Presenta prueba documental by Daniel Fernández

PRESENTA PRUEBA DOCUMENTAL

HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO

José Zalaquett D., en representación de Daniel Fernández Koprich, en el procedimiento que se sigue ante este HTS iniciado por la solicitud de algunos militantes del PPD de que se le aplique la medida de expulsión del Partido, al HTS respetuosamente digo: Que vengo en acompañar, como medio de prueba, los documentos escritos y audiovisuales que se detallan más adelante, junto incluir en este escrito referencias a su contenido y su alcance probatorio respecto de los puntos pertinentes, sustanciales y controvertidos señalados por este HTS en el auto de prueba.

I. Los puntos de prueba. Si bien no necesito recordar a este HTS el tenor de sus propias resoluciones, a continuación transcribo los dos puntos de prueba que ha fijado, por resolución del 3 de enero de 2012, para facilitar una expedita referencia al considerar el contenido del presente escrito y el de los documentos que se acompañan. “1. Efectividad de que la conducta materia de la denuncia efectuada en contra de Daniel Fernández Koprich constituye un incumplimiento de sus obligaciones y deberes partidarios por infracción del estatuto, reglamentos, declaración de principios, línea política, acuerdo de órganos regulares o acto de indisciplina que compromete el prestigio o intereses del partido. Hechos y circunstancias.” “2. Efectividad de que el denominado Proyecto HidroAysén es contrario al estatuto, reglamentos, declaración de principios, línea política o acuerdos de órganos regulares del PPD. Hechos y circunstancias.”

II. Las normas aplicables y su alcance. A. Normas del PPD. Hemos revisado los Estatutos del PPD, su Declaración de Principios y dos documentos relacionados con ésta, cuyo carácter es el de desarrollar tales principios o servir como un instrumento de capacitación y difusión de los mismos. Ellos se denominan: “ABC Doctrinario” y “Las 21 tesis del Consejo de Ideas y Valores Progresistas para el PPD”. Citamos, a continuación, párrafos relevantes: a. Declaración de Principios” “Rechazamos una visión uniformadora de la moral. Nadie puede imponer como naturales sus propios puntos de vista morales o religiosos, por respetables que ellos sean. La sociedad debe permitir la más amplia y tolerante libertad de credos, filosofías y actitudes ante la vida, reconociendo como único límite el derecho de los otros”. “Orientan nuestra acción política la disposición al cambio y la actitud de innovación”. “Son diversas las experiencias que concurren en torno a estos ideales para enriquecer nuestras ideas: las voces del racionalismo moderno, del cristianismo en sus distintas versiones, de los socialismos libertarios y democráticos, del liberalismo progresista, de las vertientes comunitarias y de defensa de los derechos de las personas, del feminismo y de la búsqueda de nuevas formas de vida en la esfera privada y social, y del respeto consecuente y activo al medioambiente”. “La tolerancia y el pluralismo.- Buscamos que en nuestra sociedad se fomente la tolerancia. Uniformar la vida social tiene como resultado inevitable la fuerte limitación de las capacidades creativas. Una cultura estancada o dogmática es un obstáculo para

crecer y para convivir en paz. Así ha quedado de manifiesto, dramáticamente, en la crisis de los países de Europa Oriental”. “Desarrollo armónico del hombre y la naturaleza.- Orientarnos por el valor de la vida y la dignidad del hombre supone el respeto a nuestros derechos y al de las generaciones que vendrán. Es por esto que nos comprometemos con un desarrollo sustentable”. “Las políticas de protección medioambiental nos demandan con urgencia respuestas novedosas y radicales. El mercado es incapaz de resolver esta necesidad humana por sí mismo. Así ha quedado de manifiesto en todo el planeta. Velamos por una efectiva acción de los ciudadanos y del Estado y por un compromiso internacional serio. Tenemos una responsabilidad con nuestro planeta, y es urgente asumirla, como lo puso de manifiesto la Cumbre de Río”. (énfasis añadido). b. “ABC Doctrinario” El punto 9 declara que “El PPD hace suyas las banderas del liberalismo político, en cuanto al respeto inclaudicable a los derechos civiles, a las libertades individuales y al Estado de Derecho, a la defensa celosa de la democracia representativa, a la confianza en el diálogo y a la capacidad de persuasión racional de las ideas, al rechazo a la censura y a toda forma de integrismo…” El punto 30, sobre medio ambiente, plantea la “necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible que contemple la protección del medio ambiente” y que los Estados deben asumir, ineludiblemente, sus obligaciones “respecto de los principios de la Declaración Final de la Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, suscrita en Río de Janeiro en 1992.” (énfasis añadido)

