año 1 número 1 3 de abril de 2011
Un suplemento de
Información y análisis sobre derechos y justicia
JUDICIALES La causa por las cooperadoras iría a juicio después de la feria judicial de julio Página 10
DERECHOS HUMANOS HOY Un precedente a favor de los pueblos originarios El caso de las comunidades El Traslado, Zopota y El Escrito Páginas 12 y 13
INFORME ESPECIAL El 5 de abril comienza el juicio por la desaparición de Miguel Ragone
RAGONE LA HORA DE LA VERDAD
La causa, los testigos y los acusados. Su gobierno Entrevista al fiscal Horacio Azzolín Páginas 3, 4, 5, 6, 7 y 9
NUESTROS MOTIVOS
A pesar de
todo
COLECTIVO EDITORIAL OTROS TERRITORIOS
otrosterritorios información y análisis sobre derechos y justicia Suplemento de Nuevo Diario
3 de abril de 2011 año 1 • número 1 Producción Colectivo editorial Otrosterritorios Arte de tapa Roly Arias Ilustraciones Andrea Fernández Fotografía Rolo Díaz Comercialización Noberto Barbieri 0387 154194417 0387 154138884
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El suplemento de derechos y justicia del Nuevo Diario, es una nueva propuesta editorial que ofrece información y análisis de causas judiciales con relevancia social; y que se propone, también, promover el conocimiento, el pensamiento y el debate sobre la memoria y la actualidad de la justicia y los derechos humanos en el país. Hacemos este suplemento semanal un colectivo de personas interesadas en construir un espacio de formación ciudadana que aborde los temas de derechos más acuciantes: género, ambiente, violencia, niñez y pueblos originarios, entre muchísimos otros. Sabemos que hacer visible estos temas resulta un desafío complejo. Pero sabemos, también, que muchas personas se alegrarán de contar con una publicación que permita debates sinceros y reflexiones inteligentes.
Eso nos llena de energía y de ganas de seguir, de volver a empezar. Porque de volver a empezar se trata, una y mil veces, las que haga falta. Contamos con los lectores, los avisadores, los amigos y los compañeros para recorrer este difícil camino de la comunicación social con compromiso. Esperamos que las expectativas sean superadas y que cada semana el suplemento sume nuevos lectores y nuevas miradas. Apostamos a la diversidad de opiniones y de miradas. Porque en el
respeto y el reconocimiento de la diversidad está la posibilidad de que la vida siempre se haga lugar. Cada fin de semana, esperamos acompañarlo para pensar nuestro presente, recordar nuestra historia y construir nuestro futuro. A pesar de todo, aquí estamos. En un momento que se muestra fértil y potente. Con posibilidades para que nuevos medios de comunicación surjan y se abran camino. En ese camino estamos. Usted, ¿nos acompaña?
memoria / miguel ragone / la hora de la verdad
REVISIÓN DEL PASADO
Juicio a los genocidas Comenzará el martes 5 de abril, en la Ciudad Judicial. Siete represores serán juzgados por los crímenes contra Miguel Ragone, Santiago Arredes y Margarita Martínez. El juicio oral y público por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone es considerado uno de los más importantes a llevarse a cabo en Salta en el marco de la investigación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar. Siete represores serán juzgados por estos hechos: el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil; el ex jefe de Seguridad de la policía provincial, Joaquín Guil; el ex vocero de la Triple A, Jorge Héctor Zanetto, y los ex policías Andrés del Valle Soraire,
Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera. El debate demandará por lo menos hasta fines de mayo, dado que han sido convocados más de 120 testigos, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde; el senador nacional Marcelo López Arias; la ex presidenta María Isabel Martínez de Perón y el ministro de Trabajo de Salta, Rubén Fortuny. También declararán ex integrantes del gabinete de Ragone, militantes políticos y sindicales de la época y militantes de organizaciones de derechos humanos, como Blanca Lezcano y Nora Leonard. Además de indagar sobre el crimen contra Ragone, y el homicidio del
comerciante Santiago Catalino Arredes y el balazo que recibió la vecina Margarita Martínez de Leal, el debate representará una oportunidad para repasar el contexto histórico , revisar las acciones del gobierno popular de Ragone y los motivos por los que la represión para estatal y estatal se ensañó con sus colaboradores más cercanos, que también sufrieron persecuciones y varios de ellos fueron desaparecidos o asesinados o debieron exiliarse. El debate revisará también el pasado del justicialismo en Salta, la participación del sindicalismo en la política, la de los empresarios, y hasta el rol que cumplieron los medios de comunicación.
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CASI CIEN TESTIGOS Y SIETE REPRESORES ACUSADOS
Homicidios agravados, coacciones y encubrimientos El crimen fue cometido por el Ejército y la Policía. Un fiscal especial estará a cargo de la acusación a los siete represores. Menéndez participará por video conferencia.
