estadístico para intentar descifrar ese acertijo de la literatura universal que es el Ulysses de James Joyce. El ejercicio consiste en auscultar un texto para saber cuáles son las palabras más usadas, con el fin de determinar el rango de una palabra en ese texto. Adame señala que “mediante la aplicación de la Ley de Zipf es posible extender nuestro panorama crítico con respecto a las inquietudes recurrentes del instrumento normativo, las de su época y la selección y la extensión de su vocabulario teniendo como referente el de un habitante promedio”. No sorprendentemente, el ejercicio de Adame determinó que las palabras más utilizadas en el cuerpo normativo coinciden con sus ejes torales: bienes (545 ocasiones), juez (331), obligación (291), contrato (251), persona (241), matrimonio (170), cónyuge (125) y testamento (118). El autor de esta obra concluye, quizá brincándose una explicación y un análisis más exhaustivo, que este ejercicio resalta un vocabulario hegemónico y de tutela estatal sobre las libertades básicas del individuo, en línea con la doctrina de socialización del Derecho que imperaba en ese momento y a la cual el legislador buscaba apegarse. Seamos sinceros: pocas personas imaginan como apasionantes los resortes debajo del Código Civil. Ángel Gilberto Adame tiene la virtud de indagar y entretener con los resortes que impulsaron no sólo la creación de dicho código, sino las razones que fueron cristalizando sus modificaciones a través de los años. La obra es, pues, una minuciosa recopilación de chismes y motivos, y una enumeración exhaustiva de todas las reformas a este cuerpo legal que rige nuestras relaciones básicas desde el principio del siglo XX y que continúa vigente hasta nuestros días, a pesar de sus metamorfosis. Rodrigo García Galindo

erivado de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una ingente reforma en materia penal que dio paso al surgimiento de un nuevo sistema penal de justicia en México. Con ello se modificó el artículo 22 de nuestra Carta Magna, incorporando la figura de “extinción de dominio”. Su principal objetivo consistió en establecer un nuevo marco legal para combatir a las organizaciones criminales desde el ámbito económico, pues la figura mencionada implica la pérdida de los derechos de propiedad de las personas físicas o jurídicas que comentan alguno de los ilícitos que señala la ley y que, en consecuencia, pasarán a favor del Estado, lo cual debe suceder sin que con ello ocurra violación a derechos humanos inmersos en nuestro máximo ordenamiento jurídico —la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— así como en los diversos tratados internacionales que México ha ratificado. El libro que ahora reseñamos, destaca en sus primeras páginas los aspectos básicos de la ley, sus principios y sus reglas. Como sabemos, la corrupción, la impunidad y los delitos que se auxilian de ellas, han ido en incremento dejando marcas en el Índice de Percepción de la Corrupción que utiliza márgenes de 1 a 100, siendo la máxima la de un país que no es corrupto, y en el que México obtuvo 30 puntos en 2016; 29 en 2017, y, en el último año, sólo 28. Por lo anterior, en este año se modificó la Ley de la Extinción de Dominio de alcance nacional, ho-

mologado, que sea eficaz en la lucha contra ciertas conductas delictivas que han tenido un fuerte impacto en la economía del país y en la seguridad de las personas. El acierto de este libro, editado en el seno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) por Alberto Nava Garcés, consiste en que establece el primer acercamiento a la materia de la extinción de dominio, pues al ilustrar al lector con datos estadísticos y desagregación temática cumple con el objetivo de esclarecer el contenido que en la legislación podría tenerse por farragosa. Por lo anterior, se invita al lector a envolverse en el tema de la extinción de dominio, estudiarlo, implementarlo y, de ese modo, ayudar a resolver esta problemática que ha lastimado profundamente a la democracia en todos los ámbitos del país. Juliette Núñez Ruiz

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Estilo Justo Grau*

El estudio

morfológico del cuerpo humano como fundamento de la asesoría de imagen ¿Qué tipo de cuello de camisa es el más aconsejable en función de la altura y el diámetro de nuestro cuello? ¿Nos favorecen más los bolsillos de tapeta o los de plastrón? ¿Pantalón más o menos corto? Para responder a estas preguntas, realizamos estudios morfológicos para determinar las características que nos identifican. En este artículo nos concentraremos en las diferentes morfologías del hombre. Según la forma de nuestro cuerpo, que se identifica mediante el estudio morfológico correspondiente, debemos optar por un tipo de prendas específico, con el fin de contribuir a la armonía de nuestro cuerpo, potenciando nuestros rasgos físicos más bellos y minimizando lo que en asesoría de imagen se conoce como inestetismo: aquellas características que se alejan de los cánones estéticos considerados ideales. Conocer cuál es nuestra morfología es necesario para adaptar nuestra vestimenta y sacar de ella el

