Julio - Agosto de 2019 CONTEXTO No. 72
ESTE TIEMPO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
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Magnitudes y detalles de la desaparición forzada
CUANDO EL ACTO MÁS VIOLENTO ES NO DEJAR HUELLA Juliana Echeverry Serna / juliana.echeverry@upb.edu.co Angélica Sosa Ospina / angelica.sosa@upb.edu.co
Desde 1938 hasta el 9 de abril del 2019, en Medicina Legal se registraron 144 714 personas desaparecidas en todo el país, de las cuales, 114 811 aún están sin clasificar. No se sabe si fue desaparición forzada, reclutamiento ilícito, secuestro, trata de personas o desaparición por desastre natural. El Estado no reconoce todas las denuncias. Por esto, las cifras no incluyen a todas las víctimas. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que consiste en privar de la libertad a una persona , luego se elimina toda información sobre su paradero y su condición, para evitar la acción de la ley sobre los hechos. En Colombia, este crimen ha sido ejecutado por guerrillas, paramilitares, bandas criminales y el Estado mismo. Existen dos formas de registro de víctimas: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RND) y el Registro Único de Víctimas (RUV). En nuestro país, el Estado implementa la reparación económica y la psicológica, pero también, se habla de reparación simbólica y moral. El doctor Luis Antonio Ramírez Zuluaga, investigador de la Universidad de Antioquia, dijo que: “Hay un daño moral en la medida que se afectan los lazos y los sentimientos que me permiten vivir con otros, convivir. Entonces, hablar de una reparación moral implica recomponer lo que hace posible actuar con otros”. Para Cathalina Sánchez, directora del Museo Casa de la Memoria, “la reparación simbólica es aquella que no puede devolver las cosas al estadio anterior, entonces supone expresiones artísticas, culturales, intelectuales o conmemorativas; eso es lo que verdaderamente va aportando a esa reparación”. La desaparición forzada ha sido utilizada como arma de guerra para eliminar a cualquiera que supone una amenaza, para obtener información o generar miedo. De cierta forma, el fenómeno comenzó a ser percibido fuertemente por la población desde la guerra bipartidista, pero, en ese entonces, el Estado no contaba con un ente para registrar o denunciar adecuadamente el crimen. Fue solo hasta el año 2000, cuando la desaparición forzada entró en el marco jurídico del país.
Orlinda Mesa es una de las participantes más activas en las organizaciones de víctimas de la desaparición en Medellín. Foto: Juliana Echeverry.
La primera gran oleada de desaparecidos, que generó un movimiento social fuerte en la ciudad de Medellín, fue durante los 90, cuando, por ejemplo, el 17 de marzo de 1999 se hizo “La marcha del no más”. La segunda gran oleada fue durante el 2000. En la actualidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2016 fueron registrados 264 desaparecidos en Medellín; en 2017, 297; en 2018, 297; y hasta el 1 de abril del 2019, 63. Amparo Mejía pertenece a las Madres de La Candelaria, una organización que nació hace 20 años, para que la memoria de los desaparecidos no quedara solo como una estadística y ponerles una voz. A Amparo le secuestraron y, posteriormente, le desaparecieron un hermano de crianza, que era militar, en medio de una pesca milagrosa hecha por las FARC en los años 90. Su familiar fue liberado, pero perdió tres primos hermanos en el conflicto con los paramilitares y aún no sabe dónde están sus cuerpos. Para Mejía, la situación “se convirtió en una obsesión, pues buscaba estar a la hora de la recuperación de cuerpos, para así evitar que la memoria se perdiera y poder encontrar los restos de mis primos”, cuenta. Por otro lado, el movimiento “Madres de La Candelaria” se aleja de otras organizaciones de víctimas del país, debido a que no va tras la indemnización económica, dicen que “el dinero no les devuelve lo que perdieron con años de cautiverio, resentimiento y desconfianza”. Los miembros del colectivo acompañan todo el proceso de búsqueda de la verdad y de la no repetición, además, hacen talleres de entrenamiento para la no violencia y realizan acompañamiento psicosocial a las víctimas. A Luz Mery Jaramillo le desaparecieron su esposo, Julián Emilio Cardona, ingeniero de la constructora Odebrecht, a quien mandaron a reunirse con el paramilitar Roque Isaza, comandante que se encargaba de cobrar una “vacuna” de 30 millones de pesos a la empresa. Después de muchos años, Isaza reconoció haber ordenado el asesinato de Julián, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Luz Mery también pertenece a las “Madres de La Candelaria” y al grupo de teatro “Desde Adentro”. Con la obra Historias fragmentadas de una misma realidad, cada una de las actrices representa su situación y su victimización. Así mismo, también realizaron un video sobre la reconciliación, con dos excomba-
Desde el centro cultural Casa Loma David Bermúdez (izq.) y Santiago Aguirre (der.) promueven la recuperación del tejido social mediante el arte, el deporte y la sana convivencia. Foto: Juliana Echeverry.
Desde 1999, Amparo Mejía, apoya grupos de mujeres en proyectos que promueven la reparación moral durante el proceso de duelo. Foto: Juliana Echeverry.
tientes de las FARC y un desmovilizado de las AUC. “El problema de Colombia ha sido que no sabemos negociar y que hay unos intereses muy particulares que quieren la guerra, yo no quiero la guerra”, afirma Velásquez. Orlinda Mesa trabaja para el Museo Casa de la Memoria, en el equipo de mediación y dirige el costurero abierto, donde diversas mujeres se reúnen y tejen, literalmente, su historia. Uno de sus hijos fue desaparecido por el Ejército, tras ser engañado por un amigo de la familia para ir a un pueblo. “Yo estuve con varios sicólogos y me ayudaron a salir de tanto rencor que yo tengo contra el Ejército. Es muy importante estar con gente nueva y con el mismo problema”, narra Mesa. Luego de lo sucedido, Orlinda buscó ayuda psicosocial y realizó varios talleres de costura como La vida que se teje, en el año 2013. Allí, Mesa
contó su historia. Su trabajo ha sido presentado en diversos espacios, como el Museo de Antioquia. Una pieza artística de su cuerpo embarazado con un cartel que dice: “No parí hijos para la guerra” fue presentada en la exposición Ilacu, que se ha exhibido en México y España. Las diferentes formas en que las familias enfrentan la situación, buscan y presionan al Estado para que les digan la verdad y les entreguen los cuerpos, los lleva a crear grupos y organizaciones, en las que buscan sanar y ayudar a otras personas. La falta de restos e información sobre las víctimas complica cualquier reparación. Sin embargo, estas personas no se rinden frente a las dificultades. Por el contrario, se hacen escuchar por medio de diferentes formas de relatar. Su persistencia es prueba de que el problema no es la existencia de los conflictos, sino, cómo se ignora a los afectados.
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