Treinta y cinco años después, la justicia dará una sentencia sobre el crimen de Miguel Ragone, el gobernador más querido de la historia de Salta. Se supone que el fallo será a finales de mayo, porque se han previsto testimonios hasta el 20 de ese mes, luego debe incorporarse la prueba documental y deben producirse los alegatos. El juicio oral y público comenzará el próximo martes, a las 9. Si bien estará a cargo de la justicia federal (el Tribunal Oral en lo Federal de Salta) se hará en el salón de grandes juicios del Poder Judicial provincial. Es por la cantidad de público que asistirá. Los jueces Liliana Snopek, Luis Giménez y Adolfo Guzmán estarán a cargo del proceso en el que también se investiga el 4 / otrosterritorios
homicidio del comerciante Santiago Arredes, baleado cuando se llevaban a Ragone, y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal, herida en el tiroteo. Ragone fue secuestrado por un grupo armado en la mañana del 11 de marzo de 1976, casi en la esquina de Del Milagro y Apolinario Saravia, muy cerca de su casa, de donde había salido con destino a su trabajo. Hacía poco más de un año que había dejado la gobernación, intervenido por la Nación, que cedió a las presiones de los sectores más reaccionarios dentro y fuera del justicialismo. La investigación determinó que hubo una participación conjunta del Ejército y la Policía de la provincia. Los jefes del Ejército dieron la orden asesina, un grupo de policías
la ejecutó y otros policías dejaron una zona liberada para permitir que el hecho se consumara y asegurar la impunidad de sus autores. Siete represores serán juzgados. A los jefes del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Mulhall, se les atribuye haber ordenado el secuestro y desaparición de Ragone, y están acusados por dos hechos de homicidio agravado. También están acusados por las lesiones a Martínez de Leal. De los autores materiales solo cayó Andrés del Valle Soraire, que será juzgado por homicidio agravado en calidad de autor material; aunque durante el proceso hubo otros imputados por su participación material, fueron sobreseídos. También el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, que por entonces ya era comisario, será juzgado por homicidio agravado. Guil (un viejo enemigo del ex gobernador) comparte acusación con quien fuera su
jefe en la Policía, Miguel Gentil (que era teniente coronel). Además del cargo de homicidio agravado, ambos deberán responder por encubrimiento. Los hermanos Rubén y Pedro Javier Herrera también están acusados por encubrimiento porque dijeron no haber escuchado el tiroteo del secuestro, a pesar de que estaban de guardia (en la casa de Gentil) a cien metros del lugar del hecho. Ya desaparecido Ragone, Guil, que era director de Seguridad, quedó a cargo de la investigación. Lo acompañaron el titular del departamento de Informaciones Policiales, Antonio Saravia, y el comisario, encargado del Grupo Antiguerrilla, Roberto Agustín Tacacho. Una “paradoja”, en opinión de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, dado que en 1973, durante el gobierno de Ragone, los tres fueron detenidos por apremios ilegales. También hay un civil acusado: Héctor Zanetto, ex vocero de la Triple A, al que se le atribuye el delito de coacción, porque amenazó a Ragone tiempo antes de que se cometiera el crimen. La acusación correrá por cuenta del fiscal Horacio
memoria / miguel ragone / la hora de la verdad Azzolín. Y son querellantes los familiares del ex gobernador, representados por el abogado Matías Duarte; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, con el abogado Martín Avila, y la organización Memoria Verdad y Justicia, por la que asistirá el abogado David Leiva. Habrá una acción civil, que impulsa Martínez de Leal. Seis acusados, Menéndez, Mulhall, Gentil, Guil, Soraire, y Zanetto, serán asistidos por los defensores oficiales Federico Petrina y Martín Bomba Royo. El abogado Marcelo Arancibia será el defensor de Nelson Herrera; su hermano Pedro era defendido por Santiago Pedroza y Jorge Molina, pero ambos renunciaron la semana pasada y se espera que designe a un nuevo abogado.
Salvo los Herrera, que están excarcelados, los acusados tienen prisión domiciliaria. Con excepción de Soraire, no estaban en esta ciudad, por lo que comenzaron a ser trasladados entre el jueves y el viernes. Menéndez no vendrá y asistirá por video conferencia. Se han convocado a más de 120 testigos; comenzarán a declarar el jueves. La mayoría fueron propuestos por el fiscal. Algunos no declararon nunca en el proceso. Leiva propuso al senador nacional Marcelo López Arias, Eduardo Luis Duhalde, Isabel Martínez de Perón (declararía por video conferencia) y al ex secretario de Derechos Humanos de Salta, Pedro Guillén. También declarará el ministro de Trabajo de Salta, Rubén Fortuny, hijo del jefe de Policía de Ragone. En este juicio también se incorporará la figura de un cuarto juez, José Quiroga Uriburu, para prevenir la posibilidad de que alguno de los titulares deba apartarse por cualquier eventualidad.
OPINIÓN
Crímenes vanos ELENA CORVALÁN Los de la última dictadura militar fueron crímenes vanos. Los crímenes cometidos contra los integrantes del gobierno que en 1973 encabezó Miguel Ragone fueron actos vanos. Crímenes inútiles porque sus autores actuaron convencidos de que matando los cuerpos ponían fin a las ideas. A esos pensamientos y acciones que resultaban tan insultantes para cierta clase salteña (y argentina) porque ponían el eje en la gente. Aquellos criminales –estos criminales que comienzan a ser juzgados ahora– atacaron a las personas convencidos de que con ello les bastaba para eliminar toda huella de la acción de ese gobierno. Y se equivocaron. Hay muchas muestras de ese error asesino. La más clara es el hecho de que hoy, treinta y cinco años después, algunos de esos criminales están sometidos a juicio. Y entre los acusadores –los presentados formalmente y los que acusan(mos) desde la calle– hay cuerpos/personas que contienen aquellas ideas: las que alentaban Ragone y tantos que colaboraron con él, que compartían la idea de un mundo más justo.
