pacios y los actores públicos, para que sus decisiones e iniciativas sean favorables a la garantía del derecho al trabajo. El desarrollo de una agenda legislativa tendiente a la garantía del derecho al trabajo es otro ejercicio de exigibilidad política. Dentro de las obligaciones del Estado frente a los Dhesc está la de tomar medidas legislativas concretas orientadas, lo más claramente posible, a garantizar niveles esenciales de derechos. Uno de los campos más efectivos de aplicación de los Dhesc es el político, porque en las corporaciones públicas (Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales) el Estado manifiesta su voluntad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.44 De esa manera, la incorporación de los Dhesc en la agenda legislativa depende de la incidencia de los
actores sociales organizados en las corporaciones públicas. Por ejemplo, en el año 1992 las organizaciones de trabajadores presentaron al Congreso una iniciativa popular para la expedición de un nuevo Estatuto del Trabajo, pero ella fue archivada por el Congreso.45 Con este proyecto legislativo se buscaba reformar las normas laborales que atentan contra la libertad sindical y la asociación de los trabajadores. La incidencia es un proceso en el cual se deben identificar los problemas, ubicar los actores que pueden apoyar la iniciativa y plantear alianzas para desarrollar las actividades que se planeen.
Exigibilidad jurídica Finalmente se encuentra la exigibilidad jurídica. Este tipo de demanda implica la
44 Jomary Ortegón, “Incorporando los Desc en la agenda legislativa”, en: Para exigir nuestros derechos. Manual de exigibilidad en Desc, p. 224. 45 Alirio Uribe, “Libertad sindical y derechos humanos en Colombia”, 2000. Documento preparado para la Confederación General de Trabajadores Democráticos (Cgtd).
88