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Viva la U, Viva, no la dejés privatizar…
Las nuevas determinaciones en la universidad del Valle, producto de la falta de financiación de quienes le adeudan (gobierno nacional y departamental), ha hecho que parte de la comunidad universitaria se vea en la necesidad de movilizarse para defenderla. Por falta de recursos presupuestales la Universidad del Valle determinó anualizar las carreras, es decir, aquellas que se abrían cada 6 meses ahora serían revisadas y pasarían a ofertarse cada año. En estos momentos los servicios de bienestar se quedan cortos para poder cubrir con programas oportunos e integrales todas las necesidades de la comunidad universitaria, aspectos que han ayudado en gran medida a que los estudiantes puedan sostenerse en la universidad para culminar sus estudios, y con los recortes del presupuesto, evidentemente se generarían menos recursos para el bienestar. Ni qué pensar de lo que podría pasar con la asignación presupuestal para la capacitación de docentes, o para los grupos de estudio. Es innegable que se
obliga entonces a la universidad, a que ésta empiece a limitar el acceso, puesto que se vería en la necesidad de cobrar más por los servicios que brinda, o a disminuir su capacidad de oferta, afectando con ello de forma concreta las ya limitadas posibilidades de acceso a la educación superior de los sectores populares. Y es que a pesar de la importancia que debe tener la educación para el Estado, ésta se ha convertido en un simple slogan que sirve para decir que se está ampliando cobertura y formando más gente, pero olvidado cuando de invertir en ella se trata, puesto que no se incrementa el presupuesto para la inversión social. Es necesario que a la universidad se le cumpla con las obligaciones financieras si es que de verdad se piensa en el fortalecimiento y desarrollo de la región, pero si ni siquiera tiene sus respectivos recursos ¿cómo podrá garantizar el bienestar, la calidad y proyectarse para ofrecer mejores servicios a la comunidad y la sociedad en general?, estas son algunas preguntas que surgen producto de la desfinanciación, que de no resolverse pondría en riesgo el buen funcionamiento de la universidad. Hacemos un llamado a los gobiernos responsables del déficit presupuestal de la universidad para que cumplan con sus obligaciones e invitamos a los profesores, estudiantes, trabajadores, empleados de la universidad, y a la ciudadanía en general a que sigan movilizándose y luchando para exigir el respeto del derecho a la EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD.
Continuación... MEGAOBRAS: ¿ALGUIEN la entrega de los estudios definitivos. Pero, ese SABE QUÉ FUE LO QUE NOS VENDIERON? mismo día, nos anuncio que las megaobras ya no Que los estudios presentados son de prefactibilidad y no de factibilidad. Que los estudios técnicos cumplen o no como anteproyectos. En fin, una discusión aburridora, que se hacia mas cuando se le preguntaba a la Administración por los estudios y ésta respondía que si los tenia, pero que estaban incompletos o que faltaba actualizarlos. Es decir, si pero no. El plazo que se le concedió hasta el 30 de Enero del 2009 a la Administración para que entregara los estudios definitivos de las obras, fue una confesión de viva voz de que no se cumplió a cabalidad con el articulo 17, tal cual, como lo habíamos advertido. Además, también se señaló la inconveniencia de decretar estas obras sin sus estudios definitivos, pues ésto seria fuente de sobrecostos e improvisación (vg. El MIO). Para esta fecha, la Administración incumplió con
costaban $800 mil millones si no $948 mil millones y los costos inicialmente aprobados ya no eran los mismos: las Ciudadelas Educativas pasaron de 80 a 190 mil millones, el puente de la Simón Bolívar con Cra. 100 pasó de 18 a 33.6 mil millones y el puente de la Cra. 1a con Av. Ciudad de Cali de 5 a 23.5 mil millones, como los casos mas notables y aberrantes. En abril, infraestructura anunció un presupuesto de 1.1 billones para las megaobras y el proyecto de acuerdo 61/2009 aprobado, fijó un nuevo plazo para que la Administración Municipal entregue los estudios técnicos definitivos: el 30 de Junio. Parece que nos vendieron un Chevrolet Sprit y nos van a cobrar una Toyota 4RUNNER TurboDiesel. Por toda esta plata, esperamos que al final, al menos, nos entreguen la Toyota.
