Boletin 21 Gobernabilidad Local y Descentralizacion

Centro Regional LAC

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La reunión más grande de Naciones Unidas es ahora historia. El 22 de Junio, el último día de la Conferencia, representantes de más de 180 gobiernos aprobaron el documento resultado de la Conferencia titulado “El Futuro que Queremos.” Si alguien lee el documento, claramente éste es la reafirmación de los principios claves y acuerdos realizados en el 1992. Por ejemplo, un compromiso con el desarrollo sustentable, que coloca a las personas, la equidad y la inclusión en el centro de este esfuerzo; el reconocimiento que erradicar la pobreza es el desafío global más grande que enfrenta el mundo hoy en día y una condición sine qua non para el desarrollo sustentable; re-enfatizando la importancia de la gobernabilidad democrática (derechos, libertades, equidad de género; estado de derecho) y reconociendo que el desarrollo sustentable puede ser logrado solo si diferentes esferas de

En esta Edición Perspectivas Reseñas Artículo – El Índice de Desempeño de Gobernabilidad y Administración Pública Provincial en Vietnam (PAPI) Evento - El Estado del Servicio Civil y sus Recursos Humanos en América Latina Sitio Web Temático Golstat Bienvenida Agenda

la política se vinculan y articulan efectivamente, así como el trabajo conjunto en alianza y sociedad entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. El documento de Río+20 es más explícito sobre el rol de los gobiernos sub-nacionales y la gobernabilidad en el desarrollo sustentable, así como sobre los temas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Ambos temas establecen las pautas que permiten la creación de un entorno de desarrollo sustentable, y resaltan la importancia de las instituciones en todos los niveles de gobierno y su capacidad de diseñar y articular políticas y generar acciones.

Esencialmente, la adopción del documento no sólo es consistente con los Principios de Rio, la Agenda 21 y el Plan de Implementación de Johannesburgo, si no que también amplia los objetivos en términos de mejorar y fortalecer el actual marco institucional de gobernabilidad. Está

claro, que sin una efectiva gobernabilidad, el desarrollo sustentable es inalcanzable.

Este fue el tema central expresado por Helen Clark, Administradora del PNUD, en el discurso que ella ofreció en el Instituto de Estudios de Asia Sur-Oriental (Institute of Southeast Asian Studies) en Marzo de este año en Singapur. La Administradora del PNUD destacó tres elementos del por qué la gobernabilidad hoy en día es esencial para el desarrollo sustentable. Primero, el gobierno en todos los niveles tiene que promover el desarrollo y la expansión de las oportunidades, a través de una planeación y prestación de servicios de forma deliberada, específica y proactiva.” Segundo, el desarrollo sustentable, y la capacidad de resistencia que este requiere, es un proceso multidimensional complejo Continúa en la siguiente página

que necesariamente involucra una gobernabilidad y gobierno efectivos.

Por consiguiente, como la Administradora del PNUD resaltó “los desafíos que los países enfrentan hoy, demandan políticas públicas que vean el crecimiento económico, reducción de la pobreza, desarrollo social, equidad y sostenibilidad, no como metas que compiten entre sí, para compensarse unas con otras, sino que son objetivos interconectados los cuales son mas efectivos de alcanzar en conjunto." Y tercero, los ciudadanos más que nunca necesitan sentirse significativamente compro-metidos con los gobiernos, informados sobre las políticas y tener la posibilidad de participar en las decisiones tomadas por los gobiernos y que afectan sus vidas. Por lo tanto, un gobierno transparente y que rinde cuentas es de gran importancia para el desarrollo sustentable, al igual que la existencia de instituciones independientes, que pueden mantener una vigilancia sobre el gobierno. Como la Administradora del PNUD ha destacado "instituciones justas, confiables y responsables construyen confianza entre las personas y el gobierno y estas instituciones deben estar libres de corrupción."

Así mismo, el documento central de Rio+20 hace un llamado de reforma

institucional para promover un desarrollo sustentable. Esto no significa más gobierno sino una gobernabilidad más efectiva. Este llamado no puede ser más relevante para la región de América Latina y el Caribe, la cual esta atravesando su período más prolongado de regímenes democráticos, una prosperidad y niveles de desarrollo humano sin precedentes. Ésta es la base para un desarrollo sustentable. Sin embargo, junto con el progreso también existe

una creciente frustración ciudadana por la persistente desigualdad de poder y riqueza, la creciente inseguridad ciudadana y la erosión del estado de derecho. La región no sólo sigue siendo la más desigual del mundo, sino que también muestra tres tendencias adicionales que pueden afectar directamente la capacidad de resistencia y el desarrollo sustentable. En primer lugar, la región sigue siendo altamente centralizada, a pesar de algunos progresos en la delegación y

desconcentración de algunas competencias a los gobiernos subnacionales; segundo, es la región mas urbanizada en el mundo; y tercero, a pesar de las impresionantes tendencias del desarrollo económico y la serie de actores en la lucha contra la corrupción, las herramientas y los marcos jurídicos; los indicadores de transparencia siguen siendo relativamente bajos en la región y la percepción de la corrupción sigue siendo alta.

En consecuencia una gobernabilidad más efectiva y con redición de cuentas hacia sus ciudadanos es necesaria en la región, no sólo para responder al Marco de Acción y Seguimiento de “El Futuro que Queremos”, sino también para manejar la transición hacia una región más transparente y descentralizada y para hacer frente a los desafíos de la creciente urbanización. Las aspiraciones de Rio+20 proveen la oportunidad para una mejor gobernabilidad tanto en los niveles nacionales como subnacionales, arraigados en los principios básicos de la transparencia y rendición de cuentas. Un crecimiento urbano centralizado, opaco y no planificado podría conducir a un futuro no sustentable y ésta no puede ser una opción. Rio+20 ha sentado las bases para una Continúa en la siguiente página

transformación a largo plazo y una reforma institucional, las cuales ofrecen una oportunidad para mejorar la capacidad de rendición de cuentas del gobierno desde abajo hacia arriba.

La generación de un enfoque integrado y estratégico para fortalecer la gobernabilidad subnacional será decisiva para responder a los retos ya emergentes y potenciales.

Por ejemplo, el crecimiento urbano no planificado y las densidades poblacionales de las ciudades y nuevos centros urbanos; fenómenos meteorológicos y naturales extremos que incluyen inundaciones, incendios y desastres naturales han agudizado aún más la conciencia en la comunidad para la planificación de un uso de la tierra más eficaz que minimice el riesgo; transporte público que soporte el tránsito rápido dentro de y entre los centros urbanos; apoyar un mejor diseño urbano, espacios abiertos y verdes con innovación e investigación, para edificios y construcciones que mejoren el bienestar; y oportunidades de desarrollo regional o de mancomunidades para aliviar la presión sobre las ciudades capitales y el gobierno nacional.

Sólo se puede cerrar la brecha de la implementación de desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe si se mejoran las capacidades de los gobiernos sub-nacionales. Por

ejemplo, capacidades claves en términos de identificar, gestionar y movilizar recursos y diseñar estrategias de inversión. Igualmente, las capacidades también son necesarias para asignar y distribuir recursos que garanticen la eficiencia, equidad y participación ciudadana. El desarrollo sustentable en el nivel subnacional también requiere instituciones más efectivas y adaptables en los sectores públicos y privados. Esto también requiere una planeación urbana innovadora y un mayor emprendimiento y una clara cooperación de todas las esferas del gobierno. Un nuevo diseño de la gobernabilidad necesita emerger a nivel de país, para tener mecanismos efectivos para articular una gobernabilidad multi-nivel. Hay un espacio político que es disfuncional en el ámbito sub-nacional, (municipalidades, distritos, y condados) de tal forma que la interacción directa con actores del gobierno nacional, y no actores subnacionales, debilita la gobernabilidad sub-nacional. Por eso el nivel intermedio de gobierno necesita ser fortalecido y/o donde es inexiste, se necesitan diseñar e implementar nuevos arreglos institucionales más efectivos. Esto puede tener un enorme potencial para promover los principios de desarrollo sustentable, pero a menudo no existen, o si existen, se caracterizan por unas estructuras de gobernabilidad superpuestas y fragmentadas. A este

nivel es importante desarrollar estrategias espaciales que promuevan una configuración de la infraestructura que maximice los beneficios y minimice la excesiva movilidad y uso de recursos.

El documento “El Futuro que Queremos” es también explícito en términos de la rendición de cuentas y la transparencia. La rendición de cuentas es vista como un fin y medio para un amplio número de actores, como gobiernos, sector privado/ empresarial, el sector no gubernamental, y aún donantes, incluyendo el sistema de Naciones Unidas. La transparencia es vista como un medio complementario y un fin, relacionada particularmente con el proceso de elaboración de las políticas, la participación ciudadana y la información financiera y presupuestaría.

Es imposible deshacer la cultura de la no rendición de cuentas con el golpe de una varita mágica.

El actual entramado institucional y sus interrelaciones o falta de ellas, no pueden ser cambiadas de la noche a la mañana.

Este proceso requiere liderazgo y un dedicado compromiso a largo plazo.

Lo que se necesita es un conjunto de medidas más drásticas implementadas gradualmente para comenzar a crear una cultura alternativa de rendición de cuentas que refine, refuerce y recompense los hábitos de rendición de cuentas.

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A diferencia de 1992, Rio +20 ofrece la oportunidad de hacer un balance y avanzar hacia una agenda para lograr el desarrollo sustentable. Entre los avances y retrocesos de los últimos 20 años, ésta fue una oportunidad para renovar los compromisos políticos y el respeto por los compromisos anteriores y construir sobre los principios de Río, la Agenda 21 y el Plan de Implementación de Johannesburgo.

Más allá de las múltiples demandas y la cobertura de los medios, el resultado del Río +20 ha inyectado un importante impulso al fortalecimiento de la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Y, francamente éste no puede ser sólo acerca del documento aprobado, las diferencias entre 1992 y 2012 o acerca de las diferentes reacciones frente al resultado. En última instancia, las acciones dicen más que las palabras. El desarrollo sustentable depende del liderazgo e iniciativas de los gobiernos, el sector privado, ONG, organizaciones académicas y educativas, y donantes trabajando juntos para fortalecer la gobernabilidad para el desarrollo sustentable. Ya hay muchas promesas y compromisos como resultado de la agenda de Rio +20. La iniciativa de

establece una serie de elementos para fortalecer la gobernabilidad sub-nacional y la rendición de cuentas. Ya ha habido algunas reacciones constructivas por parte de la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la UCLG, la declaración conjunta, y FOGAR. Energía Sustentable para Todos, es un ejemplo, de las promesas y compromisos que se hicieron para la economía verde, la reducción de desastres y para hacer frente a la desertificación. También se prometió plantar 100 millones de árboles al 2017, donde más de 7,000 escuelas en 150 países expresaron su interés en participar.

Los mayores compromisos vienen de las escuelas y universidades, con casi 250 promesas, muchas de ellas en especie, como programas académicos, campus ecológicos y reducción de la huella ecológica (para ver más compromisos, clic aquí).

El documento de Rio+20 también ofrece un número explícito de claves para fortalecer los gobiernos subnacionales. La sección E del documento, en los numerales 97 – 203,

Podría enviarse una mensaje fuerte, si en la región más compromisos y promesas se hacen e implementan para fortalecer el gobierno subnacional y la rendición de cuentas para el desarrollo sustentable.

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El Uso del Sistema Integrado de Administración Financiera como Instrumento de Transparencia y Control por la Sociedad BID Marzo 2012.

Desarrollo Sostenible y Gobiernos Sub-nacionales: ¿Más allá de Políticas Simbólicas?

Sander Happaerts Instituto de Investigación para el Trabajo y la Sociedad (HIVA), 2012.

Este estudio evaluó los sitios web de transparencia de los gobiernos de 18 países Latinoamericanos por medio de la búsqueda en Internet, con el propósito de identificar tres tipos de requisitos relacionados con: (i) la revelación del contenido de la gestión de las finanzas públicas, (ii) la disponibilidad de información histórica y oportuna; y (iii) su usabilidad y accesibilidad. Los resultados muestran una evolución positiva de la transparencia fiscal en la mayoría de los países evaluados. El estudio también introduce dos temas para la discusión, relacionados con la definición de estrategias de implementación de Portales de Transparencia de la Gestión Financiera Publica (GFP) en países con pocos recursos y con la calidad de información revelada.

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Este documento examina las políticas de desarrollo sostenible de los gobiernos sub-nacionales. En las últimas décadas varios gobiernos sub-nacionales han dado pasos concretos para institucionalizar el desarrollo sostenible. Este documento muestra que la mayoría de las políticas sub-nacionales se caracterizan por su simbolismo, lo que significa que tienen una alta eficacia política-estratégica, pero una baja eficacia en términos de impacto. Estas políticas simbólicas pueden explicarse por dos dinámicas. En primer lugar, en los gobiernos sub-nacionales falta una voluntad política para lograr cambios fundamentales en el desarrollo sostenible, aunque se percibe la necesidad de hacer algo al respecto. En segundo lugar, las políticas simbólicas son favorecidas por la ambición de los gobiernos sub-nacionales de cumplir con estándares internacionales. El documento tiene dos secciones, en la primera sección se presenta un análisis de estudios de caso comparativo de cinco gobiernos subnacionales: Quebec (Canadá), Flandes (Bélgica), la Valonia (Bélgica), la Renania del Norte-Westfalia (Alemania) y el norte de Holanda (Países Bajos). La segunda sección ofrece un marco conceptual de la política simbólica. Finalmente, el documento también mira hacia adelante al posible impacto de Rio+20 y los nuevos conceptos que la conferencia aprobaría, tales como la “economía verde.”

Vinculando la Discreción en la Toma de Decisiones y la Rendición de Cuentas de los Gobiernos Locales en la Descentralización Serdar Yilmaz, Yakup Beris y Rodrigo Serrano-Berthet.

Development Policy Review, Blackwell Publishing, 2010.

[Para descargar clic aquí] El artículo propone una metodología para analizar los vínculos entre la discreción y rendición de cuentas de los gobiernos locales desde las perspectivas tanto de la oferta (sector público), como de la demanda (sociales) en tres dimensiones: fiscal, política y administrativa. A partir del análisis de la literatura existente y tomando como ejemplo algunos casos del Asia y América Latina, se argumenta que la relación entre la discreción y rendición de cuentas local es más compleja que simplemente tener más rendición de cuentas como resultado automático de un aumento de la discreción en la toma de decisiones. Es más, cuando se está incrementando la asignación de recursos para servicios públicos y expandiendo las responsabilidades de los gobiernos locales para decidir sobre el uso de estos recursos, se requiere atención especial para mejorar y/o fortalecer la estructura de incentivos de la rendición de cuentas. De otra forma, los esfuerzos de descentralización probablemente no se traducirán a una gobernabilidad con más rendición de cuentas.

Mientras los procesos de descentralización se expanden en todo el mundo, con frecuencia se incrementa la autonomía y discreción de decisión de los gobiernos locales sin pensar profundamente en la estructura de incentivos de rendición de cuentas que son cruciales para obtener gobiernos más responsables y transparentes. Aun cuando se toma en cuenta la rendición de cuentas, los esfuerzos tienden a poner más énfasis sólo en los mecanismos internos gubernamentales, sin tomar en cuenta el control externo y ciudadano. Adicionalmente, la relación entre la discreción de decisión y la rendición de cuentas en esfuerzos de reforma de descentralización se complica aun más cuando se desagregan aspectos fiscales, administrativos y políticos. El artículo argumenta que son justamente estos aspectos los que son claves para considerar en cualquier esfuerzo de reforma [Para descargar clic aquí]

Hacia una Política de Rendición de Cuentas en México Auditoria Superior de la Federación/CIDE/ Red por la Rendición de Cuentas. 2011.

El libro es resultado de las discusiones y presentaciones en el marco del Seminario Internacional "Hacia una Política de Rendición de Cuentas en México," realizado en Agosto del 2011 en México y convocado por la Red por la Rendición de Cuentas de México, una coalición de alrededor de 50 organizaciones comprometidas con el tema de rendición de cuentas. El objetivo del Seminario fue definir, y deliberar acerca de las casusas del problema que originan la falta de rendición de cuentas en México. El Libro es producto del Seminario, y contiene 7 artículos que abordan distintos temas y dimensiones de la rendición de cuentas. Se reconoce que las reformas logradas en las últimas décadas han creado un conjunto de instituciones orientadas a fiscalizar el gasto público, lo cual permite evaluar las políticas públicas, medir el desempeño de los gobiernos y analizar el impacto de contar con acceso a la información gubernamental. Así mismo se reconoce que la sociedad civil cuenta ahora con más y mejores capacidades para participar en la vida pública y exigir rendición de cuentas. A pesar de estos avances, una de las principales conclusiones del libro es que para superar los desafíos aún pendientes de rendición de cuentas en México no es necesario elaborar más normas y dependencias descoordinadas, sino construir un entramado institucional articulado, concreto y con objetivos bien definidos.

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La transición de ser un país de ingreso bajo a ingreso medio implica un cambio en la relación entre las instituciones del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil y en la forma en que interactúan unas con otras. En los países con bajos ingresos, los responsables de diseñar las políticas públicas generalmente dependen de evidencia o narrativas anecdóticas para evaluar la calidad de su administración pública y la prestación de los servicios públicos, sin embargo con frecuencia esta información es engañosa y además incompleta. Para enfrentar los nuevos desafíos sociales, económicos e institucionales, los responsables de diseñar las políticas públicas necesitan estar informados; los ciudadanos (por ejemplo, la sociedad civil) con información están empoderados, y una ciudadanía informada y empoderada puede tener mayor compromiso hacia su comunidad y país.

La relación entre gobiernos y ciudadanos ha cambiado en la mayoría de los países en vías de desarrollo en la última década, y Vietnam no es la excepción. Los ciudadanos mejor educados y más informados, son los que más demandan una mejor y más eficiente administración de servicios por parte de sus gobiernos. Actualmente Vietnam se está acercando a la escala de países de ingreso medio, y los ciudadanos exigen cada vez más un sistema de administración pública libre de burocracia y corrupción administrativa, clientelismo, nepotismo, desvío y robo de fondos públicos. De igual forma, los ciudadanos demandan sistemas de administración pública que promuevan el desarrollo y la equidad, así como una mayor participación en los procesos de decisión de las políticas públicas, así como en su implementación y monitoreo.

En un contexto de crecientes demandas de participación de los ciudadanos en los asuntos del gobierno, el PNUD en Vietnam ha incrementado sus servicios de asesoría xxxxxxx

enfocándose en formas innovadoras para que la toma de decisiones sea objetiva y basada en la evidencia. El Índice de Desempeño de Gobernabilidad y Administración Publica Provincial (PAPI), es un esfuerzo pionero de incorporar las experiencias ciudadanas sobre cómo reducir la corrupción y mejorar la gobernabilidad en un país unipartidista. El PAPI (por sus siglas en inglés) da voz a los ciudadanos para que puedan valorar sus experiencias con la gobernabilidad y los servicios públicos. Es el ejercicio más extenso de este tipo en medir la gobernabilidad desde las interacciones de los ciudadanos con las autoridades gubernamentales en los diferentes niveles, incluyendo temas de transparencia, rendición de cuentas y control de la corrupción.

Un total de más de 13,600 ciudadanos fueron consultados sobre su experiencia directa con el desempeño de autoridades provinciales y sub-nacionales en temas de gobernabilidad y administración pública. La investigación de PAPI ofrece un panorama completo del actual estado de la gobernabilidad sub-nacional en las 63 provincias de Vietnam.

PAPI también provee un extenso análisis del desempeño de la administración pública y la gobernabilidad en el nivel nacional.

La investigación de políticas del PAPI también incluye información sobre una variedad de temas que afectan comúnmente a los vietnamitas, incluyendo el acceso a la tierra, educación y salud. En el tema de acceso a la tierra, por ejemplo, la encuesta PAPI encontró que 8 de cada 10 ciudadanos en el ámbito sub-nacional desconocen los planes de uso del suelo. Obtener el certificado de derecho de uso de la tierra sigue siendo un servicio público problemático que sistemáticamente obtiene los puntajes mas bajos entre los cuatro tipos de procedimientos administrativos medidos tanto en las encuestas PAPI de 2010 y 2011.

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De acuerdo a los hallazgos de la encuesta PAPI 2011, de un tercio de los ciudadanos que perdieron su tierra solo el 9% de los encuestados dijeron que habían recibido compensaciones cercanas al valor del mercado. Esto representa una disminución respecto a los resultados del 2010, donde el 17% dijo que la indemnización era cerca del valor de mercado.

En el área de la corrupción en el sector público, una tercera parte (31%) de los encuestados, señaló que los sobornos eran necesarios para recibir atención medica; casi un tercio (29%) que estos eran necesarios para obtener un trabajo en el sector público; dos de cada cinco (21%), señalaron que los sobornos eran necesarios para aplicar a un certificado de uso del suelo; y para el 17% los sobornos eran necesarios para que los niños tengan un mejor tratamiento en las escuelas.

La investigación esta ayudando a los encargados de diseñar las políticas públicas, y a la cooperación internacional a entender mejor las experiencias de los vietnamitas y extraer lecciones concretas sobre cómo reducir la corrupción y mejorar la satisfacción de los ciudadanos con la administración pública.

Por ejemplo, en 2010, la provincia de Kon Tum en la parte central de Vietnam fue clasificada como una de las provincias con los índices de desempeño más bajos. Como resultado, las autoridades provinciales decidieron usar los

datos de la encuesta y las buenas prácticas de las otras provincias para desarrollar un plan de acción para enfrentar la corrupción y los pagos informales, y mejorar la prestación de servicios públicos. Este plan actualmente está siendo implementado en toda la provincia.

La Encuesta PAPI examina seis dimensiones diferentes de la gobernabilidad y la administración pública provincial.

Estas incluyen: (i) participación en el nivel sub-nacional; (ii) transparencia; (iii) rendición de cuentas vertical; (iv) control de la corrupción en el sector público; (v) procesos de la administración pública; y, (vi) prestación de servicios públicos. El Informe completo está disponible dando clic aquí.

Desde el lanzamiento de la Encuesta 2011, realizada en Mayo de 2012, esta ha tenido una amplia cobertura mediática y discusión sobre los resultados. El debate en los medios de comunicación continúa lo cual ayuda a mantener la atención sobre los temas y problemas planteados, así como en la necesidad de centrarse en las soluciones y las acciones.

PAPI es una iniciativa de investigación de políticas conjunta implementada en colaboración con el Frente Patriótico de Vietnam (Viet Nam Fatherland Front), el Centro de Apoyo a la Comunidad y Estudios de Desarrollo (Centre for Community Support and Development Studies) bajo la Unión de Asociaciones para la Ciencia y Tecnología de Vietnam (Viet Nam Union of Science and Technology Associations) y la Comisión sobre peticiones de la gente bajo el Comité permanente de la Asamblea Nacional (Commission on People’s Petitions under the Standing Committee for the National Assembly) y el PNUD Vietnam.

* Asesor de Políticas, Reforma de la Administración Pública y Anti-Corrupción del PNUD-Vietnam, Correo electrónico jairo.acuna@undp.org, www.papi.vn

El pasado 9 de julio, se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, el Conversatorio “El Estado del Servicio Civil y sus Recursos Humanos en América Latina: ¿Dónde Estamos y Cómo Vamos?” El evento estuvo dirigido a profesionales del Centro Regional y la Oficina de País de PNUD, otras Agencias del Sistema de Naciones Unidas e investigadores del mundo académico. fue una oportunidad para intercambiar ideas en torno al estado del servicio civil en América Latina y compartir resultados de recientes estudios. A continuación una síntesis de los principales temas resaltados en el evento.

Los sucesivos estudios regionales y subregionales que se vienen llevando desde los organismos internacionales, desde principios de los 2000 (Informe Servicios Civiles, BID 2006, Barómetro 2009 y Barómetro 2012), para monitorear el grado de instalación de los principios contenidos en la Carta Iberoamericana de la Función Pública muestran que los esfuerzos por construir servicios civiles meritocráticos y flexibles han tenido un éxito parcial y muy diverso. Hay distinciones entre países, pero también un mosaico que combina al interior de cada país segmentos de burocracia meritocrática, paralela, clientelar y administrativa (ver How Democracy Works).

Dentro de esta diversidad, en el claroscuro que presenta la región deliberadamente se hizo foco en experiencias interesantes que no llegan a distinguirse en juicios generales acerca de “la” función pública latinoamericana, que dista de ser un todo homogéneo.

La profesionalización en términos de la Carta Iberoamericana implica combinar mérito y flexibilidad en el diseño del sistema de función pública, y la traducción de

estos principios en prácticas de gestión concreta requieren áreas rectoras capaces y respaldadas políticamente, y segmentos directivos involucrados en la gestión de los grupos a su cargo (ver Iacoviello y Strazza, 2011, Iacoviello y Pulido, 2012). Veamos experiencias concretas que van en este sentido en la región.

Gestión de los requisitos de mérito La incorporación meritocrática está instalada como principio general en las administraciones de Costa Rica, Brasil y Chile, pero también en segmentos del empleo público en buena parte de los países de la región.

Además, la situación dramática en la que se encontraban países como República Dominicana, Perú o El Salvador a principios de los años 2000 ha sido revertida gracias a iniciativas que promueven la gradual introducción de concursos de acceso.

A la hora del diseño, es interesante considerar la opción de comités que integren terceros actores, como se da por ejemplo en el caso del Sistema de Alta Dirección Pública implantado en Chile, que incorpora la figura de un Consejo de perfil técnico y diversidad política, que se constituye en garante de la mejora sostenida del proceso.

Implantación de mecanismos flexibles El modelo de gestión que sustenta la Carta Iberoamericana de la Función Pública no plantea un esquema de “suma cero” entre mérito y flexibilidad, sino que se entiende justamente a esta última como garante de la sostenibilidad de la meritocracia (LONGO 2002).

Entre los mecanismos de flexibilidad contractual podemos mencionar las relaciones de empleo sin estabilidad, por plazos definidos para tareas preestablecidas. El sistema de la “contrata” en Chile, con derecho a carrera y responsable por resultados, los cambios introducidos en las contrataciones en Argentina a través de la Ley Marco del Empleo Público, o el reemplazo de los “servicios no xxxx Continúa en la siguiente página

personales” por contratos administrativos en Perú, son ejemplos de políticas exitosas para reducir la brecha entre condiciones laborales el personal contratado y el de la planta estable.

La flexibilidad funcional facilita que se puedan adaptar las decisiones de recursos humanos a los desafíos que enfrentan las organizaciones públicas. En esta línea el Sistema de Alta Dirección de Chile, el Cuerpo de Administradores Gubernamentales en Argentina y más recientemente el Cuerpo de Gerentes Públicos de Perú son ejemplos de gestión del empleo flexible, con selección meritocrática con base en antecedentes y competencias.

La flexibilidad salarial completaría el repertorio, aunque son aisladas las experiencias en la región. Se destaca Chile con estructuras salariales equitativas y el pago variable mediante un bono asociado al buen desempeño individual e institucional, tanto para los agentes permanentes como para los contratados. En el resto de la región todavía hay un gran déficit en términos de equidad interna y externa de las remuneraciones, aunque situaciones críticas, como en los casos de Ecuador y Perú, se han revertido en los últimos años.

Jerarquización del órgano rector de la política de recursos humanos La presencia de un área rectora con respaldo político y capacidad técnica es requisito ineludible para sostener la profesionalización del empleo público. Buena parte de las mejoras sostenidas en el servicio civil de Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, y más recientemente en República

Dominicana, Perú, Paraguay y El Salvador se pudieron concretar a partir del fortalecimiento institucional de las áreas a cargo del respectivo sistema de servicio civil.

Liderazgo de los directivos públicos El mejor diseño de la política de empleo público cae en el vacío sin un segmento directivo con las competencias y los incentivos para involucrarse en la gestión de sus equipos de trabajo. Por eso, nos parece importante analizar y recuperar las experiencias regionales de regímenes especialmente diseñados para los directivos públicos, diferenciados del sistema general para el servicio civil, como es el caso en Chile y México con sistemas de empleo directivo, o los ya mencionados cuerpos transversales de profesionales en Argentina y Perú.

En síntesis, a pesar del desarrollo desigual y de los desafíos todavía pendientes en América Latina, en los cuatro aspectos señalados se pueden encontrar iniciativas alineadas con los preceptos de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Y nos referimos a iniciativas que van mucho más allá del establecimiento meramente normativo de reglas de juego: se trata de experiencias de implantación de prácticas meritocráticas y flexibles de gestión de las personas en nuestra propia región.

Como se hizo en este evento, vale la pena recuperar experiencias positivas de profesionalización del servicio civil, no para trasladarlas automáticamente a otros entornos político-institucionales, sino para inspirar reformas situadas en la realidad concreta de los países latinoamericanos.

*Experta Asociada del Área de Gobernabilidad Democrática del Centro Regional para América Latina y el Caribe. www.mercedesiacoviello.com.ar

De acuerdo al Boletín No 13 de Perú Pro-Descentralización, en el año 2011, los gobiernos locales y regionales del Perú tuvieron una ejecución del gasto público en inversiones menor al porcentaje de ejecución del gobierno nacional. Los gobiernos locales y regionales ejecutaron 62%, y 64% respectivamente, mientras que el gobierno nacional ejecutó 82%. Asimismo, si se compara la ejecución de inversiones del año 2011 en relación al 2010, la tendencia observada es negativa, puesto que sólo el Gobierno Nacional muestra una variación positiva del 9.5%, mientras los gobiernos regionales y locales presentan una disminución del 5% y 13.5%, respectivamente. En el 2010, los gobiernos locales ejecutaron en moneda nacional (nuevos soles) aproximadamente el equivalente en US$ a 3, 6750 millones de dólares, y en 2011 se ejecutaron 3,250 millones respectivamente. En cuanto a los gobiernos regionales, en el año 2010 ejecutaron en moneda nacional (nuevos soles) aproximadamente el equivalente en US$ a, 1,830 millones, y en el 2011 ejecutaron 1,730 millones respectivamente.

Directorado de Gobernabilidad Pública y Desarrollo GOV es un sitio web especializado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), la cual ofrece a gobiernos herramientas para adaptar sus arreglos del sector público a las cambiantes necesidades de la sociedad moderna. Es una plataforma completa que contiene reportes, documentos y análisis estadístico. GOV tiene siete áreas principales de trabajo: 1) presupuesto y gasto público, 2) lucha contra la corrupción en el sector público, 3) empleo públicoo y su gestión, 4) innovación en el sector público y gobierno electrónico, 5) desarrollo regional, 6) política regulatoria y 7) manejo de riesgo. GOV ofrece acceso al Observatorio de Innovación del Sector Público, que apunta a recolectar sistemáticamente, categorizar, analizar, y compartir prácticas innovadoras desde todas las dimensiones del sector público, a través de una base de datos interactiva. El sitio tiene como audiencia principal a servidores públicos, académicos, decisores de políticas y practicantes. Para visitar el sitio Web, haga clic aquí

Damos la más cordial bienvenida a Lissa Schafer, quien desde el mes de Agosto se ha incorporado al Equipo de Gobernabilidad Democrática del Centro Regional. Lissa, nació en Heidelberg, Alemania y es profesional en Traducciones Públicas en los idiomas alemán, inglés y español, y recibió su grado en el año 2010 en la Universidad del Sarre en Alemania.

Actualmente está cursando una Maestría en Relaciones Internacionales con enfoque en temas de desarrollo, cooperación y economía en la Universidad del Salvador, Buenos Aires/ Argentina.

En 2010, durante el último semestre de su carrera en Traducciones realizó una pasantía por 4 meses en el Consulado General Argentino de Frankfurt am Main, Alemania. Trabajó en el grupo representador REFRA de la Embajada Argentina. Entre varios proyectos, traducciones y tareas ayudó en la organización de la representación argentina, como invitado de honor, en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt.

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Misión de Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Institucional de la Fundación Rafael Landaverde del Experto Asociado Álvaro Gálvez a PNUD Honduras, Agosto 1 al 15, Tegucigalpa, Honduras.

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Día Internacional de la Juventud, Agosto 12.

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Taller Regional: Desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) a las Políticas Anti-Corrupción en América Latina, Agosto 23 y 24. UNODC y Centro Regional para América Latina PNUD, Panamá.

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Encuentro de Diálogo con Organizaciones Juveniles: Oportunidades y Desafíos de la Participación Juvenil en la Gobernabilidad Sub-nacional, Agosto 26 al 29, Santo Domingo, República Dominicana.

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Taller Regional para el Caribe, “Fortaleciendo las Habilidades de los Líderes Jóvenes para Involucrarlos a los Procesos de Auditoría Social, Septiembre 19 al 21, Kingston, Jamaica.

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Taller Regional “Gobernabilidad y Rendición de Cuentas en el Sector Agua,” Septiembre/Octubre, Ciudad de Panamá, Panamá.

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Comunidad de Practica del Área Democrática, Octubre 23 al 25, México.

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Quinta Comunidad de Practica Global Anti-Corrupción del PNUD, Noviembre 5 y 6, Brasilia, Brasil.

http://www.regionalcentrelac-undp.org/es

de

Gobernabilidad