DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES Y GOBERNAR CON RESPONSABILIDAD Pronunciamiento La protesta de los jóvenes del país contra la ley 30288 que recorta los derechos laborales reconocidos por la Constitución, recibe como respuesta del Gobierno la indiferencia política y el maltrato policial. En las marchas que se vienen dando participan miles de jóvenes de universidades, institutos técnicos y desempleados de todo el país, con el apoyo de padres de familia, gremios sindicales y las centrales nacionales de trabajadores.El Gobierno responde a ello con bombas lacrimógenas, la detención de estudiantes y periodistas golpeados, cámaras fotográficas y celulares requisados, como se ha visto en la protesta del 15 de enero. El Ministro Urresti ensaya la monserga que tras la movilización hay fuerzas “diabólicas” que manejan a los jóvenes, en el trillado intento de vincular la defensa de los derechos con la acción de grupos violentistas. Sin embargo, no explica el uso de la violencia por la policía, ni cómo es que sus sofisticados equipos de inteligencia no logran prevenir la presencia de infiltrados en las movilizaciones que son los que propician los conatos de violencia. Lejos de emprender acciones de rectificación contra la ley que suscita la protesta de dos tercios del país, el p residente Humala y su Ministro de Trabajo juegan a “reglamentar” la ley cuestionada, sin tomar en cuenta para nada las razones del descontento de los jóvenes. Humala persiste en llevar a la práctica la criminalización de la protesta que viene de los años 90 en decretos legislativos como los 982, 983, 988 y 989; los decretos legislativos 1097, 1095 sobre empleo y uso de la fuerza, del periodo de Alan García, y la más reciente Ley 30151 de Humala que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. El Ministerio del interior continúa por su parte desarrollando sutiles métodos de hostigamiento a los manifestantes, lo que incluye la colocación de barricadas indebidas en áreas de tránsito público, las amenazas y ataques a mansalva (como en Cajamarca), y el uso indebido de la fuerza policial para impedir el diálogo directo de la población descontenta con los poderes del Estado. Dignidad y Democracia rechaza esta reiterada falta de respeto a los procedimientos democráticos que muestra el gobierno de Humala, sirviéndose para ello de operadores militares que no entienden de democracia, ni de derechos constitucionales, ni del diálogo para buscar soluciones, sino únicamente del uso teatral de la fuerza. Se impone la derogatoria de la ley 30288 y la salida del ministro Urresti, ministro en el cual se condensan todos los defectos del régimen: su testarudez militar, los psicosociales montados, la palabrería insulsa, la persecución contra civiles y la falta de soluciones.
Lima, 16 de enero del 2015