Con Wilson Arias las luchas sociales están en el concejo. Informes: 667 74 53 315 433 69 44 311 635 20 65 info@wilsonarias.com Visita: www.wilsonarias.com
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
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Con Wilson Arias Edición 5 Año 2 junio 2009
Autopista Bicentenario o la inclusión hacia afuera.
Por: Jaime Perea
Las grandes obras o mega-obras como se llaman ahora, pretenden soluciones a las necesidades sentidas de la población. Uno de los problemas ciudadanos es la movilidad que potencie las posibilidades del desarrollo integral. El desarrollo significa mejoras en la vida de las personas frente a los altos niveles de exclu sió n , margin alid ad y falta d e oportunidades. Los instrumentos construidos que ordenan y planifican la movilidad ciudadana, son el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) “Para vivir la vida dignamente”, (art. 1 señala que en Cali los caminos de la democracia y la convivencia pasan por la inclusión social y la integración territorial entre otros) y el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali (PIMU), estos instrumentos integran, en un sistema, los elementos de la movilidad, con la finalidad “de mejorar los indicadores de la calidad de vida de las personas”. Con base en este marco analizamos el proyecto de la autopista llamada del Bicentenario, desde dos perspectivas, la legalidad y la conveniencia social. El POT (acuerdo 069 de 2000, art. 73) reservó una franja de 110 mts a lo largo del corredor férreo para el funcionamiento de un sistema de transporte público colectivo de alta capacidad y un sistema de transporte de cargas, esta decisión orienta los otros desarrollos normativos de la ciudad, PDM y PIMU. La propuesta de construcción de la autopista (proyecto de acuerdo 052 de 2009) llamada la Bicentenario, pretende desarrollar
Plan de avenida bicentenario en Cali esta área reservada, pero, para transporte particular y liviano, concesionando su construcción y operación por mas de 30 años, al sector privado y garantizando la recuperación de la inversión y las utilidades mediante el cobro de peajes urbanos. El proyecto indudablemente viola las disposiciones normativas y la vocación consagrada para este corredor, su uso va a ser exclusivo para quienes tengan carro particular y capacidad de pago del peaje, dándole manejo de mercancía al espacio de uso público; y excluye a los demás ciudadanos. Este vicio de ilegalidad sigue campante y el Concejo Municipal fue convocado a sesiones extraordinarias para darle el segundo debate. La forma de superar esta ilegalidad es modificando el POT, planteándole a la comunidad la necesidad de priorizar el interés particular frente al interés general o colectivo. Continúa pág. 2...
Una curul para las Luchas Sociales
Editorial
Por: Óscar Alarcón Transcurrido año y medio de nuestro ejercicio como Curul alternativa en el Concejo, hacemos de nuevo un alto para rendir cuentas, por tercera vez, a toda la ciudadanía. Somos una curul que se hace con/desde/para los líderes comunitarios, las organizaciones sociales, gremiales, sindicales y estudiantiles. Desde la defensa de lo público defendemos la vida y el derecho a la ciudad. Así, rechazamos la liquidación de EMSIRVA -que violentó los derechos de los trabajadores y ciudadanos- el cierre de los puestos de salud, el acoso presupuestal a Univalle, el deterioro de la calidad de la formación en el Sena, y las pretensiones de venta del componente de telecomunicaciones de EMCALI -que la marchitaría a tal punto de hacer inevitable su liquidación o venta-. De igual forma, acompañamos decididamente la reclamación de los derechos de la población LGTB, los recicladores de navarro, los corteros de caña y los estudiantes del SENA. Sin embargo, es claro que asumir dichas banderas y acompañar las causas sociales -una de nuestras razones de ser en el Concejo- implica, necesariamente, enfrentar al establecimiento y sus políticas, marcadas por privatizaciones, expropiaciones, desalojos, e incremento de la pobreza y de la represión. Oponernos a ello, pues, no es otra cosa que enfrentar poderosos sectores económicos y políticos, no sólo de índole local, sino también nacional e internacional. Ello, toda vez que nos oponemos y denunciamos la agenda neoliberal del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la ciudad de Cali, y afectamos los intereses de poderosos emporios nacionales, y voraces empresas transnacionales. En consecuencia, nuestro compañero Wilson Arias más que por ejercer derecho a la denuncia y la protesta social como ciudadano, sino, y sobretodo, por cumplir el mandato dado por la comunidad caleña que le eligió, ha sido víctima de una intensa y progresiva campaña de persecución que se evidencia no sólo en la pasada sanción por tres meses que emitió la procuraduría mediante una argumentación acomodaticia y