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HORACIO AZZOLIN, FISCAL DE LA CAUSA
“Es un camino sin retorno” En declaraciones a Otros territorios, el funcionario habló de la importancia del juicio por el crimen de Miguel Ragone. Lo que se viene, la continuidad de la investigación sobre los otros responsables, incluido el ex juez Lona. “Este es el segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en Salta, con algunas particularidades que lo hacen relevante. Por un lado, estamos juzgando el secuestro y posterior desaparición de un gobernador constitucional, el único caso en Argentina. Miguel Ragone era, además, una persona sumamente apreciada por el pueblo salteño por su carisma y su forma de gestionar, afecto que aún hoy perdura. “Por el otro, se encuentran acusadas algunas de las máximas autoridades que rigieron los destinos de la provincia por estos años: el por entonces jefe del III Cuerpo de Ejército –Luciano Benjamín Menéndez–, el Jefe del Area 322 – Carlos Mulhall–, el jefe de la policía salteña –Miguel Gentil– y un relevante integrante de ese organismo –Joaquín Guil. “Se destaca también que se estarán juzgando hechos cometidos antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 (el secuestro fue el 11 de es mismo mes y año), marcando claramente que el terrorismo de estado comenzó a ejercerse en los hechos mucho antes de esa fecha, más especialmente en el Noroeste argentino a partir de la instauración del Operativo Independencia que virtualmente
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militarizó el ejercicio del poder estatal en la provincia de Salta. “Finalmente, el juicio tiene algunos aspectos destacables en lo que tiene que ver con la cantidad de testigos convocados (la fiscalía ofreció más de 94), con la posible recepción de muchos testimonios por video conferencia, con la participación de algunos imputados (Luciano B. Menéndez, por ejemplo) por igual sistema y por la realización durante el juicio de algunas diligencias de prueba poco habituales (como una pericia de sonidos). “El juicio, y esto no debe pasarse por alto, no se agota en lo ocurrido con Miguel Ragone. Fueron víctimas del suceso Margarita Martínez de Leal, a quien le dispararon mientras estaba trabajando en las inmediaciones del lugar del secuestro, y Santiago Arredes, un almacenero que se encontraba en la vereda de su comercio cuando Ragone fue secuestrado. Arredes falleció en el lugar y su hermano, por entonces comisario general de la policía salteña, terminó imputado por su eventual participación en el caso. “Esperamos que el desarrollo del juicio comience a cerrar la herida que ha dejado en la familia de Ragone en particular y en el pueblo salteño en general.
“Y hablamos de un comienzo porque el juicio no debe agotar la investigación del caso. Existe una investigación abierta aún en primera instancia (conocida como Ragone 2) cuyo objetivo principal debe ser identificar y promover el juzgamiento de aquellas otras personas que se considera responsables del hecho: entre ellos están el por entonces jefe de la Brigada de Infantería V con asiento en Tucumán –Antonio Domingo Bussi, cuya indagatoria se ha venido postergando por sus problemas de salud– y el subjefe de policía salteña de la época, Virtom Modesto Mendíaz, cuya situación procesal debe ser definida por la Cámara de Casación. “A la luz de lo actuado en otros procesos de este tipo, donde se ha reconstruido como era la estructura militar de la época, es evidente que las imputaciones no deberían agotarse en las cabezas de las unidades militares, ya que en sus decisiones eran acompañados por un conjunto de personas y estaban basadas en la actividad de inteligencia. Este modelo de trabajo se viene aplicando con éxito en varias jurisdicciones del país. “Paralelamente a la investigación antes mencionada existe otra causa abierta para juzgar la responsabilidad en el hecho del ex juez federal de Salta
memoria / miguel ragone / la hora de la verdad Ricardo Lona por la deficiente o inexistente investigación del caso. El avance de la causa contra esta persona depende en este momento de la Cámara de Casación Penal, que debe resolver algunos recursos interpuestos. No debe olvidarse que Lona está siendo investigado también por las irregularidades cometidas en otros procesos similares. “Por último, aunque no por ello menos importante, aún debe localizarse el cuerpo de Miguel Ragone. Una de las cosas más horrendas de la desaparición forzada es que el dolor es inflingido no sólo en la víctima sino en sus familias, que no pueden recuperar el cuerpo de su ser querido y hacer el duelo correspondiente. Así, la herida permanece abierta. Argentina, de todas las dictaduras latinoamericanas de la época, es la que más ha utilizado este sistema según han afirmado miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense. “Como se ve, más allá de celebrar el inicio del juicio, la visión no debe ser en absoluto conformista. “Mucho queda por hacer alrededor del caso de Miguel Ragone en particular y en los juicios de la jurisdicción Salta en general. Esperamos para luego de este juicio el inicio de otros aún más significativos -conforme los planes de trabajo elaborados por la Procuración General de la Nación- como el que involucra a los militantes de la UNSa que fueran perseguidos y desaparecidos durante ese trágico período. “Más allá de esto, el inicio del juicio (algo que muchos no esperaban que ocurriera) es un mojón más en la lucha contra la impunidad en Salta y, en definitiva, en el país. Debe quedar claro que si bien durante muchos años la impunidad tuvo lugares donde refugiarse (primero en el sistema que los propios perpetradores instauraron –clandestinidad, destrucción de pruebas–, luego en las normas que la consagraron y, posteriormente, en las dificultades planteadas desde el sistema para avanzar con la celeridad y férrea decisión que estos casos merecen), cada vez le quedan menos. Y el compromiso es detectar los obstáculos que aún quedan y removerlos, uno por uno. “Esto es un camino sin retorno.”
