El espacio de Ciudadanía by ciudadaniaydemocracia

Algunas reﬂexiones sobre la construcción de una nueva herramienta política el ESPACIO de ciudadania

Los Conjurados En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus aﬁnidades. Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios, porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas. Fueron Winkelried, que se clava en el pecho las lanzas enemigas para que sus camaradas avancen. Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son Paracelso y Amiel y Jung y Paul Klee. En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de ﬁrme fe. Los cantones ahora son veintidós. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias. Mañana serán todo el planeta. Acaso lo que digo no es verdadero; ojalá sea profético.

Jorge Luis Borges

“Qué desapasionado, prosaicamente práctico, noblemente soso es nuestro tiempo. Aunque tal vez tenga también su lado bueno: uno puede distinguirse por su extravagancia.” Robert Walser

Abril 2008

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que actúen para evitar la crueldad de la desigualdad.

Construir

colectivamente una sociedad cada vez más democrática implica interpretar los cambios que se han ido operando en la relación entre la política y la ciudadanía, y comprender que cualquier intento de modificación institucional, sin la existencia previa de un plexo cultural que le sirva de marco y de referencia, no pasará de ser una nueva frustración. El proceso de democratización que planteamos, mucho más allá de las supremacías teóricas y prácticas tradicionales, se plantea centralmente el reconocimiento cultural de las particularidades y la reconstrucción de los lazos de legitimidad democrática en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. La democracia argentina necesita ser resignificada. Esta resignificación tiene que ser encarada reconociendo dos aspectos que, aún cuando no expresan lo mismo, sin duda convergen para explicar el empequeñecimiento democrático actual. Nuestra democracia fue objeto de un deliberado abandono de la representación y por la exagerada autorreferencialidad de las prácticas partidarias, lo que culminó por alejar a las expresiones políticas de los problemas y deseos colectivos. Pero a esta primera tensión se le ha sumado otra de mucha más gravedad por sus consecuencias. Ahora es la ciudadanía la que le ha quitado la palabra a la política y ha dejado de escucharla. La enunciación, la propia gramática de la política es la que está cuestionada. La política no le habla a nadie en particular, a ninguna persona. Los esfuerzos para lograr una efectiva democratización de las decisiones deben concentrarse en reconstruir la actividad política desde el entramado cultural para, desde allí, dotarla de potencia. Para esto es indispensable recuperar el sentido reformador de las instituciones democráticas. Esto dará sentido a la palabra de la política y ensanchará el horizonte público favoreciendo así la expresión de la creatividad y la esperanza social. Desde este reconocimiento de la complejidad del problema de la democracia en la Argentina, el planteo que queremos hacer no puede ser encarado desde otro sitio que desde el de reconocer que el carácter contingente de ciertos conflictos, vinculado a las múltiples realidades sociales, coloca en el centro de la cuestión democrática nacional el diseño de instituciones consagradas y por consagrar

¿Por qué razón es necesaria una nueva forma de institucionalización política? ¿Por qué el “CI”, Espacio de Ciudadanía? Lo que sigue no está animado, desde ya, por ninguna vocación conclusiva. Más que a orientar el debate o sugerir su itinerario, intenta desordenar (literalmente) los esquemas de discurso habituales sobre lo político y promover nuevas preguntas. Consideramos indispensable discutir y desmontar la demostrada vocación de gobernantes, intelectuales, propaladores y correveidiles del poder, que ven sólo en el populismo o en la adaptación a las condiciones dadas, los nombres de la democracia en América Latina. En este sentido, entonces, es que planteamos la creencia en que hay algunos (reconociendo muchos más, pero facilitándonos las cosas) lugares -entendidos como esferas de lo teórico (conceptos, habla) y de lo práctico (discurso, política)- que pueden ser utilizados para pensar nuevas institucionalidades. Tanto la identidad, como la forma interno-externa, la creación de audiencias, la proximidad y la relación con la cultura, son, a nuestro criterio, buenos lugares desde los que partir para una discusión. La formulación de interrogantes al interior y sobre las márgenes de estas esferas puede ser de utilidad.

Sobre la identidad Este es un tema muy complejo, puede resultar, inadvertidamente y bajo el manto de virtudes, un tópico que se torna conservador y que limita la pluralidad. Si se hace recaer todo sobre un ejercicio de una memorística fatal puede resultar, en sentido borgeano, en un ejercicio patético y hacer olvidar las esperanzas. Si se exagera en la construcción unívoca de la identidad se pierde riqueza y se gana en elitismo y egolatrías, cuando no en actitudes directamente negadoras. Tal vez la primera pregunta aquí es ¿quiénes somos nosotros? A partir de esta primera introspección podríamos intentar salir preguntándonos sobre la relación de ese nosotros con el sentimiento nacional, con las distintas familias teóricas y prácticas y con los otros.

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general de los principios y los proyectos de las tecnologías organizativas que eventualmente se adopten. Probablemente, la apuesta más trabajosa y por la que merece la pena articular los mayores esfuerzos, incluso por la dificultad que ello plantea en términos internos, es la construcción de una expresión política con rasgos más definidos. Más allá de la calificación “partido” -que está desprestigiada en la Argentina contemporánea- hay que ver, por debajo del símbolo, la realidad que se pretende construir. Y en este sentido, deseamos aportas algunas ideas al debate.

Sobre la forma No son pocas las veces que se discute sobre la relación entre medios y fines, entre la manera de hacer las cosas y sus consecuencias. Tampoco son escasas las menciones a la novedad, a la participación, a la incorporación de nuevas gentes, de nuevas ideas. Una pregunta primera es ¿alcanza con la política? Y se pone en dialogo con otras, ¿qué es ser nuevo? ¿La idea que tenemos del conflicto nos es útil para crear politicidad? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas de liderazgo? ¿Cómo hacemos para incorporar a otros que no hablan como nosotros y que no hacen lo mismo que nosotros? ¿Cómo podemos crear una nueva forma institucional de lo político que, sin perder la ambición docente y civilizatoria, reconozca y refleje los nuevos modos de construcción de la subjetividad?

Sobre la proximidad Además, permite pensar un esquema de incorporación de proximidad a la democracia. Una democracia que se nutre de la política que experimenta con la cultura, necesariamente juega mucho más con relación a las experiencias que con las estadísticas o la formulación meramente conceptual. De éste modo, la pobreza no es un índice ni su desgracia termina porque las mediciones se realicen correctamente. Las situaciones vivenciales de la pobreza, las experiencias personales de la desigualdad, son las que la política debe representar para resolver o atenuar.

Sobre la creación de audiencias Es innegable que, tanto hacia dentro como hacia fuera, la práctica política tal y como la estamos llevando adelante pierde, sistemática y preocupantemente, capacidad de seducción. Nadie está demasiado conforme con el lugar en donde ejerce su práctica militante, y muchos, y muy buenos actores, terminan por desafectarse. La ciudadanía, asumido su papel de espectador, cada vez mira con mayor desinterés y no escucha, porque siente que no es a ella a quién se dirige el discurso político. Podemos revisarnos, podemos preguntarnos ¿Cuál podría ser el léxico nuevo de lo político? Podemos proponernos cambiar los modos de enunciación bajo la pregunta ¿Son los mismos problemas, son las mismas maneras de encararlos? ¿Debemos descartar cambiar los criterios de comunicación política tradicional? La pregunta que tal vez anima a todas las demás en esta esfera es ¿Cómo devolverle a la ciudadanía la sensación de que la enunciación política se dirige hacia ella? El desafío es interpelar al ciudadano en su casa, en la mesa familiar, mundanizando la política sin apelaciones sacriﬁciales.

Las posibilidades de enunciación deben acompañar estos ejercicios reﬂexivos buscando incorporar palabras, enfoques y actores no reconocidos por la política conservadora que sólo habla de sí misma. Es necesario apartarse, en consecuencia, de la enunciación puramente republicana, no porque no contenga virtudes, sino porque empequeñece la discusión tornándola exclusivamente procedimental. Es indispensable recuperar el carácter democrático en la discusión, dando fuerza a la dimensión experiencial, que sólo puede ser cobijada por la discusión sobre la democracia. Debemos, además, ser capaces de hacernos nuevas preguntas, de presentar los problemas de otra manera y de encontrar palabras nuevas con las que decir; hay que recuperar a los actores directos de la experiencia que intentamos representar, y debemos ser capaces de reescribir la relación entre ciudadanía y política formulando políticas públicas (en el más amplio de los sentidos) que primero sean discutidas con los actores

Entonces, y poniéndonos de lleno a pensar la cuestión, decimos que los modos posibles de institucionalización de una fuerza social con proyección política son varios y es necesario distinguir el plano más

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que intervienen, y a las que luego se les dé la forma de enunciaciones y prácticas desde el sistema político.