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contraria a Derecho, sino también mediante reciente apertura de múltiples investigaciones disciplinarias que pretenden inmovilizarlo y acallar la voz de los sectores populares en el Concejo Municipal. A parte de ello, y principalmente en los últimos meses, se ha dado lo que podríamos llamar una forma de “persecución pasiva” a partir de la evidente invisibilización y aún tergiversación que, por parte de algunos medios de comunicación, se ha venido adelantando sobre nuestra gestión, propuestas y posiciones, frente a temas determinantes para la ciudad y la comunidad. Así, tenemos que en Colombia, uno de los países más inequitativos del mundo, donde existen todas las razones imaginables para denunciar y protestar, el ciudadano o sector que se atreva a hacerlo, más aún si se hace desde una corporación pública, es objeto de agresivos procesos de persecución y estigmatizaron por parte del Gobierno, máxime si confronta elementos claves de la estrategia neoliberal y logra ganar la opinión favorable de la sociedad, o de una parte de ella. Denunciamos, pues, que nuestra sólida convicción de cumplir hasta el final con el mandato que nos fue conferido por el pueblo, no sólo desde nuestro ejercicio en el Concejo Municipal, sino también ejerciendo nuestros derechos de libre expresión, reunión, movilización y protesta, que deben entenderse como libertades públicas fundamentales y medios para ejercer los derechos políticos, ha desencadenado una dura persecución en nuestra contra. Sin embargo, junto al pueblo, seguimos avanzando con nuestra dignidad en alto. Nos seguimos pronunciando y movilizando a la par que la denuncia y la protesta social crece y se fortalece, exteriorizando y haciendo cada vez más explícito su contenido latente: la necesidad de un modelo económico al servicio de las mayorías, edificado sobre la base de un nuevo proyecto estratégico de nación y de ciudad que garantice la inclusión social, la equidad y las plenas libertades democráticas.
Continuación...Autopista Bicentenario o inclusión hacia afuera En cuanto a la conveniencia social, la mirada futurista de la ciudad plantea retos que se deben abocar de manera integral, por ello, los instrumentos adoptados por el municipio parten de diagnósticos y análisis de las diferentes variables que implican mejorar la calidad de vida de los ciudadanos: movilidad, diversidad de medios de transporte, preservación del medio ambiente, integración territorial, etc. La Alcaldía, fundamenta su propuesta en las perspectivas de crecimiento vehicular de la ciudad, (503.383 carros particulares para el 2020, unos 200.000 más) no mide las perspectivas de crecimiento poblacional (2´542.084 habitantes) y propone la movilidad rápida a unos 30.000 vehículos que circulen de Sur – Norte – Sur, los 470.000 vehículos restantes, los ciudadanos de a pie, o los usuarios del transporte colectivo, o de medios alternativos, que son la gran mayoría, quedan excluidos de esta vía rápida. Las herramientas de planeación y las políticas públicas recomiendan desestimular el uso del transporte particular, por razones de movilidad y fundamentalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, de allí, medidas como el pico y placa, el día sin carro, controles a la emisión de gases, etc., esta obra va en contravía de este desafío ciudadano y de la humanidad. Esta autopista Bicentenaria, rápida y sólo para los particulares con vehículo y liquidez económica, que no tiene diseñados pasos peatonales (y el concesionario no se va interesar en ellos porque no pagarían peaje, ¿o si?), se convierte en un muro físico, de separación territorial de la ciudad.