c. “Las 21 tesis del Consejo de ideas y valores progresistas para el PPD” La tesis # 9, consigna, en lo más pertinente, lo siguiente: “El PPD impulsa el desarrollo sustentable del país.- Somos un partido que comprende que el futuro se construye en el presente, por lo que debemos impulsar estrategias de crecimiento económico que se deben impulsar estrategias de crecimiento económico que respeten la salud de las personas, la protección del medio ambiente, la utilización de energías no contaminantes, y en fin, todo lo que conlleve al éxito y consolidación a largo plazo del desarrollo sustentable de nuestro país y sus regiones”. d. En resumen: Los principios del PPD pertinentes a la materia de autos declaran, en lo esencial: 

La plena adhesión a la democracia y al Estado de Derecho (las citas no están incluidas más arriba, pero son tan abundantes e intrínsecamente relacionadas con la esencia del PPD que no necesitan ser reproducidas).



Un énfasis en el pluralismo, la tolerancia, la diversidad y el diálogo razonado, así como un rechazo a todo integrismo.



Una afirmación del objetivo nacional y democrático del desarrollo económico para el país y sus regiones, cuidando, sí, la protección del medio ambiente.



Respecto del contenido de la protección del medio ambiente, el PPD hace suyos los principios de la Cumbre de Río.

B. Normas y Estándares Internacionales a. Normas medioambientales aplicables. De lo dicho en la sección anterior es de toda evidencia, que para determinar si mi representado y el proyecto Hidroaysén que él dirige (proyecto, valga la pena recordar, que se halla todavía en curso de aprobación institucional y legal definitiva, en todos sus detalles) contrarían o no las normas internas del PPD, es preciso examinar los principios de la Cumbre de Río, junto con otras normas internacionales medioambientales, todo ello en consonancia con los principios de innovación, promoción del desarrollo económico, modernidad, tolerancia, pluralismo, diálogo razonado y Estado de Derecho que el PPD ha proclamado.

Este es el propósito del documento que acompaño marcado con el número 1. b. Normas Internacionales relativas al desarrollo económico. Dado de que mi parte sostiene que el punto ético, legal y de principios partidarios involucrado en esta litis es la armonización de la protección del medio ambiente y de desarrollo sustentable, ambos objetivos valorados por el PPD, es pertinente hacer referencia a dos instrumentos internacionales. El primero de ellos es el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de Naciones Unidas, de 1966 y ratificados por Chile, que trata de la autodeterminación de los pueblos (que sea ”común” quiere decir que ambos pactos comparten un idéntico artículo 1). Este artículo 1 reza así: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 5

cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. Naturalmente, cuando el número 2 habla de que todos los pueblos pueden “disponer libremente” de sus riquezas y recursos, se entiende que ello se decide dentro del marco legal e institucional de cada nación. El segundo instrumento es la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, de 1986. El texto de esta Declaración (que no sólo proclama un derecho al desarrollo, sino que recuerda las obligaciones de procurar el desarrollo que tienen los Estados), junto con un análisis de su contenido, tomado del sitio web de las Naciones Unidas, se acompaña como documento número 2.

III. La exigencia ética, política y técnica de un debate razonado sobre proyectos de generación energéticas y sobre la armonización del desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Los denunciantes han enarbolado los siguientes argumentos en pretendido sustento de su acusación: o El proyecto Hydroaysén causa un daño irreparable al medio ambiente al desarrollar represas para la generación de energía hidroeléctrica y tendidos para transmisión de la energía generada, en una zona prístina del territorio, en la cual no cabría realizar proyectos de represas.

o El carácter de “mega” del proyecto HidroAysén también sería objetable. o La opinión pública se halla mayoritariamente en contra de este proyecto y ello no se puede desatender. o Mi representado, Daniel Fernández K. no representaría el perfil humano que a juicio de los denunciantes deberían tener los militantes del PPD. o Además los denunciantes se califican a sí mismos de “consecuentes” con los principios del partido e implican que la permanencia de mi representado en el partido significaría mezclar “consecuentes con inconsecuentes”, confundiendo a los “de afuera” y haciendo sentirse desprotegidos a los “de adentro”. Por respeto a este HTS y por su voluntad de hacer valer la razón y sus derechos, mi representado se ha abstenido de calificar como se merecería el despliegue de intransigencia e integrismo que implica este último punto. Procederemos, entonces, razonadamente, a hacernos cargo de todas las objeciones que formulan los acusadores. a.

