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ÍNDICE

Introducción, 13 La autonomía abierta de la universidad, 17 La nave y los embates, 17 La autonomía a contrapelo, 18 Contigo a la distancia, 19 La reconquista liberal, 24 ‘‘Fortaleza y debilidad...’’ del neoliberalismo, 25 ¡Al abordaje!: los excluidos, 30 La autonomía abierta: el patio trasero, 32 La universidad, conciencia nacional, 35 La universidad de todos, 39 Los argumentos, 39 Crisis de esperanza en el progreso, 41 Universidad, sociedad, desarrollo y nación, 43 El ‘‘Proyecto Nacional’’, 45 Universidades y democracia, 47 Desarrollo técnico y explosión del ethos universitario, 49 Identidad, comunicación, cohesión, autonomía, 51 El contrato social de los universitarios, 53 Notas para una reforma de la UNAM, 57 9

RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

La tensión con el Estado, 57 La descentralización, 58 La Universidad Nacional y el posgrado, 60 Investigación y docencia, 61 Bachillerato, licenciatura y posgrado, 64 El consenso y la concordia: melting pot, lo que sabemos, 65 La UNAM: cómo educarnos nosotros mismos, 67 Contra el saqueo, 68 Fascinación por el vértice, 69 (del Estado asesino al priísmo enjuiciado: las batallas de la sociedad en una cultura estatal) El ideario democrático del 68, 70 La democracia libertaria, 70 La democracia reformista, 72 La democracia revolucionaria, 73 La democracia social, 76 La matriz autoritaria, 76 El triunfo del reformismo, 78 19 de septiembre: el regreso del pueblo, 83 Los noventa, 86 En resumen, 91 Los demócratas primitivos, 95 (La universidad y el movimiento estudiantil de 1968) La alianza y el adversario, 95 Los primeros días, 97 Poca política, mucha organización, 101 La dinámica de la acción, 104 La segunda etapa, 106 Las orientaciones profundas: el discurso del silencio, 111 Contra el Estado, la Constitución, 112 Los invitados a la fiesta se quedaron en el camino, 114 La utopía: un polo de oposición organizado y permanente, 115 10

ÍNDICE

La triple dependencia de una aparatosa vanguardia, 117 En torno al 27 de agosto: clímax y anticlímax, 119 La tercera etapa: permanecer en el Zócalo, recomenzar el movimiento, 121 La cuarta etapa, 124 El CNH y la búsqueda del diálogo a toda costa, 130 El retorno a clases, 133 Notas, 135 Índice analítico, 141 Bibliografía, 155

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INTRODUCCIÓN

la noción de universidad ha estado ligado desde siempre el referente a la cultura y a la filosofía; naturalmente, pero de manera más precisa, conforme nos acercamos al tiempo presente, a la noción de universidad se ligan los más audaces adelantos científico-técnicos.

Sin embargo, conforme el ideal de la modernidad se desvanece, es decir, conforme unas sociedades alcanzan logros espectaculares en el terreno del conocimiento y del nivel de vida de sus habitantes, mientras otras parecen estancarse, distanciarse de esos logros sin remedio, el referente a La universidad comienza a necesitar de algunas adecuaciones que lo pongan en consonancia con lo que es hoy el rasgo capital de nuestro tiempo: la polarización creciente entre sociedades nacionales y entre agregados humanos en el interior de cada sociedad nacional.

Podríamos establecer, para ir al grano, que por más que en los países de desarrollo medio, como el nuestro (para ya no hablar de los más atrasados), nos esforzamos en destinar recursos con la esperanza de recuperar la brecha que nos separa de los centros de excelencia en la producción científico-técnica. El hecho es que cuando creemos acercarnos a ese objetivo, descubrimos desesperanzadamente que el conocimiento es más universal que nunca, que los logros de la ciencia se encuentran globalizados, que cuando alguno de nuestros científicos logra un descubrimiento de relevancia en la frontera de la ciencia, las grandes transnacionales están listas para comprar dicho descubrimiento y convertirlo en una propiedad privada, en una patente que beneficia en primer lugar a su propietario, en segundo lugar a quien puede

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pagar por los productos derivados de ella y casi en nada al mundo de los excluidos y a la universidad que tanto esfuerzo invirtió para llegar a ese resultado. El conocimiento científico-técnico es entonces universal, global, pero los problemas sociales ligados a la desigualdad y a la incultura en los países que no se encuentran en la vanguardia del desarrollo y del conocimiento son nacionales y los recursos destinados para su atención se reducen permanentemente, porque la atención que esos problemas requieren con mucha dificultad genera las ganancias que atraerían a los agentes, a los equipos y a los laboratorios universitarios y de otra índole, que podrían intentar su solución.

Quizá ha llegado el momento en que deberíamos comenzar a hablar de las funciones que debe y puede cumplir la universidad en el mundo desarrollado y de las que debe y puede cumplir en el mundo en desarrollo. Sin querer decir que nuestra universidad debe abandonar sus esfuerzos por mantenerse en la frontera del conocimiento, lo cierto es que importantes regiones de su cuerpo deberán acelerar lo que ya comienza a ser evidente: implementar una sapiencia y una tecnología vuelta cada vez más a buscar soluciones en la otra frontera, en el patio trasero, como se dice más adelante en este libro; buscar soluciones ahí en donde más apremian los problemas de estas sociedades en desarrollo y de las menos desarrolladas, entre la exclusión social, en las regiones del atraso, en el horrendo campo de una violencia que parece cubrirlo todo. Hay terreno y materia prima de sobra para innovar, para buscar caminos de salida ante esta adversidad.

Una parte de este libro versa sobre esas temáticas, pero también se trata aquí de un recorrido por la historia de la universidad mexicana y de los momentos que más han marcado su existencia. Se centra este recorrido en la trayectoria de la UNAM por razones obvias, porque hasta los años setenta era prácticamente la única institución de alcance universal, porque en ella sigue concentrándose la investigación de punta y los posgrados mejor reconocidos y porque nunca ha dejado de representar, con mucho, el mayor peso demográfico en la educación superior.

El primer capítulo de este libro ubica a la UNAM en la historia del país, se toma como eje conductor el tema de la autonomía, su difícil 14

INTRODUCCIÓN

relación con el actor predominante de la mexicanidad que ha sido con mucho el Estado posrevolucionario y la ubica también con respecto al otro gran impacto en esta historia: los cinco lustros de neoliberalismo.

El segundo capítulo es un recorrido por los distintos componentes sociales e ideológicos que coexisten en un cuerpo tan complejo como lo es una universidad nacional en un país tan heterogéneo como el nuestro: la universidad desarrollista, la que cumple con la tarea de la cohesión social, la que le da contenido y orientación a lo nacional, la cientificista. Se ejemplifica con las convulsiones que se han provocado cuando, en algún momento, la UNAM ha privilegiado uno de sus componentes queriendo minimizar o borrar al resto.

El tercer capítulo intenta poner orden en las temáticas implicadas en lo que podría ser una reforma de la UNAM hacia el inicio del siglo XXI; una reforma que parece inevitable para la subsistencia de este complejo aparato, una reforma que se ha postergado desde el conflicto de las cuotas en la segunda parte de los años ochenta y que mostró su urgencia al estallar la huelga que puso prácticamente en tinieblas durante un año a nuestra casa de estudios mostrando de paso su compleja relación con la sociedad de excluidos que la rodea.

El cuarto capítulo es un recorrido desde el movimiento estudiantil de 1968 hasta la fecha, profundizando en los distintos contenidos del ideario democrático de aquellos jóvenes, en el estallamiento de concepciones y corrientes a que condujo esa movilización y su lamentable final. ¿Cuánto ha cambiado la cultura política de los mexicanos en ese lapso, cuánto del autoritarismo en que crecimos, de la cultura estatal de los mexicanos ha quedado atrás y cuánto de todo eso seguimos arrastrando? Nos detenemos en el neozapatismo como un momento emblemático para encontrar respuesta a estas preguntas.

Finalmente, en el capítulo quinto, nos enfocamos detenidamente a recordar qué fue el 68 mexicano, qué mezcla de actores formaron esa irrupción fantástica que tanto marcó a nuestra universidad, en dónde estuvieron los excesos y los errores de cada uno de sus aliados en cada una de las etapas de la movilización.

En distintos momentos de la historia de México los sectores me15

RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

dios ilustrados han actuado emergentemente para salvar al país de la desintegración nacional, del caos, del desorden, de la degradación. Así sucedió con los ilustres reformadores en el siglo XIX, así sucedió al término de la Revolución mexicana con la destacada labor educativa que se desplegó desde la Secretaría de Educación Pública, afianzando los grandes mitos unificadores en torno al desarrollismo, al nacionalismo, a la legitimidad de lo popular. Es importante pensar a la Universidad Mexicana y a la UNAM en su centro porque en este inicio de siglo, después del desgaste de las instituciones políticas y jurídicas debido al modelo excluyentista y a la manipulación electoral de las elites gobernantes y debido también al empequeñecimiento de la autoridad presidencial, la única institución que parece descollar es la UNAM, en lo nacional y en lo internacional, pasando de ser considerada la número 94 del mundo, en 2004, al lugar 76 en 2006, y volviéndose por lo mismo objeto de envidia y ataques desde algunas de las devaluadas instituciones de la nación. Pensemos pues a la universidad en este momento de grandes definiciones para nuestro país.

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LA AUTONOMÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD

La nave y los embates o es muy compleja ni muy explícita la legislación que otorgó la autonomía a la Universidad en 1929 y que luego, en 1945, recibió algunas adecuaciones pertinentes: ‘‘La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública ----organismo descentralizado del Estado---- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura’’. Para ello podrá ‘‘organizarse como lo estime mejor [así como] impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investigación’’.1 En esa medida la autonomía habrá de convertirse mucho más en un ejercicio dinámico que en un decreto imperativo. Y es que decir autonomía universitaria es como hacer referencia a la posición de un navío que reacciona con calma o con sobresalto dependiendo de las mareas, los vientos y la proximidad de los litorales.

En efecto, en la historia de su autonomía, la universidad ha tenido que bregar en primer lugar con el Estado, qué duda cabe, y en particular con el poderoso Estado surgido de la Revolución, pero también con los terribles ventarrones que han querido convertirla en una barcaza al servicio del desarrollo económico, al servicio de los intereses de

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RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

las grandes empresas privadas, y en el extremo, muy cercano a ello, en una veloz fragata deslizándose en la frontera de la Tercera Revolución Científico-Técnica; ha tenido que hacer frente igualmente a las corrientes que han querido ver en ella una institución al servicio del pueblo y, en el mismo impulso, al servicio de los líderes y agrupaciones que dicen representar al pueblo. Poder, economía, elite científico-técnica y sociedad han sacudido y jaloneado a la nave universitaria en estos 75 años, haciendo de la autonomía una referencia cambiante y polivalente.

En este ensayo nos centraremos en la parte más reciente de ese periodo, aunque en el apartado que sigue haremos una breve reseña de las relaciones de la universidad con su entorno en un periodo más amplio.

La autonomía a contrapelo Si bien la universidad mexicana no es ni siquiera pionera en la batalla por la autonomía, lo cierto es que las razones que se encuentran detrás de este movimiento son mucho más explosivas que en el resto de América Latina: la lucha por la autonomía universitaria en México, ----nos dice Manuel Rodríguez Lapuente (1975)----, aunque siguió aparentemente la línea de la Reforma de Córdoba, adquirió en el contexto social y político en que se produjo un sentido diametralmente opuesto [...] Si en Argentina la reforma universitaria secunda la evolución social del país y la política de los radicales en el gobierno,2 en cambio, en México, la autonomía se enarbola frente al régimen surgido de la Revolución, que ha iniciado una política nacionalista y popular, mientras la universidad se esfuerza por mantener una ideología liberal que refleja los intereses de las clases sociales afectadas por las reformas revolucionarias.

Durante el cardenismo, como sabemos, estas tensiones alcanzarán un extremo que empujará al gobierno a la creación del Instituto Politécnico Nacional, tratando de contrarrestar el sólido posicionamiento contrarrevolucionario de las corrientes liberales acantonadas en la UNAM. 18

LA AUTONOMÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD

Los estudiantes católicos encabezados por Manuel Gómez Morin y Rodulfo Brito Foucher, haciendo uso de la fuerza (utilizando a los primeros grupos de choque), expulsaron de la universidad a Vicente Lombardo Toledano y a sus partidarios. El gobierno respondió con la terminación de su responsabilidad financiera hacia la institución entregando a la universidad un último aporte de 10 millones de pesos. ‘‘Para la Unión Nacional de Estudiantes Católicos tal decisión constituyó un triunfo total contra el Estado y las doctrinas socialistas, y a favor de la libre empresa educativa, que permitía, al que quisiera estudiar, el contar con una institución ‘neutral’, de ‘buenas costumbres’ y ‘credos’, libre del fantasma social por supuesto, siempre y cuando el estudiante pudiera pagarla’’ (Sánchez Gudiño 2004).

Obviamente la posición de la universidad va a cambiar con respecto a estos años y sobre todo después de la época cardenista. Se convertirá, sin duda, en la proveedora de los hombres de Estado, función que nunca había perdido, pero que ahora desempeñará de manera intensiva, una vez debilitada la primacía de los militares y los hombres fuertes de la Revolución y ante las exigencias de la industrialización a partir de mediados del siglo XX. ‘‘La mejor oportunidad de ingresar a la política y mantenerse en los niveles altos, a partir de los años cincuenta, escribe Roderic Ai camp (1984), era cursar estudios de nivel superior en la Universidad Nacional’’ (véase también Peter Smith, 1981).

Contigo a la distancia Sin embargo, después de algunos años de este acercamiento, coronado con la entrega de la nueva Ciudad Universitaria en los pedregales de San Ángel por parte del presidente Miguel Alemán, el escenario vuelve a tensarse como resultado, principalmente, de la radicalización que el triunfo de la Revolución cubana infundió en la juventud de toda América Latina (Rivas Ontiveros, 2004). Así, el distanciamiento entre universidad y Estado se redobla, pues a las posiciones liberales, que en su fachada exterior tendieron a preservar a la universidad como un santuario de cultura al margen de la política, vendrán 19

RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

a agregarse las posiciones marxistas y socialistas de los años sesenta coincidiendo ambas corrientes de manera casi perfecta, aunque con otros argumentos, en la ruptura tajante entre la universidad y el Estado, y volviéndose aliadas en la defensa de la autonomía.

El régimen, particularmente el diazordacista, se siente atacado por la intelectualidad y por los grupos progresistas de la cultura con lo que se vuelven ásperas las relaciones entre ambas esferas al grado de que es destituido Arnaldo Orfila como director de la editorial sin duda más influyente en América Latina, el Fondo de Cultura Económica, y se desata una verdadera guerra contra el rector de la universidad, el doctor Ignacio Chávez, que termina con su destitución a manos de grupos porriles cuyo engranaje con el gobierno ha quedado perfectamente evidenciado (Sánchez Gudiño, 2004). Un dato paralelo abona en esta dirección: el presupuesto de los centros de educación superior no tuvo el mismo comportamiento durante el sexenio de Díaz Ordaz que en años anteriores; el incremento anual en el presupuesto por estudiante, tomando el año 1959 como referencia, fue el siguiente: 1961: 0.93; 1962: 1.84; 1963: 9.30; 1964: 9.15; 1965: 2.93; 1966: --3.52; 1967: --8.47 (Latapí, 1971); y a partir de 1968 las cosas empeorarían, pues ‘‘se siguió una política de restricción en los subsidios’’ (Barros Sierra, 1972). En 1969 el gobierno federal cancelaría a la UNAM un déficit de 100 millones de pesos acumulados durante el propio régimen de Díaz Ordaz.

El movimiento de 1968 y su desenlace dramático, así como la matanza del 10 de junio de 1971, van a profundizar la zanja entre ambos mundos, convirtiendo al tema de la autonomía, durante muchos años a partir de entonces, en un referente tabú, inamovible e intocable: ‘‘la única corriente clandestina en la universidad es el PRI’’, escribiría Gastón García Cantú, hacia 1973. Junto a esto, el importante debate entre cooperación profesional y científico-técnica con el Estado muy rara vez se planteaba, y cuando esto sucedía se encontraba resuelto de antemano por el lado de la absoluta separación de los dos campos. Los programas conjuntos de investigación entre institutos de investigación y organismos del Estado casi no existían y cuando los había era preciso mantenerlos bajo un gran silencio.

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LA AUTONOMÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD

Seis meses después de haber tomado posesión, el presidente Luis Echeverría inició una serie de reformas bastante importantes bajo el sugerente enunciado de ‘‘apertura democrática’’. La represión salvaje a una fuerza social que trató de ver cumplidas sus demandas desde una posición exterior al sistema político imperante se convirtió, a la postre y paradójicamente, en el triunfo de las demandas de su amplio sector demócrata-reformista y en la única y costosísima vía por la que la universidad habría de iniciar, una vez más, su penosa articulación con los aparatos del desarrollo, con el sistema político y con el Estado. Los presos estudiantiles fueron liberados hacia 1971 y un poco más tarde todos los presos políticos, destacadamente los líderes del movimiento ferrocarrilero de 1958-1959. Los artículos 145 y el 145 bis, votados en la segunda guerra mundial y relativos a la disolución social por parte de agentes antinacionales (otra demanda del pliego petitorio del 68), fueron también derogados. Mientras el presidente se empeñaba en visitar todas las universidades del país, los presupuestos para la educación superior fueron incrementados notablemente y nuevos centros educativos se inauguraban (en 1971 el número de alumnos de primer ingreso en la UNAM se incrementó 100% y los aumentos de salario otorgados al profesorado se elevaron entre 33% y 58% (Carmona, 1972).

Se distribuyeron puestos y honores entre los representantes de medios intelectuales y políticos liberales, progresistas e incluso de izquierda que habían sido críticos acérrimos del régimen anterior (Labastida, 1972); pareció crearse un canal emergente paralelo al PRI y a todo el ritual priísta del ascenso político, y se vio transitar por él hacia los más altos puestos a un gran número de cuadros cuyos nombres pueden reconocerse al pie de los manifiestos estudiantiles de 1968.

De esta manera, el régimen echeveriísta reblandeció el hermetismo universitario e incluso en varias ocasiones instó a los estudiantes a ligarse al campesinado, ‘‘a ir a trabajar al campo en donde están los verdaderos problemas’’ (aunque, hay que decirlo, nunca los llamó a ligarse a los obreros, en donde crecía como la espuma la efervescencia por un sindicalismo independiente). Varios organismos gubernamentales establecieron programas en los que fueron incorporados, con 21

RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

muy buenos salarios, profesores, investigadores, pasantes y gran cantidad de estudiantes (CONASUPO, Plan de Capacitación Campesina, Instituto Mexicano del Café, Recursos Hidráulicos...), y se iniciaron investigaciones sobre las estructuras del poder y el caciquismo en varios estados de la República. A partir de entonces los institutos de investigación de la universidad intensificaron los casi inexistentes proyectos conjuntos con el gobierno y, lo que es más importante, hacia la segunda mitad de los setenta las reacciones de rechazo hacia estas actividades se debilitaron paulatinamente; dejó de causar asombro que un profesor o un investigador pasara a ‘‘asesorar’’ un proyecto gubernamental y el término mismo pareció estar bien escogido (en sustitución del de consejero), para disipar el contenido negativo que en otro momento conllevaba una revelación semejante.

La renuncia de Pablo González Casanova a la rectoría de la UNAM en 1973 es comprensible en este ambiente de susceptibilidad y desconfianza y ejemplifica bien el afloje de las amarras de la comunidad universitaria, del encierro autonómico. González Casanova fue nombrado rector en 1970 y procuró inmediatamente mejorar la situación financiera de la institución y los sueldos del personal académico y de los administradores. Las primeras reacciones de desconfianza entre el estudiantado se manifestaron desde que se le vio aparecer al lado de Luis Echeverría, algunos meses antes de que éste tomara posesión como presidente de la República. Esta labor no era sencilla con un pasado inmediato tan dramático, el recogimiento de la universidad en sí misma y la imagen tan presente del rector Barros Sierra. Es una época en la que la desmoralización estudiantil, la ‘‘onda’’, la mariguana y el porrismo alcanzan sus niveles más altos en la vida universitaria, justo cuando las guerrillas de origen estudiantil hicieran su aparición.

En ese ambiente muchos intereses políticos extrauniversitarios (ahí incluida el ala derecha del PRI) encontraron una buena plataforma para atacar las orientaciones bastante progresistas que González Casanova estaba procurando para la educación superior. El ataque fue también dirigido contra el régimen por considerarse al rector la pieza de la apertura democrática en el plano de la política educativa. Al lado 22

LA AUTONOMÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD

de esto, frente a la huelga de los trabajadores de la UNAM, cuyos objetivos eran la sindicalización y la firma de un contrato colectivo de trabajo, González Casanova se mostró reticente, advirtiendo sobre el peligro que para la autonomía universitaria podía implicar tal organización sindical si cayera eventualmente bajo las directrices de confederaciones laborales extrauniversitarias y de sus prácticas antidemocráticas, en particular la referida a la ‘‘cláusula de exclusividad’’.

El historiador Gastón García Cantú, al analizar las causas de la renuncia de González Casanova, hace una lista tan amplia de culpables que en realidad termina por mostrar el aislamiento enorme que rodeaba al rector: ‘‘En esa labor de demolición coadyuvaron los enloquecidos que se sobreviven a sí mismos en los comités de lucha, los ultraizquierdistas, verdaderos enfermos de la razón, los dirigentes del Partido Comunista... que pretenden hacerse de un sindicato de alcance nacional y dominar la universidad, los ignorantes, algunos directores plegadizos y acobardados, los adversarios de la educación superior, los patrones nacionales y extranjeros coludidos para desmantelar toda institución crítica, los grupos más reaccionarios para los cuales todo lo que no esté sellado y lacrado por los empresarios de Monterrey es marxismo, y, también, los que ahora ven llegada la oportunidad de lanzarse sobre las escuelas y facultades para repartirse, ilusoriamente, los presupuestos administrativos’’ (García Cantú, 1973). Cuando Echeverría, hacia 1975, se dispuso a dialogar con los estudiantes en el recinto mismo de la UNAM, a pedradas lo echaron los estudiantes de su territorio en un gesto de abierta ruptura que en algunos aspectos, pero sólo en algunos, se asemeja a la conducta de quienes por desesperación tomaron el camino de las guerrillas.

Este capítulo de autonomía radical, de descomposición interna de la comunidad universitaria y de la readecuación paralela de las relaciones entre la universidad y el Estado lo va a cerrar, a partir de 1976, el lopezportillismo, con base en la Reforma Política animada por Jesús Reyes Heroles, llamando a todas las fuerzas políticas, y en particular al Partido Comunista, a su legalización y a su incorporación en el seno de la estructura institucional de la nación por la vía partidista-parlamentaria y la competencia electoral.

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RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

La reconquista liberal Los doce años del soberonismo y su inercia (el rectorado del doctor Rivero Serrano), van a constituir la antítesis de la universidad autonomista que encabezó Barros Sierra, vuelta hacia sí misma, amalgamando a las autoridades y al territorio en el seno de la comunidad universitaria. Para recomponer el control sobre la UNAM, después de una etapa tan convulsionada como la del 68, el 71 y la guerra sucia, las autoridades trabajarían de manera articulada con el gobierno, llegando al exceso de permitir la entrada de las fuerzas policiacas al campus con el objetivo de desmantelar la identidad interior, en particular la acantonada en el sindicalismo de los trabajadores administrativos y académicos, impidiendo a toda costa la formación de un sindicato único de los universitarios. Para retomar dicho control fue necesario congelar la intensa vida pública, lo que en algunos aspectos recuerda las técnicas burocrático-autoritarias del Cono Sur latinoamericano: se hacen desaparecer las cafeterías, los horarios se compactan, las carreras más conflictivas de ciencias sociales son desplazadas hacia las dependencias periféricas y se dirige hacia ellas (devaluándolas así) a los alumnos que no encontraron lugar en su primera opción vocacional, se amenaza con despidos a dirigentes y a disidentes al aplicarse estrictamente los estatutos, los coloquios y congresos se realizan en espacios selectos, alejados de la participación estudiantil; elevados salarios, prestaciones, equipos y decorados artísticos de alto costo para el pequeño grupo de dirección de las distintas dependencias, creándoles así un compromiso de fidelidad hacia arriba y una separación con el resto de esa comunidad; elección para los puestos directivos de académicos aislados, sin apoyo ni filiación grupal, partidista o ideológica; centralización de las decisiones sobre uso de las partidas presupuestales con objeto de disuadir cualquier coqueteo fuera de la mencionada línea de fidelidad vertical, etcétera.

Al lado de esto el soberonismo escoge como único aliado interior a los académicos de más altos rangos de las áreas científico-técnicas y médicas, secundados por el muy controlable profesorado a contrato, 24

LA AUTONOMÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD

y desde ahí organiza una defensa científico-liberal para la reconquista de la universidad, arrebatándosela a las corrientes radicalizadas del postsesentaiocho, excesivamente orientadas a convertir a la educación superior en un arma al servicio del pueblo (bajo las directrices, naturalmente, de las ‘‘conciencias superiores exteriores a la masa’’).

La representación laboral de los académicos y la titularidad de su contrato colectivo es ganada en un referéndum por las corrientes institucionales hacia 1977 y eso hace bascular en su favor la correlación de fuerzas. A partir de entonces y hasta 1985, la nueva estructura liberal-tecnocrática se consolida dividiendo a la universidad entre una elite bien articulada con el poder estatal y una masa más o menos apática y dispersa, mientras los dirigentes de esta última abandonaban el medio universitario en su tránsito hacia la vida partidista reconocida por la Reforma Política, enfrascándose en las alianzas electorales y la lucha por las curules.

A partir de la recomposición soberonista y hasta el fin de siglo, por encima de las convulsiones que reseñaremos, a las altas autoridades universitarias y en particular al rector en turno de la UNAM se les verá más fotografiados en los salones de Los Pinos y del Palacio Nacional que en la propia Torre de Rectoría. Mientras tanto, los importantes personajes de las administraciones universitarias salientes, encabezados por los flamantes exrectores, pasarían a formar parte de los sucesivos gabinetes de la política u ocuparían puestos de subsecretarios, procuradores, etcétera. ‘‘Fortaleza y debilidad...’’ del neoliberalismo Hacia 1986, a tres años de haberse iniciado las políticas neoliberales, el escenario vuelve a bascular en el sentido contrario. El rector Jorge Carpizo le propone a los universitarios, en el ya célebre documento ‘‘Fortaleza y debilidad de la UNAM’’, una serie de medidas que coadyuvaran al mejoramiento de la educación universitaria, elevaran su calidad y su eficiencia terminal y ayudaran a paliar el déficit presupuestal al que ya se enfrentaba la institución en un momento de retrai25

RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

miento del aparato estatal, pero que habría de crecer significativamente si lo que se pretendía era colocarla en las fronteras del avance científico-técnico. Un importante sector de la comunidad universitaria interpretó que se trataba ni más ni menos que del primer paso hacia la elitización de la enseñanza superior, y que si bien por el momento la elevación de las cuotas era mínima, en el mediano plazo el rompimiento del principio de gratuidad (o casi, pues sólo se pagaban 20 centavos anuales), daría paso a aumentos más significativos que dejarían sin oportunidad al grueso estudiantil de menores recursos.

En la medida en que no había una autoridad colegiada esencialmente académica que pudiera garantizar el que los aumentos no se volvieran reiterativos y cada vez más elevados (pues el Consejo Universitario ha sido siempre una aplanadora de directores elegidos por una Junta de Gobierno a la que ellos mismos eligen), era mejor dejar las cosas como estaban y mantener la gratuidad. La huelga a que todo esto condujo fue levantada con dos promesas: que habría de llevarse a cabo un Congreso Universitario y que las cuotas no se moverían. Cuatro años después, en 1990 se llevó a cabo el mentado congreso sin que sus resultados alteraran en nada los usos, costumbres y normatividades de la máxima casa de estudios. Así, el resultado fue un empate de fuerzas: no se alteraba el control institucional logrado por el soberonismo, pero el problema de las cuotas quedaba también congelado.

Es cierto, sin embargo, que el grupo científico cobra una fuerza exagerada en la institución durante todo ese proceso. Pongámoslo de esta manera: desde que el exrector Carpizo se vio en una situación difícil debido al vigor argumentativo de la dirigencia ceuísta durante los diálogos públicos a inicios de 1987, buscó apoyo en el grupo de los llamados científicos duros (quienes lo habían impulsado desde su elección), y en particular en aquellos centros e institutos cuyos avances en el terreno de la ciencia y la tecnología han sido ampliamente reconocidos. Este grupo engranaba bien con el proyecto neoliberal de la modernización y de la inminente globalización de nuestra economía a la voz de: ‘‘no tenemos tiempo que perder en la carrera por la tecnología de punta y los mercados mundiales’’.

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LA AUTONOMÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD

Así que se conjugaron varios factores que explican el ascenso del grupo científico en el centro del poder de la UNAM, y de los otros centros neurálgicos de la educación superior: l

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la restauración de un discurso científico para contrarrestar el proyecto de una universidad social animado por el ceucardenismo; las necesidades de pacificación de la política nacional ante el sobresalto de una oposición en ascenso y, la urgencia del desarrollo científico técnico ante la inminente globalización y su exigencia de competitividad aceleradas por el salinismo. José Sarukhán, coordinador de los institutos de investigación científica pasó a ser el rector de la UNAM en 1989.

El último decenio del siglo pasado se desenvuelve sin grandes sobresaltos, excepto por un intento del propio Sarukhán queriendo imponer un aumento de cuotas (un intento más bien tibio e inmediatamente retirado), y luego, al inicio de 1999, como en una tarabilla del grupo científico que había monopolizado el gobierno universitario, un intento más del rector Francisco Barnés en el mismo sentido, lo que provocó una verdadera explosión, un enfrentamiento que pareció marcar una inflexión en el proyecto neoliberal y que condujo a nuestra universidad a una huelga de casi un año y a un desprestigio que sería superado con grandes dificultades a partir de entonces por el rectorado de Juan Ramón de la Fuente.

Los campos quedaron marcados más o menos de la siguiente manera: al gobierno mexicano, a la SEP y a la UNAM les pareció perfectamente aceptables las recomendaciones de los organismos internacionales en torno a la educación superior que pueden ser resumidos en los siguientes puntos: 1. reordenar la matrícula, moderando el ingreso a ciencias sociales y administrativas y alentando la formación técnica desde el nivel medio-superior (de hecho, el alumnado en 27

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las llamadas Universidades Tecnológicas, se decuplicó, entre 1995 y 1999, llegando a 50 mil alumnos y con la meta de alcanzar lo antes posible a una tercera parte de la matrícula total); orientar a los nuevos alumnos hacia carreras ligadas a los renglones dinámicos de la economía (en un marco de privatización), otorgando estímulos a los centros que efectuaran trabajos para las empresas; limitar y aliviar hasta donde fuera posible el subsidio público estableciendo colegiaturas progresivas en el tiempo (con un sistema paralelo de becas-préstamo para no desperdiciar a los alumnos inteligentes pero sin recursos), circunscribiendo el campo de las carreras y acortando su duración (eliminando el requisito de la tesis y disminuyendo el tiempo de permanencia de los alumnos en una institución, por ejemplo); someter a todas las instituciones de educación superior a un examen único, orientado por estos axiomas, que las jerarquizara y les allegara recursos (públicos y privados) de acuerdo con su calificación; sólo con los académicos de nivel doctoral deberían establecerse compromisos de contratación definitiva (OCDE, 1996).3

La respuesta del CGH ante este programa radical de reforma de la educación superior en nuestro país fue puntual y no tuvo desperdicio, a pesar de lo que los medios electrónicos le hicieron pensar a la opinión pública: a) derogación de cualquier reglamento de pagos; b) no a las reformas de 1997, que limitan el ingreso a las licenciaturas de los bachilleres de la propia institución (parte sustancial del bachillerato público), y que reducen el tiempo de permanencia de los estudiantes en una carrera; c) desaparición del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), un organismo que se ostentaba como privado, queriendo mostrar así una autonomía que nunca tuvo, y que fue el encargado de premiar o castigar presupuestalmente a las instituciones de educación según su obediencia a los preceptos arriba enunciados. Así, junto a la 28

LA AUTONOMÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD

exigencia de gratuidad, el discurso de la protesta se completó con la demanda de una ampliación de la matrícula y un mayor subsidio para la educación superior en nuestro país (ya que el grueso de los recursos del erario se han dirigido al salvamento de los mal administrados negocios del gran capital).

