Una revista actual
EDITORIAL
ISSN 2007-3550
LOS RETOS DEL PRÓXIMO PRESIDENTE DEL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO ENCUESTA
¿CUÁL ES EL LEGADO JURÍDICO DE ENRIQUE PEÑA NIETO? LO QUE TODO ABOGADO DEBE SABER SOBRE EL BITCOIN
Alberto Mansur, Jack Wolff y Natalia Robles DOCUMENTO
LA ABOGACÍA MEXICANA Y EL SECRETO PROFESIONAL CINCO PENDIENTES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Gerardo Laveaga
ENRIQUE PEÑA NIETO: “EL ENFOQUE JURÍDICO HA DETERMINADO MI DESEMPEÑO POLÍTICO”
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Año 19, Marzo 2018, Núm. 227
REPORTAJE: CÓMO IMPLEMENTAR SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS. DANIELA BARAJAS
LOS RETOS DEL PRÓXIMO PRESIDENTE DEL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO El próximo mes de abril se elegirá al nuevo presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. La institución no requiere presentaciones ni es preciso recordar que, con sus 258 años —se fundó en 1760—, es el colegio más antiguo de abogados del país. Lo que sí habrá que decir es que en los últimos 18 años ha sido un detonador de la modernización de la vida jurídica en México y uno de los impulsores más activos de la profesionalización de nuestro gremio. Sus presidentes Bernardo Fernández del Castillo —quien inició el aggiornamento del colegio—, Fernando Yllanes Martínez, Gabriel Larrea Richerand, Óscar Cruz Barney, Rafael Ramírez Moreno y Alfonso Pérez Cuéllar han librado una batalla incansable para apuntalar el marco constitucional y jurídico que condiciona la vida económica, política y social de México. Difícilmente podrían entenderse la reforma laboral, la reforma penal, la normatividad en materia de ética profesional, los foros de justicia cotidiana y el sistema anticorrupción sin la participación del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Su vocación para sumar esfuerzos en el interior del país ha quedado patente en las actividades que realiza con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Escuela Li-
bre de Derecho, a la que concedió su patronato desde 1912, cuando se fundó la escuela. Para dignificar al gremio a través de estándares de actuación, ha impulsado dos cátedras señeras: una con la Universidad Iberoamericana y otra con la Universidad Panamericana. A nivel internacional, ha establecido vínculos de colaboración con el Consejo General de la Abogacía, en España, la Orden de Abogados de París y la Unión Internacional de Abogados, entre otras instituciones. Hacia adentro y hacia afuera, su activismo ha permitido que sus miembros —y los abogados mexicanos en general— gocen de márgenes más amplios de actuación. El próximo presidente del colegio, por ende, recibirá un legado importantísimo. Velar por él y
hacerlo prosperar será un honor, sí, pero también una enorme responsabilidad. No sólo tendrá que encontrar una nueva sede para el Ilustre (el local que ahora ocupa ha dejado de resultar funcional) sino enfrentarse a tres desafíos enormes. Primero, las escuelas de Derecho surgen por todo el país sin que existan parámetros de calidad. Segundo, la regulación ética de nuestra profesión se vuelve cada vez más necesaria. Tercero, sigue pendiente la certificación de los abogados —y la colegiación obligatoria que la respalde— ahora que el sistema penal acusatorio lo exige más que nunca. El colegio deberá duplicar sus relaciones institucionales y asumir un protagonismo más intenso en la vida jurídica de México. El paso que dio para unir los esfuerzos de la Barra Mexicana y de la Asociación de Abogados de Empresas (ANADE) en la creación del Consejo General de la Abogacía representa una señal elocuente del rumbo que debe fijar. Pero es sólo una señal. Quien ocupe el sillón de presidente del colegio tendrá ante sí la oportunidad de contribuir a que México sea un país más moderno y a que sea un Estado Democrático de Derecho más sólido y confiable. Ángel M. Junquera Director
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DIRECTORIO DIRECTOR GENERAL Ángel M. Junquera Sepúlveda director@elmundodelabogado.com DIRECTOR ADMINISTRATIVO Carlos Alamán Bueno CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN F. Javier Sánchez Campuzano Gonzalo Linage Arechaga Andrés Sánchez Abbott ABOGADO GENERAL Manuel E. Forcada Warren CONSEJO EDITORIAL Fabián Aguinaco, Elisur Arteaga, Mario Becerra Pocoroba, Humberto Benítez Treviño, Ernesto Canales, José Ramón Cossío, Óscar Cruz Barney, Héctor Fix Fierro, Segundo García, Jorge García de Presno, Sergio García Ramírez, José Mario de la Garza Marroquín, José Antonio González Fernández, Fernando Hegewisch, Mauricio Jalife, Ana María Kudisch, Gerardo Laveaga, María de la Luz Lima Malvido, Ignacio Morales Lechuga, José Luis Nassar, Alejandro Ogarrio, Luis Ortiz Hidalgo, Alberto Pérez Dayán, Javier Quijano, Luis Rodríguez Manzanera, Jorge Enrique Roel, Andrés Roemer, Rafael Ruiz Mena, Ignacio Soto Borja, Diego Valadés, Clemente Valdés, Juan Velásquez, Manuel Villalpando, Claus von Wobeser, Arturo Zaldívar, Jesús Zamora Pierce y Alberto Zínser DIRECTOR EDITORIAL Luis Arturo Pelayo Gutiérrez DIRECTORA DE ARTE Marcela Velázquez Aíza FOTOGRAFÍA Teresa Sánchez COLABORADORES Ernesto Corzo, Víctor Corzo y Diana Reyes CORRECCIÓN DE ESTILO Julio Ulises Gallardo Sánchez ADMINISTRACIÓN Melchor Tinoco e Hilda Castro VENTAS DE PUBLICIDAD Marimar Islas mislas@elmundodelabogado.com Pilar García Lovera pilar@elmundodelabogado.com SUSCRIPCIONES suscripciones@elmundodelabogado.com Teléfonos y Fax: 5559-2250, 5575-6321 y 5575-4935 info@elmundodelabogado.com www.elmundodelabogado.com Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector 00827-RHY, emitido por Romay Hermida y Cía., y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB. El Mundo del Abogado, una revista actual, año 19, núm. 227, marzo de 2018, es una publicación mensual editada por Revista El Abogado, S.A. de C.V., Santa Catalina 416, Col. Insurgentes San Borja, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100, Tel. (55) 5559-2250, www.elmundodelabogado. com, info@elmundodelabogado.com. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2004-092013405300-102. ISSN núm. 2007-3550. Licitud de Título núm. 10899, Licitud de Contenido núm. 7548, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX núm. PP09-0601. Impresa por Grupo Infagon, Alcaicería 8, Col. Zona Norte Central de Abastos, México, D.F., C.P. 09040. Tel. 5640-9265. Este número se terminó de imprimir el 28 de febrero de 2018 con un tiraje de 13,900 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.
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20 AÑOS DE SER LÍDERES EN LA OPINIÓN JURÍDICA EN MÉXICO
ÍNDICE MARZO 2018 POSICIONES 50 Reconstruyamos el Estado de Derecho
Víctor Humberto Benítez Treviño ENTREVISTA 18 Enrique Peña Nieto: “El enfoque jurídico ha determinado mi desempeño político”
OPINIÓN 30 Lo que todo abogado debe saber sobre el bitcoin Alberto Mansur, Jack Wolff y Natalia Robles
DOCUMENTO 48 La abogacía mexicana y el secreto profesional
DERECHO EN EL MUNDO 36 Delimitación territorial en 2018 Víctor Emilio Corzo
OBITUARIO 69 Gonzalo Aguilar Zínser
ENTRE JURISTAS 40 Por qué debemos proteger los datos personales Carlos Ferrán Martínez Carrillo
57 LIBROS
LAS LEYES DEL ESTILO 70 Reporte de tendencias primavera-verano 2018 Martha Jauffred
ENCUESTA 22 ¿Cuál es el legado jurídico de Enrique Peña Nieto? REPORTAJES 26 La abogacía mexicana pugna por la restauración del Estado de Derecho Diana Reyes
42 Cómo implementar sistemas anticorrupción en las empresas Daniela Barajas 54 ¿Cuál es la trascendencia de los estudios doctorales para un abogado? Pablo Linares Martínez Ramsés Sánchez Soberano
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Cinco pendientes del sistema penal acusatorio Gerardo Laveaga
Fe de erratas: El artículo “Equidad entre partidos políticos y candidatos independientes: ¿realidad o ficción?”, publicado en la edición 226 de febrero de 2018 (página 53), incluye una tabla en la que erróneamente se indica que “los candidatos independientes no tienen acceso a financiamiento en el proceso electoral”. Sin embargo, en el texto original del autor se lee: “Los candidatos independientes sí tienen acceso a financiamiento en el proceso electoral”. Ofrecemos una disculpa al autor y a nuestros lectores por esta errata, atribuible a la editorial.
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Diana Reyes
La Barra analiza los retos en materia de telecomunicaciones
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l pasado 6 de febrero la Comisión de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) celebró su primera sesión del año con el análisis de las telecomunicaciones al cierre del sexenio y de los retos para la próxima administración. Edgar Olvera Jiménez, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, compartió su experiencia en un diálogo abierto con los asistentes sobre las
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David Guillén Llarena, Gonzalo Martínez Pous, Edgar Olvera Jiménez y Ricardo Ríos Ferrer
implicaciones generadas a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones y hacia dónde van las tendencias y los indicadores. En el presídium estuvo acompañado por Gonzalo Martínez Pous, coordinador de la Comisión de Telecomunicaciones y Radiodifusión; David Guillén Llarena, subcoordinador, y Ricardo Ríos Ferrer, ex presidente de la BMA. El subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes brindó un panorama con base en su experiencia antes y después de la
reforma. Expuso una serie de lineamientos para hacer posible la transformación e indicó que es necesario tener un buen diagnóstico que no sólo detecte errores sino que ofrezca propuestas y opciones para subsanarlos. Destacó la importancia de poner en el centro de las políticas públicas al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Si bien es difícil lograr los consensos políticos, el mayor reto está en la ejecución de esas políticas. Consideró que la clave de lo anterior está en hacerlo aunque se toquen o se
muevan intereses económicos. Aseguró que la reforma contiene elementos sin precedentes; puso como ejemplo la preponderancia, la cual no era muy bien entendida ni bien definida por la doctrina y por los teóricos. Al referirse al must carry y el must offer aclaró que no se trata del mismo que se aplicó en Estados Unidos, porque los incentivos estaban a la inversa. Respecto de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, resaltó la importancia de su autonomía como ente regulatorio. Al exponer los resultados, puso énfasis en el aumento de inversión y de los servicios, y subrayó que los precios tendieron a la baja como consecuencias de las acciones efectuadas. Finalmente, aseguró que la continuidad de los proyectos y de la agenda es fundamental para impulsar el crecimiento de las inversiones.
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Inicia labores el capítulo Nuevo León del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
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l pasado 26 de enero, en las instalaciones del Club Industrial de la ciudad de Monterrey, se dio inicio formal a los trabajos que emprenderá en Nuevo León una de las asociaciones de abogados más importantes del país: el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la organización de profesionistas más antigua de América, fundada en 1760 por Cédula Real de Carlos III, siendo la institución que dio origen a la fundación de la Escuela Libre de Derecho y en cuyas instalaciones se resguardan los archivos más antiguos de la abogacía en México.
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Karina Barrón Perales, José Ramón Cossío Díaz, Norma Escamilla Villagómez, Alfonso Pérez-Cuéllar y Bernardo González Garza
Esta institución posee un patrimonio incomparable, ya que además de un acervo bibliográfico que data de más de dos siglos, cuenta con los archivos de abogacía más valiosos de la República y de toda América Latina. Entre estos documentos —por mencionar sólo algunos— destacan los expedientes de abogados como Manuel de la Peña y Peña, quien fue presidente de la República y del colegio; Bernardo Couto; Sebastián Lerdo de Tejada, también presidente de la República y de este colegio al mismo tiempo, y otros más, como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, rectores de la universidad de México, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, así como una larga lista de prestigiados juristas. También han formado parte del Ilustre otros insignes juristas como José María de Lacunza, Teodosio Lares, José María Lafragua, José María Iglesias, José Urbano Fonseca, José María del Castillo Velasco, Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, Pablo Macedo y Luis Méndez. Todos estos personajes, independientemente de sus debilidades humanas e ideas políticas, son orgullo del foro y de la ciencia jurídica nacionales.
Entre otros ilustres abogados que han sido miembros del Colegio encontramos a Germán Fernández del Castillo, Javier Cervantes, Toribio Esquivel Obregón, David Casares, José Arce y Cervantes, Manuel Escobedo, Álvaro Espinosa Barrios, Gustavo R. Velasco, Francisco Xavier Gaxiola, Francisco García Jimeno, José Luis de la Peza M., y muchos otros abogados altamente reconocidos en el foro mexicano como hombres probos, éticos y grandes estudiosos del Derecho. Durante su discurso, el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Alfonso Pérez-Cuéllar, expresó que el cometido que impulsa sus aspiraciones en Nuevo León se sustenta en la esencial necesidad de fortalecer la vigencia del Estado de Derecho, por lo que el ejercicio de la profesión requiere un colectivo articulado que vele por la independencia y la libertad del
abogado, por el secreto profesional y por el derecho de defensa. Dijo que también es competencia de los colegios de abogados la regulación ética y la vigilancia de la capacidad técnica de los profesionistas. El acto tuvo como invitado de honor al ministro José Ramón Cossío Díaz, quien departió, con una audiencia plagada de personalidades de la comunidad jurídica regiomontana, una disertación sobre la importancia de una correcta formación y actualización académica a través de esquemas como la asociación profesional. “En Norma Escamilla Villagómez recaen las expectativas que se tienen del capítulo Nuevo León del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de Mexico, quien ya ha dado muestras de su eficacia para representar asociaciones de abogados con éxito en el estado como hasta ahora lo ha hecho con la Asociación de Egresados de la
Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León Don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez”, señaló Cossío Díaz. Antes de tomar protesta a los nuevos integrantes que conformarán el primer grupo de miembros del capítulo Nuevo León, el primer vicepresidente del colegio, Arturo Pueblita Fernández, en nombre de la Junta de Honor y de la Junta Menor, destacó el compromiso que implica este proyecto y subrayó el apoyo incondicional de todos los consejeros rectores, directivos y administrativos del Ilustre. Finalmente, los 26 nuevos miembros que ahora integran este proyecto tomaron protesta, y el maestro de ceremonias, a nombre de Norma Escamilla, agradeció las atenciones y el aprecio de los asistentes, a quienes invitó a cerrar la ceremonia con un brindis de honor.
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Alejandro Noriega
México visto desde Harvard El ministro Javier Laynez, Gerardo Laveaga y Pedro Salazar inauguraron el segundo día de la conferencia con una presentación sobre los alcances y los límites del Estado de Derecho en México. Renato Sales, Alan Bersin y el general Guillermo Almazán continuaron la conversación con un planteamiento abierto sobre la prospectiva de nuestra estrategia Javier Laynez, Gerardo Laveaga y Pedro Salazar de seguridad. l pasado 2 y 3 de febrero se celebró en la La conferencia “México 2018”, en la que tamUniversidad de Harvard la primera confebién participaron otros mexicanos distinguidos, rencia sobre nuestro país. Con el propósito concluyó con una presentación magistral de Alede iniciar una tradición anual, estudiantes jandro Werner, director del Departamento para mexicanos de Derecho, educación, gobierel Hemisferio Occidental del Fondo Monetario no, negocios y salud pública organizaron la confeInternacional, sobre las posibilidades de crecirencia “México 2018: los caminos hacia delante”, un miento económico regional. El acto fue clausuradebate sobre cómo convertir a México en una historia do por Camille Dutoit, presidente de la sociedad de éxito del siglo XXI. de alumnos mexicanos en Harvard. Bajo la tutela de Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard, la conferencia se abocó a exponer distintas visiones que los mexicanos tenemos sobre nuestro país. El evento fue inaugurado por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, con una presentación sobre el entorno económico mexicano. Contó, también, con una conferencia magistral del padre Alejandro Solalinde sobre la centralidad de los migrantes en la narrativa de nuestro país. En el transcurso de dos días, los estudiantes de Harvard pudieron debatir, entre otros temas, la posibilidad de reformular nuestro modelo democrático con María Marván y José Woldenberg; el futuro de nuestra economía con Valeria Moy, Gerardo Esquivel y Guillermo Almazán, Renato Sales y Alan Bersin Macario Schettino.
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Gerardo Laveaga
CINCO PENDIENTES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 10
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El funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal —que entró en vigor en 2016— ha suscitado opiniones contrapuestas: tanto detractores que piden que se abandone, como partidarios que pugnan por realizar ajustes que lo perfeccionen. El autor de este artículo, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), enumera cinco pendientes que hay que atender para asegurar que el sistema acusatorio opere con eficiencia.
A pesar de que el sistema acusatorio entró en vigor desde 2016 en nuestro país, algunas voces exigen dar marcha atrás: “No está funcionando”, denuncian algunos secretarios de seguridad pública en las entidades federativas. “La violencia se ha disparado”, lamentan los representantes de ciertas ONG’s. Más de un fiscal aduce que se ve obligado a dejar libres a los delincuentes —“No hay modo de frenar la puerta giratoria”—, mientras diputados y senadores estudian la conveniencia de hacer reformas de fondo. Pero que un conductor no sepa —o no quiera— manejar un vehículo de motor y añore volver a la época de las carrozas tiradas por caballos no significa que los automóviles sean un fracaso. El reto más importante, naturalmente, es un cambio cultural. Antes, los policías se dedicaban a espiar o a amedrentar a quienes se oponían al régimen; los agentes del Ministerio Público eran expertos en llenar machotes y los jueces se limitaban a palomear las actuaciones del Ministerio Público, verificando que éste hubiera realizado su trabajo apegado a las normas. Si el culpable de un delito quedaba en libertad o el inocente iba a prisión, eso era lo de menos. Con el nuevo sistema, las exigencias han cambiado. Ahora se espera que los policías investiguen de acuerdo con los protocolos que supone cada delito y que estén capacitados para
recabar pruebas, resguardarlas y rendir informes. Los fiscales, por su parte, tienen que entender que su papel es argumentar y enfrentarse a la defensa de un imputado. Los jueces, finalmente, deben tomar decisiones. Con la ley como referencia, claro, pero asumiendo la responsabilidad individual. En otras palabras, juzgar. En este artículo no ahondaré en el cambio cultural sino en algunos ajustes urgentes para que el sistema penal tenga éxito. Volver a las carrozas no es opción (98 por ciento de impunidad y la oscuridad con la que todo se resolvía sólo pueden ser atractivas para quienes lucraban con la catástrofe) pero hay que admitir que el mejor automóvil de carreras no funcionará si los ejes de sus llantas no están lubricados. Si bien hay más puntos sobre los cuales poner atención, aquí me referiré a cinco: 1. Garantizar una actuación homologada de los operadores Desaparecida la Secretaría Técnica (SETEC) que se creó para implementar el nuevo sistema penal acusatorio, se pensó que cada uno de los operadores sabría cómo, dónde y cuándo proceder. Para ayudarles, se estableció un Consejo de Coordinación (Diario Oficial de la Federación, 26 de junio de 2016), integrado por un representante de los tres poderes de la Unión, al que podía invitarse a representantes de las entida-
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En un México que apuesta por la transparencia y los juicios públicos, los ciudadanos queremos saber cómo trabajan los abogados postulantes. ¿Cuál es el camino para lograrlo? No parece haber duda al respecto: evaluación y certificación.