OPINIÓN
La cultura es la memoria ELOY LÓPEZ* Siempre escucho decir a los más viejos que “todo tiempo pasado siempre fue mejor”. Y esto se ha instalado en el pensamiento popular como una creencia casi cierta. Quiero poner en crisis esa frase. Los que indican este tiempo pasado mejor, a que se refieren: ¿a lo económico?, ¿a lo deportivo?, ¿a lo político?, ¿a lo ambiental?, ¿a lo cultural? Porque nuestro país viene atravesando diversas historias de las buenas y las no tanto. Casi siempre, en las escuelas, en los programas de televisión y en las radios, nos contaron solo una parte de esa historia: esa parte que, por lo general, hace que una gran parte de nuestro pueblo sienta la desazón de la larga espera, de la no oportunidad y de la injusticia para acceder a los cotidianos y naturales derechos de poder vivir bien. Sí, vivir bien, como los que se apoderaron de los espacios de decisión estructural y pretender manejarte la vida y perseguirte porque tus ideas, tu forma de vestir, tu apellido, tu color de piel y tu procedencia son desafortunadas, desubicadas y hasta peligrosas para esta sociedad. Esta discriminación está tan naturalizada para unos y para otros que, en ese supuesto “tiempo pasado mejor” y partiendo exactamente de marzo del año 1976, el inicio de una larga noche de horror, hasta casi nuestros días, se planificó el silenciamiento de ideas y de la cultura de la alegría, de la integración regional, de la unidad latinoamericana, de la reforma agraria, de las universidades obreras, de la música popular, de la comunicación horizontal y de tantas otras cosas ideales y casi inocentes.
se planificó el silenciamiento de ideas, de la cultura de la alegría y de la integración regional... Pero para entender esto, es necesario que los trabajadores y los jóvenes conozcan nuestra historia. Este tiempo en el que estamos es un tiempo para opinar, para decir y para hacer de nuestros símbolos culturales una forma de ser en este Norte tan fuerte y tozudo de cultura ancestral. Para no ser un pedazo de brutalidad desinformada como algunos que creen decidir unas cosas por otras; pero que, bajo su piedra, la flor emergente, tierna y eterna va a darles su propio escándalo. * Artista popular otrosterritorios / 7
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SU GOBIERNO, SU PROYECTO
Una mancha de sangre y un zapato Emprendió acciones para entregar la tierra a campesinos e indígenas. Planteó crear una industria provincial; impulsó un seguro de salud universal. Echó a los policías represores. Se ganó el odio de la derecha, que persiguió a todo su gabinete.
OLIVIO RÍOS, MIGUEL RAGONE Y SPANGENBER Son casi las 8 de la mañana del 11 de marzo de 1976 y en la calle Del Milagro no quedan más que una mancha de sangre y un zapato, los restos del ataque a Miguel Ragone. La curiosidad ha comenzado a vencer el miedo y ya hay un pequeño remolino de gente cuya mirada va del mocasín marrón al cuerpo de Santiago Arredes, en la esquina con el pasaje Saravia. Una mancha de sangre y un zapato, un automóvil
ensangrentando y otro zapato, otro automóvil con sangre arrojado a un precipicio. Instantáneas del secuestro. No son lo único queda del ex gobernador, como lo verán sus asesinos años después. Ahora mismo. Los años están demostrando que es imposible matar las ideas. Y Ragone prevalece sobre sus asesinos. Es el único gobernador constitucional secuestrado y
desaparecido por la represión estatal y paraestatal iniciada en la década del 70. También es el primer gobernador salteño que pensó en entregar títulos de tierras a las comunidades aborígenes, y que inició un trabajo con los campesinos. Los testimonios de la época muestran que el sino de la gestión de Ragone, de poco más de año y medio, fue la dificultad para conformar a la derecha y a la izquierda peronista. Durante su breve gobierno (asumió el 11 de marzo de 1973 y fue intervenido en noviembre de 1974) encargó un diagnóstico de los pueblos originarios, luego visitó algunas comunidades –con lo que se constituyó en el primer gobernador en llegar hasta esos lugares– e intentó poner en práctica acciones para sacarlos de la extrema pobreza. “Ragone tenía dentro de su plataforma política propuestas bastante radicales sobre los pueblos originarios y las tierras, pero cuando llega a gobierno no lo cumple. Tal vez lo podría
“...también regionalmente debemos liberarnos e independizarnos, sabiendo que en Salta hay hombres que trabajan y hombres que viven del trabajo de los demás.” 8 / otrosterritorios
haber hecho si hubiera tenido más tiempo. Él planteaba que se esperara. Él manifestaba la presión” que recibía de algunos sectores, recordó un testigo de la época, Armando Jaime, integrante del Frente Revolucionario Peronista (FRP), que decidió no integrar su gabinete. Ragone llegó a la gobernación acompañando la fórmula presidencial de Héctor José Campora . En su plataforma electoral había ratificado su adhesión a las “Pautas programáticas para la reconstrucción nacional”, dadas por Cámpora en enero de 1973, un plan de gobierno popular que, entre otras acciones, postulaba que los medios de producción debían estar “en manos de la clase trabajadora”. El 25 de mayo de 1973, en la asamblea legislativa de asunción, rescató el pronunciamiento del peronismo “por la liberación rechazando la dependencia”. Para él, todos comprendían “de qué y de quienes debemos liberarnos”. E iba más lejos: “Si nuestro pensamiento se asocia de inmediato a los grandes imperialismos, es necesario comprender que también regionalmente debemos liberarnos e independizarnos, sabiendo que en Salta hay hombres que trabajan y hombres que
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...había prometido “no descansar” hasta que los desposeídos tuvieran “atención médica completa y medicamentos gratuitos... tanto ricos como pobres deben poseer idénticas posibilidades de curarse”. viven del trabajo de los demás”. Aunque al final resultara escaso lo que pudo hacer, queda claro que la orientación del gobierno de Ragone disgustó a algunos sectores de la provincia y el país, sobre todo al ala derecha del peronismo. Su propio compañero de fórmula, el vicegobernador Olivio Ríos, proveniente del ala derecha, representaba a esos descontentos por la cercanía del gobernador con sectores del peronismo revolucionario. Entre sus acciones de gobierno Ragone otorgaba importancia al área de Trabajo, para “defender los intereses de los obreros”; en bienestar social, había prometido “no descansar” hasta que los desposeídos tuvieran “atención médica completa y medicamentos gratuitos” en la convicción de que “tanto ricos como pobres son igualmente sensibles y la enfermedad y deben poseer idénticas posibilidades de curarse”. En economía, criticaba “la deformación colonialista impuesta por los
