ALTO AL ESTADO DEL ESPIONAJE POLICIAL Pronunciamiento Dignidad y Democracia condena resueltamente los actos de seguimiento clandestino – “reglaje”- que se han denunciado a cargo de aparatos de inteligencia del Estado, en contra de políticos de la oposición, siendo una de las víctimas recientes la parlamentaria, Natalie Condori, vocera alterna de nuestro grupo parlamentario. •
Desde los años del infame SIN se ha hecho una práctica el seguimiento a políticos y personalidades públicas, sobre todo a quienes critican y se ubican en la oposición al gobierno. Hoy en día esas prácticas se expanden con total impunidad, como lo prueba el hecho que no pasa día en que no se “revelen” fotos, un video o una grabación clandestina que circula libremente conteniendo en muchos casos sólo rumores o montajes que no se sabe quién los hace, afectando generalmente la dignidad de las personas y manipulando la información que llega a la población.
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Los ciudadanos pagan con sus impuestos la existencia de unidades de inteligencia para su protección. Lo que no puede aceptarse es que el Estado utilice esos aparatos contra los propios ciudadanos, para registrar información indebida, entrometerse en la vida privada o la intimidad de las personas, o para amedrentar, chantajear y denigrar exactamente como se hacía en los años 90.
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La actual Constitución en su artículo 2 (Derechos fundamentales de la persona), reconoce que toda persona tiene derecho: “6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.” “7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Por consecuencia, las personas no pueden ser objeto de filmaciones indebidas, ni de seguimientos ni mucho menos de “reglajes”. Cualquier seguimiento que se haga sin autorización judicial debe ser investigado y sancionado.
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El Gobierno debe identificar a los autores de los reglajes denunciados. Debe explicar también a qué se dedican los servicios de inteligencia del Estado. En primer lugar debe informar en qué se gasta el presupuesto de inteligencia de las fuerzas armadas y policiales.
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Demandamos a la Presidencia del Congreso que se cite en la forma debida a los responsables de los servicios de inteligencia del país, para que expliquen la legalidad de las acciones que realizan y las medidas que implementan para proteger la vida privada, la intimidad y la seguridad de las personas.
¡Rechazamos rotundamente que la democracia se convierta en un estado de seguimiento policial! Lima, 18 de enero de 2015