Tercer sector de la comunicación y regulación de la televisión en el contexto digital

TERCER

SECTOR DE LA COMUNICACIÓN Y REGULACIÓN DE LA TELEVISIÓ N EN EL 1

CONTEXTO DIGITAL: LOS DESAFÍOS PENDIEN TES EN CHILE

CHIARA S ÁEZ B AEZA 2 ABSTRACT: El presente artículo es una reflexión sobre las posibilidades de desarrollo de un sector televisivo público y social en Chile, en el contexto de las promesas de diversidad y ampliación de la oferta televisiva derivadas de la futura implantación de la TV digital en el pais. Esta reflexión se sustenta sobre un estudio comparado del desarrollo de un tercer sector de la comunicación en tres países: España, Estados Unidos y Venezuela durante los últimos tres años.

The present article is a reflection about the possibilities of development of a television public and social sector in Chile, in the context of the promises of diversity and extension of the television offer derived from the future introduction of the digital TV in the country. This reflection is sustained on a compared study of the development of the third sector of the communication in three countries: Spain, The United States and Venezuela during the last three years.

1. Digitalización y tercer sector de la comunicación Desde mediados de los 2000s se viene discutiendo en Chile el tema de la digitalización de la televisión. Hasta el momento, el debate ha sido más bien cerrado y circunscrito a un número restringido de actores. Es por eso que este Seminario siembra esperanzas respecto de la posibilidad de abrir el debate y democratizarlo, toda vez que el centro de la cuestión es la discusión sobre un bien de uso público -el espectro radioeléctrico- respecto del cual las decisiones sobre su distribución y utilización competen a toda la sociedad.

El propósito de este artículo es plantear una mirada hacia la sociedad civil y sus experiencias de 1 Documento preparado para el Seminario Internacional sobre Regulación de la Televisión. Santiago de Chile, 2 y 3 de octubre de 2008.

2 Socióloga y doctora en comunicación. Investigadora del departamento de Estudios del CNTV entre 2000 y 2005.

Miembro del equipo coordinador del Observatorio Internacional de Televisión de la Universitat Autònoma de Barcelona. Para comentarios, sugerencias y críticas: chiara.saez.baeza@gmail.com

televisión como parte de los agentes que deberían ser reconocidos y valorados en este debate, por medio de una revisión de las experiencias de digitalización en otros países y como han afectado a los medios de comunicación que surgen de la sociedad civil y que no poseen fines de lucro, así como el desarrollo que éstas adquieren en virtud del contexto comunicacional en el cual se insertan y el modo en que este último ha sido afectado por este cambio tecnológico. Para ello se propone el uso del concepto de tercer sector de la comunicación (TSC).

El concepto de tercer sector de la comunicación, trabajado por autoras como Clua o Mayugo sería el sector donde se agrupan las experiencias de comunicación que no son público-estatales ni privadocomerciales, que no tienen intereses lucrativos ni proselitistas; por el contrario, se trata de medios que aspiran a presentar y representar los intereses de la sociedad civil organizada.

Aunque el concepto de TSC emerge desde un determinado contexto histórico vinculado a la relación entre movimientos sociales y medios de comunicación en el contexto de la globalización, se trata de un concepto abarcativo e ilustrativo, capaz de contener

experiencias surgidas en

períodos históricos marcados por otros hitos, pero que en su mome nto perseguían los mismos ideales.

Por ello tiene la capacidad de incluir como expresiones del mismo espíritu a aquellos proyectos televisivos que se autodenominan populares, comunitarios, ciudadanos, sociales, etc.: el concepto de tercer sector de la comunicación cubre con un vestido nuevo a un viejo actor, pero las reivindicaciones que aglutinan las experiencias que lo integran siguen siendo las mismas que las de los medios libres o medios alternativos que surgieron y se consolidaron -a veces con una fuerte oposición de determinados sectores sociales- tanto en Europa., Estados Unidos y América Latina durante los años 70s y 80s.

El conocimiento de experiencias internacionales de televisión pertenecientes al TSC permite señalar que estas pueden operar en distintos soportes (hertziano, cable, satélite) y con distintas formas de titularidad (privada, pública gubernamental, pública social). Lo importante es que la gestión de los medios sea social, en otras palabras, que sea un producto de la sociedad civil organizada, sin fines de lucro y sin proselitismos de ningún tipo.

