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grupos políticos municipales
Balcei 201 mayo 2022
#alcorisasaleunida
Pero esa resolución no puede pasar nunca por la postura adoptada por Pedro Sánchez, quien, cual Poncio Pilato, ha decidido lavarse las manos y ponerse del lado de Barrabás, dando un giro de 180º en la postura que España ha defendido durante décadas en el conflicto del Sáhara de manera unilateral, sin dar explicaciones a nadie —ni siquiera a sus socios de gobierno— y sin contar con el apoyo mayoritario del Congreso y la opinión pública. Una solución que, además, ha tensado enormemente nuestras relaciones con Argelia, para quien España ha dejado de ser socio preferente, siendo el nuestro el único país al que han subido el precio del gas.
Como ven, se trata de una decisión con suficiente calado histórico, político, económico y moral como para haber sido adoptada a hurtadillas. Si España quiere modificar su postura con respecto al Sáhara que sea porque así lo decida el Congreso de los Diputados, lugar en la que estamos representados todos los españoles no porque nuestro Poncio Pilatos particular haya cedido ante un Barrabás que no dudó en enviar niños a nuestras fronteras para presionarnos, y para quien un pedazo de tierra vale más que una vida humana. Silvia Casas Foz – Analista política y concejal de Alcorisa PP
La guerra como excusa (para hacer la vista gorda) Desde hace unos días, en mis trayectos desde Alcorisa hacia Zaragoza, veo cómo avanzan las obras de construcción de la planta fotovoltaica Los Arcos junto al Mas de El Ventorrillo, en la carretera que une Andorra con Albalate del Arzobispo. Ver el vallado perimetral de las 127 hectáreas que ocupa el proyecto sobrecoge por la transformación del territorio que se va a producir, más si cabe conociendo que varias centrales similares a ésta se encuentran en proceso de tramitación en la misma zona (en concreto, 9 más en el término municipal de Andorra), tanto pegadas a la central fotovoltaica en construcción, como al otro lado de la carretera, colindantes unas con otras hasta llegar a la carretera nacional 232. El paisaje agrario tradicional compuesto por campos de cultivo, olivos y almendros pasará a convertirse en un gran polígono industrial vallado con más de un millón de paneles solares. Desde Ordenación del Territorio hemos advertido constantemente en nuestros informes sobre la falta de legislación actualizada y planificación adecuada en el ámbito territorial, ambiental y sectorial para evaluar adecuadamente de forma conjunta el impacto territorial de estas instalaciones, pidiendo respetar la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón y exigiendo evaluar el impacto socioeconómico, no solo los puestos de trabajo generados sino también los que se perderán y se pueden ver afectados. El territorio no es un tablero vacío y hay multitud de inversiones públicas y privadas sobre él que debemos respetar para hacerlas compatibles. A estas alturas creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de una transición energética que apueste por las renovables, pero el debate está en cómo hacerlo para conseguir que la misma sea justa social y ambientalmente. Generar grandes centrales en terreno agrario o forestal en nuestro medio rural, con kilómetros de líneas de evacuación hacia los centros de consumo, no parece lo más sensato; especialmente, si antes no se han hecho todos los esfuerzos posibles para actuar sobre los espacios ya transformados como
los edificios de los cascos urbanos, los polígonos industriales, infraestructuras, canales de riego… Muchos municipios en Aragón están apostando por constituir comunidades energéticas para convertirse en protagonistas y no rehenes, apostando por el autoconsumo. La avalancha de megaproyectos energéticos renovables está generando una fuerte crispación social, que dificulta separar el grano de la paja en un momento clave, polarizando y enrareciendo debates en los que la ciudadanía debería tener todas las claves encima de la mesa. Mientras tanto, para hacer el escenario todavía más complicado, una guerra tocando Europa. Y unas consecuencias económicas todavía impredecibles, pero que nos están afectando a todos con una tremenda inflación de precios y una enorme tensión en el mercado energético, especialmente por la dependencia de algunos países europeos de Rusia. En ese contexto, el Gobierno de España decide sacar un Real Decreto definiendo una serie de medidas de respuesta a la guerra en Ucrania, donde anuncia que algunos proyectos renovables quedarán eximidos de la declaración de impacto ambiental y se agilizarán las expropiaciones para su instalación. En concreto, el Real Decreto afectaría a proyectos de centrales eólicas con una potencia instalada inferior a 75 MW y centrales fotovoltaicas por debajo de 150 MW, que tengan una línea de evacuación inferior a 15 kilómetros y estén fuera de la Red Natura 2000, con una sensibilidad ambiental baja o moderada, tipificada por el Ministerio. Considero que esas condiciones, sin quererlo, responden a una planificación necesaria, donde tendría sentido priorizar los proyectos que cumplan esas premisas, pero en ningún caso eximirlos de las necesarias garantías de evaluación de impacto ambiental. Proyectos cercanos a subestaciones de evacuación y que eviten conflictos con zonas de alto valor natural. Por ahí podemos empezar a entendernos. José Manuel Salvador. Director General de Ord. del Territorio del Gob. de Aragón
Sobre el pacto de rentas Cuando escuchamos hablar sobre la necesidad de un pacto de rentas, la clase trabajadora debería echarse la mano a la cartera, pues no es más que un eufemismo para exigirnos que nos apretemos más el cinturón mientras las grandes empresas mantienen unos enormes beneficios. La inflación de marzo ha sido del 9,8% interanual. Los precios estan metidos en una espiral alcista. Mientras nos cuesta mucho más vivir, la clase trabajadora no ha visto subir sus salarios en la misma proporción. La media de subida de los convenios que han sido renovados, ha
sido del 2,5%, sin olvidar que una gran parte siguen atascados debido a las resistencias de subidas significativas de salario de las patronales, acentuando la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, en un contexto de país donde ya de por sí los salarios están muy devaluados, y donde progresivamente ha ido perdiendo peso la renta del trabajo en favor de las rentas del capital. Esta situación contrasta con la enorme bonanza del gran capital. En 2021, las empresas del Ibex 35 tuvieron unos beneficios de 58.500 millones de euros. Los cinco grandes bancos ganaron 20.000 millones y las eléctricas tuvieron un beneficio de 11.000 millones. Beneficios récord que sirvieron para que los directivos del Ibex incrementaran sus ingresos en un 20%, 13 veces más de lo que subieron los convenios el mismo año (1,5%).
Como podemos hablar de un pacto de rentas cuando un trabajador medio paga un 30% de IRPF, las pymes entorno al 40% y sin embargo una gran empresa paga un 5% de impuesto de sociedades. No podemos estar sordos ante el malestar social provocado por el incremento de los precios y no podemos conformarnos con soluciones basadas en regar de dinero público a las empresas, sin cambios en la regulación de sectores controlados por esas mismas empresas que obtienen beneficios millonarios. Durante la pandemia, mientras el Estado se endeudaba, la clase trabajadora perdía ingresos y las pymes sufrían por sobrevivir, hubo empresas que obtuvieron beneficios récord sin que el Gobierno tuviera la valentía para establecer un impuesto extraordinario a las grandes rentas y a los beneficios empresariales que al menos redistribuyera un poco los costes de los efectos de la pandemia. Es el momento de exigir una reforma fiscal progresiva que establezca un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y que cree un impuesto especial a los beneficios caídos del cielo, y otro a la banca para que comiencen a devolver los más de 60.000 millones del rescate bancario, evitando así que esta crisis la paguemos los mismos de siempre. Daniel Palomo –GANAR– IU Alcorisa
