BANDAGRO - CONSIDERACIONES ACERCA DEL JUICIO (T28J-541-11) LIC. ANGEL INFANTE by ANGEL ROBERTO INFANTE

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CONSIDERACIONES ACERCA DEL “JUICIO PENAL” (T28J-541-11), QUE SE NOS SIGUIÓ, ENTRE OTROS A MÍ: LIC. ÁNGEL ROBERTO INFANTE, EN EL TRIBUNAL 28 DE JUICIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, A CARGO DE LA JUEZ ABOGADA

SUSANA BARREIROS, POR EL FAMOSO

CASO BANDAGRO

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IDENTIDAD Y ULTIMA DIRECCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

Ángel Roberto Infante Edificio Casa Blanca, Apartamento 1-PB, Calle Vía Grecia, El Carmen, Corregimiento Bella Vista, Distrito Panamá, República de Panamá.

TELÉFONOS: CORREO ELECTRÓNICO: SITIO WEB:

00507-6931-1043 anroinfante@gmail.com https://issuu.com/angelinfante

EDUCACIÓN EN VENEZUELA PRIMARIA: SECUNDARIA: SUPERIOR:

Colegio “Fe y Alegría” Inst. de Com. “Santos Michelena” Universidad de Carabobo

OTROS ESTUDIOS Y A A ACTIVIDADES:

Título Obtenido: Técnico Mercantil Título Obtenido: Contador Público

He asistido como participante o instructor a innumerables cursos y seminarios inherentes a la actividad bancaria, la cual ejercí durante treinta (30) años en diferentes instituciones financieras de mi País. Así mismo a partir del año 1990 soy presidente y actualmente único accionista de la empresa INVERSIONES INALCA, C.A., que se dedica exitosamente a la asesoría y participación en actividades inmobiliarias, económicas y financieras.

EXPERIENCIA LABORAL EN VENEZUELA Inversiones Inalca, C. A. (A partir de 1990)

Presidente - Único Accionista.

Banco de los Trabajadores de Venezuela, C. A. (1991)

Asesor del Interventor.

Banco Italo Venezolano, C. A. (1984/1990)

Gerente Nacional de Crédito Miembro del Comité de Crédito Gerente Área de Crédito-Apoderado Gerente de la Oficina Principal Gerente de Oficina en: Los Teques, Cagua, Mérida, Maracaibo y Valera.

Banco Hipotecario Mercantil, C. A. (1982/1984)

Gerente de Política de Crédito y Control de Riesgo.

Banco Hipotecario Centro Occidental, C. A. (1980/1982)

Asesor.

Banco Hipotecario Oriental, C. A. (1977/1980)

Vicepresidente Gerente de la Oficina Principal.

Banco Hipotecario Consolidado, C. A. Sociedad Financiera del Centro, C. A. (1972/1977)

Gerente de la Sucursal Valencia Apoderado.

Banco Hipotecario de Occidente, C. A. (1971/1972)

Gerente de la Sucursal Caracas Apoderado.

Banco Hipotecario del Centro, C. A. (1969/1971)

Contador General. Tesorero.

Central Hipotecaria, Sociedad Financiera, C. A. (1969)

Jefe de la Sección de Estadística.

Banco Hipotecario Unido, S. A. (1961/1969)

Comencé como Office Boy, ocupé diversos cargos, culminé como Jefe de Valores.

Página 3 ACRÓNIMOS UTILIZADOS: BANDAGRO = BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. CAS2P = CORTE DE APELACIONES DE LA SALA 2 PENAL CICPC = CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS CRBV = CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DGSCP = DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE CRÉDITO PÚBLICO DGSFP = DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE FINANZAS PÚBLICAS FGR = FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ICC = CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (SIGLAS EN INGLÉS) LACISE = LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN LOPGR = LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LBDA = LEY DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO MF = MINISTERIO DE FINANZAS MH = MINISTERIO DE HACIENDA MMUS$ = MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES PGR = PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PN = PROMISSORY NOTES (NOTAS PROMISORIAS - PAGARÉS O BONOS BANDAGRO). PTJ = POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL RBV = REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SCPTSJ = SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SCTSJ = SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA T04CP = TRIBUNAL 04 DE CONTROL PENAL T10EP = TRIBUNAL 10 DE EJECUCIÓN PENAL T28JP = TRIBUNAL 28 DE JUICIO PENAL T35CP = TRIBUNAL 35 DE CONTROL PENAL TSJ = TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA USBC = UNITED STATES BONDS CORPORATION

LEYES QUE ME AMPARAN: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA = CRBV CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA = CCV CÓDIGO ORGÁNICO PENAL = COP CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL = COPP LEY DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO = LBDA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO Y DEL NOTARIADO = LRPN LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA = LOAP LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA = LOPGR LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS = LOPA

FUENTES CONSULTADAS: 

INFORME DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF DE FECHA 08-08-03.