Primera Objeción: daño irreparable a la naturaleza.

En cuanto al daño irreparable a la naturaleza de una zona prístina, debe recordarse que las represas que planifica construir el proyecto HidroAysén ocuparían sólo un 0,05% del territorio en cuestión, del cual la mayor parte corresponde a zonas intervenidas por usos antrópicos, tales como vivienda, caminos, ganadería, forestación, turismo, líneas eléctricas de media tensión, etc. . En lo que toca a los tendidos de transmisión eléctrica, es cierto que el proyecto original contempla tendidos que serían visibles desde aproximadamente un 20% de la Carretera Austral. Cabe puntualizar, sin embargo, lo siguiente:  Toda forma de generación de energía supone tendidos de transmisión desde la fuente de creación de la energía hasta sus canales de distribución y/o consumo. En 7

este sentido, acompañamos un documento signado con el número 3 sobre la necesidad de líneas de transmisión para todos los proyectos de generación de energía, incluso los de carácter no convencional, pues las condiciones naturales para instalar cualquier planta de generación distan habitualmente de los principales centros de demanda, que son las ciudades y las instalaciones industriales.  En todo caso, el proceso de aprobación del Proyecto HidroAysén y de su puesta en marcha es extremadamente complejo y toma mucho tiempo. Como uno de los pasos en el curso de dicho proceso, la Dirección Ejecutiva de este proyecto, encabezada por mi representado, se halla consultando extensamente con los habitantes del lugar respecto de distintas opciones de tendido para cada tramo.  Los denunciantes implícitamente no objetarían que hubiese proyectos de generación de energía en otras zonas del país. Frente a este punto específico se puede responder que se trata de una forma de la actitud “no en mi barrio”, que refleja una aceptación de la necesidad de ciertos proyectos, pero “lejos de mí”. Una segunda respuesta tiene que ver con los requerimientos técnicos del proyecto, que demandan determinadas condiciones que no se dan en cualquier parte del territorio nacional. A ello se podría contra-argumentar que la zona en cuestión es única y que interesa al país mantenerla inexplotada. A lo cual, la réplica consiste en destacar que la intervención en ese territorio es muy reducida, relativa a la extensión del mismo, como se explica en la letra b. que sigue. También cabe recordar que quienes profesen una convicción de “ecología profunda”, que plantea la necesidad de reducir la demografía y limitar el crecimiento económico, tienen perfecto derecho a mantenerla y propugnarla pero, en una democracia, pesa sobre ellos la responsabilidad de convencer al resto de la ciudadanía de que acepten tal posición, con plena información sobre las consecuencias de la misma tanto en lo que toca a su vida diaria como en lo que se refiere al desarrollo del país.

b. Segunda Objeción: magnitud del proyecto El carácter “mega” del proyecto HydroAysén es objeto de cuestionamientos por parte de los denunciantes. Sobre este punto, cabe señalar que el proyecto generaría 2.750 Megawatts, esto es, cerca de un 20 % de lo que requerirá el Sistema Interconectado Central (Tal Tal a Chiloé, donde se ubica el 90% de la población chilena), de aquí al año 2020, para mantener un nivel de crecimiento que pueda allegar los recursos necesarios para las políticas sociales que Chile demanda. Para que un proyecto hidroeléctríco pueda ser considerado no convencional, debe generar como máximo 20 Megawatts, esto es un 0.7 % de lo que produciría HydroAysén. Si se implica que la magnitud de un proyecto es por sí objetable, debe considerarse cuantas decenas o centenares de proyectos pequeños habría que emprender para generar la energía que se precisará. Ello plantearía serios problemas de viabilidad y eficiencia, sin mencionar que el impacto ambiental el conjunto sería necesariamente mayor. La objeción sobre el tamaño del proyecto envuelve, asimismo, la suposición de que éste favorece un “monopolio energético”. Sobre este punto se ha pronunciado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la institución llamada por nuestras leyes a dirimir tales asuntos, primero aprobando que dos empresas energéticas chilenas emprendan el proyecto, y luego, desechando los reclamos. Sobre el tema del tamaño de los proyectos en relación con la energía generada,

acompaño el estudio “Integración racional de las energías renovables en Chile” , como documento número 4. c. Tercera objeción: La opinión pública se halla mayoritariamente en contra del proyecto. En su escrito de acusación, los denunciantes sostienen que la actuación de mi representado se realizaría “contra el parecer de más del 74% de la población de Chile”. En nuestro escrito de contestación hicimos ver, en primer lugar, que se trata del uso de las falacias argumentativas de “apelación a la emoción” y “apelación a la popularidad”. En segundo lugar, señalamos que la encuesta de la cual obtuvieron dicha cifra de reprobación, que se 9