Al comenzar aquella huelga, el tono de las discusiones y la distribución del escenario parecieron una reedición de lo que había sucedido trece años antes con el movimiento ceuísta, pero el desenlace del conflicto iba a poner ante los ojos de los universitarios un resultado sorprendente. Antes de explicar esto último y para su mejor comprensión, permítasenos reproducir las dos posturas que se encontraban en el fondo de la confrontación, enunciada en el párrafo anterior, en que se debatía la institución en los últimos diez años del milenio: La primera, hegemónica en nuestras universidades y en nuestros espacios de producción científica y tecnológica, ha postulado que debe haber una racionalidad acorde con la era de la globalización, obligando a las instituciones del saber a guiarse por los ritmos mundiales impuestos por la llamada ‘‘tercera revolución científico-técnica’’, lo que exige, por medio de los planes transnacionales de homologación, producir ideas y aplicaciones técnicas competitivas en la vitrina mundial. Constituye, concomitantemente, una crítica furibunda a las universidades públicas e incluyentistas, es decir, abiertas a una demanda más amplia de jóvenes y, por lógica, con moderados presupuestos per cápita. Esa racionalidad globalizadora considera que no tiene sentido, en un mundo de exigencias profesionales cada vez más elevadas, mantener a esas instituciones públicas incluyentistas al lado de universidades privadas destinadas a acaparar un mercado del empleo que se estrecha y cuyos estándares se vuelven cada vez más exigentes.

La universidad incluyentista le contesta que, en el escenario de la globalización, una universidad que hace depender su subsistencia de la lógica del mercado y de la competitividad está perdida de antemano en un país en desindustrialización, controlado por las grandes empresas en la lógica de la exportación; un país que lo principal que tiene para ofrecer son sus energéticos y sus recursos naturales en general (su sol, 29

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sus playas y sus mares), su mano de obra barata y sin calificación (primer renglón de divisas), colocada en el extranjero en forma de trabajadores migratorios o vendida en la frontera y las regiones de fácil acceso en la modalidad maquiladora (en realidad jovencitas sumisas, hábiles con la vista y las manos, ensamblando artículos que 97% vienen del extranjero y regresan allá, y que al doblar el siglo representaban 40% de la mano de obra manufacturera de nuestro país). ¿Para qué tanto ligar a la universidad con las empresas si las necesidades tecnológicas de las pocas que habrán de subsistir serán cada vez mejor cubiertas desde el extranjero: las ingenierías, por ejemplo, tendrán cada vez más dificultades para competir en materiales, telecomunicaciones y hasta en el campo civil, pues las patentes, los técnicos y los préstamos para llevar adelante las obras están preestablecidos por un reducido puñado de empresas capaces de ganar la licitación y en donde se prevé, sin duda, un reducido monto para la contratación de técnicos domésticos. ¿Qué decir de la química, las comunicaciones, la informática...?, ¿en dónde somos competitivos?, ¿qué patentes producimos?, y si las producimos, ¿cuál es el sentido de esas patentes si se sabe de antemano que estarán destinadas, en caso de mostrar utilidad inminente, a ser compradas por las empresas transnacionales (Hitachi, IBM, Kentuky, Green Giant), e incluso, a ser congelada su utilización, si eso conviene a sus nuevos propietarios? ¿Para qué tanta excelencia entonces en estas fronteras del saber y de la técnica si no guardan ningún correlato con las necesidades sociales del entorno de nuestras universidades?4 ¡Al abordaje!: los excluidos En ésas estábamos cuando descubrimos que la situación había cambiado, que el navío de la universidad y su autonomía no estaban siendo sacudidos solamente por los vientos de la globalización, que la discusión sobre la eficiencia, la excelencia y la equidad podría esperar un poco, porque en realidad lo que la huelga nos estaba mostrando era que una serie de pequeñas embarcaciones, repletas de personajes ajenos al medio académico, estaban abordando nuestro lujoso bergantín.

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Nadie previó que el escenario social alrededor de la UNAM había cambiado de manera tan extrema, pero el hecho es que el asunto puso al descubierto una realidad mucho más trágica: la exclusión.

Los reiterados intentos, a partir de mediados de los años ochenta, por imponer cuotas de recuperación en el sistema subsidiado por el Estado generaron una desconfianza creciente de los grupos con menores recursos económicos y abrieron una batalla por la apropiación de la universidad pública, que comenzó apelando a argumentos políticos e ideológicos, pero terminó siendo territorial, y ello se evidenció durante la lamentable huelga de 1999.

El asunto es que la UNAM, por razones presupuestales, se ha visto obligada a cerrar sus puertas a un número cada año mayor de aspirantes, pero eso se le revierte, porque esos jóvenes, o unos parecidos, terminan forzando la entrada al campus y lo logran por derechos propios pero no ya para estudiar, sino para comerciar, para instalar changarros de lo que sea u ocupar cualquier espacio que les permita una posición favorable. Como al término de muchos movimientos huelguísticos en nuestra institución, pero ahora de manera francamente desbordada, los grupos que dirigieron las acciones terminaron apropiándose de espacios privilegiados del campus, aunque hasta ahora sólo como un adelanto de lo que podría venir.5 Así que lo que tendremos que resolver los universitarios en los tiempos que se avecinan es la compleja tarea de convencer a la sociedad y al gobierno de cumplir con su obligación de educar a la juventud; se trata, en resumen, de abrir las pesadas puertas de la academia al mayor número de jóvenes mexicanos para tener la legitimidad para cerrar las otras puertas, las del comercio informal en contubernio con el radicalismo porril en que devino el conflicto de 1999. La marca de nuestra época son las oleadas de excluidos que en su resaca invaden todos los espacios públicos (camellones, banquetas, plazas). La UNAM, a diferencia de las universidades privadas, no puede levantar un muro hacia la sociedad, ha sido siempre un territorio continuo con su exterior y con sus problemas. Su legitimidad y su fuerza para mantener el orden interno a favor de la academia radican en que siga cumpliendo su función 31

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recibiendo a más jóvenes (en éste o en otros campus, con ésta o con otras siglas, como la Universidad de California, la de de París o la de Sao Paulo).

El rector De la Fuente, elegido en medio del conflicto a finales de 1999, centró su actividad en este punto y se colocó a una buena distancia del régimen foxista, incluso bajo una fuerte tensión en muchos momentos, defendiendo una idea muy clara de la autonomía y del financiamiento gubernamental y logrando con ello lo que parecía imposible en el año 2000, debido a la forma bastante ríspida como concluyó la huelga, con la entrada de la Policía Federal Preventiva a la Ciudad Universitaria y el arresto momentáneo de muchísimos dirigentes y activistas: logró que la UNAM remontara el tremendo desprestigio en que cayó en aquel momento. ¿Cuántos intereses no se mezclaron, cuántos oportunismos no afloraron para hacer aparecer a nuestra universidad como una institución en decadencia, peligrosa, desordenada?

Cuatro años después se había puesto en claro lo que nunca estuvo en duda: que la UNAM sigue teniendo las más altas calificaciones académicas en la inmensa mayoría de las áreas de las ciencias, las humanidades y la cultura. De la Fuente planteó un problema central: que la cobertura en la educación media y superior se ha estancado desde hace décadas y que eso se ha convertido en una palanca ominosa de exclusión social. Sin embargo, hoy, en su segundo rectorado, De la Fuente sigue considerando a un costo muy elevado la recuperación de los espacios invadidos del campus.6 La autonomía abierta: el patio trasero Y es que la única manera legítima de fortalecer la autonomía tiene que ver con esto último y nos abre los ojos sobre el inmenso terreno al que cualquier universidad, pero la Universidad Nacional por encima de todas, debería estar ligada y que rebasa con mucho la estrecha visión de la empresa y el juego del mercado ya que tiene que ver con las necesidades de mejoramiento o de simple reconstrucción del entorno urbano y social en general, del medio ambiente, del ahorro de agua y su tratamiento, de la salud física y psicológica, del diseño y la or32

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ganización territorial, local y regional, contra la inseguridad y la violencia, particularmente en un país en descomposición y desmantelamiento acelerados como es el nuestro a partir del brutal impacto globalizador: ¿cómo diseñar y hasta inventar técnicas y fórmulas para reconstruir el hábitat de tres de cada cinco mexicanos en condiciones de destrucción y anomia humanas (tal como en los países de mayor desarrollo se está llevando a cabo, en donde no se escatiman esfuerzos ni presupuestos para reconciliar, por ejemplo, a trabajadores inmigrantes con grupos nacionales empobrecidos que comparten un mismo asentamiento territorial). ¿Por qué en los países de la OCDE los gobiernos sí destinan recursos para enfrentar estas calamidades de la desigualdad y en los nuestros la ortodoxia neoliberal soslaya la temática?

En nuestra época, en consecuencia, la conservación y el fortalecimiento de la autonomía dependerán de algo inverso a lo que ha sido hasta ahora, es decir, en lugar de que tendamos a la defensa y al encierro, los universitarios deberemos demostrar nuestra fortaleza saliendo del campus. La actividad de las ciencias sociales y de todas las disciplinas en estos países de globalización subordinada (con seis de cada diez de sus habitantes en desordenamiento y declinación) debe estar orientada, en muy buena parte, aunque no exclusivamente, es cierto, a la producción de una conceptualización y una acción de la puerta de atrás, de los desechos, de la pedacería social, del replanteamiento del ideal de la modernización; una sociología para lograr que hombres y mujeres vivan mejor, sin extremadas sofisticaciones técnicas, sin movilizaciones con fines utópicos; una universidad en contra de la exclusión, de la regresión, una batalla contra la desmodernidad, en donde las áreas del saber trabajen en la frontera trasera (en el patio de atrás), no de manera predominante en la llamada frontera de las ciencias y de las técnicas, sino buscando las fórmulas defensivas para mitigar los efectos destructivos del saqueo mundializado y del sufrimiento; es un gran reto, porque estas instituciones no pueden por ello descuidar la investigación básica, el estudio de la astronomía, la filosofía, las matemáticas, las letras...7 Una paradoja crece ante nuestros ojos y se vuelve una obsesión: 33

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el desprecio de la opinión pública y de la gran mayoría de las disciplinas llamadas científicas hacia las disciplinas sociales. Se trata de ciencias ‘‘blandas’’, se argumenta, que se encuentran muy lejos de alcanzar el nivel de complejidad y precisión de la física, la medicina, las matemáticas, etcétera. Y sin embargo, si algún reto ha tenido la humanidad desde siempre ha sido la dificultad para acercarse a la meta de una mejor justicia social, a la igualdad de recursos, capacidades, oportunidades, a la disminución de la violencia; por el contrario, en los últimos dos decenios la impresión es que estamos recorriendo el camino en el sentido contrario. La búsqueda de un buen orden social y político es un asunto de una complejidad enorme ante el que, sin duda, nos encontramos en pañales; pero el deplorable estado del objeto de estudio, que es al mismo tiempo nuestro espacio de vida, no debiera conducir a descalificar a sus analistas y a las propuestas y ensayos en el terreno de la acción , sino más bien a reconocer el grado de dificultad de esta tarea y a orientar más recursos para enfrentarla. Hoy se disparan los índices de desempleo, violencia y delincuencia, y al mismo tiempo caen en la marginalidad y el olvido presupuestal las escuelas de sociología, de antropología, de agronomía... ¿Cómo guiarse frente a paradojas de esta magnitud?

En resumen, la fuerza de la autonomía en la época en que nos encontramos y en la que se avecina va a estar basada en la ruptura de las fronteras de la universidad con su entorno, y esa ruptura se va a dar en el doble sentido: hacia fuera y hacia dentro. Para que la universidad no sea invadida, para que tenga la fuerza para mantener su legitimidad, tendrá que abandonar con más decisión que nunca su espacio interior, nadie que venga de afuera deberá acusarla por su encierro y elitismo; por el contrario, su accionar eficaz reconstruyendo su entorno le ganará el respeto del Estado, de los intereses privados, de los particularismos científicos y de las amenazas del mundo de la exclusión, la marginalidad y la violencia. Todos ésos son los nuevos ámbitos de la autonomía abierta de la universidad y sobre ellos tendrá que desbordarse el quehacer universitario.

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La universidad, conciencia nacional Ahora bien, ¿cuál sería más precisamente el papel de las instituciones universitarias y de educación superior en ciencias sociales en la reconstrucción de nuestro país?

A lo largo de los años sesenta y setenta las universidades de otros países de América Latina, y las nuestras muy particularmente, intentaron ligarse a los problemas nacionales y regionales. En la mayoría de los casos se trató de una liga llena de radicalismo y muy ideologizada en donde los actores universitarios se colocaban a la cabeza de las movilizaciones, en la dirección de una manera abierta, o como comité intelectual y político detrás de los movimientos sociales, de los agregados poblacionales o de los gobiernos locales. Todo ello se ligaba a la idea de que el cambio no podría ser pacífico debido a las resistencias de las clases poseedoras y que la confrontación revolucionaria era la única vía posible para alcanzar una nueva etapa histórica en el capitalismo avanzado, controlado por las grandes potencias mundiales.

Aquellos años estuvieron marcados por una infinidad de choques con las universidades directamente o en donde los universitarios aparecían como actores centrales. Con la instauración de las dictaduras militares a que toda esa efervescencia condujo, uno de los espacios que sufrió un desmantelamiento más severo fueron los centros de educación superior, pero en particular las carreras de ciencias sociales. En nuestro país, sin llegar al extremo del militarismo en el poder, las universidades sufrieron el mismo trato. La UNAM, que hacia los años setenta y ochenta contaba con cerca de ochocientos estudiantes inscritos en la carrera de sociología en su campus central, para los años noventa sólo tenía medio millar de estudiante en esa carrera.

Frente a este vacío y ante las violaciones a los derechos humanos que la represión trajo consigo, se abrió la era de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Estas entidades llevaron adelante una gran labor y se vieron obligadas, por las circunstancias, a trabajar en espacios sociales bastante circunscritos y discretos haciendo frente a problemas muy particula35

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res ligados a la pobreza, la situación de las mujeres y los niños, la salud, la alfabetización, etcétera, pero a una gran distancia de los gobiernos y de las administraciones públicas, por razones muy comprensibles.

Al término de las dictaduras militares, al abrirse el llamado tránsito a la democracia, escasearon los recursos destinados a dichas organizaciones, que debieron buscar sus apoyos cada vez más cerca de los aparatos burocráticos de toda índole, con lo que el plano de los problemas propiamente sociales se vio abandonado de modo progresivo.

Es en esta etapa, que podemos llamar post-ONG’s, cuando el papel de las universidades y de los centros de educación superior encuentra un nuevo y enorme espacio, a distancia en lo posible de los posicionamientos políticos e ideológicos y aceptando que los caminos para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una colectividad no pasan necesariamente por la confrontación ya que en la mayoría de las veces esta confrontación, que en ocasiones es inevitable aceptémoslo, se convierte en un retroceso con respecto a los objetivos buscados de mejoramiento colectivo.

En esta tesitura, la UNAM echó a andar en el año 2005 un proyecto ambicioso en ciencias sociales que constituye el compromiso de esta institución de cara al siglo XXI. Esto sucedía en el momento en que la Universidad Autónoma de Nuevo León decidía cancelar sus carreras de historia y de filosofía con el pobre argumento de que los egresados de estas disciplinas, y de otras en ciencias sociales, ya no encontrarían trabajo.

La propuesta de la UNAM fue que la falta de oportunidades laborales no era exclusiva de esos profesionistas, sino que atañe a todos por igual bajo este modelo de desarrollo excluyente y que, además, hoy más que nunca, ante un entorno de degradación social, violencia y pauperización crecientes, las disciplinas del hombre están obligadas a acudir en auxilio de los dilatados espacios de la anomia y de la degradación.

La propuesta de la UNAM ha considerado también que esta articulación entre universidad y sociedad debe progresar a través de un trabajo lento de sedimentación de experiencias en las distintas regiones medias de nuestro país (cuencas, frentes municipales, coaliciones de ejidos, cooperativas y coaliciones cooperativistas, sindicatos o frentes 36

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sindicales con referentes territorializados, espacios urbanos delimitados por sus propios habitantes, Caracoles en regiones zapatistas... espacios manejables por sus propios habitantes que no deberían exceder a los cincuenta, cien mil o ciento cincuenta mil habitantes, bien identificados en sus medios de pertenencia).

No se trata de programas de regionalización generados desde el exterior, porque el centro de la propuesta consiste justamente en la construcción de un piso social, de un sujeto social si se prefiere, con base en la participación y el empoderamiento de las personas que habitan esas regiones medias, cuencas, áreas urbanas, etcétera, y que deben ser receptoras privilegiadas y animadoras de esos proyectos.

Es imposible que una institución como la UNAM se ligue al amplio abanico de regiones medias y áreas urbanas que conforman al país, pero un puñado exitoso de buenos ejemplos puede constituirse en el camino a seguir en muchos otros puntos de nuestra geografía. Por lo demás, no se parte de cero, hay muchísimos ejemplos desde los que se puede extraer experiencia en regiones cafetaleras, forestales, pesqueras, en cuencas, localidades, cooperativas y frentes municipales y ejidales, en asociaciones urbanas, en regiones autónomas de los pueblos indios, etcétera.

El papel de las instituciones universitarias y de educación superior de ciencias sociales tiene que ver con la función de continuidad de los proyectos en estos espacios regionales. La autoridad intelectual, científica y técnica crecientemente profesionalizada y a distancia, en lo posible, de contenidos ideológicos y filiaciones políticas en que se aspira a organizar a los equipos universitarios para estas labores, tiene como objetivo la asesoría, la evaluación y el acompañamiento con el objetivo de hacerlos comprensibles para los nuevos actores y asegurar así su permanencia.

Tocaría a las universidades, también el establecimiento de redes de profesionistas, de dependencias públicas y privadas y de actores experimentados, así como la sistematización, acopio y crítica de todos estos ejercicios de regionalismo sustentable, de manera de acudir eficazmente en su labor de asesoría y acompañamiento de las distintas experiencias.

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Es función también de las universidades el preparar egresados en todos sus niveles con base en programas cada vez mejor elaborados en torno a los métodos y las técnicas de la sustentabilidad regional (indígena, rural, semiurbana y de las grandes y medianas ciudades, lo que implica un enorme reto). Es labor de dichas instituciones el destinar recursos, en la medida de lo posible, para fomentar la colocación de sus profesionistas en el terreno, al menos en regiones seleccionadas como ejercicios piloto en las etapas iniciales y mientras otros recursos no llegan al apoyo, lo que implica no sólo a equipos altamente especializados en los proyectos regionales, sino también a estudiantes becados cuya inclinación vocacional pueda ser el seguimiento, por largos periodos incluso, de estas experiencias (después de todo pertenecemos a un territorio o nos identificamos con un territorio).

Es función también de estos equipos coadyuvar a que las dimensiones geográficas y la importancia poblacional de un experimento de sustentabilidad regional tiendan a ser los más adecuados y que se articulen correctamente en sus diferentes dimensiones, ya que en gran parte de los casos, dichos ejercicios aparecen en territorios muy ligados a una comunidad o a un grupo poblacional pequeño y en condiciones endebles o, en el otro extremo, tienden a abarcar espacios exagerados que por lo regular terminan empoderando a los aparatos burocráticos y centralizados, inhibiendo la participación social. A este respecto es importante ayudar a elaborar con más claridad lo que son las escalas de una región o una delegación, de una zona, subregión, microrregión, de un municipio y de una comunidad.

Ligado a esto, es importante que las instituciones universitarias y de educación superior coadyuven a diseñar normatividades que faciliten la consistencia de las regiones con las características antes referidas, evitando que los intereses del poder político conviertan la participación social en plataforma o andamiaje de apoyo con fines partidistas, de manipulación gubernamental, religiosa o de otro tipo.

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Los argumentos ecíamos que las concepciones sobre lo que deben ser nuestras universidades han girado, en los últimos años, en torno a un número más o menos reducido de argumentos. Si buscáramos dar un orden a la temática, dos ideas, en principio irreductibles, parecen resumir la discusión. La primera: la universidad debe ser un órgano social capaz de producir concepciones, tecnologías y profesionistas orientados, más temprano o más tarde, a superar los obstáculos que encuentra una colectividad (v.g., nacional), para realizar sus aspiraciones (el progreso, en el ejemplo, y con él, el fin del hambre, de la insalubridad, el acceso colectivo a la educación y a la cultura). Sólo que para lograr esto mañana, el día de hoy no pueden acudir a la universidad sectores mayoritarios porque esa masificación deprimiría los niveles de excelencia académica sin los cuales es imposible, hoy, encontrar las concepciones, las técnicas y los profesionistas para realizar, mañana, las aspiraciones de esa colectividad (democratizar los beneficios). Y algo más, si la universidad pública no es capaz de asegurar esa excelencia por su masificación populista, tal función será cubierta por centros de enseñanza superior de alto costo, privados, exclusivamente asistidos por las capas de mejores ingresos.

Segunda concepción: la ciencia, la técnica y la universidad, en la historia de la sociedad industrial y de su periferia, no han demostrado ser otra cosa que instrumentos de reproducción de las desigualda-

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des sociales y de la exclusión. Así, los beneficios del avance de la racionalidad en los países industrializados occidentales no han alcanzado, a lo largo de doscientos años, a importantes sectores poblacionales (el porcentaje de pobres en los Estados Unidos de América aumenta), ni se han extendido hacia el resto del planeta en donde los dos últimos decenios han visto el aumento absoluto y relativo de la población indigente, la polarización socioeconómica y la desarticulación cultural.

Según esta concepción, entonces, hablar de universidad de ‘‘excelencia’’ no quiere decir nada o puede decir todo, pues pueden ser excelentes los profesionistas, las técnicas y las concepciones emanadas de una universidad dedicada a optimizar los procesos productivos de la gran industria, si se mira el problema desde el punto de vista de la reconversión industrial, en el marco de la competencia mundial capitalista (y en esta perspectiva poco importa que los amplios sectores populares accedan a la educación superior), o puede ser excelente una universidad que prepara profesionistas, técnicas y concepciones orientados a encontrar una solución adecuada para los problemas fundamentales de la sociedad, que no son, diría este enfoque, los de la competitividad, el pago de la deuda y el control de la inflación, sino los de la alimentación, la salud, la educación para todos, el alojamiento, el transporte, etcétera. Lo que esta concepción plantearía, entonces, es que no hay avance académico posible sin la participación significativa de los agentes de la sociedad a quienes ese avance dice estar beneficiando.

Esto, se agrega, no debe convertirse en un inmediatismo; es decir, la universidad, por el hecho de estar vuelta hacia las demandas de lo social no debe limitarse a cumplir una labor de servicio social, una acción sólo emergente hacia su entorno: la investigación que logra producir resultados útiles para optimizar el rendimiento de tal o cual cultivo o diseño urbanístico, o bien, la que logra revolucionar un medicamento o una técnica curativa, o la que diseña una forma de organización colectiva más conveniente que otra, pues para los fines de una participación más democrática tienen por lo regular tras de sí largos periodos de búsqueda e invención intelectual que, en ocasiones, no logran ningún resultado inmediatamente útil, tanto en las disciplinas es40

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téticas, humanas y sociales como en las biomédicas o en las científicotécnicas.

Crisis de esperanza en el progreso Podríamos afirmar que este último planteamiento ha sido posible sólo a partir del momento en que la idea de progreso ha entrado en crisis, o sea, a partir de la crisis de la idea de que el ascenso hacia estadios más elevados de racionalidad y de dominio del hombre sobre su entorno lo conducirían a una superación inmediata de los obstáculos que le impiden la realización colectiva de sus potencialidades más elevadas: la comunicación racional, la igualdad de oportunidades, la concordia, el incremento de la cultura y el cultivo de las artes, el cuidado del cuerpo, etcétera. Pero el problema es que esto último no se logró: no hubo correlación entre la formación de agentes altamente preparados en universidades de selección rigurosa y la solución de las necesidades más apremiantes de cuatro quintas partes de la humanidad y menos aún de la realización de sus potencialidades más elevadas.

Y es que selección quiere decir ‘‘los más aptos’’, y los más aptos quiere decir los hijos de los sectores con mejores posibilidades culturales e intelectuales y éstos corresponden, en elevada correlación, a los hijos de las clases histórica y geográficamente mejor acomodadas con respecto a la universidad occidental.

La convicción de nuestro tiempo, diría en consecuencia esta segunda concepción, comienza a reforzar el planteamiento según el cual todas las instituciones sociales cuasi externas a lo social, como lo ha sido la universidad de excelencia del capitalismo (desde Cambridge hasta el ITAM), no serán capaces de proveer a sus educandos con las suficientes dimensiones a considerar en su proceso intelectual que les faciliten proponer relaciones balanceadas entre ciencia, técnica y sociedad (local-regional, nacional, mundial); que les permitan, por ejemplo, plantearse los problemas del hambre en África, como problemas de todos los hombres a los que en doscientos años no hemos dado respuesta y que sí han sido agravados con una injerencia cuya ideología 41

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ha establecido: ‘‘hoy los invadimos, mañana los aculturamos y pasado mañana vivirán a imagen y semejanza nuestra’’.

Estos problemas son fracasos elocuentes de la universidad de excelencia. No hay solución en donde los receptores de los supuestos beneficios están excluidos de las decisiones sobre su propio destino porque no hay conocimiento sin interacción brutal con los portadores colectivos de lo nuevo, de lo otro: no hay soluciones exteriores y cualquier proceso científico viene de lo social o regresa a él.

Sin embargo, diría la primera posición, la universidad no puede ser un espacio abierto en donde todos los agentes sociales entren y salgan sin restricciones. No, el proceso científico requiere de ciertas condiciones que no pueden ser aseguradas para todos en una universidad de masas: tiempo para pensar, cubículos en que se pueda habitar ocho o más horas diarias, apoyo a la investigación con bibliotecas, centros de información computarizada, ayuda para la realización más expedita de las tareas secundarias (levantamiento de información, trabajo hemerográfico, atención a alumnos, calificación de exámenes y otras actividades). En consecuencia, todo esto requiere de una jerarquización que asegure el espacio indispensable para la producción científica, experimental, docente, etcétera.

La universidad de masas con pretensión de abrir su ingreso a la mayor parte de la cohorte de jóvenes en edad de asistir a ella (y esto quiere decir con una apertura a los mal preparados de los ciclos anteriores, regularmente relacionados con los sectores de menores ingresos y poca tradición intelectual familiar) impide las condiciones para la realización del trabajo científico. ¿De cuál trabajo científico? Del trabajo, por ejemplo, del astrónomo que dedicado al estudio del material intergaláctico, no sea acusado de elitismo por no consagrar sus jornadas a ‘‘socializar su conocimiento’’ en salones de clase multitudinarios o ‘‘dirigiendo’’ un número desproporcionado de tesis; o del grupo de investigadores que está imaginando cómo reconstruir espacios urbanos que, sin alejarse de la concepción colectiva de las vecindades tradicionales, pueda adecuarse a los requerimientos presupuestales de tal o cual material de construcción disponible.

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Por lo demás, agregaría este argumento, habría que definir con claridad qué parte de la educación pública debe ser denominada ‘‘universidad’’, pues comienza a aparecer claro que ni el bachillerato ni el primer ciclo universitario de formación general, tal como existe en muchos países de América Latina, tienen que ver estrictamente con la educación altamente profesionalizada que debe impartir la universidad.

Así, si separamos esos ciclos básicos se resuelve, en buena medida, la discusión sobre la universidad de masas o de excelencia, pero encontramos, sorprendidos, que la más o menos acotada población estudiantil con que nos hemos quedado corresponde con un grupo selecto del que unos años más tarde saldrían los profesionistas, las técnicas y las concepciones de excelencia, que serán demandados, como en un círculo perverso, por las esferas económicas, científicas, políticas y culturales que pueden pagar sus servicios, quedando relegados sin remedio los problemas de los amplios sectores que no cuentan con los recursos para atraer a los agentes y a las técnicas que atiendan sus carencias.

Como se ve, hemos regresado al punto ciego, la respuesta de la segunda corriente aquí analizada es fácil de adivinar: esos alumnos de ‘‘buena cuna’’, con toda su experiencia, que no pasen por el espacio intenso de socialización que es la universidad de masas, no se podrán abocar a resolver más que los problemas que ellos consideren que son ‘‘problema’’ y esta lista estará en función directa de sus valores, su cultura de consumo, sus viajes, las ‘‘imperiosas’’ necesidades impuestas por el individualismo posesivo, las temáticas de investigación dictadas por el prestigio de publicar en revistas extranjeras y, en fin, las demandas de sus empleadores que no son regularmente los integrantes de cooperativas, ejidos o colonias populares con sus faenas comunales, sino las altas esferas de la sociedad dominante e integrada, ya sea la General Motors o la Secretaría de Economía.

Universidad, sociedad, desarrollo y nación Llevando las cosas al extremo podría uno preguntarse: ¿por qué eliminar a la chusma sólo a partir del bachillerato? Si realmente es 43

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cierto que el reducido grupo de los bien nacidos es suficiente para asegurar una universidad de excelencia para el desarrollo y la competitividad en el mundo globalizado, ¿por qué no continuar saneando el presupuesto público y luchando contra el déficit fiscal hacia abajo?, es decir, ¿por qué no cerrar la cantidad de escuelas secundarias o del primer ciclo de bachillerato a las que hoy es obligatorio asistir, y cerrar incluso una buena franja de la educación primaria? (al fin y al cabo los que por esta causa permanezcan analfabetas lo iban a ser de todos modos por no volver a practicar lo que la primaria pública les enseñó alguna vez).

Aquí más que en ningún otro nivel proliferan las escuelas privadas de excelencia para ir cebando lo que será la elite universitaria.

En realidad la pregunta es, entonces, ¿a partir de dónde eliminar a la masa y con qué argumentos? Que se autoeliminen en la licenciatura dice la segunda corriente ----que ya podemos llamar ‘‘pro universidad social’’---- porque es mejor que en cada autobús urbano viajen tres individuos con estudios ‘‘superiores’’ a que no viaje ninguno, o que haya algunos grupos de estudiantes con orientación solidaria y colectivista que enlacen, con el exterior, a la barriada en donde viven o en donde proliferan las bandas o, en otro ejemplo, es mejor que el alumno sin muchos recursos intelectuales y materiales que sólo llegó a segundo de leyes termine defendiendo ante los juzgados a la flotilla de peseros en que trabajan su hermano y su cuñado, a que no haya nadie capaz de entender el mundo opresivo de los derechos y las instituciones jurídicas.

Que sean eliminados desde muy temprano o nunca admitidos incluso, diría la universidad desarrollista, pues sus estudios en nada contribuyen a la modernización y a las exigencias de un mundo que entra a su tercera revolución científico-técnica y su gran peso en el sistema educativo exige de presupuestos muy elevados y agrava la crisis fiscal y la inflación. ¿Para qué abrir expectativas a una masa que por su mala educación de todos modos no va a encontrar ni un empleo lejanamente relacionado con los estudios que realizó? ¿Para qué educar a una masa que de todos modos no se va a superar (no va a crear tecnología, dirigir empresas, generar nuevos estadios del saber)?

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Sea como sea, argumentaría la corriente alterna, si somos cuidadosos lo que mejor ha sabido hacer la universidad es producir los grandes mitos unificadores y cohesionadores en una sociedad ancestralmente polarizada y recientemente desarticulada por el abrupto enganche globalizador. Eso es lo que la Universidad Nacional ha sabido hacer de modo excelente: poner en un mismo espacio a actores y estratos sociales con distinto origen cultural y económico y enseñarles los principios del consenso y de la interacción comunicativa; en ese sentido quizá debamos más a ella que al PRI en la explicación de nuestra tan admirada paz mexicana. Cómo hacer entender a los ideólogos de la tecnociencia que el objetivo fundamental de las ciencias sociales y las humanidades no es la búsqueda de una verdad demostrada con clasificaciones, contabilidad y mediciones, ni la idea de la sociedad como cuerpo biológico manipulable, sino básicamente el estudio de ‘‘el orden y la conducta virtuosa entre los ciudadanos de la polis’’, según nos lo recuerda Habermas al hacer referencia a Aristóteles, incluso si la ética encerrada en esas ciencias del hombre no cumple con el status de ‘‘ciencia’’ exigido por el Iluminismo.

En esta tesitura, las voces de alarma ante nuestro estancamiento científico y su correlato, el discurso de la excelencia, no vendrían a cumplir otro rol que el de una ideología, un instrumento de exclusión al servicio del proyecto neoliberal, el rol simple y llano de desmanteladores de la universidad pública en aras del avance científico-técnico y de la salud de las finanzas del Estado, porque a la larga, en un sistema transnacionalizado de patentes y conocimientos, los propios científicos en su soledad, con su debilidad política, ya sin sociedad universitaria, serán expulsados del campus por innecesarios, caros y ‘‘criticones’’, pero ya habrían realizado su trabajo irreparable de demolición de ese espacio público privilegiado en la historia de las sociedades y del humanismo que ha sido la universidad: ¡triste papel!