centros mundiales de poder” y aspiraba (y tomó medidas en tal sentido) a que la producción agropecuaria y minera saliera con valor agregado. Un hombre de su confianza, y que fue su ministro de Economía, y luego biógrafo, Jesús Pérez, recuerda que Ragone pretendía llevar a cabo una reforma agraria, pero se topó con el rechazo de los grandes empresarios reunidos en la Confederación General Económica (CGE), y de los terratenientes. Está claro que esta y otras acciones del gobernador, que tendían a beneficiar a los sectores más desprotegidos, le granjearon fuertes enemigos. Las acciones de Ragone fueron interrumpidas por la intervención, el 23 de noviembre de 1974, a cargo de José Alejandro Mosquera. A juzgar por la suerte corrida por el propio Ragone y gran parte de quienes ocuparon cargos públicos durante su gobierno, el odio de la derecha, y de los represores, los alcanzó hasta quitarles la vida u obligarlos a abandonar el país.
El hombre que fue Miguel Ragone nació en Tucumán, en una familia numerosa de inmigrantes napolitanos. Recién recibido de médico, se inició en la función pública en 1946, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, acompañando la gestión del médico sanitarista Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud que tuvo la Nación. En Salta, Ragone fue el primer director del Hospital Neurosiquiátrico. En el peronismo militó junto a otros dirigentes progresistas, como Tomás Ryan y el ex gobernador Carlos Xamena. En 1973, con la Lista Verde, opositora al ala conservadora del peronismo, fue nominado candidato a gobernador por el Partido Justicialista. El 11 de marzo de 1973 se impuso por más del 57 por ciento de los votos. Ningún otro gobernador llegó con tanta adhesión. Su austera gestión fue interrumpida en noviembre de 1974 por una intervención ordenada por el gobierno de Isabel Martínez de Perón.
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judiciales / cooperadoras asistenciales
EL JUICIO SE HARÍA DESPUÉS DE LA FERIA JUDICIAL
Doce años no son nada En 1997 tres intendentes, y otros funcionarios, se apoderaron de recursos destinados a la asistencia social. La investigación fue demorada por sucesivos recursos. El juicio oral y público contra los intendentes Rubén Corimayo (Cerrillos) y Sergio Omar Ramos (Rosario de Lerma) acusados, junto al ex intendente Jesús Guaymás (Campo Quijano) de quedarse con fondos de las cooperadoras asistenciales se llevaría a cabo luego de la feria judicial de julio, informó una fuente judicial. Ya pasaron 14 años de la comisión de los hechos y 12 del inicio de la investigación. Mientras se espera el debate, la causa derivó en estos días por otros vericuetos: el juez que la instruyó en su última parte, Martín Pérez, afronta un pedido de jury de enjuiciamiento por su participación en este proceso. El Tribunal de Enjuiciamiento se reunirá el martes próximo para determinar si el pedido de juicio político cumple con los requisitos formales, un paso previo imprescindible antes de analizar su contenido. El pedido de jury fue presentado por un vecino de Rosario de Lerma, Miguel Ángel Martínez Saravia, quien acusó al juez Pérez de haber incurrido en “retardo de justicia, mal desempeño en el ejercicio de sus
funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo” y pidió su destitución. Sin embargo, por los trascendidos que se han conocido en los Tribunales, es poco probable que la denuncia pase el cedazo del control formal, porque contendría errores insalvables. El enojo de Martínez Saravia, que en declaraciones públicas acusó al intendente Ramos de tener “las manos manchadas de sangre, (porque) ha robado a los pobres” y a pesar de ello “está libre bajo fianza y en ningún momento ha dejado de robar”, es similar al que expresan cada tanto los vecinos de Cerrillos, que tienen como intendente a Corimayo. De todos modos, el proceso del jury no tiene vinculación formal con la causa penal, que ya está radicada en la Cámara Primera en lo Criminal de esta ciudad, cuyos jueces, Héctor Alavila, Abel Fleming y Carlos Nieva, deben fijar la fecha de inicio del juicio oral y público. La fuente dijo que “será este año”, pero luego de la feria judicial de julio. La causa fue elevada a juicio por Pérez hace ya
ya pasaron 14 años de la comisión de los hechos y 12 del inicio de la investigación 10 / otrosterritorios
RUBEN CORIMAYO cuatro años. Pero, igual que durante la primera parte de la instrucción, sucesivos recursos la demoraron también en esta instancia. Entre tantas jugadas realizadas por las defensas, tras demorar el trámite con sucesivos recursos, plantearon que la acusación había prescripto por el paso del tiempo. El juez rechazó el planteo en mayo del año pasado. Dos intendentes, un ex intendente y otros ex funcionarios integran el lote de diez procesados por fraude a la administración pública. Las distintas causas fueron acumuladas al expediente 79.316/99. Ya en septiembre de 2005 el fiscal Justo Vaca pidió que fuera enviada a juicio. Corimayo está procesado por fraude a la administración pública en concurso real con peculado (por la desaparición de unos 700 mil pesos) y por libramiento de cheques a
sabiendas de que no iban a poder ser cobrados. Además de los intendentes, están acusados el propietario de la finaciera Finanfácil, Enrique Bianchi, el ex intendente Guaymás, la ex funcionaria de Rentas Ana Acosta de Díaz, y Pedro Gallardo, Eva Josefina Ferraro de Gallardo, Narciso Cortes Geréz, Julio Velardez y Manuel Pío Coronel. Los delitos se cometieron entre enero y agosto de 1997, en la Dirección General de Rentas (que envía el dinero a las Cooperadoras) y en las municipalidades de Campo Quijano, Cerrillos y Rosario de Lerma, mediante operatorias financieras en las que tuvo activa participación la firma Finanfácil. Los jefes comunales “sustrajeron en beneficio propio y de los terceros involucrados, los fondos que irregularmente recibieran (por sobregiros realizados por Acosta de Díaz) las Cooperadoras Asistenciales a su cargo”.