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des federativas. Por una u otra razón, el Consejo no funcionó. Para muestra, un botón: el representante del Legislativo se designó con un año y medio de retraso y muchas entidades federativas no lo han designado aún. En el ínterin, la falta de comunicación entre policías, peritos, fiscales, abogados litigantes y jueces comienza a resultar inquietante. Hay quienes hablan de la urgencia de crear una Secretaría de Justicia o cualquier otro órgano que, a través de un liderazgo cimentado en la Constitución —esto último es primordial para comprometer a las partes—, garantice la coordinación de quienes operan el sistema. Pensemos solamente en los jueces: ¿cuándo determinar si hubo o no lavado de dinero? ¿En qué etapa del juicio procede el amparo y en qué etapa no? ¿Qué ocurre si se presenta un amparo indirecto contra una vinculación a proceso? En este último caso, el imputado podría ofrecer pruebas que, en teoría, debieran desahogarse hasta la etapa de juicio oral, lo cual haría entrar en conflicto la Ley de Amparo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A cuál de los dos ordenamientos atenernos? Exigir al Poder Judicial que adopte criterios uniformes para todos los casos sería ingenuo, dado el arbitrio judicial y considerando que las tesis aisladas no hacen jurisprudencia. Pese a lo anterior, hay rubros en los que el Poder Judicial debe definir su actuación: ¿cómo entender y proceder ante una impugnación del Ministerio Público? ¿En qué términos debe resolverse la solicitud de una medida cautelar? Muchos jueces se comportan ante un juicio oral con la misma rigidez que lo hacían ante uno escrito. Los verbos fundar y motivar se siguen enten-
diendo como hace 100 años. Algunos juzgadores, por ejemplo, hablan de “integrar la carpeta de investigación” como si ésta fuera lo mismo que una averiguación previa y hasta los ministros de la Suprema Corte han mandado mensajes confusos, aplicando criterios modernos a juicios concluidos bajo el sistema anterior. Si esto no fuera suficiente, los jueces de amparo menosprecian al juez de control y aducen que son ellos a quienes les toca velar por los derechos humanos, mientras los jueces de proceso no saben qué pruebas admitir, cómo desahogarlas y cómo construir la decisión sobre los hechos sustentados en esas pruebas. Los más echados para adelante hacen nula la participación de los involucrados y los menos activos se quedan extraviados en la audiencia. En ambos casos todo sigue un ritmo paquidérmico. Quienes han presenciado una audiencia saben de lo que estoy hablando… El Consejo de la Judicatura Federal ha llevado a cabo una decena de congresos nacionales para ventilar estos problemas, pero esto no ha sido suficiente. Es preciso diseñar estrategias más eficaces de capacitación y distinguir las buenas prácticas de las que no lo son. La Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal hace lo que puede, pero no tiene facultades para establecer mecanismos de coordinación entre policías, fiscales y defensores. Y, como los jueces, la policía se encuentra con dificultades similares al asumir su papel de primer respondiente o —más grave aún— al completar los informes homologados. Los fiscales, por su parte, no acaban de entender los alcances de “conducir” a las policías cuando
al margen se trata de una investigación, como lo precisa el artículo 21 constitucional, mientras las autoridades del sistema penitenciario no logran asimilar que ya no son ellas las facultadas para trasladar a un reo sino los jueces. ¿Cómo se va a garantizar, así, una actuación homologada de los operadores? Hay quienes opinan que debe revivirse a la SETEC —con más facultades, eso sí— y quienes piensan en unidades más complejas. Si esto ocurre, la nueva unidad deberá dedicar mucho tiempo a la gestión —¿cómo enfrentar las “denuncias masivas” para abatir el rezago?, por ejemplo— e instrumentar un registro inicial que dé seguimiento a cada infractor. Este registro, por cierto, es indispensable. El que tenemos, aunque se denomina nacional, en la práctica se limita a lo federal. De no echarse a andar y de no permitir que todas las entidades federativas compartan la información, la “puerta giratoria” seguirá incontenible. Esto, porque en los términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales un fiscal puede pedir prisión preventiva para un reincidente, pero su actuación no tendrá éxito alguno si no logra demostrar que el sujeto que ayer robó una chamarra en un almacén es el mismo que hoy robó una televisión en otro. Y esto… no puede hacerse sin registro. 2. Definir los alcances de la Fiscalía General de la República Si bien el 102 de nuestra Constitución Política precisa que “el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”, la ley reglamentaria de este artículo no logra alcanzar consensos: ¿qué significa que la Fiscalía sea autónoma? ¿Que el gobierno federal renuncie al ius puniendi que, según muchos teóricos, es lo que define al Estado? Es el presidente de la República quien tiene el bono democrático y por quien votó la mayoría. El fiscal no cuenta con este bono, ¿de dónde le vendría su legitimidad? ¿O habrá llegado el momento de elegirlo mediante el voto popular? Aun así no se resolvería la cuestión seminal. Imaginemos que el presidente de la República y el fiscal tuvieran una opinión discrepante sobre la política criminal del Estado, ¿cuál prevalecería? Si el presidente quiere perseguir a los narcotraficantes, pero el fiscal, en ejercicio de su autonomía, resuelve no ejercer la acción penal, o si, por el contrario, el fiscal general la ejerce contra los defraudadores fiscales pero el presidente de la República no lo respalda con la tarea de la policía, ¿qué ocurriría? Los activistas aducen que si el Poder Judicial goza de esta independencia, el fiscal también podría disfrutar de ella. Olvidan, no obstante, que el Poder Judicial tiene un carácter reactivo. Dirime las controversias que se someten a su consideración y nada más. El fiscal, en cambio, decide a quién perseguir y a quién no. Dado que sería imposible perseguir todos los delitos y concentrar toda la fuerza del Estado en cada uno de ellos, por más que así lo anuncien las leyes, es necesaria una criba. Lo mismo ante los casos relevantes.
El próximo mes de noviembre José Ramón Cossío concluirá su encargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto tiene inquietos a quienes pretenden sustituirlo. Aunque este año no bastará que los proponga el presidente de la República (el Senado podría diferir la decisión y rechazar la terna para que el nuevo nombramiento dependa del presidente electo), los que se están moviendo son Humberto Castillejos, Sergio López Ayllón y Ana Laura Magaloni. En el interior del Poder Judicial la magistrada Emma Meza Fonseca está reuniendo muchas simpatías… Hablando de la Suprema Corte, está por verse si el Poder Legislativo acatará la orden de emitir una ley que regule el gasto gubernamental en materia de comunicación y propaganda. Los observadores se preguntan qué pasará si, para abril, la fecha límite, el Congreso no cumple con la disposición judicial: ¿la Corte despedirá a los 500 diputados y a los 128 senadores? ¿Y qué ocurrirá si el Congreso publica una ley mediocre que contenga pura retórica? ¿La Corte se involucrará en el contenido de dicha ley? Algunos legisladores sienten que la Corte excederá sus límites e insisten en que no se cumpla su “instrucción”, para demostrar quién manda. Las apuestas están a la orden del día.
Las nuevas disposiciones sobre ejecución de sanciones siguen discutiéndose acaloradamente. Los académicos de la vieja escuela insisten en que la pena debe “readaptar” a los individuos y transformarlos en personas éticas. Los promotores de las nuevas corrientes aplauden la idea de “reinsertar” a quien ya enfrentó la consecuencia de violar la ley. Pero, más allá de las posiciones filosóficas, las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social exigen a los jueces “devolver” la atribución de trasladar a los reos. De otro modo, insisten, los motines estarán a la orden del día. No es que los jueces no deban conocer los traslados, pero ellos no están capacitados para decidirlos, pues no conocen a los reos ni saben de los riesgos que implican los movimientos carcelarios. ¿Tendrán razón?
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Hasta 1937, en Inglaterra existió el Grand Jury, un órgano consultivo que, en casos de delitos mayores (los menores se solucionan desde el medioevo fuera de juicio) decidía si se ejercía o no la acción penal. ¿Vamos a instrumentarlo en México? Dados los costos en tiempo y dinero que representaba dicho órgano, los ingleses volvieron a la discrecionalidad del fiscal. Otra posibilidad sería judicializar la acusación, como ocurre en otros países. ¿Funcionaría en México? Cuando se probó, no tuvo gran éxito. El modelo que, en lo personal, más me convence, es el de una fiscalía general que se coordine con el Ejecutivo —que dependa de él, vaya— y otra Fiscalía Anticorrupción, completamente independiente de éste, que sólo persiga a los servidores públicos. Así se evitaría que éstos pudieran ser protegidos por el Ejecutivo. No es posible tener un Código Nacional de Procedimientos Penales de avanzada, mientras la parte acusadora no tiene claros sus alcances y su capacidad de interactuar tanto con las policías como con los jueces. Por ello, sea la que sea la opción por la que nos inclinemos, hay que decidirlo pronto.
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3. Instalar un auténtico servicio de carrera Todo país donde agentes de la policía, fiscales y jueces son eficientes se caracteriza por un servicio de carrera respetable. Ser policía, fiscal o juez debe ser un anhelo, una aspiración de los jóvenes más dotados en el ámbito jurídico. Cuando éstos saben que, a base de estudio y honestidad, podrán ir alcanzando sus metas y ascender en la jerarquía, pondrán todo lo que esté de su parte para formar parte de ese servicio. La experiencia nos enseña que cuando una persona tiene estabilidad laboral, produce más, mucho más, que cuando carece de ella. En México, esta carrera ha sido bien diseñada en lo que toca a los jueces. No así en lo que corresponde a policías, peritos y agentes del Ministerio Público. Olvidemos por un instante el descuido en que se tiene este servicio en leyes y reglamentos, particularmente en los de carácter local. Sin pensar en los bajos sueldos y el escaso apoyo institucional para defender los derechos de estos operadores, el problema se origina desde la Constitución. La fracción XIII del apartado B de nuestro artículo 123 precisa que “los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación y las entidades federativas y los municipios”, podrán ser separados de sus cargos o removidos y que, a pesar de que la autoridad jurisdiccional resuelva que este acto fue injustificado, en ningún momento procederá “su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido”. Aunque conozco los motivos que originaron dicho texto, me parece una insensatez de
al margen nuestros legisladores. ¿Qué joven preparado, honesto y ambicioso soñará con ser policía o fiscal si sabe que pueden echarlo por el simple hecho de caerle mal a su jefe? No podemos exigir capacidad, vocación de servicio e integridad en un sistema tan disparatado. Mientras no se derogue esta disposición, todo lo que se haga o diga en México sobre el servicio de carrera carecerá de credibilidad. 4. Certificar las competencias Si bien la capacitación y la certificación son temas que podrían incluirse en el servicio de carrera, tienen características tan propias que merecen ser presentadas en un apartado distinto. Como si se temiera que los operadores competentes pudieran cuestionar a un fiscal general o a un gobernador, durante años nos hemos resistido a realizar una inversión significativa en la capacitación de policías, peritos y fiscales. Carecemos, incluso, de parámetros para evaluar a los abogados postulantes. Detengámonos un momento en estos últimos. Cuando alguien me pregunta quiénes son los mejores abogados penalistas de México, mi respuesta es, invariablemente, la misma: “No lo sé”. Podría enumerar a los más cultos y a los más simpáticos; a los más adinerados y a los que escriben los ensayos doctrinales más profundos… pero decir quién es el mejor abogado resultaría imposible, dado que nunca he visto litigar a ninguno. Si amagan al juez u ofrecen alguna dádiva al magistrado, si presionan al fiscal a través de los superiores de éste o si, efectivamente, realizan su trabajo con pulcritud, eso es algo que sólo ellos saben. En un México oscuro era entendible: los juicios los ganaba el abogado mejor relacionado. En un México que apuesta por la transparencia y los juicios públicos, sin embargo, esto ya no resulta tan sencillo. Los ciudadanos queremos saber cómo trabajan los abogados postulantes. Queremos que, en los términos del artículo 20 constitucional, se proteja al inocente y se procure que el culpable no quede impune. El éxito de cada uno de los protagonistas del proceso debe depender de su preparación y su habilidad; no de que sean amigos de un ministro de la Suprema Corte. ¿Cuál es el camino para lograrlo? No parece haber duda al respecto: evaluación y certificación. Pero la certificación asusta. Se certifica para competir… y la competencia aterra. La resistencia que oponen decenas de despachos de abogados a la colegiación obligatoria —paso ineluctable a la evaluación de competencias— refleja este miedo. Es el mismo que experimentan los maestros ante el nuevo modelo educativo: “¿Nos van a examinar?”, se preguntan. “¿Y si ese examen revela que no somos aptos?” Los casi 3,500 amparos que se han presentado hasta el momento contra la reforma educativa son elocuentes. Y, como los abogados, decía, también policías, peritos y fiscales deben ser capacitados y certificados. En Francia, por citar un país que nos lleva ventaja, después de concluir su carrera de Derecho un joven se capacita dos años intensamente en la École Nationale de la Magistrature.
Ante las más de 4,000 empresas fantasma que operan en México, hizo bien la Suprema Corte en determinar que las listas que ha elaborado el Sistema de Administración Tributaria (SAT), donde enumera a las empresas sospechosas de ser fraudulentas, son constitucionales. A veces la Corte se lanza contra un hospital que no brindó atención a un derechohabiente o contra una empresa estatal por no respetar los derechos humanos de una persona, pero olvida a la corrupción, que acaba perjudicando los derechos humanos de millones de personas. La cifra de inversión extranjera directa alcanzó en México más de 171,000 millones de dólares. Esto supera en 50 por ciento la de sexenios anteriores. El dato refleja que, pese a críticas y denuestos al gobierno —muchos de ellos merecidos—, éste ha sido capaz de inspirar la confianza de los inversionistas extranjeros. Las reformas estructurales tienen mucho que ver a la hora de explicar esta cifra. Quien ha demostrado ser un operador eficaz es Alberto Elías. Su difícil posición como “encargado” de la Procuraduría General de la República no ha sido obstáculo para que haya avanzado de modo significativo en la instrumentación del nuevo sistema penal acusatorio y en los juicios emblemáticos que lleva la dependencia. Inteligente y pragmático, el abogado de la Escuela Libre de Derecho está en todo y no pierde detalle de los desafíos que enfrenta. Más allá de las contiendas partidistas, qué lamentable reacción la de algunos usuarios de las redes ante el juego de palabras que hizo Enrique Ochoa, presidente del PRI, al criticar a sus correligionarios que se han pasado al partido MORENA. Los llamó PRIetos, lo que desató la furia de algunos que se sintieron ofendidos: “Nos discrimina por el color de nuestra piel —chillaron—. Nos denigra”. Nadie intentó denigrar a nadie, pero resulta inquietante que alguien pueda sentirse agraviado porque otro le recuerde el color de su piel. Algo no hemos hecho bien en México cuando la propia CONAPRED considera que se puede lastimar a algunos por ello. Si queremos combatir el racismo debemos empezar por despojar de su carácter peyorativo palabras como prieto, indio, chaparro o moreno. Si nos ofendemos por ello, acabaremos ofendiéndonos cuando alguien nos llame mexicanos.
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Al cabo de éstos decide si quiere ser juez o fiscal, sabiendo que ganará lo mismo, elija la función que elija. Hay muchos elementos que deberíamos tomar de este modelo que, por añadidura, permite que los jueces conozcan la forma de pensar de un fiscal, y viceversa. Sin estándares de competencia no tendremos criterios a los que apegarnos. Héctor Fix-Zamudio y otros académicos han sugerido, para el caso de los fiscales, establecer un Consejo Ministerial que haga las veces del Consejo de la Judicatura Federal. La idea debe considerarse seriamente. Donde no hay parámetros de actuación y una evaluación permanente, donde nadie vigila el cumplimiento de las normas éticas, el camino a la componenda y la corrupción queda despejado. 5. Establecer Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) Antes de la entrada en vigor del nuevo sistema penal, bastaba que una persona acusara a otra de un delito para que ésta fuera a dar a prisión. Ahí se empezaba a investigar si era o no responsable de la imputación que se le hacía. Dos o tres años después, si no se hallaba prueba que la incriminara, se le devolvía la libertad. La prisión preventiva, tal
Necesitamos una fiscalía general que se coordine con el Ejecutivo —que dependa de él, vaya— y otra Fiscalía Anticorrupción, completamente independiente de éste, que sólo persiga a los servidores públicos. 16
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como se desarrolló en México, fue una de las figuras más denostadas al interior y al exterior del país. ¿Cómo se hacen las cosas en países más desarrollados? La investigación se lleva a cabo sin tener que poner al acusado tras las rejas. Desde luego, en caso de peligro de que escape o en el de que haya elementos para pensar que puede seguir delinquiendo, un juez puede dictar la prisión preventiva. Pero si no es el caso, el juicio se lleva con el imputado en libertad. Éste es el esquema con el que ahora cuenta México y que tanto asusta a algunas autoridades, nostálgicas del viejo modelo. Encerrar a un presunto culpable no sólo era más sencillo, sino que permitía a gobernadores y procuradores echar a sus electores la impresión de que “se estaba trabajando”. ¿Para qué se crearon, entonces, las medidas cautelares? De acuerdo con el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales éstas van de la presentación periódica ante el juez y la exhibi-
al margen “Si podemos elevar los estándares laborales en México —dijo en Chicago Justin Trudeau, primer ministro de Canadá— hay menor incentivo para que las empresas se muevan ahí por los salarios tan bajos”. Sugirió crear en México una base de consumidores de productos canadienses y estadounidenses basada en salarios más altos. En plena renegociación del TLC no hay que echar en saco roto los comentarios de Trudeau. Éstos coinciden con las exigencias de los sindicatos estadounidenses: hay que equiparar los sueldos con nuestros socios para ser igualitarios.
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ción de una garantía económica, hasta la prisión preventiva, pasando por la colocación de localizadores electrónicos y “el resguardo en su propio domicilio”. Vigilar que estas medidas se cumplan depende de las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS), cuya adscripción se sigue discutiendo: ¿Debe administrarlas la policía o el fiscal? ¿Deben quedar a cargo del Poder Judicial o de una empresa privada? Desafortunadamente, parece que pocos estados de la República se han dado cuenta de la importancia de crearlas y fortalecerlas. Pocas han querido invertir en ellas. Pero para que el nuevo sistema penal funcione a cabalidad, resultan indispensables. “Serían muy caras”, se ha quejado más de un gobernador. Pasar por alto la presunción de inocencia y el debido proceso, sin embargo, a la larga resultará más caro: nos hará poco confiables, hacia adentro y hacia afuera. Ninguna de estas cinco medidas podrá concretarse sin un ejercicio político intenso y una voluntad de invertir tiempo y dinero. Desde mi punto de vista, la apuesta vale la pena: lo que está en juego es nuestro Estado Democrático de Derecho y todo lo que éste implica a la hora de garantizar la igualdad, la libertad y la seguridad de todos los mexicanos.