(de todo tipo) que contemplen dentro de sí los nuevos rasgos de la construcción subjetiva marcados por lo cultural. Así, las instituciones que intenten ser novedosas deberán estar en condiciones de agregar desde distintas dimensiones, de consolidar sus acuerdos en base a problemas y de dotar de dinamismos a sus referentes. En deﬁnitiva, serán instituciones que convivan con espacios de incertezas hasta ahora desconocidas o disimuladas.

Sobre la política y la cultura En la Argentina de nuestros tiempos, es indispensable hacer emerger una identidad desde donde enunciar y desde donde diseñar aspectos que, siendo estrictamente políticos, son al mismo tiempo esencialmente prácticos e inherentes a la cotidianidad de millones de conciudadanos. Las posibilidades de enunciación y práctica conjunta, haciendo eje en problemas más que en cuestiones de naturaleza puramente ideologizante. Rescatamos, eso si, la importancia de establecer una relación dialógica con distintas dimensiones presentes en lo político, en la patria, la cuestión nacional y popular, las culturas de izquierdas, las distintas familias teóricas. Estando presentes todas ellas en el habla y el hacer político, una nueva incorporación léxica y actitudinal en la escena política no puede menos que empezar a reconocerlas para lograr su superación. Tomando las palabras de Walser, la extravagancia nos permite no reducir lo político a lo institucional y sí sumarle rasgos culturales. Conscientes de los interrogantes y prejuicios que necesaria y provocativamente se abren a partir de esta aﬁrmación, es necesario intentar desmontarlos para hacer surgir su vigorosidad. En un intento por devolverle a la cultura su extrema politicidad, sugerimos pensar la relación entre política y cultura de la siguiente manera. En principio y obviamente, la cultura aquí expresada no comporta una virtud que algunos poseen y otros no, y mucho menos implica una suerte de ejercicio domesticador de la naturaleza. La acepción de cultura que guarda politicidad es el que se reﬁere a ella como el conjunto compartido de hábitos de acción que permite que las personas convivamos. Entendida de éste modo, la cultura se pluraliza y se democratiza, conformando una nueva subjetividad marcada por la multiplicidad y la variedad. Estas condiciones culturales, formadoras de la subjetividad individual, pero también de la subjetividad política, deben de ser incorporadas en una política que experimente con lo cultural.

Una expresión política que tenga existencia permanente y que no se agote en las coyunturas electorales Los partícipes del proceso debemos hacernos responsables de este desafío, y evitar dos riesgos de signo diferente, aunque complementarios: en un extremo, la comodidad de quienes quieren seguir reposando en sus sellos, aún a costa de la transformación social que dicen querer; en el otro extremo, el apresuramiento de quienes quieren construir para las elecciones y no interpelar al poder, procurando fomentar liderazgos personalistas que hoy no resultan suficientes o, lo que es peor aún, figuras mediáticas que sólo ganan espacio en la sociedad y en las urnas. Liderazgos políticos y mediáticos son necesarios en la política contemporánea, pero no deben hacernos perder de vista otros pilares fundamentales: la organización de una fuerza orientada a un proyecto político común y sometida a reglas comunes para resolver democráticamente sus conflictos. En este sentido, la experiencia más o menos reciente de construcción de terceras fuerzas y ciertos movimientos que pueden leerse en el proceso contemporáneo, debería servir como muestras para la prevención contra toda institucionalización superficial. Creemos que la herramienta más conveniente para realizar estos objetivos es la construcción de un instrumento político con fuerte arraigo social que no se deje arrastrar por las tentaciones efímeras del mero electoralismo.

Una expresión política que tenga autonomía relativa respecto de las diversas organizaciones y formas culturales que convergen en su formación

La política con experimentación cultural permite pensar algunos de nuestros problemas desde dos caminos. Por un lado nos presenta el desafío de generar instituciones

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El espacio político que aspiramos a conformar no pude agotarse en la intención de representar a un aspecto de la vida social. Ni puede convertirse en el brazo político de un sector – sindical, cultural o simbólico- ya que perdería potencia enunciativa y posibilidades de inclusión. Debe, además, hacerse cargo de una construcción propiamente política, sin contentarse únicamente en el aspecto social o moral, y posibilitando la interpelación a otras expresiones nacionales que son necesarias en un proyecto de poder democrático. En este marco, es importante tener en cuenta las transformaciones en la estructura social argentina y las consecuencias que estas modificaciones pueden tener en la resignificación de la representación política, toda vez que la pregunta que se intenta responder es: ¿a quién pretendemos representar desde esta nueva expresión política? La consolidación de las desigualdades sobre las que se asienta la vida social tiene consecuencias culturales que deben ser tenidas en cuenta al momento de intentar hacer emerger un nuevo actor político. La construcción democrática argentina tiene que contemplar los nuevos espacios socioculturales que las distintas crisis han configurado, sin ese reconocimiento muy probablemente se caiga en diagnósticos erróneos que lleven a equívocos prácticos. No puede construirse desde la homogeneización, saltando por encima de las diferencias, y menos puede construirse desde escenarios que no existen y mediante sujetos sociales que no perciben que están siendo interpelados. Creemos que la herramienta más conveniente para realizar estos objetivos es la formación de una expresión política que, a partir de una serie de valores que modelan nuestra idea de la sociedad, articule orgánicamente a los grupos políticos, las organizaciones sociales e individuos que lo forman, sin suprimir sus particularidades.

La diferenciación política ya no puede ser sólo discursiva, sino que debe ser eminentemente práctica. Este modo de vinculación externa con la ciudadanía debe ser el acompañamiento necesario de una construcción interna marcada por un sentido democrático. Hasta ahora, los partidos han construido hacia adentro y hacia fuera con lógicas distintas, aunque marcadas por el mismo espíritu: hacia dentro, se impone la cuantiﬁcación y la cosiﬁcación de las voluntades a través de redes de control manejadas desde las elites, que “incorporan sociedad” a través de mecanismos perversos que lucran con las necesidades de los sectores desfavorecidos y se sirven de la cultura política particularista que estos propios partidos han producido históricamente; hacia fuera, se construyen “mercancías” políticas de variado tipo –eslóganes, candidatos producidos por el marketing, maquillajes renovadores marcados por el cinismo que tienen como denominador común la instrumentalización de los ciudadanos, los que aparecen tan sólo como una masa que debe ser conquistada para acceder a los cargos del Estado por medio de la formación de mayorías electorales carentes de sustancia. Frente a estas modalidades tradicionales de construcción interna y externa, una nueva forma política con capacidad de seducción hacia la sociedad debería promover la ampliación de la ciudadanía y la democratización en las decisiones. Una de las posibilidades más fuertes que existen en este sentido es abrir al debate y a la construcción colectiva la plataforma del partido y sus postulados éticos, culturales y políticos. Este punto se relaciona estrechamente con la legitimación social de las candidaturas. Aquellos que accedan a ser candidatos por la nueva fuerza política deben su legitimidad al vínculo social previo generado por la aprobación colectiva de la política pública. Como se ve, los candidatos ni siquiera deben su legitimidad a las organizaciones que les dieron su apoyo sino que tributan sólo al proceso público de aprobación de la “plataforma”. Aquellos que vulneren este principio serán pasibles de la facultad de revocatoria de mandato que retienen para sí las organizaciones que componen la estructura de la nueva fuerza.

Una fuerza política que reconcilie la palabra con la acción y que regenere permanentemente las bases sociales de su legitimidad Las nuevas formas políticas deben reactualizar su vínculo con la sociedad a través de mecanismos novedosos de intervención en los ámbitos sociales de participación, promoviendo cada vez más una democracia de proximidad.