La movilidad urbana tiene prioridades como el transporte público colectivo, un sistema vial que integre todos los espacios donde se ejercita la vida cotidiana, el estímulo al uso complementario de medios de transportes alternativos y limpios, etc. Y criterios sociales como el definido en el Estatuto de Usos del Suelo: “Cali es una ciudad segregada: se habla de la ciudad rica y la ciudad pobre. Además, en su desarrollo, el espacio se privatiza cada vez más, ahondando en la discriminación. La Ley 9a. de 1989, o de Reforma Urbana, consagra el uso y disfrute del espacio público como necesidad social. La conservación y desarrollo del espacio público, además de la generación de nuevos espacios en la "ciudad pobre", deberá estar siempre presente en la formulación de la nueva normativa. Se debe garantizar el acceso y cercanía de la población más necesitada a los servicios sociales básicos y a los lugares de trabajo”. El proyecto de la autopista Bicentenario aplica el concepto de espacio de uso público como mercancía, objeto de posibilidades de negocio, es inequitativa, arrasa la propuesta de Inclusión Social y territorial, profundiza la exclusión. Amartya Senn en su análisis sobre la ética del desarrollo señala que “la exclusión puede incluir también, por ejemplo, la exclusión de la inclusión equitativa” si este es el concepto que ilumina la autopista, indudablemente incluye hacia afuera.
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LA SALUD EN CALI: UN NUEVO LATIR… ¿O UN ÚLTIMO LATIR? Por: Enrique fernández Usuarios, ligas de los mismos y trabajadores de la salud, ansiosos de gritar sus quejas, rechazar los cierres de centros, puestos de salud y algunos servicios médicos y reclamar soluciones, llenaron el hemiciclo del Concejo, atendiendo la convocatoria a Audiencia Pública hecha por la Comisión de Institutos del Concejo y citada a instancias de los Concejales Wilson Arias, Jorge Eliécer Tamayo y Julie del Pilar Reina. Se formó el alboroto y… ¡Después de dos meses en que la Alcaldía se enredaba con justificaciones y explicaciones, empezaron a aparecer propuestas de soluciones!: “La Administración Municipal tiene $32000 millones dejados de ejecutar en el 2008 según informe de la Contraloría” dijeron unos. La bancada del partido liberal propuso modificar el proyecto de acuerdo de la administración que repartía $10000 millones de excedentes financieros, sobrantes del pago de intereses de la deuda publica del municipio, originados en la disminución de las tasas de interés por la crisis económica, para incluir la salud en este reparto. (Propuesta esta a la que nos sumamos y que defendimos hasta final y que consistía en asignar $2000 millones a la salud disminuyendo los $5000 millones inicialmente asignados a programas de seguridad). La Alcaldía ofreció $1000 millones y la promesa de gestionar más recursos a cambio del retiro de la propuesta del partido liberal, lo que finalmente ocurrió. Y extra muros del Concejo, el Gobernador Abadía, en consejo comunal en Floralia, y pescando en rio revuelto, ofreció $508 millones para solucionar los problemas de la ESE Norte. Lo anterior nos sirve como antesala para referirnos a dos aspectos de la problemática de la salud. El primero tiene que ver con la importancia de la participación ciudadana, que con su movilización, presencia activa en la Audiencia con ponencias, denuncias y rechazo a los cierres, logró que se pusiera en evidencia la crisis de la salud en la Ciudad de Cali y obligó a que Administración se pellizcara, así fuera con recursos paliativos muy insuficientes. Este esfuerzo organizativo es valioso y posibilita, en perspectiva y sumando la academia, un gran debate de fondo sobre el tema de salud en la Ciudad. El segundo aspecto tiene que ver con el problema presupuestal y de recursos de la salud. Tenemos claro que los problemas de la salud son estructurales – reducción de las transferencias, la fatídica Ley 100 que privatiza y en consecuencia mercantiliza los servicios médicos, las ESEs tienen que competir en el mercado vendiendo servicios y las EPS-s privadas contratan con la red pública de mediana y alta complejidad en detrimento de las ESESs (baja complejidad) pues la Ley 1122/2007 no las obliga a cumplir el 60% de contratación pública en el nivel de baja complejidad – pero, no aceptamos, so pretexto de la normatividad
