PASCUAL NOS HACE LA PASCUA
LA JUEZ DEL ‘CASO QUALITY FOOD’ LLAMA A OTRO EXCONCEJAL DE TEÓFILA
Pascual Gestión Hospitalaria, la mayor entidad sanitaria privada de la región, ha declarado una guerra abierta a la Junta para conservar las condiciones económicas del concierto más importante de la sanidad pública andaluza. Los más de 2.000 trabajadores de Pascual, tensionados por los mensajes de la dirección, han iniciado movilizaciones por el temor a perder sus empleos si la Junta deja de derivar pacientes a sus seis clínicas. Las seis empresas (16 centros hospitalarios) que prestan asistencia sanitaria concertada al SAS tienen una prórroga de dos meses en el concierto mientras se negocian las nuevas condiciones. Pascual, está obligado a mantener este servicio de primera necesidad que además no se puede cubrir con otros centros sanitarios. Pero el órdago de Pascual continúa y, en una reunión celebrada el miércoles, informó a su comité de empresa que desde el 31 de enero "no existe convenio entre el SAS y la empresa", por lo que todos los servicios que el SAS derive a estos centros se cobrarán a la Administración con la "tabla de tarifas convencional". La dependencia de los servicios concertados en la provincia de Cádiz, con alrededor de un millar de camas, es extraordinaria. Más del 50% del total de ingresos, intervenciones quirúrgicas y consultas que se realizan cada año en centros concertados en Andalucía corresponden a la provincia gaditana. Y la mayoría son facturados por Pascual, propietario de cuatro de los cinco hospitales concertados de la provincia. Pascual teme que se impulse la actividad del Hospital de San Carlos, en San Fernando, cuya cesión por parte del Ministerio de Defensa al Servicio Andaluz de Salud ya ha sido rubricada y se hará efectiva en junio de este año. El año pasado, en plena negociación entre Defensa y la Junta sobre el traspaso de la titularidad de este hospital, Pascual propuso a las partes hacerse cargo de San Carlos y de su plantilla (350 empleados) y construir, más adelante, un nuevo hospital de referencia en San Fernando. A cambio de este supuesto favor a Defensa, el empresario reclamó de forma innegociable la cesión gratuita de los terrenos para construir ese nuevo centro además de cuatro hoteles con un total de 1.800 habitaciones repartidos en fabulosas ubicaciones en San Fernando y en Cádiz. La idea fue rechazada por las administraciones, que la tacharon de rocambolesca.
La instrucción del caso Quality Food, sobre una presunta estafa cometida contra la Zona Franca de Cádiz, se reanuda esta semana con la declaración como testigo de Francisco Villarreal, exconcejal de Teófila Martínez en la alcaldía de Cádiz hasta que dimitió por verse salpicado en un escándalo económico. Villarreal ejerció de comercial y gerente de la compañía alimenticia. Con él, ya son cinco los exediles del Ayuntamiento de Cádiz del PP que han sido citados por la juez en esta causa que acumula una década en el juzgado. Villarreal vuelve a la actualidad informativa 15 años después de ser denunciado en el conocido como caso Afanas, cuando fue acusado de utilizar fondos de la asociación del mismo nombre, dedicada a la formación e integración de discapacitados psíquicos, para comprarse muebles. Fue en 1999. Villarreal no tardó en encontrar acomodo en Quality Food, una incipiente empresa de alimentación que, por entonces, se situaba como ejemplo de “emprendimiento”. Empezó como comercial y llegó a ser gerente de una de sus divisiones. La instructora quiere saber qué papel tuvo Villarreal en la relación entre Quality Food y el PP gaditano y reclama a Unicaja que desvele la identidad del cobrador de los fondos desviados UN JUEZ INVESTIGA LA ADJUDICACIÓN MUNICIPAL DEL ALUMBRADO DE CÁDIZ El magistrado ve indicios de que el concurso se alteró a conciencia. El Ayuntamiento eligió una empresa sancionada anteriormente y en el momento de la adjudicación se cambió el modo de puntuar utilizado hasta ese momento, motivo por el que la empresa Indra llegó a amagar con impugnar el concurso. Con el anterior sistema de puntuación, Indra habría sido la ganadora. El juez ha imputado al exdirector de alumbrado eléctrico tras acceder a unas grabaciones en las que hay indicios para considerar que este cargo municipal alteró a conciencia aquel concurso para beneficiar a la empresa que resultó ganadora, una unión temporal de empresas del grupo ETRA. La denuncia la había presentado el apoderado de la anterior concesionaria, que aportó documentación y una grabación en la que trataba de demostrar que el entonces responsable del área de alumbrado había maniobrado para que ganara la empresa que él quería. PP Blas Fernández está al frente del área donde se pudo cometer este “tráfico de influencias”.
Las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para la liberalización del mercado alimentario consisten en la imposición del modelo de EE.UU de inseguridad alimentaria frente al sistema europeo de control de toda la cadena allimentaria. En EE.UU. Solo se analiza el producto que se pone a la venta, y no han de documentar el proceso que siguen lso alimentos, sino que las dudas sobre toxicidad han de demostrarlas los consumidores a su costa. Nada que ver con Europa, donde se siguen los productos alimentarios desde la granja hasta la mesa, y es posible rastrear fraudes como el de la carne de caballo o limitar el alcance de epidemias como la de vacas locas. Pero antes que negociar, es más barato comprar traidores y entrar por la puerta de atrás. En este caso, el ministro Montoro, uno de los más despreciados por la población y que solo fía su futuro a forrarse con los chanchullos que está haciendo. La consultora fundada por Cristóbal Montoro diseñó el ERE de Coca-Cola, uno de los más polémicos desde el inicio de la crisis porque se realiza por una empresa sin pérdidas y con una oferta de despido muy por debajo de la indemnización improcedente. El informe de Equipo Económico, que asesora a las embotelladoras en el recorte de plantilla, está firmado por el director de gabinete de Montoro en el último año de Gobierno de Aznar. Antiguamente denominado Montoro y Asociados, la consultora que fundó el actual ministro de Hacienda con su hermano y su equipo de confianza durante los años posteriores a su salida del Gobierno de Aznar, es el paradero de los "Montoro Boys", que son su hermano (Ricardo Montoro) y los dos jefes de gabinete que ha tenido al frente de la cartera de Hacienda en la última legislatura de Aznar, Ricardo Martínez Rico (hermano de su actual jefe de gabinete) y Francisco Piedras Camacho. El hermano de Montoro terminó saliendo de la entidad en 2012 tras un choque con el Ministerio de Industria. Piedras Camacho es el que rubrica la propuesta de ajuste en el informe técnico que la empresa ha utilizado para poner en marcha el ERE, y al que asesora, en la parte jurídica, el omnipresente despacho laboralista de Sagardoy. Se da la circunstancia de que, además de la propuesta de recorte de plantilla, Coca-Cola está implicada también en investigaciones con Hacienda, la casa en la que ahora se ubica el otrora fundador de la consultoría. Coca-Cola Company se enfrenta a un expediente por ingeniería fiscal con la forma de
EL MINISTRO MONTORO SE ALIMENTA DE BURBUJAS COCA-COLA SE HACE CON EL CONTROL DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA facturar a las embotelladoras españolas, que ahora se aglutinan bajo el nombre de Iberian Partners. Los problemas de la empresa con el fisco vienen de muy lejos. Hacienda le había abierto actas por valor de 55 millones de euros por no pagar bien los impuestos, y acaba de dar carpetazo a otras inspecciones. Equipo Económico justifica la necesidad de llevar a cabo una reestructuración con “causas productivas” y “organizativas”, pero también menciona un “deterioro” de la situación financiera de Coca-Cola Iberian Partners. Las causas directas a las que atribuye la reestructuración son las productivas y las organizativas. Las primeras son resultado de la crisis y de los cambios en el modelo de consumo de los españoles En opinión del antiguo jefe de gabinete de Montoro, hay un “excedente estructural de plantilla” de 131 personas en el área de Soporte; de otras 469 en Comercial y Atención al Cliente, y de 633 trabajadores más en Industrial y Logística. El “efecto neto” del ERE “supone un total de personal afectado de 772” personas, concluye el informe firmado por el inspector de Hacienda y socio director de Equipo Económico, Francisco Piedras Camacho, jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda entre 2003 y 2004. Ricardo Martínez Rico, que llegó a ser secretario de Estado de Presupuestos, es el presidente a la vez que consejero independiente de Abengoa y hermano del actual jefe de gabinete. Se da la circunstancia de que el hermano del ministro –que también se llama Ricardo– se quedó de accionista.