Nuestro espacio deberá ser una fuerza política que se nutra permanentemente de su vínculo democrático con la sociedad. De este modo, el lazo representativo

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será regenerado y tendrá potenciales consecuencias sobre la participación democrática de la sociedad: una fuerza política que mira a la sociedad a la cara y sin vergüenza está en óptimas condiciones para canalizar la participación popular sin subordinarla a las lógicas que tradicionalmente han fustigado a estas prácticas.

No es el caso identificarse con alguna experiencia actual de gobierno socialdemócrata en el exterior, ni con la noción tradicional de lucha de clases acuñada por el marxismo. Sí, más bien, asociarnos con grandes causas globales como la de la pacificación de la Humanidad, la preservación del medioambiente, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la erradicación del trabajo infantil y la salida de la incertidumbre para millones de trabajadores que no recibirán en el futuro las pensiones que merecen según los aportes que realizaron. También con la recuperación de una Idea Solidaria de la Libertad, que deje atrás la concepción dominante en las últimas décadas, que constriñe la Libertad a las salidas individuales, y a éstas, exclusivamente con la acumulación de renta económica. La crisis actual da noción de incertidumbre, inseguridad, desorientación, temor, riesgo, dificultad para adaptarse. De todo esto se debe forjar una nueva demanda política a satisfacer. La respuesta positiva que se dé para eliminar esas percepciones en el campo institucional, de la educación, del trabajo, de la seguridad social, constituirá la clave de nuestra nueva identidad política, tan activamente reclamada por la militancia, y tan pasiva y sigilosamente esperada por el grueso de la sociedad. La efervescencia en medio de la cual nos encontramos no sólo es tecnológica: es la mayor revolución social después del industrialismo. Pero, a diferencia de aquella, la mayoría de la sociedad no es quien la protagoniza, sino quien la sufre. Se trata de una verdadera revolución en cuanto al rediseño global de la sociedad y su relación con el trabajo, la cultura, el progreso. Durante la revolución industrial, una élite productiva, comercial y financiera sentó sus bases conformando la nueva burguesía, pero al mismo tiempo necesitaba del conjunto de la población activa para el logro de sus fines económicos. Era inclusiva; desigual, pero inclusiva al fin. Y así se formó el proletariado, con su ideología y sus modos de organización sindical y política. Por el contrario, la revolución social de nuestros días es excluyente. Ha destruido aquellos modos de organización sin remplazarlos por otros. En cuanto a la ideología, la revolución mediática convirtió, en muchos casos, a los excluidos en portaestandartes del discurso que legitima su propia expulsión del sistema. Hasta el momento, y al no hallarse alternativas, el post-fordismo reduce a la sociedad a una variable de-

Aportes concretos para la construcción de una nueva opción política plural y reformadora Creemos en la necesidad de generar un instrumento político-electoral que compita en el ámbito nacional y que procure nuclear a distintos sectores sociales y culturales e intente captar asimismo nuevas voluntades entre los ciudadanos argentinos. Más allá del arco de organizaciones políticas y partidarias que conformen una nueva formación política, es un hecho que el perfil ideológico y programático que se pretende plasmar en la práctica, más allá de lo equívoco de estos calificativos, es el de un espacio de izquierda democrática. Sin embargo, estos términos no pueden ser más que simplificaciones, etiquetas que permiten realizar un mapa cognitivo de los actores políticos situados en un espacio izquierda-derecha que dista de ser patente para el electorado, y que no agota de por sí la complejidad de qué cosa son las izquierdas y qué cosa el progresismo en una coyuntura política que se caracteriza por la erosión de las identidades políticas, de las instituciones democráticas y de los lazos simbólicos de representación. Sin embargo, y más allá de las ambigüedades propias del espacio ideológico argentino, es bueno tener claro desde qué punto se parte y luego permanecer abiertos y permeables a las sugerencias y retornos que provienen de la forma en que la sociedad nos percibe, para entonces reformular o reafirmar, enriquecidos por el feedback de la sociedad, nuestro punto de partida. La pretensión de izquierda democrática como punto de partida, remite, más bien, a ciertos valores aún vigentes del pensamiento político: la vocación de transformar la realidad, la identificación con las grandes causas revolucionarias de la historia y la disposición siempre presente para movilizar física y culturalmente a las multitudes en pos de sus objetivos.

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pendiente del mercado. Consuma, así, el paso de la economía de mercado a la sociedad de mercado. Paradójicamente, en el momento en que política y sociedad deben identiﬁcarse más frente al mercado es cuando más se distancian. Esto es consecuencia de la falta de credibilidad que, frente a la opinión pública, nos supimos granjear los dirigentes. De este modo, la brecha de la ‘sociedad política’, por la que penetra la ‘sociedad de mercado’, es cada vez más profunda.

entre moral y política y entre responsabilidad legal -infringir la ley en alguna de sus formas- y responsabilidad política -ser un estadista incapaz y/o ineﬁciente. Estas formulaciones equivocan y desvirtúan la naturaleza del problema de la construcción democrática, desviando el eje de la discusión y particularizando excesivamente el discurso, tornándolo apolítico y estéril para la ciudadanía. Una fuerza política responsable debe intentar velar por estas distinciones que hacen a la calidad de la democracia sin que por ello deba perderse agudeza en la crítica ni capacidad de interpelación pública.

De ahí que la batalla principal de nuestros días sea por la política. Política que volverá a conseguir conﬁanza y adhesión de la sociedad en la medida de su sesgo ejemplarizador. Por eso es que la trasparencia en la metodología de construcción de poder y la incorporación de ciudadanía, resulten tan importantes como la eﬁcacia del programa, o tal vez constituyan el pre-requisito de esto último.

Conformar una identidad política cohesionada y plural En el imaginario del espacio ideológico de las izquierdas democráticas existen determinados tópicos que hacen las veces de puntos de reconocimiento simbólico -sellan aﬁnidades “hacia adentro”- y que funcionan por alteridad. Esto es, se identiﬁca a un Otro responsable de las penurias y sufrimientos de los ciudadanos argentinos y se llama a oponerse a ese otro. Así, ese otro pasa a ser, paradójicamente, un componente necesario de la propia identidad y por ende un freno para la cabal conformación de la misma. Esta operación de construcción identitaria sobrevalora los términos de oposición en detrimento de los de construcción. En términos estrictamente políticos, se trata de abandonar la actitud peticionante de exigirle a Otro -estado, establishment político o similares- que haga lo que “debe hacerse” -redistribuir el ingreso, democratizar las decisiones- y estar en condiciones de plantear una alternativa viable y efectiva para ser llevada a cabo por méritos y construcción propios y no por la simple diferenciación de un Otro que encarna todos los males. La construcción simbólica por alteridad es útil al momento de marcar diferencias con las otras agrupaciones políticas con las que se compite por el voto popular y es por lo tanto necesaria mientras entre las otras identidades y la que se pretende construir se mantenga una relativa “igualdad” de condiciones -distintos proyectos compitiendo por captar voluntades, y que gane el mejor- pero se vuelve un obstáculo y un síntoma de falta de madurez cuando ese Otro deviene necesario para la propia co-

La gestión democrática de los asuntos públicos no debe apelar a expresiones que son ajenas a su ámbito. La democratización implica la ampliación de la ciudadanía en todas las esferas, desde una mayor y efectiva participación en el seno de las instituciones del Gobierno a una ampliación de la ciudadanía social mediante un Ingreso de Ciudadanía. El efectivo ejercicio de la ciudadanía, concebida en sentido amplio, implica que la participación política genera mejores individuos, más interesados, autónomos y comprometidos con su país. La difusión de estas prácticas ciudadanas aspira a transmutar, mediante incentivos institucionales y materiales, una cultura política caracterizada por la seducción del carisma y la delegación. Agitar banderas de cruzadas éticas o de inmolaciones en nombre de la moral puede signiﬁcar únicamente el estrechamiento del horizonte de interpelación política y la apertura de un peligroso frente de impugnación. Quien se presenta como baluarte de la ética deja de serlo ante la primera sospecha en su contra; quien basa su discurso en representar la única verdad es forzado a una pureza inhumana; quien intenta criminalizar al adversario político mediante denuncias de corrupción judicializa la política y politiza la justicia, convirtiéndose en ﬁscal y no en estadista, en inquisidor y no en gobernante. Quien hace esto último degrada aún más a un sistema institucional desvirtuado y atravesado por múltiples intereses particularistas, borrando las necesarias fronteras