En este sentido, el TSC no debe confundirse con la comunicación local. Una televisión local puede pertenecer al TSC, pero también podría ser privada comercial o también financiada por un gobierno regional o municipal. Asimismo, una experiencia de televisión del TSC puede ser comunitaria en

cuanto promueve la participación social en el ámbito de las comunidades del entorno, pero podría llegar a tener un alcance nacional.

Lo importante en este punto es que el TSC constituye un sector específico de la comunicación y que para su fortalecimiento depende esencialmente de dos factores: −

La sustentabilidad social que logren adquirir las experiencias que lo componen, la que proviene de la calidad de su organización interna, de la legitimidad que adquiere de la relación con su entorno o su comunidad de intereses y de su relación y trabajo coordinado con otras experiencias del TSC.

−

El otro gran factor es el referido a la sustentabilidad institucional, uno de cuyos factores claves son las políticas de comunicación, que deben ser sacadas del encuadre tecnológico al cual han quedado limitadas durante las últimas décadas. Es necesario encuadrarlas social y culturalmente, para poner en evidencia su carácter construido y, por lo tanto, susceptible de deconstrucción.

Televisiones del tercer sector, democratización del espectro y digitalización: Los casos de España, Estados Unidos y Venezuela 3.

El tono de las experiencias en España, Estados Unidos y Venezuela, así como el desarrollo histórico de sus políticas de comunicación y el modo en que cada país está afrontando los actuales desafíos de la digitalización entregan algunas pistas respecto del momento actual del tercer sector de la comunicación en el ámbit o televisivo en Chile, los desafíos que competen a nuestras autoridades reguladoras y las mejores prácticas posibles de aplicar 4.

Los hallazgos de la investigación permiten sostener, en primer lugar, que la historia de las políticas de comunicación existentes difiere notoriamente entre los casos. Aunque en los tres países la libertad de expresión y/o el derecho a la comunicación son valores constitucionales, el modo en que estos se desarrollan en el ámbito de la televisión varía.

3 La autora se ha dedicado a investigar el desarrollo de las experiencias de televisión del tercer sector en España, Estados Unidos y Venezuela durante los últimos tres años.

4 Para mayor fundamentación de la argumentación desarrollada en los apartados 1 y 2 de este artículo, ver la versión online de la investigación llevada a cabo: http://www.alterinfos.org/IMG/pdf/Chiara_Saez_Baeza_TESIS_Tercer_sector_de_la_comunicacion_Teoria_y_praxi s_de_la_television_alternativa.pdf

En España, el sector público estatal fue cediendo poco a poco parte de su monopolio durante los 80s permitiendo la existencia de canales autonómicos y privados. Pero los intentos durante los 90s de ordenar el mapa de la televisión local -que siempre fue por delante de la legislación-, fue infructuoso porque a pesar de la aprobación de una ley de televisión local en 1995, ésta nunca se implementó debido a que los gobiernos posteriores no elaboraron (sino hasta 10 años después) los planes técnicos necesarios para hacerla efectiva. Esto provocó que el sector local -originalmente vinculado a proyectos de comunicación comunitaria y por lo tanto promotora de un tercer sector de la comunicación- fuera llenándose de proyectos de comunicación privada y comercial y ya a fines de la década la falta de apoyo público convirtió el espectro local en una selva donde por la vía de la profesionalización y/o de la dependencia municipal, fueron sobreviviendo los más fuertes y –en muchos casos- no necesariamente los mejores.

En Estados Unidos, los logros adquiridos por los movimientos de medioactivismo entre fines de los 60s y principios de los 70s por medio de la figura de los canales de acceso público comenzaron en los 80s un proceso en reverso que se ha acentuado todavía más a partir de los 2000s. Las políticas que se han implementado han significado tanto un debilitamiento del ya pequeño sector público como una disminución de garantías institucionales para los canales de acceso, mientras que por el contrario, han generado condiciones favorables a la mayor concentración de la propiedad privada en el ámbito de los canales locales. Todo lo anterior ha redundado en un fortalecimiento sin contrapeso del sector privado de la comunicación. Las políticas desarrolladas durante los últimos 8 años son preocupantes (como por ejemplo, el cuestionamiento del servicio público y la venta del espectro radioeléctrico a proyectos privados) y aún no es posible apreciar el alcance de sus consecuencias para una democracia comunicativa.

