L os vaivenes en l a regu l ación
establecer «ganadores» y «perdedores» en base al cumplimiento de la ley y/o calidad dentro del propio sistema. Aun cuando la implementación de una evaluación académica, jurídica o de desempeño institucional a nivel de todo el sistema sea considerada el primer paso de un diagnóstico para elaborar políticas integrales, y hasta de ayudas focalizadas según problemas puntuales, potencialmente sería percibida como un proceso altamente riesgoso para universidades que verían transparentada su baja calidad, o su liso y llano funcionamiento irregular. Esto claramente parece haber sido lo sucedido con el informe del CONESUP. Por ello, el surgimiento de una iniciativa reformista de carácter estatal no debe sorprender. En realidad parece ser un resultado más de los límites de estos diseños institucionales. Los tropiezos y contramarchas expuestos develan sus fragilidades, en especial para enfrentar, coordinada y propositivamente, iniciativas consistentes y elaboradas de intervención desde el gobierno, que avanzan a pasos acelerados en un terreno bastante exiguo en políticas. Hasta el momento los organismos mencionados no parecen haber mostrado estar en condiciones de adoptar una posición razonada, crítica y productiva frente a esta intervención desde el Gobierno (dirigida a aprovecharla, reorientarla o disputarla), ni como sistema, ni en muchos casos siquiera como unidades académicas independientes (Novaro y Alonso, 1999: 7). Las iniciativas estatales descritas ligadas a la presentación de un diagnostico crítico integral que detectó graves problemas en el sistema, al esfuerzo de articulación de consensos en el marco de la redacción de la Constitución, de creación de condiciones parar el surgimiento del Mandato 14, y hasta de elaboración de un proyecto coherente y alternativo de Ley Orgánica de Educación Superior, ilustran de manera patente las dificultades que enfrentan tanto el CONESUP como el CONEA para desarrollar acciones de coordinación e implementación que puedan resolver problemas de gobernabilidad del sistema de educación superior, y en especial del sector universitario (Novaro y Alonso, 1999: 7-8). En este marco, otro elemento que ha llamado la atención en el caso ecuatoriano ha sido la deliberada minimización en estos organismos de la presencia estatal. Bajo el supuesto de que se estaría atentando contra la autonomía, el Estado prácticamente no ha tenido ninguna injerencia. Esto nos lleva a una discusión muy compleja sobre la relación Estado-universidad que definitivamente merece ser revisada a la luz de lo sucedido durante las últimas décadas, en particular bajo la situación de lo que algunos han llamado heteronomía con el mercado o heteronomía con los actores de poder económico y social imperantes. Nadie niega la relevancia de que en estos organismos participen los agentes del propio campo, la pregunta es quiénes exactamente deben ser y qué condiciones deben reunir. Por ejemplo, podría pensarse en figuras académicas del máximo nivel, no necesariamente autoridades universitarias, y que aseguren no tener conflicto de intereses con las labores de regulación o evaluación. Asimismo, otro interrogante es
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