El ‘‘Proyecto Nacional’’ Pero, ¡un momento!, diría una tercera corriente: entre el pro45

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yecto de una ‘‘educación social’’ y el de una ‘‘educación desarrollistacientificista’’ está el ‘‘proyecto nacional’’, el que remata en la Universidad Nacional, es decir, aquel que entiende que para gobernar es indispensable la unidad nacional, que el elector, por más sumiso, debe ser un individuo mínimamente alfabetizado, capaz de garabatear su nombre, reconocerse como igual en un colectivo territorial definido, señalar a un adversario de esta nación que fortalezca la identidad colectiva, cantar el Himno Nacional e intuir que los derechos del pueblo están siendo defendidos, en alguna parte, por unos individuos bien preparados que lo representen. Así pues, el Estado vela porque el proyecto de educación nacional exista y funcione como instrumento de legitimación del orden que ese Estado corona, y luchará, hasta cierto punto, contra los excesos de un proyecto desarrollista hiperexcluyente y también contra los de un proyecto capaz de concientizar a lo popular y equiparlo con organizaciones propias, de base, críticas, que se autonomicen con respecto al orden que constituye el basamento de ese principio estatal.

Sin embargo, tampoco se opondrá en forma abierta a un proyecto de universidad que mantenga las expectativas populares de ascenso social, otra de las bases de su legitimidad.

Naturalmente eso es la Universidad Nacional, de ahí que en su seno se generen discursos tan elaborados y tan confrontados, y de ahí que el Estado mismo sea tan contradictorio con respecto a ella. Acepta e incentiva el proyecto de excelencia, del tipo de la reforma Carpizo, y el proyecto cientificista a la Sarukhán, pero pone un alto a esa misma idea en el momento en que puede aparecer abiertamente excluyente y en extremo favorable a la universidad desarrollista, y en el momento en que la universidad pública puede verse asociada a la universidad de clase (de la clase integrada), y la masa identifique al rectorado y luego al gobierno como un adversario de lo popular (como sucedió en el ocaso del cientificismo sarukaniano-barnesiano, con la aparición del movimiento estudiantil cegehachero de 1999).

Sin embargo, si la idea de universidad social se pone al día es porque nuestro país, siguiendo una tendencia latinoamericana y mundial, está sufriendo una dualización socioeconómica y el discurso de46

LA UNIVERSIDAD DE TODOS

sarrollista se exacerba al igual que el popular, tensionando e incluso haciendo estallar el proyecto de educación nacional, de Universidad Nacional. Afirmar entonces que una masa importante de estudiantes, ante el hecho incontestable de la pauperización, comienza a desconfiar de las técnicas y de las teorías que durante tanto tiempo han prometido a todos la entrada al reino de Occidente, es afirmar, en realidad, que están desconfiando del papel para el que han sido llamados al ingresar a la universidad. De hecho lo que está en juego y de lo que estos estudiantes comienzan a sospechar es de los instrumentos, aparatos y paquetes técnicos que han mostrado una nula preocupación por beneficiar a la sociedad excluida, marginada, informal.

Universidades y democracia En medio de esta explosión de tendencias, democracia universitaria querría decir entonces que los proyectos desarrollista, social y nacional en que se debate hoy esta institución, son irreductibles y que no puede haber uno que excluya al resto porque no se trata solamente de ideas, sino de agregados sociales y de sus vanguardias defendiendo posiciones e intereses. De hecho, esta polarización o este estallamiento de la universidad en varios proyectos no depende sólo de la confrontación de fuerzas de nuestro tiempo. Sabemos que responde a factores estructurales de los últimos veinte años en toda América Latina y a factores que van más allá incluso y que tienen que ver con el desmembramiento de la unidad de las disciplinas del conocimiento ante las exigencias científico-técnicas impuesto por la dinámica de la sociedad postindustrial.

Con respecto a lo primero basta aquí recordar tres datos: 1. ningún cuerpo social, y menos el delicado equilibrio de una universidad, escapa a la desarticulación cuando en veinte años crece diez veces y modifica su composición de clase; 2. no es fácil tampoco mantener la unidad cuando, ante este crecimiento masivo, la universidad se segmenta permitien47

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do el pasaje, a través de circuitos exclusivistas, a la parte selecta del alumnado, es decir, reservando para ella un cierto tipo de carreras y especializaciones de elevada calidad y fuertes exigencias económicas para cursarlas y, en fin, 3. la unidad de las referidas corrientes centrífugas se volvió incontenible cuando los recursos para la reproducción de ese organismo se vieron reducidos drásticamente, debido a la crisis fiscal y los recortes presupuestarios, y cada uno de sus agregados comenzó una batalla por sobrevivir, fracturando la cohesión interna.

Que lo anterior no nos haga perder de vista, sin embargo, lo siguiente: la UNAM, que creció espectacularmente en los años setenta y con ello se ganó el calificativo de universidad de masas, no pudo absorber más que a uno de cada quince jóvenes que se encontraban en el ámbito de su demanda potencial (pero en general, en nuestro país, a partir esa década y hasta nuestros días las instituciones de educación superior no han logrado incorporar más que a uno de cada seis jóvenes entre las edades de 19 y 24 años, o uno de cada cinco, dependiendo del método de medición). Desde entonces nos encontrábamos, por supuesto, muy lejos con respecto a otros sistemas educativos como los de los países de la OCDE, que absorben a más de dos de cada cuatro jóvenes en edad escolar universitaria, ésa sí, verdadera universidad de masas.

Sin embargo, tomando en cuenta nuestros recursos, las cifras para México no eran malas; es más, dicho aumento era un logro si imaginamos, por ejemplo, una urbe como la ciudad de México en la que, según el Censo General de Población de 1990, ocho de cada diez jóvenes en edad universitaria no asiste a la escuela y un número parecido no cuenta con un trabajo estable. Pero desde los años ochenta y noventa las tendencias se modificaron sensiblemente: la UNAM se achicó de 294 mil estudiantes en 1980 a 247 mil en 1991 (--16%) mientras la población mexicana pasó de 48 a 82 millones entre 1970 y 1990 y el tan mentado presupuesto para educación se redujo 36% en términos reales entre 1982 y 1990, de manera que nuestro bachillerato, que en 1979 48

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rechazaba 37% de las solicitudes, en 1987 rechazó a 54%. El rector Juan Ramón de la Fuente, hacia el año 2005, nos recordaba que mientras Estados Unidos destina 900 dólares per cápita a la educación, España dedica 410, Portugal 150 y México 14 (de la Fuente, 2005).

Achicamiento entonces de los centros de educación superior y, junto con ello, elitización (segmentación le llaman los pedagogos), del cuerpo académico: el abanico salarial de profesores e investigadores que en 1980 constaba de seis categorías y que entre la más baja y la más alta guardaban una relación de uno a dos, en los noventa alcanzó una distancia de por lo menos uno a diez (considerando exclusivamente a los académicos de tiempo completo y no a los técnicos ni a los profesores de asignatura). El reconocimiento salarial para las altas jerarquías no está mal en sí: un grupo de excelentes académicos que está dedicando su vida a la universidad tiene todo el derecho de recibir más de tres mil dólares al mes; el problema es que la gran masa de académicos con dificultad supera los quinientos dólares mensuales.

Paralelamente crecieron las disparidades entre las dependencias universitarias de la periferia y las del campus central; y lo mismo pasó entre las escuelas y facultades, por un lado, y los centros e institutos de investigación, por otro; es más, en el seno de estas últimas dependencias la diferencia fue cada vez mayor entre los institutos y centros ligados al área social-humanística y los ligados al área científico-técnica (para estos últimos, por si lo anterior fuera poco, se abrieron flujos de financiamiento directo vía CONACYT o a través de contratos millonarios con diferentes organismos públicos y privados que no aparecen como parte del presupuesto regular de esas instituciones).

Desarrollo técnico y explosión del ethos universitario Pero el problema es más complejo; mantener la cohesión de la universidad, recrear los espacios comunicativos universitarios no sólo se vuelve difícil por la confrontación de las fuerzas que hemos mencionado; no depende, pues, únicamente de un análisis sociológico de los actores de nuestra época involucrados en el campus. No, la reconstruc49

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ción de tales espacios y de tales identidades, de algún tipo de ‘‘comunidad universitaria’’, se dificulta si tomamos en cuenta, además, un asunto central de la arquitectura del saber en nuestro estadio del desarrollo científico-técnico y que empuja hasta el colmo la diversificación, la explosión de lo universitario: resulta que con el desarrollo de la ciencia, la técnica y la complejidad de la sociedad postindustrial en general, aparece una serie de ‘‘actividades universitarias’’ ligadas al comercio, a la pedagogía, a las artes y a una infinidad de desarrollos técnicos y ciencias experimentales nacientes que quedaron acoplados de manera defectuosa con la idea totalizadora, enciclopédica, humboldtiana, que concebía a la universidad como un cuerpo unificado, armónico, y cuyo sentido debería estar provisto por el ideal de emancipación total de la sociedad.

La multiplicidad de estas ‘‘disciplinas de la experiencia’’ impidió la concepción modernista de la ciencia como una totalidad metafísicamente unificada, con el monopolio de la filosofía como intérprete global, de manera que la propia idea de universidad, de ethos universitario, se ve resquebrajada.

Las ciencias naturales ----nos recuerda Habermas---- pagan su penitencia al cambiar su función universal a favor de la producción de un conocimiento valorado técnicamente. Las condiciones de trabajo de la investigación organizada en forma de institutos fueron recortadas menos en función de la formación general que a partir de imperativos funcionales de la economía y la administración [...] ¿Quién debe tomar el lugar que la filosofía deja vacante?, ¿es necesario mantenerse en la idea de unidad de las ciencias?

Y responde este autor: Francamente no era realista la suposición de que la empresa de investigación organizada disciplinariamente permitiría implantar una forma de reflexión que no se desprendiera de la propia lógica de la investigación. La historia de las modernas ciencias de la experiencia muestra que éstas se caracterizan por

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rutinas y conforme a un objetivismo que protege a la cotidianeidad investigadora frente a las problematizaciones (Habermas, 1987).

La química se liga a la agricultura y la universidad parece cumplir así con las funciones sociales hacia su entorno, pero en ese impulso se dan otros pasos cuya justificación ya no es tan sencilla. Un buen ejemplo nos lo dan los institutos de ingeniería que inician algunas de sus tareas perforando pozos con objetivos diversos, como reconocer el subsuelo en una ciudad altamente sísmica. Pero cuando esta práctica se alarga y se vuelve rutinaria, si bien esos institutos atraen recursos financieros para sus universidades (y en ocasiones de manera privilegiada para sus elites de investigadores), terminan, sin embargo, por diluir la frontera entre el proceso de investigación y la venta de mercancías y servicios producidos de manera muy cercana a la seriación.

Y naturalmente surgen las suspicacias, pues cuando el proyecto de la universidad eficientista argumenta que la masa de bachilleres mal preparados no tiene cabida en las licenciaturas ni éstas deben ser rebajadas a la inmediatez de las salidas terminales, técnicas o administrativas, otra parte de los universitarios contesta que también hay ciertos institutos que podrían pagar la renta de sus locales y algunos impuestos instalándose fuera de la universidad, pues no es gran hazaña el que se autofinancien, si esto se logra usufructuando el prestigio de la institución, y si se tiene en cuenta, además, que sus ligas hacia la docencia son mínimas y sus criterios para seleccionar nuevos cuadros no difieren un ápice de los de la iniciativa privada.

Identidad, comunicación, cohesión, autonomía Con un entorno social de heterogeneidad y desarticulación, espoleada por una crisis económica que polariza todos los espacios, la universidad se segmenta y se descubre, además, sin una idea unificada de sí misma y de las ciencias, asunto tan propio de este ocaso de la modernidad. Y viene entonces la pregunta: 51

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Si la ciencia ya no es más utilizable como anclaje de las ideas porque la diversidad de las disciplinas ya no deja ningún espacio para la fuerza totalizadora... ¿cómo pudiera llegar a fundarse un autoentendimiento integrador de la corporación universitaria? (Habermas, 1987).

Son las formas comunicativas las que conservan en última instancia los procesos universitarios de aprendizaje en sus diferentes funciones; es inevitable que estos procesos estén ‘‘empotrados en una comunidad de comunicación pública’’. Si la universidad mexicana está rota por los factores mencionados, parece ser lo menos recomendable que una sola fuerza imponga su proyecto, enfriándola y desmantelando sus espacios de participación, como sucedió durante los años setenta con el soberonismo (o con el proyecto que su contraparte pretendía imponer: el sindicalismo socializante), pero de manera más nítida, con lo que sucedió durante los años noventa con el purismo evolucionista de la corriente de los científicos: el sarukhanato y su desafortunado sucesor.

Hoy, hablar de autonomía y de contrato social de los universitarios en nuestra institución implica aceptar dos cosas: primero, que es inevitable y deseable recrear e inventar espacios de interacción comunicativa con base en identidades colectivas consistentes (histórica, sociológica y científicamente hablando), y que quizá esto es lo único que quede del ethos universitario; segundo, que esos espacios han de ser animados con la participación de todas esas identidades, más restringidas o más amplias pero en todo caso consistentes, que componen a la universidad, masiva, segmentada, polarizada y científicamente diversa.

En esta perspectiva, la universidad no puede ser reducida a uno de sus roles, deben caber en ella al menos las siguientes funciones implicadas en lo que hemos destacado anteriormente: la que nos imponen los imperativos del mercado en el marco de la competencia global; la de la universidad incluyentista y democrática, la comprometida con su entorno social y humano; la de la amplia gama de disciplinas ligadas

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a las ciencias básicas, a las filosofías, a las artes, etcétera, que no se reducen a los problemas de nuestro tiempo; las de una profesionalización media ligadas a extensas necesidades contables, jurídicas, administrativas, computacionales, clasificatorias; la universidad de la paz social y la concordia, la que ha servido, a lo largo de muchos decenios pero particularmente ahora como una ‘‘playa de estacionamiento’’ para impedir que la juventud desempleada y damnificada por el acelerado proceso de globalización se desborde en un espacio de desorden, y en el extremo, violencia, delincuencia y anomia generalizada.

La pregunta es por qué, en un marco tan complejo para el desempeño de la universidad, a los últimos tres rectorados del siglo pasado se les ocurrió comenzar la reforma de la universidad elevando las colegiaturas; es decir, buscando 3% más de ingresos y buscando reducir por muchos medios el tamaño de los centros de educación media y superior. ¿Por qué no se les ocurrió, por ejemplo, levantar el nivel académico y devolver a un lugar de excelencia a las preparatorias y a los CCH’s? La discusión en torno a la descentralización de nuestra universidad sería mucho más creíble después de una reforma de este tipo en los bachilleratos y en las licenciaturas. Pero la orden desde la OCDE y desde Los Pinos ha sido inequívoca en el sentido excluyentista y el futuro político de quienes hasta entonces dirigieron a la UNAM exigió su obediencia ciega. Es así que caímos en ese terrible malentendido que nos impidió ser generosos, que nos impidió aceptar que la universidad es de todos.

El contrato social de los universitarios Por más que la concepción excelentista de la universidad y la concepción social nos parezcan antagónicas y mutuamente excluyentes, y por más que la diversidad toda de que hemos hablado nos parezca difícil de conciliar, habrá que tener presente que los valores que sustentan el antagonismo no hacen más que reproducir, en menor escala, la gran confrontación que la sociedad capitalista de Occidente se vio obligada a concertar para restablecer un contrato social que satisficie53

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ra por igual al liberalismo y a la democracia radical, o, en otros términos, a los derechos individuales y a la masa popular, o, en fin, a la excelencia portada por los individuos más lúcidos de elevado discernimiento racional y a los agregados sociales menos privilegiados y de conducta más colectivizada, donde los liderazgos tendieron a apoyarse más claramente en una voluntad política avalada por la masa y no tanto en la destreza y el desempeño racional del individuo y en los derechos que lo consagraron.

Dice Habermas (1987): La dialéctica entre liberalismo y democracia radical entablada por la Revolución francesa ha hecho explosión a lo largo del mundo: había que conciliar la igualdad con la libertad, la unidad con la pluralidad o el derecho de la mayoría con el de la minoría.

Por un lado los liberales parten de la institucionalización jurídica de la igualdad de libertades y conciben a éstas como derechos subjetivos.

Para ellos los derechos humanos (individuales) gozan de preeminencia normativa con respecto a la democracia; la Constitución y su separación de poderes gozan igualmente de ésta sobre la voluntad del legislador democrático.

Por otro lado, los abogados del igualitarismo conciben la praxis colectiva de los hombres libres e iguales como una formación de voluntad que es ella misma soberana. Entienden los derechos del hombre como expresión de la voluntad popular soberana; la Constitución y su división de poderes es para ellos el resultado de la voluntad del legislador democrático iluminado.

Frente a estas posiciones jacobinas, los liberales opinaron que la ficción de una voluntad popular unitaria sólo puede realizarse al precio de un ocultamiento u opresión de la heterogeneidad 54

LA UNIVERSIDAD DE TODOS

de las voluntades singulares [...] Es el mismo temor del burgués (bourgeois) de ser dominado por el ciudadano (citoyen) [...]

Este rodeo es pertinente porque nos permite recordar que los temores y el afán de preservación de la libertad individual de los académicos de alto rango en una universidad, ante la amenaza del movimiento estudiantil masificado con una dirigencia jacobina nutrida de preparatorianos y ‘‘cecehacheros’’, son posiciones aparentemente tan irreconocibles como la disputa que han escenificado a lo largo de dos siglos el liberalismo y la democracia radical.

Importa aquí reseñar cómo se ha resuelto esta disputa secular y separar las enseñanzas que puedan ser de utilidad para la universidad, para nuestra universidad.

Habermas establece que la posibilidad de llegar a un consenso capaz de conciliar estas posiciones extremas (libertad e igualdad), radica en la creación de instancias discursivas públicas, en la búsqueda de una voluntad colectiva, hecha posible mediante la discusión libre mediante un ejercicio constante de interacción comunicativa en el que se forma la opinión y la voluntad políticas. Para lograr esto, las formas organizadas privilegiadas parecen ser las asociaciones horizontales no obligatorias, difíciles de ser recreadas en las llamadas sociedades complejas de nuestros días es cierto, pero, por fortuna, y es lo que nos interesa, tan familiares a la idea de universidad, de facultad, de comunidad científica, de disciplina, de instituto de investigación.

Digamos que si algún agregado puede todavía hoy parecer a la comunidad de la polis es la comunidad académica, que por sus dimensiones y por su alta conciencia histórica y capacidad crítica permite, mejor que ningún otro espacio, el desarrollo de una discusión pública óptima, de la que se espera el más alto nivel de racionalidad y capaz de llegar a consensos respetados (transitoriamente).

Dejemos aquí estas referencias generales y recordemos, para concluir, que esta ‘‘red de asociaciones formadoras de opinión’’ es justamente lo que ha sido erradicado de nuestra universidad; primero, con la represión brutal del 2 de octubre y, luego, con los regímenes recto55

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riales burocráticos-autoritarios que arrancaron en 1973 y que perdieron solidez a partir de 1987, pero que han despojado a los sectores académicos de su primacía indispensable, sin la cual no hay ethos educacional.

Los cinco últimos rectorados del siglo pasado (Soberón, Rivero, Carpizo, Sarukhán y Barnés), basaron su fuerza en el redoblamiento de sus lazos hacia el exterior, en la homologación con respecto a los estándares dictados por los organismos internacionales, en una obediencia acrítica de las directrices recibidas desde el gobierno federal (rectores mucho más fotografiados en Los Pinos que en la Torre de Rectoría, decíamos, y con asegurados puestos de altísimo nivel burocrático al término de sus gestiones ‘‘universitarias’’); el movimiento estudiantil, por su parte, también echó mano, y cada vez con más decisión, de aliados externos al medio universitario: el magisterio y los sindicatos golpeados por las mismas políticas, los justos reclamos indígenas, las fuerzas transnacionales que se expresaron en Seattle y en Washington contra el libre comercio y la globalización..., y el movimiento urbano popular hasta casi llamarlo al asalto del campus, como sucedió al final de la huelga del 99 y que todavía mantiene espacios tomados en algunas facultades y dependencias.

Esto ha sido, sin duda, un factor más en el estallamiento de la identidad, de la unidad, del ethos universitario y ha desmantelado violentamente la construcción de un espacio de interacción comunicativa y acuerdos compartidos. El deplorable espectáculo de las sesiones de ‘‘diálogo’’ público entre la rectoría y el CGH hacia finales de 1999 es muestra elocuente de este fracaso. Ahora bien, ¿cómo recrear en nuestra universidad esas formas horizontales evocadas por Habermas?

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NOTAS PARA UNA REFORMA DE LA UNAM Expongo en este apartado una serie de argumentos orientados a responder la pregunta con que concluye el apartado anterior: ¿cómo recrear en nuestra universidad formas horizontales de asociativismo con base en la autoridad académica?

En mucho de lo expuesto a continuación me sirvo de las deliberaciones de un grupo de destacados universitarios.1

La tensión con el Estado os grandes problemas de la UNAM están en relación directa con la centralidad de su presencia en el contexto nacional. Una institución a la que en conjunto están ligadas medio millón de personas, centrada en el saber, en la investigación y en la transmisión del conocimiento, con posicionamientos por naturaleza críticos y formación de corrientes de opinión y de influencia a partir de estos mismos atributos, es necesariamente una institución que se coloca en relación difícil y tensionada con un Estado cuya característica histórica ha sido la de actor central de un orden autoritario. Ya vimos en el primer apartado de este libro la historia conflictiva entre estas dos pesadas entidades de nuestro país, ahora nos estamos refiriendo a los efectos de esa relación sobre la arquitectura interna de la UNAM. La necesidad de control político por parte del Estado ha tenido obviamente un gran impacto, resultando en un peso exagerado de la burocracia directiva de la institución en todos sus niveles, sobre una disminuida y pulverizada autoridad del sector académico que debiera ser el alma y la orientadora por excelencia de la idea y la práctica de la universidad.

Todo control político exige una estructura piramidal (en este caso, del cuerpo universitario), vertical en consecuencia, y ello inhibe los órdenes asociativos de la academia, de los grandes maestros ante

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sus grupos y sus equipos de investigación y discusión libre. Aunque es cierto que nunca ha sido necesario, ni posible, atentar contra la libertad de cátedra, la verdad es que la orden para los directores, sobre todo en las dependencias muy activas, ha sido regularmente la de desalentar los espacios asociativos y colegiados del personal académico, tendiendo a apoyarse en grupos de investigadores o profesores sin mucha autonomía y sin mucho prestigio intelectual (subordinados, en consecuencia), y dispersar al resto sirviéndose de una serie de mecanismos, prebendas y compensaciones individualizadas. Ello alimenta un círculo vicioso, porque en la medida en que no es la autoridad académica la que impone un orden es necesario redoblar esos mecanismos de control básicamente político y todo el dispositivo termina por desvirtuar y desempoderar el espacio propicio para el desarrollo del saber. Ante tal panorama, ¿qué medidas tomar para que sea la autoridad intelectual colegiada y horizontal la que imprima su dinámica en una universidad con estas características?

La descentralización Para lograr tal fin, es necesario poner el acento en el tema de la descentralización o desconcentración de la UNAM. Aquí podemos preguntarnos si la llave de la reforma de nuestra universidad no sería el recrear agregados de menores dimensiones en una institución que ha llegado a ser demasiado pesada, dispersa, heterogénea, distante; preguntarnos si no sería mejor crear órganos de administración, gobierno y representación en los que sus miembros se encontraran más cercanos a la problemática de cada campus, de cada comunidad.

Una universidad puede agrupar a un número alto de estudiantes como es el caso de La Sorbona de París o de la Universidad de California (verdaderas universidades de masas), sin que eso quiera decir que todos sus componentes deban depender de una autoridad centralizada ni de un órgano de representación y legislación centralizado. Es cierto que la balcanización puede tender al debilitamiento del cuerpo de una Universidad Nacional en una época en que tal figura está sien58

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do fuertemente atacada, y por ello hay que mantener un principio de unidad, autoridad y representación, en particular en una sociedad en la que el centralismo estatal ha sido tan poderoso (lo que mantiene más que nunca vigente el tema de la autonomía de los centros de educación superior), pero también es cierto que debemos encontrar mecanismos, sobre todo en la universidad, para contrarrestar ese verticalismo.

Si un órgano centralizado como el Consejo Universitario tiene que hacerse cargo de los aspectos administrativos, políticos y académicos de 500 mil miembros y de una gama de disciplinas que va de la ingeniería, al derecho, a la medicina, a la literatura, etcétera, es de esperarse que sus integrantes tenderán a colocarse a una gran distancia de los problemas específicos y que lleguen a esos puestos de representación mediante trayectorias políticas y ejercicios electorales intensos. Muy distinta sería la correlación entre academia y política si habláramos de condensaciones de entre treinta y cincuenta mil integrantes, y si además esas condensaciones estuvieran integradas por disciplinas académicas afines (medico-biológicas, sociales y humanísticas), y áreas territoriales compartidas. En estos casos son mucho mayores las posibilidades de que agentes o grupos con fuerte desempeño académico integren dichos consejos, subconsejos o vicerrectorados, y que desde ahí, cuando así se requiera, se desprendan algunos de sus integrantes para atender asuntos en un plano de mayor agregación (un consejo central esporádico para los asuntos más generales). Ése fue precisamente el corazón de las discusiones que condujeron al único acuerdo de relevancia del Congreso Universitario de 1990 en el que se aprobó la creación de los Consejos Académicos de Área.

Desgraciadamente la institucionalidad de nuestra casa de estudios, durante los dieciocho años que nos separan de su aprobación, ha optado por mantener a estas instancias reordenadoras de la arquitectura de la UNAM en un perfil muy bajo. La herencia vertical y centralista, así como la intensidad de los embates contra la institución, venidos de su interior (la huelga de 1999 el más significativo), así como del exterior (la animadversión de los gobiernos panistas hacia la universidad pública, 59

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particularmente), han empujado a los sucesivos rectorados a apoyarse sobre todo en las direcciones generales de la institución (personal de confianza del núcleo rector), antes que en el andamiaje descentralizado al que apuntan estos Consejos Académicos de Área, de manera que se ha visto acorazada la autoridad en su vértice.

La Universidad Nacional y el posgrado Esto se liga directamente al tema de las dimensiones que son convenientes para una institución como la UNAM. Una aportación de Manuel Peimbert nos aclaró el tema: para atender a los dos millones y medio de nuevos demandantes de educación superior y media superior, cada cinco años, la UNAM no está preparada y no podría estar preparada ninguna universidad.

Eso nos conduce a su vez a la siguiente pregunta: ¿hasta dónde el carácter nacional de nuestra universidad la obliga a atender los asuntos de la educación nacional o, incluso de la educación superior de una ciudad como la de México? ¿Hasta dónde debe o puede competir con el resto de las ofertas educativas de nuestra ciudad y de nuestro país?

En consecuencia, en nuestras deliberaciones aceptamos que la UNAM es nacional no por su cobertura, sino por la fuerza y la alta calidad de los recursos intelectuales y materiales con que cuenta (53% de los miembros del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores). La UNAM, por tanto, es nacional por su elevado nivel científico, técnico y humanístico, producto de una larga sedimentación, que es la base única de las instituciones académicas de alta calidad. Siendo entonces el eje de la UNAM la investigación de alto nivel, la única forma de seguir impulsándola en esa dirección debe ser fortaleciendo su sistema de posgrados, debiendo volverse este asunto un punto nodal de la reforma académica y política de nuestra institución.

La UNAM es la poseedora de los mejores posgrados del país y no un competidor más en la oferta de licenciaturas. Evidentemente ningún posgrado puede mantenerse sin una alimentación constante, amplia y de calidad de los estudios de licenciatura. En esa medida la Univer60

NOTAS PARA UNA REFORMA DE LA UNAM

sidad Nacional sigue siendo nacional porque es la productora casi exclusiva en una amplísima gama de los campos de estudios de posgrado (y ésa seguirá siendo por mucho tiempo su fortaleza incontestada), pero la fuente de esa superioridad dependerá cada vez más de su capacidad para producir licenciados de alta calificación profesional que alimenten dichos posgrados. Así la universidad, para preservarse y para dar una batalla eficaz contra las fuerzas que en este momento la amenazan, debe concentrarse en una reforma profunda de sus licenciaturas; una reforma que no descuide la cobertura educativa y la gratuidad, pero que tenga como orientación para la sobrevivencia del todo universitario la calidad de los estudios de licenciatura y la competitividad de las carreras que ofrece.

No es necesario que la UNAM concentre, en consecuencia, grandes masas estudiantiles ni que vaya al gigantismo. Es necesario que se convierta y se mantenga como un modelo de educación competitiva, de calidad, con vocación social y crítica (por encima de los lineamientos de mercado de un país en desindustrialización que estrictamente hablando la harían innecesaria). En esa medida la UNAM no debe ni puede ser el receptáculo de toda la demanda futura de educación; debe ser, sobre todo, un ejemplo para el resto de las universidades del país, demostrando que la universidad pública, gratuita o cercana a la gratuidad, es altamente competitiva y que puede mantenerse abierta a los sectores de recursos moderados y hasta reducidos.

Investigación y docencia Un asunto central se deriva de esto: el de la relación entre la investigación y la docencia, es decir, el problema de cómo retroalimentar los posgrados (y en alguna forma también las licenciaturas), con la participación del personal altamente calificado con que cuentan las áreas de investigación de la UNAM. Estamos ante otro punto viciado producto del control político que la institución debió ejercer en un momento de su historia. En efecto, sobre todo en el área de las ciencias sociales, desde la segunda mitad de los años setenta y a lo largo de los ochenta 61

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las autoridades universitarias entendieron que para hacer frente a la radicalización post sesenta y ocho lo más conveniente era dispersar a la comunidad concentrada en el campus central (con particular énfasis en lo que hace a la economía, la sociología y otras disciplinas afines).

Se condujo entonces la demanda estudiantil en torno a ellas hacia las nuevas dependencias profesionales alejadas y dispersas y se condujo también hacia estas disciplinas a los aspirantes a entrar en la institución cuya segunda o tercera opción se les aproximaba (la sociología en el campus central se redujo unas diez veces hasta contar con menos de cien alumnos activos hacia mediados de los noventa). Entonces, de manera deliberada dejó de ser una obligación de los investigadores efectuar tareas docentes y llegamos al absurdo de tener una universidad en donde había institutos en los que menos de10% de su personal altamente calificado se ligaba a las tareas docentes. Se logró así el objetivo de enfriar a la universidad, pero en ese mismo impulso, decíamos, se lastimó mucho el sentido y el ethos de dicha institución.

Se impone entonces un replanteamiento de las relaciones entre la investigación y la docencia. Se trata de que los que hoy son cuasiexclusivamente investigadores contribuyan con su sapiencia, como en todas las universidades del mundo, a fortalecer nuestros posgrados y por supuesto los otros peldaños educativos de la UNAM. No se entiende por qué en la UNAM no se encuentran los posgrados más importantes de América, sobre todo en ciencias sociales, habida cuenta del capital humano y la infraestructura material con que contamos.

Se abre a partir de esto un tema que parece ordenar el resto de estas preocupaciones y que podría enunciarse como sigue: qué tipo de condensaciones institucionales debemos generar para construir un espacio de encuentro entre los campos de la investigación y de la docencia de manera tal que, seamos capaces de aprovechar todo el potencial de la institución para elevar el nivel académico de facultades y escuelas, aligerando incluso las cargas del personal docente.

En el claustro encargado de la reforma del Estatuto del Personal Académico (EPA), compuesto por cien profesores, investigadores y técnicos académicos, y elegido por iniciativa institucional en el 2005, se 62

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ha propuesto la figura de profesor-investigador.2 Se sugiere con esto que la separación entre institutos y centros de investigación, por un lado, y facultades y escuelas, por otro, ha provocado una segregación excesiva del personal académico y ha redoblado un distanciamiento de los investigadores hacia sus obligaciones docentes.

En consecuencia y en consonancia con los buenos resultados de las mejores universidades del mundo, con esta nueva figura se buscaría restructurar con el tiempo la relación entre estos dos campos. Los nuevos nombramientos de académicos se harían bajo esta figura de profesorinvestigador de manera que con los años fueran desapareciendo los nombramientos exclusivos de una y otra figura por separado. Así, los profesores llamados de asignatura, que hoy se encargan de un número con frecuencia muy elevado de cursos, deberían impartir un número limitado de cursos, siendo el personal de carrera (profesores-investigadores), los que se encarguen de la parte toral de las funciones sustantivas de la universidad (docencia e investigación), ya fortalecidos con la participación regular de los que poco a poco dejarán de ser predominantemente investigadores.

Además, el abanico de categorías-salario del personal de tiempo completo no debería de ser muy amplio, ni tampoco la separación salarial entre las más altas categorías y las más bajas. Es cierto que un profesor-investigador que a lo largo de su carrera académica demuestre altos logros en el campo de la investigación debería recibir mejores reconocimientos, estímulos y recompensas que uno que se limitara exclusivamente a impartir su cátedra (aunque esto último no es para nada demeritorio si es capaz de renovar sus contenidos docentes y por ello también deberá ser reconocido y compensado).

Un buen rendimiento en publicaciones de reconocido prestigio académico, así como una superación constante hacia los doctorados, los posdoctorados y las direcciones de tesis debe ser recompensado por comisiones evaluadoras de la institución o externas a ella (si se quieren evitar vicios endogámicos), pero en todos los casos la distancia entre la categoría más baja y la más alta (que puede ser de seis peldaños), no debería exceder de dos o tres veces, tomando en cuenta que 63

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a los recién llegados se les habrá de exigir diplomas de doctorado o cercanos a este nivel formativo).