judiciales / pueblos originarios / niñez
DENUNCIAN VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A NIÑAS WICHÍ
Malas costumbres En febrero pasado una chica de catorce años fue abusada por criollos adultos. Tras la denuncia, la niña y su madre sufrieron amenazas y presiones. El coordinador de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, Francisco Pérez, denunció que las violaciones de niñas y adolescentes wichi son habituales en la zona de Santa Victoria Este, cabecera del departamento Rivadavia. Pérez hizo estas afirmaciones al referirse al caso de la nena de 14 años que a finales de febrero último fuera víctima de una violación por parte de criollos adultos. El líder wichí, que acompañó a la madre de la niña desde el primer momento, contó que hace unos años fue víctima de una violación una hermana de la actual víctima. Recordó que ese caso nunca se esclareció y que al final la adolescente murió porque alguien le hizo beber cerveza con vidrio picado. Añadió que el año pasado una nieta suya, que reside en Misión La Paz, fue violada también. El acusado estuvo detenido pero luego fue liberado y creen que nunca recibió una condena. Y hace tres años fue violada otra nena. Pérez sostuvo que “ninguno” de estos hechos
“tuvo justicia”, y que en todos los casos los acusados eran hombres criollos. Pérez habló de una “costumbre” de violar niñas wichí. Dijo que hay muchos casos que se conocen en las comunidades y muchos más que nunca llegan a saberse porque “generalmente las chicas wichi no hablan”. “Nosotros los wichí somos muy débiles”, dijo para explicar por qué guardan silencio sobre estas agresiones. Y añadió que en el pueblo wichi no existe la “costumbre” de la violación: “Consideramos que la mujer es nuestra madre por eso hay que respetarla”, dijo. En la históricamente difícil relación entre criollos e indígenas, el abuso de las mujeres, niñas y adultas, de las comunidades ha sido una constante. Lo que parece haber cambiado es que ahora algunas se animan a denunciar. Es lo que hizo la madre de la chica violada en febrero pasado en Santa Victoria Este. Pero luego tuvo que soportar presiones y amenazas para que desistiera en su pretensión de que se investigue este hecho.
Pérez contó que parientes de los acusados le ofrecieron dinero a la madre de la niña exigiéndole que levantara la denuncia policial que había presentado el 19 de febrero en la Comisaría de Santa Victoria. Las presiones llegaron al punto de que familiares de dos de los detenidos denunciaron al a Pérez, al que acusaron de calumnias e injurias luego de recriminarle que estuviera acompañando el reclamo de las mujeres. Allegados a las víctimas dijeron que las presiones también aplicaron a testigos y otros parientes de la niña, y que esta sería la razón por la que algunos testigos cambiaron sus versiones. Cuatro hombres fueron señalados por la niña como los autores del hecho. La investigación sigue a cargo del juez Fernando Mariscal Astigueta, subrogante en el Juzgado de Instrucción Formal de 1º Nominación de Tartagal, quien apartó a los policías de Santa Victoria Este. otrosterritorios / 11
derechos humanos hoy / tierras y preexistencia
PUEBLOS ORIGINARIOS
Tierra para los montaraces La justicia sentó un precedente al ordenar que se delimiten tierras de comunidades wichí. Pero falta aún un trámite por el título de propiedad. El Traslado, Zopota y El E s c r i t o , comunidades del pueblo wichi, que hasta hace poco no mantenían contacto con los criollos, obtuvieron un fallo favorable de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que a principios de este mes ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades”, y que lo haga “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se considera que la decisión de la Cámara salteña sentó un precedente “importante” en el camino del reconocimiento de los pueblos preexistentes. La decisión favorable de la justicia llegó cinco años después de iniciado un amparo presentado por las comunidades en 2006, con la ayuda de
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técnicos de organizaciones que trabajan con los pueblos originarios y del abogado Matías Duarte. Las familias que integran El Traslado, Zopota y El Escrito recurrieron al Poder Judicial como última alternativa para evitar que el avance de cuatro empresas agrícolas, los dejara sin sus montes y los recursos que de él obtienen. La Cámara Federal impuso un plazo de 90 días hábiles para que el Estado haga la delimitación territorial. La decisión judicial, que firman los jueces Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutaif Ranea y Jorge Luis Villada, fue muy bien recibida, a pesar de que en los cinco años de proceso se perdieron gran parte de los recursos que se intentaba proteger. La Cámara revocó un fallo del juez Raúl Reynoso, del Juzgado Federal de Orán, que había decidido en contra de la petición de demarcación, delimitación y otorgamiento del título de propiedad sobre el territorio que las comunidades ocupan y usan en el departamento San Martín, a 70 kilómetros de Tartagal, casi en el límite con el departamento Rivadavia.