adversa que regula la salud, que no se tenga voluntad política de subsanar en parte esta situación, priorizando presupuestalmente este componente tan importante del gasto social. Ya lo habíamos dicho desde esta curul, en la discusión del presupuesto del 2009, que la asignación presupuestal de salud + educación (Programa “Cali, saludable y educadora”) con relación a la inversión, era porcentualmente inferior a los presupuestos del 2007 y 2008. Esto se evidenció mas con la siguiente cifra que salió en el transcurso de este debate: el presupuesto definitivo de la Secretaría de Salud para el 2008 fue de $ 242.081 millones – de los cuales se dejaron de ejecutar los $ 32.000 millones antes mencionados – y el presupuesto asignado a esta misma Secretaría para el 2009 es de $ 243.230 millones, ¡se incrementó menos que la inflación: solo el 0.5%!. Con el agravante de que este presupuesto se disminuirá en $ 7.000 millones que la nación dejará de transferir al municipio por falta de gestión en la tramitación de la información del Sisben. Además, es inaceptable que la Secretaría de Salud continúe con la tendencia de disminuir la contratación con algunas ESESs, y que se cierre los centros de salud del Porvenir, Chiminangos, Los Alamos, Sena -Salomia con el argumento eficientista que la población que atendía estos centros no es la suficiente para lograr los equilibrios financieros, pues la mayoría de esta población (estratos 3 y 4) están afiliadas al régimen contributivo y pueden pagar una salud privada. ¿Será que el Alcalde Ospina no se ha dado cuenta que el empobrecimiento general del país alcanzó a los estratos 3 y 4? La administración quedó comprometida en el plan de desarrollo a presentar en Junio de este año un diagnóstico social, económico, de eficiencia, transparencia y conveniencia de las ESEs para definir la continuidad del modelo actual. Esta es la oportunidad para que la administración corrija el rumbo en cuanto tiene que ver con el más importante componente del gasto social: la salud. De lo contrario el corazón de esta estaría destinado a dar su último latido.
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Por: Alfredo Mondragón
Por: Mayte Misas Tique
LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA DIVERSIDAD
Sin precedentes se ha catalogado la creación de la Comisión accidental LGTBI en el Concejo de Santiago de Cali, el Concejal Wilson Arias C. fue nombrado Presidente de esta Comisión que tratará la problemática de exclusión del sector de LGTBI, en la sesión plenaria del Concejo “contra la exclusión y discriminación de la diversidad de género y por opción sexual (sector LGTBI)”. Algunos hechos en contra de esta población, llevaron al Concejal Arias a proponer una audiencia de control político para hacer seguimiento a las políticas municipales a favor de este sector, entre esos hechos esta el asesinato del compañero Álvaro Miguel Rivera militante del PDA y activista defensor de los derechos de los homosexuales. La inclusión social desde la diversidad es una prioridad y una responsabilidad del Gobierno Municipal, dijo el Concejal Wilson Arias, “desde que inicié labores en el Concejo he recogido las opiniones de diversos sectores para proponerlas como políticas públicas municipales, en relación con el asunto tratado, con algunos grupos del sector LGTBI se construyeron propuestas que fueron incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal “PARA VIVIR LA VIDA DIGNAMENTE”. Siendo el Derecho a la Ciudad el norte del Plan, las propuestas de este sector se adecuaban perfectamente (de cara a las necesidades que se exploraron conjuntamente con algunos grupos del sector LGTBI) razón por la cual el Concejo las aprobó, pero, sin razones de peso el Gobierno Local objetó el Plan en algunos temas relacionados con el sector LGTBI, argumentando reparos a la forma como se habían construido los objetivos, dejando a este sector sin proyectos transversales que afrontaran de manera positiva comportamientos homofóbicos y se avanzara en la lucha contra la exclusión y la discriminación.” La audiencia se llevó a cabo el día 15 de Abril y se denunció por parte de los participantes que los comportamientos homofóbicos (interpretados como el temor “frecuentemente irracional” a las personas homosexuales) en Cali, no son nuevos, hacen parte del día a día en nuestra sociedad, existen formas de relacionarse con personas de este sector bastante agresivas, por ejemplo el lenguaje cotidiano es discriminatorio y ofensivo, por decir lo menos, pervertidas (os), invertidas (os). Por otro lado, Claudia M. Buitrago de la Confluencia Departamental LGTB, en su ponencia planteó que el asesinato de personas que tiene como móvil la homofobia no es nuevo,