Bachillerato, licenciatura y posgrado Refirámonos ahora al tema de las licenciaturas y, puesto que se encuentran encadenados, al tema del bachillerato y de las reglas para el acceso de nuestros bachilleres al nivel de licenciatura. En realidad, el problema que está planteado aquí es el del aprovechamiento endógeno o exógeno de estudiantes en los distintos peldaños educativos de que se encarga la UNAM. Es un asunto muy sensible políticamente sobre todo porque ha sido muy mal planteado por las distintas administraciones y rectorados, lo que ha conducido a recurrentes enfrentamientos desde que se instauró el llamado pase automático de nuestros bachilleres a la licenciatura en 1966, pero de manera virulenta, con las propuestas de reforma del rector Jorge Carpizo, que desembocaron en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario hacia la segunda mitad de los años ochenta.

Resultaba inconsistente el argumento, aparecido en el documento ‘‘Fortaleza y Debilidad de la UNAM’’ en 1996, según el cual debería desaparecer el ‘‘pase automático’’ de los bachilleres de la propia institución para dar paso en nuestras licenciaturas a todos los bachilleres del país en igualdad de condiciones. Se argumentaba que la UNAM estaba desperdiciando el enorme potencial de jóvenes, sobre todo venidos de escuelas privadas, con una preparación muy superior a la impartida en las Preparatorias y en los Colegios de Ciencias y Humanidades de la propia institución.

El CEU y los profesores que lo asesoraban argumentaron de otra manera: la UNAM es responsable por la calidad de la educación que brinda y, en consecuencia, la primera medida que debe tomar es una reforma que eleve la calidad del bachillerato, a pesar de que sus efectos sólo se vean en el mediano plazo. La cuota para esta población escolar debe respetarse entre otras cosas porque la gratuidad ha sabido dar cabida a jóvenes con menores recursos (comparados con el bachillerato privado).

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Sin embargo, a una población quizá similar, venida de diversos ámbitos, debe permitírsele también el acceso a la institución, lo que implicaría elevar el cupo de la UNAM hasta estabilizarla en unos 300 o 350 mil alumnos (población no lejana a la que llegó a acoger hacia el inicio de los ochenta). Hay que anotar aquí que si bien es obvio que una sola universidad no podría hacer frente a la demanda de educación media superior y superior nacional, como ya lo apuntábamos, es cierto también que resulta imperioso elevar el número de educandos en estos ámbitos y en esa medida un aumento moderado como el sugerido en el ingreso de la UNAM no debería considerarse de ninguna manera como un hecho negativo (sobre todo si, como afirmábamos, se llevara adelante una descentralización bien pensada de la institución).

El consenso y la concordia: melting pot, lo que sabemos Si lo anterior fuera factible tendríamos en la UNAM una relación balanceada entre jóvenes con mejores recursos materiales y herencia intelectual, y jóvenes de procedencia más modesta (no perdiendo así su función de melting pot), en el entendido de que sea como sea, un altísimo porcentaje de los ocupantes de esta universidad proviene de las clases medias, es decir de10%, y en menor medida de 20% de las capas de mexicanos con mejores recursos.

Debemos tener en cuenta, sin embargo, que hoy se habla de las universidades privadas como de espacios de excelencia (y qué bueno que lo vayan logrando), pero poco se dice que un altísimo porcentaje de su personal académico fue formado en la UNAM, gracias a becas que esa institución les otorgó a esos profesionales para completar sus estudios (la mayoría en el extranjero). Se olvida igualmente que, con poquísimas excepciones, la investigación y la enseñanza en las llamadas ciencias duras, así como en las ingenierías y en la medicina, se realiza en la universidad pública. Se omite en consecuencia que los posgrados de la UNAM cuentan con un capital humano y material superior incluso al del resto del país (el grueso de los miembros del SNI, decíamos, pertenecen a la UNAM).

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Así, en los terrenos de baja inversión y ganancias rápidas en que sí compiten las universidades privadas (derecho, economía, comunicación, ciencias políticas...), hay que apuntar que han logrado cierto éxito, pero que mucho de eso se debe al haber ofrecido a muchos académicos de la universidad pública un sueldo relativamente más alto (un saqueo de bajo costo), pero sometiéndolos al mismo tiempo a cargas docentes muy intensas, restringiendo los contratos de definitividad y de seguridad laboral a un núcleo muy reducido y selecto y no ofreciéndoles casi ninguna infraestructura para la investigación.

Se entiende entonces que los costos de la universidad pública, encargada de la investigación de alto nivel, sean más elevados y que tengan que ser costeados por el erario nacional, y se entiende por qué la competencia entre las universidades privadas (mercantilizadas) y las universidades públicas es una competencia desigual.

Cuando a esto se suma la política deliberada de depresión salarial para la inmensa mayoría del personal académico, particularmente entre los profesores de asignatura de la universidad pública y a ello se suma además el establecimiento de nuevos programas que tienden a financiar no a la institución sino al usuario (el proyecto que pretende generalizar la entrega de vouchers puestos a disposición de los estudiantes de licenciatura que les permitan inscribirse en cualquier institución, enmedio de una campaña mediática, sin objetividad ninguna, de desprestigio de la universidad pública), queda en evidencia, bochornosamente, la política de destrucción de ese espacio bastante abierto a la demanda de las clases medias, que es la educación superior costeada con los impuestos de los ciudadanos.

Hay pues, que plantear un nuevo pacto entre los actores de la universidad pública: ése es el mayor reto que tenemos enfrente. En el siglo que comienza, nuestras autoridades, por fortuna, han reconstruido con gran éxito e imaginación el prestigio de la universidad pública y no han seguido sumisamente las indicaciones de los gobiernos en turno (como sucedió siempre durante el priísmo y como lo hubiera querido el panismo y el foxismo).

Las políticas destructivas de esa misma universidad pública, lle66

NOTAS PARA UNA REFORMA DE LA UNAM

vadas adelante tanto por las autoridades de la educación nacional como por las propias autoridades de las universidades públicas permite que los investigadores de alto nivel de muchos institutos en ciencias sociales no estén obligados a dar clases en sus facultades, y mientras tanto las secretarías encargadas de la educación, la ciencia y la tecnología crean centros de excelencia que se ponen en marcha trasladando equipos enteros de esos investigadores, que siguen percibiendo su salario en la UNAM y un sueldo adicional en esos nuevos espacios (de esta manera se han devaluado deliberadamente, desde los años setenta, los posgrados y los institutos de ciencias sociales de la UNAM).

Por eso la universidad pública es la más sólida académicamente, pero está sometida en la economía global a fuerzas destructivas que vienen de los centros mundiales del poder y las finanzas, de políticas públicas nacionales que reciben préstamos con esa consigna desmanteladora, de intereses privados que privilegian el enorme negocio que son los servicios educativos y echan mano de los medios de comunicación para desprestigiar a sus competidores.

La UNAM: cómo educarnos nosotros mismos En el nivel de sus licenciaturas, no necesita competir con las llamadas universidades tecnológicas: la UNAM debe ser capaz de preparar jóvenes que tengan la capacidad de educarse por sí mismos, que sean capaces de recrear los conocimientos suficientes y las metodologías para adquirir nuevos conocimientos; conocimientos que les permitan concentrarse en algún campo específico de especialización ya sea más técnico o más profesional pero, sobre todo, que sean capaces de incursionar en otros campos y que sean capaces de hacerlo con la guía de sus propios conceptos, metodologías y técnicas, adquiridos en su formación profesional de licenciatura (González Casanova, 2001). El espíritu que su poderoso cuerpo de investigadores puede aportar en este terreno es invaluable.

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Contra el saqueo Para llevar adelante estos fines la UNAM debe luchar contra el saqueo del que está siendo víctima, en el que están participando, desgraciadamente, muchos de sus académicos, y en el que han participado muchas de sus autoridades. Del estudiantado radical los universitarios esperamos no seguir declarando como a uno de sus enemigos a los académicos de la institución; de nuestros grandes académicos, que el mejoramiento de su situación laboral les permita seguir impartiendo sus cursos en la universidad pública y sólo de manera complementaria apoyar el desarrollo de las universidades privadas.

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FASCINACIÓN POR EL VÉRTICE (del Estado asesino al priísmo enjuiciado: las batallas de la sociedad en una cultura estatal)

o cabe duda de que en las cuatro décadas que nos separa de Tlatelolco hemos visto cambios muy importantes: el fortalecimiento de los partidos políticos y del parlamentarismo, el fin de la era priísta y el inicio de una alternancia democrática. ¿Quién puede dudar de que la llamada generación del 68, con su lucha durante todos estos años, no fue el corrosivo que terminó minando al Estado autoritario de la era priísta y sentando las bases de la pluralidad y del juego democrático? Y sin embargo, qué ironía, el relevo de ese orden vino de una fuerza de derecha, declaradamente pro empresarial y confesional en el ejercicio del poder.

Sea como sea, eso le ha abierto hoy a aquella generación de universitarios, a sus líderes y a la opinión pública, la posibilidad de enjuiciar a los responsables de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas y de la feroz represión, la guerra secreta, que el Estado mexicano desató en los años que siguieron. Ahora bien, ¿quiénes han sido esos actores que hoy juzgan y desde dónde juzgan? En este apartado revisamos los presupuestos ideológicos y políticos de la generación universitaria del 68, las fuentes de su propuesta democrática. Queremos aclarar qué cambió y qué ha permanecido de nuestra cultura estatal en más de treinta años de luchas sociales en los que la UNAM, directa o indirectamente, ha sido un actor estelar.

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El ideario democrático del 68 ‘‘Movimiento Estudiantil Popular en Pro de las Libertades Democráticas’’ fue el título mejor acabado con que los propios estudiantes y profesores, así como sus dirigencias, se presentaron a la opinión pública desde el primer mes de una movilización que tomaría diez semanas de ascenso casi ininterrumpido (del 26 de julio al 2 de octubre).

Estaban ahí mezcladas, al menos, cuatro concepciones de lo que debería ser la democracia, apoyadas por actores sociales y fuerzas políticas relativamente distintas: La democracia libertaria La de los derechos elementales y los derechos civiles: libertad de reunión, de asociación, de libre manifestación de las ideas, de las convicciones y de las opciones culturales; libertad para marchar por las calles hasta el Zócalo, lugar prohibido para los manifestantes de aquella época (hoy, irónicamente, lugar casi perdido para la familia revolucionaria y su partido); libertad de prensa (‘‘prensa vendida’’ gritábamos hasta desgañitarnos en cada acto público); aquí se inscribe el poderoso componente antiautoritario del movimiento, su urgencia por tomar la calle y los espacios públicos y arrebatárselos con ira a las fuerzas represivas gubernamentales. Esta revuelta libertaria y lúdica que caracteriza el primer momento del conflicto es la que mejor hermana al movimiento mexicano con los del resto del mundo y tuvo dos expresiones poderosísimas: 1. La que podemos llamar revuelta cultural, dirigida en contra de aquellos usos y costumbres en que vivíamos los jóvenes en los años sesenta y que se había concentrado hacia aquel momento, aunque no de manera exclusiva, en las diez hectáreas ocupadas por las escuelas y facultades de Filosofía y Letras, Economía, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias y, hasta cierto punto, Derecho: en esa reducida área de la UNAM 70

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habían florecido los mejores cine-clubes: pudimos conocer entonces a La Nouvelle Vague francesa, al Neorrealismo italiano, a Glauber Rocha, a Bergman...; en esos auditorios cantaban también Óscar Chávez y Javier Batiz, el catalán Raimon, el brasileño Carlos Lira, y se interpretaba a los Parra, Atahualpa, Pete Seeger, Joan Baez y tantos otros...; ahí se desarrollaba la actividad de los grupos de izquierda mejor formados de nuestro país: la Juventud Comunista, el Grupo Loyola, el Nuevo Grupo de Ciencias, el Partido Estudiantil Socialista, el Grupo Miguel Hernández (los más importantes líderes del CNH surgieron en este espacio); ahí llegaban también las noticias y la literatura sobre la Revolución cultural china y las Guardias rojas, la revuelta de los jóvenes estadunidenses contra la guerra de Vietnam, las ideas de Martin Luther King y del Black Power, del Movimiento Situacionista, de la lucha contra el colonialismo con Los condenados de la tierra de Franz Fanon, y ni qué decir del Mayo francés (ilustrado contundentemente por las fotos de un libro de la editorial ERA con texto de Carlos Fuentes). ‘‘Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la universidad ----escribiría más tarde Javier Barros Sierra----, es el ejercicio de las libertades democráticas, de reunión, de pensamiento, y de expresión dentro de nuestra comunidad’’ (García Cantú, 1973).

2. Pero la revuelta libertaria fue también una revuelta callejera a cargo de los estudiantes de las vocacionales, las prevocacionales y las preparatorias de la zona céntrica de la ciudad: los directamente agraviados por la represión de los granaderos, que pretendían desalojar por igual la Plaza de la Ciudadela que el Zócalo. A cargo de estos jóvenes estuvo el gran despertar de México en ese momento; fueron ellos quienes cambiaron el tradicional desfile de apoyo a la Revolución cubana, encabezado por la ‘‘nomenklatura’’ del Partido Comunista Mexicano, en una verdadera revuelta, con camio71

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nes incendiados y barricadas; enfrentándose con tal furia a la policía que hicieron necesaria la presencia del ejército mexicano con órdenes, ni más ni menos, que de tomar los centros de estudio. Entonces, con un disparo de bazooka, fue destrozado el centenario portón del edificio de San Ildefonso (la Preparatoria número 1 en la época).

La democracia reformista La democracia política (la del diálogo y los consensos); ese tipo de democracia que basa su avance en el fortalecimiento de los espacios e instituciones de mediación y representación, en el fortalecimiento de los partidos, de las agrupaciones políticas y del parlamentarismo: un concepto de la democracia que, a pesar de haber resultado privilegiado con el paso de los años, en ese momento no logró hegemonizar el sentido de aquella protesta.

Se amplificaría posteriormente, bajo la influencia de la Reforma Política durante la segunda mitad de los años setenta, del Eurocomunismo, y ya en los ochenta, con las teorías del tránsito a la democracia gracias al fin de las dictaduras sudamericanas, mediterráneas y centroeuropeas. Sea como sea, en esta dirección se inscribió la exigencia de los sesenteros mexicanos en torno a la posibilidad de un diálogo público y en torno al respeto de los preceptos constitucionales de 1917.

Pero estas salidas en busca de consensos pactados fueron propias más bien de algunos sectores cercanos al profesorado (la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior) y a los intelectuales y artistas, así como de agrupaciones afines a las autoridades universitarias y estudiantes bastante profesionalizados.

Todas estas fuerzas se agruparon en torno a lo que podemos definir como la Revuelta del rector, que arrancó sorprendentemente con el izamiento de la bandera nacional a media asta en señal de luto por la autonomía violada (a raíz de la destrucción de la puerta de la preparatoria), y siguió, ante la reprobación total del establishment guber72

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namental, con una manifestación por las cercanías de la universidad encabezada por el propio Javier Barros Sierra.

Se constituyó así, un segundo actor colectivo, un segundo aliado que lograría una presencia importante durante el mes de agosto gracias a que en ese lapso prácticamente desaparecieron de la escena las fuerzas represivas y con ello se atemperaron los enfrentamientos callejeros; fue el menos agresivo de los actores del 68, sin duda, pero quizá el más definitorio para que el movimiento tuviera las dimensiones que alcanzó, empujando a la opinión pública de aquella época hacia un cuestionamiento radical de nuestra institucionalidad política (ahí participaron profesores como Enrique González Pedrero, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, Raúl Benítez Zenteno, Fausto Trejo, Daniel Cazés, Heberto Castillo y tantos otros intelectuales y artistas).

La democracia revolucionaria Decíamos que la imagen consensual, negociadora o reformista no fue la expresión más característica del 68, sin duda porque el autoritarismo gubernamental, pero también el movimiento y su dirigencia estaban muy poco acostumbrados a ello. Así, el aparato dirigente y organizativo más importante de aquel movimiento fue, sin ninguna duda, el Consejo Nacional de Huelga (CNH), y fue un órgano que muy pronto adquirió el contorno de la pirámide.

Esto se explica, sin duda, por las dos grandes influencias culturales de esa época: primero, el marxismo leninismo, ideología predominante entre el estudiantado mejor formado políticamente (lo que muy pronto hizo del CNH un órgano mucho más parecido a un Soviet Supremo que a un parlamento liberal), y, segundo, la propia influencia de la cultura política mexicana que empujaba a los menos politizados, pero en realidad a todos, a reproducir en un mimetismo ‘‘comprensible’’ la estructura vertical y autoritaria de nuestro adversario: el Estado mexicano.

Junto a esto, y a lo largo del crucial mes de agosto, el gobierno 73

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no alentó una interlocución con las corrientes más negociadoras, lo que se explica por el odio del presidente hacia la actitud insumisa del rector y las autoridades universitarias (sólo hasta el día 22 de ese mes el secretario de Gobernación declaraba, sin las mínimas precisiones, que estaba ‘‘en la mejor disposición de recibir a los representantes de maestros y estudiantes... Un diálogo franco y sereno que desemboque en el esclarecimiento... de este lamentable problema’’.1) Así, el CNH terminó siendo el único interlocutor, y el hermetismo del gobierno al no fomentar el terreno intermedio dejó frente a frente a dos adversarios muy poco preparados para la negociación: en efecto, debemos recordar que entre los doscientos o trescientos representantes de escuelas y facultades surgió con el paso de las semanas un restringido comité de seguridad (un politburó de unos diez o quince líderes: ‘‘por si la represión nos dispersa’’, se argumentaba); el CNH fue creando simultáneamente comités coordinadores de información, de propaganda, de vigilancia, de finanzas, de brigadas.

Lejos de un espacio demócrata-liberal de intercambio de ideas y búsqueda de consensos, su llamada ala dura, el sector más politizado de la izquierda mexicana, se fue imponiendo sobre su ala negociadora.

El movimiento optó entonces por ampliar sus alianzas, por acumular fuerzas, reacción natural cuando lo que se tiene al frente es un enemigo tan poderoso como el Estado mexicano. El CNH toma la decisión de ‘‘montar guardias permanentes de varios estudiantes y maestros hasta que se resuelva el conflicto’’, y al término de la manifestación del 27 de agosto, Sócrates Campos Lemus propuso ‘‘que el debate público se efectúe en el Zócalo como continuación de una asamblea permanente el primero de agosto a las diez de la mañana’’ (día y hora en que sería rendido el informe presidencial).2 ‘‘El apoyo que los sectores populares nos han prestado ----decía el CNH en uno de sus últimos y más radicales documentos---- nos obliga a poner en discusión la estructura de injusticia y explotación sobre la cual descansa el régimen, y a plantear a las masas populares nuestros puntos de vista acerca de cómo transformarla y de la línea de acción que conjuntamente estudiantes, obreros, campesinos, empleados, en una palabra, el pueblo en su conjunto, debemos 74

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poner en acción para desterrar de nuestro país, de una vez por todas, la explotación, la miseria, el abuso y la represión... Es inaplazable iniciar una lucha general junto a todos los trabajadores...’’3 Hay que aclarar que en este impulso demócrata revolucionario se encontraban mezcladas, al menos, dos concepciones que más tarde encontrarían una formulación y una práctica más nítida y mejor diferenciada: aunque las dos apelaban a la clase trabajadora, una reivindicaba el partido-vanguardia; la otra, aunque desdibujada en el fondo del escenario, reivindicaba la democracia social.

En efecto, del espíritu del párrafo citado anteriormente, iban a salir, en los años setenta, tanto las corrientes más violentas y confrontacionistas (la guerrilla del Movimiento de Acción Revolucionaria [MAR], los Enfermos de Sinaloa, la Liga Comunista 23 de Septiembre ----en recuerdo del profesor Arturo Gamis y el grupo de jóvenes que intentó tomar el Cuartel Madera, en Chihuahua, hacia 1966----), como las corrientes en busca de la independencia del sindicalismo mexicano, tanto entre la clase obrera (los electricistas de Galván, los nucleares del SUTIN), como entre los trabajadores de las universidades, comenzando con la UNAM en 19734 y rematando con el experimento de la Universidad-Pueblo de Guerrero. De una formulación así se nutrirían también los grupos políticos más serios y consistentes surgidos en los años setenta: la Organización Revolucionaria Punto Crítico, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), el Partido Mexicano del Proletariado, el Grupo Comunista Internacionalista (trotzquista), el Partido Mexicano de los Trabajadores (con Heberto Castillo); y qué duda cabe, se nutrirían también, ya hacia el final de aquella década, los amplios frentes o coordinadoras nacionales, inspirados en la ideología de la acumulación de fuerzas para derrotar al enemigo burgués, por la vía de la huelga general o por otros medios. Pero de entre todos aquellos impulsos es necesario deslindar una corriente no partidista, no vanguardista, no elitista; una rara avis in terris.

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La democracia social La democracia sustantiva, la que se planteó como objetivo atemperar la primacía del actor estatal-autoritario y luchaba contra la explotación y en pro del ‘‘fortalecimiento’’ de los amplios agregados populares de la sociedad mexicana: para ellos ésa era la definición de un movimiento ‘‘estudiantil-popular’’. Aunque inscritos todos en la cultura de la confrontación revolucionaria y de la ruptura, una parte de los sesenteros iba a la búsqueda del pueblo (a Pantaco, a Azcapotzalco a Topilejo), pensando unos, los más leninistas, en la construcción del partido y la vanguardia de clase, y otros, más bien maoístas, en cómo darle poder a los sectores populares mismos, no sólo a sus vanguardias, para resolver sus problemas ahí en donde éstos se presentaban, en la colonia y el barrio, en el poblado y en el municipio, en la pequeña región... una búsqueda de poder en lo social y no una acumulación de fuerzas para asaltar el Palacio de Invierno: resolver los problemas colectiva y organizadamente, en espacios territoriales circunscritos por identidades consistentes. De estas propuestas más sociales y menos verticalistas surgieron y se fortalecieron por igual las corrientes de la Teología de la Liberación y las Comunidades Eclesiales de Base, es cierto, pero también, de manera muy sorprendente, las más avanzadas corrientes maoístas que ha visto nuestro país. Ambas manifestaciones, después del traumatismo del 2 de octubre, renunciaron a colocarse en el centro de la república y en el centro del poder, decidieron ir al pueblo, reeducarse entre las masas, apartarse del protagonismo, del liderazgo y, a la manera pastoral (religiosa o laica), trabajar para los pobres, desde abajo.

La matriz autoritaria Resulta obvio que el 68 no fue un movimiento con una ideología compartida o con alguna estrategia que unificara a los participantes: el paraguas de las libertades democráticas cobijó concepciones de una amplia pluralidad, por no decir disímbolas. En el proceso, las ma76

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nifestaciones libertarias y lúdicas fueron dando paso a las más verticales, politizadas y dramáticas con que culminó su periodo activo.

La pregunta que procede entonces es por qué en nuestro país los referentes ideológicos nunca han sido los unificadores de las grandes movilizaciones (con excepción, quizá de la guerra cristera), e incluso por qué esos elementos dogmáticos, cuando existen, logran tan poca continuidad en el tiempo. Sin duda la respuesta, a juzgar por lo argumentado, tiene que ver con la primacía del actor estatal en nuestra historia: cualquier movimiento o levantamiento de algún actor social, por mejor definido que sea su origen, por mejor elaboradas que sean sus banderas, va a toparse, muy pronto, con la intransigencia del vértice de la pirámide, de la poderosa autoridad que todo lo controla y cuya característica es haber destruido sistemáticamente cualquier disidencia, cualquier otra opción.

Rápidamente los movilizados se encuentran aislados, en desventaja, y por lo regular hasta ahí llega la historia. Pero puede suceder que, como en el 68, los alzados reciban el apoyo de un aliado como la ‘‘revuelta’’ del rectorado y los profesionistas, lo que traslada a un nuevo estadio el conflicto. Cada recién llegado a la alianza desdibuja las banderas y los planteamientos originales, pero a cambio de ello proporciona una mayor fortaleza a los movilizados. Puede repetirse este ciclo expansivo una o varias veces (en nuestro ejemplo, al extremo de hacer un llamado a obreros, campesinos y pueblo en general a unirse a la lucha). Por lógica, las ideologías definidas y elaboradas desaparecen en esta dinámica y la cohesión o la unidad de una alianza así, en expansión acelerada, se vuelve endeble.

Surgirán muy pronto un ala dura o radical y una negociadora o reformista. Ello se traduce de inmediato en un problema de apresuramientos y de lucha contra el tiempo: si no se obtienen rápido resultados favorables se perderá toda la fuerza que ha podido ser congregada ya que se trata de aliados muy disímbolos, unificados transitoriamente (mucho más en función del adversario estatal que los oprime que en función de una ideología, de unos principios o de una estrategia compartidos). Los movilizados se verán impelidos entonces a buscar un 77

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triunfo en el corto plazo, en el lapso efímero que dura su fuerza y su unidad. Ello explica la falta de consistencia ideológica, el pragmatismo de la acción social en nuestro país y la falta de continuidad de nuestros movimientos y corrientes políticas y sociales alternativas.

Pero todo ello explica también lo que nos ha caracterizado de manera dramática en la historia, lo que podemos llamar ‘‘la lógica del suicida y del asesino’’: las amplias alianzas, al no poder subsistir por la heterogeneidad de sus integrantes y buscar un resultado inmediato antes que las escisiones las debiliten, caen en la confrontación, en el ‘‘todo o nada’’, el ‘‘águila o sol’’: ‘‘derroco al gobierno o me matan’’; y, del lado del déspota: ‘‘o acabo con estos alzados o me tumban’’.

Descubrimos entonces que la matriz de funcionamiento sociopolítico de nuestra mexicanidad se caracteriza, al menos, por dos mecanismos que podemos enunciar como sigue: la ‘‘lógica del suicida y el asesino’’ y la ‘‘fascinación por el vértice’’: esa conducta que quedó esbozada en el accionar mismo del estudiantado al darse una organización que convirtió al CNH en una pirámide tan vertical y tan poderosa como la imagen misma del adversario que pretendían combatir apelando a la bandera de las libertades democráticas. Es la búsqueda por parte de todos los actores, de uno y otro lado, por ascender, la fascinación por ocupar el lugar del poder, el lugar del tlatoani.

El triunfo del reformismo Para evadir este círculo perverso, e impulsados por el trauma de Tlatelolco, los mexicanos reforzamos, o de plano inauguramos, dos espacios muy novedosos a partir de los setenta: Las escaleras se barren de arriba para abajo... Un espacio intermedio entre la sociedad y el Estado en donde pudieran participar civilizadamente las dirigencias políticas, incluso las más radicales, y llegar a acuerdos pactados sin necesidad de apelar a las acumulaciones de fuerza y a los consecuentes nerviosismos del tlatoani: eso significó la Reforma Política, animada por el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, hacia 1977, que tuvo como resultado inmediato la legalización de los 78

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principales partidos y agrupaciones de la izquierda mexicana, pero que provocó también que una serie de agrupaciones, de lo que denominamos democracia revolucionaria, participaran decididamente, más tarde o más temprano, en ese espacio electoral, partidista y parlamentario. Tal fue la ruta de la vigorosa corriente del sindicalismo independiente de los setenta, tanto universitaria y magisterial como obrera, y de las agrupaciones comunistas, trotskistas y hebertistas que fueron coincidiendo, primero, en el Partido Mexicano Socialista y luego en el Partido Socialista Unificado de México, hasta converger en el cardenismo y fundar el PRD, al final de los ochenta y principio de los noventa.

Cuando a lo largo de esos dos decenios todo esto coincidió con las teorías de la transición a la democracia y el fin de los regímenes autoritarios en los países del Este, del Mediterráneo europeos y de Sudamérica, la corriente demócrata liberal o negociadora del 68 terminaría como la posición triunfadora de aquel movimiento. ...Pero se construyen de abajo para arriba. Paralelamente las corrientes de la democracia social también perfeccionaron sus posiciones planteándose la tarea de cambiar a nuestra cultura desde la base, la periferia, la no confrontación y los pequeños pasos: críticos del centralismo estalinista del PCM y de su distancia con respecto al pueblo, los maoístas (con José Revueltas en la Seccional Ho Chi Minh y la Liga Comunista Espartaco, primero, y en Política Popular con Adolfo Orive y Alberto Anaya, a partir de 1969) establecieron que las masas populares son el agente de cambio y en su seno hay que desarrollar una democracia directa. La democracia, tal como la entendieron, se asocia con la idea de horizontalidad en las relaciones, capacidad de autodeterminación y decisión del pueblo. La democracia es, al mismo tiempo, demanda, utopía y método (López Aspeitiz, 1998).

Era una crítica furibunda hacia las organizaciones partidistas por caudillescas y antipopulares, y en su lugar se proponía la autonomía y la libertad para las brigadas y las bases. Sin embargo, muy pronto el planteamiento radical de ‘‘cercar a la ciudad desde el campo’’ fue sustituido por el de organizar a los pobres de la ciudad, pues en el exponencial crecimiento de los asentamientos urbanos paupérrimos, 79

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Política Popular y luego Línea de Masas, encontrarían sus bases más entusiastas. Así, la tradicional estrategia comunista de las pequeñas células clandestinas es sustituida por las brigadas de estudiantes y maestros que se implantan permanentemente en las colonias, los poblados y los sindicatos (‘‘hacer y ser y no hablar mucho’’; ‘‘mantener una relación estrecha y constante de amistad y trabajo con la colectividad’’; ‘‘ponerse en el lugar del otro’’ para entender sus demandas y costumbres). Pronto estos maoístas echarían raíces en la colonia Tierra y Libertad de Monterrey, en los Comités de Defensa Popular en Durango, La Laguna y Monclova, en la colonia Francisco Villa en Chihuahua, entre los tabacaleros de Bahía de Banderas en Nayarit, en colonias populares de San Luis Potosí, Tlaxcala, el Estado de México, el Distrito Federal y, un poco más tarde, entre el magisterio y el campesinado de Oaxaca y Chiapas.

Pero en la segunda mitad de los años setenta las cosas se complicarían: los referidos implantes territoriales se sienten aislados, la política echeverrista de tolerancia hacia las organizaciones sociales (no hacia las guerrilleras), obligada por la mala conciencia del 68, es sustituida por una de represión hacia el medio popular y sindical. En resumen, la organización independiente y basista se vuelve difícil, mientras que la representación política-partidista-parlamentaria recibe todos los incentivos. Se abre la gran polémica en el seno de las organizaciones de la democracia social: ¿mantenerse en el medio urbano popular de manera defensiva y bastante aislada o incidir en aquellos espacios productivos y más estratégicos como la metalurgia (en donde ya eran controladas por ellos diez secciones sindicales), la producción agrícola de exportación (los valles del Yaqui y del Mayo en Sonora, Unión de Uniones entre los cafetaleros de Chiapas), el magisterio, las comunicaciones telefónicas, etcétera?

Esta democracia social maoísta se divide bajo tal presión en una Línea Proletaria siguiendo el último planteamiento (encabezada por Adolfo Orive), y una Línea de Masas que se mantuvo más apegada a la ortodoxia popular, local y territorial de sus orígenes. En realidad lo que comenzó a preocupar obsesivamente a Línea Proletaria y a Adolfo 80

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Orive, después de quince años de lucha, y lo que los orientaría sin más hacia el vértice del poder, fue el problema de la eficacia productiva de los espacios que eran controlados por sus organizaciones: el problema del control de los excedentes productivos, de la distribución, del crédito, del transporte. Sus estrechos lazos con los grupos que iban posicionándose en el poder federal, con los hermanos Salinas de Gortari particularmente, le permitirían a esta corriente gran influencia en torno a los créditos y otras prebendas, así como a títulos de propiedad en el caso de las regiones agrarias (aunque el tema de la eficacia productiva siempre estuvo para ellos por encima del tema de la propiedad de la tierra). La verdad es que la política de las dos caras embonó a la perfección con la herencia cultural de la mexicanidad y les facilitó un pragmatismo y una desideologización muy cómodos.5 Sin embargo, ahí no terminaron las divisiones provocadas por la forma en que el Estado sobredimensionó a los partidos y al parlamento como el espacio tolerado para la oposición: en el seno de las organizaciones más ortodoxas y más basistas aparece la urgencia por construir alguna forma centralizada de coordinación nacional de los movimientos populares, y aunque la participación en las ‘‘elecciones burguesas’’ estaba fuera de discusión, el hecho es que el tema de la construcción del partido se convierte en la pesadilla de todas las convenciones y los manifiestos del maoísmo de finales de los años setenta y principios de los ochenta.