En el caso de Venezuela, lo que se aprecia es un proceso completamente diferente. A partir de 1999 en adelante se hace un ordenamiento y regulación del sistema televisivo en general, orientado a fortalecer su componente de servicio público tanto en el ámbito público y privado como en el socia l-comunitario, desarrollando lineamientos para regular la presencia de contenidos violentos, no aptos para

menores, cantidad y tipo de publicidad en determinados horarios, entre otros,

incentivando además el consumo televisivo activo y crítico. Pero además de lo anterior, podría decirse que la principal diferencia con los otros dos casos es que aquí el respeto por la libertad de expresión está asentado en un proyecto constitucional de democracia participativa (y no sólo representativa) lo que amplifica en términos prácticos la vivencia cotidiana del derecho a la comunicación y permite entender el fuerte desarrollo del sector social-comunitario de la comunicación. Estas decisiones de políticas son resultado del impulso de las bases, pero también

porque el gobierno las ha considerado como legítimas y coherentes con su proyecto político.

Lo relevante de todo este análisis es notar la responsabilidad de los Estados (organismos reguladores, por ejemplo) y de sus gobiernos (gobierno estatal, parlamentos; gobiernos autonómicos y también autoridades de la Unión Europea, en el caso de España) en el contexto comunicacional final que rodea al TSC dentro de las fronteras nacionales. Contrariamente al discurso en boga que habla de una pérdida de centralidad de los Estados como instituciones sociales y al discurso crítico que destaca el poder transnacional del sector privado de la comunicación, lo que se puede evidenciar investigando estos casos, es la responsabilidad última de los Estados y de sus organismos políticos en el resultado observado a nivel global. Las empresas privadas de comunicación siempre están ancladas a un engranaje jurídico de tipo estatal y cuando se mueven a otro país, deben lidiar con el también. Asimismo, el carácter y fortaleza del sistema público depende siempre del enfoque más o menos partidista, más o menos liberalizador de los gobiernos. Es por eso que para observar el carácter estratégico de las políticas de comunicación en el proceso global de concentración y privatización de la comunicación, no se puede abandonar esa institución tan propia de la modernidad como es el Estado. Y quizás lo más importante de este hallazgo es que abre pistas sobre dónde hay que apuntar para revertir este proceso de privatización y concentración.

Institucionalidad para los medios del tercer sector

Los matices en las líneas generales de las políticas de comunicación entre los casos, se expresan a su vez en el tipo de institucionalidad existente en cada país para los medios del tercer sector de la comunicación.

A grandes rasgos, podría decirse que esta institucionalidad es mínima en España -si bien con matices producto de las diferencias entre realidades autonómicas-, media en Estados Unidos y alta en Venezuela. Y que tanto en Estados Unidos como en Venezuela, la inst itucionalidad desarrollada desde los Estados ha sido una contribución a la democracia deliberativa.

En España, la Ley General Audiovisual -una de las promesas electorales del primer gobierno de Zapatero y que en su anteproyecto de 2005 otorgaba reconocimiento a los medios de comunicación con una orientación comunitaria-, sigue sin ser aprobada después de 4 años. El reconocimiento que ha permitido la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) aprobada a fines de 2007 constituyó apenas un balón de oxígeno, dos semanas antes de que se cumpliera el plazo para el apagón analógico de la televisión local; un reconocimiento que entre otras cosas prohibe

expresamente la publicidad y no hace ningún tipo de especificación sobre la cobertura que tendrán las licencias otorgadas a aquellas experiencias -sólo anteriores a 1995- que han logrado ser protegidas de desaparecer gracias a esta ley (valga sólo como un ejercicio comparativo, señalar que las leyes relativas a comunicación local de España no prohíben explícitamente a los canales de cable privados la emisión en cadena). En una situación similar queda el tercer sector en Cataluña -la autonomía con mayor desarrollo institucional en el ámbito de la comunicación-, luego de la aprobación de la ley audiovisual autonómica.

