cesiones mineras en el país y donde solo 700,000 hectáreas han entrado en fase de explotación. El funcionario mencionó que el Perú cuenta con casi 12 millones de hectáreas entregadas en concesión para actividades mineras pero menos del 10% está en etapa de explotación y no han registrado inversiones. Concesiones Vigentes En ese caso, unas 11 millones 768,000 hectáreas han sido entregadas en concesiones vigentes y otras 3 millones 834,000 hectáreas están en trámite, pero solo 715,000 hectáreas se encuentran en etapa de producción, lo que representa entre el 8% y 9% del total concesionado. “Hay un gran sector especulativo en el negocio de la minería y queremos promover estas inversiones, tanto en exploración como en explotación minera”, subrayó el funcionario. El tema fue abordado también por el viceministro de Minas, Felipe Isasi, quien agregó que los plazos establecidos en la nueva
legislación resultaban ampliamente holgados para desarrollar los proyectos otorgados en concesión y que apunta, además, a beneficiar al país en la venta de proyectos mineros. Isasi refirió que los nuevos plazos para iniciar producción en concesiones mineras estarán vigentes en 45 días cuando se publique el reglamento respectivo. Al comentar las últimas modificaciones realizadas en cuanto a períodos y penalidades establecidas para las concesiones mineras, el funcionario explicó que obedecen a las recomendaciones efectuadas por el sector privado, respecto a que los plazos anteriores (12 años para declarar la caducidad) eran demasiado cortos y podían desalentar las inversiones. “Eso no era así, pero hemos ido a un proceso de concertación (con los privados) y debatido largamente el tema, y el resultado es este decreto legislativo que amplía los plazos”, dijo. El viceministro aclaró que la modificación de los plazos no implica que el Decreto
Legislativo N° 1010, que establecía los anteriores plazos, vaya a quedar sin efecto. Sino, el plazo de 15 años para que se inicie la producción en una concesión minera no será de aplicación para las empresas que tienen contratos de estabilidad o por adjudicación de proyectos del Estado. Tras reiterar que esos proyectos se rigen por las reglas de sus contratos, Isasi refirió que no se puede alterar la seguridad jurídica y las reglas de juego que ya tienen fijadas esas empresas, ya que esa es una condición esencial para que las inversiones sigan arribando al país.