Como cubetazo de agua fría cayó en muchos sectores de México el informe Rule of the Law Index 2017-2018, que elaboró World Justice Proyect. El documento califica la actuación de los poderes gubernamentales, la ausencia de prácticas corruptas, la transparencia (gobierno abierto) y el respeto a los derechos humanos, entre otros indicadores. Lo que dice, en pocas palabras, es que de los 113 países evaluados, Dinamarca está en 1° lugar, Noruega en 2° y Finlandia en 3°. En último lugar está Venezuela y, en penúltimo, Camboya. México quedó en el lugar 92. Si a esto añadimos que Transparencia Internacional nos colocó en el lugar 135 de 180 países evaluados en su Informe 2018, el panorama no parece muy alentador. La percepción de la corrupción es muy dañina. El pasado 5 de febrero, durante la ceremonia para conmemorar los 101 años de nuestra Constitución, el ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que si México vive inmerso en “ríos de ilegalidad” no es sólo porque las autoridades no hagan cumplir la ley sino porque “los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarla”. Pero, ¿se les puede exigir a los ciudadanos que acaten normas diseñadas para favorecer a unos cuantos a costa de tantos? Sin ir más lejos, ¿cómo se les explica a estos desobedientes ciudadanos que quien obtiene un amparo puede dejar de pagar impuestos o hasta fumar marihuana, mientras que si uno no puede conseguirlo tiene que pagar impuestos y puede ir a prisión si es sorprendido con más de cinco gramos de hierba? La desigualdad que se legaliza no ayuda mucho al cumplimiento de la ley…
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Enrique Peña Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Comenzó a trabajar en el servicio público desde joven, ocupando diversas posiciones en el gobierno del Estado de México. De 2000 a 2002 fue secretario de Administración, y de 2003 a 2004 fungió como diputado del distrito XIII en la LV Legislatura del Estado de México, donde también fue coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Fue electo gobernador del Estado de México, la entidad federativa más poblada del país. Su periodo de gobierno abarcó del 16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre de 2011. Desde el 1° de diciembre de 2012 es presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
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Enrique Peña Nieto: “El enfoque jurídico ha determinado mi desempeño político” Ángel M. Junquera
Antes de ser presidente de la República, Enrique Peña Nieto es abogado. Y lo seguirá siendo en ocho meses, cuando haya concluido su encargo constitucional. Por eso, aquí sostengo un diálogo con él, más para hablar de su sentir como abogado que para dilucidar temas políticos. Desde luego, algunas preguntas de carácter político son inevitables…
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Entrevis ta Qué lo decidió a convertirse en abogado, señor presidente? La flexibilidad de la carrera. Me explico: la licenciatura en Derecho es una carrera versátil. Tiene un campo de acción profesional de gran amplitud. Lo mismo puedes desarrollarte en la academia, en el foro, en las corporaciones o en la política. Un abogado encontrará innumerables puertas abiertas para desempeñarse laboralmente. Esta flexibilidad fue la que me decidió a estudiar Derecho. ¿Qué asignatura fue la que más le agradó mientras estudiaba la carrera? Prácticamente todas. Recuerdo, especialmente, las clases de Obligaciones, Derecho romano y Derecho fiscal. ¿Cuál fue la que menos le gustó? No recuerdo alguna que no me haya gustado, aunque, desde luego, tuve maestros mejores que otros y eso, lo queramos o no, hace que algunas asignaturas nos resulten más atractivas que otras. ¿Cuáles son los profesores que más gratamente recuerda usted en la universidad? Entre ellos, Jaime del Arenal, Fausto Rico, Alberto Pacheco, Agustín López Padilla, Alejandro Mayagoitia e Ignacio Borja Martínez. ¿Qué ventajas tiene para un político poseer una formación jurídica? La lógica jurídica tiene como propósito resolver problemas, buscar
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acuerdos, dirimir controversias; buena parte del trabajo de un político se orienta a ello. Echar mano de esta lógica, de este enfoque jurídico, ha determinado mi desempeño político. Una autoridad sólo puede hacer lo que la ley le faculta expresamente, por lo que conocer de leyes es fundamental para un servidor público. Estar consciente de los límites de la cancha en la que le toca jugar es fundamental. ¿Qué desventajas tiene esta formación? Hay abogados muy exitosos que litigan, que dirigen empresas, que se dedican a la investigación o a la academia. A todos ellos les ha sido útil la visión a la que me he referido, aunque —lo admito— desde diversos ángulos. Así ha sido en mi caso, lo que me convierte en un enamorado de mi profesión. Si he de ser franco, no encuentro ninguna desventaja en ella. ¿Cuál es la actividad que más le agrada de sus funciones cotidianas? El contacto con la gente. Lo he dicho muchas veces y de varias maneras: la cercanía con mi fami-
lia, con mi esposa y la convivencia con las personas en alguna gira, en algún evento, son la más potente fuente de energía para seguir trabajando con pasión. Estar en contacto con la gente es la mejor manera de entender sus necesidades, de palpar sus preocupaciones y de pulsar los avances y los retos en la instrumentación de los programas de gobierno. ¿Cuál es la que menos le agrada? Cuando después de una gira o una exhaustiva jornada de trabajo tengo que dedicar la última parte del día a la grabación de un video. ¿Hay alguna que francamente le disguste? Me disgusta llegar a la oficina y que mi secretaria me reciba con un cúmulo de papeles pendientes de firma. La mayoría, meros trámites que no exigen mayor ponderación. Los firmo lo más rápido posible. ¿Cuál fue su visión al integrar su gabinete? El éxito de un gobierno depende de las capacidades de quienes lo integran. Como líder del gobierno de la República, una de las
“Una autoridad sólo puede hacer lo que la ley le faculta expresamente, por lo que conocer de leyes es fundamental para un servidor público.”
primeras responsabilidades que encaré fue la selección de los miembros de mi gabinete. Lo hice con base en cinco criterios: elegí personas conocedoras de sus materias; capaces de lograr acuerdos, es decir, buenos negociadores; que tuvieran el compromiso de trabajar en equipo; que fueran líderes competentes para integrar equipos exitosos y, como característica fundamental, que estuvieran enfocados en solucionar problemas y en dar resultados. Esos criterios han prevalecido y guiado los cambios que ha experimentado mi gabinete a lo largo del sexenio. ¿Cuál es la virtud que más aprecia usted en un colaborador? La sinceridad y la autenticidad. Que sepan admitir errores. La solución de un problema empieza por reconocerlo y diagnosticarlo adecuadamente. Eso requiere honestidad intelectual. Por el contrario, me molesta que alguien no me diga la verdad o pretenda ocultarme información. ¿Cuál ha sido la experiencia personal más difícil de su gestión? La desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, sin duda. Aunque la responsabilidad de investigar y resolver este hecho criminal correspondía a la autoridad local, la dimensión de un hecho tan lamentable y la evidente participación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico dieron lugar a que la Procuraduría General de la República atrajera el caso.
Me atrevo a decir que la investigación de esos hechos ha sido la más completa en la historia de la criminalística mexicana. Desafortunadamente, la politización del caso obstaculiza reconocer que prácticamente todos los presuntos culpables de esos hechos ya están sujetos a proceso. Si usted pudiera cambiar alguna de las decisiones que ha tomado en los últimos años, ¿cuál cambiaría? Lo he dicho con anterioridad: fue una buena decisión reunirse con el entonces candidato Donald Trump, pero la forma en que se procesó ese encuentro no fue la adecuada. No cambiaría el fondo, pero sí la forma. ¿Qué recomendaciones haría usted a su sucesor? No tengo una recomendación en particular, pero sí un deseo: que
haga un buen trabajo y que tenga éxito en su gestión porque eso sería bueno para el país. Si pudiera usted conversar con un jurista del pasado, ¿con quién conversaría? Es una pregunta difícil, pero creo que lo haría con Isidro Fabela. No sólo por ser mexiquense sino porque fue uno de los primeros abogados que hizo sentir que México tenía mucho que decir al mundo en materia jurídica. ¿Cómo desearía ser recordado? Como un presidente que puso lo mejor de sí al servicio del país y lideró un proceso de reformas. Que transformó a México en una nación más competitiva, capaz de generar oportunidades para que todos los mexicanos pudieran construir su propia historia de éxito.
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¿Cuál es el legado jurídico de Enrique Peña Nieto? Ricardo Ríos Ferrer A mi parecer, el legado jurídico más importante del presidente Enrique Peña Nieto se refleja esencialmente en las modificaciones constitucionales y legales habidas en materia energética, de competencia económica y de telecomunicaciones, las cuales han venido causando un cambio importante en el desarrollo de las especialidades jurídicas correspondientes, particularmente en los ámbitos corporativo, contractual, regulatorio y de litigio especializado.
Luis Enrique Pereda La gestión del presidente Enrique Peña Nieto tuvo, como todo periodo de gobierno, claros y oscuros. En materia de reformas legales es innegable que durante este sexenio se concretaron cambios constitucionales que llevaban rezagados mucho tiempo, algunos incluso desde 1994. Ejemplos de esto son las reformas en las materias educativa, de competencia económica, energética y la creación de la Ciudad de México. Además, logró concretar reformas legales como la político-electoral y la laboral, y finalizar un primer ciclo para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Penales y la nueva Ley de Amparo. Estos cambios, imperfectos, como toda norma jurídica de Derecho positivo, no deben ser regateados, pues sin duda representan un gran avance en la letra de la ley. Pero tampoco debe ser regateado el gigantesco saldo pendiente en materia de combate a la corrupción, lo cual da como resultado que la gran reforma impulsada desde la sociedad civil quede inconclusa y diluida desde el poder político.
Claudia E. de Buen Unna El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por las importantes reformas estructurales que sus antecesores vinieron empujando sin éxito, como son la laboral, la educativa, la de transparencia, la de telecomunicaciones y la energética, entre otras. Sin embargo, no todas corresponden a los intereses de la población. Incluso podría decirse que son de corte neoliberal y que no generan beneficios directos a la población, sino a sectores limitados y muy identificados. Son reformas de gran calado, con deficiencias y con errores importantes que, tarde o temprano, pagaremos. Ahora bien, considero que las más trascendentes, en general, son las reformas surgidas de los foros de “justicia cotidiana” que son las que permiten a la gente tener acceso a la justicia, sin mayores trabas y requisitos. Será fundamental la reforma relativa a los códigos procesales que, de aprobarse, modificarán de manera importante los trámites judiciales, para hacerlos más expeditos y transparentes, a través de la justicia oral, principalmente.
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Gonzalo Martínez Pous Sin duda alguna, la administración del presidente Enrique Peña Nieto tuvo un promisorio inicio pues emitió una serie de reformas estructurales que sorprendieron no sólo a México sino a gran parte del mundo por su potencial capacidad de transformación, que incluso bautizaron este histórico hecho como el Mexican moment, entre ellas, las reformas de telecomunicaciones y competencia económica, la energética, la fiscal y la educativa, las cuales constituyen su legado jurídico para México. De entre todas considero que la más relevante a largo plazo será la reforma energética, que llegó después de 75 años de haber estatizado esta actividad económica el presidente Lázaro Cárdenas y que tanto daño ha hecho al desarrollo económico del país.
José Juan Méndez Cortés En atención a la materia en la cual se desarrolla profesionalmente mi firma —la propiedad intelectual—, creo que la presidencia de Enrique Peña Nieto deja como legado jurídico principal al área de mi competencia la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Lo anterior, en razón de la modernización de las disposiciones relativas a telecomunicaciones y tecnologías de la información, que al fin atienden a la revolución tecnológica experimentada en las últimas décadas. Además considero que dicha reforma será el antecedente de futuras modificaciones urgentes que permitirán a la legislación en materia de propiedad intelectual adaptarse al nuevo entorno digital. De manera particular, considero destacable la adhesión de México al Sistema Madrid y la implementación del Protocolo de Madrid por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que permite internacionalizar el trámite de registro de marcas.
Ricardo Sodi Las reformas estructurales que se materializaron por medio del Pacto por México, a principios de la administración de Enrique Peña Nieto, constituyen un trascendente avance que favorecerá el desarrollo de nuestro país. Reformar la Constitución General de la República en materias tan señaladas como energía, telecomunicaciones, transparencia y educación, implicó una cuidadosa operación política con trascendencia jurídica. Fue posible lograr la deseada actualización en el marco jurídico nacional, que había estado estancado por divergencias políticas. Compaginar las reformas constitucionales y legales con una atinada operación política fue el legado más importante de la administración federal presidida por Enrique Peña Nieto.
José Mario de la Garza 1) La reforma educativa para avanzar en lograr garantizar el ejercicio del derecho de los niños y los jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, así como dar inicio al sistema que evalúa de forma objetiva a los maestros. 2) La reforma energética, que otros presidentes habían intentado y no lograron concretar. En esta ocasión se pudo convencer a los factores reales de poder que tienen un peso muy importante en la toma de decisiones relacionadas con la energía en México. Es una reforma cuyos resultados se verán a mediano plazo. 3) La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyo objetivo fue fomentar la competencia y reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones que utiliza cada día un mayor número de mexicanos. 4) La nueva Ley de Amparo que amplió de manera muy importante el concepto de autoridad para los efectos de esa ley y que ha permitido que se amplíen de forma sumamente considerable las posibilidades de defender el respeto a los derechos humanos vía el juicio de amparo. 5) El Código Nacional de Procedimientos Penales que garantiza el principio de presunción de inocencia, las salidas alternas y que los juicios penales se lleven de forma transparente de modo que todos podamos observar la manera en que una persona es juzgada para determinar si cometió o no un delito.
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OPINIÓN Xxxx ENCUESTA Alberto Nava Garcés Respecto del legado jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, yo destacaría dos instrumentos legales en particular. Uno, el Código Nacional de Procedimientos Penales (2014) que logró homologar el procedimiento penal a nivel nacional. Otro, la nueva Ley de Amparo (2013), resultado de la reforma constitucional de 2011. Pero más allá de estos dos cuerpos legales, su legado puede ser mayor si alcanza el anhelo de contar con un código penal único, que termine con el caos penal imperante en México desde hace ya tantos años. Y queda una asignatura pendiente: la fallida puesta en operación de la Ley General de Víctimas, cuyo contenido no pudo concretarse con la comisión ejecutiva constituida para ese caro propósito.
Jorge Nader Kuri En materia de justicia penal destaco dos logros enclavados en el ámbito normativo: 1) la reforma a la fracción XXI, inciso c, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de octubre de 2013, que facultó al Congreso de la Unión para expedir legislación única en materia procesal penal, en mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, y 2) el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014. De manera adicional, son destacables también como logros: la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2014, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el DOF el 16 de junio de 2016, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en el DOF el 16 de junio de 2016, y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicadas en el DOF el 16 de junio de 2016.
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Luis M. Díaz Mirón En mi opinión, su legado jurídico es la reforma de 2012, vía la “genial” combinación de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y la buena “operación” en el nuevo Congreso de la Unión, e indudablemente la transformación del Derecho del trabajo, con la gran reforma al artículo 123 A constitucional, que cambiará la práctica laboral… a algunos años más.
Alfonso Pérez-Cuéllar Los Diálogos por la Justicia Cotidiana convocados por la Presidencia de la República, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en los cuales participaron 26 instituciones de todos los sectores (incluidos los colegios de abogados), generaron importantes aportaciones al orden jurídico nacional, algunas de las cuales ya han sido implementadas y otras más están en proceso de instaurarse. La metodología desarrollada en las nueve mesas de trabajo concluyó con diversas declaraciones conjuntas y propuestas de reformas legales. Vale la pena destacar la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proyecto para una nueva justicia laboral, así como la tendencia a la oralidad en materia procesal para diversas ramas del Derecho. Se trató, sin duda, de un proceso plural y extenso que, de concretarse en su totalidad, permitirá la construcción de un México más justo e incluyente.
Gerardo Gozaín Frangie Las reformas más relevantes son: el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma penal para implementar el nuevo sistema penal acusatorio, la reforma laboral, la nueva Ley de Amparo, entre otras. Desde mi punto de vista, todas ellas son reformas históricas iniciadas con el Pacto por México con una gran expectativa; sin embargo, su instrumentación práctica ha sido complicada y se ha politizado.
Antonio M. Prida La reforma educativa es el principal legado jurídico de Peña Nieto, al elevar a rango constitucional el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad, y al iniciar la puesta en orden del sector, mediante exámenes periódicos a los maestros y evitando, entre otras cosas, la venta de plazas. También son parte de dicho legado las llamadas “reformas estructurales”: la laboral, la financiera, la de competencia económica, la de telecomunicaciones, la hacendaria y la energética. El gran déficit que nos deja es su pobre implementación, especialmente en materia anticorrupción.
Víctor Emilio Corzo En el ámbito internacional, el presidente Enrique Peña Nieto deja un legado importante en lo que respecta al desarrollo progresivo del Derecho internacional y su incorporación en el sistema jurídico mexicano, especialmente en materia de desarme. Dentro de su administración, México se convirtió en Estado parte de dos instrumentos que ahondan la política pacifista que el Estado mexicano ha postulado históricamente. Por un lado, se ratificó el Tratado sobre Comercio de Armas, que busca dar una solución multilateral al tráfico ilícito de armas que tanto ha afectado a nuestra realidad, y, por el otro, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, con el que se da continuidad al activismo mexicano que ha posicionado a nuestro país como uno de los principales promotores a nivel mundial en materia de prohibición y eliminación total de este tipo de artefactos.
Iliana Martínez El legado jurídico de Enrique Peña Nieto es, en primer lugar, la capacidad de haber logrado que mediante el Pacto por México se aprobaran 13 reformas estructurales necesarias para la modernización y competitividad de nuestro país. Dentro de las reformas más importantes, desde el punto de vista de competitividad, considero la laboral y la energética. Por otro lado, las leyes aprobadas en relación al Sistema Nacional Anticorrupción sientan el punto de partida para la construcción de un verdadero Estado de Derecho, aun cuando hay que reconocer que en este tema aún falta mucho por hacer en cuanto a su aplicación.
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REPORTAJE
Diana Reyes
La abogacía mexicana pugna por la restauración del Estado de Derecho
José Ramón Cossío Díaz, José Mario de la Garza, Otto Granados Roldán, María del Pilar Ortega Martínez, Alfonso Guati Rojo y Alfonso Pérez-Cuéllar
El pasado 31 de enero los tres colegios de abogados más importantes de México suscribieron la constitución del Consejo General de la Abogacía Mexicana, acto en el que los representantes de cada una de las asociaciones se pronunciaron por la restauración del Estado de Derecho a través de la unidad del gremio.
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a ceremonia de constitución del Consejo General de la Abogacía Mexicana contó con la participación, como testigos de honor, de Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública; José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y María del Pilar Ortega Martínez, senadora de la República y presidenta de la Comisión de Justicia. Asimismo, estuvieron presentes autoridades jurisdiccionales, académicas, empresariales y universitarias,
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así como legisladores, presidentes de cámaras y de tribunales, así como ex presidentes de los colegios de abogados. Durante su intervención, Alfonso Guati Rojo Sánchez, presidente del consejo directivo nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), refirió que las asignaturas pendientes son muy claras, pues todas se encaminan al mejoramiento del Estado de Derecho, objetivo que pretende lograr el Consejo General de la Abogacía Mexicana.
Para dimensionar el reto que enfrenta la comunidad jurídica, el presidente de la ANADE ofreció las cifras que colocan a México en el número 92 de 113 países del Índice de Estado de Derecho 2017-2018; detalló que la abogacía organizada debe asumir sus compromisos, devolviendo la credibilidad a las instituciones y que éstas no se corrompan a partir de las propuestas oprobiosas que hacen algunos abogados. A través de un llamado a la unidad, pidió fomentar el control ético de los abogados y elevar los estándares de la práctica profesional. “Hoy es el día de todos los abogados del país en pos de una mejor sociedad para nosotros y para nuestros hijos. Colegas, hagamos un compromiso serio y logremos que lo que hoy empieza se convierta en el mejor legado para las próximas generaciones”, declaró. Por su parte, José Mario de la Garza, presidente del consejo directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) calificó como un hecho histórico el que las asociaciones de profesionales del Derecho más importantes del país dieran constancia de su compromiso para elevar la mirada y sumar los esfuerzos para constituir el Consejo General de la Abogacía Mexicana. Destacó que la crisis que actualmente atraviesa nuestro país es un síntoma del quebranto del Estado de Derecho. “¿En qué momento permitimos que la ley dejara de ser la mejor respuesta para los problemas sociales y su vulneración se convirtiera en el alimento que los hace indomables?”, cuestionó. El representante de la BMA arriesgó como hipótesis el hecho de que la política preside el Derecho, además de la fragmentación generada en el gremio, razón por la cual perdió su capacidad de conducción, guía y referente de las grandes decisiones nacionales. “Éste es el momento para decir: no más, nunca más sin nosotros. La tragedia nacional no va a dar tregua, ni tampoco da espacios para vanos egoísmos. Éste es el momento de definir quiénes son los abogados que van a litigar la causa nacional y quiénes serán los representantes de sus propios intereses”, aseguró. Para mejorar la eficacia del marco normativo, pidió elevar la calidad del quehacer profesional y asumir una postura proactiva y una perspectiva integral para resolver los problemas.