Cabe como una explicación a esta institucionalidad mínima, la fuerza que tiene el sistema público de televisión en ese país, tanto en el ámbito estatal como autonómico y local. Pensando en lo sostenido por Bourdon sobre el rol que juegan los medios públicos en la generación de la identidad nacional, a la luz de la diversidad cultural existente en España y ya reconocida por toda la jurisdicción autonómica, se podría plantear que el desarrollo de los medios públicos gubernamentales -tanto estatales, como autonómicos y municipales - constituye una estrategia geopolítica para que la diversidad cultural interna pueda expresarse de una manera que no deje de estar controlada desde el Estado; o sea, desde el núcleo que aspira a integrar esta diversidad. Por contraste, la televisión de carácter social representaría una forma pública “no – controlable” de expresión de esta diversidad, lo cual permite avanzar como hipótesis que en este aspecto radica al menos una parte de las motivos por los cuales no existen políticas de comunicación desarrolladas en este ámbito.

En Estados Unidos, las actuales condiciones provienen básicamente de logros alcanzados hace décadas atrás y que han ido recortándose con el tiempo. En su momento, estos logros tuvieron una profunda significancia para la sociedad civil que había luchado por ellos. Sin embargo, con todas las restricciones y dificultades que se les han ido incorporando a través de los años, las posibilidades actuales de continuidad de estas condiciones de sustentabilidad se deben básicamente a la actitud de defensa permanente por parte de la sociedad civil organizada que reclama una actitud más ecuánime al gobierno, al parlamento y a la FCC5 -el organismo regulador- respecto de la protección de sus intereses como tercer sector.

Lo interesante en el caso de Estados Unidos es que la institucionalidad que ha permitido el desarrollo de un tercer sector nunca estuvo pensada explícitamente para ello, sino más bien como una extensión al soporte audiovisual del derecho individual a la libertad de expresión irrestricta Primera Enmienda- ; pero está estructurada de tal manera -incluyendo una institucionalidad privada 5

Federal Communications Commission

vinculada al arte o recursos públicos para la producción audiovisual- que ha generado condiciones para que los individuos puedan organizarse y hacer un uso colectivo de esas condiciones. De allí que el caso de Estados Unidos sea concebido como de institucionalidad media: existe un entramado que favorece a los medios del TSC, pero no está concebida explícitamente pa ra ello. Son condiciones externas o generales suficientemente flexibles para ser utilizadas desde esta perspectiva.

En Venezuela, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) otorga reconocimiento legal a los medios comunitarios. Asimismo, existe una reglamentación propia para estos medios de comunicación, que incluye los distintos requisitos que estos deben cumplir para obtener una concesión y que incluyen su constitución como fundaciones comunitarias (o sea, de propiedad social), la presentación de un pr oyecto de desarrollo comunitario, estrategias de financiamiento y otra serie de requisitos. Este reglamento, aprobado en 2002, se hizo en conjunto con representantes de estos medios, aunados en la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos, ANMCLA. Es decir, contaron con la legitimidad de la mayoría de los medios del tercer sector existentes en el país en ese momento. Pero aún así, con el tiempo, el reglamento se ha revelado incompleto o insuficiente para satisfacer las demandas y para ajustarse a la realidad de estos medios, de allí que éstos vienen reclamando desde hace un tiempo su revisión y reformulación6.

Por último, podría señalarse que: −

En los tres casos, el acto de visibilización y establecimiento de demandas ante las instituciones estatales y gubernamentales por parte de las experiencias televisivas del tercer sector ha sido una ganancia más que una pérdida para estas últimas. Pero el alcance de las ganancias está fuertemente relacionado con la preparación y organización con la cual las experiencias se plantean en este diálogo, de allí la importancia tanto de la formación y el conocimiento en el tema por parte de los miembros de las experiencias, como del trabajo colectivo y conjunto con otros medios del tercer sector.