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semanas antes del hecho contra la vida de Rivera fueron asesinadas tres personas TRANS y éste no fue titular de ningún medio de comunicación, también denunció el hecho que en lo ejecutado del presupuesto 2008 no se aplicaron recursos a favor de esta población, pero sí se hicieron para otros grupos discriminados como mujeres, jóvenes, afrodescendientes e indígenas; Pedro Julio Pardo de la fundación Santamaría, habló de 20 asesinatos de mujeres Trans en el transcurso de este año en Cali; la discriminación al sector LGTBI es más complicada que otras poblaciones históricamente excluidas, pues, no es lo mismo nacer con el color de piel negro en una familia que se reconoce como tal y que posiblemente se asuma como afrodescendiente, que ser hija (o) homosexual en una familia culturalmente de comportamiento heterosexual (como son la mayoría de familias en nuestro país), nos compartía en su ponencia Consuelo Malatesta de la Mesa Municipal LGBTI. Los informes entregados por los Secretarios(as) de Gobierno, Salud, Cultura, Bienestar, Educación y la Policía, enmarcan su acción a la elaboración de cartillas y actividades aisladas, invirtiendo un presupuesto mezquino. ¿Sabia Ud. qué el presupuesto de 2009 de la Secretaria de Cultura para el sector es tan sólo de 10 millones de pesos? La anterior puesta en escena deja en evidencia la falta de interés en el tema LGTBI y una completa desarticulación en las acciones, que se realizan desde el Gobierno Local; este es el marco de discusión que justifica la creación de la Comisión Accidental LGTBI en el Concejo de Cali, con el objetivo de hacerle seguimiento a las actuaciones en pro de dicho sector, por parte de la administración Municipal y presentar la Política Pública LGTBI. En la actualidad se ha concertado una agenda con los concejales que hacen parte de la Comisión Accidental del partido de la U, Convergencia, Cambio Radical, Conservador y por supuesto el PDA, y espacios de trabajo conjunto con los representantes del sector LGTBI y con el gobierno municipal, teniendo en cuenta que el señor Alcalde delegó a la asesora de Inclusión Social, para que junto con algunas Secretarias de despacho trabajen con la Comisión.
EDUCACIÓN DEFICIENTE PARA LOS APRENDICES DEL SENA Y SALARIOS BAJOS
El PLAN 250 MIL que el gobierno nacional y la Dirección del Sena pretenden implementar en esta Institución, busca retener en el sistema educativo a jóvenes entre 18 y 30 años, proporcionándoles de una parte una relación de aprendizaje con un ingreso equivalente al 70% del salario mínimo o un subsidio alimentario y de transporte, propiciando ambas alternativa la explotación de dichos jóvenes, que significan mano obra barata tanto para los patrocinadores, como para los que los reciben en sus prácticas empresariales sin remuneración alguna Con dicho plan se modifica negativamente la calidad de la formación, pues algunos cursos de técnicos que tiene una duración de 30 meses, en este se reduce a 9 o 10 meses y los cursos para tecnólogos se desarrollan en 36 meses, ahora quedan en 21 meses; y no se resuelve el aumento de cupos ampliando capacidad instalada, instructores y presupuesto para materiales en la misma proporción a las metas, sino que se plantea hacinar a los aprendices en grupos que ya no serán de 25 sino que iniciarán 50 o más estudiantes. Este Plan es posible adelantarlo gracias a que el control de las ramas del poder público (Legislativa, Judicial y Ejecutiva) está en manos de los grupos de poder económico, los cuales orientan las políticas públicas a su favor en materia de salarios, impuestos, contratos, usos del suelo, servicios públicos, producción de alimentos, salud, educación, entre otros. Adicionalmente, en estos momentos de crisis y recesión económica las políticas se aplican, por lo menos, a mantener las tasas de
