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EL PRINCIPIO
DE
PRECAUCIÓN AMBIENTAL - LA PRÁCTICA ARGENTINA
más superficial), los tribunales intervinientes han privilegiado las limitaciones impuestas por el art. 2, inc. d, de la ley 4915, considerando que en el caso la determinación de la eventual invalidez del acto requería una mayor amplitud de debate o de prueba, lo que los llevó a resolver en definitiva el rechazo de la acción deducida. Es decir, la negativa a aplicar el principio de precaución. El vocal Juan Carlos Cafferata encontró que se encontraban acreditadas en autos las condiciones de procedencia del amparo, desde que existía un acto (positivo u omisivo) de autoridad pública susceptible de generar las condiciones que alteren o amenacen, con ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, los derechos a la salud y al medio ambiente sano de los actores, reconocidos y garantizados por las Constituciones Nacional y Provincial y pactos internacionales, no existiendo otra vía pronta y eficaz para su resguardo. El Tribunal243, por mayoría, entendió que “la falta de consenso científico a nivel internacional sobre los efectos que producen las radiaciones electromagnéticas demuestra que el tema debatido (...) escapa(ba) a las posibilidades probatorias del medio intentado por los ahora casacionistas. Esta circunstancia torna(ba) infructuosa la pretensión de estos últimos de demostrar por este procedimiento excepcional y sumarísimo la aducida lesión a la salud humana y al medio ambiente”. Como puede observarse, el Tribunal, más allá de si se trataba de una cuestión que caía en lo que denominamos cautela dura o blanda244, desconoció las condiciones de aplicación del principio de precaución245 .
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Tribunal conformado por los Dres. María Esther Cafure de Battistelli, Berta Kaller Orchansky, Hugo Alfredo Lafranconi, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, Juan Carlos Cafferata. V. Cap. 1, 2, y 3. Más allá de la admisión o no de la acción, los argumentos base de la sentencia resultan jurídicamente erróneos.