−

La existencia de políticas de comunicación constituye el factor más importante para el

6 ¿Se puede equiparar el papel estratégico - aglutinador de los medios públicos en España con el que juegan los medios comunitarios en Venezuela? Superficialmente, podría decirse que sí, pero al analizar más concretamente las experiencias, se observa que en el caso venezolano, las comunidades (con los diferentes niveles de simpatía y/o cercanía hacia el gobierno) tienen un control mayoritario sobre la emisión, ya que por ley los equipos de gestión y administración de los medios comunitarios (que pudiera eventualmente ser proclive al gobierno) no pueden emitir por decisión propia más del 30% del total de los contenidos.

establecimiento (o no) del TSC como un espacio diferenciado de comunicación. Sólo en la medida que los Estados puedan reconocer el aporte democrático inscrito en el apoyo al fortalecimiento institucional de un TSC, podrán verlo como aliado estratégico. Pero incluso en el caso de mayor institucionalización del sector (Venezuela), ésta no exime la crítica de parte de las experiencias y la necesidad permanente de readecuación y perfectibilidad de las posibilidades desarrolladas, lo cual denota asimismo el carácter altamente dinámico del TSC.

Digitalización Como resultado del estudio de casos, se puede sostener que en los países donde ya se está implementado la digitalización -España y Estados Unidos- las promesas de democratización y diversidad inscritas en esta nuevo tecnología no se han traducido en beneficios ni oportunidades de desarrollo o fortalecimiento para los medios del tercer sector.

En España, después de un proceso que ha durado casi 10 años -y con un primer intento fracasado de digitalización a principios de los 90s -, el único logro del tercer sector de la comunicación ha sido el reconocimiento de última hora (diciembre, 2007) del derecho de las experiencias comunitarias previas a 1995 a acceder a una señal en digital sólo como opción marginal respecto de las licencias para los otros dos sectores, público estatal y privado comercial, en otras palabras, una vez que “sobren” licencias que no se hayan podido adjudicar a estos otros dos sectores. Pero no se observa ningún lineamiento de políticas orientado, por ejemplo, a desarrollar o fortalecer experiencias de este tipo en el contexto de aumentar la democracia comunicativa o la expresión de la diversidad social. Por elcontrario, la experiencia catalana analizada muestra que a pesar de la existencia de una ley autonómica que ampara a la comunicación del tercer sector en su articulado, el gobierno autonómico respectivo ha optado por el camino de la persecusión judicial y en vez que por la elaboración de los planes técnicos que permitan a este canal de televisión a acceder a una licencia.

En Estados Unidos, aunque originalmente la digitalización no afectó directamente los canales de acceso público -el principal medio de transporte de las experiencias -, pues éstos se encuentran amparados por la ley del must carry que afecta a la televisión por cable, existen desarrollos legales posteriores, como la Barton Cope Act que desde la regulación de la convergencia pueden generar cortapisas al soporte del acceso público. Al intentar equiparar el servicio de cable con el servicio telefónico, lo que están posibilitando es incapacitar a los ayuntamientos para negociar directamente con las operadoras de cable las condiciones para asegurar la sustentabilidad tecnológica y financiera de los canales de acceso.

En Venezuela, aún no se implementa un estándar, pero el proceso de definición del mismo se presenta bastante más participativo que en los otros dos casos, ya que han sido escuchadas en igualdad de condiciones las demandas de todos los sectores sociales y todos ellos han sido invitados a conocer las ventajas y desventajas de los distintos estándares. El alto desarrollo institucional para los medios del tercer sector en ese país sin necesidad de esperar para ello la digitalización, muestra que el interés político por la democracia comunicativa no requiere de la implementación de nuevas tecnologías para hacerse efectiva. Lo que importa, de verdad, es si existe o no voluntad política para ello.

En síntesis, la digitalización se está presentando más bien como un ejemplo de desarrollo tecnológico que sólo ha beneficiado a los sectores de la comunicación que ya tenían previamente más poder: los medios gubernamentales y los medios privados . Algunas posibles razones de esta situación son: −

Falta de formación y preparación de los miembros de las experiencias del tercer sector en los temas tecnológicos más complejos (capacidad del espectro versus espectro liberado por los organismos reguladores, por ej.);

−

Falta de transparencia de los gobiernos respecto a cómo se han tomado las decisiones sobre planes técnicos;

−

Falta de reconocimiento de los medios del tercer sector como un interlocutor válido por parte de las autoridades;

3. Situación del TSC en Chile El sistema televisivo chileno se caracteriza por un origen de tipo público – universitario que fue seriamente desmantelado e intervenido durante el gobierno militar. Durante este período se produjo también el giro del sistema hacia una lógica comercial.