ia financiera y empresarial menoscabando los derechos de los trabajadores y aprendices del SENA, es decir, Uribe, el inquilino de la casa de Nari, asegura y blinda las ganancias de los gremios económicos y a los trabajadores la flexibilidad laboral, el hacinamiento y baja calidad en la formación. Los estudiantes y trabajadores del SENA adelantaron jornadas en todos los centros de formación, mediante ASAMBLEAS PERMANENTES en defensa de la calidad de la formación para los trabajadores, campesinos y pequeños empresarios, exigiendo que se corrijan los problemas que aquejan a los grupos actuales por falta de materiales de formación, equipos e infraestructura entre otros, los cuales se acentuarán en el PLAN 250MIL. El deber de una curul alternativa es acompañar estas luchas y apuntalar propuestas de política pública que aseguren el desarrollo integral de la sociedad y garanticen la realización efectiva de los derechos, de manera progresiva. Y allí estuvimos, como curul, al lado de los estudiantes y trabajadores, defendiendo la educación pública con calidad. No podía ser de otra manera, el Concejal Wilson Arias, desde muy temprano, primero como líder estudiantil y luego como dirigente sindical del SENA ha peleado por materializar la unidad entre usuarios (aprendices) y trabajadores, para impedir la privatización de la Universidad del Pueblo, el SENA; ahora con una credencial de Concejal conquistada con el concurso y participación de la ciudadanía hace honor a esta elección y de manera consecuente continúa en la lucha. Luego de 22 días de asamblea se instala una mesa de negociación en Cali, mecanismo propuesto a instancias del Senador de la República Alexander López, (otra curul comprometida con el pueblo), quien medió para que el 1 de junio iniciara la mesa de negociación entre la Dirección General del SENA y representantes de la Asamblea Permanente. Los momentos de crisis los asumimos entre todos, ya los poderosos no están solos, el compromiso y la participación, sobre todo para hacer respetar derechos como el de la Educación, es un deber ciudadano.
gananc
MEGAOBRAS: ¿ALGUIEN SABE QUÉ FUE LO QUE NOS VENDIERON?
Por: Enrique fernandez
En la discusión del proyecto de acuerdo que contemplaba las 21 megaobras, se presentó una discusión álgida en torno a la interpretación del articulo 17 del acuerdo 178/2006 (estatuto de valorización) que establece como requisito para ser aprobada una obra, plan o conjunto de obras, la presentación al
Concejo de los estudios de factibilidad, pues, se ponía en duda, que los estudios presentados por la Administración Municipal cumplieran con los requisitos establecidos por dicho artículo. Que los estudios presentados son de pre-factibilidad y no de factibilidad. Continúa pág 8...
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4 Es un claro ejercicio de extralimitación de funciones a favor de terceros, particulares e inversionistas, desvirtuando la función social del Estado, la descentralización territorial, la autonomía municipal, el régimen legal y el interés general.
La Ruta de la Privatización El caso de la empresa de servicios varios EMSIRVA.
Por: Elizabeth Correa
Emsirva fue intervenida por la SSPD desde el mes de Octubre de 2005, el ente de control nacional supuestamente monitoreo la gestión de las empresas de servicios domiciliarios y ubicó sus debilidades y potencialidades. Con los diagnósticos aportados por los consultores logró intervenir la Empresa, para luego adelantar procesos sectorización de la ciudad y de selección de operadores privados, en tres de las cuatro zonas, y ceder la operación a terceros. Se estableció un plan de salvamento de la Empresa y el ente de control reporto en febrero del presente año que tres de los cuatro pasos necesarios para el salvamento de la empresa se habían cumplido, el paso faltante se relacionaba con la negociación con el Sindicato de la Empresa, SintraEmsirva, según el señor Ricardo Gil, agente interventor, “todo iba por buen camino” Cabe anotar que la empresa fue Certificada en Febrero del 2009 bajo los estándares de la Norma técnica de Calidad GP 1000 y la ISO 9001:2004 bajo el certificado CO09/2819 emitido por la calificadora SGS por excelencia en la prestación del servicio público de aseo y servicio especial hospitalario. Fueconsiderada como la primera empresa pública de Cali en favorabilidad según Encuesta de FEDESAROLLO 2007. Sin embargo el día 25 de Marzo de 2009, en la media noche, la SSPD liquida la Empresa de Aseo de Cali, EMSIRVA ESP, mediante un acto administrativo, facultado formalmente por las atribuciones legales de la intervención, pero contrario al derecho, y de espaldas a la ciudadanía caleña, al Concejo y sin el concurso de la Alcaldía Municipal.
responsabilidad legal y disciplinaria concerniente a la prestación de los SPD.
de la SSPD en lo
No tuvo en cuenta las responsabilidades legales de los actores involucrados con graves consecuencias en materia ambiental, social e institucional.