En su oportunidad, Alfonso Pérez-Cuéllar, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), aseveró que si aceptamos como premisa que nuestro país requiere urgentemente un verdadero y sólido Estado de Derecho, como principio fundamental para fortalecer a las instituciones y plantear un nuevo rumbo, dirigido al combate a la corrupción y a la impunidad, entonces ha llegado el tiempo de las leyes, de los jueces y de los abogados. Añadió que los abogados deben ser los principales promotores y ejecutores del complimiento de la ley, y de respetar su supremacía. Apuntó que los tres colegios de abogados coinciden en la necesidad de la actuación ética, del control técnico de la abogacía, así como de la defensa de la defensa. “Los abogados somos una pieza fundamental en la vigencia del Estado de Derecho. Y por eso no podemos tolerar más la corrupción ni la impunidad. Debemos ser agentes que faciliten los mecanismos necesarios para empoderar a los ciudadanos y, de esta forma, instalemos juntos una nueva cultura de la legalidad, que aleje las prácticas deshonestas”, destacó. El presidente del INCAM explicó que se trata de una nueva época, marcada por la firme, seria y organizada intervención de los juristas en la construcción de un país más justo y más próspero. Asumió que el Consejo General de la Abogacía responde a un clamor social por una profesión técnicamente preparada y éticamente regulada, que construya y defienda al Derecho y a la justicia.
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REPORTAJE
Aseguró que la razón de esta unión y la consolidación del proyecto son para restaurar el Estado de Derecho en México. Al enunciar su posicionamiento, el ministro José Ramón Cossío calificó el acto como un momento importante para la profesión jurídica y para la construcción del Estado de Derecho. “Se decía que hemos sido desplazados, pero tal vez nosotros mismos nos desplazamos, perdimos el toque, el interés en las cosas públicas”, acotó. Sin embargo, también expresó que ha llegado el momento de convertirse en agentes de cambio. Concibió la idea del consejo como un elemento que participe en los planes y los programas de estudio, así como en la certificación de los abogados. Consideró que, de lograr la estandarización de buenas prácticas y la transformación del país, el consejo habrá cumplido con su propósito. La senadora María del Pilar Ortega aseveró que se trata de una pieza muy importante porque la abogacía mexicana es fundamental en la construcción del Estado de Derecho. Hizo votos para que se consolide como un entramado más grande para fortalecer sus objetivos en conjunto con el órgano legislativo. Entre los pendientes legislativos, destacó la importancia de una reforma en materia de certificación respecto de los abogados.
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Finalmente, Otto Granados Roldán coincidió en elevar los estándares éticos, no sólo para la profesión de la abogacía, sino también para las instituciones, que sean más rigurosos, transparentes y con una mejor normativa. Para dimensionar el problema que representa el crecimiento desmedido de las escuelas de Derecho, el titular de la Secretaría de Educación Pública citó la obra Demasiados abogados de Piero Calamandrei, en la que denuncia la decadencia intelectual y moral de la abogacía italiana, el consecuente aumento de los abogados en ejercicio y la disminución de la calidad de los programas académicos. “Desde mediados del siglo XX el sistema de educación superior en México se duplica prácticamente cada 10 años; mientras en 1959 el sistema tenía cerca de 30,000 estudiantes en 157 universidades, en 2017 comprende cuatro millones en 4,000 instituciones”, dijo. Otto Granados indicó que aunque la demanda ha estimulado la oferta de forma muy veloz, la cobertura apenas es cercana a 38 por ciento en la educación superior. No obstante, determinó que hay un área de oportunidad a través de una regulación eficiente de las carreras. Coincidió con la necesidad de modernizar el marco regulatorio con una perspectiva integral. Por último, resaltó la urgencia de diseñar una nueva agenda de la educación superior en México, que incluya la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la cual data de los años setenta del siglo XX, así como la Ley de Profesiones, reglamentaria del artículo 5° constitucional, y asimismo la articulación de un nuevo sistema de gobernanza entre la Federación y los estados en esta materia.
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OPINIÓN
Xxxx Mansur, Jack Wolff y Natalia Robles* Alberto
Si no ha estado perdido en el fondo de una cueva sin señal de internet, seguro ya ha escuchado algo sobre la tecnología conocida como Blockchain, probablemente en relación con las criptomonedas como Altcoins, Bitcoin, Ethereum, Ripple o alguna otra. Las criptomonedas son posibles gracias al Blockchain, una tecnología que está cambiando al mundo y a la que los abogados no podemos permanecer ajenos.
LO QUE TODO ABOGADO DEBE SABER SOBRE
EL BITCOIN l Blockchain es, en esencia, una especie de libro contable digital almacenado simultáneamente en miles de computadoras descentralizadas y repartidas alrededor del mundo para crear registros de transacciones seguros, verificables y permanentes. Este libro no tiene páginas, sino bloques de información; de ahí Blockchain, el nombre de la tecnología. Imagina un registro de transacciones (bloques) vinculados entre sí (cadena) en un libro mayor contable encriptado que no tiene un administrador centralizado. Cada bloque contiene datos no sólo sobre la transacción que se anota en él, sino sobre otros datos que lo “vinculan” al bloque o eslabón anterior de la cadena.
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Los eslabones de la cadena se enlazan entre sí de una manera que hace prácticamente imposible su manipulación o alteración por un agente mal intencionado a través de un algoritmo criptográfico conocido como hash (funciones matemáticas que transforman esencialmente los datos en el hash en una salida única de longitud fija, creando una “huella única” digital de los datos subyacentes) que ordena cada bloque en el Blockchain con referencia al hash del bloque anterior. Estos hashes no son fáciles de manipular, lo que asegura toda la cadena de bloques a medida que crece. Cada registro es único, replicado y autentificado en una red informática y sincronizado para que todas las computadoras en las que está almacenado el Blockchain reflejen la misma información a medida que ésta se actualiza. Una vez agregado al Blockchain, el bloque no puede ser borrado ni alterado y nuevos bloques van
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De todos los riesgos potenciales que involucran al Blockchain, el riesgo regulatorio es el más impredecible.
siendo agregados constantemente después de cada bloque. Para que un agente mal intencionado, digamos un defraudador o un falsificador, pudiera modificar la información de un bloque, lo primero que tendría que hacer es hackear miles de equipos al mismo tiempo. Suponiendo que esto fuese posible, el malandro tendría que modificar no sólo el bloque que quiere afectar sino cada bloque agregado a la cadena después de ése. La seguridad es un beneficio clave, ya que los nombres de las partes se pseudonimizan, cada
bloque se autentifica en toda la red antes de ser agregado a la cadena, y los registros se cifran. Ésta es una explicación muy rudimentaria, pero el punto básico es éste: el Blockchain crea una base de datos segura de información y registros de transacciones distribuida entre miles de computadoras en tiempo real. El dinero es un cuento que nos inventamos para simplificar el intercambio de bienes y servicios. Puede ser que lo denominemos cacao, conchas de mar, oro, plata, diamantes, billetes o un saldo
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electrónico que se refleja en nuestra pantalla al momento de abrir el portal electrónico de nuestro banco. Da lo mismo. Ni lo uno ni lo otro tiene valor intrínseco más allá del valor consensual que la sociedad le da a cualquiera de estas monedas como un bien fungible, portable, divisible, inmutable, transferible y fácilmente intercambiable por otro bien o servicio. Hoy, desde el portal de su banco, Bartola puede mirar cuánto tiene de saldo, dar una instrucción electrónica para que el banco tome dos pesos de ese dinero y lo ponga en la cuenta del casero, la compañía de teléfono y la de la luz. Ellos habrán recibido un crédito a cargo de su débito, con lo que habrán pagado la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, Bartola podrá tomar de ahí para su gasto y hasta guardar el resto para echarse un alipús. Ni Bartola ni ninguna de las personas que recibieron sus pagos vieron nunca un solo billete en estas transacciones, mucho menos piezas de oro o plata, pero todos ellos están convencidos de que hubo una transmisión de riqueza entre los unos y los otros. Los denominadores comunes en estas operaciones siempre han sido dos: 1) el mito compartido entre las partes de que lo que se intercambia por bienes y servicios tiene un valor intrínseco y 2) la confianza entre las partes en un tercero intermediario que pesa el oro, mide la cantidad de plata, garantiza el valor del
billete, cuida de su autenticidad, o protege los servidores digitales que dicen cuánto dinero tiene cada quien. Las criptomonedas eliminan la necesidad del tercero y cada día se acercan más al mito de valor intrínseco, al menos algunas de ellas. Cada día hay más cosas en el “mundo real” que pueden pagarse con criptomonedas. Éstas han dejado de ser panchólares. El uso de criptomonedas proporciona un servicio único: transacciones financieras que no requieren que los gobiernos emitan divisas ni de bancos para procesar los pagos. Son una tecnología ingeniosa y potencialmente transformadora sobre la que se podría construir toda la economía: el equivalente monetario de internet. Las ventajas de una criptomoneda respecto del dinero tradicional son, entre otras, que no se requiere de confianza en un actor central, como puede ser el banco o el gobierno, pues sus incentivos de diseño tienden a la honestidad. Esto es así porque el Blockchain genera una versión única del tracto sucesivo de cada moneda. Cada moneda tiene su propia historia y hay total transparencia de quién era el dueño anterior y quién es el actual, y la habrá cuando esa moneda sea propiedad de alguien más. En el tracto puedo leer todas las transacciones de esa moneda y de sus fracciones. El hecho de que sea un sistema descentralizado lo hace resistente a la regulación, a la censura y al ataque o la falsificación.
No hay un banco central o un gobierno que pueda emitir más monedas para controlar su inflación o manipular el costo de sus importaciones o exportaciones, lo que le concede un alto nivel de seguridad e integridad y empodera al usuario final. Incluso países como Venezuela y Rusia están desarrollando sus propias criptomonedas, con la diferencia de que el único tenedor de su Blockchain será su banco central, aun cuando el mismo esté almacenado en diversos equipos repartidos en diferentes lugares e incluso fuera de sus territorios. Tener sus propias criptomonedas les permitirá a estos países, y a aquellos que se les sumen, darle la vuelta a las sanciones económicas que les han sido impuestas y serán un seguro en caso de ser excluidos del sistema internacional de pagos electrónicos. Las criptomonedas son la aplicación más llamativa del Blockchain, pero no es, ni con mucho, la única ni la más importante. Hay una multitud de otras aplicaciones del Blockchain que transformarán para siempre una gran cantidad de industrias más allá del dinero. Están, entre otros, el mercado de valores, la atención médica (por ejemplo, gestión de datos médicos y facturación) y las transacciones comerciales en general (por ejemplo, contratos “inteligentes”); pero de ellas y otras nos ocuparemos después. La banca, el sistema de pagos y el mercado de valores son las industrias idóneas para seguir el camino de las criptomonedas.
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La tecnología del Blockchain ha sido probada e implementada por la industria financiera para reducir los costos y mejorar las ineficiencias en la operación de las transacciones financieras. Muchos creen que el Blockchain hará lo mismo con los bancos que internet hizo con los medios. Imaginemos certificados de acciones digitales, registros de transacciones bancarias o bursátiles repartidos en miles de equipos inalterables alrededor del mundo, la reducción de costos de almacenaje y el mantenimiento de servidores de seguridad, la inmutabilidad de operaciones y el tracto sucesivo de cada título valor intercambiado desde su emisión. Luego está la tecnología de la seguridad digital. Los datos del Blockchain se confirman y se cifran mediante criptografía compleja. Esto hace que los datos estén menos expuestos a piratas informáticos o a alteraciones sin autorización. Las protección de datos es un desafío casi inevitable para todas las empresas, por lo que las soluciones de seguridad tienen una gran demanda y las soluciones efectivas serán más que bienvenidas. No es difícil imaginar que el Blockchain afectará y pueda convertirse en parte fundamental de la tecnología de la seguridad digital. La industria del juego será particularmente receptiva al Blockchain pues su tecnología agiliza y reparte en varios servidores el proceso de investigación, procesamiento, análisis y pronóstico de probabilidades. Esta tecnología se puede utilizar para colocar y supervisar apuestas en cualquier plataforma, desde deportes hasta acciones, de forma descentralizada. Un área de inmediato potencial es el mercado inmobiliario y los registros públicos de la propiedad. La tecnología Blockchain puede eliminar la necesidad de mantener registros en papel. Esto se puede usar para el mantenimiento de registros inmobiliarios porque ayuda a rastrear y a confirmar la propiedad, garantizar la precisión de los documentos y agilizar las transferencias de propiedades. Poder tener un registro digital e inmutable del tracto sucesivo de propiedad de cada inmueble, fácilmente asequible y consultable por cualquier usuario desde cualquier terminal de cómputo, dará
certeza y seguridad jurídica y económica a millones de familias. El sector de la asistencia medica también se verá afectado por la tecnología Blockchain. Los centros de atención de salud, como los hospitales, tienen problemas para almacenar y compartir datos entre sí de manera eficiente, para facilitar el diálogo necesario entre los pacientes, los doctores, las enfermeras, los de la farmacia y los del departamento de crédito y cobranza, y agilizar el intercambio de datos. La tecnología Blockchain puede ayudar a los pacientes y a los profesionales de la salud a almacenar y a compartir datos de manera segura. Puede mejorar la seguridad de los datos y permitir diagnósticos más rápidos y precisos, un tratamiento más eficiente y mejores resultados. Hoy ya la industria de la música está considerando el Blockchain como una forma segura de garantizar los pagos de regalías y podrá llegar el día en que utilicemos el Blockchain para votar sin necesidad de recurrir al ya lamentablemente clásico voto por voto, casilla por casilla. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Al considerar las diversas aplicaciones del Blockchain en el mundo de los negocios, existen riesgos específicos de esta tecnología que deben ser evaluados y no pueden subestimarse a medida que se pondera su implementación. La jurisdicción y la competencia en la resolución de controversias es un tema fundamental. Con un libro mayor distribuido, los temas competenciales se vuelven problemáticos. Aunque los contratos “inteligentes” pueden construirse para requerir el sometimiento a una jurisdicción y a una legislación específicas como parte de los “términos de uso”, ¿qué sucede si esos términos no están presentes? Incluso si dichos términos están presentes, ¿se considerarán ejecutables? ¿Qué pasa con la ley y el lugar de la ejecución del contrato? ¿Qué tribunal abordaría (o debería) abordar la disputa? Sin embargo, de todos los riesgos potenciales que involucran al Blockchain, el riesgo regulatorio es el más impredecible.
Al momento de escribir este artículo el Congreso de la Unión no ha emitido la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera que ya ha sido aprobada en el Senado y tiene pendiente su discusión en la Cámara de Diputados. Como todo, como siempre, nuestros legisladores pretenden sobrerregular algo que no entienden. Empiezan por facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para otorgar las autorizaciones, previa revisión de la información y la documentación establecida en ley, para poder operar como instituciones de tecnología financiera (ITF). ¿Cómo para qué querría una empresa constituirse en México como una ITF si requiere la autorización y la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) si puede hacerlo desde cualquier parte del mundo sin ella? Luego crean una comisión integrada por servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banco de México (Banxico) y de la CNBV para que las sociedades y las entidades financieras puedan ser autorizadas para utilizar “modelos novedosos”, entendidos como aquellos mecanismos que para la prestación de servicios financieros utilice herramientas o medios tecnológicos con modalidades innovadoras distintas a las existentes en el mercado en el momento en que se otorgue la autorización temporal correspondiente. Rematan sujetando a la autorización de Banxico el uso de activos virtuales como las criptomonedas. La ley, en su estado actual, no obedece a las realidades de la tecnología que pretende reglamentar. Sin lugar a dudas, el Blockchain presenta una tecnología fundamental que reformará gradualmente la forma en que se tramitan los negocios, incluso si aún queda un largo camino por recorrer antes de que haya una adopción generalizada. Bien haremos en estar al tanto de la misma y prever sus consecuencias jurídicas. * Miembros de la firma boutique Mansur, Birman, Guakil y Wolff, S.C.
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Víctor Emilio Corzo*
Delimitación territorial en 2018 l presente año inició con varios acontecimientos relacionados con disputas territoriales. Primero. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang se observó el uso de la bandera unificada de las dos Coreas, donde aparte de visualizarse la silueta del territorio continental de éstas, se incluyó a la Isla Dokdo (o Takeshima), la cual ha sido centro de disputa entre Corea del Sur y Japón por su posesión histórica. Más allá del simbolismo que tuvo dicha demostración se evidencia cómo en el Lejano Oriente las aguas siguen turbias y algunas disputas siguen vigentes. Segundo. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres (Portugal) —actuando como mediador— refirió a la Corte Internacional de Justicia la disputa territorial que Venezuela y Guyana vienen arrastrando desde hace más de un siglo. Paralelamente a ese acontecimiento, en medios de comunicación surgieron rumores sobre la supuesta intención de Venezuela de realizar una incursión militar a Guyana con el fin de asegurar su presencia en el territorio disputado al oeste del río Esequibo. Si bien dicha amenaza no se ha cristalizado, las tensiones en la región han aumentado con el despliegue de tropas guyanesas en la zona y la formación de coaliciones informales para
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auxiliar a Guyana —frente a Venezuela— en caso de una invasión. Tercero. En la capital del Derecho internacional, La Haya, Países Bajos, la Corte Internacional de Justicia dirimió dos controversias entre Costa Rica y Nicaragua relacionadas con la delimitación marítima y la compensación económica por actos internacionalmente ilícitos del Estado relacionados con la violación de la soberanía territorial. Antecedentes de la disputa entre Nicaragua y Costa Rica Para tener mayor claridad sobre la controversia entre Costa Rica y Nicaragua es importante tener en mente algunos hechos claves. Primero, las dos sentencias emitidas el 2 de febrero son resultado de la acumulación de los cuatro casos que la Corte tenía pendiente entre ambos Estados. Segundo, la historia reciente de estos litigios data de 2005, cuando Costa Rica llevó ante la Corte una disputa relacionada con el derecho de navegación que tiene en el río San Juan. Tercero, si bien el fondo de estos cuatro litigios fue influido en gran parte por una disputa territorial, la realidad es que ambos Estados tenían en la mira el control de las zonas marítimas que derivan de la proyección de los límites territoriales. Cuarto, los límites territoriales entre ambos Estados datan de la suscripción del Tratado de Límites de 1858, en el que se establece el río San Juan como una de las referencias naturales limítrofes entre ambos Estados.
Primer caso. “Delimitación marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico” Respecto de la decisión sobre delimitación marítima antes referida, la Corte se basó en su sentencia de diciembre de 2015 y reafirmó que Costa Rica tiene soberanía sobre toda “la parte norte de la Isla Portillos, incluyendo su costa hasta el punto en el que el banco derecho del río San Juan alcanza la marca de bajamar de la costa del Mar Caribe, con la excepción de la Laguna de Harbor Head y el banco de arena que lo separa del Mar Caribe, ya que dicha soberanía le pertenece a Nicaragua”. Consecuentemente, en un tema paralelo, la Corte concluyó que el campamento militar que Nicaragua estableció en la zona disputada —a la luz de la determinación anterior— violaba la soberanía de Costa Rica y, por ende, tenía que ser retirado. Regresando a la definición territorial, y siguiendo el principio de que “la tierra domina al mar”, la Corte procedió a realizar la delimitación marítima correspondiente en lo que respecta a la proyección de los límites terrestres hacia el Mar Caribe. Cabe destacar que tal delimitación no fue sencilla, ya que la Corte se allegó de un panel de expertos para ayudarla a identificar in situ los puntos de partida para realizar la delimitación territorial. Tal como lo ha realizado en casos anteriores, la Corte prosiguió su trabajo dividiéndolo en dos etapas: primero, dibujando una línea media provisional en el espacio marítimo y, posteriormente, analizando la posible existencia de circunstancias especiales para determinar la necesidad de ajustar la línea media provisional. Por el análisis realiza-
Río San Juan
do en este último punto, la Corte reconoció que existían “circunstancias especiales” en el presente caso por la “alta inestabilidad y estrechez en los bancos de arena cerca de la boca del río San Juan que constituyen una barrera entre el Mar Caribe y una parte importante del territorio que le pertenece a Nicaragua”, por lo que optó por que la línea media marítima estuviera conectada a tierra firme en la costa de Costa Rica. Una vez definido el espacio costal relevante para la delimitación, así como los puntos de referencia, procedió a hacer el mismo ejercicio en lo que respecta al espacio marítimo para proponer una solución equitativa de conformidad con el Derecho internacional aplicable; fijando así en definitiva las líneas marítimas que pusieron fin a la disputa que data de 1858 y que quedaron plasmadas en los planos cartográficos que acompañan la sentencia. Segundo caso. Ciertas actividades desarrolladas por Nicaragua en el área fronteriza En lo que respecta a esta segunda sentencia, vale la pena recordar que ésta fue la culminación de la tercera fase procesal del caso que iniciara en noviembre de 2010, y donde la Corte —en diciembre de 2015— falló a favor de Costa Rica, al concluir, por un lado, que el dragado que realizó Nicaragua —supuestamente en su territorio— no era parte de la frontera entre ambos Estados, sino que se encontraba dentro del territorio de Costa Rica. Y por el otro, que Nicaragua había violado —al desplegar a su personal militar para crear artificialmente un canal y provocar un ambiente de enfrentamiento entre ambas naciones— la orden precautoria emitida en 2011 que ordenaba a las partes abstenerse de enviar personal a la zona de conflicto y realizar cualquier acción que pudiera agravar o ampliar la disputa.