La Cámara hizo lugar al pedido de demarcación y delimitación, pero dispuso que para la titularización se haga otro proceso judicial en el que se analice con mayor profundidad si existen otras personas con derecho a las tierras comprendidas en el territorio. De hecho, hay empresarios que ostentan títulos de propiedad sobre estas tierras, son precisamente los que empezaron a desmontar y dejaron sin recursos a las familias de El Traslado, Zopota y El Escrito. Las comunidades ya anunciaron que apelarán este punto, una cuestión que terminará siendo dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los camaristas consideraron que quedó probado que se trata de “comunidades indígenas preexistentes”, igual que “la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”. Y que la omisión, por parte del Estado, de materializar estos derechos les provocó un perjuicio. Para llegar a esta conclusión se basaron en informes de la Inspección
derechos humanos hoy / tierras y preexistencia
las comunidades nunca dejaron de resistir los desmontes que realizaban las fincas El Álamo, Quebracho Colorado y Guamache General de Personas Jurídicas y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se tuvo en cuenta el aporte de Ana Alvarez y Claudia Lungu, de la Fundación Asociana, y de los antropólogos Catalina Buliubasich y Héctor Rodríguez. Los desmontes afectaron a más de 60 familias, unas 250 personas. Junto con los alambrados les impiden el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua. Los jueces también tuvieron en cuenta que la situación desencadenó “conflictos locales” y los líderes de las comunidades fueron denunciados por quienes tienen títulos registrados. De hecho, mientras esperaban el pronunciamiento de la justicia, las comunidades nunca dejaron de resistir los desmontes que realizaban la finca El Alamo, Quebracho Colorado y Guamache. Pusieron el cuerpo para parar las topadoras, pero también hicieron denuncias ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el INADI, la Secretaría de Ambiente de la Provincia y la Policía salteña. Y en febrero de 2009 las tres c o m u n i d a d e s acompañaron, junto a la Mesa de Tierras de Salta, el recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema de la Nación pidiendo que se suspendieran los desmontes en cuatro departamentos de la provincia. Esta demanda obtuvo un fallo favorable, pero en la práctica los desmontes en la zona siguieron.
Precedente Los pueblos originarios salteños, y los técnicos y voluntarios que trabajan con ellos, se esperanzan en que el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones siente un precedente que ayude a avanzar en la regularización de la propiedad de los territorios ancestrales. “Esperamos que sí, que (el fallo) sea de utilidad para muchas comunidades, porque hay otras provincias en las que ni siquiera se ha implementado esa ley (26.160, que ordena un relevamiento de la propiedad comunitaria indígena) y muchas en las cuales este trabajo viene bastante retrasado o con problemas, lo cual es una amenaza constante para las comunidades”, sostuvo Ana Alvarez en declaraciones a la prensa.
Consideró que este fallo “sienta un precedente importante porque ya está reconociendo primero los daños que los desmontes han producido a la vida de las comunidades. Se habla de cuestiones alimenticias y de otros tantos derechos que por haber tenido el Estado esta falencia, la gente, las familias de las comunidades han sufrido” La sentencia de la Cámara también se basa en los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT, que “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.
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derechos humanos hoy / arte contra la discriminación
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convivencia feliz Los artistas plásticos de Salta empiezan a pensar su rol y a proponer otras formas de vínculos con las personas. Un graffiti racista es el puntapié para una convocatoria. Desde hace un tiempo el arte en Salta viene generando distintos tipos de actividades que se suman a la vida cultural de la provincia, que no hacen más que testificar que la pintura está viva y que sus actores son herederos de un pasado rico en cuanto a la producción. “Estamos en un momento de expansión, donde los artistas expresamos nuestra necesidad de abrir caminos”, comenta Mariela Buccianti. Las razones son varias, el público en Salta es muy receptivo pero a la vez se concentra específicamente en un circuito; los hábitos de asistir a diferentes lugares y propuestas se repiten y, si bien hay gente muy curiosa, cada ámbito cuenta con su público, que por alguna razón es inamovible. “Desde Fedro (Galería de Arte) pensamos en esto como desafío, no solo para expandir
las producciones de los artistas sino para recuperar el diálogo con las personas que se interesan en su obra, y que se encuentran desarrollando otras actividades”, agrega Mariela. Es real que los espacios cerrados, sean museos o galerías, generan un tipo de visitante. Pero no es así con el espacio urbano, que posibilita otras miradas y otros cruces, anónimos pero activos. Desde este año, la galería Fedro tuvo la posibilidad de trabajar en conjunto con otros ámbitos: la radio. Allí la propuesta fue generar un espacio en un medio masivo para hablar de arte y de lo que sucede en el campo de las artes visuales en Salta. “Allí fuimos y nos encontramos con personas muy dispuestas a saber qué características tiene este ámbito; lo que nos llevó a
difundir no solo actividades sino intereses y características, mientras en un diálogo ameno se entrecruzaban distintas curiosidades y preguntas”, comenta Buccianti. “Es así que pudimos desarrollar, distintos temas: espacios independientes, arte y dictadura, arte mural, artistas referentes, artistas actuales, gestiones mixtas entre el Estado y artistas, entre otros temas”. A partir de este espacio, surgieron muchas iniciativas, que demuestran que al buscar –con otros y en otros– se pueden lograr articulaciones muy potentes y rizomáticas. Mural por la diversidad “El miércoles 30 de marzo, recibimos en el programa de radio una denuncia sobre un graffiti que discriminaba a una comunidad inmigrante,
puntualmente a nuestros hermanos bolivianos, en la pared del edificio de Migraciones”, cuenta la artista plástica. Esto generó muchas ganas de hacer algo, y se manifestó que podían hacerlo participando como ciudadanos y como artistas en pintar un mural para modificar esta situación. Hoy se llevará a cabo esta actividad en el marco de una “feliz convivencia entre gente que se fue sumando a partir de las redes sociales, donando pintura, lijando la pared, brindando su tiempo y respaldo a esta idea”. El mural se realizará a partir de las 10 de la mañana en Maipú entre Caseros y España. No solo será un encuentro de voluntades en contra de la discriminación sino una respuesta de participación civil.
MURAL POR LA DIVERSIDAD Hoy, domingo 3 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en Maipú entre Caseros y España. ¡Te esperamos! No te olvides tu pincel y un mate para compartir la alegría de la diferencia y de la vida.
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derechos humanos hoy / presentación de libros
EDUARDO ROSENVAIG EN SALTA
Recuerdos y luces
LUCRECIA BARQUET
Memoria del horror
La represión en Salta 1970-1983 Testimonios y documentos Lucrecia Barquet y Raquel Adet Editorial de la Universidad Nacional de Salta 538 páginas
Menos que un recuerdo Eduardo Rosenvaig Cartago ediciones 176 páginas En el marco de las actividades por el Día Nacional de la memoria, por la verdad y la justicia, en la ciudad de Salta se presentaron dos libros de Eduardo Rosenvaig. La actividad, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Salta, se realizó el día 30 de marzo en el centro cultural “Holver Martínez Borelli”. El escritor y docente de la Universidad Nacional de Tucumán viajó a nuestra ciudad para compartir con los presentes sus libros Menos que un recuerdo y Tantas claridades para prender una luz. En el panel de presentación participaron Zulma Palermo y Teresa Leonardi. Carlos Delgado
realizó una lectura de textos seleccionados. El autor tiene una destacada trayectoria académica y también de producción literaria. Es autor de más de cuarenta libros y ha sido considerado por la Universidad de Cambridge como uno de los dos mil intelectuales sobresalientes del siglo XXI. Menos que un recuerdo Ni cuentos ni crónicas. Relatos que ayudan a tropezar con una realidad cotidiana que no termina de amanecer, según dice Raúl Serrano en la contratapa. Cincuenta y ocho textos que evocan recuerdos, historias, broncas, miedos, complicidades e identidades. Una invitación para leer desde y sobre nosotros.
El viernes último, en el Centro Cultural Holver Martínez Borelli de la Universidad Nacional de Salta, se presentó la reedición ampliada del libro La represión en Salta, 19701983, testimonios y documentos, una obra de Lucrecia Barquet y Raquel Adet que recoge testimonios y documentos sobre las víctimas en Salta de la última dictadura cívico-militar. La primera edición, realizada en 2004, se agotó rápidamente. La segunda edición, a cargo de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, en la que se han agregado más documentos y testimonios, fue posible gracias a un convenio con la Editorial de la Universidad Nacional de Salta (EUNSa).
Para esta reedición ya no estuvo el aporte directo de una de las más recordadas luchadoras por los derechos humanos: Lucrecia Barquet, que junto a Marta Pérez y Coca Gallardo iniciaron la recopilación de casos, aún durante el gobierno militar. El viernes esta acción valiente fue recordada por Nora Leonard, presidenta de la Asociación Lucrecia Barquet. Leonard eligió un texto de Barquet para recordar las convicciones, la lucha y las esperanzas en esos años de represión. También participaron de la presentación la poeta Teresa Leonardi, el profesor Fernando Tilca y el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Salta, Rubén Correa.
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Los alegres colores del cambio por Eduardo Galeano 1975 Salta. Como en un cuadro del venezolano Vargas, en la provincia argentina de Salta los autos patrulleros de la policía fueron pintados de amarillo y naranja. En vez de sirena llevaban música y en vez de presos llevaban niños: los patrulleros andaban llenos de niños que iban y venían desde los ranchos lejanos a las escuelas de la ciudad. Las celdas de castigo y las cámaras de tortura fueron demolidas. Desapareció la policía de los partidos de fútbol y marcharon presos los torturadores, oficiales especializados en romper huesos a martillazos. Los perros policiales, que habían sido el terror de la población, pasaron a dar funciones de acrobacia para divertir a los barrios pobres. Esto ocurrió hace un par de años, cuando Rubén Fortuny fue jefe de policía de Salta. Poco duró Fortuny. Mientras él hacía lo que hacía, otros hombres como él estaban cometiendo locuras parecidas en toda la Argentina y el país entero andaba eufórico y abrazador. Triste epílogo del gobierno peronista: ha muerto Perón, que había recuperado el poder, y tras su muerte los verdugos vuelven a gozar de libertad y empleo. A Fortuny lo matan de un balazo a la altura del corazón. Después secuestran al gobernador que lo había designado, Miguel Ragone. De Ragone no dejan más que una mancha de sangre y un zapato. *del libro Memoria del fuego, El siglo del viento, de Eduardo Galeano