ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DE 2011 INDICE 1. Inversión en Educación para salir de la crisis 2. Más inversión para los centros públicos 3. Garantizar el derecho constitucional a la gratuidad de la enseñanza 4. Reducir el fracaso escolar 5. Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la escolarización 6. Garantizar la financiación y la supervivencia de las federaciones de asociaciones padres y madres del alumnado 7. Promover el reconocimiento social de las APAS y la implicación de las familias 8. Reformar la organización y el funcionamiento de los centros educativos 9. Extender los planes de apertura de centros 10. Evaluar a las Administraciones educativas en PISA 11. Fortalecer la colaboración entre comunidades y ayuntamientos, independientemente del color político 12. Actualizar la formación del profesorado 13. Promover la lectura 14. Impulsar la convivencia escolar desde una nueva perspectiva
1. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PARA SALIR DE LA CRISIS Sabemos que España tiene que cumplir unos objetivos de déficit público marcados por la Unión Europea y por el establisment económico-financiero. Por unas razones u otras, que CEAPA no entra a valorar, las comunidades autónomas tienen que ajustarse a unas restricciones presupuestarias severas. Pero ¿es inteligente recortar los presupuestos en Educación? No. Recortar es una decisión equivocada. Recortar en Educación equivale a truncar las expectativas de formación para niñas, niños y jóvenes y de crecimiento del país. Precisamente porque el país padece una crisis económica de gran envergadura, hay que invertir más en educación y en conocimiento, para salir de ella con fortaleza y con un patrón de crecimiento que aporte más valor añadido.
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Por ello pedimos que la inversión pública en Educación alcance el 7% del PIB, porcentaje similar al que dedican los países nórdicos. La inversión que realicen en esta dirección las comunidades autónomas es fundamental. Según un informe de la OCDE, por cada euro que invierte España en Educación, recupera dos vía impuestos. Es cierto que esta inversión recoge sus frutos a largo plazo, pero apelamos a la responsabilidad de las Administraciones educativas, para que tengan visión de futuro. Como recientemente manifestó la comisaria de Educación de la Unión Europea, Androulla Vassiliou, el abandono escolar multiplica el riesgo de pobreza de quien lo sufre. El abandono escolar implica un mayor gasto para el Estado en subsidios de desempleo, y la pobreza y exclusión, a su vez, gastos en diversas partidas presupuestarias. En consecuencia, los Estados deben invertir mucho más en educación; en el caso de España esta responsabilidad recae, principalmente, en las comunidades autónomas, pues éstas tienen la mayoría de las competencias educativas y sus consiguientes recursos económicos. Sin embargo, con la excusa de la crisis económica se están cerrando aulas, disminuyen los fondos para equipamiento y materiales en la enseñanza pública, se recorta las plantillas del profesorado, y muchas familias de la pública tienen que aportar recursos extra para el mantenimiento de un óptimo nivel de enseñanza, por el pago de distintos servicios que se entiende que deben ser gratuitos según la Constitución, a la vez que aumentan los recursos para los colegios privados concertados. No es de recibo que en muchas comunidades la partida presupuestaria destinada a los profesores de religión sea superior a la destinada al funcionamiento y mantenimiento de los centros escolares públicos. 2. MÁS INVERSIÓN PARA LOS CENTROS PÚBLICOS •
El Estado tiene que posicionarse con fuerza en el ámbito educativo, ante la coyuntura de crisis económica, y no situarse en retroceso. Precisamente porque la educación es clave a la hora de salir reforzados de la crisis, debe ser el Estado, cuyos representantes no olvidemos que han sido elegidos democráticamente por la ciudadanía, quien dirija la gestión de los centros, y no empresas privadas que, como es lógico, buscan sus intereses particulares. Los recursos deben asignarse a la escuela pública, y ser las consejerías de Educación quienes gestionen esos fondos, como titulares que son de las escuelas públicas.
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La red pública debe recibir más recursos de los que recibe en la actualidad, pues atiende a la responsabilidad social de escolarización de todo tipo de alumnado. La pública es la única capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y el éxito escolar de todo el alumnado.
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El incremento de la inversión en educación pública permite mayores recursos en los centros, más profesorado de apoyo, mejores infraestructuras, incremento de los programas y una mejor respuesta educativa.
3. GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA Pedimos a las Administraciones educativas que garanticen el cumplimiento del artículo 27.4 de la Constitución, que señala que la Educación básica es gratuita. En este sentido: •
Reclamamos la extensión de la gratuidad de los libros de texto a toda la educación obligatoria. Abogamos por el sistema de préstamo y reutilización de los libros, por ser, entre otros motivos, el menos gravoso para la Administración.
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Demandamos no tener que pagar por distintos conceptos en relación a la escolarización de nuestros hijos e hijas. En muchas comunidades autónomas, las familias están abonando cuotas, en distintos momentos del curso, para el pago de materiales y servicios, como consecuencia de que muchas consejerías de Educación no están transfiriendo dinero suficiente a los centros.
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4. REDUCIR EL FRACASO ESCOLAR Contra el fracaso escolar, proponemos seis medidas en las que Gobiernos autonómicos deberían centrar sus esfuerzos: •
Promover una educación más práctica, motivadora y centrada en la adquisición de competencias básicas.
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Fortalecer la formación psicopedagógica del profesorado.
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Evitar los guetos educativos, obligando a los centros concertados a hacer frente a su responsabilidad de escolarizar a todo tipo de alumnado.
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Establecer desdobles en clase de lengua, matemáticas e inglés.
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Extender los planes de acompañamiento escolar en Primaria, los planes de refuerzo en ESO (PROA) y los programas de atención al alumnado con altas capacidades a todos los centros educativos.
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Impulsar la implicación y participación de las familias.
5. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA NO DISCRIMINACIÓN EN LA ESCOLARIZACIÓN •
Establecer oficinas únicas de matriculación por zonas, a fin de llevar a término una política de admisión de alumnos, que garantice la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. Consideramos que ésta es la mejor manera de hacer efectivo el derecho de todos a recibir una educación pública de calidad. Además, estas oficinas deberán facilitar la información necesaria a las familias durante los procesos de matriculación, de las características de los centros, así como de los programas y servicios que cada centro dispone.
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Impulsar políticas que posibiliten la escolarización equilibrada del alumnado de origen extranjero y de necesidades educativas especiales, a fin de evitar su concentración en determinados centros, como está ocurriendo en la actualidad. Pedimos que se haga efectiva, en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, la reserva de las plazas necesarias para la llegada del alumnado fuera de plazo, para impedir así que los centros privados-concertados eludan la escolarización de este alumnado.
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Suprimir los conciertos económicos y todo tipo de subvenciones a aquellos centros escolares que segregan al alumnado, porque los recursos públicos jamás deben emplearse en promover principios tan perniciosos para nuestra sociedad. Hacer cumplir la normativa a los centros educativos privados-concertados para impedirles que seleccionen al alumnado. Desde el momento que reciben dinero público por medio del concierto, tienen la obligación de escolarizar a todo tipo de alumnado.
6. GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN Y SUPERVIVENCIA PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
DE LAS ORGANIZACIONES DE
Instamos a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas a que provean de recursos económicos suficientes a las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, y a sus respectivas organizaciones, para garantizar su participación en el sistema educativo. La mayoría de estas entidades están padeciendo una drástica reducción en los recursos que reciben por parte de las comunidades autónomas, en algunos casos de hasta un 60%, lo que pone en peligro su propia supervivencia.