Las dos parejas de hermanos, los Montoro y los Martínez Rico, fueron los socios fundadores de esta firma que ahora se dedica a labores de cabildeo y de asesoría empresarial. En origen también estaba en el despacho el equipo de Rodrigo Rato de la época: Luis de Guindos (exsecretario de Estado de Economía) y José Manuel Fernández Norniella (exsecretario de Estado de Comercio), que salieron pronto a otros destinos más lucrativos Según varios medios, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha tenido una relación muy tirante con los Montoro brothers. La disputa se saldó con la venta por parte del hermano de Montoro de su participación en la consultora, pero también le salió caro a Soria que se ha visto cada vez más relegado en el Gobierno. Además, Abengoa –donde ahora es consejero Martínez Rico– ha demandado al Gobierno frente a una corte de arbitraje internacional por "expropiar sus termosolares" con la nueva legislación. Es decir, la empresa en la que sigue el hermano del jefe de gabinete de Montoro (y exsocio del ministro) ha demandado al Gobierno del PP por no atender sus peticiones. Equipo Económico asesora a varias de las empresas afectadas por los cambios de energía y también a las inmobiliarias. El sector alimentario ha montado en cólera al saber que Coca-Cola, el máximo impulsor del lobby que defiende los hábitos alimenticios globalizados, tomará las riendas del organismo encargado de velar por la nutrición y de regular la comercialización de los productos. No es de extrañar la repulsa por parte de las asociaciones españolas si se conocen las prácticas de esta
macro-empresa en todo el mundo: desde la explotación y contaminación del agua potable de acuíferos en zonas pobres de la India y América Latina, a los desplazamientos forzados de la población indígena y los asesinatos de sindicalistas latinoamericanos. El presidente en España de la multinacional estadounidense, Marcos de Quinto, ha logrado que una de sus ejecutivas de confianza, Ángela López, dirija la dirección general de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. El Consejo de Ministros nombró a Ángela López de Sá y Fernández presidenta del organismo el 23 de marzo. El Gobierno unificó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Instituto Nacional de Consumo (INC). Quitándole la independencia a éste, que en la práctica está también a las órdenes de la ejecutiva de la multinacional. La llegada de esta ejecutiva de Coca-Cola al Gobierno ha desatado la respuesta de asociaciones por la seguridad alimentaria, que han sido ignoradas. No es de extrañar la respuesta inmediata, una de las asociaciones comunicó que “es una decisión descarada por parte del PP poner como responsable de la AESAN a una representante de una bebida que ha provocado numerosas intoxicaciones y que tiene componentes perjudiciales para la salud e incluso venenosos como el Aspartamo”. Los grandes fabricantes de productos relacionados con alimentos vinculados a la dieta sana y mediterránea también dudan de la imparcialidad de Ángela López. “El sector está en alerta máxima por este nombramiento, por la bajada de estándares en el binomio alimentación-salud, y el posible trato de favor a Coca-Cola”, apuntó un alto ejecutivo que prefiere no ser citado. La desconfianza aún se ha hecho mayor al saber que, la ahora responsable pública de la nutrición y salud alimentaria de los españoles, ha pedido la excedencia a Coca-Cola para no perder la relación y los intereses derivados de su trabajo en la empresa. Al pedir la excedencia, en vez de la baja voluntaria, incrementa las inquietudes de que pueda favorecer a la multinacional. La propia página web de AESAN, reconoce en la escueta nota sobre el “fichaje” del gobierno, que “en la actualidad trabajaba como directora de Asuntos Científicos y Normativos de Coca-Cola Iberia”. Con este nombramiento, se completa el organigrama de la agencia estatal, dependiente del Ministerio de Sanidad y presidida por la secretaria general de Sanidad y Consumo. Hay que destacar que los principales medios del país no han publicado nada acerca del asunto.