Línea de Masas (OIR-LM) ‘‘le devuelve el papel de dirección al partido, a pesar de que pretende aún crear poderosas y autónomas organizaciones locales’’, y aunque argumenta estar construyendo ‘‘un partido de factura nueva surgido de la selección de los militantes que prueben ser vanguardias y que se hayan ganado la confianza de sus grupos’’ (Núñez, 1990), el hecho es que insiste en que para vencer el localismo es necesario aliarse a otros grupos. En el fondo hay una urgencia por regresar al centro y al vértice, y muchas de estas corrientes, autonombrándose ‘‘coordinadoras’’ (nacionales), pretenden disfrazar la discusión en torno al partido en las postrimerías de los años setenta: Coordinadora Línea de Masas (COLIMA), Coordinadora Nacional del 81

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Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Coordinadora Sindical Nacional (COSINA), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) (Boucher, 1990; Hernández, 1987; Barbosa, 1984; Moguel, 1987).

El terremoto de 1985 haría pasar a todas estas siglas a la historia, pero con ellas se iría la gran experiencia de la democracia social maoísta.

Lo que sigue es aún más dramático: después de las fraudulentas elecciones del 88, Línea Proletaria y la corriente de Adolfo Orive van a fundirse, ya sin distancias, al salinismo: Hugo Andrés Araujo pasa a ser el dirigente máximo de la CNC, Gustavo Gordillo el secretario de Agricultura y muchos otros militantes que iniciaron en Política Popular se encargarían de importantes medios de difusión: periódicos, revistas y programas de Televisión (NEXOS el más relevante). A su vez, una destacada corriente de Línea de Masas, cobijándose en el oportuno instrumento maoísta de ‘‘fines y medios’’, de ‘‘las dos caras’’, va a aceptar organizarse en el Partido del Trabajo con la esperanza de ampliar su influencia en el norte del país y principalmente en La Laguna, en donde Cárdenas encontró los primeros y más decididos apoyos durante su campaña (Haber, 1997).

En este ir hacia el vértice, aunque con posiciones políticas radicalmente opuestas, otras muchas corrientes de aquel maoísmo terminarían en el PRD y en el gobierno de la ciudad a partir de 1997. Con esto se ilustra una lógica estatal-centralista que siempre ha derrotado a lo social-local-territorial: si en la historia de México el Estado se ha impuesto de modo sistemático a la sociedad, después del 68 esto cambió de cierta forma, aunque manteniendo una continuidad asombrosa a la manera del Gattopardo: la democracia política, la apertura de los espacios de influencia partidista y parlamentaria a las dirigencias de todo el país, permitió una vez más el ‘‘vaciamiento hacia arriba’’ de todas estas vanguardias y la derrota (discontinuidad) de los intentos de organización desde abajo, desde lo ciudadano: en esa perspectiva la sociedad siempre resulta debilitada en México, en esa medida el 68 no cambió tanto nuestra matriz, nuestra desigual distribución de poder entre lo social y lo político, aunque le abrió a las elites opositoras enor82

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mes espacios de participación, de influencia y de poder en las instituciones del sistema político.

19 de septiembre: el regreso del pueblo Cerca de tres lustros duraría la activación, desde lo social, desatada por el movimiento del 68; pero sea como sea, en medio de este ir y venir entre lo central y lo periférico, entre el vértice y la base, lo local y lo nacional, lo territorial y lo sectorial, y cuando ya todo parecía bajo control, cuando las dirigencias estaban encontrando sus puestos partidistas y parlamentarios y la pista quedaba libre para el despegue del neoliberalismo, hizo irrupción un hecho brutal, capaz de regresarle, de un solo golpe, el protagonismo a los actores básicos de la democracia social.

En efecto, el terremoto de 1985 se encargaría de abrir de nueva cuenta los canales de la activación de base, ciudadana, territorial y, de la misma manera que el movimiento del 68, reblandecería el orden vertical y centralizado: una explosión social desde abajo y antiestatal, tan sorpresiva como el terremoto mismo, se desató en el centro del poder político, geográfico y cultural de los mexicanos, ejerciendo sus efectos disolventes de la dominación desde el vértice. Nos podemos preguntar si esta ironía, el que la furia de la naturaleza se desatara en el Zócalo mismo y sus alrededores, no nos ayuda a entender por qué el impulso basista de esta movilización social duró tan poco, por qué la Asamblea de Barrios, nacida en 1986, la más significativa de las organizaciones producto de aquella catástrofe, se desgarraba, apenas dos años después de su fundación, discutiendo si debería o no apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas ----lo que un poco más tarde, en el momento de la fundación del PRD, hacia el inicio de los noventa, la escindiría entre basistas y parlamentaristas (Green, 1997; Cuellar, 1993; López Aspeitia, 1998). Infinidad de sus cuadros formarían parte del gobierno cardenista en 1997.

La Universidad Pública: Barnés celebra los treinta años en CU y el CEU en la alcaldía. Lo mismo pasaría con el movimiento que más iba 83

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a impactar a la segunda parte de la década de los años ochenta: el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), un movimiento que lucharía en favor de la educación gratuita en los niveles medio y universitario y en contra de los proyectos neoliberales de ‘‘excelencia’’ académica, de achicamiento de la matrícula universitaria y de elitización. El liderazgo de ese movimiento fue absorbido hacia arriba en 1988 por la llegada irrefrenable del nuevo líder incontestado: Cuauhtémoc Cárdenas, y en las universidades y los centros de educación superior (en la UNAM particularmente), ningún comité de estudiantes o profesores pudo permanecer: el establishment estatal retomó, a través de las autoridades universitarias, el control de la educación media y superior, y lo hizo de manera tan férrea que ya para 1990 aceptó llevar adelante un Congreso de Reforma de la universidad que tuvo la virtud de no modificar en lo esencial ni uno solo de los usos, las costumbres y las leyes del centro educativo más importante del país.

Las corrientes cristianas: de la ‘‘Opción por los Pobres’’ a la batalla electoral. ¿Y qué decir de la democracia social de los cristianos? Coincidiendo con puntualidad asombrosa el año de 1968 con la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín en Colombia (CELAM), los pastores cristianos, en idéntica tonalidad que los maoístas, harían una crítica radical de la jerarquía eclesial y, apoyados en la Teología de la liberación, se lanzarían hacia las bases populares. Al igual que aquéllos, privilegiarían el trabajo orientado hacia problemas de los pobres, con estricto enraizamiento territorial y por métodos y pedagogías inclinados a otorgar algún poder a los sectores desposeídos; en este ambiente las propuestas de Paulo Freire reciben una audiencia poderosísima. La ‘‘Opción por los pobres’’, ‘‘la Iglesia de los pobres’’ tendría la fuerza para implantar unas diez mil Comunidades Eclesiales de Base, principalmente hacia el inicio de los años ochenta, en Guanajuato con Rogelio Orozco, en Chiapas con Samuel Ruiz, en Morelos con Sergio Méndez Arceo, etcétera (Concha, 1986).

Los jesuitas deciden cerrar el influyente y elitista colegio Tepeyac para orientar todos sus recursos hacia la educación popular. Sin embargo, en el lapso de los treinta años que aquí nos ocupan, las posiciones 84

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de esta democracia social de los cristianos irán sufriendo transformaciones que siguen la ruta de los pastores del maoísmo: de la opción por los pobres y las masas paupérrimas se pasa a la proliferación de las Organizaciones No Gubernamentales, fuertemente ancladas en problemas de abasto popular, educación infantil, salud comunitaria, cocinas populares, situación de la mujer y salud reproductiva, equipamiento urbano... Paralelamente, las guerrillas, las dictaduras de los setenta y sus campañas de exterminio contra los movimientos populares y sus dirigencias harán pasar al primer plano la temática de los derechos humanos, atrayendo a esas ONG’s.

Ahora bien, cuando todo ello se liga, en los ochenta, con la oleada del tránsito a la democracia y el fin de las dictaduras, vemos que una infinidad de estas organizaciones transitan de los derechos humanos a los derechos políticos y a la lucha por la limpieza electoral (Olvera, 1995).

Aquí se da una transformación que parece insignificante, pero que va a ser de gran trascendencia: se pasa del planteamiento colectivo de las masas populares y las capas paupérrimas a un planteamiento más centrado en el individuo, en el ciudadano y en sus derechos; lo que importa resaltar es que con ello se transita de lo territorial a los derechos en general, de lo social a lo político, de la comunidad de base al grupo de presión, de la ONG enraizada en el barrio al Frente o Red de ONG’s que alcanzan naturalmente una influencia política en ascenso entre la opinión pública (López Aspeitia, 1998).

La legislación y los procedimientos electorales ganarán mucho gracias a esta influencia, sin duda, aunque los mejores cuadros de la corriente se irán a las alturas siguiendo una ruta: comunidades eclesiales de base, ONG’s cristianas, comisiones de derechos humanos, movimientos ciudadanos por la limpieza electoral, consejeros ciudadanos, red de ONG’s en alianza cívica para la observación electoral, enlaces de organismos ciudadanos con el gobierno democrático, ingreso en instancias gubernamentales para la participación ciudadana.

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Los noventa Innovación y continuidad en el EZLN. El movimiento del EZLN fue rápidamente calificado como una guerrilla posmoderna por su claro rechazo del etapismo histórico, del vanguardismo, del asalto al poder estatal, del liderazgo heroico y del alarde confrontacionista. Tres semanas después de su aparición, el gobierno decreta una tregua que tiene como principal característica el preservar para los zapatistas una región desmilitarizada de alrededor de una veintena de municipios chiapanecos en la zona de la selva y las cañadas. Las ofertas, producto de la primera ronda de conversaciones (en la Catedral de San Cristóbal) con Manuel Camacho, enviado presidencial, son rechazadas con un NO rotundo hacia el mes de marzo de 1994.

Los zapatistas deciden, según un cálculo incuestionable, que tres meses antes de una elección presidencial es apresurado llegar a acuerdos con un régimen saliente (el de Salinas de Gortari). Las elecciones vuelven a ser ganadas por el PRI, como en una pesadilla. El zapatismo decide entonces radicalizar su lucha y sus soldados se despojan del pasamontañas y el arma larga, ‘‘trasminándose’’ desde las regiones en que la tregua los había colocado hacia una amplia zona que abarcaba casi la mitad del estado de Chiapas. Desde ahí declararían la independencia de los municipios por ellos tomados y la autonomía indígena de esas regiones. Eso es lo que aconteció en la madrugada del 19 de diciembre de 1994 (diecinueve días después de la toma de posesión del nuevo régimen de Ernesto Zedillo). Con el apoyo social que demostraron tener pusieron en claro que su movimiento no era tanto militar, sino esencialmente social y cultural.

A partir de ahí la respuesta del gobierno fue furibunda: el 8 de febrero, seis semanas después de que los zapatistas se brincaron espectacularmente las líneas marcadas por la tregua y en plena fuga de capitales y debacle financiera, el ejército mexicano se lanzó a la reconquista de todo el territorio chiapaneco apoyado por cincuenta mil efectivos. Visto en su conjunto, el operativo tuvo como meta el separar a la dirigencia zapatista de la base social del zapatismo y destruir lo que 86

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fue un movimiento social, atomizando y desmoralizando a sus bases, separándolas de su intelligenza (no únicamente militar) arrinconada en la selva. Un movimiento que durante un año mandó señales de su alta vocación sociopolítica y cultural es obligado, por la fuerza de ‘‘los ejércitos’’ del centro, a convertirse en una guerra de guerrillas, de la misma manera en que el CNH, en 68, fue obligado a convertirse en una cofradía de conspiradores y ‘‘delincuentes’’.

Pero ¿no es acaso cierto que desde el zapatismo se estaba reproduciendo también la ley de hierro de la mexicanidad? Es verdad que el movimiento zapatista, durante el año de 1994, no descuidó la reorganización de los municipios de las cañadas y la selva, ni descuidó tampoco la cuestión de la subsistencia e incluso la reeducación en torno a ciertos principios (como la erradicación del consumo de alcohol, por ejemplo). Sin embargo, al ampliar su radio de influencia hasta ocupar militarmente casi la mitad de los municipios del estado, el zapatismo nos empujaba a preguntarnos si coincidían estas nuevas fronteras con su identidad sustentable.

En un sentido sí, quién lo puede dudar, porque esos municipios, en especial los de los Altos de Chiapas, abrumadoramente indígenas, profesaron gran simpatía por el EZLN y, en algún grado, militaron en él. Pero quizá no, desde otra perspectiva, porque el zapatismo excedió los límites de sus fronteras naturales ocupando esos nuevos territorios y permitió justificar, un mes y medio más tarde, la ruptura de la tregua por parte del gobierno, a partir del 9 de febrero de 1995, y su avance sobre los territorios autónomos, separando al zapatismo social del militar. En este panorama, el ejército mexicano y las fuerzas paramilitares ejercieron un amedrentamiento sistemático hasta culminar con la masacre de Acteal, la más conocida de una serie de acciones militares inmisericordes destinadas a destruir cualquier intento de organización de los municipios autónomos zapatistas.

Desde esta perspectiva podemos preguntarnos si del lado del zapatismo armado no ha habido también un regreso a la referida ley de hierro de la mexicanidad, la ley del suicida y del asesino: por parte de los movilizados la urgencia por acumular fuerzas para derrotar al Estado nacional, 87

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la lógica suicida de destruirlo todo y ocupar ese espacio, o estrellarse contra el muro del autoritarismo; por parte del Estado, el no poder convivir con ningún promontorio, por pequeño que sea, fuera de la pirámide de Aztlán: ‘‘¿realmente el pueblo de México nos espera como una fuerza política organizando la lucha al nivel nacional?’’ (se preguntaba Marcos en agosto de 1995, en la víspera de la consulta a todo el país sobre si el EZLN debería convertirse en una organización política de alcance nacional).

Porque a eso aspiramos, se respondía, a ser una fuerza política nacional, no local [...] Nuestro trabajo va a terminar en la construcción de ese espacio de nuevas relaciones políticas (La Jornada, 25-26 de agosto de 1995).

Y agregaba en esas fechas: El ¡ya basta se multiplica [...] El golpe a la Ruta 100, los reclamos democráticos del pueblo tabasqueño y su Éxodo de la dignidad; el cobarde asesinato de los campesinos guerrerenses, veracruzanos e hidalguenses que tendió un puente de sangre morena hasta los indígenas chiapanecos; la militarización de la capital del país; la complicidad gubernamental con la banca y el movimiento ciudadano de deudores de El Barzón [...] (La Jornada, 27 de julio de 1995).6 ¿Ser local quiere decir perderse en el olvido de las cañadas y la selva lacandona? ¿Ser fuerza nacional quiere decir lo contrario? Quizá sucede que el EZLN ha considerado que no hay solución regional si no hay primero solución nacional, que nada se puede desde lo local, que es necesario acumular primero a la mayor cantidad de fuerzas inconformes para, así, aunque sea por la vía electoral, derrotar al gobierno, a su partido, al neoliberalismo y a las fuerzas dominantes que hoy son transnacionales. Cómo no respetar esa idea y, sin embargo, cómo no recordar que con esa lógica se ha roto la continuidad de la inmensa mayoría de las luchas sociales de la historia posrevolucionaria de México (el 68 particularmente).

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La Convención Nacional Democrática, los acercamientos y distanciamientos subsecuentes con el perredismo y con Cuahtémoc en medio de la efervescencia electoral de 1994, la organización del Referéndum, la Cuarta declaración de la selva, la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional y, en fin, la propuesta de crear un Amplio Frente Opositor para participar en la arena política nacional (‘‘aunque sin aspirar a puestos de representación y de gobierno’’) constituyen una serie de proyecciones del zapatismo hacia la arena de lo nacional y de lo central.

Con el cambio de gobierno federal en el año 2000 se le planteó de nuevo al zapatismo esta tensión entre lo local-autónomo-indígena y lo nacional-organización política-amplia alianza. En el mes de febrero de 2001, cuando la marcha indígena se aproximaba a la capital, la dirigencia zapatista redobló su agresividad discursiva: ‘‘es necesario desafiar para hacer la guerra; es necesario desafiar para hacer la paz’’.

Este posicionamiento del zapatismo aparecería con más nitidez en el año 2006, en la [Sexta declaración de la selva lacandona, y en La otra campaña]: ‘‘acumular las fuerzas de todos los descontentos del país para derrocar al Estado burgués’’ (‘‘pacíficamente’’, agregan siempre ellos, de manera ilógica).

Y es que, cuando se trata de consolidar una red opositora ante el poderoso tlatoani, hay que emplear el radicalismo y la intransigencia para evitar que, mientras nos acercamos a la pirámide, sus inciensos nos adormezcan. Pero, escuchado desde otros puntos de nuestra extensa geografía de la pobreza y la exclusión, el discurso del ‘‘no rotundo’’, del ‘‘no cambiaremos ni una coma’’, ¿no corría el riesgo de convertirse en un llamado extremadamente frontal?

De alguna manera se ha reproducido la historia de la década de los años setenta que, aunque con otra terminología, colocó en la escena latinoamericana y mexicana a los mismos personajes de este drama: nos afanamos, en esos años, en delatar al imperialismo que penetraba nuestros países y nos oprimía con la complicidad de la burguesía nacional. La derecha se condensó en un espectro nacional, defendiendo sus intereses, aterrada por la confrontación, por la sublevación. Aunque 89

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el desenlace fue dramático, hoy tenemos al frente, en términos generales, el mismo panorama: globalifóbicos contra momios caceroleros (o el nombre que terminemos dándoles). ¿Quién puede dudar de que el nuevo estadio de integración global no genera pobreza creciente y mayor acumulación en pequeños puntos y que eso explica, en buena parte, la pobreza de nuestros países (el planteamiento de André Gunder Frank en Desarrollo del subdesarrollo)?; ¿quién puede dudar de que los quinientos años de pobreza, sumisión y marginación indígena no se inscriben en el continuum que va de Sevilla, la Compañía de Indias, los caudillos del XIX, los generales revolucionarios, los caciques priístas y los profesores bilingües, y que a ello se han venido a sumar los efectos del TLC?; pero sería un error de grandes proporciones concluir, a partir de lo anterior, que ha llegado el momento de la gran transformación, de trazar claramente la frontera entre dominantes y oprimidos, integrados y excluidos, dzules e indios, y que por tanto la tarea inmediata es acumular fuerzas del lado de la dignidad, de la sangre morena, de los hombres del color de la tierra, de los sin casa, sin universidad, sin empleo. ‘‘¿Le preocupa la posibilidad de que los marginados se les unan?’’, le pregunta Julio Scherer a Marcos en una entrevista memorable.

Ojalá, no me asusta y lo deseo, responde [...] Si ese rencor social no se organiza, necesariamente viene la venganza [...] Ese conflicto es irremediable, y eso se lo dijimos a Fox, lo que está en juego aquí, en nuestro movimiento, al acercarnos a la capital, es cómo se va a enfrentar ese conflicto. Pero no pueden pensar que ese conflicto va a seguir latente o va a ser controlado. Va a tronar.

Sea como sea, con la idea de acumular fuerzas del lado de la globalifobia no sólo estaríamos reproduciendo los errores de los años setenta. Estaríamos reproduciendo, sobre todo, la matriz en la que ha funcionado la acción de la sociedad mexicana, la forma suicida como han terminado nuestras luchas sociales a lo largo de la historia, coro-

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nada con el baño de sangre de 1968. El sistema partidista y el parlamentarismo que se fortaleció en los años ochenta hizo pasar a segundo plano esta lógica de sangre. Pero hoy encontramos que la opinión pública, las organizaciones y las luchas sociales comienzan a desconfiar de los partidos, del sistema de intermediaciones y a hacer la política ‘‘al lado de la sociedad civil’’ (que cada quien interprete lo que eso quiere decir).

Por su parte, los senadores, al modificar significativamente la Ley de Cultura y Derechos Indígenas que vino a proponer el zapatismo al congreso, apoyada en la propuesta de la COCOPA, no hicieron otra cosa que reproducir embozadamente el autoritarismo diazordacista (el pretexto de ellos: la estricta coherencia de las leyes). Es cierto que ha habido un cambio en la escena nacional, Fox hacía chistes y su imagen está muy lejos de la del tlatoani ultrajado y vengativo que estelarizó Díaz Ordaz, pero no sabemos cómo funciona el sistema cuando se siente tambaleante por las fuerzas acumuladas en su contra: ¿acaso los mexicanos habremos cambiado nuestra herencia al cambiar de régimen?

Lo que ha sucedido en Oaxaca y en Atenco, a partir de 2006, nos hace pensar que no ha habido tal cambio.

En resumen Podemos concluir con la certeza de que el fin de la era priísta y la llegada del panismo al poder son datos incontrovertibles: ha cambiado el país a partir del 68, hemos logrado construir un mecanismo que ha mitigado el funcionamiento dramático de nuestra matriz autoritaria, que ha neutralizado la lógica fatal del suicida y el asesino, abriendo el espacio de la política y la influencia, del reconocimiento y del bienestar material, a una pluralidad de elites y dirigencias, a pesar de su alto costo.

A principios del siglo XXI, sin embargo, esta conclusión es insuficiente. En efecto, hace un cuarto de siglo el neoliberalismo establecía que los sacrificios de reordenar nuestra economía para su competitividad global traerían como recompensa una democratización de los sistemas y de las prácticas políticas, transición vigilada por las grandes 91

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potencias y sustentada en que, pasado el shock aperturista, los beneficios ‘‘gotearían’’ sobre los sectores más golpeados.

Tres lustros después, este optimismo desaparecía, en la medida en que todos los indicadores registraban incrementos en la pobreza de amplios sectores poblacionales y se disparaban los índices de violencia y delincuencia. El replanteamiento implicó un recorte en los alcances éticos del modelo: los sectores mejor integrados habitarían los apartamentos consolidados de la institucionalidad: los partidos, las universidades, etcétera, mientras el ancho mar de los excluidos seguiría reproduciéndose en el escenario fragmentado y anómico de la precariedad, habida cuenta de sus dificultades para poner en marcha movilizaciones consistentes y darse formas organizativas y de empoderamiento.

Al doblar el siglo este modelo cínico o esquizofrénico también se desmorona: en los partidos y las organizaciones políticas, como el PRD, que pretenden abarcar toda la gama social, desde los espacios cupulares e incluso de administración pública, hasta los más enraizados en el medio popular y de la exclusión, no está resultando para nada cierto el que el orden de arriba y adentro vaya impregnando al de abajo y afuera (las escaleras se barren de arriba para abajo), y más bien lo de abajo y lo de afuera está erosionando a lo de dentro y lo de arriba.

La creciente pobreza parece estar teniendo la fuerza para impregnar con sus reglas a los espacios de las cúpulas y de los integrados: en lo popular proliferan formas defensivas, pequeños liderazgos, tribus de barrio y caciquillos que tienden a asociarse proyectando a otros liderazgos intermedios que negocian constantemente sus fidelidades, corrientes y alianzas hasta ir ocupando (muy lejos de que ello implique prácticas democráticas), crecientes espacios de influencia en los partidos, las instituciones, los centros de educación superior y las administraciones.

Las orientaciones de las cúpulas partidistas son reinterpretadas y redirigidas por las ‘‘corrientes’’ hasta ser desfiguradas por los intereses de cada pandilla. Las pandillas con un enganche popular más eficaz y más hábiles para asociarse con otras de su género predominan, mientras las expresiones más individualizadas y que coinciden, hasta cierto 92

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punto, con los cuadros más profesionalizados van perdiendo terreno y representación. Aparece incluso un anti-intelectualismo y, como ha sucedido en algunos momentos a partir del movimiento huelguístico de 1999 en la UNAM, tiende a hablarse de manera despectiva de ‘‘el grupo universidad’’. Es el panorama en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Morelos, en Chiapas y en tantas otras regiones del país. El PAN, por su origen más próximo a los sectores integrados, se ve menos impactado por este fenómeno.

Ahora bien, no sólo en el medio partidista y parlamentario se ha desatado esta ‘‘populización’’ de la política; también en otros espacios nodales para la fortaleza institucional de una sociedad, como el de los centros de educación superior, se está viviendo con fuerza dicho fenómeno. La UNAM, la más importante universidad de América Latina, y todo el espacio de la educación media y superior del país, se ha convertido en la arena de disputa entre integrados (que en este caso pueden ser bautizados como la elite acantonada en la defensa de la academia de excelencia), y los grupos bastante populares que se saben expulsados, o a punto de serlo, de este mecanismo de integración de las clases medias de nuestros países y que hoy se desbarrancan hacia la exclusión.

A pesar de que la gran masa de universitarios pertenece, como es lógico, al primer grupo, los estudiantes radicales, aliados a los movimientos urbano-populares, con el zapatismo y con las corrientes de base del perredismo, lograron mantener en jaque a la institución por más de un año y desvalorar los argumentos del saber científico y técnico, así como a las cúpulas del PRD articuladas con la UNAM que intentaron retomar el control de la situación. También aquí, en el medio universitario, sorprendentemente un anti-intelectualismo ha predominado al extremo de ridiculizar a prestigiados escritores y académicos de la generación del 68. El movimiento de los universitarios intransigentes, antiprotagónicos y precarios del CGH no se reduce, pues, a un asunto de pauperización; es también una cuestión de cultura política: ‘‘No’’ a la fascinación por el vértice, ‘‘No’’ a la influencia y al poder, ‘‘No’’ a los puestos de dirección y de gobierno (y en esto coinciden con los zapatistas).

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¿Qué concluir, pues, de este tercio de siglo que nos separa del movimiento de 1968? ¿Hemos superado realmente la lógica del suicida y el asesino? ¿Los movimientos y manifestaciones sociales de la extrema pauperización, aquellos que encuentran su ideología en el hecho lacerante de la acumulación inhumana de las quinientas grandes firmas del mundo, seguirán aceptando participar en este sistema institucional que legitima la exclusión? ¿La ideología de la acumulación de fuerzas, base de esa lógica suicida, está regresando, a juzgar por algunos rasgos del movimiento del CGH, del zapatismo, de la huelga minera de Lázaro Cárdenas, del radicalismo urbano-popular en el que fueron arrinconados los habitantes de Atenco, de la batalla de Oaxaca? ¿Nuestra fascinación por el vértice, con esa capacidad de absorber hacia arriba a los liderazgos y dirigencias populares, se mantendrá como la esencia de nuestra cultura y de nuestro orden políticos? ¿Qué hacer para que los partidos y las fuerzas políticas no caigan en la pulverización y en la tribalización? El reto sigue siendo cómo lograr el fortalecimiento, la densificación de la sociedad civil y de sus actores, desde los comités vecinales, municipios, regiones, etcétera, hasta los espacios educativos, laborales, electorales... cómo dejar atrás nuestra fascinación por el vértice, cómo limitar al tlatoani que todos llevamos adentro.

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LOS DEMÓCRATAS PRIMITIVOS (La universidad y el movimiento estudiantil de 1968)

La alianza y el adversario l de 68 fue un movimiento social que se caracterizó fundamentalmente por la definición de un adversario común bien localizado y, pudiéramos decir, concentrado: la espesa trilogía PRI-gobierno-presidente de la República. Fue un movimiento cuya identidad, que permitió la alianza de por lo menos tres sectores heterogéneos, se debió mucho más a la presencia de ese adversario que a la unificación en torno a un proyecto de sociedad futura; fue por ello un movimiento esencialmente político, lejano al modelo de sus equivalentes dentro de los países industriales que se cohesionaron siempre en torno a un fuerte contenido de revuelta juvenil, culturalista.

Unificada más por la identificación de su adversario que por el poder de su propio proyecto, la alianza heterogénea del 68 vio surgir, acentuarse o diluirse sus contradicciones de origen según si el vaivén de los acontecimientos impidiera o facilitara la identidad y la movilización unitaria de los sectores involucrados. El recipiente y el termómetro exacto de esas contradicciones fue el Consejo Nacional de Huelga, que reflejó, en cada etapa del movimiento, los problemas de una dirección que combinaba un bajo grado de autonomía frente a sus bases y una extraordinaria capacidad organizativa de las mismas.

Las fuerzas sociales que nutrieron con su acción incesante y sorpresiva el movimiento estudiantil del 68 pueden agruparse, desde lue-

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go en forma esquemática, en tres sectores: primero, una base estudiantil joven; segundo, un amplio e importante estrato que llamaremos de ‘‘profesionistas’’; tercero, los grupos politizados, también amplios y decisivos de la izquierda universitaria y estudiantil.

Comencemos por el primero de ellos: el motor que desencadenó la participación del estudiantado joven debe buscarse, más que en las bajas expectativas de trabajo o destino profesional, en la emergencia de un drástico impulso antiautoritario cuya expresión primera fue el enfrentamiento directo con las fuerzas represivas; éste fue un impulso que encontró, en el Estado y, más particularmente, en el presidente, al adversario concentrado de su crítica; pasó por el ataque y el rechazo a un sinnúmero de jerarquías próximas ----la familia, la estructura de la enseñanza superior---- y alcanzó con su fuerza antijerárquica tanto a los órganos dirigentes del movimiento, como a sus eslabones organizativos. Fueron los preparatorianos, los alumnos de vocacional y de primeros grados de facultad que integraron las brigadas del movimiento, acuñaron los lemas irreverentes e imprimieron a las movilizaciones el aire de fiesta radical, de enfrentamiento abierto con todos los lugares comunes de la solemnidad, la rigidez y el autoritarismo.

El segundo, que llamamos sector profesionista ----vale más llamarlo así y no calificarlo por sus gamas ideológicas que recubren todas las posiciones que hay entre el socialismo democrático y la protesta liberal---- estaba compuesto por un número considerable de profesores e intelectuales, principalmente del ala de humanidades de la universidad; por una importante capa de estudiantes de los últimos años de la carrera o recién egresados y por algunos estratos de la propia administración universitaria. La cerrazón de las instituciones políticas a la participación de estos nuevos profesionistas en la definición de las orientaciones globales de la sociedad, o la expectativa poco halagüeña de participar aceptando los canales y la estructura jerárquica de una clase política anquilosada, hija del compadrazgo, alimentada por las generaciones de abogados, el ascenso como protegidos de un político prominente, el desayuno político, la oratoria y la adquisición temprana del carnet priísta, etcétera, muestran bien la región de donde pro96

LOS DEMÓCRATAS PRIMITIVOS

cede el malestar de las nuevas generaciones de profesionistas modernizadores, tecnócratas en muchos casos o sencillamente empapados de un espíritu de honesto progresismo, que participaron de manera activa en el movimiento del 68.

Cuando se habla del sector politizado de la izquierda universitaria y estudiantil, el tercer actor, no nos referimos sólo a los llamados ‘‘grupúsculos’’ y al sector juvenil del Partido Comunista; también nos referimos a una parte significativa de la base estudiantil de las escuelas de humanidades (Economía, Ciencias Políticas, Filosofía) y en menor medida de Ciencias, Medicina, Agronomía de Chapingo, ciertas escuelas del Politécnico Nacional, así como al contingente, minoritario pero importante, de profesores de izquierda de esos centros que se adhirieron al movimiento. Éstos fueron los sectores que lograron articular la alianza del 68, es decir, los que alcanzaron un alto grado de identidad de propósitos en un cortísimo lapso entre la represión a las manifestaciones estudiantes del 26 de julio y la manifestación encabezada por el rector de la universidad el primero de agosto. Del juego de intereses, posiciones y actitudes de esos tres sectores, surgieron las corrientes internas y la organización del movimiento estudiantil de 1968, así como las debilidades y talentos directivos de su máximo organismo, el Consejo Nacional de Huelga.

Los primeros días Detengámonos un poco en esta primera etapa del movimiento, que va del 22 de julio al primero de agosto, y veamos cómo se desempeñaron los actores descritos, particularmente el sector profesionista que tuvo en aquellos días de julio una actuación destacada.1 El 24 de julio de 1968, dos días después de las primeras acciones, los periodistas comenzaban ya a esbozar una explicación de lo sucedido en la Plaza de la Ciudadela, cuando alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), capitaneados por las pandillas de los Arañas y los Ciudadelos, atacaron a los estudiantes de la 97

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preparatoria particular Isaac Ochoterena. Se trataba de un enfrentamiento más de una larga serie que había dado principio hacía más de un año. Al no recibir respuesta, los estudiantes regresaron a sus planteles. Entonces los granaderos empezaron a provocarlos.

Al principio los estudiantes contestaron las provocaciones con gritos y silbidos, pero el ánimo se fue caldeando hasta que empezaron a arrojar piedras contra los granaderos. Era entonces cuando aparecían de nuevo los granaderos, volvían a provocar a los estudiantes y cuando éstos se envalentonaban, las bombas lacrimógenas y las macanas de los uniformados caían sobre los muchachos. Prácticamente eran emboscadas las que tendían a los estudiantes, en este zafarrancho en el que los granaderos parece que inauguraron una táctica de ‘‘guerra de guerrillas’’. Después de varias corretizas una sección de granaderos llegó hasta la vocacional 5, en la que penetraron y golpearon a varios alumnos para salir corriendo y retirarse a lugar seguro... Iniciada a las diez horas, la batalla terminó a las trece horas (El Universal, 24 de julio de 1968).