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La participación democrática de la comunidad educativa es un derecho constitucional, que conlleva la obligación de fomentar su organizaciones por parte de las administraciones educativas. El trabajo diario de estas entidades es indispensable en un estado de derecho organizado desde un concepto de participación democrática. Peligran programas de los que se benefician decenas de miles alumnos y alumnas y sus familias, relacionados con las actividades extraescolares, las excursiones escolares, los desayunos matinales en la escuela para niños cuyos padres y madres tienen que acudir muy temprano a su puesto de trabajo, escuelas de padres y madres, cursos sobre educación para la salud, cursos de prevención de drogodependencias y educación afectivo-sexual, entre otros, y que son gestionados en muchos casos por las APAS y las asociaciones de estudiantes. Pero, sobre todo, peligra la participación de las madres y los padres, por encontrarse con serias dificultades para el propio mantenimiento de sedes y espacios donde llevan a cabo tareas administrativas, reuniones y todas aquellas actividades del día a día. No cabe reclamar a estudiantes, madres y padres la participación e implicación en la Educación y, a la vez, asfixiar a las organizaciones que los representan. Así no lograremos avanzar en absoluto en el cumplimiento de los objetivos que España se ha propuesto y a los que se ha comprometido dentro de la Unión Europea con la Estrategia Europa 2020. 7. PROMOVER EL RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS APAS Y LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS •
Reclamamos un mayor reconocimiento social de las APAS. Las APAS actualmente ejercen una función de “correa de transmisión” entre el centro y el entorno. En una sociedad cada vez más plural es necesaria esta función social de acercar las familias al centro educativo. Las APAS son una buena escuela de ciudadanía, en la cual pasamos del sentimiento individual al colectivo, creando nuevos espacios de relación entre familias y escuela. Este trabajo voluntario, callado, invisible es necesario para la cohesión social en el centro educativo. La participación es una responsabilidad social que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. Este mayor reconocimiento induciría a una mayor participación de padres y madres en la escuela, lo que conduciría a un mayor éxito escolar del alumnado y una mejor convivencia.
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Promover la participación activa de los padres y madres en la educación de sus hijos y su colaboración con los objetivos escolares, porque es una de las variables principales para asegurar un buen progreso educativo del alumnado. Las relaciones que los padres establecen con sus hijos, la comunicación con ellos, las expectativas sobre su futuro, el apoyo que les proporcionan en las tareas escolares y su participación en las actividades del centro educativo constituyen una red de apoyo poderosa que sostiene el interés y el esfuerzo del alumno para ampliar sus conocimientos.
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Las condiciones sociales y económicas en las que se desenvuelven las familias influyen en sus posibilidades de apoyo a los hijos, por lo que siempre es necesario impulsar políticas sociales que mejoren estas condiciones. En este ámbito, los centros docentes poco pueden hacer. Sin embargo, existe un amplio campo de actuación de las escuelas para favorecer la implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos: favorecer la formación de los padres para que dispongan de las mejores estrategias educativas y colaborar con los padres para que participen en el seguimiento de los progresos educativos de sus hijos y en las actividades del centro.
8. REFORMAR LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS •
Fortalecer la autonomía pedagógica y organizativa de las escuelas, siempre que no vaya en detrimento de la participación en el control de la gestión por parte de la comunidad educativa, y siempre vigiladas por la inspección educativa. Esta mayor autonomía tiene como objetivo fundamental adaptar el proyecto educativo de centro a las necesidades del entorno en el que realiza su labor el centro educativo.
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Demandamos la reorganización de los tiempos escolares, con la apertura de los centros por las tardes, y estableciendo los espacios y tiempos adecuados para que el alumnado pueda realizar los deberes escolares, con el asesoramiento de algún profesor.
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También es necesario extender los planes de acompañamiento educativo y los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo (PROA) a todos los centros educativos, para que los alumnos con mayor riesgo de retraso escolar, al terminar el horario lectivo, reciban clases de apoyo. También hay que impulsar programas de atención al alumnado con altas capacidades intelectuales.
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Los desdobles en determinadas áreas y los agrupamientos flexibles pueden contribuir también a adaptar la enseñanza a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas.
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Desarrollar redes de centros que colaboren entre sí más estrechamente.
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Abrir los centros educativos a su entorno, y buscar nuevos colaboradores para fortalecer la acción educativa en barrios y municipios, como por ejemplo asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, bibliotecas, museos, etc.
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Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y gobierno de los centros docentes, y de otras que garanticen la conciliación de la vida laboral, escolar y familiar, así como la puesta en marcha de planes de igualdad en los centros educativos.