Con el retorno de la democracia, a principios de los 90s se produjeron algunas transformaciones que han marcado el carácter del sistema televisivo chileno durante estos casi 20 años, de las cuales las más definitorias estructuralmente son: el autofinanciamiento del canal público y la apertura de concesiones a privados. Desde fines de los 90s, también se ha convertido en un rasgo identitario de

nuestro sistema televisivo el financiamiento de proyectos televisivos innovadores por medio de fondos concursables –los que cada vez mayor valía- entrega el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y a los cuales pueden acceder todos los canales.

Como contraparte a la industria televisiva, han existido en Chile distintas experiencias que se mueven en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad. Corresponden a experiencias de televisión de baja potencia, que funcionan de manera artesanal, con muy bajo presupuesto, no reconocidas como parte del sistema de medios, pero tampoco clausuradas ni perseguidas.

Permanecen así en una especie de limbo que no facilita su fortalecimiento ni la visibilidad de su trabajo.

Durante el gobierno militar, hubo varias experiencias de video popular, de las cuales la más recordada es “Tele análisis”, una serie de informativos que contradecían las versiones oficiales de los hechos y que circulaban de mano en mano en formato video. Asimismo, durante los noventa se configuró una red nacional de video popular y televisión comunitaria. Sin embargo, ninguna de estas experiencias ha logrado prolongarse en el tiempo ni ser lo suficientemente masiva en su alcance y reconocimiento.

Es preciso señalar en este punto que durante la década de los 80s se desarrolló en Chile un trabajo muy serio y sistemático de reflexión sobre la futura democratización del sistema de medios no sólo de tipo académico sino también profesional y conectado con las bases sociales 7. Sin embargo, a pesar del refinamiento de este proceso de reflexión, sus hallazgos y recomendaciones se perdieron en el tiempo y apenas rozaron el sistema de medios con el retorno a la democracia.

Durante los 90s. Surge también Señal3, el canal comunitario, social y popular de la población ¡La Victoria’. Este canal tiene ya antecedentes en la dictadura cuando en este barrio reconocido por su larga historia de movilización y reivindicaciones sociales, surge la iniciativa de un grupo integrado por personas del lugar en conjunto con periodistas profesionales dedicada a mostrar en distintas esquinas del barrio, películas, documentales o grabaciones realizadas por ellos mismos, que criticaban la dictadura. Esta experiencia siguió en el tiempo y se constituyó como un canal a mediados de los noventa, ahora con una postura crítica hacia la transición democrática, pero también como espacio de programas culturales, informativos y de interés para la comunidad, desde el punto de vista de temas y actores sociales que están sub-representados o son mostrados sólo

7

A gradezco en este sentido la generosidad de la periodista Lidia Baltra para facilitarme sus copias personales de las actas de estos encuentros.

desde el punto de vista de los dueños de los grandes nacionales: las irregularidades en el nuevo plan regulador de la comuna o los problemas de los trabajadores con los cambios en las leyes laborales, por ejemplo. Señal 3 también goza de un reconocimiento a nivel internacional. Ha participado en encuentros audiovisuales y sociales de diverso tipo, tanto por el valor testimonial de su experiencia como por la producción audiovisual que genera y que muestra la cara de Chile que otros medios oficiales no ven o no muestran.

Durante los últimos años surgen otras experiencias similares en Chile; asimismo, comienzan a emerger actores institucionales interesados en darle más proyección al tema desde el ámbito académico y de la extensión universitaria. Parte importante de este tipo de canales se ha constituido en una autodenominada Red de televisoras Populares (RTP), con el propósito de fortalecerse y aunar voluntades para adquirir una mayor legitimidad y visibilidad pública que permita también acceder a fuentes de financiamiento. Sin embargo, no hay consenso en la RTP respecto de la relación a establecer con el Estado en el contexto del cambio tecnológico que implica la digitalización. Para ellos, está todavía muy presente la experiencia que vivieron las radios comunitarias a principios de los noventa, que estaban muy bien organizadas, pero obtuvieron su legalidad a costa de una serie de otras restricciones que las debilitaron internamente.