La SSPD no respeta, ni acata los planes de manejo ambiental y de manejo social recomendados por la C. V. C. a través de la resolución 336 de 1999, para implementar en el cierre de Navarro, tampoco, los que incluían la inserción de 722 recicladores al proceso de cierre de este botadero de basuras, simplemente los dejo sin empleo.
La decisión se tomó sin la existencia de un plan de contingencia ni de mitigación de riesgos, que compromete sin lugar a duda la
Si cada hora viene con su muerte si el tiempo es una cueva de ladrones los aires ya no son los buenos aires la vida es nada más que un blanco móvil
usted preguntará por qué cantamos si nuestros bravos quedan sin abrazo la patria se nos muere de tristeza
SMAD Arremete contra trabajadores de EMSIRVA 26 marzo 2009
La premura o el afán de liquidar la empresa ha generado otros problemas relacionados con la licitación de la zona que operaba EMSIRVA, entre otros, los de carácter Jurídico. En efecto la Corte Constitucional mediante Sentencia T 291-del 2009, ordenó la suspensión rotunda por un periodo de 3 meses de la licitación para adjudicar la operación de la zona donde operaba Emsirva, en respuesta a la demanda de tutela presentada por los recicladores contra la Superintendencia y en defensa del derecho a una vida digna. Manifiesta la Corte: “Esta participación no puede ser estimulada buscando sólo su incorporación como empleados sino que debe contemplar la posibilidad de que puedan continuar su desempeño como empresarios de la basura”. Además, precisa que “en ningún caso los recicladores (…) pueden quedar completamente excluidos de la actividad de aprovechamiento de residuos”.
y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza
usted preguntará por qué cantamos si estamos lejos como un horizonte si allá quedaron árboles y cielo si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro
usted preguntará por que cantamos cantamos por qué el río está sonando y cuando suena el río / suena el río cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino
El citado fallo ordena también que la Alcaldía y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, presenten un proyecto en un término de seis meses en el que incluya “a los recicladores de Cali en los programas de recolección, aprovechamiento y comercialización de los residuos que proteja a los empresarios y fortalezca las formas de organización solidaria”. Teniendo en cuenta además las necesidades de salud y vivienda de los recicladores y sus familias como obligación particular de la alcaldía de Cali.
Escobitas en jornadas de protesta en el CAM
Finalmente, este proceso adelantado por la Superintendencia, fue tan irregular que el Concejo en pleno aprobó la solicitud de revocatoria directa de la resolución de liquidación y la ciudadanía caleña marcho reclamando su empresa, defendiendo su patrimonio. Esta curul mantiene firme su demanda de revocatoria de la liquidación, la recuperación del patrimonio público y la defensa del trabajo de los recicladores y solamente como plan B estudiaría la constitución de una nueva empresa.
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El Rincon del poeta Rinde homanaje a:
La liquidación de EMSIRVA ESP significa para el municipio el traslado de deudas por un valor superior a los 100.000 millones de pesos, la responsabilidad del pasivo pensional y una crisis de desempleo que recae sobre la situación social de Cali, al liquidarse 1872 puestos de trabajo, entre operarios de la entidad (1150) y Recicladores de Navarro (722). El cierre del Basuro de Navarro presenta problemas en materia ambiental pues existen serias inconsistencias técnicas en el tratamiento de los lixiviados. Con el traslado del sitio de recolección final a Yotoco se incremento la tarifa en un 73% por los sobre costos del transporte.
En el momento de la liquidación, Emsirva ESP contaba con activos totales por valor de 106.000 millones, un patrimonio total a favor por valor de 43000 millones, bienes muebles e inmuebles por valor superior a los 5000 millones de pesos, 700 Operarios de recolección y barrido por el sistema de Cooperativas asociativas de Trabajo y 450 Servidores públicos, pero esta ruta que hoy transita Emsirva, es la misma ruta que han transitado 19 empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en todo el país, victimas de un modelo único implementado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como es el de Intervención / Liquidación / Privatización. Este modelo de privatización de los servicios públicos, en el caso de EMSIRVA, mostró una serie de irregularidades y contradicciones que la SSPD no ha sabido explicar.
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cantamos por el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos
cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota
cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta