DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; DE JUSTICIA; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE CONTIENE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. ANTEPROYECTO
Ambiental el principio de “quien contamina paga” deber ser en realidad “quien deteriora el medio ambiente, responde y lo restaura”. A ello, Mercedes Campos considera que “esto es mucho más preciso porque al adaptar el principio al caso concreto del Derecho Ambiental, se hace énfasis en la importancia de responder no únicamente mediante el pago de una cantidad pecuniaria, sino también restaurar el medio ambiente, lo cual es mucho más importante”11. Y con mucha razón debería ser así, pues en la mayoría de los casos en que se llega a una sentencia a favor de la víctima, la sanción pecuniaria no se destina a la debida restauración del daño. Retomando algunos de los argumentos que sustentan la Iniciativa, es cierto que la necesidad de crear un sistema de responsabilidad ambiental, no sólo obedece al reclamo de reparación de daños ocasionados al entorno, sino fundamentalmente a la demanda social de participación directa en la tutela del ambiente, que requiere del acceso efectivo a los tribunales del Poder Judicial. Lo anterior, refiere la Iniciativa, ha sido expresado con claridad por expertos de todo el mundo en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en el 2002, para revisar los compromisos de la Conferencia de Río de Janeiro. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), auspició seis simposios de jueces, ministros, magistrados y expertos en el tema de justicia ambiental en todo el mundo, que concluyeron con la expedición de una declaración. De tal suerte, que los jueces y magistrados a través de la Declaración de Johannesburgo manifestaron: Afirmamos que un poder y un proceso judiciales independientes son decisivos para la ejecución, el desarrollo y la aplicación coercitiva del derecho ambiental, y que los miembros del poder judicial, son asociados imprescindibles para
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Campos Díaz Barriga, Mercedes, Op. cit., p. 89.
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