Una de las últimas actividades conjuntas de Señal 3 y la RTP fue la organización de un Festival Internacional de cine documental y cortometrajes durante julio 2008.

4. TSC y digitalización: desafíos para su regulación en el contexto chileno La realidad del sistema televisivo chileno plantea desafíos de distinto orden y nivel:

a) En primer lugar, está la problemática general del sistema de medios del país que se encuentra enteramente inserta en la lógica comercial. Pero así como la democracia requiere no sólo de condiciones formales sino también sustantivas para asegurar la gobernanza, para que un sistema de medios sea concebido como democrático, requiere de condiciones generadas por el Estado y que aseguren que todos los sectores participen de los medios de comunicación de una manera equitativa, tanto en términos de representatividad como de acceso a la emisión. Las políticas de comunicación son formuladas dentro de determinadas condiciones sociales y políticas, de ahí que la falta de representatividad y legitimidad en el sistema de medios expresa, en última instancia, un sistema político aún inmaduro o insuficientemente democrático.

Ante esta situación una primera recomendación apuntaría a concebir este momento de transición tecnológica como un momento de reflexión y de debate público y abierto orientado a establecer un marco de mínimos acuerdos de democracia comunicativa que permita que las promesas de diversidad de la digitalización sean una realidad no sólo cuantitativa, sino también de carácter cualitativo. Esta apertura implicaría también una apertura al diálogo con aquellas experiencias del TSC actualmente existentes en el país.

b) Bajo el entendido que el nuevo soporte tecnológico va a implicar un cambio legal, un segundo desafío sería el establecimiento de una nueva ley que reconociera como un sector diferenciado del sistema televisivo a las televisiones gestionadas por la sociedad civil y sin fines de lucro. En el caso chileno, existen distintos indicadores que acreditan la legitimidad con la que cuentan estas experiencias en su entorno inmediato como espacios de expresión y de acceso a la cultura o la información. Por este motivo, en la discusión estric tamente legal, el Estado chileno debe encontrar algún mecanismo de relación con las experiencias del tercer sector televisivo por encima de la actual limitación a una denuncia que establece la legislación 8.

Una vez resuelta esta situación, el Estado -ya sea por medio de la Subsecretaría de Comunicaciones, ya sea por el Consejo Nacional de Televisión, o de otra instancia, debería acercarse a los proyectos históricos existentes en el ámbito del tercer sector televisivo en Chile y que están agrupados en la Red de Televisiones Populares. Son estas experiencias las que mejor conocen desde la cotidianeidad cuál es la relación actual del este tipo de canales de televisión en el país. Esto no excluiría en ningún caso a otros potenciales sectores de la sociedad civil interesados en el acceso a la emisión televisiva, pues una vez abierto el debate es indudable que muchas más organizaciones harán manifiesta una demanda que hasta ahora ha permanecido latente. Lo importante al respecto es no olvidar que el desarrollo de una política pública no puede generarse de espaldas a sus potenciales beneficiarios: el espectro radioeléctrico es un bien demasiado preciado como para cometer este tipo de errores. c) Para que el reconocimiento de un tercer sector televisivo tenga consecuencias reales, se requiere desarrollar un plan de concesiones por medio del cual se pueda acceder a una(s) licencia(s) específica(s) para este tipo de medios. No se les puede exigir lo mismo que a un canal gubernamental o que a un canal privado, tanto en términos de proyecto económico como en términos de proyecto comunicacional.

