sexuales distintas a la heterosexual, adultas mayores y discapacitadas. Lo aquí esbozado es preocupante, en virtud de que el Estado elude la responsabilidad de implementar medidas efectivas que desmantelen el sustrato cultural de la discriminación, a la vez que reconfiguren las condiciones materiales que aumentan la inequidad. Por un lado, corresponde a quienes detentan el poder público generar procesos encaminados a la creación y consolidación de instituciones que tutelen efectivamente los derechos humanos, sobre todo de aquellos individuos y colectivos que no acceden de manera plena y equitativa a la justicia formal y sustantiva. Empero, previamente se requiere voluntad por parte de los actores estatales, materializada en políticas públicas socialmente dialogadas. Es imperativo partir de la naturaleza pluricultural y pluriétnica del país, mediante consensos que reviertan –en el plano, social, cultural, educativo y económico– la reproducción de estereotipos y la consecuente normalización de la exclusión de millones de personas dentro del imaginario social. Como se plantea implícitamente líneas arriba, no se puede prescindir de la participación de la sociedad
e
SPACIO ESCENCIAL
Sociedad
civil. Es un derecho y una necesidad que se construya ciudadanía a través de mecanismos de supervisión civil en diversos rubros, como el acceso a la justicia mediante la formulación e implementación de planes educativos y culturales basados en la tolerancia y respeto a las diferencias, entre otras iniciativas. De lo anterior, el caso de Jacinta es paradigmático. Además de develar una situación de injusticia estructural, imprime esperanza a nuestro caminar en razón de que corrobora que la acción colectiva dirigida hacia objetivos concretos puede abatir algunas dinámicas de opresión. Aunque evidentemente es una victoria pírrica, falta mucho por hacer: se necesita replicar y ampliar experiencias de lucha de talante plural para evitar que existan más Jacintas. Por lo pronto, queda pendiente seguirnos articulando para lograr la liberación de Alberta y Teresa, así como la reparación integral de los daños. * Abogado del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. Contacto: defensa2@centroprodh.org.mx
DÍSERES
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