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Más allá de resolver la disputa, la relevancia de esta decisión recayó en dos aspectos: por un lado, se trató de la primera vez que la Corte Internacional de Justicia emitió reparaciones por daños ambientales y, por el otro, se trató —apenas— de la tercera vez que la Corte emite una decisión sobre compensación económica. Antes solamente lo había realizado en el caso Corfu Channel (Reino Unido vs. Albania, 1949) y en el caso Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea vs. República Democrática del Congo, 2010). Regresando al tema ambiental, fue interesante observar el método que la Corte eligió para cuantificar la compensación económica, especialmente porque ésta optó por no adoptar ningún criterio ya establecido por otra instancia internacional y prefirió iniciar su análisis basándose en los principios tradicionales aplicables a hechos internacionalmente ilícitos. En este sentido, la Corte refrendó los siguientes principios: 1) “la violación de un compromiso conlleva la obligación de otorgar reparaciones en una forma adecuada”; 2) la reparación del daño debe “desaparecer todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación a como hubiera estado” de no haber existido la violación; 3) la compensación económica es procedente “en aquellos casos donde la restitución [del daño] es materialmente imposible o excesivamente gravosa” y 4) la compensación económica no puede ser punitiva. Para la determinación del daño la Corte señaló que se debe analizar “si existe un nexo causal suficientemente directo y cierto entre el acto ilícito y el daño causado”. Tratándose de materia ambiental, la Corte reconoció que si bien es cierto que “el daño puede ser consecuencia de diferentes causas concurrentes, o los avances científicos [que pudieran probar] el vínculo causal entre hecho ilícito y el daño pueden ser inciertos”, también lo es que “la falta de evidencia adecuada respecto a la extensión del daño material no evitará, en todas las situaciones, el otorgamiento de compensación económica por dicho daño”. Como la presente sentencia sólo era para cuantificar la compensación que Nicaragua le debía pagar a Costa Rica por los daños materiales causados por las actividades ilícitas de la primera en el territorio de la segunda, el análisis del nexo causal entre acto ilícito y daño causado se basó primariamente en su sentencia del 16 de diciembre de 2015. En este sentido, el razonamiento de la Corte para otorgar a Costa Rica la compensación de 378,890 dólares fue dividido en tres etapas: primero, se valoró la existencia y la extensión del daño; segundo, se comprobó la existencia de un vínculo causal y directo entre el daño
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y las actividades atribuibles a Nicaragua, y tercero, se cuantificó el monto a ser otorgado como reparación. En lo que respecta a la primera etapa, los daños causados fueron clasificados en dos grupos: daños ambientales, por un lado, y gastos y costos incurridos por Costa Rica para prevenir un daño adicional al ya causado por el acto ilícito cometido por Nicaragua, por el otro. En lo que respecta a la extensión de los daños causados, la Corte —en lugar de hacer una disección pormenorizadas de éstos— decidió adoptar un enfoque general donde trató al ecosistema dañado como parte de un todo. De igual forma, para llegar a su conclusión, tomó en cuenta las características del daño causado (esto es, concluyó que se trató principalmente de tala de árboles), y de la zona afectada (esto es, humedales, los cuales —la Corte explicó— son de los ecosistemas más diversos, productivos y con mayor capacidad regenerativa en el mundo). Regresando a los aspectos jurídicos, la Corte señaló que las indemnizaciones en materia ambiental deben compensar la pérdida de bienes y servicios ambientales, así como la restauración del medio ambiente dañado, el cual —dígase de paso— no siempre puede recuperarse de forma natural (Costa Rica argumentó que la zona afectada tardaría más de 50 años en recuperarse). Con estas dos sentencias quedan zanjados —hasta el momento— los seis casos entre Nicaragua y Costa Rica que se habían venido desahogando ante la Corte Internacional de Justicia desde 1986. Estos casos nos permiten apreciar el gran impacto que tiene la Corte en la esfera internacional y cómo sus sentencias pueden llegar a afectar elementos esenciales del Estado, tales como su territorio. * Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.
ENTRE JURISTAS Carlos Ferrán Martínez Carrillo*
La protección de datos personales es más que un derecho fundamental consagrado en los artículos sexto, décimo sexto y vigésimo de nuestra Constitución: es un derecho humano reconocido en diversos cuerpos normativos de carácter internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello el autor invita a analizar este tema con toda seriedad, en el marco de la era digital en que se desarrollan las interacciones humanas.
Por qué debemos proteger los datos personales
L
a protección de datos personales versa sobre una de las nociones más básicas del ser humano: la propiedad que se desenvuelve en la dignidad humana desde un punto de vista ontológico, que en una de sus acepciones puede ser considerada como el “ser dejado solo”. Es, además, un tema que ha tomado gran relevancia en las últimas décadas al ser objeto de estudio y materia de diversas jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, gracias a una interpretación conforme del artículo primero constitucional, es de observancia obligatoria y de carácter vinculante para todas las autoridades en México. Los antecedentes a la protección jurídica de este derecho humano se remontan a finales del siglo XIX, en 1890 concretamente, con la publicación del ensayo “El derecho a la privacidad” de Warren y Brandeis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que dicha protección versa sobre la honra, la dignidad, la vida privada, el patrimonio, la salud, el domicilio, la familia, la correspondencia (comunicaciones) y la reputación de las personas.
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En este sentido, puede entenderse como la facultad que tiene una persona para poder conocer y decidir no sólo quién sino de qué manera y cómo van a ser utilizados e inclusive recabados sus datos personales. Doctrinalmente, el derecho a la protección de los datos personales —y para estos efectos el derecho a la privacidad— se divide en dos vertientes: 1) El derecho del que goza cualquier persona para aislarse o apartarse de todos los demás si así lo decidiese. 2) El derecho a mantener un control sobre la información que respecta a uno mismo (conocido también como derecho a la autodeterminación informativa). Este derecho no se pierde habiendo publicado la información, sino que pretende que se tenga un control de ella antes y después de optar por divulgarla. Como en cualquier noción jurídica, no podríamos hablar de un derecho si no es por la obligación que éste determina para algún otro sujeto. En este caso la obligación recae sobre un sujeto universal, denominado sociedad, y consiste en respetar el derecho a la libre determinación informativa. Esto puede ser
mejor entendido como una obligación a no interferir con ese derecho. Para esta protección es menester abordar el concepto de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición): 1) Acceso: derecho del titular a saber si sus datos están siendo utilizados y, de ser así, con qué objeto. 2) Rectificación: derecho del titular a la modificación de los datos equívocos. 3) Cancelación: derecho del titular a que se supriman los datos inadecuados o equívocos. 4) Oposición: derecho del titular a que no se utilicen sus datos personales con fines publicitarios. En esta óptica, hay varios conceptos utilizados definidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), primero por la Ley Federal de Protección de Datos Personales publicada en julio de 2010 y posteriormente por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, finalmente, por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. • Titular: la persona física a quien le corresponden los datos personales. • Base de datos: conjunto de datos referentes a una persona determinada. • Tratamiento: toda acción u omisión de acceso, aprovechamiento, manejo y transferencia de datos personales. • Sujeto responsable: persona ya sea moral o física que toma decisiones sobre el tratamiento de los datos personales. • Encargado: persona que trata datos personales por cuenta del sujeto responsable (la obligación recae en el responsable).
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En cuanto hace a la Ley Federal del Trabajo, una de las obligaciones del patrón es respetar al trabajador en su persona y en sus posesiones; en este sentido, conforme a lo abordado en los párrafos que anteceden, el respeto a la persona ahonda en el respeto a sus datos personales como expresión mínima de la dignidad humana. Hace un par de semanas un comisionado del INAI comentó: “México es visto como un paraíso de bases de datos clandestinas”, cuestión que se reafirma cuando se encontraron inconsistencias en el recuento de firmas para el registro de candidaturas independientes, donde circulan credenciales de elector con objetos políticos. No podemos dejar de indicar que México tiene frente a sí un gran reto. No sólo para los sujetos obligados en materia de protección de datos personales, sino para todas las personas, que inclusive sin darse cuenta, al utilizar una red social o al compartir determinada información, pueden atacar la esfera privada de las personas. Se trata de un reto descomunal, tomando en cuenta que vivimos en una era digital con tendencias cada vez más progresistas; sin embargo, es un reto del Derecho adaptar el cuerpo normativo que regula la conducta humana a la realidad social que se vive. * Coordinador de la Comisión de Cumplimiento y Protección de Datos Personales en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
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REPORTAJE
Daniela Barajas*
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Cómo implementar sistemas anticorrupción en las empresas En el marco del 61 Congreso de la Organización Europea para la Calidad (EOQ), celebrado en Bled, Eslovenia, Daniela Barajas Cicourel fue reconocida por la presentación del proyecto “Evaluación de socios comerciales con criterios antisoborno por medio de sistemas expertos; ISO 37001”, que desarrolló para obtener el grado de maestría en sistemas de calidad por la Universidad Autónoma de Gudalajara. En este artículo la autora desarrolla los puntos nodales de su investigación y la importancia de contar con sistemas anticorrupción en las empresas. 42
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La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social en todo el mundo.1 Cada año se paga en sobornos un billón de dólares,2 mientras que se calcula que 2.6 billones de dólares son robados anualmente a través de la corrupción, una suma equivalente a más de 5 por ciento del producto interno bruto mundial.3 A pesar del tamaño o el tipo de organización, la corrupción tiene impactos desastrosos, como la erosión de la estabilidad política, el aumento del costo de los negocios y la contribución al déficit de las operaciones. Como consecuencia, ISO creo la norma ISO 37001 que especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión contra el soborno.4 La ventaja de este estándar es ayudar a implementar medidas sólidas y proporcionales que puedan reducir sustancialmente el riesgo de soborno y abordar la corrupción donde ocurra. Los temas expuestos en el 61 Congreso de la Organización Europea para la Calidad (EOQ) tenían como objetivo dar soluciones tecnologicas para elevar la calidad en pequeñas y medianas empresas que con recursos limitados buscan formas concretas de prevenir la corrupción en sus negocios.5 Para hacer frente a este desafío propuse el uso de un sistema de gestión apropiado para ayudar a la organización a evitar o mitigar los costos, riesgos y daños de la participación en sobornos6 mediante el modelado de ISO 37001, con el uso de Protégé, una plataforma de edición de ontologías de código abierto
y un marco para la construcción de sistemas inteligentes.7 Debido a su tamaño y sus características, las PyMEs tienen más flexibilidad para usar nuevas tecnologías y son pioneras en nuevas herramientas tecnológicas, ya que no confían en sistemas heredados y no tienen compromisos con ningún proveedor en particular. Al crear un modelo que represente las reglas y las especificaciones que un socio comercial debe obedecer para cumplir con las políticas de la compañía, se puede identificar la falta de regulaciones, comportamiento anormal y riesgo de soborno utilizando un sistema experto (Protégé), que reporta inconsistencias en la información de entrada cuando se compara con las métricas definidas. El socio comercial incluye, pero no se limita, a clientes, socios, socios de consorcios, proveedores de subcontratación, contratistas, consultores, subcontratistas, proveedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, intermediarios e inversionistas.8 El diseño del esquema del modelo depende del tipo, tamaño, estructura, ubicación, sector, naturaleza, complejidad, escala, socios comerciales, propósitos, obligaciones y deberes específicos de cada organización. Las leyes contra el soborno deben tomarse en consideración para un contexto local e internacional que afectarán el modelo general. Debido a la gran cantidad de trabajo involucrado en el modelado, sólo me enfoqué en una prueba de concepto relacionada con la evaluación antisoborno de los socios comerciales. Es importante primero contar con el apoyo, liderazgo y compromiso de la alta dirección de
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>> POSICIONES
REPORTAJE
Las consecuencias del soborno van más allá del compromiso con la calidad, los requisitos y las necesidades de la organización. Los efectos pueden provocar la pérdida de permisos, denuncias penales y el cierre inmediato de las operaciones.
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la organización para asegurar el éxito, pues ellos tienen la responsabilidad completa de la implementación y el cumplimiento del sistema, proporcionando asesoramiento y orientación a todo el personal, así como ofreciendo la capacitación adecuada en todas las circunstancias en que puede haber sobornos y las consecuencias de no ajustarse al sistema. Protégé permite modelar los requisitos específicos de una empresa por medio de reglas mediante las cuales se verifican los datos. Este proceso se conoce como inferencia, la cual implica
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la validación de las reglas sobre la información proporcionada; por lo tanto, notifica cualquier inconsistencia que resultará en la identificación de asociados no aptos y en la activación de mecanismos de control interno. Un mecanismo de control útil es evitar, en la medida de lo posible, cualquier obsequio, hospitalidad, donacion y otros beneficios que razonablemente puedan ser percibidos por un tercero como sobornos.9 Las ventajas de usar Protégé es que la empresa podrá realizar modificaciones según sea necesa-
rio sin recurrir a un consultor o a un tercero involucrado. Todas las inferencias se detallan con precisión cuando se encuentran políticas inconsistentes, lo que permite activar procesos de verificación. El departamento de cumplimiento realizará todas las inferencias para evitar que las personas conozcan los requisitos específicos y limiten al usuario a completar la información del asociado, debido a que las reglas son independientes de la información. Para responder a la pregunta: ¿de qué manera las PyMEs pueden desarrollar herramientas y mecanismos para las evaluaciones de socios comerciales con criterios antisoborno?, sugiero cumplir con los siguientes siete criterios (cinco tomados de ISO 37001 y dos sugeridos). (nota. La información necesaria para la efectividad del sistema debe estar documentada y debe garantizar una identificación y unas actualización adecuadas.) 1. Comprender a la organización y su contexto El contexto de la organización requiere una evaluación para detectar los riesgos y las oportunidades, determinando los problemas externos e internos que son relevantes para su propósito, centrándose únicamente en lo que puede afectar la satisfacción del cliente y la entrega de un producto o servicio de calidad. 2. Comprender las necesidades y las expectativas de los interesados y los socios comerciales
Antes de ejecutar la prueba de concepto antisoborno en Protégé, se debe recopilar toda la información relevante de las partes interesadas y los socios comerciales para determinar la escala de riesgo que representará. Cada organización debe determinar los niveles de riesgo y cuándo el riesgo de soborno es bajo. 3. Determinar el alcance del sistema de gestión antisoborno La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema. Para este documento, el alcance lo constituyen las evaluaciones de socios comerciales. 4. Implementar controles financieros para manejar el riesgo al soborno Deben tenerse en cuenta los controles no financieros, pero daré mayor enfoque a los financieros porque la mayoría de los sobornos en las adquisiciones se refieren a transacciones monetarias. Dependiendo del tamaño de la organización y la transacción, los controles financieros implementados por una organización que pueden reducir el riesgo de soborno podrían incluir los siguientes: 1. Implementar una separación de funciones, de modo que la misma persona no pueda iniciar y aprobar un pago. 2. Implementar niveles de autoridad apropiados para la aprobación de pagos (por lo que las transacciones importantes requieren aprobación de la alta dirección).
3. Verificar que el beneficiario y el trabajo o los servicios llevados a cabo han sido avalados por los mecanismos de aprobación aplicables de la organización. 4. Requerir al menos dos firmas para aprobación de pagos. 5. Requerir la documentación de soporte para ser anexada a las aprobaciones de pago. 6. Restringir el uso de efectivo e implementar métodos eficientes para el control de efectivo. 7. Requerir que las categorizaciones y las descripciones de pagos en las cuentas sean precisas y claras. 8. Implementar revisiones periódicas de la administración de transacciones financieras significativas. 9. Implementar auditorías financieras periódicas e independientes y cambiar de manera periódica a la persona o a la organización que realiza la auditoría. Las consecuencias del soborno van más allá del compromiso con la calidad, los requisitos y las necesidades de la organización. Los efectos pueden provocar la pérdida de permisos, denuncias penales y el cierre inmediato de las operaciones, entre otras. Protégé permite el modelado de requisitos específicos con las reglas que deben cumplirse para autorizar adquisiciones, no sólo imponiendo un requisito sino también informando las reglas exactas que no están cumpliendo para aprobar la compra. Esto debe considerarse como una herramienta de auditoría, utilizada para
el cumplimiento contra el soborno, para reconocer rápidamente los posibles riesgos de manera automatizada. 5. Implementar procedimientos en relación con regalos, donativos y beneficios similares La organización debe saber que los obsequios, la hospitalidad, las donaciones y otros beneficios de un tercero se considera que tienen el propósito de sobornar, incluso sin que el obsequiador ni el destinatario lo vinculen con ese propósito. Como efecto secundario se podría tener un escándalo mediático que tendrá impacto en la imagen de la empresa, creando una serie de efectos que, en última instancia, afectarían las utilidades. Por lo tanto, tener una política clara sobre obsequios y beneficios debe ser parte de la política de capacitación de los empleados.
6. Creación de ontologías en Protégé Entendiendo el modelado ontológico Las ontologías ayudan a definir un vocabulario estándar, lo cual crea una estructura fundamental para establecer todas las características y las propiedades que un grupo de productos, artículos
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REPORTAJE
o clientes tienen en común. Esto permite compartir el entendimiento común de la estructura de la información entre personas o agentes de software y es uno de los objetivos más comunes en el desarrollo de ontologías.10 Protégé ayudó a democratizar y a simplificar el desarrollo de ontologías para crear este vocabulario estándar y probar, mediante el uso de motores de inferencia, la consistencia de ese vocabulario. 7. Inferencia La inferencia es una herramienta utilizada por los sistemas expertos. Usando el conocimiento generado en el vocabulario ontológico, valida los hechos de acuerdo con las reglas definidas en el vocabulario. Las inferencias en Protégé usan encadenamiento hacia adelante o hacia atrás. El encadenamiento hacia adelante comienza con los hechos conocidos y afirma hechos nuevos. El encadenamiento hacia atrás comienza con los objetivos y trabaja hacia atrás para determinar qué hechos deben afirmarse para que se puedan alcanzar los objetivos.11 Usando modelado ontológico El ejemplo se basa en una empresa hipotética que vende agua embotellada y no tiene capacidad para producir botellas de plástico y, por lo tanto, necesita un proveedor. A las PyMEs les cuesta mucho trabajo evaluar a los proveedores y les falta el personal para verificar a fondo que cada uno de éstos cumpla con sus necesidades. En
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consecuencia, deciden usar Protégé para crear una ontología que les ayude a verificar que los suministros y los pagos cumplan con las recomendaciones contra el soborno. El siguiente modelo representa la jerarquía de dominios que se usará para definir este cumplimiento.