9. EXTENDER LOS PLANES DE APERTURA DE CENTROS Poner en funcionamiento planes de apertura de los centros escolares en los periodos no lectivos en la práctica totalidad de los centros escolares públicos. Estos planes deben comprender la posibilidad de abrir los centros educativos a primera hora de la mañana y por la tarde, para aquel alumnado que requiere una atención educativa que la familia no puede prestarle, mediante los planes de acompañamiento educativo en Primaria, y los PROA en ESO, y para atender a aquellas familias que lo necesiten por razones laborales. Los planes de apertura de centros, además de aumentar los tiempos y de crear nuevos espacios, deben abrir la escuela, mediante proyectos educativos integrales, realistas y coherentes, a toda la comunidad educativa y social, a los recursos y profesionales del entorno, y a los colectivos con grandes dificultades y que requieren medidas específicas. La escuela es un recurso socioeducativo de las comunidades. Para el impulso de estos programas, es necesario el desarrollo de un modelo integrador que aproveche el potencial de la educación fuera del horario lectivo, lo que requiere la coordinación de los agentes y recursos implicados en los procesos educativos. Las Administraciones locales, por su estructura, deben ser las promotoras de este modelo integrador. 10. EVALUAR A LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS EN PISA Aunque sí evaluaron a su alumnado, tres comunidades autónomas rechazaron que la OCDE evaluara sus escuelas, con muestra específica, en el informe PISA: Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha. Pedimos que se evalúe a todas las Administraciones educativas, así como al profesorado. 11. FORTALECER LA COLABORACIÓN ENTRE INDEPENDIENTEMENTE DEL COLOR POLÍTICO •
COMUNIDADES
Y
AYUNTAMIENTOS,
Pedimos a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que no utilicen la educación como escenario de confrontación política y, en definitiva, una colaboración mucho más estrecha, independientemente de su color político.
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Deben actuar con responsabilidad y lealtad, para afrontar los retos que nuestro sistema educativo tiene planteados, y no utilizar las instituciones para ejercer su lucha partidista, función que corresponde a los partidos políticos. •
Es necesario realizar una segunda descentralización de las competencias educativas desde las Comunidades Autónomas hacia los ayuntamientos, porque la gestión de los centros educativos y de algunas áreas del sistema educativo, mediante una administración más cercana, haría posible encarar con optimismo alguno de los retos que tenemos en el horizonte. Las administraciones locales, por su propia naturaleza, por su estructura, deberían ser las promotoras del cambio que se debería producir, para adaptar la enseñanza y los centros educativos a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Los ayuntamientos pueden y deben, desde un planteamiento innovador, estimular y coordinar los esfuerzos con el resto de agentes sociales (escuela, familia, asociaciones), en un ejemplo de labor sinérgica para que el centro educativo se convierta en un equipamiento de proximidad de calidad al servicio de la comunidad.
12. ACTUALIZAR LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO La formación del profesorado debe adaptarse a las exigencias de la Ley Orgánica de Educación y de la Unión Europea, que establecen la necesidad de que el alumnado adquiera diversas competencias básicas. Para ello, es necesario que el profesorado anime a sus alumnos a “aprender a aprender” y no simplemente a adquirir conocimientos inconexos, que luego no son capaces de trasladar a la práctica del día a día. Creemos en la importancia de que el profesorado mantenga una formación continua, que innove en los mismos centros educativos, que sepa trabajar en equipo, que utilice nuevos lenguajes, y que tenga expectativas en sus alumnos. 13. PROMOVER LA LECTURA •
Creación de bibliotecas en todos los centros de primaria, estableciendo convenios con ayuntamientos u otras instituciones, con el fin de garantizar su apertura por las tardes con programas dinámicos de promoción de la lectura, dirigidos a todos los escolares.
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Establecer una mayor relación, con los programas específicos que se consideren, entre las bibliotecas municipales y los centros educativos.
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Proponemos que los maestros utilicen en su labor educativa los recursos que se encuentran en las bibliotecas escolares (convertidas en mediatecas), así como otros materiales curriculares propios de la sociedad de la información y el conocimiento.
14. IMPULSAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA Proponemos las siguientes medidas:
Fomentar la comunicación familia-escuela, para que padres y profesores dispongan de más información sobre los menores y sepan así prevenir y afrontar los problemas de convivencia que puedan surgir. Sustituir el “buscar quien tiene la culpa”, por la búsqueda conjunta de soluciones para afrontar una dificultad. Para ello es necesario: reforzar la acción tutorial; lograr que una parte importante del profesorado no recele de la participación de las familias en las APAS, consejos escolares, y otras actividades del centro educativo; políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, como regular los horarios laborales en función de las necesidades de los menores y de los adultos.
Impulsar normas claras y consensuadas de convivencia, tanto en las familias como en las escuelas, para que los alumnos conozcan las consecuencias del incumplimiento de las mismas. Es necesario que en los centros educativos exista un modelo democrático de convivencia, es decir, consensuado entre profesores, padres y alumnos, y conocido por todos
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los miembros de la comunidad educativa, para que todos sepan también las consecuencias del incumplimiento de las normas acordadas. Ante quienes abogan por normas autoritarias, impuestas desde la dirección del centro, hay que anteponer el establecimiento de normas explícitas y consensuadas, tanto en la familia como en la escuela, lo que es realmente efectivo a largo plazo para combatir los problemas de convivencia.
La dirección del centro, el claustro de profesores y los equipos de orientación deben coordinar y sensibilizar a toda la comunidad educativa en la lucha contra el acoso escolar y elaborar planes de convivencia, con la participación de toda la comunidad educativa, para prevenir y afrontar los conflictos.
Institucionalizar las comisiones de convivencia en todos los centros educativos, donde participen todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos los alumnos, para dirimir los conflictos que puedan acaecer.
Creación de equipos de mediación integrados por alumnado, profesorado y familias, que cuenten con un sistema de normas elaboradas participativamente, y que se dediquen a la atención y resolución de conflictos. Más programas de mediación que, aunque muchas administraciones están ya implantando, en muchos casos no logran sus objetivos al carecer de la participación del alumnado, y de las familias y sus APAS. En este sentido, es necesario formar sobre la convivencia escolar a alumnado y familias para promover que actúen como mediadores y trasladen un mensaje de no tolerancia ante situaciones de ruptura de la convivencia o de violencia. Los mediadores no sólo atienden directamente situaciones conflictivas, sino que también facilitan, mediante la formación y supervisión, herramientas y capacitación para que todos los integrantes de la comunidad educativa puedan abordar constructivamente sus disputas. Es necesario que la mediación empiece a funcionar en primaria, para prevenir situaciones conflictivas en secundaria.
Enseñar a los menores a interpretar y ser críticos con los mensajes que transmiten los medios de comunicación. En este sentido, es importante que la Comisión de Seguimiento para el cumplimiento del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia (en el que participa CEAPA) siga trabajando para que las cadenas de televisión avancen en el cumplimiento de sus compromisos.
Introducir en el currículum los valores democráticos, solidarios, coeducativos, que transmita que la diversidad es riqueza, que prevenga el racismo y el sexismo y aporte herramientas para la resolución dialogada de los conflictos.
Favorecer la integración en el aula de todo el alumnado, erradicando situaciones de exclusión, por motivos como el racismo, el sexismo u homofobia.
Mejorar la formación del profesorado en resolución de conflictos, negociación y habilidades básicas de comunicación, fundamentales para atender a la diversidad del alumnado existente hoy en las aulas. De esta manera, los profesores podrán enseñar de otra manera para recuperar la autoridad, enseñar a buscar información, interpretarla, criticarla y convertirla en conocimiento.
Destinar recursos para la formación de las familias, mediante las escuelas de padres y madres.
Fomentar las relaciones interpersonales entre los niños ya en la Educación Infantil.
Generalizar el aprendizaje cooperativo en las aulas. El aprendizaje cooperativo ayuda a alcanzar las metas personales a través de las metas del equipo, lo cual mejora la motivación y los resultados de todo el alumnado.
Alcanzar un acuerdo entre las Administraciones educativas y sociales, para desarrollar políticas globales que eviten situaciones de exclusión y marginación, que contribuyan
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de forma efectiva a prevenir y solucionar la violencia en la sociedad, que luego se refleja de manera inevitable en las escuelas.
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