Tenemos así una primera explicación del inicio del conflicto: todo aparece como si las fuerzas del orden hubieran aprovechado las rencillas existentes entre dos escuelas para implementar un enfrentamiento. La hipótesis de una provocación en el origen del conflicto se fortalece al examinar lo acontecido entre el 22 y el 31 de julio, y permite así caracterizar esta primera etapa del movimiento.

La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), organismo estudiantil que controló durante muchos años al politécnico,2 convoca para el día 26 de julio a una manifestación para protestar contra la represión de que fueron víctima los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y contra la ocupación de estas escuelas por los granaderos.

Paralelamente, y a unas cuadras del itinerario de esta marcha, se realizaba el acto anual conmemorativo de la Revolución cubana (aniversario del asalto al cuartel Moncada) organizado por la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), agrupación juvenil controlada por el Partido Comunista.3 Ambas manifestaciones se llevan a cabo con el permiso del Departamento del Distrito Federal.

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De la primera de ellas se separaron cerca de cinco mil estudiantes4 a la voz de ¡Zócalo! y reuniéndose con los manifestantes pro cubanos que se encontraban en el Hemiciclo a Juárez se dirigieron por las calles de Madero hacia la Plaza de la Constitución, a pesar de los esfuerzos por impedirlo por parte de algunos organizadores que se daban cuenta del vigoroso despliegue policiaco en las calles vecinas.

Durante varias horas se desarrollaron enfrentamientos entre los estudiantes y la policía. Sin embargo, un hecho destaca por encima de toda la confusión que conlleva la violencia una vez generalizada: la manera como se organizó la represión se encontró muy lejos de ser adecuada, si lo que se perseguía era el regreso al orden. Esto resultó claro incluso para la prensa nacional que se caracterizaría, durante todo el conflicto, por su sumisión a las interpretaciones gobiernistas. El periódico El Universal comentó el 27 de julio que las fuerzas del orden ‘‘realizaron una labor más o menos envolvente de varios cientos de estudiantes que se guarnecieron en los edificios universitarios’’. Y el director de una de las preparatorias ubicada en el barrio universitario del centro de la ciudad declaraba en otro periódico que los alumnos de este plantel ‘‘no participaron en las manifestaciones y fueron atacados por los granaderos cuando se dirigían a sus domicilios’’.5 En el momento mismo en que se desarrollaban los acontecimientos del día 26, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto ocuparon las oficinas del Comité Central del Partido Comunista Mexicano y los talleres donde se imprimía su órgano La Voz de México. Varios miembros de este partido fueron aprehendidos ahí y otros, en el transcurso de esa noche, en sus domicilios o en sitios apartados del lugar de los acontecimientos. La imprenta fue destruida. ‘‘Pretenden dar con ello la impresión ----decía el periódico El Día del 27 de julio---- de que el Partido Comunista Mexicano ha sido el promotor de los desórdenes que la propia policía causó.’’

El sábado 27 son ocupadas las preparatorias 1, 2 y 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por los propios estudiantes como signo de protesta por la represión y el encarcelamiento de sus compañeros el día anterior.

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El día 29 de julio se podía leer en el periódico Excélsior que la policía buscaba a varios anarquistas franceses ligados a la ‘‘Revolución de Mayo’’; y varios extranjeros, entre ellos la hija del cantante estadunidense Pete Seeger, que ya se encontraba detenida. Por la tarde es disuelto un mitin que los estudiantes pretendían realizar en el Zócalo.

Inmediatamente después se inician los violentos choques entre estudiantes y policías que representarían uno de los puntos de más alto enfrentamiento a lo largo de la movilización. La contienda se mantuvo durante todo el día y las primeras horas de la noche; la situación de los granaderos llegó a ser a tal grado difícil que hacia la una de la madrugada del día 30 se hizo necesaria la intervención del ejército. Los militares ‘‘abren plaza’’ destruyendo con un disparo de bazuca la puerta de la Preparatoria 1 y tomando las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM y la Vocacional 5 del IPN. El número de los lesionados sobrepasa los cuatrocientos y el de los detenidos mil.6 Al mediodía, en la Ciudad Universitaria, el rector decreta día de luto para la universidad e iza la bandera a media asta, declarando que no había que ceder a la provocación ‘‘venga del exterior o del interior’’.

Durante los siguientes días la huelga es votada en todas las escuelas del IPN, UNAM, Chapingo, y algunas universidades de provincia, con lo cual prácticamente se puede hablar de una huelga general de la educación media y superior en México.

En Villahermosa, Tabasco, los estudiantes se manifestan. Piden la destitución de varios funcionarios públicos. La policía dispara: resultan dos estudiantes muertos y cincuenta heridos.

El día 31 de julio se celebra un mitin en la Ciudad Universitaria convocado por las autoridades. El rector anunció su disposición para encabezar una manifestación en la que ‘‘presentaremos ----dijo---- fuera de la Ciudad Universitaria, nuestra demanda de respeto absoluto a la autonomía universitaria’’. El apoyo de los colegios de profesores, consejos técnicos, facultades, escuelas y del profesorado en general se manifiesta en forma abierta a partir de ese momento.7 Recogemos en esta fecha un dato que ilustra bien la enorme participación juvenil en las acciones de julio: 100

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‘‘La Procuraduría del Distrito y Territorios Federales en el curso del día puso en libertad a 117 estudiantes entre ellos 37 menores cuya edad oscila entre 15 y 16 años’’ (Ramírez, 1969; p. 176).

El jueves primero de agosto el rector encabeza la manifestación de duelo por la violación a la autonomía universitaria con un contingente de cien mil estudiantes y acompañado por los directores de escuelas y facultades. ‘‘Esto era una cosa insólita en México: una masa tal no se la había visto desde las manifestaciones contra la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961. Pero entonces, fue sólo gracias a la participación del partido oficial, el PRI’’8 y porque además fue encabezada por el expresidente Lázaro Cárdenas.

A pesar de que este acto recibe el calificativo de ‘‘farsa oficialista’’ en algunas asambleas estudiantiles efectuadas al día siguiente, el significado del mismo para la gestación y desarrollo del movimiento fue de enorme trascendencia; en efecto, la intervención decidida de las autoridades universitarias (y en concreto del rector) en favor de la lucha estudiantil, al mantener el lazo con la institucionalidad y no alejarse de las actitudes cívicas, significó un manto protector para el estudiantado al permitirle un amplio margen de acción en el seno de la universidad, y al proporcionarle un canal de contacto con la opinión pública del país para ganarse su simpatía y solidaridad.

Poca política, mucha organización Basta echar una ojeada a la cronología del movimiento o revisar las discusiones y acuerdos tomados dentro del CNH para medir la ineficacia o la declarada debilidad de los órganos de la dirección del 68 y para comprender por qué les fue imposible reorientar la lucha en un sentido distinto al que los propios acontecimientos les impusieron.

Al mismo tiempo y paradójicamente, la simple comparación con otros movimientos estudiantiles permite descubrir en la gran capacidad organizativa del movimiento mexicano una de sus particularidades distintivas. Recordemos a este respecto que ya el 9 de agosto, sólo catorce 101

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días después de la primera provocación policiaca, el CNH hacía saber públicamente en un desplegado que el movimiento estudiantil quedaba integrado por una ‘‘Asamblea plenaria con soberanía y poder político de decisión’’, y por un Consejo Nacional de Huelga organizado en comisiones de Información, Brigadas, Propaganda, Finanzas, Asuntos jurídicos y Relaciones con provincia.

Por abajo del CNH, se agrupaba ‘‘el Comité Coordinador o el Comité Central de cada institución de enseñanza’’, que tenía un representante o delegado en el CNH y dirigía la lucha estudiantil en su sector.

Las escuelas o facultades se regían por asambleas permanentes de alumnos y comités de huelga o de lucha de cada una de ellas, estructurados, a semejanza del CNH, en comisiones de propaganda, brigadas políticas, finanzas, etcétera. Los miembros de los comités de cada centro académico eran nombrados directamente en las asambleas y algunos de ellos integraban también el CNH, que de esa forma quedaba constituido por entre 140 o 210 miembros, dos o tres por cada una de las setenta escuelas que habían ido a la huelga. A sólo quince días de iniciado el conflicto, el movimiento estudiantil tenía ya estructurados sus órganos fundamentales de conducción y organización interna.9 Sin embargo, el carácter espontáneo del movimiento, la apresurada construcción de todo este andamiaje organizativo, su índole social misma, en tanto movimiento estudiantil, impedía, desde el inicio, una elevada capacidad de dirección. Por contraste con, digamos, el movimiento obrero, el de 1968 carecía en su punto de arranque de organizaciones previas, sólidas, en las cuales apoyarse, y carecía de lineamientos históricos y programáticos que garantizaran la fluidez, la organización de la lucha y la capacidad de tomar decisiones autónomas, efectivas, según el curso de los acontecimientos. La dirección del movimiento estudiantil se vio, desde sus inicios, reducida a una dependencia extrema de las contradicciones y la heterogeneidad de sus bases.

Volveremos sobre esto pero por ahora destaquemos que la coyuntura en que nació el movimiento definió, en gran medida, el carácter y las orientaciones de su acción a todo lo largo del conflicto. Dos cuestiones parecen decisivas en esa coyuntura. Primero, la forma como 102

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quedó fijada la lucha al establecerse definitivamente el pliego petitorio confirió al movimiento estudiantil el carácter de un movimiento vuelto hacia fuera, surgido de un conflicto que se originaba en el ámbito estudiantil o universitario, pero que no se agotaba en él e involucraba sectores mucho más amplios de la sociedad.

Las demandas del pliego petitorio10 no estaban formuladas para satisfacer a un sector social específico, se acompañaban siempre de ciertos preceptos ----la exigencia de diálogo público, por ejemplo---- o de cierto espíritu en el discurso oral y escrito (‘‘hoy hemos sido reprimidos los estudiantes por el régimen antidemocrático de la misma manera que otros sectores populares lo fueron ayer o lo serán mañana’’), que apartaban del movimiento el carácter estudiantil o juvenil, portador de reivindicaciones educativas y universitarias o de rupturas generacionales. Desde el principio, el movimiento del 68 se presentó como abanderando a los sectores populares y como gestor potencial de sus demandas. De ahí su distintivo globalmente aceptado de ‘‘movimiento estudiantil-popular pro libertades democráticas’’.

En segundo lugar, al autodefinirse como un movimiento contra las instituciones políticas y exigir la restructuración o la reorientación de ciertas leyes e instituciones, el movimiento se vio obligado a sentar las bases de una dimensión institucional respetable, de una mediación que le permitiera negociar estas demandas en el mismo terreno de un adversario desacostumbrado a la negociación y con una opinión pública fuertemente controlada por los medios masivos de comunicación actuando como árbitro del conflicto.

Este importante factor, reforzado por la actitud del sector profesionista y del Partido Comunista, no explica, sin embargo, la extraordinaria organización del movimiento, porque, salvo en la parte última de la segunda etapa ----finales de agosto----, la gran mayoría de los estudiantes y de los dirigentes nunca vieron con mucho optimismo la realización de ese diálogo e incluso decidieron exponerlo al fracaso cuando al término de la manifestación del 27 de agosto aprobaron jubilosamente ----en especial la base joven---- la proposición de Sócrates Amado Campos Lemus de ‘‘montar una guardia permanente en el Zócalo hasta que 103

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fueran solucionadas las demandas’’. Es en el plano de la acción no en el de la negociación institucional donde debemos buscar esas causas.

La dinámica de la acción Al plantear su lucha como un ‘‘movimiento hacia fuera’’, la acción estudiantil quedó encerrada en un círculo hasta cierto punto ciego, difícil de reconducir, reorientar o detener. La heterogeneidad y la conciencia de hallarse en una situación de identidad o alianza interior transitoria obligaba al movimiento a una acción rápida en busca del apoyo de los sectores sociales ----obreros, campesinos, clases populares---- a quienes llamaba a participar. Al definirse, así fuera en forma desarticulada, como abanderado de esos sectores, el movimiento sólo podía mantenerse mientras se diera el círculo: enfrentamiento (represión parcial o provocación) ----fortalecimiento de la organización y de la protesta---- ampliación de la base activa con nuevos aliados y una opinión pública más favorable ----exigencia de solución de las demandasmanifestación de fuerza-enfrentamiento (una de las pocas decisiones que verdaderamente podían tomar los dirigentes del movimiento: desafiar abiertamente la represión).

Siempre que faltó uno de estos elementos, el movimiento del 68 corrió el riesgo de caer en crisis. Si las presiones y la manifestación de fuerza no eran contestadas por el adversario (como fue el caso, en el lapso que va de fines de agosto a mediados de septiembre), el movimiento tendía a disgregarse, a descomponerse. El motor de su acción ----el enfrentamiento---- se debilitaba, sus demandas tendían a degenerar y a volverse meras presiones institucionales promovidas por los sectores reformistas. Si la dirección y los sectores radicales trataban de evitar el declive buscando enfrentamientos más intensos, acudiendo incluso a la provocación, las consecuencias podían ser mucho peores para la composición y el destino del movimiento: aparecía el peligro de los desgarramientos internos y, además, el adversario tenía a la mano una justificación óptima para una represión generalizada, para utilizar legítimamente la violencia. Por último, si el movimiento hubiera en104

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contrado apoyo en los sectores populares, su base propia, original, se hubiera desgarrado como consecuencia de la heterogeneidad de sus componentes.

Así, los dirigentes del 68 estaban subordinados a una mecánica de la acción y las decisiones fincada en una dialéctica de dos carriles: la ansiosa búsqueda de apoyo e incorporación de los sectores populares ----que respondieron muy débilmente---- y la completa incertidumbre frente a las respuestas del Estado, un adversario que (mientras no hubiera desborde popular) tenía a su favor, y con mucho, la correlación de fuerzas.

Lo cierto, sin embargo, es que en la ideología de los movilizados el sistema institucional mexicano ----con el PRI y el sindicalismo oficial en su centro---- parecía extraordinariamente endeble, listo para caerse en los primeros embates. La realidad mostró que era todavía un sólido pilar de sustentación y legitimidad, un eje ordenador que daba estabilidad a la organización global de la sociedad y la política mexicanas. Varios dirigentes del ala radical lo reconocieron así: El movimiento obrero mexicano se encuentra controlado por sindicatos ‘‘charros’’ [...] Aquí la Confederación de Trabajadores de México es un instrumento del gobierno. La clase obrera se encuentra encadenada tanto física como ideológicamente [...]

Hemos invitado [a los obreros] a participar en el movimiento, a unirse con nosotros, a desolidarizarse de sus sindicatos. Debemos confesar que no lo hemos logrado [...] De hecho, tuvimos constantemente la impresión de que nuestro movimiento se encontraba como aprisionado en un círculo vicioso, el de la pequeña burguesía, el de la clase media. Por más que hablamos constantemente de clase obrera, de subrayar las reivindicaciones económicas o políticas que interesaban a los trabajadores, no pudimos traspasar nuestro medio, el enlace por el cual combatíamos no se ha efectuado. Mientras el sindicalismo siga siendo lo que es en este país, la alianza entre los estudiantes, la clase media y los proletarios será extremadamente difícil de lograr [...] los campesinos han permanecido aún más a la retaguardia

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que los obreros. Ellos han visto el movimiento como algo lejano, perteneciente a los estudiantes, un asunto de intelectuales. Si se es optimista, se pueden citar casos en que los campesinos han pedido ayuda al Consejo Nacional de Huelga para resolver un problema determinado. Pero yo no creo que actualmente se pueda considerar al campesinado mexicano como una clase positiva desde el punto de vista revolucionario.11 La segunda etapa La segunda etapa del movimiento, del 30 de julio al 27 de agosto, va a caracterizarse por los rasgos siguientes: a) Por parte del gobierno: el repliegue total de las fuerzas represivas (tanto del ejército como de la policía), durante toda esta etapa; el intento de dar por terminada la movilización estudiantil apelando primero a la FNET (30 de julio) y más tarde (8 de agosto), ante la evidente falta de representatividad de esta organización, el gobierno se dirige, a través del regente, al director del IPN proponiéndole la integración de una comisión compuesta por representantes del gobierno, de maestros y alumnos de ese instituto, así como de otros sectores de la opinión pública. Promete, en esta comunicación, solucionar algunas demandas estudiantiles (pero siempre haciendo referencia a un pliego petitorio presentado por la FNET el día 30 de julio), como son: un reglamento que norme las funciones de la policía, con el objeto de evitar choques indebidos entre este cuerpo de seguridad pública y los estudiantes [...] Determinar la responsabilidad del jefe y subjefe de la policía [...] (Ramón Ramírez, 1969; vol. I, p. 203).

En relación con las indemnizaciones a estudiantes muertos y heridos ofreció formar una comisión investigadora y se mostró dispuesto a castigar a los culpables de los abusos pues

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reprobamos siempre que un policía o un granadero penetre en los planteles educativos. Lo tienen terminantemente prohibido y lo tendrán (Revista de la Universidad de México, México, UNAM, vol. XXIII, núm. 1, septiembre de 1968).

Es significativo que justamente en esta fecha (8 de agosto), el regente se muestre abierto a la solución de algunas demandas, puesto que al término de la manifestación estudiantil del 5 de agosto, los estudiantes acordaron ‘‘otorgar 72 horas de plazo a las autoridades para la solución de sus demandas...’’ (El Día, 6 de agosto de 1968).

Finalmente, el 22 de agosto, el secretario de Gobernación (Luis Echeverría), expresa: su mejor disposición de recibir a los representantes de los maestros y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de otros centros educativos [...] a fin de resolver en definitiva el conflicto que ha vivido nuestra capital [...] Estimamos que un diálogo franco y sereno desembocará en el esclarecimiento de los orígenes y el desarrollo de este lamentable problema [...] El innegable respeto que el gobierno ha demostrado hacia las manifestaciones estudiantiles de carácter pacífico contribuye a afirmar la atmósfera de libertades democráticas [...] (Ramírez ,1969, vol. 1, p. 241).

El día 23 de agosto, un suceso aparentemente sin importancia muestra bien el cambio radical en la actitud del gobierno entre la primera y esta segunda etapa, es decir, el paso de la brutal represión a la conciliación paternalista ante la inesperada y amenazante reacción estudiantil: bajo la presión de un mitin estudiantil frente al reclusorio del Carmen se obtuvo la libertad de un exmiembro de la policía encarcelado por exigir con una pancarta, acompañado de su esposa e hijos, la ‘‘moralización de la policía’’ (la multa que le fue impuesta se hizo descender de cuatro mil a quinientos pesos). Y otro hecho: el día 25 un grupo de trescientos estudiantes logra la liberación de doscientos cua-

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renta vendedores ambulantes detenidos por efectuar su trabajo en la vía pública sin el permiso correspondiente. b) Por parte del movimiento estudiantil esta segunda etapa representa su momento de mayor coherencia, es el momento de la mayor identidad, cuando la alianza de este actor colectivo mostró su más alto grado de consistencia y también, al final de la etapa, su punto culminante y el principio de su desarticulación. Limitémonos ahora a mencionar brevemente los acontecimientos: El 4 de agosto hacen su aparición en forma vigorosa y en diversos rumbos de la ciudad las brigadas estudiantiles. Es una forma de lucha paralela a las manifestaciones, mítines, etcétera y cumple el doble objetivo de informar sobre la causa estudiantil (dado el mutismo y las interpretaciones falseadas de la prensa nacional), y de fomentar la integración y movilización de la base estudiantil a través de tareas concretas.12 Este mismo día se da a conocer el pliego petitorio definitivo.

El lunes 5 se lleva a efecto la gran manifestación convocada por el Comité Coordinador de Huelga del IPN, en la que pueden contarse también cien mil estudiantes. Las consignas, más que referirse a la autonomía universitaria, hacen un llamado a las masas populares para que se unan al movimiento. En una asamblea previa se forma el Comité de Profesores del Instituto Politécnico Nacional Pro Libertades Democráticas.

El 8 de agosto declara el Comité Coordinador de Huelga del IPN que cualquier plática tendiente a la solución del pliego petitorio deberá ser pública, utilizando los medios masivos de información. El auditorio Justo Sierra, el más importante de la UNAM, es rebautizado como Che Guevara. Se constituye la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, que reúne en un solo organismo a las asociaciones magisteriales que se habían agrupado a raíz del movimiento en la UNAM, el IPN, la Escuela de Agricultura de Chapingo, las escuelas normales, etcétera.

El viernes 9 se forma el Consejo Nacional de Huelga (CNH) en una magna asamblea estudiantil13 en la que participan 38 comités de 108

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lucha, que son los órganos representativos máximos de cada facultad, escuela, colegio o centro educativo.

Entre el 13 y el 27 de agosto se puede ubicar la etapa de más alta coherencia y mejor posición de fuerza relativa por parte de los movilizados, y las jerarquías en el seno de la alianza quedan en este momento definidas: ‘‘Hacemos saber que cualquier solución que se intente deberá ser aprobada por este Consejo Nacional de Huelga y que desconocemos y desaprobamos cualquier arreglo en el que participen personas u organizaciones ajenas a este consejo’’, declara el CNH el 10 de agosto al rechazar la respuesta del regente. Y dos días después la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior manifiesta en un desplegado de prensa: Los maestros entendemos la lección de nuestros alumnos, hemos comprendido que todos los ciudadanos pueden y deben participar en la vida política del país e influir en el mejoramiento de nuestra sociedad; hemos comprendido que no se puede permanecer al margen de una situación que ha puesto de manifiesto que dentro de nuestra forma de gobierno pueden desarrollarse tendencias que lleven al país a un clima donde la represión y la violencia sustituyan los derechos democráticos.

Comprendimos en fin que el silencio y la indiferencia son cómplices (Ramírez, 1969, vol. 1, p. 212).

El martes 13 se realiza la primera gran manifestación que culmina en el Zócalo (objetivo político y región prohibida); por intentar un acto semejante, pero sin la magnitud y la composición de fuerzas de esta segunda etapa se había desatado el movimiento 18 días antes.

Ahora por ninguna parte aparecen las fuerzas represivas. Ciento cincuenta mil personas desfilan en completo orden.

El día 15, el Consejo Universitario (máximo órgano de la UNAM) en sesión extraordinaria apoya ampliamente los puntos del pliego petitorio del CNH y en su declaración expresa la exigencia de ‘‘libertad a los ciudadanos presos por motivos políticos e ideológicos’’. El sector profesional universitario daba así un nuevo espaldarazo a la protesta 109

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ciudadana abierta por el movimiento estudiantil, ahora sirviéndose de un organismo colegiado, aunque para este momento ya se había desbordado, con las demandas del pliego petitorio, el terreno de la universidad y de la autonomía para pisar la arena nacional al exigir la libertad de los ciudadanos presos por razones políticas. Pero no cabe duda de que ese apoyo del sector profesionista explica, en buena parte, la incómoda situación del gobierno hacia estas fechas y también el retiro de las fuerzas represivas durante la segunda etapa.

Universidades privadas y de altas colegiaturas como la Iberoamericana y la del Valle de México decretan un paro académico indefinido en apoyo de sus compañeros y exigen la solución de los seis puntos del pliego petitorio. Se constituye la Asamblea de Escritores y Artistas que ‘‘exigen inmediatamente la solución del conflicto de acuerdo con el pliego petitorio del CNH’’ (Ramírez, 1969, vol. 1, p. 225).

El Colegio de México después de elogiar la ‘‘extraordinaria manifestación del 13 de agosto [...] insiste en que deben ser cumplidos cada unos de los seis puntos’’ (ibíd., p. 225).

El 16 de agosto se deja sentir en toda la ciudad la intensa actividad de las 150 brigadas constituidas. La consigna de extender el movimiento a los sectores populares se centra en la denuncia de la antidemocracia sindical, el llamado a atacar la estructura sindical ‘‘charra’’ y a luchar juntos (obreros, estudiantes y pueblo) por la libertad de los presos políticos. Seiscientos padres de familia acuden a una asamblea convocada por las organizaciones estudiantiles en la Vocacional 5.

El 19 de agosto, el Movimiento Revolucionario del Magisterio ----organización disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, controlado por el gobierno---- ‘‘llama al pueblo para que se apreste a luchar junto a quienes ya lo vienen haciendo en defensa de las libertades democráticas’’ (ibíd., p. 235),14 y hace suyas las demandas estudiantiles.

Para el martes 20 la Coalición de Profesores invita a los diputados y senadores del Distrito Federal a mantener un debata en la Ciudad Universitaria. Éstos declinan públicamente, pero ello no impide el desarrollo de un mitin al que asisten cerca de veinte mil personas.

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Las orientaciones profundas: el discurso del silencio La idea de ruptura, de movilización radical contra el sistema que sugiere ese persistente llamado a los sectores populares y a la clase obrera, ese discurso necesariamente agitador y obrerista producido por la dirección y por los cuadros más politizados, no es, sin embargo, el contenido profundo del movimiento del 68. No hay en esto crítica alguna al discurso político y al proyecto de la izquierda. Pero a diferencia de un movimiento netamente revolucionario, que surge en una situación de clausura del sistema político, de crisis hegemónica en la clase dirigente, y que logra catalizar las protestas de los trabajadores para enfrentarlos, en una ruptura abierta, contra el orden, el movimiento estudiantil mexicano fue una protesta de sectores medios emergentes contra los excesos de una clase dirigente engordada, satisfecha e impune en su estabilidad; una protesta contra la cerrazón y el monolitismo de un sistema político que veía llegar a su fin los acuerdos transitorios tomados en épocas anteriores y empezaba a ser rebasado por las nuevas exigencias que brotaban del seno de la sociedad.

Es difícil precisar si el movimiento estaba proponiendo una nueva orientación para la sociedad global y cuál era ésta, pero podrían esbozarse algunos rasgos buscando una respuesta al respecto. En primer lugar, los sectores que actuaron dentro del movimiento estudiantil no pueden ser calificados como sectores en crisis: desde el punto de vista económico, es imposible demostrar que globalmente se encontraban en un descenso de su nivel de vida o en una tendencia a la pauperización. Por otro lado, desde el punto de vista político, no eran sectores que hubieran perdido posiciones o participación en las decisiones políticas, porque jamás las habían tenido. Por el contrario, los miembros del movimiento buscaban empezar a ser reconocidos, obtener una participación de nuevo tipo, democrática y antiautoritaria en esas decisiones y en la orientación global del desarrollo mexicano.

Lo mismo que otros movimientos de la década de los sesenta (los maestros o los médicos) el del 68 fue una vigorosa exigencia de participación de nuevos sectores provenientes de la clase media, una 111

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clase media cada vez más importante pero constreñida, ahogada por los márgenes estrechos de una estructura institucional y una organización social convenida en épocas pasadas. Participar no implicaba en este caso solicitar una apertura de los canales ya establecidos; se trataba justamente de la crítica y el rechazo a las formas de participación existentes y era este rechazo peculiar lo que unía a todos los sectores: el ataque a las instituciones políticas y al monopolio del poder, al santo cuarteto: Presidente-Estado-PRI-Gobierno.

Apropiándose del Zócalo con medio millón de manifestantes, gritando a toda voz consignas e injurias frente a Palacio Nacional y contra la pirámide política que se adivinaba tras sus muros, los actores del 68 exhibían el contenido más profundo de su movimiento. No había objetivos únicos a largo plazo, había sólo una crítica inmediata, una negación del Estado fuerte y autoritario y del sistema político que negaba a su vez el ejercicio de los más elementales principios burgueses y democráticos: la libertad de expresión, de asociación y acción independiente, desde abajo; el fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado.

Es por esto que más allá de la ideología de sus distintos grupos y del radicalismo, del lenguaje marxista de lucha de clases y asalto al poder, el movimiento del 68 puede ser considerado como una de las expresiones más puras del reformismo y de la modernización del sistema social y político del México contemporáneo.

Contra el Estado, la Constitución Ahora bien, el ataque anti-institucional y concentradamente político es inseparable del ataque a los principios ideológicos en que se sustenta el sistema mismo; de ahí el papel central de la Constitución mexicana de 1917 en las jornadas del 68. La crítica del 68 al orden político no llevaba implícita la crítica de su Constitución, sino el deseo de mostrar el abismo que había entre los principios constitucionales y el funcionamiento real del sistema político mexicano (éste era sin duda el núcleo duro del malestar del sector profesionista o reformista). Aun112

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que asentada sobre las garantías a la propiedad privada (o precisamente por eso) la Constitución mexicana fue considerada como un documento avanzado en cuanto a los principios democráticos que incluye.

Justamente porque se trata de un documento impecable de la libertad desde abajo, de la exigencia de sus derechos ante el poder y ante la clase dominante, es que la Constitución podía servir a la perfección como bandera para una lucha que, en su centro, dirigía su ataque contra una organización social cuyo actor indiscutido, situado por encima del resto de las fuerzas sociales y ordenándolas desde lo alto, era el Estado.

Si alguna clarividencia debiéramos buscar entre las clases medias modernas sería ésta. De manera que al movimiento estudiantil mexicano hay que calificarlo como el producto mejor acabado de una sociedad en desarrollo acelerado y fuerte modernización, siendo el primero en exigir la implantación efectiva de la democracia liberal, en tanto acérrimo crítico de la ‘‘razón de Estado’’, rasgo estructural tan propio de México y de su endémica debilidad en el plano de la sociedad civil. Por su profunda inestabilidad ideológica, las clases medias pueden también portarse de modo inverso, claro está. Pero lo hacen por lo general cuando la crisis del orden social alcanza niveles elevados, cuando la ausencia total del principio de autoridad se hace patente y se da, como dijera Gramsci, una crisis de ‘‘equilibrio catastrófico’’.

Entonces los sectores medios ansían la instauración de un orden por la fuerza y la llegada de un actor providencial capaz de restablecer el equilibrio desde arriba, aunque una vez restaurado el orden, inicien de nuevo su interminable trabajo de zapa contra la autoridad.

No fue éste el caso, obviamente, en el 68. Lo que ahí se generó fue la crítica del Estado fuerte. El movimiento no nacía en el seno de una sociedad en crisis, su explosión no puede verse como producto de una agudización de las contradicciones en las fuerzas sociales fundamentales, ni de un relajamiento o quiebra global de la organización social y política del país.

Vistas las cosas en la perspectiva de estos largos años, hoy resulta obvio para todos que el movimiento del 68 tuvo como resultado final la modernización del sistema político mexicano. A los sesenteros 113

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los podemos calificar como los demócratas primitivos, que sin mucha claridad en el momento permitieron la readaptación torpe, lenta, mezquina y limitada si se quiere, pero readaptación al fin, de la estructura institucional y política de México. Ese movimiento le dio a los mexicanos la conciencia de que era necesario establecer un nuevo acuerdo institucional y político. Una buena parte del proyecto echeverrista y su política de ‘‘apertura democrática’’, y luego del lopezportillismo de su apertura política, no pueden entenderse sino como sucedáneos de la explosión del 68, hoy nadie lo pone en duda.

Para efectos de nuestra crónica, basta consignar que la heterogeneidad de la base del movimiento, así como los rasgos de ‘‘clase indeterminada’’ característicos de quienes lo llevaron a cabo, hacían ilusoria toda posibilidad de un programa a largo plazo que hubiera podido nacer de sus filas y encauzar su acción.

Los invitados a la fiesta se quedaron en el camino Las mismas causas que explican la gran dependencia de los órganos dirigentes del movimiento, explican también, de algún modo, su notable organización. Enfrentarse a un Estado cuyos tentáculos cubren casi totalmente el sistema institucional, un Estado que se extiende hasta definir tanto el carácter como el modelo cultural e ideológico de una sociedad, hubiera exigido del movimiento estudiantil la estructuración de un aparato que actuara a la vez como polo de atracción del descontento de otros sectores y como alternativa organizada e institucional a la omnipresencia de un vasto adversario.

Cualquier movimiento que enfrente estas condiciones se caracteriza por su profunda preocupación en torno a los medios, las alianzas, las orientaciones que permiten consolidar un órgano con la mayor autonomía posible frente a su poderoso adversario, pero capaz al mismo tiempo de preservar la composición interna de las fuerzas que lo generaron. Por eso, poco a poco, el Consejo Nacional de Huelga fue volviéndose algo parecido a un partido político, cuya estructura se complejizaba: fue definiendo funciones, creando subcomités, comités de base, órga114

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nos de información y difusión, un sector de activistas cada vez más organizado (Comité Coordinador de Brigadas), etcétera.

Su problema central, sin embargo, era la falta de correspondencia entre los límites deseados para la composición de su base (se quería un movimiento estudiantil popular) y los límites realmente alcanzados, que no rebasaron el ámbito estudiantil. Al mismo tiempo se revelaba obvia su incapacidad para definir una línea teórica e ideológica consecuente. Por lo demás, una de las carencias crónicas del estudiantado parece ser la inconsistencia de sus sistemas representativos y de sus organizaciones.15 No se dice esto porque en el caso mexicano la movilización haya sido reducida ----por el contrario, fue enorme----, sino porque el CNH parecía un órgano formado por estudiantes que se disponían a cumplir el papel de vanguardia de una amplia movilización popular; toda su estructura parecía destinada a construir un gran temple, un soviet supremo, el prodigioso marco de un teatro para celebrar una gran fiesta a la que los invitados jamás asistieron... o se quedaron en el camino.