Cada dominio posee un conjunto de restricciones en las propiedades que se deben cumplir. Si un miembro del dominio no cumple con un error lógico, se genera una explicación de por qué el miembro no cumplió con ese dominio. Resultados 1. Supplier Validation Example En nuestro primer ejemplo, definimos dos proveedores: proveedor A y proveedor B. Nuestro vocabulario define que para que un proveedor pueda vendernos debe tener una documentación válida y ser una organización comercial según lo establecido en los siguientes axiomas: EquivalentClasses(:Supplier ObjectAllValuesFrom(:hasDocumentation:Valid)) SubClassOf(:Supplier :CommercialOrganization)
Como el proveedor B no entregó la documentación requerida, el estatus es inválido. Esto contradirá la definición para los miembros del dominio
del proveedor. Al ejecutar la inferencia se mostrarán las siguientes explicaciones ya que la ontología se considerará inconsistente:
2. Ejemplo de validación de orden de compra Para validar las órdenes de compra realizadas a los proveedores, definimos que todas las órdenes deben tener sólo transferencias electrónicas y que todos los métodos de pago disponibles son disjuntos entre sí. Los métodos de pago deben definirse como disjuntos para garantizar que la regla obligue a que los pagos solamente sean transferencias electrónicas, esto porque los dominios no son conjuntos ni disjuntos:
Mediante el uso de herramientas gratuitas como Protégé podemos ofrecer a las pequeñas y medianas empresas una ventaja tecnológica para ayudar a detectar comportamientos no compatibles. Este sistema experto permite crear vocabularios personalizados que definen las reglas no sólo para cumplir con la prevención de sobornos sino también para crear la lógica de procesos necesaria para las necesidades específicas de la compañía. Las empresas deberían buscar tecnologías de código abierto y gratuito para desarrollar su proceso según sea necesario. Esto, además de brindar un mejor control, reduce significativamente el presupuesto necesario. El ejemplo pretende demostrar cómo se puede usar un sistema experto para validar el cumplimiento. * Egresada de la maestría en sistemas de calidad y manufactura de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Contacto: danielabarajascicou-
EquivalentClasses(:Order ObjectAllValuesFrom(:hasPayment :WireTransfer)) DisjointClasses(:Cash :Cheque :PurchaseOrder :WireTransfer)
rel@hotmail.com. 1
“Clean Business is Good Business”, International Chamber of Commerce/
Transparency International/United Nations Global Compact/World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative, 2008.
Debido a que el pedido 192284 se pagó con efectivo, la inferencia devolverá la siguiente explicación debido a que es inconsistente:
2
“Six Questions on the Cost of Corruption with World Bank Institute Global
Governance Director Daniel Kaufmann”, Banco Mundial. 3
“Clean Business is Good Business”, International Chamber of Commerce/
Transparency International/United Nations Global Compact/World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative, 2008. 4
ISO/TC 309. ISO 37001:2016. Anti-bribery Management Systems, 2016-10,
International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza. 5
“Anti-corruption Ethics and Compliance Handbook for Business”, 2013,
OECD/UNODC/Banco Mundial, p. 4. 64
ISO/TC 309. ISO 37001:2016. Anti-bribery Management Systems, 2016-10,
International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza. 7
“How Can Protégé Bootstrap Your Semantic Application? A Deep Dive
into the Coolest Features of Protégé and the Latest Oracle Spatial and Graph”, Rafael S Gonçalves, Isai B. Cicourel, Zhe Wu, Smart Data Conference, 2015-08. 8
ISO/TC 309. ISO 37001:2016. Anti-bribery Management Systems, 2016-10,
International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, p. 5.
La prevención del soborno es un desafío en cualquier organización, y las grandes compañías tienen mejores herramientas e infraestructura que ayuda a lograr este objetivo. Por otro lado, las pequeñas empresas tienen menos infraestructura y supervisión para evitar el soborno.
9
Ibid., p. 39.
10
M. A. Musen (1992), “Dimensions of Knowledge Sharing and Reuse”,
Computers and Biomedical Research 25: 435-467. 11
Frederick Hayes-Roth, Donald Waterman y Douglas Lenat (1983), Buil-
ding Expert Systems, Addison/Wesley.
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Con gran entusiasmo recibió la comunidad jurídica mexicana el fallo del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en relación con el privilegio de la secrecía de las comunicaciones entre un abogado y su cliente.
La abogacía mexicana y el secreto profesional
L DOCUMENTO
a tesis PC.XXXIII.CRT J/12 A (10a.), publicada el pasado 9 de febrero en el Semanario Judicial de la Federación,1 determinó que procede el juicio de amparo contra la extracción de información o documentación cliente-abogado, realizada en las inspecciones a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Este criterio significa un gran avance para la salvaguarda del secreto profesional; asimismo, convalida la importancia del amparo como un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.
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Para consolidar una óptima defensa resulta primordial que los abogados respeten el secreto y la confidencialidad de toda la información recibida y generada a través de su cliente. Sobre este tema, el reconocido abogado y académico Óscar Cruz Barney ha manifestado que el secreto profesional tiene una doble naturaleza: “Por una parte, constituye una garantía del interés particular, al ser una salvaguarda de las confidencias del cliente, cuya violación por el abogado se sanciona penal y disciplinariamente; por otro lado, se le considera un principio de orden público indispensable para sostener una sociedad liberal, que le otorga al abogado un privilegio de silencio
ante la autoridad pública, judicial o administrativa”.2 El artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, constitucional, establece, como regla general, que “en ningún caso” es procedente el juicio de amparo contra actos intraprocesales efectuados por la Cofece. En busca de un efectivo acceso a la justicia tutelado en la Constitución y en los tratados internacionales, el pleno de circuito determinó que debe estimarse procedente el juicio de amparo promovido por el abogado externo, tercero extraño al procedimiento, cuando se combata la extracción de información o documentación cliente-abogado en el desahogo de las inspecciones a cargo de la Cofece, llevada a cabo
dentro de una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas o la realización de concentraciones prohibidas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Añade que si bien dicha extracción se realiza dentro de una secuencia progresiva de actos tendientes a la resolución de un asunto relacionado con la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, y que por ese motivo debe considerarse que se trata de un acto efectuado dentro de un procedimiento, también lo es que la defensa de la afectación sufrida por el abogado externo, en su obligación de defender y proteger el secreto profesional, no puede diferirse hasta que se dicte la resolución final, ya que se le dejaría en estado de indefensión en relación con esa obligación. Por estas razones, el pleno de circuito estimó como jurídicamente razonable la procedencia del juicio de amparo promovido por el abogado defensor externo, quien para tal efecto debe identificar dentro de su universo la información que está sujeta a dicha protección, so pena de que el juicio se estime improcedente. Enhorabuena por esta determinación, la cual representa un progreso significativo a favor de la secrecía de la información. 1
Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especia-
lizado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, décima época, registro: 2016180, instancia: plenos de circuito, tipo de tesis: jurisprudencia, fuente: Semanario Judicial de la Federación, 9 de febrero de 2018, materia(s): común, tesis: PC.XXXIII.CRT J/12 A (10a.). 2
Óscar Cruz Barney, “En defensa del secreto profesional
del abogado”, Hechos y Derechos, revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, núm. 42, México, noviembre-diciembre de 2017.
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>> POSICIONES
OPINIÓN Xxxx con el Estado de Derecho en México? ¿Por ¿Qué ha pasado qué los mexicanos sentimos que vivimos en una sociedad sin ley? El autor nos ofrece sus reflexiones sobre las causas del debilitamiento del Estado de Derecho —la pérdida de valores y la falta de compromiso de algunas instituciones— y expresa su esperanza para el cambio.
Víctor Humberto Benítez Treviño*
RECONSTRUYAMOS EL ESTADO DE DERECHO
E
El concepto de Estado de Derecho surge con la “teoría del Estado” del ilustre jurista alemán Hermann Heller, quien afirma que “el poder del Estado” siempre es legal, vale decir, es un poder jurídicamente organizado, “y la autoridad del Estado” se fundamenta en la legalidad, en tanto ésta se fundamenta en la legitimidad y en la teoría sociológica del Estado. Es necesaria la existencia de una fuerza organizada que establezca, aplique y ejecute el Derecho, concebido como el conjunto de normas que regulan la vida cotidiana de la comunidad. Así pues, tene-
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mos la expresión “Estado de Derecho” formada por dos componentes: el Estado, como forma de organización política, y el Derecho, concepto jurídico, como el conjunto de normas que rigen la vida de la sociedad. En consecuencia, en las sociedades democráticas el poder surge del pueblo como contraposición a las sociedades absolutistas y concebido para elegir a sus representantes en el gobierno. Con esta concepción de “Estado de Derecho” vale hacer las siguientes reflexiones:
Ilustración: Edu Molina
• ¿Qué ha pasado con el Estado de Derecho en México? • ¿Por qué nadie respeta la autoridad y, por ende, la ley? • ¿Qué necesitamos hacer los mexicanos para acreditar una cultura de la legalidad? • ¿Por qué los mexicanos sentimos que vivimos en una sociedad sin ley, en la anomia social que pone en entredicho la existencia del Estado y fortalece la concepción de un “Estado fallido”? • ¿Por qué estamos viviendo una severa crisis (del griego κρινειν= ruptura del orden social)? Hoy vemos con desencanto que en México estamos sumidos en una crisis económica, política y social, aunque la más grave es la crisis de valores axiológicos que son el sustento primordial de toda sociedad. Frente a este ominoso escenario todos somos corresponsables: los padres de familia, los maestros, los partidos políticos y el propio gobierno. Cuánta razón tiene el presidente Enrique Peña Nieto cuando afirma que “los valores se inculcan en el hogar, se consolidan en la escuela y se practican en la vida”. Con sus reformas estructurales de gran calado y su visión de largo alcance, ha convocado a los mexicanos
a una cruzada nacional para edificar las bases de un México nuevo. En la respuesta surgen tres actores protagónicos: la familia, la escuela y la sociedad. De acuerdo con algunas estadísticas 60 por ciento de los delitos se cometen en el seno familiar, donde estamos fallando los padres de familia que tenemos que retomar nuestra responsabilidad de sembrar valores en la mente y en el corazón de nuestros hijos. No se justifica el argumento de que hoy las madres tienen que trabajar y por eso abandonan a sus hijos. Esa es una excusa, pues su responsabilidad es muy grave. No estamos formando futuros ciudadanos sino delincuentes; las últimas bandas de secuestradores detenidas están integradas por menores de edad y menores de 25 años. En este fenómeno estamos fallando por igual padres y madres. En las escuelas primarias se tienen que consolidar las clases de educación cívica, para enseñar a los alumnos el respeto a sus padres, a sus semejantes, a sus maestros, a los símbolos nacionales, a la Constitución y a la sociedad. Ya el patricio de Guelatao, Benito Juárez, afirmaba: “La educación del pueblo es una de las primeras
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>> POSICIONES
atenciones de todo gobierno. Sin escuelas jamás podrá nuestro pueblo tener el conocimiento de sus deberes y la apreciación de sus derechos”. Los partidos políticos hoy lamentablemente están desprestigiados con justa razón, porque siguen deambulando en la pasarela de ambiciones políticas sin escrúpulos, sin definición ideológica y carentes de ética. Y, finalmente, el gobierno debe cumplir honesta y escrupulosamente con su función para ostentar la autoridad moral y exigirnos a los ciudadanos lo que corresponda. El presidente de la República, por ley, es el jefe de la administración pública federal centralizada y paraestatal y, por ende, responsable de todas las acciones de gobierno del país. No obstante, cada titular de dependencia o entidad es responsable de sus aciertos, sus omisiones y sus errores. ¿Qué culpa tiene Enrique Peña Nieto de que el Senado no cumpla con su función de designar al fiscal general de la nación y al fiscal anticorrupción? ¿Qué culpa tiene de que los diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no hayan propuesto un catálogo de delitos graves ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 18 de junio de 2016, entre los que se incluyan, entre otros, el lavado de dinero, el robo a ferrocarriles y el robo de hidrocarburos por huachicoleros, que tanto ofenden al pueblo de México? Frente a este escenario en que todos esperan que Enrique Peña Nieto resuelva los problemas de todos, hay que valorar su desempeño en las dos categorías de la historia: tiempo y espacio, y reconocer los logros de su gestión.
Hoy cabalgan en México los cuatro jinetes del apocalipsis: la desconfianza, la corrupción, la impunidad y la delincuencia, pero no por culpa de Peña Nieto, sino a pesar de sus esfuerzos para combatirlos. En esta batalla tenemos que apoyarlo todos los mexicanos, de todos los credos y signos ideológicos y políticos. Sólo así podremos construir un México mejor que el que recibimos de nuestros padres. Esa es nuestra responsabilidad dialéctica. El próximo 1° de julio los mexicanos elegiremos a un nuevo presidente de la República. Tendremos que escoger entre un candidato demócrata que continúe la consolidación de las reformas estructurales o un vendedor de utopías disfrazadas de populismo, que degenere en una oclocracia (gobierno de la muchedumbre), que al igual que en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, desembocaron en una dictadura, contraria bipolarmente a un gobierno democrático. Estamos frente a un gran riesgo y los abogados tenemos un papel axial en esta hora de definiciones. Debemos, por nuestra formación, defender en todos los foros, de todas las formas y con toda la convicción, el Estado de Derecho, que es el fundamento sine qua non de toda sociedad civilizada, donde impere la razón sobre la fuerza, la tolerancia frente a la incomprensión y la esperanza de que podemos construir un México mejor frente a los apátridas del caos.
* Ex procurador general de la República, ex procurador del Distrito Federal, ex procurador del Estado de México. Presidente del Colegio Mexiquense y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
“Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien.” Maquiavelo, El príncipe (1513)
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REPORTAJE
Pablo Linares Martínez* y Ramsés Sánchez Soberano**
¿Cuál es la trascendencia de los estudios doctorales para un abogado? Los estudios de doctorado proporcionan herramientas metodológicas y argumentativas que no necesariamente se desarrollan con los estudios de licenciatura, especialidad o maestría. ¿Estás listo para investigar, crear y aportar soluciones novedosas a esta profesión?
A
nualmente las universidades mexicanas, tanto públicas como privadas, detentan una muy importante población tanto de estudiantes como de egresados de la carrera de Derecho. Sin duda, los estudios jurídicos se han convertido a nivel nacional e internacional —gracias a la necesidad global de pensar el Derecho desde una vertiente compleja— en uno de los mercados más demandados entre las distintas profesiones, lo que ha provocado una saturación de licenciados en Derecho a nivel nacional. A sabiendas de lo anterior, nuestros alumnos de la carrera de
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Derecho en La Salle, principalmente aquellos de los primeros semestres, han llegado a preguntar: ¿vale la pena continuar con estudios de posgrado? Esta situación nos inclina a decir que no sólo vale la pena, sino que es absolutamente necesario, ya que esta saturación únicamente ha tenido impacto en el ámbito de los estudios de licenciatura, pero ha abierto la posibilidad para que los estudiantes de doctorado no sólo se formen bajo una élite intelectual sino que se conviertan en los sujetos capaces de pensar en horizontes de tematización para afrontar los problemas difíciles del presente. Estos estudios requieren acceder a las profundidades de la ontología y de la fenomenología de la justicia, de los imperativos categóricos y morales, etcétera, compaginados con el
interés en el desarrollo que solamente los tribunales pueden dar. Un abogado que no se ha familiarizado con los procesos y con los juicios es como un médico sin pacientes, o bien como un ingeniero sin proyectos ni obras. Así, como lo expresó Eduardo J. Couture, el abogado sin estudios cotidianos cada día es menos abogado. Por eso se requieren profesionales del Derecho más preparados para enfrentar los nuevos retos y las nuevas realidades sociales y que no formen parte de una larga lista de egresados de las universidades desempleados. Es un error pensar que los estudios de posgrado per se nos va a garantizar un trabajo o un sueldo tal como el que estamos buscando o requerimos, pero sí nos garantizará que el ejercicio intelectual constante nos ayude a
abrir un cúmulo de posibilidades para resolver problemas de distinta índole y magnitud; asimismo, los estudios de posgrado nos brindan las herramientas necesarias para construir nuestro porvenir. Ya lo decía el poeta Amado Nervo: nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino. Y simplemente a través del estudio y el trabajo descubrimos los distintos caminos para la solución de problemas que quizás antes no hubiésemos considerado. Pero ya no preguntemos para qué sirve hacer un doctorado, sino en qué nos queremos comprometer para cambiar un mundo que exige personas capaces de asumir la más alta responsabilidad en medio de una situación social. El doctorado debe darnos las herramientas metodológicas y argumentativas que no necesariamente se desarrollan con los estudios de licenciatura, especialidad o maestría. El doctorado exige investigar para crear, y aportar algo nuevo; y aquel que aporta algo nuevo emprende, innova, imagina, construye, edifica. Un verdadero doctor debe arreglar problemas de impacto social; debe decidir cuando el Derecho nomológico encuentra sus límites en la moral y en la dignidad humana, es decir, debe estar listo para salir en ayuda de la vida más allá del poder de las instituciones. El doctor llega a ver cosas que los demás no ven y a encontrar soluciones que los demás no encuentran. La Universidad La Salle cree en la juventud y en la experiencia a la vez, por lo cual ha diseñado un programa doctoral en Derecho
cuyo principal pilar es la tolerancia que compagina la experiencia de abogados con años de ejercicio profesional con la curiosidad, la inventiva, la innovación y la creatividad de jóvenes de reciente egreso de la licenciatura, con el objetivo de desarrollar su capacidad para resolver problemas de alta complejidad. El doctorado en Derecho cuenta con un programa de ocho semestres, de los cuales es presencial del primero al cuarto, y en los cuatro restantes se imparten los seminarios de investigación en los que el alumno es acompañado de manera individual en el desarrollo de su tesis por doctores en Derecho con alto nivel académico y vasta experiencia en el campo de la investigación jurídica. No es óbice mencionar que dicho programa doctoral está articulado con una maestría en Derecho, lo que implica que existe la posibilidad de egresar del mismo programa con dos grados académicos.
El mejor consejo que se puede dar a un estudiante o a un estudioso del Derecho es que siga estudiando. Seguir preparándose de manera constante es una buena decisión a corto, mediano y largo plazos, de la cual tarde o temprano se verá reflejado el resultado del trabajo y el esfuerzo. La vida del hombre sólo se justifica por el esfuerzo, quizá desdichado, por comprender mejor. Y la mejor comprensión es la mejor adherencia. Y cuanto más comprendemos más podemos amar, porque todo lo comprendido es bueno. Informes Lasalle.mx promocion.posgrado@ulsa.mx Tel.: (55) 5278-9500, ext. 2336 y 01800LASALLE Whatsapp: (55) 2366-2469
* Jefe del Doctorado en Derecho de la Universidad La Salle. ** Jefe del Doctorado en Educación de la Universidad La Salle.
