en conocimientos sobre las dinámicas del territorio, como en el caso de los gremios, de las instituciones financieras y de las universidades. Lo que se denota al nivel meso-económico es dirigismo técnico-político, mas que “governance”, es decir mas que movilización y coordinación estratégica a través de procesos participativos. El análisis territorial y la programación resultan por lo demás de procesos internos a la administración misma, sin considerar la existencia en el territorio de numerosas instituciones dedicadas a la investigación y su acompañamiento en el diseño de políticas de desarrollo; su participación en realidad es muy limitada y comúnmente esta influenciada por las relaciones políticas coyunturales. El marco programático del desarrollo sufre fuertemente los cambios de los gobiernos, también porque los planes no vienen siendo interpretados como un patrimonio de la colectividad. Hay una gran discontinuidad en las políticas, hasta llegarse a contradicciones entre planes diferentes en administraciones sucesivas. Se trata de una degeneración originada en la personalización de los planos económicos. La fuerte identificación de proyectos con los promotores políticos genera su desconocimiento y oposición al cambiar la administración. Tal discontinuidad implica también límites en la acumulación de la memoria institucional y en los procesos de aprendizaje colectivo. El protagonismo económico del gobierno reduce los espacios de la iniciativa privada, pero sobre todo influencia su orientación. La política impone sus condiciones, que penetran en la sociedad civil, encontrando terreno fértil en el modelo de regulación social de “frontera”, en la cultura rentista, individualista y extractiva. El sector privado aparece muy sensible al poder de atracción (de distracción respecto a otras iniciativas del “bajo”) de las regalías. Esto explica, por ejemplo, la débil capacidad de negociación de las instituciones asociativas empresariales con el sector publico, en donde su unidad interna resulta precaria por la búsqueda de intereses particulares en el espacio de acción clientelista de la administración publica. Las políticas públicas de incentivos y subsidios de carácter paternalista parecen haber generado cultura y expectativas asistenciales, reduciendo así ulteriormente la propensión al riesgo con recursos propios, natural de las relaciones capitalistas. En este panorama no faltan sin embargo señales de vitalidad empresarial, innovación y planificación
236
asociativa de largo plazo. Entre los recursos de posible valorización, se identifica un capital social difuso, de solidaridad comunitaria, que hoy solo parcialmente se expresa en las experiencias formales de asociación y defensa de los intereses económicos colectivos. La asociatividad es difusa en los sectores de especialización, comúnmente como expresión local de las Federaciones Nacionales, de donde obtienen soporte técnico e informativo. Sin embargo la capacidad de hacer contrapeso al sector público es muy débil, por lo que la dinámica constructiva derivada de lo colectivo parece frenarse cuando la actividad asociativa entra en el espacio de los intereses del sector publico-político. Es en los espacios de atención reducida o de desinterés de la esfera pública donde parece crearse dinámicas de desarrollo basadas en la valorización de recursos locales y de riesgo empresarial. El tema de las cadenas productivas, como política de competitividad, es hoy central en los planes de desarrollo de los gobiernos nacional, regional y local, pero las primeras experiencias de transformación y diversificación productiva, e innovación empresarial, se están desarrollando en pequeños espacios de iniciativa privada, fuera de la influencia del interés público y de la lógica del apoyo político, respaldadas totalmente con recursos privados. En lo que tiene que ver con el tercer sector, muchas organizaciones se han sostenido en el último decenio, encontrando recursos para funcionar a través de la contratación publica, de acuerdo al modelo de regulación prevaleciente. También en este caso, la experiencia más sólida parece ser formada en un espacio no directamente accesible a la esfera pública, blindada por soporte institucional y financiero de las compañías petroleras, que promueven capacitación y desarrollo en diferentes sectores, con empresas, gremios, instituciones nacionales y administraciones locales, evitando el área de la contratación publica y sus reglas. La socialización de estas experiencias podría ser un factor favorable a la difusión de procesos más amplios, de reconocimiento de oportunidades y movilización de recursos entorno a ellas. Tal socialización es hoy limitada por el poder de atracción y disuasión del modelo de economía y regulación descrito. Esta realidad plantea la necesidad de fortalecimiento de la sociedad civil, basado en objetivos y proyectos fuera del área de influencia del poder de turno y sus regalías;