había realizado por La Tercera en el peak de reacción contra el proyecto, a pocos días de la aprobación del proyecto por la COREMA de Aysén, nos parece técnicamente objetable por otras razones también. Con todo, mi representado había reconocido que una mayoría de la opinión pública declaraba oponerse al proyecto. Sin embargo, la situación cambia, en la medida en que pasa el tiempo, se realizan nuevos estudios y se consideran las alternativas. En este sentido, acompaño la encuesta IPSOS conducida a fines de

noviembre de 2011, como documento número 5. Según esta encuesta, un 41% de los encuestados consideran al proyecto HidroAysén como una ventaja para el país; un 39% lo estima una desventaja y un 20% se manifiesta indiferente. También acompaño a este respecto, como documento número 6, un Power

Point que contiene los resultados de una investigación de la Universidad Andrés Bello sobre opinión pública y medio ambiente. De especial interés son las láminas 25 en adelante en las cuáles se consigna que los encuestados declaran, correctamente, que entre las metodologías capaces de generar suficiente energía para las necesidades de desarrollo del país, la menos contaminante, con mucho, es la hidroeléctrica, y la más contaminante es la termoeléctrica a carbón. La encuesta también entrega indicios de dos conocidos fenómenos: el primero es el que los encuestados suelen tener más claro a qué se oponen antes que cuáles serían las alternativas viables; el segundo es algo que mi representado, como ex Director Ejecutivo de TVN, y quien escribe, como miembro aún en ejercicio del Directorio TVN, conocen bien: frente a las encuestas sobre qué prefieren ver en Televisión, las personas responden de un modo distinto y “más correcto” que lo que demuestra la medición de sus preferencias privadas, a través del people meter. Algo análogo sucede con las respuestas sobre el medio ambiente: no hay plena concordancia entre las preferencias ambientales que las personas declaran abrigar y los costos que ellas están dispuestas a asumir para materializarlas. En todo caso permítasenos insistir en que formulamos estas consideraciones con renuencia

y fundamentalmente para resaltar la debilidad del argumento de los acusadores sobre la posición de la opinión pública, según está reflejada en las encuestas. d. Cuarta y quinta objeciones: argumentos ad hominen. En nuestra opinión, los dichos de los denunciantes sobre lo supuestamente inadecuado del perfil como militante de mi representado y sobre su pretendida inconsecuencia con los principios del partido, no merecen una respuesta. Valga solamente recordar que como gestor público, Daniel Fernández K. ha prestado señalados servicios al país, a la cabeza de distintas empresas y proyectos del Estado, tal como quedó señalado en nuestro escrito de contestación. e. Objeción implícita: Hay otras alternativas sobre energía, incluyendo no desarrollar nuevos proyectos o desarrollar unos pocos. Permítaseme comenzar la refutación de esta objeción, la cual se halla implícita en toda la actuación pública de los denunciantes con respecto a proyectos energéticos, con la referencia, sin ánimo festivo, a la historia de un señor de tercera edad a quién se le preguntó si era muy malo ser viejo. A lo cual respondió: “Depende de la alternativa, que no es volver a ser joven, sino estar muerto”. La ética de la responsabilidad, que debe guiar la actuación de los políticos, manda perseguir altos objetivos considerando las probables consecuencias de tal o cual curso de acción. Tanto en política como en el plano moral hay materias indubitadas, pero no son muchas. La mayor parte de las decisiones consiste en sopesar costos y beneficios y analizar alternativas viables para cada situación. Dadas las tendencias sobre necesidades de energía en el mundo y, en particular, en Chile, las opciones son claras: a. Uno puede legítimamente sostener que es preciso vivir con mucha menos energía, lo cual implica, necesariamente, como lo muestra la historia reciente de Chile y de todos los 11

países del mundo, y también las proyecciones oficiales y académicas, disminuir las tasas de crecimiento económico, pero tiene el deber de convencer a sus conciudadanos y a los órganos de decisión pública sobre la conveniencia de tal opción. Es más, por la vía de los hechos, mediante la adquisición y uso de todo tipo de artefactos domésticos y de telecomunicaciones, mayores requerimientos de alumbrado público, incremento de la actividad comercial, aumento de consumo de bienes básicos, etc., la población opta diariamente, en la práctica, por demandar más energía. Y por ello la demanda energética en Chile se incrementa anualmente en un 5% aproximadamente, a la par con el crecimiento económico. b. Si se desea contar en el futuro con suficiente energía para mantener aceptables niveles de crecimiento económico, las alternativas se ven reducidas: hidroelectricidad, generación térmica, sea a carbón o diesel, o plantas de energía nuclear. Las tecnologías alternativas poseen características tecnológicas que no permiten pensar en que se constituyan en principal fuente de generación de la energía que se precisará, tanto por la envergadura de su aporte energético (proyectos de pocos Megawatts) como por su intermitencia (24% del tiempo funcionando, según estadísticas de proyectos en Chile).. c. Esta disyuntiva se ve reforzada por el estudio de Progea y Pacific Hydro, reportado por El Mercurio (página B-4, 21 de enero de 2001), en que se indica que entre el año 2001 y el año 2011 (períodos de gobiernos de la Concertación, casi en su totalidad) las emisiones de CO2 de las centrales térmicas en el SIC (o sea, excluyendo el sistema del Norte Grande, 100% térmico) se incrementaron en 160%, a la par con que 88 centrales térmicas (4.259 MW) entraron a funcionar en el SIC en tal período, mientras lo hicieron 31 hidroeléctricas (1.410 MW) y 5 eólicas (176 MW). Esta tendencia es lo que se ha dado en llamar “la carbonización de la matriz energética chilena”, que sólo en 2001 aumentó (en el SIC) las emisiones en 17% adicional, el equivalente a las emisiones de un parque de 950.000 automóviles en un año. Este hecho no puede ser más contradictorio con los principios de la Cumbre de Rio y posteriores metas asociadas, y ha ocurrido durante gobiernos en los que el PPD ha sido parte. Si no fuera por las centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue, también aprobadas durante los gobiernos de la Concertación, esta situación sería catastrófica. Esta

tendencia es justamente la que hay que romper con la incorporación de proyectos de energías renovables, tanto hidroeléctricos como eólicos y solares. A fin de ilustrar las alternativas reales que el país enfrente en materia energética, acompaño:

Como documento número 7, un CD-R que contiene videos de apariciones públicas, audios de programas de radio y declaraciones en distintos medios de la prensa escrita. Estas declaraciones pertenecen, entre otras, a las siguientes personas: El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos; el ex Ministro de Estado, Francisco Vidal; el ex Ministro de Estado y ex Senador, Sergio Bitar; la ex Ministra de Estado, experta en medio ambiente y actual miembro del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot; el ex Ministro de Estado y ex Embajador, Belisario Velasco; el ex Ministro de Estado, Marcelo Tokman; el ex Ministro de Estado y ex Senador, José Antonio Viera-Gallo; el ex Subsecretario de Estado y actual diputado Felipe Harboe. Contrariamente a lo que afirmaron algunos de los denunciantes, en declaraciones a una radio del Sur, mi parte no apoya su posición en las opiniones de otros (por lo demás, resulta contradictoria esta crítica de parte de ellos cuando en su acusación esgrimen el rechazo mayoritario de la opinión pública - aunque este rechazo no es permanente, como muestra la encuesta IPSOS). Este documento número 7 y las declaraciones que contiene, deja en evidencia, como no podría ser de otra manera, que las alternativas energéticas son una materia digna de deliberación y debate informado y racional. En efecto en el compendio de declaraciones registradas en el documento número 7, todas las personas indicadas hacen gala de un razonamiento político responsable. Todas se refieren a las necesidades energéticas del país y a las distintas alternativas. El ex Presidente Lagos, aunque entrega una opinión calificada sobre el proyecto HidroAysén, deja en claro que la disyuntiva es la generación térmica y se asombra de que proyectos de plantas a carbón no hayan despertado un rechazo visible.

Como documento número 8 acompaño un documento conteniendo dos columnas de opinión. Los autores son, respectivamente, Eduardo Bitrán y Rodrigo 13

Stern. En ambas se argumenta, tal como lo hace el ex Presidente Lagos, que la alternativa a la generación de energía hidroeléctrica por HidroAysén y otros proyectos similares, es el carbón.

Como documento número 9 acompaño una tabla-síntesis de las recomendaciones sobre generación de energía de parte la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE). A este documento se ha agregado una lista de los expertos que formaron CADE y la copia de las secciones de su informe titulada “Hidroelectricidad en el Sur”.

POR TANTO A este HTS ruego tener por acompañados los nueve documentos detallados y tener presente los comentarios y explicaciones incluidos en este escrito.