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LIBROS Isidro Fabela a 50 años de su fallecimiento Biblioteca Mexicana del Conocimiento, México, 2014
P
ocos personajes en la historia mexicana como Isidro Fabela: jurista, diplomático, político, literato y catedrático. Con una presentación de Enrique Peña Nieto, el libro invita a conocer lo que pocos saben sobre su vida y los logros que lo han posicionado como una de las personalidades señeras del siglo XIX mexicano. La obra, compuesta por las secciones: “Isidro Fabela, un hombre polifacético” e “Isidro Fabela visto por sus contemporáneos”, es un merecido homenaje conmemorativo a 50 años de su fallecimiento. La primera parte del libro dibuja a Fabela en sus distintas facetas. En “El político”, Fernando Serrano describe a un Fabela como hijo de su tiempo, donde el político debía fusionar el pensamiento revolucionario con el constitucionalista. Destaca su gestión como gobernador del Estado de México. En “El jurista” muestra a Fabela como un teórico del Derecho. Sobre todo por sus aportaciones al Derecho internacional. En “El escritor” se adentra en la vida privada de Fabela en su círculo intelectual, esto es, en el Ateneo de la Juventud Mexicana, donde convivió de cerca con Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso Reyes, entre otros. Finalmente, Omar Martínez Legorreta recorre la
vida diplomática de Fabela, subrayando que fue secretario de Relaciones Exteriores de Venustiano Carranza, representante de México ante la Sociedad de Naciones y juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Si en algo influyó México durante la primera y la segunda Guerra Mundial lo hizo a través de este jurista. Pocos diplomáticos mexicanos han tenido la oportunidad de desempeñarse en estos cargos, en una época en que apenas comenzaban a configurarse las organizaciones internacionales. La obra muestra cómo Fabela se esmeró en proteger los intereses de México en el exterior, anteponiendo el Derecho internacional como herramienta que debe tener nuestra patria para fortalecer su presencia en el mundo. La segunda parte del libro compila artículos escritos por coetáneos de Fabela. Salvador Novo, Miguel Alessio Robles, Ermilo Abreu Gómez y Carlos González Peña son sólo algunos de los personajes con los que tuvo una amistad cercana. La obra, llena de recuerdos y relatos, destaca por las fotografías inéditas de la vida familiar, social y política, todas compiladas por la Fototeca del Centro Cultural Isidro Fabela y el
Archivo Histórico de la Revolución Mexicana, y por la incorporación de notas de Mario Colín que dan forma a los textos transcritos de antiguas publicaciones de la vida del diplomático. Este bagaje constituye una evidencia de las aportaciones que dio Fabela a México. El lector más exigente quedará satisfecho al examinar los distintos rostros del abogado, desconocidos en la historia tradicional. Por otro lado, compartirá referencias de personalidades de la época con la que tuvo encuentros y desencuentros. Defensor de los principios de no intervención y autodeterminación de las naciones, su interés a favor de los países más débiles deberá ser escuchado y tomado en cuenta. Como la
vez que defendió la invasión de los japoneses a China, o la de los italianos a Etiopía. O la anexión de Austria, o la defensa de las víctimas de la Guerra Civil española: todas ellas, evidencia del papel que desempeñó este insigne mexicano. Guillermo Muñoz
El lector más exigente quedará satisfecho al examinar los distintos rostros del abogado, desconocidos en la historia tradicional. El Mundo del Abogado
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LIBROS Seguridad pública y justicia penal. ¿A dónde vamos? Sergio García Ramírez, Olga Islas y Victoria Adato (coords.), INACIPE, México, 2017
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n noviembre de 2015 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Academia Mexicana de Ciencias Penales realizaron las XVI Jornadas sobre Justicia Penal, que tuvieron como propósito analizar la evolución del sistema penal mexicano en tres cuartos de siglo, es decir, entre 1940 y 2015. Este importante evento contó con la participación de 35 especialistas cuyas ponencias quedaron compiladas en el libro Seguridad pública y justicia penal. ¿A dónde vamos?, coordinado por Sergio García Ramírez, Olga Islas y Victoria Adato. Como bien advierten los autores, los distintos trabajos que integran esta obra ofrecen un análisis acucioso de la evolución de algunas de las instituciones más importantes del sistema de procuración y administración de justicia, esto es, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la política y la defensoría pública. También analizan las transformaciones legislativas en la norma penal sustantiva que han sido fundamentales para la configuración de la teoría del delito, las reglas de imputación y la construcción de los elementos del tipo penal. Asimismo, el texto aborda el procedimiento penal, tanto en la perspectiva histórica, como en la actualidad, lo cual muestra un análisis del sistema acusatorio y sus instituciones con base en un método comparativo, pero también con una reflexión seria en torno de los retos y los beneficios de su implementación. Algunos otros ensayos recopilados en este libro se centran en la transformación de la legislación penal, fundamentalmente en la evolución del juicio de amparo y del sistema penitenciario a raíz de la reforma constitucional de 2011. La obra también analiza el nuevo régimen de menores infractores, el Derecho victimal, la prevención del delito, la criminología mexicana, la criminalística y la medicina forense. De este modo, los coordinadores de este libro ofrecen una herramienta necesaria para conocer, con una visión multidisciplinar, los temas más relevantes de las ciencias penales. Los 35 autores compilados dan forma a un libro indispensable para cualquier estudioso de la materia. Alejandra Silva
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Reforma en materia de justicia penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales Gilberto Higuera Bernal, Fondo de Cultura Económica, México, 2017
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l nuevo paradigma del sistema de procuración y administración de justicia en México ha generado grandes cuestionamientos en torno de cómo operan y cuáles son las funciones del Ministerio Público, de la policía de investigación y de los peritos, qué ocurre con el estándar de la prueba y cómo funciona el procedimiento penal. En sí, la falta de capacitación, aunada a los altos índices de violencia han incitado críticas en torno de la operatividad y la eficiencia del modelo acusatorio mexicano y más de un analista ha insinuado la necesidad de retornar al anquilosado sistema inquisitivo en un intento populista por responder a los grandes cuestionamientos de la problemática penal. Precisamente por eso Gilberto Higuera Bernal publicó Reforma en materia de justicia penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales, un libro que expone de manera clara y sencilla por qué se transitó al nuevo sistema y advierte cómo los procedimientos penales anteriores ya no eran capaces de responder a los nacientes retos de la procuración y la administración de justicia en el país. El texto ofrece una acuciosa contextualización de la reforma constitucional de 2008, refiere las resistencias legislativas y políticas de la conformación de la reforma y advierte cómo se gestó la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales. A lo largo del texto se explica en qué consiste la norma adjetiva y la dificultad que se derivó de la conformación de criterios homologados político-criminales para las entidades federativas, las formas de coordinación y la ampliación de los derechos de la víctima u ofendido. Se trata de un análisis serio y claro que supera la crítica superflua contra el nuevo sistema y advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales es la mejor vía para atender las grandes tareas pendientes. El texto no es una apología del nuevo sistema, sino un estudio didáctico de los procesos que derivaron en la necesidad de implementar ese código nacional, y también es un análisis de las tareas que todavía quedan pendientes para consolidar un procedimiento efectivo. De este modo, Gilberto Higuera presenta las reformas estructurales para incidir en la reflexión de los cambios normativos en el sistema de procuración y administración de justicia como una de las modificaciones más trascendentales de la historia reciente de México.
El Poder Ejecutivo en la Constitución mexicana. Del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías Pedro Salazar Ugarte, Fondo de Cultura Económica, México, 2017
A
101 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las estructuras de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han sido modificadas con el objetivo de atender los paradigmas políticos y sociales del país. La norma constitucional, como eje que organiza el actuar colectivo, individual e institucional del Estado, ha sido reformada con el fin de volver más eficaz la estructura y la organización de la sociedad. Desde una perspectiva histórica y política, la Constitución vigente sigue siendo la misma que aquella promulgada en 1917, pero el texto es distinto en muchos aspectos, como refiere José Ramón Cossío: “Hoy tenemos un texto recargado de pequeñas reglas y soluciones ad
hoc, complementado con una larga y numerosa utilización de los artículos transitorios como formas de expresión de elementos que, con cierta ortodoxia, bien pudieran haber quedado reservados a la legislación secundaria”. La estructura del Estado mexicano prevista en la Constitución ha cambiado de manera determinante en 100 años. Precisamente por esto, Pedro Salazar analiza el origen constitucional del presidencialismo mexicano y la paulatina acotación del Poder Ejecutivo con relación al fortalecimiento del Legislativo y el Judicial. Para su análisis, el autor incide en las “facultades metaconstitucionales” de la presidencia mexicana, escruta los cambios jurídicos y políticos del México posrevolucionario y desmenuza
el proceso de transición democrática y la incidencia y el significado de los organismos constitucionales autónomos (OCA). La creación de cada uno de estos organismos autónomos, señala, “implica una alteración en el ámbito competencial del Poder Ejecutivo mexicano. Lo que se ha ganado en especialización, participación e independencia ha implicado un acotamiento de las funciones que originalmente eran asignadas al presidente de la República y a la administración a su cargo”. Salazar examina uno por uno los OCA, del Banco de México y el Instituto Nacional Electoral hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Estadística y Geografía, pasando por el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ésta es una obra analítica cuya conclusión es que nuestro régimen presidencial se ha debilitado considerablemente. El libro permite entender los paradigmas instituciones actuales con base en una revisión integral de las transformaciones jurídicas constitucionales.
“Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública.” Thomas Jefferson
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LIBROS Los constituyentes de 1917 Eber Betanzos Torres y Jaime Chávez Alor (coord.) Fondo de Cultura Económica/Secretaría de la Función Pública, México, 2017
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n el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el libro Los constituyentes de 1917 Eber Betanzos y Jaime Chávez coordinan los trabajos de autores que, minuciosamente, dan cuenta de los procesos jurídico-ideológicos que culminaron con la promulgación de nuestra Carta Magna, el 5 de febrero de 1917, a cargo del Congreso Constituyente de 1916-1917. En la primera parte de la obra se desarrolla el contexto histórico del constitucionalismo mexicano: la Constitución de Cádiz, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba —considerados en conjunto como la primera Constitución del México independiente—, la Constitución de 1824 que previó la división de poderes
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y la oficialización de la religión católica, pasando por las Siete Leyes constitucionales de 1836 que establecieron el “Supremo Poder Conservador”, la Constitución federal de 1857 —cuyo aspecto crítico fue el religioso— y, en la cima, la Constitución de 1917, que representa la “revitalización de la versión agotada de la experiencia capitalista mexicana”. La segunda parte estudia el Congreso Constituyente de 1916-1917, comenzando con un detallado análisis sobre el Plan de Guadalupe, sus adiciones y sus reformas. Un aspecto importante es el relativo a la convocatoria y a la elección al Congreso, a la composición ideológica y política de éste, así como a la determinación de la sede: Querétaro, gobernada entonces por el general Federico Montes. Los autores nos hacen ver cómo, en su origen, la Constitución de 1917 derivó del proyecto de Venustiano Carranza que, básicamente, constituía reformas a la Constitución de 1857 y, por lo tanto, seguía la misma estructura general. De ahí se elabora un estudio comparativo sintético de ambos textos constitucionales. Entre los temas a resaltar está la inclusión del concepto de “garantías individuales”, reflejo del ideario positivista de Carranza.
Otros aspectos destacados de la obra son el desglose de las sesiones de trabajo y de las comisiones del Congreso, además del listado de constituyentes por cada estado de la Federación, por lugar y fecha de nacimiento, por profesión y por participación relevante de cada uno de ellos. Para comprender la diversidad de las corrientes ideológicas y políticas del Congreso, la obra nos ofrece un examen de la historia intelectual de los constituyentes a la luz del liberalismo, el positivismo, el evolucionismo, el organicismo, el darwinismo social, la eugenesia y el anticlericalismo. Asimismo, nos brinda una perspectiva del pensamiento jurídico del Congreso de Querétaro. Los constituyentes de 1917 presenta las biografías de todos los constituyentes, con base en tres matices: su biografía personal, su participación en los trabajos de la Constitución y su biografía intelectual. Si bien la sección sobre las biografías de los constituyentes es extensa —se pudo haber abordado sólo a las figuras más destacadas—, es interesante conocer a las personas que dieron forma a la norma fundamental del Estado mexicano. Resaltan constituyentes como Martín Castrejón por su
participación en la Revolución mexicana —quien fue fusilado en 1921 por órdenes de Álvaro Obregón— o Alfonso Cravioto Mejorada —quien destacó por su labor como poeta e intelectual y por su apoyo a la creación de la Secretaría de Educación Pública—. Cabe mencionar también a Rubén Martí Atalay —de ascendencia cubana, sobrino del famoso pensador y escritor José Martí— quien sobresalió, entre otras cuestiones, por ser miembro fundador del periódico El Universal y del diario La Prensa. Asimismo podemos encontrar la biografía de Manuel M. Prieto, el único diputado constituyente de Chihuahua que participó en los trabajos legislativos que dieron origen a la Carta Magna, no obstante la ocupación villista en ese estado. Finalmente, la obra plantea el elemento primordial de nuestra Carta Magna: su legado. Los constituyentes de 1917 recopila una profunda labor de investigación y de análisis doctrinal de algunas de las personalidades más reconocidas en México en el ámbito del Derecho constitucional, coordinadas de manera ejemplar por los siempre inquietos Eber Betanzos y Jaime Chávez Alor. Miguel Manrique
LIBROS Obras de Antonio Carrillo Flores (5 tomos) José Ramón Cossío Díaz (comp.), El Colegio Nacional, México, 2017
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no de los personajes más interesantes y menos analizados de la historia política contemporánea de México es Antonio Carrillo Flores, quien no sólo ocupó una gran cantidad de puestos públicos, sino que dejó un legado que contribuye al entendimiento del Derecho, la política y la economía del país. Como abogado fiscalista y político, destacó por haber sido uno de los miembros fundadores del Tribunal Fiscal de la Federación en 1937, director general de Nacional Financiera y secretario de Hacienda. Se desempeñó como embajador de México en Estados Unidos y en la Unión Soviética y fue secretario de Relaciones Exteriores. Además, trabajó como director del Fondo de Cultura Económica. Se distinguió, también, por construir un importante legado teórico, crítico y analítico que quedó disperso en distintas revistas especializadas y periódicos. Por ello, José Ramón Cossío Díaz inició la tarea de compilar su obra completa. A lo largo de cinco tomos prevalece la pregunta que Cossío formula al principio: por qué Carrillo Flores no alcanzó la fama que alcanzaron otros de sus contemporáneos menos brillantes que él. Le faltó autopromoción, concluye Cossío, así como dar
clases por más tiempo: “No generó los discípulos necesarios para que continuaran su obra”. Cada volúmen de la colección abarca un tema: Derecho constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Derecho administrativo, banca y economía, y, finalmente, discursos y otros escritos. Se trata de un trabajo monumental que aporta información para comprender el origen de los paradigmas actuales, visto tras la óptica de este singular jurista. La visión de Carrillo Flores provoca que el lector reflexione sobre los fenómenos jurídicos, económicos y sociales del México actual. Contrariamente a lo que pudiera llegar a pensarse, muchas de las problemáticas apuntadas por el autor aún subsisten. De ahí que los cinco tomos refieran una visión de la realidad que, como asegura Cossío Díaz, no se inserta en la especulación teórica de problemas filosóficojurídicos, sino que atiende el estudio de la ciencia del Derecho desde el marco de un quehacer práctico que sigue actual. El autor analiza las teorías y las aterriza en la realidad del país, realidad que en muchos sentidos sigue imperando a pesar de las transformaciones del siglo XXI.
Gracias a la labor de Cossío Díaz es posible acceder a una obra integral y diversa, que permite reflexionar sobre las tareas pendientes del país. Cossío nos entrega los textos de un autor
cuya carga analítica y percepción crítica lo incorporan en el canon de los clásicos del estudio del Derecho, la política y la economía en México. Alejandra Silva
Carrillo Flores no sólo ocupó una gran cantidad de puestos públicos; dejó un legado que contribuye al entendimiento del Derecho, la política y la economía del país. El Mundo del Abogado
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LIBROS Calle Este-Oeste. Sobre los orígenes de “genocidio” y “crímenes contra la humanidad” Philippe Sands, Anagrama, Barcelona, 2017
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n los últimos años se han publicado numerosas monografías sobre los crímenes del nacionalsocialismo y sobre la construcción de la respuesta aliada de las primeras Naciones Unidas a los mayores responsables nazis con su enjuiciamiento por un tribunal penal internacional. Sus efectos sobre el concepto de la responsabilidad penal en estructuras de poder y sobre el nacimiento del Derecho penal internacional son evidentes. La atrocidad de los hechos y de sus autores logró retratarla Jonathan Littell —un judío estadounidense que escribía en francés y que vivía en Barcelona— en Las benévolas (RBA, Barcelona, 2007), Premio Goncourt 2005, y en una síntesis de su extraordinaria tesis de Estado en español, de 2010: Creer y destruir (Acantilado, Barcelona, 2017). El interés por Núremberg y todas sus dimensiones ha comenzado a manifestarse ampliamente, sobre todo desde el tiempo de la creación de la Corte Penal Internacional. A su vez, se han abierto los archivos de la Comisión de Naciones Unidas para Crímenes de Guerra, cerrados durante las primeras semanas de la Guerra Fría a finales de 1948 y que se habían convertido en el “secreto mejor guardado” en este campo, como dice William Schabas, al organizar
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el primer congreso en 2013 sobre esta cuestión. Poco antes del verano pasado apareció la obra de Philippe Sands, editada con el desafortunado título en inglés y en español Calle EsteOeste, en contraste con el de la edición francesa: Retour à Lemberg. Es un libro imprescindible que pone de manifiesto la génesis de las ideas que sustentaron las innovaciones jurídicas fundamentales que cristalizaron en Núremberg y la vida de los personajes y las peripecias vitales de quienes las elaboraron. Además, la traducción de Francis J. Ramos Mena es muy cuidada. Sands, profesor de Derecho internacional y abogado en litigios de derechos humanos ante los tribunales internacionales, era bien conocido por sus libros sobre Derecho ambiental internacional, armas nucleares y delitos contra la humanidad. Pero lo que lo va a hacer de conocimiento universal es este libro que un buen día decidió escribir en su búsqueda de los orígenes de su familia, proveniente de esa tierra del centro de Europa que en 40 años llegó a pertenecer sucesivamente a Austria, Polonia, Alemania, Unión Soviética y, actualmente, a Ucrania. Su capital Lemberg, en alemán, o Linov o León, era una ciudad relevante con su universidad, a la que acudían
a estudiar desde todos los lugares de la región que lleva el nombre de Galitzia. Una zona multiétnica, multicultural y multinacional. Pero de todas las “nacionalidades” o culturas la que llevó la peor parte bajo todas las dominaciones fueron los judíos, víctimas primero de desplazamientos de limpieza étnica y luego de exterminio directo. El abuelo de Sands huyó a Viena a estudiar y de allí tuvo la suerte de emigrar a Francia antes de que Hitler cerrara las fronteras y echara la zarpa sobre todos los judíos. Luego de una espectacular aventura, sólo su madre y su tía, entre decenas de sus parientes, se salvaron. Lo que le sorprende además es que esa misma Universidad de Lemberg, a la que lo invitaron a dar una conferencia, era en la que, con apenas cuatro años de diferencia, estudió el padre de su maestro Hersh Lauterpacht, fundador del Derecho internacional científico en Gran Bretaña, y otro personaje relevantísimo para nuestro campo: Rafael Lemkin. Así, a la propia búsqueda detectivesca del destino de su familia incorpora el proceso vital de los juristas citados que van a encarnar, respectivamente, dos grandes principios jurídicos contemporáneos: en primer lugar, Lauterpacht construye la idea de una declaración de
derechos humanos garantizados internacionalmente frente a los Estados, a los que se había de negar el derecho sobre la vida y la libertad de sus ciudadanos; en segundo lugar, Lemkin, más conocido para el público en general, es el creador del concepto de genocidio y quien, aunque no lograra introducirlo en el catálogo de los delitos de Núremberg, logró convencer después a todo el mundo y crear la Convención Internacional contra el Genocidio en 1948. Sobre Lemkin hay numerosas publicaciones. Antonio Elorza y Araceli ManjónCabeza prepararon en 2015 la edición de sus escritos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, entre los cuales se incluye la ponencia que sólo pudo remitir a los organizadores del Congreso de la Unión Internacional por la Unificación del Derecho Penal que organizó en la capital española don Luis Jiménez de Asúa. Lemkin, entonces fiscal en Varsovia, no fue bien visto por su Ministerio de Justicia cuando viajó a Madrid. Les debió parecer demasiado que otro judío más compareciera como polaco principal y además como calificado interviniente en el Congreso, junto con Emil Stanislas Rappoport, catedrático de Varsovia y magistrado del Tribunal Supremo del que, tras más de un año preso por
los nazis, fue nombrado presidente. A pesar de todo, aunque su trabajo no fue objeto de debate, logró que se publicara con las actas del Congreso En esos años Lemkin tuvo una intensa actividad académica, traduciendo la legislación penal soviética y prestando atención general a los nuevos derechos penales autoritarios, especialmente el de Italia. Huyó a tiempo de la invasión de Polonia y se refugió en Estocolmo, donde comenzó a recolectar todos los boletines oficiales alemanes generales y de los territorios ocupados que obtenía merced a sus contactos con diversas embajadas, construyendo un gigantesco archivo que trasladara penosamente desde Suecia, pasando por la URSS hasta llegar a Seattle, para instalarse como profesor invitado en la campestre Universidad de Duke, donde con tan rica documentación, que fue incrementando con sus contactos en Washington, compuso el tratado expositivo del horror legislado por los nazis: Axis Rule in Occupied Europe, que publica su patrocinador en Estados Unidos, el Carnegie Endowment for International Peace, en agosto de 1944. A partir de estos trabajos fue capaz de encontrar un nombre para la atrocidad que Winston Churchill calificó como un delito “sin nombre”: el genocidio. Lauterpacht terminó sus estudios de doctorado en la London School of Economics en 1925, tras pasar por la Facultad de Derecho de Lem-
berg, de la que expulsaban a los judíos. Abandonó Polonia camino de Inglaterra al no obtener una cátedra en Lemberg, con el propósito de continuar su formación en Derecho penal internacional y de que su joven esposa pudiera seguir con sus estudios musicales. Toda su obra aborda su preocupación por impedir que los Estados gozasen de un derecho sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos y por conseguir el reconocimiento de que todos los seres humanos merecen una protección internacional frente a cualquier despotismo, con especial intensidad en la recién constituida Polonia independiente. Mientras Lemkin componía su Axis Rule in Occupied Europe en Duke y construía el concepto de genocidio como un instrumento de protección singular de los grupos y las minorías, Lauterpacht, que desconfiaba de ese instrumento, formuló una teoría general de la protección internacional de los derechos humanos de todos los individuos, que ofrecería en 1945 con An International Bill of the Rigths of Man, en el que surgió el concepto de “crímenes contra la humanidad”. Sólo en Núremberg llegaron a conocer Lauterpacht y
Lemkin que sus respectivas familias habían sido aniquiladas. Durante el juicio pudieron ver de cerca entre los 22 acusados al gobernador general de Polonia, Hans Frank, a la sazón asesor jurídico de Hitler y ministro de Justicia, responsable directo del exterminio de los judíos y de las familias de los dos juristas citados, a manos de Otto von Wachter, gobernador de Galitzia, quien aniquiló a más de 130,000 personas en agosto de 1942. Philippe Sands recibió una casual invitación a la Universidad de Lemberg que aceptó con el interés acrecentado de conocer el lugar de sus ancestros y entrar en contacto con algún familiar sobreviviente. En ese momento anunció la detectivesca búsqueda de información sobre su familia y sobre los demás protagonistas, en archivos oficiales y particulares de Europa y América. La de su propia familia requirió también una labor de detective, mediante la cual logró esclarecer las razones por las que su abuelo emigró en 1938, su abuela se quedó en Viena, pero su hija, madre de Sands, fue trasladada a París cuando sólo tenía unos meses de vida.