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herencia identitaria y discursiva. Del mismo modo, la construcción por alteridad suele ser eficaz al inicio de una construcción pero se vuelve una carga cuando la acumulación social necesita de la responsabilización por la toma de decisiones y la gestión de lo público. Los procesos políticos y sociales no se conjuran con frases, y, muy probablemente, las construcciones con las que antagonicemos, como podría ser el neoliberalismo, estén realmente superadas cuando su muerte no sea mentada ya, sino cuando a la ciudadanía toda le parezca absurda su instauración y sus premisas. Igualmente, sólo será cierto que el sistema de partidos tradicional habrá terminado cuando una fuerza política, combinando coherencia sin perder reflejos ante los cambios sociales y haciéndose cargo del valor de la gestión seduzca lo suficiente a la ciudadanía, como para consolidar un sentido común alrededor de la necesidad de cambios políticos amplios y ligados a la inclusión y a la conformación de una sociedad de diferentes que aspiran a la hospitalidad y la convivencia. Ese convencimiento puede ser logrado sobre la base de resaltar la novedad de nuestra fuerza política, su falta de compromiso con el establishment económico que llevó al país a la actual situación y su voluntad de iniciar un profundo proceso de democratización como preparación y aprendizaje responsable propios de un proyecto de alcance nacional. Nuestro proyecto no tiene por qué temerle a un proceso de apertura de la deliberación pública porque no tiene nada que esconder. Resulta indispensable promover hasta el límite sociológico y político los niveles de participación y discusión de los programas de la expresión política que aspiramos construir. La democratización que esto supone genera, reiteramos, una verdadera democracia de proximidad que es una de las potenciales posibilidades de ampliar los márgenes de ciudadanía logrando pasar por encima, apelando directamente a la sociedad, a los aparatos de los partidos tradicionales.

de gestión locales pueden servir para que podamos demostrar que las izquierdas democráticas actuales pueden gestionar bien, e incluso que pueden hacerlo de manera más democrática, justa y eficiente que los partidos tradicionales. Nuestro proyecto carece de aparato partidario en sentido clásico, lo cual lo libera de las presiones facciosas por puestos y “negocios”, pero mantiene una importante base social estructurada de manera heterodoxa, siendo el grupo de dirigentes que conforman el “CI” Autónomo y sus aliados locales y regionales, un sustento organizacional, simbólico y territorial de gran relevancia. Asimismo, la experiencia que pretendemos alumbrar conjuga la existencia de cuadros de prestigio y capacidad reconocida internacionalmente con la virtud de que ninguno de ellos ha participado activamente en las iniciativas que llevaron a la debacle del país. Frente al errático derrotero de la oposición, y a la claudicación por la vía de la captación por el Gobierno de sectores progresistas, se abre potencialmente un espacio de representación genuinamente plural que puede ser ocupado por nuestro espacio, pero este conjunto de oportunidades debe ser aprovechado construyendo una experiencia política diferente, y no transitando justamente los caminos que llevaron al fracaso de otras experiencias. Para aprovechar la coyuntura y tornarla favorable, debemos intentar conformar una identidad política frente a una audiencia compleja y fluctuante, por lo que una excesiva ideologización en términos clásicos podría desvirtuar la novedad y recaer en el consignismo, el lugar común y la retórica autocomplaciente y autoreferencial. La propuesta de democratización de las decisiones y de la riqueza puede ser una puerta de entrada original que dé cuenta del proceso que se quiere llevar a cabo. Con la puesta en marcha de este proceso de democratización, se deberán crear nuevos léxicos que permitan respetar la especificidad de esta nueva experiencia evitando transitar los caminos de la vieja izquierda populista y arcaica y las experiencias del progresismo híbrido, epidérmico y meramente discursivo. Un proyecto civilizatorio implica mayor autonomía individual y ciudadanía social, respeto de la diversidad y preocupación por la efectiva vigencia de la ciudadanía en términos amplios, como ciudadanía política y social. La bandera de la democratización no puede ser sostenida por los partidos tradicionales, demasiado com-

Evitar la sobreideologización y suscitar la esperanza social En consonancia con lo dicho, se deberían explorar nuevas formas de interpelación pública y no descansar sobre apelaciones ya transitadas y conocidas. A efectos de poner en marcha un proyecto nacional, las experiencias

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prometidos con un proyecto concentrador del ingreso y de las decisiones. Nosotros, en cambio, sí podemos agitar sin miedo la bandera de una profundización de la democracia. Estimamos que la oportunidad de recrear la esperanza social no debería ser desperdiciada.

desde una comisión interna de fábrica puedan valorizar ese trabajo social gracias a las primarias y trasladarlo al espacio político, más abarcativo y problemático, pero también, y fundamentalmente, el único espacio que permite la cabal transformación de la realidad. Este diseño implica que la presentación de las candidaturas deberá contar con avales por parte de las organizaciones sociales y su cantidad de presentaciones deberá estar sometida al número de los cargos en el distrito. La conformación de las listas de candidatos será por preferencias, dando la posibilidad de ordenar jerárquicamente la nómina. Este esquema no responde a antojadizas ocurrencias técnicas sino que está pensado para respetar el principio de incorporación de sociedad a la política, por un lado, y, por el otro, tiende a eliminar el que creemos es el principal problema de la tradicional lógica orgánica de los partidos políticos: el proceso de nominación de los candidatos. En los partidos tradicionales, la lógica del proceso de nominación de candidatos determina la práctica política deﬁniendo, por vía de la disciplina partidaria, la práctica y la gestión. La consecuencia estrictamente política de esta cuestión es que los actores políticos no deben las bases de su legitimidad a los ciudadanos sino a las lógicas de agregación interna de los partidos. Del modo en que planteamos se estructure la organización institucional del nuevo proyecto, este punto puede evitarse, sobre todo si se comprende que la promoción de los liderazgos y de las candidaturas no se instaura la primera vez y para siempre sino que la lógica planteada se implementaría cada vez que exista la opción electoral, permitiéndose la rotación y diﬁcultándose la consolidación de elites políticas de tipo profesional.

Incorporando sociedad a la política. La selección de candidatos Hasta ahora las fuerzas políticas han incorporado sociedad en tejidos asimétricos que tienen como piedra de toque no a la participación ciudadana sino a la resolución de las luchas por el poder en el seno de los partidos políticos, que implican elecciones internas y, por lo tanto, la obligación estructural de incorporar masas de votantes. Una construcción alternativa debería convocar a la población no como un insumo necesario y no siempre querido para resolver con apariencia democrática los asuntos internos que competen a las elites partidarias en pugna, sino para dar una respuesta política genuina a las demandas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Creemos que la herramienta más conveniente para realizar estos objetivos es una expresión política que fomente la participación genuina a través de mecanismos democráticos y ágiles de toma de decisiones, y que incorpore como método para resolver sus diferencias a las primarias abiertas con registro previo individual. Esta forma institucional permite construir a partir de la movilización social sin incurrir en el folclorismo de la afiliación, lo que resulta importante toda vez que lo que se pretende es no caer en las viejas tradiciones partidistas. Este registro permitirá, además, sumar a los ciudadanos “sueltos” y no sólo a las organizaciones y colaborará en evitar el “acarreo” de las voluntades. Es indispensable sumar sociedad a la política: entonces, la institucionalidad interna de la nueva expresión política debe estar alejada de toda cosificación. El registro previo individual deberá contemplar la posibilidad de que todos puedan ser candidatos a los distintos cargos. Es necesario que se pueda reflejar los distintos modos de construcción política en la selección de candidatos, y esto implica que aquellos que trabajan a diario en organizaciones sociales, aquellos que forman parte de centros de estudios y aquellos que activan

A modo de conclusión Por todo lo antedicho, creemos que resulta indispensable destacar los cambios a los que ha sido expuesta la noción de legitimidad en el ejercicio del poder público. Esta legitimidad, cuyos límites entre origen y ejercicio se encuentran en vías de resigniﬁcación, se aﬁanza mucho más en la gestión y en la posibilidad de contener simbólicamente la diversidad social. Priorizar esto último, por encima de cristalizaciones ideológicas, no debe implicar, por otra parte, caer en el

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relativismo ideológico tan propio de nuestros días. Las sociedades actuales se encaminan mucho mas a una revalorización de sus espacios privados y a una redescripción del concepto de lo público que a una reverdecer de antiguas formas de politización que, en cierta manera, consideran fracasadas. Sólo el ejercicio exagerado de la nostalgia como categoría política, verdadera enemiga del reformismo, puede pretender retrotraer a la sociedad lo suﬁciente como para que se pierdan los claros rasgos de heterogeneidad que resultan evidentes y que no tienen, por deﬁnición, carga ninguna de negatividad. Las nuevas formas de la legitimidad implican el establecimiento de mediaciones democráticas que favorezcan la construcción colectiva y las distintas formas de lo político deben ser capaces de acompañar a la sociedad en esa experiencia. Una nueva expresión política puede ser el mejor terreno de experimentación para que la relación entre el Estado, la ciudadanía y la política alumbre una nueva forma social democrática y pluralista.