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mayor partido posible. El trapecio invertido es la morfología de referencia para los hombres, que está basada en la escultura David, de Miguel Ángel. ¿A qué hombre no le gustaría tener un cuerpo así? Lo cierto es que no todos tienen esa constitución. Ahora bien, aunque nuestra morfología sea cuadrada, ovalada, rectangular, de trapecio, de trapecio invertido o de triángulo invertido, podemos utilizar la forma de la ropa para acercar nuestra constitución física al David de Miguel Ángel. Esto forma parte del estudio morfológico. Veamos un ejemplo sobre esto último. Imaginemos a un presidente de gobierno que tiene un torso estrecho, pero, por la relevancia de su cargo, no puede mostrar ese inestetismo, pues proyectaría una imagen débil, algo impensable en un jefe de gobierno de un país. Por esa razón debería utilizar trajes muy estructurados, con los hombros muy marcados, lo cual transmite seguridad y estabilidad.

Modelos morfológicos Las infografías muestran los seis modelos morfológicos básicos y todos podemos encuadrar en alguno de ellos. • Trapecio invertido. Los hombros, la caja torácica y las extremidades superiores son proporcionales. Las caderas son ligeramente más estrechas; las piernas también guardan una proporción adecuada. Es la tipología ideal y cualquier prenda y complemento le sientan bien. Las personas con esta morfología habitualmente utilizan prendas slim fit para lucir su cuerpo.

• Ovalado. Ésta es una tipología de cuerpo con tendencia a la obesidad. Se caracteriza por las dimensiones horizontales que prevalecen sobre las verticales. El consejo que doy como asesor de imagen es que las personas estructuren los hombros y den más esbeltez en el talle. Al igual que en el modelo cuadrado, aconsejo que la holgura de la vestimenta sea un poco mayor de lo normal.

• Cuadrado. Al llegar a cierta edad, muchos hombres encuadran en esta tipología. La caja torácica se parece a un cuadrado, los hombros están caídos y las extremidades superiores e inferiores son delgadas. Es aconsejable que la holgura de las prendas sea un poco mayor a lo habitual.

• Rectangular. En esta tipología destaca la rectitud del tronco. El tórax y la cintura tienen prácticamente la misma anchura. El objetivo es potenciar los hombros y suavizar la cadera para acercarse a la silueta ideal. Esto lo podemos conseguir aumentando un poco la estructura en los hombros del saco.

Según la forma de nuestro cuerpo debemos optar por un tipo de prendas específico, con el fin de contribuir a la armonía de nuestro cuerpo. El Mundo del Abogado

Estilo • Trapecio. Se caracteriza por que la zona superior del cuerpo es más estrecha que la zona inferior. Por eso aconsejo que en la zona superior se utilicen prendas que aporten volumen en la horizontal. Para disimular la anchura de la zona inferior, los hombres que tengan esta morfología deben utilizar pantalones rectos. Se debe potenciar la zona de los hombros y suavizar las caderas.

• Triángulo invertido. Esta tipología se aproxima a la figura atlética de gran desarrollo óseo y muscular, con hombros amplios y tórax robusto. Las caderas y las piernas son mucho más esbeltas en comparación con la parte superior. El consejo que doy a quienes tienen esta morfología es suavizar los hombros y potenciar y dar un poco de volumen a las caderas. Al igual que en el caso del trapecio invertido, las personas suelen utilizar prendas slim fit para lucir su cuerpo.

Más allá de lo anterior, existen personas cuya constitución no encaja al cien por ciento en las tipologías analizadas. Además, en todas las morfologías hay una serie de inestetismos provocados por circunstancias muy diversas (malformaciones congénitas, accidentes...). Por lo anterior, realizamos estudios para que el cliente conozca la morfología a la que corresponde su cuerpo y sepa qué tipo de prendas son más aconsejables para su constitución, con el objetivo de maximizar el resultado deseado.

* Licenciado y doctor en comunicación, y maestro en imagen pública y alta sastrería. Contacto www.justograusartorial.com info@justograusartorial.com www.linkedin.com/in/justograu Cel. 55-4852-0274. Showroom Calle Lope de Vega, núm. 250, piso 13, Polanco, Ciudad de México.

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