8 La ley chilena señala que cualquier persona que tenga conocimiento de una emisión televisiva sin licencia debería denunciar esta situación ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esto incluye incluso a quienes por intentar desarrollar una política de televisión (que permita salir a estos canales de la irregularidad legal en la que se encuentran) tuvieran que relacionarse con estas experiencias, lo cual es un contrasentido.

d) Establecido un marco legal y unas concesions ad hoc, se debiera avanzar en el desarrollo de un reglamento específico para este tipo de medios que resolviera cuestiones tales como: −

La(s) figura(s) legal(s) que se exigirá(n) a un canal del tercer sector para poder acceder a una concesión;

−

Alcance geográfico de las licencias y número de ellas;

−

Formación técnica de los miembros;

−

Estrategias de financiamiento;

Con respecto al tipo de figura legal, en el caso venezolano existe una figura de “fundación comunitaria” y en el caso de España el de “federación” -entendida como asociación de asociaciones-. Sin embargo, el ideal en este sentido es más bien no delimitar el acceso a una concesión en virtud de un solo tipo de figura legal que deba constituirse específicamente para este trámite, ya que eso aporta una burocracia innecesaria al proceso de reconocimiento legal de las experiencias cuando éstas ya se han constituido de otra manera previamente. Más importante sería el objetivo de fondo que se persigue con la figura legal. Por ejemplo, el fin no lucrativo o la distribución equitativa del poder dentro de los equipos participantes de las experiencias.

Con respecto al alcance geográfico, uno de los hallazgos de la investigación de casos, ha sido la relevancia que adquiere el trabajo en red entre las experiencias televisivas del tercer sector tanto para su fortalecimiento institucional como para la circulación y distribución de sus trabajos audiovisuales. A partir de eso, se podría pensar en dos canales digitales: uno de tipo local y otro de tipo nacional, pero articulados entre sí. El denominado ‘canal de tipo local’ sería un mismo canal pero al cual solo pudiera accederse desde un espacio geográfico delimitado. Por ejemplo, una comuna o una zona determinada con características sociales más o menos comunes. Esto permitiría mantener la cercanía con las comunidades de base. El canal nacional, en tanto, sería una especie de nodo de confluencia de la mejor programación de los canales de tipo local (e incluso de desarrollo de programación propia) y su alcance sería nacional. El canal nacional podría tener una estructura organizativa y jurídica similar a la que tiene actualmente el canal NOVASUR9. Sin duda que el desarrollo de un canal nacional contribuiría al fortalecimiento de la sustentabilidad social del tercer sector televisivo.

9

Http://www.novasur.cl

La reglamentación del sector debería facilitar el trabajo en red. Esto se podría hacer, por ejemplo, estable ciendo facilidades en el acceso de las experiencias del TSC a las nuevas tecnologías satélites, servidores web, teléfonos móviles de tercera generación, etc -.

Con respecto al tema de la formación, las experiencias analizadas indican que el establecimiento de procesos estandarizados de formación técnica para los participantes de la experiencia constituye un aporte a la sustentabilidad de las experiencias porque permite ampliar el número de individuos que puedan aportar en la generación de contenidos para un canal, así como permite la existencia de mayor diversidad de puntos de vista en los contenidos. Estos procesos estandarizados no son necesariamente pagados por los asistentes y pueden buscarse otros mecanismos de financiación.

En relación al financiamiento, se pueden realizar las siguientes sugerencias:

- La reglamentación del tercer sector televisivo debería propiciar diversas fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, con especial énfasis en los recursos provenientes del tercer sector económico y de campañas públicas de sensibilización. Pero junto a lo anterior, debería desarrollarse un fondo concursable basado en un impuesto específico o en la retención de una parte de sus beneficios a los sectores que hacen un uso comercial del espectro radioeléctrico.

- Para evitar riesgos de cooptación o deslegitimación, se deberían establecer porcentajes máximos y mínimos de contribución de las diversas fuentes potenciales de recursos económicos.

-

Para asegurar la sustentabilidad financiera de una experiencia debería hacerse un estudio de las

experiencias actuales para determinar las distintas partidas de dinero (gastos operacionales, organizacionales, logísticos) y los recursos mínimos que se necesitan para ello en cada caso.

Por último, se ha de señalar que el tercer sector de la comunicación posee un carácter altamente dinámico. Por eso es importante la sistematización permanente de la información sobre investigaciones, experiencias y políticas de comunicación existentes a nivel internacional sobre buenas prácticas para el TSC, pues ellas contribuyen a hacer más eficiente un nuevo desarrollo legislativo en el tema.

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