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ESPACIO

CIUDADANÍA

El Espacio de Ciudadanía (“CI”) es un partido político reformador, plural y fuertemente democrático. El “CI” contrae con este ideario y estas bases de acción política el compromiso de intentar hacer frente a la desafección política de las ciudadanas y ciudadanos argentinos, devolviéndoles decisión y autonomía para forjar el destino individual, de las familias, de los grupos y de la nación, construyendo una sociedad plural, diversa e igualitaria. Otro de los desafíos del “CI” es el de constituirse como una opción seductora para los argentinos desde un espacio político y electoral de centro-izquierda moderno, vital y consecuente. El “CI” nace con el compromiso de aportar nuevas ideas, impulsar nuevas políticas y restituir el principio de realidad creativa en la política argentina. El ideario básico del “CI” se compone de lo mejor de las tradiciones teórico-prácticas que discuten y crean el pensamiento popular y democrático de nuestro presente. En la inteligencia de que ninguna familia teórica está en condiciones de convocar totalmente una deﬁnición de democracia, nuestro Partido no cometerá la torpeza de renunciar a la potencia idearia del socialismo democrático, del liberalismo progresista y del humanismo cristiano. En la articulación de ellos en combinación con las lógicas de reconocimiento propias del comunitarismo, las mujeres y los hombres que formamos el “CI” encontramos los principios que hoy fundamentan la convivencia y la hospitalidad en todas las sociedades avanzadas. Estas tradiciones políticas parten de una base común que las convierten en la mejor plataforma en la búsqueda de la igualdad. Los problemas políticos actuales son complejos y requieren soluciones creativas, novedosas y concretas que permitan vincular los cambios en las formas de la subjetividad con la consolidación de instituciones que reconozcan esos cambios sin abandonar la aﬁrmación de los derechos y las libertades individuales y la promoción de una sociedad que se indigna y actúa contra la pobreza y la exclusión social de toda naturaleza. Desde esta perspectiva general, el “CI” se compromete a aportar a la política realismo y sentido común desde los grandes valores de igualdad, libertad, autonomía, justicia social y solidaridad. Es por todo ello que proponemos una nueva política basada, fundamentalmente, en algunas sencillas reglas: El sujeto de la política es el ciudadano En efecto, el ciudadano es la razón de ser del Estado, de los poderes públicos. Las comunidades políticas democráticas están formadas por ciudadanos, es decir, por individuos libres e iguales en virtud de la ley democrática. Los poderes públicos, sólo legítimos en la medida que emanan de la voluntad de estos ciudadanos, tienen la obligación de garantizar por igual sus derechos. Consideramos que las identidades son producto del libre desarrollo de la personalidad de cada individuo: dada su naturaleza privada, los poderes públicos están obligados a respetarlas sin inmiscuirse en ellas. En este sentido sostenemos que el Estado, los poderes públicos en general, deben ser también laicos desde el punto de vista identitario. Así pues, los ciudadanos, iguales en derechos y deberes, son los únicos sujetos de la política.

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Los poderes públicos tienen como ﬁnalidad garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos La igualdad y la libertad son nuestros valores básicos, los dos grandes valores que pretende defender el “CI”. Nuestro Partido promueve un estatuto nacional en donde la Argentina adopte la forma de un Estado democrático, social, federal y de derecho. El Estado, de esta manera, no está constituido sólo por sus instituciones centrales sino también por las provincias, los municipios y las ciudades autónomas. El “CI” cree ﬁrmemente en el principio de corresponsabilidad. Si quiere evitarse el paternalismo y el populismo, los ciudadanos debemos cumplir con los deberes que las leyes democráticas nos imponen y debemos promover espacios de participación y ejercer la función de control. Para el “CI”, la libertad es inescindible de la igualdad, entendida ésta en sentido amplísimo. Desde el punto de vista formal, la igualdad supone la igualdad de derechos y de titularidades, desde otro plano convoca a la búsqueda de los distintos comportamientos institucionales para asegurar la igual satisfacción de las necesidades básicas y, a su vez, eliminar los obstáculos y privilegios que discriminan a las personas para hacer posible que todos los individuos gocen de los mismos derechos, es decir, del mismo grado de libertad. Por otro lado, la democracia, entendida como participación igual de los ciudadanos en el gobierno del Estado, también deriva del valor igualdad. La ley democrática no es sólo la ley que vincula a todos por igual, incluidos los poderes públicos, sino también aquella ley en cuya elaboración y aprobación han intervenido, directa o indirectamente, en posición de igualdad, todos aquellos a los que se les debe aplicar. A partir de estos valores, el “CI” propone

Mejorar la calidad de la democracia y reconstruir la vida política La creciente desconfianza del ciudadano respecto de la política y de los políticos tiene su raíz en algunos vicios que han ido arraigando en estos años de democracia. Para reconstruir la vida política es preciso mejorar la calidad de la democracia, planteando nuevas preguntas, imaginando nuevos escenarios. En primerísimo lugar queremos plantear seriamente a la Ciudadanía una discusión seria, responsable y rigurosa acerca de una reforma política integral que permita delinear para la Argentina un sistema Parlamentario de Gobierno. En ese mismo sentido, promoveremos modificaciones en el sistema electoral que faciliten la participación ciudadana en las instituciones representativas con el objetivo de dotarlas del dinamismo propio de las sociedades del presente. Promoveremos el ejercicio de la democracia en el interior de los partidos y nos comprometemos a fomentar la libertad de expresión en los medios de comunicación públicos y privados con el objetivo de construir audiencias y una opinión pública libre, sin la cual la democracia es permanentemente tergiversada y empequeñecida. Todo esto requiere, además de reformas legales e institucionales, una nueva cultura política que esté basada en el respeto al adversario, la veracidad informativa, el rechazo de las actitudes políticas intolerantes y sectarias, así como el combate incesante contra todo tipo de corrupción. Desde el “CI” trabajaremos para intentar instalar una perspectiva instituyente y proyectiva del conflicto

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que es parte de la vida política, realzando el carácter cooperativo y la consolidación de márgenes de conﬁanza indispensables para mejorar la experiencia democrática. El “CI” se compromete con las mujeres y los hombres de la Argentina a actuar en política, tanto en las instituciones como en la sociedad, conforme a los principios expuestos en este Ideario, y basar en este cuerpo de ideas su prédica y su acción política.

Defensa de los derechos individuales La mayor parte de los derechos individuales están hoy jurídicamente asegurados, pero su efectiva realización está lejos de haberse alcanzado. En este sentido, propugnamos una nueva manera de honrar las opciones culturales y de vida, basada en el principio de libre elección en cualquiera de las dimensiones de la subjetividad, y buscamos que estos particularismos se reﬂejen en las instituciones políticas y administrativas, los centros de enseñanza y los medios de comunicación social. Defensa de los derechos sociales y del estado de bienestar La igualdad y la solidaridad entre ciudadanos hacen necesaria la intervención de los poderes públicos para asegurar la efectividad de los derechos sociales. Las redes públicas educativas, asistenciales y sanitarias, a las que puedan acceder todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica, deben tener un alto grado de calidad para así evitar desigualdades que generen exclusión social. En este sentido, proponemos reforzar la cultura del esfuerzo en la educación y promover la integración social, de modo tal que las mayorías puedan acceder a la condición ampliada de ciudadanos. Asimismo, el Estado de bienestar debe poder enfrentarse a los nuevos retos que presenta la sociedad actual, haciendo compatibles las libertades de orden económico con el principio de igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza. Defensa de los Estados Provinciales, de las autonomías y del MERCOSUR Uno de los puntos centrales en la búsqueda de un desarrollo estable, equitativo y vigorosamente democrática del Estado argentino es el respeto al principio de autonomía de las Provincias y de las Ciudades. El “CI” promoverá una reforma drástica en el régimen de coparticipación federal que garantice la capacidad de las instituciones nacionales para asegurar la efectiva igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Estas necesarias reformas tendrán un efecto democratizador y liberador en los territorios provinciales, que hará efectiva la federalización dando libertad y potenciando la creatividad social de los distintos territorios. La promoción de los Municipios será también para el “CI” motivo de atención especial. Por otro lado, también son objetivos estratégicos prioritarios impulsar la integración regional planteando la creación del Consejo Económico Social del MERCOSUR.