La utopía: un polo de oposición organizado y permanente Pero no es el afán del sector estudiantil por salvar su endémica debilidad organizativa lo que mejor explica el sorprendente desarrollo del 68. Con mayor rigor, podría decirse que fue la ausencia de organizaciones obreras y populares independientes de las instituciones estatales lo que continuadamente empuja al movimiento estudiantil a llenar este hueco. Si las demandas se basan en la exigencia de la democracia popular y se sabe por experiencia que las soluciones no son gratuitas, que piden siempre el despliegue de una acción efectiva en el campo de la reivindicación de clase; si se está de acuerdo también en que la sociedad mexicana se caracterizaba, sobre todo en esos años, por la ausencia de organizaciones fuera del campo institucional controlado por el Estado, se entenderá por qué no podía existir en México ningún llamado a la movilización independiente que no se planteara, desde el principio, la necesidad de crear organizaciones capaces de incluir cualquier otra demanda o movilización popular.

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De otro modo, la movilización sólo fortalece al aparato institucional ya existente y, lo que puede resultar más desesperante, sólo ayuda a la modernización y funcionalidad de ese sistema político institucional omnicomprehensivo. En esto se diferenció el 68 de otros movimientos estudiantiles del mundo. En México no bastaba con generar la oposición, presionar con la revuelta estudiantil intentando concitar la solidaridad de otros sectores. Ni siquiera se podía hablar de alianzas, porque eso supondría un acuerdo entre órganos representantes de diferentes sectores populares. En el caso francés, la alianza obrero-estudiantil, aunque nunca se generó, hubiera podido establecerse entre la UNEF, la CGT o el Partido Comunista. Pero el sistema mexicano no permitía puntos intermedios, alianzas de organizaciones en la oposición ----que por otro lado no existían o, en el mejor de los casos, no permanecían sino como membretes, máxime en aquellos años.

El movimiento estudiantil surgió como una rebelión contra la predeterminación del campo institucional ejercida por el Estado fuerte. A raíz de esta ruptura espontánea, el movimiento fecundó un campo de oposición y se inició una carrera contra el tiempo para los cuadros dirigentes estudiantiles: no había organizaciones previas, fue preciso organizar el movimiento en el transcurso mismo de la lucha, encauzar al estudiantado, orientarlo hacia los sectores populares para evitar que las demandas y el propio aparato directivo fueran recubiertos por la negociación institucional favorecida por los cuadros reformistas o profesionistas del movimiento.16 Lo urgente era preparar el tránsito de la organización estudiantil aún no consolidada hacia un aparato capaz de integrar a los sectores populares: esos posibles aliados que empezarían a participar en forma atomizada, buscando intuitivamente una dirección que era necesario proporcionarles. Carrera contra el tiempo: había que dar nacimiento en unas cuantas semanas a un polo de oposición organizado y a sus mecanismos de continuidad. Un polo que no había conocido o encontrado asentamiento a lo largo de varias décadas y que, aunque fertilizado por varias luchas, se encontraba sin memoria, sin permanencia organizativa: luego de cada crisis, el terreno de lo social había sido recubierto por el actor único, el Estado.

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El movimiento de 1968 fue una búsqueda no declarada, quizá no conscientemente reconocida por los propios actores, de la creación de un polo de oposición que, de modo paralelo a la consolidación de una personalidad institucional que lo legitimara para contener a su adversario, le permitiera preservar su autonomía. La vertiente imprecisa, pero vertebral, que organiza las determinantes más severas de la lucha del 68 es, sin duda, el llamado a las clases populares, con toda su escalada confrontacionista: movilización, ruptura abierta, crisis del orden, creación de un ‘‘contramodelo’’ cultural opuesto al del sistema imperante, etcétera.

Tómese esta representación, sin embargo, como una mera tendencia impracticable de los deseos profundos, como una mera intención. El análisis de la estructura organizativa del movimiento mexicano exhibe la utopía de su proyecto y ofrece un panorama realista de sus posibilidades efectivas.

La triple dependencia de una aparatosa vanguardia Movimiento y dirección estaban sometidos a una triple dependencia: dependían, en primer lugar, de una alianza interior muy endeble; en segundo lugar, de las respuestas y decisiones de un adversario para quien la correlación de fuerzas fue favorable de manera desproporcionada; en tercer lugar, de la respuesta y la solidaridad de sectores populares que no llegaron nunca a brindar su apoyo abiertamente pero sobre los que la esperanza jamás se perdió. Todo inscrito en una dinámica sin regreso, porque la simple expectativa de respuesta popular impedía cualquier paso atrás (so pena de destruir la alianza interior); por lo demás, el movimiento no contenía ninguna demanda recogida en su ‘‘medio natural’’, la universidad, la enseñanza, la autogestión estudiantil, etcétera, que le permitieran una retirada hacia atrás.

Todas las decisiones tomadas estuvieron sometidas a esta compleja relación. Alentar el desarrollo de la dimensión institucional y buscar la solución de las demandas mediante el diálogo público, significaba para el movimiento enfrentarse de inmediato al peligro de ser absor117

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bido o recubierto por una eventual ‘‘apertura institucional’’. Entender el malestar estudiantil como un hecho sectorial y favorecer a su corriente reformista habría desarticulado la acción radical de la base joven, habría hecho surgir las escisiones y provocado el desvanecimiento del poderoso impulso original.

En la práctica, sin embargo, estas dos vertientes no aparecieron diferenciadas con nitidez. La acción en un sentido se mezcla por lo general con rasgos de la tendencia contraria; de ahí la impresión dominante de que el movimiento estaba constituido por una masa sin fisuras o divisiones internas. La búsqueda del diálogo público, por ejemplo, es claramente representativa de una de las dos vertientes. Las posibilidades de llevarlo a cabo no parecían tan remotas al final de la segunda etapa, la semana que precede al 27 de agosto. Pero era una opción llena de dificultades: abrir los debates implicaba enfrentar de lleno la solución del primer punto, el más importante del pliego petito-rio: libertad a todos los presos políticos, no sólo a los estudiantes.

En ese primer punto quedaban incluidas las demandas de la otra vertiente: pedir la libertad de todos los presos políticos era proponer al movimiento estudiantil como portador (y en cierto modo como la vanguardia) de las clases populares dominadas, burladas en sus derechos de expresión política o reprimidas al intentar ejercerlos.

Los presos políticos no eran sino una muestra evidente de esas luchas.

La solución de ese punto en los términos exigidos para el diálogo público ----debía difundirse por el radio, la prensa y la televisión---- hubiera implicado para la cerrazón institucional y el autoritarismo manifiesto del Estado mexicano exhibir una ‘‘debilidad’’ política, aceptar, de hecho, la existencia de una oposición efectiva. Por otra parte, el movimiento estudiantil no lograba, en su llamado a las clases populares, el apoyo político suficiente para imponer una solución de este tipo.

En estas condiciones se abre la fase más decisiva del movimiento estudiantil, la parte final de su segunda etapa, su punto culminante: la manifestación del 27 de agosto y sus consecuencias inmediatas.

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En torno al 27 de agosto: clímax y anticlímax A partir del 22 de agosto, el discurso de la dirección estudiantil y la propia acción empezaron a dar muestras de ambigüedad: se buscaba el diálogo, había inquietud por el silencio oficial que siguió a la declaración de Echeverría y a su intento de comunicación telefónica del día siguiente.17 Pero al mismo tiempo podía advertirse esa cierta posición de fuerza que experimentaba una movilización al comenzar a vivir su momento cúspide, su situación de mayor coherencia, identidad y acuerdo.

El mismo 23 de agosto el Consejo Nacional de Huelga informó en una asamblea plenaria que ‘‘independientemente de la solución del conflicto’’ el miércoles 27 de agosto se llevaría a cabo una ‘‘manifestación que terminará con un mitin en la Plaza de la Constitución después del cual algunos contingentes estudiantiles permanecerán en ese lugar durante algunas horas’’.

El 24 de agosto, en cierta forma respondiendo al comunicado de Gobernación dirigido a estudiantes y profesores, la Coalición de Profesores manifestó su acuerdo de que ‘‘el CNH sea el único que decida sobre los representantes del movimiento en el diálogo público’’ (Ramírez, 1969, pp. 243-245); por su parte, en un desplegado en los periódicos el CNH hizo saber que era ‘‘el único organismo representativo de la base estudiantil... y que por lo tanto es el único que sostendrá pláticas con los representantes del gobierno federal’’. Ese mismo día el Sindicato Mexicano de Electricistas declaró que ‘‘como organización revolucionaria’’ no podía permanecer ‘‘al margen de cualquier problema que afecte al país o a cualquier sector de nuestro pueblo’’. El SME, decía el comunicado, ‘‘se opone y se opondrá a toda restricción de ejercicio pleno de la democracia’’. Es ‘‘urgente [...] que autoridades y auténticos estudiantes sin intransigencias, inicien las pláticas’’ (Revista de la Universidad, op. cit., p. 20).

Se advierte cómo el cuerpo potencialmente institucionalizante del conflicto, constituido por el profesorado, tomaba distancia en el momento de la conciliación y obligaba al gobierno a reconocer al ór119

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gano innato del movimiento (el CNH). Por otra parte, la declaración del Sindicato Mexicano de Electricistas expresa bien el ambiente del momento dentro y fuera del CNH: la expectativa de que la lucha estudiantil se extendiera a sectores más amplios de la población. Pero para fortalecer esta expectativa era indispensable mantenerse en el campo del conflicto, retardar la negociación. Tal disyuntiva fue el punto neurálgico de los debates entre el 24 y el 27 de agosto. ¿Mantener una alianza interior segura o buscar una alianza exterior de clase para dejar de ser movimiento estudiantil y de sectores medios?

El 26 de agosto el CNH anunció que, después del mitin en el Zócalo, se montarían en el lugar ‘‘guardias permanentes de varios estudiantes y maestros [...] hasta que se resuelva el conflicto’’. Cuatrocientas mil personas asistieron a la manifestación del 27 de agosto. Concluido el mitin, Sócrates Campos Lemus, miembro del CNH, propuso a la multitud constituida en asamblea plenaria que el debate público solicitado a las autoridades se efectuara ‘‘en el Zócalo, como continuación de una asamblea permanente, el día primero de septiembre a las diez horas’’ (día y hora del Informe presidencial) (Ramírez, 1969, p.

248, y Notes Documentaires, 1969, p. 17).

El desafío estaba planteado. A la una de la madrugada del día 28 de agosto, los batallones 43 y 44 de infantería, doce carros blindados de guardias presidenciales, un batallón de paracaidistas, cuatro carros de bomberos, doscientas patrullas y cuatro batallones de tránsito desalojaron de la Plaza de la Constitución al grupo de estudiantes.

Con la reaparición de las fuerzas represivas, el gobierno retomó absolutamente la iniciativa; la autocrítica invadió al movimiento.

El CNH manifestó ese mismo día que el acuerdo tomado la noche anterior en el sentido de exigir como fecha para el debate público estudiantil el día primero de septiembre, el pretendido intento de establecer una guardia permanente en esa plaza y otras propuestas semejantes, son parte de un grave error que favorece la represión... Se votaron medidas absurdas en forma precipi-

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tada, que interpretamos como un complot, pues un grupo planteó actitudes intransigentes que abrieron la puerta de la represión.

Se dibujaron así las escisiones y dio principio una nueva etapa ----28 de agosto a 18 de septiembre---- de ofensiva e iniciativa gubernamentales. Pero las expectativas de ampliar el movimiento no desaparecieron, de hecho ayudaron a mantener vivo el impulso de la movilización y sólo latentes las tendencias a la descomposición interna. La intensidad creciente de los enfrentamientos y la represión impedirían en adelante que la desarticulación de la alianza interior quedara al descubierto y permitirían mantener esa imagen monolítica y un poco romántica del ‘‘68’’.

La tercera etapa: permanecer en el Zócalo, recomenzar el movimiento Sería absurdo retener la impresión de que en los días previos al 27 de agosto los estudiantes actuaron de modo intransigente, mientras el gobierno adoptaba una actitud pasiva, conciliadora, abriendo canales para el diálogo. Habría que recordar la primera etapa brutal e injustificadamente represiva y el hecho de que la actitud conciliadora del gobierno no era sino un intento desesperado por detener la vigorosa e inesperada reacción social, en la víspera de los Juegos Olímpicos.

Por otra parte, en movimientos espontáneos como el del 68, que generan sus órganos de dirección al calor de la propia lucha, la euforia suele rebasar las posiciones racionales, y los dirigentes no tienen autonomía suficiente para contener los ánimos desbordados de sus bases. Para una inmensa mayoría de jóvenes estudiantes permanecer en el Zócalo tenía un verdadero sentido de acción; dialogar era la inacción. La propuesta del consejo fue recibida con euforia: recomenzaba el movimiento, se provocaban el enfrentamiento y la represión. En efecto, a partir del 27 de agosto las brigadas estudiantiles empezaron a ser abiertamente hostilizadas: 23 estudiantes que pretendían hacer un mitin en 121

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las puertas de la refinería de Azcapotzalco fueron conducidos al Campo Militar número uno; la muchedumbre apedreó al ejército, éste disparó y hubo un herido.

El 30 de agosto el CNH tomó varios acuerdos: ‘‘el domingo primero de septiembre, día del informe presidencial, no habría mítines ni manifestaciones estudiantiles en el Zócalo’’; paralelamente, el consejo se declaraba ‘‘dispuesto a iniciar el diálogo con las autoridades lo antes posible, a condición de que el mismo sea público y cese la represión policiaca y del ejército’’.

Dice Alain Touraine (1973) que lo propio de una ideología es ‘‘aparecer siempre muy clara para incluir o rechazar, pero también variar constantemente en cuanto al lugar mismo en que se sitúa la frontera del bien y del mal’’. El 4 de septiembre, ‘‘siguiendo la línea invariable que ha mantenido durante el presente movimiento’’, el CNH ratificó ‘‘nuevamente su disposición de entablar un diálogo con las autoridades gubernamentales que conlleve a la solución satisfactoria del pliego petitorio’’ (Revista de la Universidad, op. cit., p. 11 y Ramírez, 1969, p. 288).

En los días siguientes hubo una notable merma en la actividad y en los órganos de dirección del movimiento: ¿Qué hacer? La iniciativa parecía estar ya en otro sitio. El 9 de septiembre Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, declaraba: nuestras demandas institucionales, contenidas en la declaración del Consejo Universitario publicadas el pasado 18 de agosto, han quedado satisfechas, en lo esencial, por el ciudadano Presidente de la República, en su último informe. Cierto es que aún falta el esclarecimiento de algunos aspectos jurídicos importantes en relación con la autonomía, pero ello se logrará por las vías y con los métodos más adecuados [...] Según mi criterio y confío en que lo comparta la gran mayoría de los universitarios [...] es necesario y urgente el retorno a la normalidad (El Día, 10 de septiembre de 1968).

Javier Barros Sierra daba crédito, de esta manera, a las declaraciones de Gustavo Díaz Ordaz cuando éste asentó en el Informe: 122

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‘‘Reafirmo en esta solemnidad una vieja y muchas veces expresada convicción: mi respeto invariable a la autonomía universitaria...’’. Esta actitud del rector, aunada a su llamado al retorno a clases, si bien es vista con desdén por la organización estudiantil y por un amplio núcleo intelectual y profesional aglutinado en la Coalición de Profesores, trasluce una situación donde el movimiento ha perdido la iniciativa y en la que, más que nada, se vislumbra la amenaza de una inminente exhibición de fuerza por parte del gobierno.

Esto último tenía fundamentos, pues el presidente había advertido en el propio Informe: No admito que existan ‘‘presos políticos’’. ‘‘Preso político’’ es quien está privado de su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno [...] ¿Debe ser delito o no afectar la soberanía nacional, poniendo en peligro la integridad del territorio de la república, en cumplimiento de normas de acción de un gobierno extranjero? [...] Estos casos son parte del artículo 145. El artículo 145 bis señala cuáles son los delitos de carácter político. ¿Es eso lo que se demanda? [...]

Agotados los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución General de la República que textualmente dice: ‘‘Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente de la República son las siguientes: IV. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación’’. Y con apoyo además en el sentido que tiene desde su origen el artículo 129 de la propia Constitución. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; hasta donde estemos obligados a llegar llegaremos [...] ante la creciente y manifiesta inconformidad de los habitantes de esta gran capital es ineludible deber de la autoridad hacer uso de la fuerza pública para restablecer el orden jurídico, indispensable a toda sociedad organizada.

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El CNH decide realizar una gran manifestación silenciosa el 13 de septiembre, que se caracterizará por el ‘‘orden absoluto que guardarán los contingentes y porque no se lanzarán injurias a las autoridades’’. El día 10 el CNH reafirmaba que su ‘‘proposición de realizar las pláticas en público no obedece a afanes exhibicionistas’’; y el 11, ‘‘atendiendo al llamado del CNH para revitalizar el movimiento’’, grupos de alumnos (de varias escuelas), acordaron organizar seminarios políticos para que los alumnos vuelvan a los planteles ‘‘aunque no para retornar a clases, como lo pidió el rector Barros Sierra’’, sino para poder dinamizar el movimiento mediante la politización sistemática. El 12 de septiembre, en declaraciones al periódico El Día ‘‘el ingeniero Heberto Castillo dijo que como maestro y como coalición deben apoyar al rector en la defensa de la universidad y de las garantías constitucionales (pero agregó): ‘los puntos a que el rector hace referencia no son los puntos del pliego petitorio estudiantil’. Si las autoridades accedieran a satisfacer por lo menos el punto del pliego petitorio en que se demanda la libertad de los presos políticos, el conflicto quedaría en vías de solución’’.

CNH, 14 de septiembre: ‘‘El diálogo público puede legalmente realizarse en términos del propio mandato constitucional, si a las peticiones escritas y a los acuerdos, también escritos, que dicten las autoridades, se les da difusión pública’’ (Ramírez, 1969, p. 306).

Era una situación de estancamiento que apuntaba ya a la desarticulación, empezaban a agotarse los medios para movilizar a la base estudiantil cuya presencia activa disminuía sensiblemente. Tocó al gobierno, una vez más, la decisión de abrir un nuevo ciclo en la dinámica de la acción y del conflicto, porque el 18 de septiembre, con un inaudito despliegue de fuerzas armadas, fue tomada la universidad.

La cuarta etapa La reacción del rector de la UNAM ante este hecho no permite interpretaciones vacilantes: Javier Barros Sierra busca inmediatamente sostener la unidad institucional y en la madrugada del 19 de sep124

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tiembre da a conocer, de su puño y letra, una declaración que publican los diarios y se divulga por radio y televisión (García Cantú, 1973). Ahí establece: La ocupación militar de la Ciudad Universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía [...]

Así como apelé a los universitarios para que se normalizara la vida de nuestra institución hoy los exhorto a que asuman, dondequiera que se encuentren, la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de México y a que no abandonen sus responsabilidades [...] el texto termina con una grave advertencia a la clase gobernante sobre el alcance de sus actos: ‘‘Esperemos que los deplorables hechos que confrontamos no afecten irreparablemente la democracia en la República’’.

El llamado de Barros Sierra a ‘‘la defensa de la universidad’’ viene a desbordar el rencor acumulado contra él en el gobierno y en el PRI. Todas las baterías se enfocan para atacar a un hombre que, acto insólito, habiendo debido responder como elemento de confianza del presidente, como uno más de sus ministros,18 debiendo mediatizar la reacción estudiantil desde el inicio del conflicto con el grado de intransigencia propia de las autoridades, debiendo separar la acción del sector profesionista y de la administración, dividiéndola entre los seguidores de la rectoría y los que corrían el riesgo de apoyar al estudiantado, habiendo debido hacer todo eso, en verdad actuó como la punta de lanza y el animador de este sector, firmó una alianza universitaria global y no sólo se quitó de enfrente como eventual o posible adversario, sino que impulsó en un mismo sentido la acción. Ésta era la opinión en los círculos gubernamentales y en el PRI, y con sus últimas declaraciones se abrieron las compuertas: El día 20 de septiembre el diputado priísta Octavio Hernández declara en la propia cámara:

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[... ] el señor rector inició una política ----tal vez no le deba llamar yo así para no dar confusión a los conceptos y a los términos----, sino una conducta que por lo que hace a su pasividad tiene, a mi modo de ver, mucho de criminal, y por lo que hace a sus actos muchos matices de delito [...] El día, 30 de julio, después de que el ejército extrajo de uno de los planteles universitarios [...] a un grupo numeroso de estudiantes [...] declaró que era un día de luto y, olvidando las disposiciones reglamentarias vigentes, izó a media asta la bandera nacional. Tres días después encabezó una manifestación de protesta bajo el supuesto de que se había violado la autonomía universitaria, según dijo él textualmente, por la policía y por el ejército.

Después de definir la autonomía como ‘‘el respeto a la expresión de toda clase de ideas’’, este diputado se pregunta: ‘‘¿En algún momento el gobierno de la República, los policías, el ejército, la fuerza pública en cualquiera de sus manifestaciones ha puesto un bozal a los profesores?’’.

Es el Estado quien ‘‘sufraga [a la universidad] sin estar obligado a ello, porque la Constitución no le impone el deber, 400 millones de pesos anuales’’ (Ramírez, 1969, vol. 1, p. 335).

El rector ha tolerado que se use el equipo y la maquinaria de la imprenta universitaria para hacer propaganda en favor de los llamados seis puntos petitorios, ninguno de los cuales es de carácter universitario. Ha tolerado que se use Radio Universidad ----vehículo por naturaleza difusor de la cultura---- para propagar notas tendenciosas, rumores falsos, organización de brigadas de choque y para apoyar la conducta de los grupos extremistas [...] (Excelsior, 21 de septiembre de 1968).

El 21 de septiembre se llevó a cabo una reunión en el despacho del presidente del PRI (Alfonso Martínez Domínguez), en la que los diputados y altos jerarcas del partido ahí reunidos ‘‘se solidarizaron con las declaraciones de Luis M. Farías, en las que censuró al rector de la

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y lo consideró impotente para resolver problemas internos de la casa de estudios’’ (Ramírez, 1969, vol. 1, p. 341).19 Dos días más tarde el rector Barros Sierra entrega su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM:

UNAM

Sin necesidad de profundizar en la ciencia jurídica, es obvio que la autonomía ha sido violada [...] Cabe insistir en que la universidad no engendró el llamado conflicto estudiantil, sino que éste repercutió sobre aquélla. A ningún hombre sensato escapará que no estaba en nuestras manos la solución del problema. Repetidamente dijimos a los jóvenes que debían seguir en sus luchas los caminos de la razón, de la ley, del diálogo, sin incurrir en provocaciones ni en actos violentos. En esa tarea nos tropezamos con la incomprensión y aun con el encono de algunos, tanto adentro como afuera [...] Mas la situación presenta ahora una nueva fase, estoy siendo objeto de toda una campaña de ataques personales, de calumnias, de injurias y de difamación. Es bien cierto que hasta hoy proceden de gentes menores, sin autoridad moral; pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen. La conclusión inescapable es que quienes no entienden el conflicto, ni han logrado solucionarlo, decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa, y entre ellos me han escogido a mí.

El presidente de la cámara de diputados, licenciado José de las Fuentes Rodríguez, declara que ‘‘al enemigo que huye, puente de plata; hay que dejarlo ir’’ (Ramírez, 1969, vol. 1, p. 350).

El diputado Octavio Hernández, quien dos días antes había atacado violentamente al rector, expresó: [...] el texto de renuncia es, aunque tardío, un gesto de dignidad.

Lamento, sin embargo, que siga insistiendo en un concepto erróneo: el de que se violó la autonomía universitaria [...] (ibíd., p. 350). Es un hecho público que las instalaciones universitarias fueron utilizadas como centro de las actividades de los agitadores [...] Con la aprehensión de algunos cabecillas de la agi127

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tación estudiantil, la renuncia del rector y el rescate de los planteles universitarios, el problema se acerca a su fin (El Día, 2 de septiembre de 1968).

El diputado Luis M. Farías, líder de la mayoría priísta en la cámara, manifestó: ‘‘Es una pena que el señor ingeniero Barros Sierra haya presentado su renuncia sin hacer un intento serio por resolver el problema creado en la universidad...’’ (ibíd.). Fidel Velázquez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México: la renuncia con carácter de irrevocable del rector Barros Sierra puede facilitar la solución de muchos problemas que confronta la universidad [...] Fue una medida saludable ya que el máximo centro de estudios recobró con esa medida su carácter de centro de enseñanza y dejó de ser un centro de agitación [...] (ibíd.).

No tendría sentido reproducir aquí el enorme apoyo que el rector recibió de todos los órganos universitarios, asociaciones de profesores, círculos intelectuales, exrectores de la universidad, organizaciones estudiantiles, etcétera. Recordemos solamente que el representante de los profesores de la UNAM declaró que ‘‘si la Junta de Gobierno acepta la renuncia del rector Javier Barros Sierra los siete mil profesores universitarios dimitirán en masa’’ (Últimas Noticias, 23 de septiembre de 1968).

El día 24 el CNH declaró: ‘‘La renuncia del rector Barros Sierra deja acéfala a la UNAM y abre el camino para que las fuerzas más oscuras y retrógradas del país puedan lograr el control sobre ella, al que siempre han aspirado’’ (Ramírez, vol. 1, p. 358).

La Coalición de Maestros expresó públicamente: El Sr. rector Ing. Javier Barros Sierra presentó su renuncia como resultado de la más flagrante violación a la autonomía, manifiesta en la ocupación de la Ciudad Universitaria por diez mil miembros del ejército y en las presiones que se han ejercido 128

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sobre la propia persona del señor rector [...] A los estudiantes los llamamos a que ahora, tal y como han sabido defender y defienden las libertades democráticas, permanentemente denegadas, defiendan, junto con el señor rector, autoridades universitarias, maestros y personal administrativo, a su propia casa de estudios (ibíd., vol. 2, p. 356).

El 25 de septiembre la Junta de Gobierno de la UNAM decide no aceptar la renuncia del rector, y un día más tarde el CNH por medio de un desplegado manifiesta: ‘‘La gravedad de los últimos acontecimientos demanda una conducta totalmente firme. Las presiones externas y el lenguaje injurioso que se ha utilizado para conminar al rector de la UNAM a renunciar constituyen un verdadero atentado contra la existencia misma de este centro de cultura’’. El 30 de septiembre el ejército desocupó la universidad.

Por parte del gobierno, esta cuarta etapa abierta con la toma de la universidad no constituiría sino una escalada represiva que llegó al genocidio el 2 de octubre, en Tlatelolco. Para el movimiento significó el paso al primer plano de la acción, el enfrentamiento y la ruptura total.

En su seno luchaban dos conductas divorciadas por completo: la perseverancia de quienes siempre insistieron en el diálogo público que empezaba a volverse una posición formal y absurda; y el más combativo, quizás más amplio, sector de la base estudiantil (donde se conjugaban juventud y extracción social más nítidamente popular), que pasó al enfrentamiento heroico contra las fuerzas represivas en jornadas como la toma del Casco de Santo Tomás ----batalla que dura más de seis horas el 23 de septiembre----, los enfrentamientos en la Ciudadela, en Zacatenco, en Tlatelolco, todos centros educativos del Politécnico Nacional.

La base estudiantil joven encontraba ahí su terreno natural y su coherencia, y poco a poco enarboló su crítica hacia la larga etapa en que predominaron las fuerzas del diálogo.

La polémica entre la Comisión Coordinadora de Brigadas y el CNH (cada vez mejor controlado por el Partido Comunista y el sector profesionista) ejemplifica bien esta diferencia de naturaleza. Como

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sea, en la nueva etapa abierta por la ocupación de la universidad, hubo un nuevo auge de la identidad y de alianza. Por lo demás la represión sería ahora total y confundiría entre los escombros los materiales heterogéneos que edificaron el movimiento del 68.

El CNH y la búsqueda del diálogo a toda costa El CNH se encontraba, hasta cierto punto, inmovilizado en los días que van de la toma de la UNAM al fin del mes de septiembre. Las razones son varias: algunos de sus miembros fueron apresados, aunque no su columna vertebral, es cierto; la represión y las órdenes de aprehensión contra la mayoría de sus cuadros impide su fácil movilidad, dificulta las reuniones, los lleva a tomar precauciones paralizantes, les impide actuar públicamente y ligarse a las acciones de la base con facilidad, en una palabra, los encierra. Pero lo que resulta definitivo es que en estos días la intensidad de las acciones y de los enfrentamientos en la calle privan al CNH de su sector activista, de su liga verdadera con las bases, de su ‘‘conciencia crítica’’ anti-institucional.

Como lo afirman varios dirigentes que participaban en el consejo en aquel momento: en el CNH se produce una acelerada renovación de su personal, aunque hasta antes del 2 de octubre sus líderes más conocidos siguen encontrándose al frente, las reuniones en casas particulares con un número bastante más reducido del que operaba el consejo en tiempos de libertad, la presión enorme de algunos miembros de la administración y del profesorado interesados en que el CNH condenara sin cortapisas el ataque a la universidad y al rector, la cierta informalidad en que van cayendo esas reuniones, la imposibilidad para los miembros y grupos de base en plena acción para saber en dónde podría estar reunido el consejo, etcétera, modificarían rotundamente el carácter de este organismo, y permitirían que las casas y locales de profesores e intelectuales, puestas con gran honestidad a la disposición de los asistentes, lograran permear, lograran colar el tipo de representación. Ya no son los comités de lucha quienes deciden: son los representantes que quedaron nombrados hasta antes de la toma de la universidad, priva130

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dos de su ala activista; además, en su mayoría se trata de universitarios, ya que los politécnicos, al no ser muy conocidos y no fácilmente localizables, encontrarán difícil ubicar los domicilios donde se efectúan las reuniones: son lugares alejados, están en el otro lado de la ciudad, en el sur.

Muchos otros estudiantes, que sí conocen los puntos de reunión por su cercanía a los círculos magisteriales, se encontrarán presentes y preocupados por la discusión relativa a la defensa de la universidad.

Al ser apresados el 2 de octubre sus más importantes dirigentes, el CNH pasará a actuar nítidamente en las condiciones descritas. La elevada composición de integrantes del Partido Comunista, su gran interés por hacer acordes las decisiones del consejo con su línea política y la tendencia clara hacia su control, que había venido creciendo desde principios del mes de septiembre, explican la fuerte participación de sus miembros dentro de la nueva lógica de las representaciones.

Los licenciados Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso informaron el 8 de octubre que ‘‘en su calidad de representantes del señor presidente de la República’’ se han reunido con algunos miembros del Consejo Nacional de Huelga (Marcelino Perelló, Roberto Escudero, Mario Núñez, Ricardo Parra y Enrique Díaz Michel), ‘‘en varias ocasiones, desde el 28 de septiembre anterior’’ con objeto de ‘‘encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas que plantean’’ (Ramírez, 1969, vol., p. 420).

El consejo acepta una cierta tregua olímpica suspendiendo los mítines y las manifestaciones masivas, y los representantes gubernamentales se comprometen a liberar al mayor número posible de presos estudiantiles. El CNH cumple efectivamente con su palabra de no iniciar las pláticas en torno a los seis puntos hasta que no cese la represión, se liberen los estudiantes presos y sean desalojados los planteles educativos por las fuerzas represivas, con lo cual el pliego petitorio queda reducido a estos tres puntos y el diálogo se desarrolla, de hecho, en torno a ellos. Qué mejor oportunidad para el gobierno que abrir el diálogo sobre un ‘‘minipliego’’ y asegurar una tregua olímpica ----después de haber asegurado una tregua traumática con el 2 de octubre.

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El 31 de octubre el CNH declara que ‘‘el diálogo con las autoridades se ha llevado a cabo en términos respetuosos y cordiales’’ y esto no es ‘‘sino el punto de partida para el establecimiento del diálogo público’’.

(Ramírez, 1969, vol. 2, p. 456). Pero diez días después el consejo hace saber que las conversaciones ‘‘se encuentran estancadas debido a que la anunciada liberación de presos no se ha llevado a cabo ni ha sido desocupada la Vocacional 7, y además continúan las detenciones’’ (ibíd., p.472). Para ese momento la labor organizada de los estudiantes y las acciones efectivas eran prácticamente nulas; lo mismo sucedió con la asistencia a los centros escolares y un hecho es cierto: los Juegos Olímpicos cortaron toda actividad, desmovilizaron a los estudiantes y, en una palabra, los hicieron regresar a sus casas, a la televisión y a los estadios.

Una gran parte de la discusión pasó de la acción política a la acción deportiva, de tal manera que después del ‘‘viaje olímpico’’ el estudiantado se encontró frente a una especie de situación consolidada: el CNH cayó entonces en una discusión todavía más pequeña de la que había sido sugerida en el ‘‘minipliego’’. De fines de octubre en adelante la negociación se centró sobre el retorno a clases: ¿exponer a la universidad manteniéndola paralizada pero sin bases activas o tomar en serio las amenazas del poder a través de sus ‘‘emisarios’’ y regresar a la normalidad? Se plantea la necesidad de salvar un reducto democrático y mantener la personalidad institucional de la comunidad universitaria.