Reconstruye la vida —y la muerte— de casi todos sus familiares y descubre el terrible destino de la judería europea. Ni siquiera Einstein pudo salvar a sus dos hermanas. Mark Mazower, en su reseña a la obra de Sands, dice que la mayor parte del material más apabullante del libro es personal. Así, conocemos que para escribir sobre los derechos humanos Lauterpacht se inspiraba en la música y en la letra de la Pasión según san Mateo, que, a su vez, era la que más se interpretaba en el castillo del “rey” de la Polonia ocupada, quien aniquilaría a la familia del primero y a todos sus congéneres. Otto von Wachter, reclamado por los soviéticos junto con Hans Frank, se libró de los juicios y de la ejecución, protegidos por el obispo nazi Hudal, rector del colegio teutónico de Santa María del Ánima, en la clandestinidad de Roma, donde falleció de una hepatitis galopante adquirida en la frías y contaminadas aguas de Tíber, en 1949, para su consolación, en el Hospital del Espíritu Santo. La tensión y la pasión de este texto impide a los lectores soltar el libro hasta concluir sus 550 páginas, al final de lo cual entendemos mucho mejor dos conceptos que se forjaron entonces y que hoy no dejan de estar presentes en las primeras páginas de los periódicos: genocidio y crímenes contra la humanidad. Luis Arroyo Zapatero Presidente de la Société Internationale de Défense Sociale y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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LIBROS Centenario de la Constitución de 1917. La participación militar en la consolidación institucional SEDENA, México, 2017
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ara conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) publicó la obra Centenario de la Constitución de 1917. La participación militar en la consolidación institucional. Esta obra tiene una notable relevancia. La razón fundamental es que consiste en una revisión histórica de la participación de miembros del Ejército federal en las discusiones para la elaboración de la Constitución. La obra emana, como un producto, de la riqueza documental que contiene el Archivo Histórico de la SEDENA. Hay que decir que ése es un archivo que pocos historiadores han explorado. De tal suerte, esta obra nos permite vislumbrar cuán importante es salvaguardar documentos y evidencias referentes al desarrollo de la labor militar. La información es de vital importancia en lo concerniente al origen, la organización y el desarrollo del ejército, evidenciando su valía informativa, y revela un cúmulo de información del quehacer militar que se desconoce a detalle. Hay que reafirmar que los archivos históricos no sólo nos sirven para administrar y guardar la memoria de un
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país, sino también como fuentes para la investigación del pasado.1 Pero, ¿por qué son trascendentales los archivos históricos en una indagación? La respuesta a esta cuestión podemos establecerla al detallar que en los archivos ubicamos las fuentes primarias, motor de toda investigación, y este material asequible, en congruencia con Edward Carr, son “datos y documentos esenciales para el historiador. Pero hay que guardarse de convertirlos en fetiches. Por sí solos no constituyen historia; no brindan [… una] respuesta definitiva de la fatigosa pregunta de qué es la historia”.2 En este sentido, la investigación histórica no debe confundir, en las fuentes documentales, el contenido documental con “el hecho histórico”, sobre todo si el componente es extenso, atrayente, encantador, repleto de pormenores. Pues se olvida que el hecho ya acaeció y que lo que tenemos ante nosotros sólo es un atestiguamiento de su objetividad previa. Aunque los eventos pueden hallarse plasmados, como testimonio, en algún documento, no es éste un hecho histórico en sí, sino su imagen. Ahora bien, al estar investigando tal vez un solo documento no nos detalla nada, pero percibidos
en conjunto, una serie, es cuando se podrá discurrir algo. En este sentido, nuevamente Carr expone: “Los hechos sólo hablan cuando el historiador apela a ellos, él es quien decide a qué hechos se da paso, y en qué orden y contexto hacerlo”.3 Pero como conjetura De Certau, “desde la recopilación de documentos a la redacción del libro, la práctica histórica es por entero relativa a la estructura de la sociedad [...] y los estudios sobre temas más vastos no escapan a esta regla; lo que ocurre es que la unidad social de que dependen ya no es del mismo tipo”.4 De tal manera, la obra editada por la SEDENA presenta diversos aspectos que van desde plantear el devenir de las diversas constituciones, así como de otros ordenamientos que rigieron la vida del país durante el convulso siglo XIX. Luego se centra en la participación militar en la redacción de la Constitución de 1917. Como sostiene el texto son “visibles por lo menos tres diferentes ideologías políticas en su integración; desde la participación de los diputados maderistas y los
moderados que buscaron imponer un federalismo mesurado, hasta la intervención del grupo representado por el general Francisco J. Múgica, facción que determinó el contenido social y vanguardista de la Constitución”.5 En este sentido, la obra resalta que de los 218 diputados que conformaron el Congreso Constituyente (1916-1917), 66 eran militares de formación, habían militado en las filas del movimiento maderista o del Ejército Constitucionalista, o bien en ambos bandos. Estos militares fueron responsables de la redacción originaria de las propuestas sobre educación, imprenta, fuero de guerra, prisiones, garantías de los acusados, propiedad de la tierra, monopolios, derechos laborales y ciudadanía.
El libro abunda sobre las diferentes corrientes de pensamiento (moderados, jacobinos, renovadores o equilibristas) que se conformaron en la redacción, discusión y aprobación de la Carta Magna. Un apartado importante de la obra son los artículos relacionados con las fuerzas armadas. En total, 14 artículos, los cuales van desde la prohibición a los ciudadanos de poseer armas de uso exclusivo del ejército (artículo 10), pasando por el fuero de guerra (artículo 13) o la pena de muerte por traición a la patria en tiempo de guerra (artículo 22), hasta la prohibición de que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más función que aquellas que tengan estricta conexión con la disciplina militar (artículo 129). Es obvio que al paso de un siglo hay algunas variantes en dichos artículos. Una parte importante de la obra se centra en la trascendencia de aspectos fundamentales de la vida militar como el fuero militar, la seguridad y la organización de las fuerzas armadas, tanto en tiempo de guerra como en la paz. Finalmente, se revisan aspectos sobre el nacionalismo, la identidad nacional, el patriotismo o los símbolos patrios (bandera e himno nacional). Y se concluye con una prospectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional a 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917. De este modo el lector puede tener un panorama sobre la visión institucional de la SEDENA en uno de los momentos históricos trascendentales de la vida del país, como fue la promulgación de la Constitución de 1917. La obra es producto de esa reconstrucción, pero a la vez muestra la riqueza documental que resguarda dicha institución. Martín Gabriel Barrón Cruz 1
“Lineamientos generales que deben observar las dependen-
cias y entidades del Ejecutivo federal”, AGN, México. 2
Edward Carr, ¿Qué es la historia?, Seix Barral, Barcelona,
España, 1973, pp. 25-26. 3
Ibid., p. 15.
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Michael de Certau. “La operación histórica”, en Jacques Le
Goff y Pierre Nora (dirs.), Hacer la historia. Nuevos problemas, Editorial Laia, Barcelona, 1984. 5
Centenario de la Constitución de 1917. La participación
militar en la consolidación institucional, SEDENA, México, 2017, p. 38.
Ver, pensar, actuar. Ensayos y artículos 2010-2014 Renato Sales Heredia, Ediciones Morbo, Campeche, 2014
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er, pensar, actuar de Renato Sales Heredia es la máxima manifestación del análisis teórico, político y académico del actual comisionado nacional de seguridad. Se trata de un texto que reúne algunos artículos periodísticos publicados en La Razón entre 2010 y 2014, así como importantes discursos, conferencias y análisis que permiten una clara visión de los problemas sociales y políticos del país: la violencia y la justicia, la educación y los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En sus textos, además de poner el acento en los retos y en las grandes tareas pendientes del México actual, el autor advierte posibles soluciones para hacer frente a los fenómenos que aborda su versátil pluma. Destaca el artículo “El espectáculo de la muerte”, donde Sales Heredia relata la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez (ocurrido el 15 de julio de 2010) para reflexionar sobre la eventual presencia del terrorismo en México. En ese texto, el autor parte de una reflexión de Diderot: “Es mucho más fácil para un pueblo civilizado volver a la barbarie que para un pueblo bárbaro volver a la civilización”. Sales califica los actos de violencia acontecidos en México como un retorno a la barbarie, pues los actos del crimen organizado en nuestro territorio son vistos como normales y asumidos como una realidad intrínseca de la sociedad mexicana, actos que no deben ser asumidos con indiferencia, porque sólo en la medida en que los atendamos podremos volver a la civilización. Desde el espacio de las políticas públicas, los textos “La prevención posible” y “La cuna de la violencia: políticas de prevención contra el maltrato en la niñez” abordan distintos fenómenos delictivos y atienden las posibles alternativas para hacer frente a los problemas con base en la prevención y la política criminal. El libro también compila el discurso que Sales Heredia pronunció el 5 de febrero de 2011 con motivo del aniversario de promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es un emotivo texto que señala la importancia de la norma fundamental y la necesidad de acatarla por ser el máximo texto jurídico de México. Ver, pensar, actuar presenta un panorama de distintas problemáticas y eventuales soluciones a través de la clara, inteligente y analítica visión de Renato Sales Heredia.
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OBITUARIO
Gonzalo Aguilar Zínser (1957-2018)
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onzalo Aguilar Zínser nació el 1º de noviembre de 1957, en el seno de una familia que generaría una importante estirpe de abogados. Fue hijo de Adolfo Aguilar y Quevedo, destacado penalista de quien tomaría ese ejemplo para convertirse, por méritos propios, en un destacado abogado. Entre sus colegas fue reconocido por su independencia profesional y su fama le permitió tanto atender asuntos de gran impacto en la sociedad, como atender los que consideraba justos, pero cuyos clientes no contaban con los grandes recursos para pagar a un abogado de su talla. Como el extraordinario penalista que fue, no estuvo exento de llevar causas polémicas junto con Eduardo Luengo Creel, como la de algún ex gobernador, o bien despertar la admiración de la academia con casos como “rápido y furioso”, donde puso de manifiesto el error en la atención del tráfi-
Alberto E. Nava Garcés y Juan Rivero Legarreta
co de armas de Estados Unidos a México. Fundó para ese efecto la organización Desarma México, iniciativa valiente que le significó un gran reconocimiento. Jorge Castañeda lo reconoce como el autor de la defensa jurídica de las candidaturas independientes en México y cuya vigencia la podremos observar hasta este año. Escribe Castañeda: “Fue el autor de la idea de luchar por las candidaturas independientes; gracias a su energía, creatividad y, en ocasiones, locura, Fabián Aguinaco, Santiago Corcuera y yo ambulamos por los pasillos de los tribunales federales, del Instituto Federal Electoral, de la Suprema Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte en San José de Costa Rica. Ganamos lo que ganamos, perdimos lo que Y no es verdad, dolor, yo te conozco, tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella. Como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y yerra por los caminos, sin camino, como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío
perdimos, y los resultados de la tesis delirante de Gonzalo hoy están a la vista de todos”.1 Sin embargo, el 1º de febrero de 2018 terminó su periplo en este mundo. Un infarto acabó con la vida de Gonzalo Aguilar. Muy pronto las redes sociales se poblaron de mensajes de despedida de personalidades de distintos ámbitos: de los medios, de la academia, de sus colegas y de quienes atestiguaron su brillante trayectoria, los propios jueces y los miembros de nuestros más altos tribunales. Desde estas páginas nos solidarizamos con su familia y enviamos un abrazo a sus hermanos Luz Emilia y Alonso. 1
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-
castaneda/gon. Sobre este tema puede consultarse: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_ tecnica.cfm?nId_Ficha=298.
y el aire polvoriento y las candelas chispeantes, atónito, y asombra su corazón de música y pena, así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático, poeta, y, pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. Antonio Machado
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Martha Jauffred
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a moda es un indicador infalible del sentir de los tiempos, aunque las tendencias puedan parecer un tanto caprichosas. Así, cada temporada diseñadores de moda y marcas se convierten en una especie de oráculo cultural que demuestra el estado de ánimo global mediante nuevos estilos. En momentos en que la humanidad enfrenta cambios políticos, ecológicos, económicos y preocupantes crisis de valores, los atuendos reflejan el deseo de evadir conflictos, volviéndose innecesariamente complicados e incluso abigarrados. Ése es el espíritu de la generación millennial, que imprime su huella a los tiempos con cambios rápidos que buscan la innovación inmediata más que producir una transformación trascendental.
Regresan los ochenta, una vez más ¿Qué sería de la moda contemporánea sin los estilos de los años ochenta? Todo lo que generó la contracultura de esa época ahora es el principal referente creativo para que las nuevas generaciones hagan su propia versión de conceptos ya conocidos. Dicho fenómeno es observable en muchos niveles de la moda pero es particularmente notorio en lo que se refiere a la sastrería. Esto significa que los estilos ceñidos pasan a un segundo plano y dejan de ser protagónicos, aunque no por eso desaparecen, y ocupan el lugar de honor las silueta holgadas en el corte de las prendas. Sacos double breasted, es decir, de doble botonadura, de forma cuadrada y hombreras pronunciadas, se acompañan de pantalones sueltos, como un auténtico revival de aquella época.
Reporte de tendencias
primavera-verano 2018 70
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Elegancia a rayas Si hay algo que ha probado ser realmente atemporal, a prueba de cualquier locura de la moda, es el dibujo a rayas. Ya sean horizontales o verticales, éstas siempre se encuentran presentes en mayor o menor medida en el atuendo. Capaces de acoplarse a cualquier estilo, sus ritmos visuales siempre aportan algo positivo al atuendo. Pues bien, esta temporada primavera-verano 2018 es el turno para las rayas verticales que, a diferencia de su contraparte (las rayas horizontales), tienen un benéfico efecto adelgazador sobre la figura. Definitivamente éstas constituyen el patrón geométrico del cual deben ser la mayoría de sus camisas, tanto casuales como de vestir. Pero las rayas no se quedan en las camisas: se extienden a los trajes que llevan al tradicional casimir pinstripe a otro nivel. Rayas de un calibre mucho mayor e incluso dobles decoran la pieza maestra del atuendo formal masculino en múltiples combinaciones de color, de las cuales los tonos más sobrios siempre serán los más recomendados para el ámbito laboral.
Los estilos ceñidos pasan a un segundo plano y dejan de ser protagónicos, aunque no por eso desaparecen.
Juegos de cuadros Ya son más de tres temporadas en las que los cuadros han sido favorecidos por la moda y realmente han demostrado una permanencia que se prolonga de la época invernal a la primaveral. Entonces, si los cuadros siguen usándose, ¿cuál es la diferencia entre esta temporada y la pasada? Esencialmente lo que cambia, por necesidad, son los abrigadores tejidos de lana por materiales mucho más ligeros como el algodón. Pero también existen diferencias menos obvias como el tipo de dibujo y, naturalmente, los coloridos. Los grises pálidos son los tonos más favorecidos, y la trama tipo “Príncipe de Gales” es una de las preferidas. Lo importante es que estos elementos guarden una armonía tonal con el resto del atuendo de suerte que le aporten interés.
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Chaquetas de alta tecnología Existe un limbo entre la ropa formal y la casual, una brecha que se hace cada vez más grande, ya que en esta “tierra de nadie” es donde realmente es posible innovar. Pues bien, en esta categoría abierta se hacen notar las nuevas chaquetas y cazadoras de diseños llamativos con tecnología de punta de los materiales con los que están elaboradas. De este modo se retoma la tecnología de las prendas para llevar a cabo actividades al aire libre; por ejemplo, navegación, alpinismo, senderismo, etcétera. Una estética entre deportiva y urbana es la esencia de esta prenda que viene a sustituir a la tan popular bomber jacket que marcó a la moda durante los años pasados. Un detalle importante son los bolsillos de fuelle en la parte del pecho de la prenda. Y, como bien decíamos, por no ser una prenda propiamente informal, combinará prácticamente con todo.
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El Mundo del Abogado
Ensambles tonales Otra novedad de la moda de primavera es la manera de combinar los colores: se pueden llevar tres e incluso cuatro tonos en un mismo atuendo, mientras cumplan con la condición de pertenecer a la familia de los neutros. Colores como el kakhi, el arena, el verde militar, el café chocolate, el gris granito y el azul grisáceo se encuentran entre los elegidos por los diseñadores. El truco de estos ensambles tonales radica en que, al ser todos colores neutros, no compiten entre sí sino que se suman unos a otros ofreciendo un efecto visual que capta la atención de manera placentera. Más aún, la moderación de la presencia de estos colores se presta para lucir texturas y dibujos sobre ellos. Por eso encontraremos que en este giro se presentan muchas prendas de lino cuya fibrosa consistencia produce una textura particular.
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