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ESPACIO DE CIUDADANIA PROPUESTAS DE POLITICAS PUBLICAS El CI quiere presentar sus propuestas de políticas públicas, las mismas se encuentran diseñadas bajo la concepción primera del Partido, dotar a las ciudadanas y ciudadanos argentinos de cada vez más amplios márgenes de autonomía, libertad e igualdad. Para lograrlo creemos indispensable llevar adelante políticas concretas para devolverle crecientemente soberanía y decisión a cada ciudadano. LAS PROPUESTAS Modelo de Estado y ampliación democrática de la ciudadanía 1.- Plantear la discusión en todos los niveles de la sociedad sobre la necesidad de articular los acuerdos y consensos que permitan a la Argentina la adopción de un sistema parlamentario de gobierno 2.- Promoveremos la apertura de las listas electorales con el objeto de favorecer la vinculación electorelecto, mediante la introducción del voto referente 3.- Crearemos la Iniciativa Popular Constitucional, con los mismos requisitos que las iniciativas legislativas populares, los ciudadanos podrán solicitar que los Tribunales Constitucionales analicen y dictaminen sobre la constitucionalidad de una determinada norma. 4.- Revisaremos los umbrales necesarios para la efectiva realización de un referéndum y sus características vinculantes. 5.- Favoreceremos la participación activa de los ciudadanos en la formulación y articulación de las políticas de gobierno nacional, provinciales y municipales. 6.- Impulsaremos una Ley de acceso a la Información Pública para garantizar que los ciudadanos puedan acceder rápida, total y gratuitamente a la información en poder de la Administración Pública. 7.- Crearemos el Servio de Voluntariado Ciudadano para fomentar la integración social y la generación de conﬁanza. 8.- Impulsaremos un espacio institucionalizado de análisis y reﬂexión de las políticas públicas para los actores del proceso económico y social (una suerte de Consejo Económico y Social). Políticas Sociales y de Inclusión 1.- Promoveremos el Ingreso de Ciudadanía, todo ciudadano argentino tiene el derecho adquirido, por serlo, a un ingreso que familiarmente compuesto, supere los límites de la delimitación estadística veraz de la pobreza. 2.- Llevaremos adelante un Pacto Productivo en el que participarán todos los sectores públicos y privados, todos los agentes sociales y económicos para incentivar la creación de valor con distribución.

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Educación 1.- Proponemos un Plan Nacional de Educación a nivel primario que quite de la confrontación política coyuntural al modelo educativo. Impulsaremos la uniﬁcación de contenidos nacionales básicos para este nivel educativo y la actualización de contenidos. 2.- Ninguna aula de ninguna escuela argentina puede funcionar con más de 20 alumnos 3.- Consideraremos indispensable incorporar en los contenidos curriculares de los ciclos inicial, primario y medio asignaturas, talleres y seminarios sobre formación integral para la ciudadanía y valores democráticos. Salud 1.- Proponemos un Sistema Sanitario Universal e Integrado en donde las prestaciones de salud están vinculados a la condición de ciudadanía y no a situaciones de mercado. 2.- Trabajaremos para que en los Hospitales Públicos, se pueda llegar a una cama por habitación. 3.- Doble turno de atención en todos los niveles en todo el sistema público de salud. 4.- Promoveremos los servicios preventivos ambulatorios de salud para evitar agravar problemas y favorecer el ahorro sanitario. Vivienda 1.- Propondremos que el Estado establezca reservas de suelo para la construcción de viviendas protegidas para cumplir con el mandato constitucional de una vivienda digna. 2.- Crearemos un seguro de garantía pública para alquileres, en donde propietarios e inquilinos aseguraran sus partes con aval de la Administración Pública. 3.- Promoveros en la banca pública créditos a largo plazo con tasas subsidiadas para viviendas únicas de uso familiar. 4.- Garantizaremos el derecho a la centralidad de las viviendas que surjan de la conjunción de estas políticas. Modelo productivo 1.- Impulsaremos la diversiﬁcación industrial asociativa entre el Estado y el sector privado, sobretodo fomentando la inversión estratégica en sectores productivos a futuro. 2.- Fomentaremos la cooperación entre el sector privado, el Estado y las Universidades para establecer Join venture que promuevan la producción.

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3.- Establecimientos de incentivos especiales para la radicación industrial en áreas poco pobladas y con estructurales problemas de pobreza. Energía y recursos 1.- Consolidaremos un gran acuerdo energético según el cual no sea posible la exportación de ningún recurso sin correlato en la existencia de una reserva estratégica en poder de los ciudadanos argentinos. 2.- Promoveremos la utilización racional de los recursos hídricos, favoreciendo desde la gestión estatal la reutilización de aguas depuradas para uso industrial. Medio Ambiente 1.- Sostendremos la necesidad de una Ley de Responsabilidad ambiental para deslindar, mediante monitoreos anuales, las responsabilidades privadas y también públicas en los daños ambientales, aumentando el monto económico de las penalizaciones.

Seguridad 1.- Reduciremos al mínimo posible la necesaria instrucción especíﬁcamente militar de las policías, fomentando su formación en Institutos públicos y privados para promover la integración con la sociedad. 2.- Promoveremos la Ley de Datos del Delito, en la que se establecerá un mapeo de los hechos y denuncias y se uniﬁcará, con base en el Ministerio encargado de la Seguridad.

Política Exterior 1.- Propondremos la creación de un Consejo Económico Social del MERCOSUR Medios de Comunicación Social 1.- Promoveremos todas las políticas públicas necesarias para el genuino ejercicio al Derecho a la información de los Ciudadanos. 2.- Sostenemos una legislación referida a la responsabilidad social de las empresas relacionadas con los medios de comunicación social. 3.- Proponemos la coadministración de gestión, control y contenidos entre Ejecutivo y Parlamento para la totalidad de los medios públicos.

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BORRADOR

CARTA ORGÁNICA

DEL

PARTIDO

DE LA

CIUDADANÍA

CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO. Art.1: Denominación. Al amparo de los artículos 37 y 38 de la Constitución Argentina y en cumplimiento con la Ley Orgánica 23.928 de Partidos Políticos, se constituye el partido político denominado PARTIDO DE LA CIUDADANIA

Art. 2: Ámbito y Fines. El Espacio de Ciudadanía (“CI”) es un partido político de ámbito de actuación nacional constituido para contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos, así como para promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, bajo las consideraciones propiciadas por las normativas electorales y con arreglo a los siguientes fines específicos 1 - Promover la regeneración y renovación del sistema y las instituciones democráticas de Argentina, promoviendo las reformas tendientes para el establecimiento de las formas parlamentaristas de desarrollo del Estado y del Gobierno, mejorando el sistema electoral, la representación de la ciudadanía, la democracia interna de los partidos políticos, la transparencia de su financiación, así como las reglas y principios para establecer pactos electorales. Limitar los mandatos de los representantes, potenciar la vinculación entre representantes y representados, y la capacidad de iniciativa política de la ciudadanía. 2 - Promover la reforma de la Constitución Argentina para mejorar y hacer efectiva la separación poderes, potenciar la igualdad y la libertad de las personas, y posibilitar una equitativa distribución la riqueza entre las personas y los territorios, buscando una verdadera reformulación del esquema coparticipación federal, reservando al Estado competencias intransferibles con vistas a garantizar viabilidad, la solidaridad interterritorial y la gobernabilidad.

de de de su

3- Promover una reforma de la legislación electoral argentina congruente con los ﬁnes especíﬁcos citados. 4 – Promover toda política adecuada para el progreso de las libertades y la igualdad jurídica de los ciudadanos argentinos, con independencia del lugar donde residan, así como de su lengua, orientación

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sexual e ideas políticas, religiosas, identitarias o de cualquier otra clase. 5 – Promover y defender aquellas políticas y medidas sociales, económicas, educativas, científicas, medioambientales o de cualquier otro ámbito, sean municipales, provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales, que: Potencien y protejan la solidaridad y bienestar social, la igualdad fiscal y jurídica, y el derecho a la iniciativa empresarial, al trabajo y a las prestaciones sociales básicas y universales. Potencien y protejan la cooperación internacional, y muy particularmente la integración con América Latina según los postulados del MERCOSUR y promover, además, nuevas formas de organización democrática regional. Potencien y protejan la libertad de la educación y de las instituciones públicas, y el impulso, difusión y acceso al conocimiento, la educación y la investigación científica y humanística. Se opongan activamente a la difusión del fanatismo, la ignorancia, el fundamentalismo político o religioso y la justificación del terrorismo y de la violencia y la discriminación política en cualquiera de sus formas. Protejan el medio ambiente, la herencia natural y la biodiversidad. Art. 3: Domicilio. El domicilio social está en la calle Ángel Gallardo 854 el domicilio podrá ser modificado por acuerdo de los órganos de dirección competentes o de la Asamblea General del partido. CAPÍTULO SEGUNDO. AFILIADOS. DERECHOS Y DEBERES. Art. 4: Afiliados. Podrán ser afiliados del “CI” todas las personas físicas, mayores de edad, que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar y que adhieran a sus principios y a su ideario. Art. 5: Admisión. La cualidad de miembro del partido se adquiere previa solicitud del interesado por acuerdo del Consejo de Dirección Política o del órgano de ámbito inferior en que éste delegue la función. Existirá en el partido el Libro de Registro de Afiliados, en donde constarán los datos de altas y bajas. Art. 6: Derechos de los afiliados. 1.- A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos. 2.- A ser electores y elegibles para los cargos internos del Partido y los de representación popular. 3.- A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las

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decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica. 4.- A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos. 5.- A proponer candidaturas y listas electorales, tanto en elecciones internas del partido como en elecciones públicas a las que concurra el partido, recibiendo respuestas razonadas de los órganos competentes. 6. – A proponer modificaciones del programa electoral del partido, congruentes con los fines específicos expresados en estos Estatutos. 7. – A divulgar sus propuestas en el interior del partido con el apoyo de los órganos de dirección, con vistas a mantener debates internos sobre cuestiones de política general o sectorial y de programa, y sobre asuntos de la organización. Art. 7: Obligaciones de los afiliados. 1.- Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas. 2.- Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes. 3.- Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido. 4.- Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno. Art. 8: Baja del afiliado. Cualquier afiliado del partido podrá cesar en el mismo libremente mediante la oportuna comunicación por escrito, o por sanción decidida por el régimen disciplinario. Art. 9: Régimen disciplinario. La expulsión y las medidas sancionadoras que impliquen privación de derechos a los afiliados sólo podrán imponerse mediante procedimientos contradictorios, en los que se garantice a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado, y el derecho a formular, en su caso, recurso interno. El afiliado que incumpliese con sus deberes para con el partido o que con su conducta pública o privada menoscabe o atente contra los principios y fines del partido, será objeto del correspondiente expediente disciplinario del que se le dará audiencia, con arreglo al siguiente procedimiento: 1 - El afiliado será informado por el Consejo de Dirección, en el plazo de tiempo más breve posible, de la apertura del expediente y de los cargos contra su persona.

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2 - El afiliado podrá elevar el correspondiente escrito al Consejo de Dirección, defendiendo o justificando su posición, en el plazo máximo de quince días. 3 – Oídas las razones del afiliado, el Consejo de Dirección podrá sancionar su conducta, si procede, con un acuerdo razonado. 4 – En caso de sanción, el afiliado podrá presentar un recurso a la Comisión de Garantías del partido, que resolverá internamente en última instancia. Las infracciones podrán ser muy graves, graves y leves. Serán tipificadas como infracciones: a – Muy graves: las acciones explícitamente contrarias a los fines del partido, la corrupción económica y el tráfico de favores de los cargos públicos e internos del partido, y las que exploten en beneficio privado los recursos materiales del partido, así como incurrir en cualquier delito grave previsto por la legislación ordinaria. b – Graves: las acciones que dañen la imagen pública del partido, el uso indebido de los recursos del partido, el incumplimiento reiterado o prolongado de las obligaciones de los afiliados, y el desacato reiterado y no razonado de las decisiones de los órganos del partido. c – leves: cualquier otra acción y omisión contraria a las obligaciones de los afiliados. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con la expulsión del partido, las graves con suspensión de militancia, y las leves con amonestación al interesado. CAPITULO TERCERO. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. Art.10: Órganos del partido. La estructura interna y el funcionamiento del partido se basan en principios democráticos. Los órganos del partido son los siguientes: -

El Centro de Estudios, Formación e Investigación Política La Asamblea General. El Consejo de Dirección Política La mesa de Coordinación de Agrupaciones Territoriales. Las Juntas electorales. Comisión de Finanzas.

Art. 11: El Centro de Estudios, Formación e Investigación Política El Centro de Estudios, Formación e Investigación Política es el espacio de reﬂexión permanente del “CI”. Oﬁciará como órgano consultivo principal en las decisiones políticas y de gestión que le tocara asumir al Partido y elaborará, para su discusión en los espacios colegiados, propuestas, plataformas y programas para ser presentados a la Ciudadanía.

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Contará con Un Director académico, un consejo consultivo, una mesa de coyuntura y coordinadores de Investigación por área temática. Creará las comisiones asesoras, de estudio o de expertos que considere necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones y la consecución de los fines del partido. Estará a cargo del Centro un espacio de formación política permanente para la comunidad en general Art. 12: La Asamblea General La Asamblea General está formada por todos los miembros, que podrán actuar directamente o por medio de delegados. 1 - Será convocada por acuerdo del Consejo de Dirección del Partido y se constituirá en Congreso del partido, ordinario cada cuatro años, y extraordinario si así lo decide el Consejo de Dirección Política. 2 - El orden del día de la Asamblea será establecido en el acuerdo de la convocatoria, fijando claramente las cuestiones sobre las que deliberará y decidirá la Asamblea. 3 - Los afiliados del partido elegirán a sus representantes entre el conjunto de los afiliados con sus obligaciones en regla, hasta un máximo de quinientos delegados con derecho a voto. 4 - En su primera sesión, la Asamblea reunida en Consejo elegirá una Mesa del Congreso formada por cinco personas: presidente y cuatro miembros de la Mesa, encargada de dirigir los debates de la Asamblea. La Mesa propondrá la normativa de funcionamiento de la Asamblea, que será aprobada por mayoría simple de los delegados presentes, y levantará acta de los acuerdos adoptados. 5 - Durante sus sesiones, la Asamblea es el órgano de dirección máximo del partido. Aprobará el programa por mayoría simple de votos de los delegados, y elegirá por mayoría simple de votos secretos a los órganos de dirección del partido vigentes en el periodo entre congresos. Sus acuerdos no podrán ser revocados ni alterados por los órganos de dirección inferiores. 6 - La modificación de los fines y programa básico del partido recogidos en estos Estatutos exigirá una redacción alternativa, firmada y presentada con la debida antelación, y su aprobación requerirá una mayoría cualificada formada por los votos positivos y secretos de, al menos, el 70% de los delegados elegidos. 7 – Las propuestas presentadas a la Asamblea de acuerdo con el orden del día, provengan de los órganos de dirección o de afiliados claramente identificados, deberán enviarse a todos los miembros y órganos del partido con al menos un mes de anticipación antes del comienzo de la Asamblea General. Art. 12: Órganos de dirección EL “CI” contará con dos órganos de dirección que dirigirán el partido en el periodo entre congresos, el Consejo de Dirección Política y la mesa coordinadora territorial 12.1 – El Consejo de Dirección Política es el máximo órgano de dirección colegiada del partido, y responde de su gestión ante la Asamblea General, a la que presentará un Informe de Gestión. Estará compuesto por un mínimo de diez y un máximo de veinte miembros. La periodicidad de sus convocatorias ordinarias será de al menos una reunión mensual tomará sus decisiones por mayoría simple de

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los miembros presentes, con un quórum indispensable de la mitad más uno de sus componentes. Será elegido por el Congreso de la Asamblea General por sufragio libre y secreto. Sus competencias son: a – Tomar las decisiones ordinarias requeridas por la actividad del partido. b – Decidir o ratificar, oída la Comisión de Garantías, la admisión o expulsión de miembros del partido, de acuerdo con los procedimientos indicados en los Estatutos. c - Organizar y administrar las finanzas del partido, supervisadas por la Comisión de Finanzas. d - Supervisar las Agrupaciones Territoriales y de sus Coordinadoras respectivas. e - Autorizar la creación de Juntas Electorales o disolverlos en su caso, tomando cuenta razonadamente sus propuestas. h - Decidir la política de alianzas con otras fuerzas políticas, incluyendo coaliciones electorales, conversaciones y acuerdos de cualquier tipo. i – Decidir el sentido del voto de los parlamentarios y representantes del partido en las instituciones de cualquier ámbito, y su posición política en votaciones consideradas estratégicas con relación al Programa del partido. j - Aprobar la redacción definitiva del Programa propuesto por el Consejo Político y el Centro de Estudios, Formación e Investigación. k – Interpretar los Estatutos del partido y arbitrar en aquellas cuestiones que no estén específicamente previstas en éstos. Sus competencias concurrentes con el Centro de Estudios, Formación e Investigación Política y con las organizaciones territoriales son: a – El estudio, debate y redacción del Programa del partido, proponiendo al Consejo de Dirección una o varias redacciones definitivas, que éste aprobará y ratificará, en su caso, la Asamblea General constituida en Congreso. b – Proponer al Consejo de Dirección estrategias, iniciativas y acciones políticas del partido en cualquier ámbito. c - Acordar la posición del partido en todas aquellas cuestiones relevantes no contempladas en el programa básico recogido en estos Estatutos y en los acuerdos de la Asamblea General constituida en Congreso. d – Promover, publicitar y debatir, si las considera procedentes, las propuestas e iniciativas relativas al programa y actividad del partido procedentes de cualquier afiliado o comité del partido.

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12.2 - La mesa de coordinación territorial es el instituto mediante el cual el partido se organizará en agrupaciones territoriales provinciales. La mesa estará al frente de agrupaciones territoriales provinciales y estará formada por un miembro del Consejo de Dirección Política del partido y dos delegados por provincia. Cada agrupación territorial elegirá, además, a los delegados que le correspondan para la Asamblea General del partido en función de su porcentaje de afiliados en el total del partido. La misión de las agrupaciones territoriales es organizar la elección de delegados a la Asamblea General, ocuparse de la vida ordinaria del partido en su territorio, y coordinar el trabajo de las Juntas Electorales de su ámbito territorial. La mesa de Coordinación Territorial está facultada para llamar a la realización de Plenarios y encuentros partidarios y con ciudadanos independientes cada vez que lo crea necesario. 12.3 - El partido organizará en cada agrupación territorial una Junta Electoral territorial, y tantas Juntas Electorales locales como considere oportunos, atendiendo la necesidad de reunir a los miembros del partido, impulsar su crecimiento y favorecer la participación activa de los afiliados. La misión de estas Juntas es la siguiente: a - Trabajar en las campañas electorales de cualquier ámbito a las que el partido presente candidaturas, proponiendo sus propias iniciativas, que serán aprobadas por el Consejo de Dirección y coordinadas por la coordinadora de la Agrupación territorial correspondiente. b – Contribuir a la discusión y elaboración del programa electoral del partido a escala territorial provincial, organizando reuniones de afiliados para debatirlo. c – Proponer listas de candidatos a las elecciones primarias de órganos del partido elegidos en la Asamblea General constituida en Congreso. e – Proponer al Consejo de Dirección Política candidaturas para las listas electorales del partido en las distintas convocatorias electorales. CAPITULO CUARTO. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL. Art. 13: Recursos económicos. El partido podrá adquirir, administrar y enajenar los bienes y derechos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. Los recursos económicos del partido estarán constituidos por: a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. b) Los rendimientos de su propio patrimonio y lo que resulta de su participación electoral. c) Los créditos que el Consejo de Dirección Política crea necesarios. d) Las herencias, legados o donaciones que reciban. e) Cualesquiera otros ingresos que reciban de conformidad con lo dispuesto con la Ley Orgánica y la Ley de financiación de Partidos Políticos. Art. 14: Patrimonio. El “CI” carece de patrimonio fundacional.

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Art. 15: Procedimiento de rendición de cuentas. La administración, fiscalización y control de su régimen económico y patrimonial se realizará con arreglo a las siguientes normas: el Consejo de Dirección Política elaborará el presupuesto anual del partido, con indicación expresa de los ingresos previstos y los gastos ordinarios, y procederá a aprobarlo en su caso. La Comisión de Finanzas será la responsable del control, provisión y seguimiento de ingresos y gastos, llevando la adecuada contabilidad de los mismos. La Comisión informará y rendirá cuentas a la Asamblea General de la gestión económica aprobada por el Consejo de Dirección. Todos los gastos e ingresos del partido, sobretodo en tiempos de campaña electoral, deberán ser aprobados por el Consejo de Dirección Política, de acuerdo con el presupuesto ordinario aprobado con carácter anual. Los gastos de carácter extraordinario deberán ser aprobados expresamente por el Consejo, que establecerá claramente las normas y criterios a seguir para los gastos de representación originados por la actividad del partido, financiación de reuniones y actividades, etcétera. Art. 16: Régimen documental. El partido llevará, además del Libro de Afiliados, los Libros de Actas, de Contabilidad, de Tesorería, de Inventarios y Balances, los Estados de Cuenta de los gastos de campaña y todo aquello que permita en todo momento conocer su situación financiera. Tanto la Comisión como el Consejo de Dirección Política tienen la responsabilidad de publicar y entregar en tiempo y forma la documentación requerida por los órganos de Fiscalización Gubernamentales y las organizaciones sociales dedicadas al fomento de la transparencia en la práctica pública. CAPÍTULO QUINTO. DISOLUCIÓN DEL PARTIDO. Art. 17: Disolución. El partido se disolverá o extinguirá por decisión de la mayoría cualificada del 70% de los delegados elegidos para la Asamblea General. El patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las obligaciones financieras que existieren, se destinará a asociaciones de carácter cívico, benéfico o social.

DISPOSICIONES ADICIONALES 1.Reforma de los Estatutos La modiﬁcación de los presentes Estatutos será de competencia de la Asamblea General, adoptándose el acuerdo en la forma establecida en el artículo 11, apartado 6 de estos Estatutos. DISPOSICION TRANSITORIA

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1 - Durante un periodo mínimo de dos años y máximo de tres, y hasta la celebración del primer Congreso General Extraordinario del Partido, el “CI” se regirá por el sistema de organización que se explicita en estos Estatutos, y no creará ninguna clase de estructura diferente ni adicional a la descrita, sea de base territorial o sectorial. El partido no reconocerá el carácter oﬁcial ni la validez de las propuestas, acuerdos o declaraciones de ninguna otra clase de agrupación, organización o estructura, esté o no impulsada por miembros del partido, que pretenda hablar en su nombre o representarle ante las instituciones y la opinión pública. 2 – Este sistema de organización cesará con el comienzo del Congreso General Extraordinario del partido y será sustituido por el aprobado en el Congreso que se convocará y celebrará no antes de dos años ni más tarde de tres, según el procedimiento estatutario. En este Congreso General Extraordinario, los delegados territoriales, aquellos ciudadanos que ostenten cargos públicos derivados de su participación electoral en las listas del Partido y los miembros del Centro de Estudios, Formación e Investigación promoverán las modiﬁcaciones tendientes a generar que la herramienta más conveniente para realizar el principio de participación genuina a través de mecanismos democráticos y ágiles de toma de decisiones y que incorpore como método para promover las candidaturas, tanto legislativas como ejecutivas, a las primarias abiertas con registro previo individual.