Será el Consejo Universitario, el 17 de noviembre, el primero en plantear claramente el nuevo y aún más reducido campo del conflicto: La defensa de la universidad y de su autonomía es defensa de la democracia [y] nos compete a todos: estudiantes, profesores y autoridades, en cumplimiento de las leyes de la república [...]

Si demandamos democracia al nivel nacional debemos practicarla ejemplarmente en nuestra institución y no confundir jamás nuestra comunidad con una organización política [...]

Sin universidad libre y autónoma se reducen grandemente las posibilidades de un desarrollo nacional independiente [...]: sin

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LOS DEMÓCRATAS PRIMITIVOS

universidad libre y autónoma se obstruye la democracia nacional.

La universidad está en peligro y, por eso mismo, lo están el desarrollo democrático y la independencia del país [...] Nuestro país está en vías de desarrollo: ¿a quién puede convenir que la universidad no cumpla sus fines, que se frene el avance científico y tecnológico, que se supriman las libertades universitarias? No podemos enajenarnos a aquellos intereses que se proponen mantener su hegemonía sobre los países que todavía no alcanzan su pleno desenvolvimiento. Y a las fuerzas internas que, olvidando el servicio de la Patria, coinciden con las de fuera.

Sólo a ellas les interesa ver reducida nuestra universidad a la condición que afecta, por desgracia, a otras en numerosos países latinoamericanos [...]

El retorno a clases Nos interesa subrayar con lo anterior la manera como el CNH ya no representaba, quizá desde los días que siguieron al 2 de octubre, a la totalidad de las corrientes participantes en el movimiento y la forma como también él se encierra en aquello que más caracteriza al sector profesional: la defensa de la universidad.

Hacia mediados de noviembre el CNH, después de votar por el retorno a clases, declara en una tumultuosa asamblea: ‘‘llegamos a esta decisión en forma unánime, después de la plática que los elementos del Comité Coordinador sostuvieron con los representantes presidenciales’’. El 23 de noviembre, el CNH explicó en una conferencia de prensa que su posición respondía a que ‘‘los representantes presidenciales les habían insinuado que el gobierno tenía el propósito de clausurar la Universidad, el Politécnico y la Normal y que fue ‘esa grave amenaza’ la que los indujo a proponer el retorno a clases’’ (Ramírez, 1969, vol. 1, p. 513), y se dio a entender que las conversaciones con los representantes del presidente de la República de ninguna manera serían rechazadas.

El 4 de diciembre el CNH decide el levantamiento de la huelga en todos los centros educativos y el 6 de diciembre este organismo ‘‘fue oficialmente declarado disuelto’’.

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RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

En el momento de ser levantada la huelga, el CNH hace público su ‘‘Manifiesto a la nación ‘2 de octubre’’’, que sería su último y más amplio documento.

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NOTAS LA AUTONOMÍA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD 1

Artículos 1º y 2º de la Ley Orgánica de la UNAM. ‘‘Todos los estudios de este episodio (el de Córdoba) coinciden en que el movimiento no hubiera alcanzado en modo alguno el éxito que obtuvo si no hubiera contado con el apoyo del gobierno del presidente Yrigoyen y de su partido, el Radical, empeñados en abrir a las clases medias la universidad, que hasta entonces había sido baluarte de la oligarquía tradicional y, sobre todo, de su ideología’’ (ídem).

3 Citado en ‘‘Observatorio Ciudadano de la Educación’’, núm. 32, La Jornada, 19 de mayo de 2000.

4 Tómese en cuenta, por ejemplo, la siguiente noticia aparecida en las publicaciones científicas mexicanas y en la primera plana de un importante medio de circulación nacional de nuestro país: ‘‘Los científicos mexicanos Humberto y Mauricio Terrones, premiados por la Academia Mexicana de las Ciencias 2000, y destacados por la revista Time en la lista de los cincuenta Líderes Latinoamericanos del Nuevo Milenio, lograron realizar conexiones moleculares de nanotubos (estructuras microscópicas tubulares en forma de Y, T y X, cien veces más delgadas que un cabello humano y cien veces más resistentes que el acero) que podrían ser empleadas en la producción de pantallas ultraplanas de bajo consumo de energía microchips, chalecos antibalas, etcétera. Los hermanos Terrones son pretendidos por empresas transnacionales dedicadas al desarrollo de productos electrónicos e informáticos, como Hitachi, IBM, Siemens’’, Reforma, 12 de septiembre de 2002.

5 El auditorio más importante de la UNAM se encuentra en poder de alguna de las innumerables corrientes en que se dividió el Consejo General de Huelga; las cafeterías de la Facultad de Ciencias y de otras dependencias se encuentran en la misma situación; se ha quitado el enrejado de algunos estacionamientos para evitar que sean convertidos en fiestódromos a partir de los viernes; los alrededores e incluso el interior de la Facultad de Filosofía y Letras y de otras facultades comienzan a emular, con un changarrerío inimaginado por el propio Fox, el panorama de las salidas del Metro; innumerables salones y cubículos están secuestrados por estudiantes y por personas ligadas a ellos de los movimientos urbano-populares y por sus asesores que interrumpen eventos académicos gritando histéricamente que ellos son La Verdad y nadie más tiene el derecho de expresar sus ideas (para no mencionar la violencia porril y antiporril que se ha desatado en las sedes de la UNAM en otros puntos de la ciudad).

6 En el año 2004, la UNAM recibió la agradable noticia de haber sido clasificada en el número 94 entre las universidades del mundo; pero en el año 2006 esta clasificación la ubicó en el puesto número 74.

7 En muchos terrenos, sin embargo, contamos con importantes avances, aunque su visibilidad se encuentre muy por debajo de su importancia estratégica: hay preocupación por la investigación de organismos genéticamente modificados y la legislación que a ese respecto debe desarrollar un país como el nuestro (enfrentar la contaminación del maíz criollo mexicano con material transgénico que se ha diseminado sin control alguno y en beneficio de los grandes mo2

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RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

nopolios alimentarios transnacionales poseedores de variedades patentadas cuya simiente sólo ellas controlan para cada ciclo agrícola); tenemos importantes avances en la búsqueda de diversos microorganismos que de manera natural o inducida son capaces de degradar una gama de compuestos contaminantes como grasas, detergentes, plásticos, plaguicidas, petróleo crudo o sus derivados, entre otros, con la intención de incluirlos en nuevas tecnologías de tratamiento de aguas y suelos; la acuacultura o cultivo de las aguas para fines alimentarios (peces, crustáceos, flora acuática y sus insumos), y lo que nos devela la ingeniería genética en este campo; el combate contra nuevas enfermedades, sobre todo en nuestros países (fiebre hemorrágica-ébola, mal pulmonar, etcétera), y contra enfermedades recurrentes que habían sido supuestamente controladas como la tuberculosis, el cólera, la peste en la India y el Perú, el dengue clásico y hemorrágico, la difteria y la poliomielitis; el desarrollo de campos en la biotecnología y la ingeniería genética que permitan sintetizar un mayor número de proteínas de interés terapéutico y clínico a bajo costo para atacar los principales problemas nacionales de salud, tales como el infarto al miocardio, las embolias, el cáncer, la artritis reumatoide y la diabetes, entre otras (a sabiendas de que todo esto requiere mantener el cuidado y canalizar recursos hacia los terrenos de la investigación básica, buscando mecanismos para combatir la piratería, antes referida, sobre nuestros mejores científicos).

NOTAS PARA UNA REFORMA DE LA UNAM 1 Preocupados por el impacto que la larga huelga de 1999 podría acarrear a nuestra institución y tratando de sugerir algunas reformas pertinentes, intercambiamos puntos de vista de manera informal José Blanco, Humberto Muñoz, Manuel Peimbert, Marina Fe, Rafael Pérez Pascual, Luis Villoro y quien esto escribe. Recojo aquí algunas de esas ideas aclarando que se trata de una elaboración muy libre que exonera de cualquier responsabilidad a las personas citadas y las compromete aún menos, por supuesto, con el resto de las afirmaciones vertidas en este libro.

2 Agradezco en este punto las anotaciones de la profesora Marina Fe Pastor, que forma parte del referido claustro para la reforma del EPA.

FASCINACIÓN POR EL VÉRTICE 1

El Día, 23 de agosto de 1968.

Excélsior, 27 de agosto de 1968.

3 ‘‘Proyecto de programa del CNH’’, ‘‘La Cultura en México’’, suplemento de la revista Siempre!, 27 de octubre de 1972.

4 Viene al caso recordar algunos nombres que hacia 1974 compusieron el Consejo Sindical de Profesores de Enseñanza Media y Superior: Manuel Peimbert, Luis de la Peña, Gerardo Estrada, Hugo Gutiérrez Vega, Cristina Puga, Eduardo Valle, Juan Brom, Rolando Cordera, Salvador Martínez della Rocca, Juan Felipe Leal, José Woldenberg, Eleazer Morales, Juan Garzón, Octavio Rodríguez Araujo, Sergio Colmenero, Juan Manuel Lozano, Octavio Navarro, Carlos Fernández del Real, Rafael Pérez Pascual, Jorge del Valle, Ignacio Osorio, Javier Centeno, Luis González de Alba, Arnaldo Córdova, Luis Haza, Humberto Herrero, José Abarca, Rufino Perdomo, 2

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NOTAS

David Pantoja, Eduardo Rubio, Alfonso Vélez Pliego, Raúl Montalvo, Max Ortega, etcétera.

5 La crítica a que ha sido sometida Línea Proletaria y el eficientismo productivista de Adolfo Orive no ha tenido el cuidado que el tema merece; el análisis minucioso de todas esas experiencias en lo que a Chiapas se refiere, por ejemplo, quedó ocultado bajo la erupción zapatista. Véase a este respecto el excelente libro de Neil Harvey (1990).

6 El resultado de la consulta, sin embargo, no coincidió exactamente con esta visión general, nacional de lo que debe ser el zapatismo: los votantes no quisieron, en 53% (contra 37%), que el EZLN, al abrazar la vía política, se uniera (¿se mezclara?) con el resto de las organizaciones políticas existentes; y algo más revelador: entre la población indígena este sentimiento fue más acentuado (60-30%) (Rosa Rojas, La Jornada, 7 de septiembre de 1995).

LOS DEMÓCRATAS PRIMITIVOS 1 El movimiento estudiantil puede ser dividido, a nuestro juicio, en cuatro etapas fundamentales: de enfrentamiento, represión y explosión iniciales: 22 de julio al 31 de julio; de vertiginosa organización, identidad y auge climático: 30 de julio al 27 de agosto; de ofensiva y provocación gubernamental que renueva el enfrentamiento abierto: 28 de agosto a 18 de septiembre; de enfrentamiento abierto y ascenso de la represión hasta el genocidio, la persecución y el encarcelamiento de los dirigentes: 18 de septiembre a 2 de octubre y sucesos inmediatamente posteriores.

2 La FNET había dominado el Instituto Politécnico Nacional durante doce años, desde 1956, cuando el gobierno ordenó la ocupación militar del IPN para destruir un movimiento que se proponía una reorganización del sistema de educación superior del país. Su control político sobre los 75,000 estudiantes de la institución impidió el libre desarrollo de tendencias marxistas durante este periodo (lo que sí fue observable en la UNAM). En 1967 este control comenzó a debilitarse cuando los estudiantes del IPN le brindaron apoyo mediante una huelga a un movimiento en la Escuela de Agricultura (Chapingo). Fue entonces cuando otras corrientes comenzaron a fortalecerse. (Véase J. Aurelio Cuevas 1984.)

3 Y que no hay que confundir con la ya mencionada FNET. 4 En una publicación extranjera se dan los siguientes datos sobre esta manifestación: 50,000 estudiantes asistieron al acto convocado por la FNET: 5,000 estudiantes se separaron de esta manifestación para ir hacia el Zócalo (Notes et Études Documentaires, 1969).

5 El Día, 27 de julio de 1968. Los dirigentes estudiantiles del politécnico harían el día siguiente un balance de los acontecimientos: 8 muertos, 500 heridos y 200 arrestados. La policía declara haber detenido a 76 personas únicamente y el regente de la ciudad (Alfonso Corona del Rosal), negó que hubiera habido muertos durante la contienda de ese 26 julio. (Notes et Etudes Documentaires, op. cit., p. 13.)

6 Ramón Ramírez, 1969, vol. 1, p. 162. Esta obra constituye la más importante fuente documental (vol. 2) y también la más completa cronología sobre el movimiento de 1968 (vol. 1).

Está precedida por un apartado analítico.

7 Ya el 30 de julio habían manifestado su apoyo a las autoridades universitarias y a la lucha de los estudiantes los consejos técnicos de Filosofía, Ingeniería, Derecho, el colegio de profesores de la Facultad de Ciencias, los maestros de Economía de la UNAM, todo el profesorado del

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IPN y los de la Escuela Nacional de Agricultura. Hacen lo mismo los profesores de Ciencias Políticas y los de El Colegio de México.

8 Declaración del dirigente estudiantil Marcelino Perelló a los periodistas extranjeros Kiejman y Held (1969).

9 Véase Ramón Ramírez, 1969, tomo I, p. 60. Muy pocos organismos importantes se formaron después del 14 de agosto: la Comisión Coordinadora de Brigadas a nivel nacional y de la ciudad de México o la Coalición de Maestros del País Pro-Libertades Democráticas.

10 ‘‘1) Libertad de los presos políticos.

10 ’’2) Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendioléa (jefe y subjefe de la policía, respectivamente).

10 ’’3) Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión, y no creación de cuerpos semejantes.

10 ’’4) Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal sobre el delito de disolución social, instrumento jurídico de la agresión (esta reglamentación fue adoptada en 1941 para prevenir las tentativas de subversión pro nazis en el país, pero en la práctica, después de 1948, había sido utilizado para formular cargos contra cualquier tipo de oposición al gobierno. Con base en este artículo fueron juzgados la mayoría de los presos políticos que se encontraban en cárcel en 1968).

10 ’’5) Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante.

10 ’’6) Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército.’’

11 Entrevista a un dirigente reproducida en P. C. Kiejman y J. F. Held, 1969, pp. 52-55.

12 La brigada se compone de 5 a 10 miembros, lo que le da gran movilidad y le permite dispersarse fácilmente ante cualquier amenaza represiva.

13 Es importante hacer notar que se puede hablar de un órgano centralizado de dirección del movimiento varios días antes de que el Consejo Nacional de Huelga quedara formalmente constituido, pues desde el día 28 de julio se reúnen por vez primera el Comité Coordinador de Huelga del IPN, representantes de varias escuelas de la UNAM, de la Escuela de Agricultura de Chapingo y de la Escuela Normal. Así por ejemplo, un dirigente estudiantil que ha narrado el origen de los acontecimientos habla ya de decisiones tomadas por el CNH desde el 5 de agosto (Marcelino Perelló, entrevista aparecida en Excélsior el 18 de septiembre de 1968).

14 Otras adhesiones en esta fecha provienen de los maestros de la Academia de la Danza Mexicana de Bellas Artes, los maestros de la Universidad Iberoamericana, etcétera.

15 Esta carencia resulta, desde otra perspectiva, el arma más fuerte de los movimientos estudiantiles; la ausencia de organización permanente hace difícil el control institucional de una colectividad. ‘‘El drama es que el conjunto de características del movimiento estudiantil: espontaneísmo y rechazo de una representación permanente y articulada; contragolpe y movilización ante situaciones de emergencia, pero desmovilización y pasividad en periodos ‘normales’, ausencia de organizaciones estables y de una elaboración teórica capaz de orientar la militancia y de definir una estrategia política adecuada a los fines proclamados, han encarnado en determinados momentos la fuerza pero también las más serias debilidades del movimiento estudiantil’’ (Flores Olea, 1972).

16 De ahí también la exigencia de que el diálogo fuera público: se quería evitar por todos los

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NOTAS

medios que los líderes fueran ‘‘comprados’’ durante la negociación. La experiencia mostraba que tal negociación iba a darse en un país donde la ‘‘venta’’ de los movimientos populares era con frecuencia parte central del curriculum de los exlíderes populares.

17 Telefónicamente, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación comunicó que el presidente aceptaba realizar el diálogo público. Designó para ello, por parte del gobierno a Luis Echeverría (Gobernación), Agustín Yáñez (Educación), Corona del Rosal (regente del DF), Julio Sánchez Vargas y Gilberto Suárez Torres (Procuradores de la República y del DF y territorios federales, respectivamente). El 24 de agosto Echeverría contestó a una pregunta de la prensa: ‘‘Las condiciones las ponen ellos’’.

18 De hecho, Barros Sierra había sido secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante la presidencia de Adolfo López Mateos.

19 Entre otras declaraciones, el presidente de la cámara de diputados, José de las Fuentes Rodríguez, afirma en relación con la entrada del ejército a la UNAM: ‘‘Señor rector Barros Sierra: ¡qué afortunado es usted, qué feliz momento le ha tocado vivir! Debe estar usted orgulloso del auxilio que se le ha dado para el rescate de las propiedades universitarias de la institución descentralizada del Estado, para el efecto de que ahora sí le dé usted el destino para el que fueron construidas’’. En ‘‘La Cultura en México’’, suplemento de la revista Siempre!, núm. 556, p. VII, 27 de octubre de 1972.

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ÍNDICE ANALÍTICO

alternancia democrática, 69 América Latina, 18-20, 35, 43, 47, 93 Anaya, Alberto, 79 anomia, 33 espacios de la, 36 generalizada, 53 apertura democrática, 21, 22, 114 política, 114 Araujo, Hugo Andrés, 82 Argentina, 18 Aristóteles, 45 Asamblea de Barrios, 83 Asamblea de Escritores y Artistas, 110 Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), 75 Atahualpa Yupanqui, Héctor Roberto Chavero, llamado, 71 Atenco, 91, 94 autonomía, 14 abierta, 32, 34 fuerza de la, 34 indígena, 86 radical, 23 violada,72 autoridades gubernamentales, 122 autoritarismo, 15, 73, 88, 91, 96, 118

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bachillerato, 28, 43, 44, 48, 64, Baez, Joan, 71 Barnés, Francisco, 27, 83 Barros Sierra, Javier, 22, 24, 71, 73, 73, 122, 127, 128 Benitez Zenteno, Raúl, 73 Bergman, Ingmar, 71 Black Power, 71 brigadas, 74, 79, 102, 110, 115, 126, 129 de estudiantes, 80, 108, 122 del movimiento, 96 políticas, 102 Brito Foucher, Rodulfo, 18

caciques priístas, 90 Camacho Solís, Manuel, 86 Cambridge, 41 Camp, Roderic Ai, 19 Campos Lemus, Sócrates, 74, 104, 120 capitalismo, 35, 41 Cárdenas, Cuauhtémoc, 82-84 Cárdenas, Lázaro, 94, 101 Carpizo, Jorge, 25, 26, 46, 56, 64 Caso, Andrés, 131 Castillo, Heberto, 73, 75, 124 Cazés, Daniel, 73 Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), 28 ceuísta dirigencia, 26 movimiento, 29, véase también Consejo Estudiantil Universitario (CEU), Chávez, Ignacio, 20 Chávez, Óscar, 71 ciencias, 32, 33, 50, 51, 53, 65-67, 70, 71 sociales, 24, 27, 33, 35-37, 45, 61, 62, 67 del hombre, 45 Ciudad Universitaria, 19, 32, 100, 111, 125, 128 clase obrera,75, 105, 111

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ÍNDICE ANALÍTICO

cláusula de exclusividad, 23 Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior, 72, 109 Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), 53 Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), 91 Comité de Profesores del Instituto Politécnico Nacional Pro Libertades Democráticas, 108 Comités de Defensa Popular, 80 comités de lucha, 23, 109, 130 Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 22 comunidad académica, 55 Comunidades Eclesiales de Base, 76, 84, 85 Confederación de Trabajadores de México (CTM), 105, 128 Confederación General del Trabajo (CGT), 116 Confederación Nacional Campesina (CNC), 82 Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), 98 Congreso Universitario, 26, 59 Consejo Estudiantil Universitario (CEU), 64, 83, 84 Consejo General de Huelga (CGH), 28, 56, 93, 94 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 49 Consejo Nacional de Huelga (CNH), 73, 95, 97, 102, 106, 109, 115, 119, 131 Consejo Universitario, 26, 59, 109, 122, 132 Consejos Académicos de Área, 59, 60 Constitución, 54, 112, 113, 123, 124, 126 contrato social, 52, 53 Convención Nacional Democrática, 89 Coordinadora Línea de Masas (COLIMA), 81 Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), 82 Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 82 Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), 82 corporación pública, 17 crisis, 41, 104, 113, 117 de ‘‘equilibrio catastrófico’’, 113 de esperanza, 41 de la idea, 41 del orden, 117 económica, 51 fiscal, 44, 48

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hegemónica, 111 sectores en, 111 sociedad en, 113 cultura, 13, 17, 19, 20, 32, 39, 41, 69, 76, 79 de consumo, 43 política, 15, 73, 93, 94 cuotas, 15 elevación de, 26, 27, 31

democracia, 36, 47, 54, 70, 72, 76, 79, 85 directa, 79 libertaria, 70 política, 72, 82 radical, 54, 55 reformista, 72 revolucionaria, 73, 79 social, 75, 76, 79, 80, 82, 85 tránsito a la, 79 universitaria, 47 derechos humanos, 35, 54, 85 desarrollo económico, 18 desempleo, 34 desmodernidad batalla contra la, 33 El Día (periódico), 99, 107, 123, 127 Díaz Michel, Enrique, 131 Díaz Ordaz, Gustavo, 20, 91, 123 Dirección Federal de Seguridad, 99 dirigentes, 23-25, 32, 96, 103-105, 114, 116, 121, 130 disidentes, 24 disolución social, 21 doctrinas socialistas, 19

economía, 18, 26, 28, 43, 50, 62, 66, 67, 70, 91, 97 educación, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 53, 61, 64, 65, 67, 84, 85, 93, 100

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ÍNDICE ANALÍTICO

superior, 14, 17, 20-23, 25, 27-29, 32, 35-38, 40, 48, 49, 59, 60, 66, 68, 84, 92, 93 nacional, 46, 47, 60, 67 universitaria, 25 Echeverría Álvarez, Luis, 20, 22, 23, 107, 119 Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 37, 86, 87, 89, 93 elite,16, 18, 25, 51, 82, 91, 93 universitaria, 44 empleo,44, 90 mercado del, 29 empoderamiento, 37 enfrentamiento, 27, 64, 73, 96, 98-100, 104, 121, 122, 129, 130 Escudero, Roberto, 131 Escuela de Agricultura de Chapingo, 97, 100, 109 Estado, 15, 17, 19-21, 23, 31, 34, 46, 57, 69, 73, 74, 78, 81, 82, 87-89, 96, 105, 112114, 117, 118, 126 control político del, 116 finanzas del, 45 fuerte y autoritario, 69, 112, 113, 116 guerra secreta del, 69 hombres de, 19 relaciones entre la universidad y el, 23 respuestas del, 105 surgido de la Revolución, 17 Estados Unidos de América, 40, 49 Estatuto del Personal Académico (EPA) reforma del, 62 estructura,23, 53, 73, 74, 96, 110, 112, 114, 115, 117 del poder, 22 liberal-tecnocrática, 25 ethos, 62 universitario, 49, 50, 52, 56 educacional, 55 Eurocomunismo, 72 excelencia académica, 39, 84 Excélsior (periódico), 100, 126 exclusión, 31, 33, 34, 40, 89, 92-94 instrumento de, 45

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RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

social, 14, 32

Fanon, Franz, 71 Farías, Luis M., 126, 127 Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), 98, 106 filosofía, 13, 33, 36, 50 como intérprete global, 50 fines partidistas, 38 Flores Olea, Víctor, 73 Fondo de Cultura Económica, 20 Fox, Vicente, 90, 91 Freire, Paulo, 84 Fuente, Juan Ramón de la, 27, 32, 49 Fuentes, Carlos, 71 Fuentes Rodríguez, José de las, 127 fuga de capitales, 86

García Cantú, Gastón, 20, 23 Gamis, Arturo, 75 General Motors, 43 globalifóbico, 90 globalización, 26, 27, 29, 30, 33, 53, 56 Gómez Morin, Manuel, 18 González Casanova, Pablo, 22, 23, 73 González Pedrero, Enrique, 73 Gordillo, Gustavo, 82 Gramsci, Antonio, 113 Green Giant, 30 Grupo Comunista Internacionalista, 75 Grupo Loyola, 71 Grupo Miguel Hernández, 71 grupos de choque, 19 guerra, 20, 69, 71, 87, 89 sucia, 24 cristera, 77

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ÍNDICE ANALÍTICO

guerrillas, 87, 98 Gunder Frank, André, 90

Habermas, Jürgen, 45, 50, 54-56 Hernández, Octavio, 126, 127 Hitachi, 30 huelga, 22, 26, 27, 30-32, 56, 59, 75, 94

identidad, 50, 52, 76, 95, 97, 108, 129 colectiva, 46, 52, grado de, 97 interior, 24, 104 sustentable, 87 y acuerdo, 119 ideología liberal, 18 Iluminismo, 45 industrialización, 19 inflación, 40, 44 inseguridad, 33 instituciones públicas, 29 Instituto Mexicano del Café, 22 Instituto Politécnico Nacional (IPN), 18, 97, 107, 108 International Bussines Machines (IBM), 30 investigación, 14, 17, 20, 22, 27, 33, 40, 42, 43, 49-51, 55, 57, 58, 61-63, 65, 66 de alto nivel, 60, 66 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 41

La Jornada (periódico), 88 Juegos Olímpicos, 121, 131 Junta de Gobierno, 26, 126, 128 Juventud Comunista, 71

King, Martin Luther, 71

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Ley de Cultura y Derechos Indígenas, 91 liberalismo, 54, 55 libertad, 17, 54, 55, 58, 70, 71, 76, 78-80, 101, 103,107, 112, 113, 123, 128, 130, 132 de los presos políticos, 110, 118, 124 de prensa, 70 licenciatura, 28, 44, 51, 53, 60, 61, 64, 66 nivel de, 68 Liga Comunista Espartaco, 79 Liga Comunista 23 de Septiembre, 75 Línea de Masas, 80, 82 Línea Proletaria, 80, 82 Lira, Carlos, 71 lógica, 29, 88 del suicida y el asesino, 78, 88, 91, 94 de la exportación, 29 de la investigación, 50 de las representaciones, 131 del mercado, 29 de sangre, 91 estatal centralista, 82 Lombardo Toledano, Vicente, 19 López Cámara, Francisco, 73 Los Pinos, 25, 53, 56

Marcos (subcomandante), 88, 90 Martínez Domínguez, Alfonso, 126 marxistas, 19 matanza del 10 de junio, 20 medio ambiente, 32 medios electrónicos, 28 Méndez Arceo, Sergio, 84 mercados mundiales, 26 mítines, 108, 122, 131 modalidad maquiladora, 30 movimiento, 18, 29, 35, 55, 56, 64, 70, 73, 74, 76-79, 81, 84, 85, 87, 88, 93, 102, 110

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ÍNDICE ANALÍTICO

de 1968, 15, 20, 83, 94-97, 101, 103, 104-106, 108-124, 129, 133 ferrocarrilero, 21 estudiantil cegehachero, 46, 94 Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), 75 Movimiento Revolucionario del Magisterio, 110 Movimiento Situacionista, 71

neoliberal, 15, 25, 83, 88, 91 ortodoxia, 33 política, 25 proyecto, 26, 27, 45, 84 neozapatismo, 15 Nuevo Grupo de Ciencias, 71 Nuñez, Mario, 131

obediencia, 28 acrítica, 56 ciega, 53 obreros, 21, 74, 77, 104-106, 110 Orfila, Arnaldo, 20 Orive, Adolfo, 79-82 Orozco, Rogelio, 84 organismo descentralizado, 17 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 28, 33 Organización Revolucionaria Punto Crítico, 75 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 35 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), 35

Parra (los), 71 Parra, Ricardo, 131 Partido Acción Nacional (PAN), Partido Comunista Mexicano (PCM), 23, 71, 97-99, 103, 116, 121 dirigentes del, 23 Partido de la Revolución Democrática (PRD), 79, 82, 83, 92, 93

149

RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

Partido del Trabajo, 82 Partido Estudiantil Socialista, 71 Partido Revolucionario Institucional (PRI), 20-22, 86, 95, 101, 105, 112, 125, 126 Partido Mexicano de los Trabajadores, 75 Partido Mexicano del Proletariado, 75 Partido Mexicano Socialista, 79 Partido Socialista Unificado de México, 79 pase automático, 64 Peimbert, Manuel, 60 Perelló, Marcelino, 131 Plan de Capacitación Campesina, 22 Plaza de la Ciudadela, 71, 97, 129 Plaza de las Tres Culturas, 69 pliego petitorio, 21, 103, 106, 108, 110, 118, 122, 124, 131 pobres, 40 opción por los, 84, 85 organizar a los, 79 problemas de los, 84 trabajar para los, 76 poder, 18, 22, 27, 35, 67, 69, 76, 78, 81-84, 91, 93, 95, 112, 113, 132 estatal, 25, 86 político, 38, 83, 102 véase también Estado polarización, 40, 47 Policía Federal Preventiva (PFP), 32 Política Popular, 79, 80, 82 polis, 45, 55 porrismo, 22 prácticas antidemocráticas, 23 principio de gratuidad, 26 privatización, 28 profesorado a contrato, 24 posgrado, 14, 61, 62, 64, 65, 67 sistema de, 60 pueblo, 18, 25, 37, 46, 74, 76, 77, 79, 83, 88, 110, 119

Raimon, 71

150

ÍNDICE ANALÍTICO

reaccionarios, 23 rector, 49, 60, 64, 72, 74, 97, 100, 101, 122-124, 126-128, 130 Recursos Hidráulicos, 22 reforma, 15, 28, 46, 53, 58, 61, 64 académica, 60 universitaria, 18 Reforma de Córdoba, 18 Reforma Política, 23, 25, 72, 78 Revista de la Universidad de México, 107, 120, 122 Revolución cubana, 19, 71, 98 cultural china, 71 francesa, 54 mexicana, 16, 19 revuelta, 70, 71, 77, 95, 116 callejera, 71 cultural, 70 Revueltas, José, 79 Reyes Heroles, Jesús, 23, 78 Rivero Serrano, Octavio, 24 Rodríguez Lapuente, Manuel, 18 Rocha, Glauber, 71 Ruiz, Samuel, 84

Sarukhán, José, 27, 46, 56 Salinas de Gortari, Carlos, 86 Scherer, Julio, 90 Seattle, 56 Seccional Ho Chi Minh, 79 Secretaría de Economía, 43 Secretaría de Educación Pública (SEP), 16 Secretaría de Gobernación, 74, 78, 107, 119 sector demócrata-reformista, 21 sectores populares, 40, 74, 76, 103, 105, 110, 111, 116, 117 Seeger, Peter, 71, 100 segunda guerra mundial, 21

151

RESISTENCIA Y CAMBIO EN LA UNAM

Servicio Secreto, 99 sindicalismo, 24, 52, 75, 106 independiente, 21, 79 oficial, 105 Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 119, 120 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 110 Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), 75 Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 60 Soberón, Guillermo, 55 sociedad, 13, 15, 17, 18, 31, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 59, 69, 76, 78, 82, 90, 91, 93-96, 103, 105, 109, 111-114, 116, 124 capitalista, 53 industrial, 39 postindustrial, 47, 50 La Sorbona, 58 sustentabilidad regional, 38

tecnología, 14, 26, 39, 44, 67 Teología de la liberación, 76, 84 Tercera Revolución, 18, 29, 44 terremoto de 1985, 82, 83 Tlatelolco, 69, 78, 129 tlatoani, 78, 89, 91, 94 Touraine, Alain, 122 trabajadores migratorios, 30 transnacionales, 13, 29, 3, 56, 88 Trejo, Fausto, 73

Últimas Noticias (periódico), 128 Unión Nacional de Estudiantes Católicos, 19 Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), 116 El Universal (periódico), 98, 99 universidad como órgano social, 39 como santuario, 19

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ÍNDICE ANALÍTICO

de ‘‘excelencia’’, 40-42, 44 de masas, 43 desarrollista, 44, 46 eficientista, 51 incluyentista, 29, 52 mexicana, 18, 52 reconquista de la, 25 Universidad Autónoma de Nuevo León, 36 Universidad de California, 58 Universidad del Valle de México, 110 Universidad Iberoamericana, 110 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 14-16, 18, 20-25, 27, 31, 32, 35-37, 48, 53, 57-62, 64, 65, 67-70, 75, 84,93, 99, 100, 107-109, 122, 125, 126, 128, 129 descentralización de la, 53, 58 universidades tecnológicas, 28, 68

Vega Domínguez, Jorge de la, 131 Velázquez, Fidel, 127 La Voz de México (publicación), 99

Washington, 56

Zedillo Ponce de León, Ernesto, 86 Zócalo, 70, 71, 74, 83, 99, 100, 104, 109, 112, 120-122

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