DICTAMEN Y RATIFICACIÓN DE LA PGR, SOBRE LAS PN, DE FECHAS 03-10-03 Y 18-11-03.



DECLARACIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MARISOL PLAZA IRIGOYEN EN EL DIARIO TAL CUAL DE FECHA 01-07-04.



LEYES: CRBV; LACISE; CCV; COP; COPP; LBDA; LRPN; LOAP; LOPGR; LOPA.



OPINIÓN DE LOS JURISTAS: DR. ROMÁN DUQUE CORREDOR Y DR. IVÁN DARÍO BADELL.



JUZGADOS, REGISTROS Y NOTARÍAS, DE VENEZUELA Y DE PANAMÁ.



TRIBUNALES DE VENEZUELA, EEUU Y SUIZA.



INFORME DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN SALA PLENARIA.



RECURSO DE INTERPRETACIÓN TSJ.



PONENCIA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†) TSJ.



ARTÍCULOS DE PRENSA.



LIBROS Y REVISTAS.



CRONOLOGÍA CASO BANDAGRO.

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INTRODUCCIÓN DEBO COMENZAR MIS CONSIDERACIONES, AGRADECIENDO A MIS SEGUIDORES, LAS MILES DE VISITAS E IMPRESIONES DE ESTE ESCRITO QUE HAN REALIZADO A MI SITIO EN LA WEB

https://issuu.com/angelinfante. SEGUIDAMENTE RESALTARÉ LO MÁS IMPORTANTE Y DETERMINANTE EN TODO ESTE ASUNTO DEL ENREVESADO CASO BANDAGRO, QUE ACABA DE CUMPLIR A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, 39 AÑOS 6 MESES Y 23 DÍAS, REFIRIÉNDOME EN ESPECIAL, AL VIGENTE PERO DELIBERADAMENTE IGNORADO INFORME, EL MÁS EXHAUSTIVO Y COMPLETO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF, EN TODA SU HISTORIA, A LAS PN (PAGARÉS O BONOS) ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, QUE FUERON EMITIDAS LEGALMENTE POR EL EXTINTO BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO), EL 07-12-81; ORDENADA ADEMÁS SU INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN AL MF, POR LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE LA RBV A PARTIR DEL 14-02-03; INFORME QUE CULMINÓ EL 08-08-03, DETERMINANDO, CITA TEXTUAL: “…HABIÉNDOSE CONSTATADO LA EXISTENCIA DE LAS PROMISSORY

NOTES,

ÉSTA

CONSULTORÍA

JURÍDICA

CONCLUYE

QUE

LOS

RECLAMANTES TIENEN EL LEGÍTIMO DERECHO A QUE LE SEAN PROCESADAS PARA HACERLAS EFECTIVAS O CUALQUIER OTRA FORMALIDAD, CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD Y QUE EL INFORME DEBE SER REMITIDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EMITA EL DICTAMEN DEFINITIVO…”. INFORME EL CUAL FUÉ ENVIADO POR EL MINISTRO DE FINANZAS DE ESE ENTONCES, TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, A LA CONSIDERACIÓN DE LA PGR EL 12-08-03, MEDIANTE OFICIO F-2633, APROBANDO ASÍ SU CONTENIDO Y DECISIÓN, PRONUNCIÁNDOSE ÉSTA FAVORABLEMENTE EL 03-10-03, SEGÚN OFICIO 0635, CON LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, CITA LITERAL: “…ESTA PROCURADURÍA ACEPTA LA VALORACIÓN Y EL CRITERIO SOSTENIDO POR LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS Y EN TAL SENTIDO, SE PRONUNCIA POR LA PROCEDENCIA DE LA CITADA RECLAMACIÓN INTERPUESTA…”, CONVIRTIENDO POR LO TANTO EL REFERIDO INFORME DEL MF, EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE SU PROPIA LEY. INFORME Y DICTAMEN ÉSTOS QUE, POSTERIORMENTE Y DE MANERA IRRESPONSABLE, ILEGAL Y ABSURDA, TRATARON DE REVOCAR LOS MISMOS ALTOS FUNCIONARIOS QUE LO INVESTIGARON, VERIFICARON Y APROBARON, PARA TRATAR DE DEJARLO SIN EFECTO, ELIMINANDO ADEMÁS EL REFERIDO ARTÍCULO 56, AL MODIFICAR POSTERIORMENTE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR, IGNORANDO TAMBIÉN SU EFECTO RETROACTIVO Y QUE CUYO ARTÍCULO 56 ES DETERMINANTE EN LA DECISIÓN VINCULANTE DEL SEÑALADO DICTAMEN, COMO TAMBIÉN LO PRECISÓ EL 12-07-07, EL MAGISTRADO ARCADIO DELGADO ROSALES, DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ: “…EL PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA

GENERAL

REPÚBLICA

SOLO

TENDRÁ

CARÁCTER

VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…” Y CUYA DECISIÓN DE LA REFERIDA SALA, TAMBIÉN ES VINCULANTE, PROCEDIMIENTO EL CUAL ASÍ FUÉ CUMPLIDO, POR NOSOTROS LOS RECLAMANTES Y POR EL MF COMO LO DEMUESTRO EN LAS PÁGINAS 57 Y 58, CONSIDERANDO ADEMÁS, DE QUE POR SU PROPIA ESENCIA, EL REFERIDO DICTAMEN, SIGUE VIGENTE Y AÚN MÁS FORTALECIDO POR LA CANTIDAD DE INCONSISTENCIAS

Página 5 JURÍDICAS, FALSOS ARGUMENTOS, FECHAS FALSAS Y ERRORES INEXCUSABLES COMETIDOS POSTERIORMENTE POR EL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ Y TAMBIÉN POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA MARISOL PLAZA IRIGOYEN, EN SUS INCONSISTENTES, ESCUETOS, ENGAÑOSOS E ILEGÍTIMOS INFORMES REVOCATORIOS DE FECHAS 17-11-03 Y 08-12-03 RESPECTIVAMENTE, COMO LO ACLARO TAMBIÉN EN LAS PÁGINAS 90 A 94, QUE CONTRARIAMENTE A LO REQUERIDO POR LOS MISMOS, FORTALECIERON AÚN MÁS SUS PROPIAS DECISIONES APROBATORIAS, MANTENIENDO SU VIGENCIA Y SU CONDICIÓN DE DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, INFORME Y DICTAMEN ÉSTOS QUE JUDICIALMENTE Y ADEMÁS COMO COSA JUZGADA, SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL MF Y AMPARAN A TODOS LOS TENEDORES LEGÍTIMOS DE LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS PN EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, TAL ES EL CASO DE MIS REPRESENTADAS MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., COMO LO EXPRESAN CLARAMENTE LOS ARTÍCULOS DE LA LOPGR Y LA OPINIÓN DE DOS (2) DESTACADOS JURISTAS VENEZOLANOS, LOS CUALES TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN: LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: “…Artículo 8. Las normas de este Decreto Ley son de orden público y se aplican con preferencia a otras leyes…” “…Artículo 46. Las actuaciones suscritas por el Procurador o Procuradora General de la República, en el ejercicio de sus atribuciones, merecen fe pública…” “…Artículo 56. Al día hábil siguiente de concluida la sustanciación del expediente administrativo, el órgano respectivo debe remitirlo a la Procuraduría General de la República, debidamente foliado, en original o en copia certificada, a objeto de que ésta, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, formule y remita al órgano o ente respectivo, su opinión jurídica respecto a la procedencia o no de la reclamación. En este caso, la opinión de la Procuraduría General de la República tiene carácter vinculante…” OPINIÓN DE LOS JURISTAS: 07-03-05: En esta fecha, el prestigioso abogado IVÁN DARÍO BADELL GONZÁLEZ (ex Fiscal General de la República), señaló en su Declaración Jurada el carácter Vinculante, Imperativa y Exclusiva de la Opinión de la Procuradora General de la República. 29-06-05: En esta fecha, el distinguido abogado, ROMÁN DUQUE CORREDOR (ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia), entre otras consideraciones señala: “…Según el Art. 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la opinión de la Procuradora es VINCULANTE en su dictamen del 03-10-03, y crea auténticos derechos públicos subjetivos a favor de los tenedores de las PN emitidas por BANDAGRO el 07-12-81 y que en este caso el Dictamen de la Procuradora General de la República, es IRREVOCABLE. En cuanto al segundo Dictamen Revocatorio de la Procuradora General de la República emitido el 08-12-03, señala el reconocido abogado que si está viciado de nulidad absoluta y no causa ningún efecto jurídico…”. Estos dos (2) extractos los obtuve de las declaraciones juradas de ambos profesionales del derecho y forman parte del voluminoso expediente del juicio mercantil incoado por la empresa SKYE VENTURES LLC en el estado de Ohio de los EEUU.

DEBO TAMBIÉN HACER CONSTAR QUE CUANDO COMENCÉ EN EL AÑO DE 1999, A INVESTIGAR EL CASO BANDAGRO, TODAS LAS PERSONAS QUE MENCIONO EN ESTE ESCRITO, ESTABAN ACTIVAS Y EN PLENITUD DE TODAS SUS FACULTADES, POSTERIORMENTE A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, ALGUNAS DESAPARECIERON FÍSICAMENTE (†) Y OTRAS DESAPARECIERON POLÍTICAMENTE, HUYENDO ÉSTAS ÚLTIMAS DEL PAÍS POR LA CANTIDAD DE DESMANES Y DESAFUEROS COMETIDOS EN CONTRA DE LA NACIÓN Y SU CIUDADANÍA, EN ESPECIAL CON MI PERSONA, SOLO POR DEFENDER MIS DERECHOS Y LOS DE MIS REPRESENTADAS, MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., EN EL FAMOSO CASO BANDAGRO.

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PREFACIO A CONTINUACIÓN SEÑALAMOS CRONOLÓGICAMENTE LA TRADICIÓN LEGAL, REFERENTE A LA TENENCIA LEGITIMA DE LAS PN ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, NOS. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO TOTAL DE 125MMUS$, LAS CUALES A PARTIR DEL 30-04-08 SON PROPIEDAD INDUBITABLE DE MÍ EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A. FECHA:

CONCEPTO:

17-02-82: EL GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS, REPRESENTADO POR EL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS

ALFREDO

GUILLERMO

AAGAARD

SALAZAR,

(PERSONAJE

CONFIANZA DE LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO), ADQUIERE 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS ICC-290 E ICC-322, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, POR UN VALOR NOMINAL DE 1.605MMUS$, Y CUYA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD LA EXPLICO CON MAYOR DETALLE EN EL LITERAL d) DE LA PÁGINA 85, PAGANDO POR LAS MISMAS EL 12,461059%, EQUIVALENTE A 200MMUS$, SEGÚN SE ESPECIFICA EN RECIBO EMITIDO EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA PRESIDENCIA DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A., (BANDAGRO), FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL, ELBANO FONTANA NIEVES Y POR EL INTERVENTOR, WALDEMAR CORDERO VALE (†), QUIÉN POR SU CONDICIÓN DE INTERVENTOR, ASUMIÓ TODOS LOS PODERES, DECISIONES Y CARGOS EJECUTIVOS EN BANDAGRO, ACTUANDO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS: 31; 42 Y 46 DE LA LBDA. ESTA VENTA INCLUYÓ LAS PN ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, Nos. 1/8 A LA 8/8, POR 25MMUS$ C/U, Y SON EL OBJETO DE ESTAS CONSIDERACIONES. EL 10-03-10, EL CIUDADANO JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, AUTENTICADA BAJO EL # 79, DEL TOMO 22 Y EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, CERTIFICA QUE RECIBIÓ POSTERIORMENTE DE MANOS DEL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO GUILLERMO AAGAARD SALAZAR, EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTERIORMENTE INDICADO, EL CUAL ENVIÓ A SUIZA AL CIUDADANO JAMES PAOLO PAVANELLI (†), PRESIDENTE DE LA CITADA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA. A CONTINUACIÓN REFIERO LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO) EL 07-12-81, QUE FUERON ADQUIRIDAS POR EL GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS REPRESENTADO POR EL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO GUILLERMO AAGAARD SALAZAR, EL 17-02-82, SEGÚN RECIBO MEMBRETADO DE LA PRESIDENCIA DE BANDAGRO, FIRMADO POR ELBANO FONTANA NIEVES (GERENTE GENERAL) Y POR WALDEMAR CORDERO VALE (†) (INTERVENTOR), POR LAS CUALES EL GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS PAGÓ EL 12,461059%, EQUIVALENTE A 200MMUS$ Y ASÍ LO RECONOCIERON LOS MISMOS EN EL REFERIDO RECIBO Y FUE CUANDO SE COMETIÓ EL VERDADERO DELITO DE FRAUDE A LA NACIÓN, COMO LO EXPLICO EN EL LITERAL c) DE LAS PÁGINAS 34 Y 35 Y CUYAS 57 PN POR UN MONTO DE 1.605MMUS$, DETALLO A CONTINUACIÓN:

ICC-290 ICC-322 ICC-322 ICC-290 ICC-322 ICC-322

SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE

1/6 AL 6/6 1/6 AL 6/6 1/6 AL 18/6 1/7 AL 7/7 1/8 AL 8/8 1/12 AL 12/12 QUE SUMAN: TOTAL

6 6 18 7 8 12 57

PN PN PN PN PN PN PN

x x x x x x

25 5 25 25 25 50

C/U C/U C/U C/U C/U C/U

150 30 450 175 200 600 1.605 MMUS$

Página 7 05-10-87: EN ESTA FECHA, ALFREDO AAGAARD, DE CONFORMIDAD CON EL AFIDÁVIT Y EL PODER QUE CON FECHA 07-07-87, EJECUTÓ EN LONDRES-INGLATERRA, VENDE A LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, PROPIEDAD DE JAMES PAOLO PAVANELLI (†), 49 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE, POR BANDAGRO EL 07-12-81, SEGÚN DOCUMENTO OTORGADO EN LA CIUDAD DE LONDRES-INGLATERRA, DE FECHA 05-10-87, POR UN MONTO DE 1.495MMUS$, COBRANDO POR ELLAS EL 15,849132% DE SU VALOR NOMINAL, EQUIVALENTE A 237MMUS$, PAGADERAS EN TRES (3) CUOTAS DE 79MMUS$, RECIBIENDO EL IMPORTE DE LA PRIMERA DE ELLAS, EN ESA FECHA Y LAS 2 RESTANTES A LOS 90 DÍAS Y 180 DÍAS RESPECTIVAMENTE; POSTERIORMENTE A PRINCIPIOS DEL AÑO 1990, LA TRIAD FINANZIARIA SPA TRASPASO A SU FILIAL EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., LA TOTALIDAD DE LAS 49 PN Y PARTE DE ESTAS A TRAVÉS DE TRASPASOS Y DE DIVERSAS OPERACIONES FINANCIERAS O COMERCIALES LEGALES Y DE BUENA FE, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO EN POSESIÓN LEGÍTIMA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES JURÍDICAS: GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. (SUIZA) ICC-290 SERIE 1/6 AL 6/6 6 ICC-322 SERIE 2/6 AL 3/6 2 ICC-322 SERIE 2/6 AL 18/6 17 ICC-290 SERIE 1/7 AL 3/7 3 ICC-322 SERIE 1/12 AL 6/12 6 ICC-322 SERIE 10/12 AL 12/12 3

PN PN PN PN PN PN

x x x x x x

25 5 25 25 50 50

C/U C/U C/U C/U C/U C/U

150 10 425 75 300 150

1.110 

FUNDACIÓN TOVAR (VENEZUELA) ICC-322 SERIE 6/8 AL 8/8 3 PN x

25 C/U

75 

EMPRESA KAMI, S.A. (PANAMÁ) ICC-322 SERIE 1/8 AL 5/8

25 C/U

125 

5 PN x

SUCESIÓN BIGLES CASTRO (VENEZUELA) ICC-322

SERIE

1/6

1 PN x

25 C/U

EMPRESA SKYE VENTURES (EEUU) ICC-322 SERIE 7/12 AL 9/12 3 PN x

50 C/U

150

GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS (?) ICC-322 SERIE 1/6-4/6 AL 6/6 4 PN x ICC-290 SERIE 4/7 AL 7/7 4 PN x QUE SUMAN: TOTAL 57 PN

5 C/U 25 C/U

20 100

120  1.605 MMUS$

 DE ESTE MONTO EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. DIO PARTICIPACIÓN EL 02-09-03 A LA GAD INVESTMENT N. V. (WOODSTRITE LIMITED BVI) 270MMUS$ Y AL ABOGADO MIGUEL JACIR 86MMUS$.  DE ESTE MONTO PARTICIPA EN LOS BENEFICIOS, LA FUNDACIÓN

MEDICO

INFANTIL

VENEZUELA,

REPRESENTADA

POR

ARQUIDIÓCESIS DE CARACAS.  LA ACTUAL PROPIETARIA DE ESTAS PN, ES LA EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A.  EL GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS CONSERVA EN PROPIEDAD 8 PN, POR 120MMUS$.

Página 8 SEGUIDAMENTE EN EL MISMO AÑO DE 1990, JAMES PAOLO PAVANELLI (†) ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., CESIONARIA DE LA TAMBIÉN EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, ENTREGÓ A LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE UNITED STATES BONDS CORPORATION (USBC), REPRESENTADA POR FRANK W. MARSHALL, CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, NUMERADAS DE LA 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO DE 125MMUS$, PARA QUE LAS NEGOCIARA O REALIZARA CUALQUIER OPERACIÓN FINANCIERA A SU DISCRECIÓN Y POSTERIORMENTE A MEDIADOS DEL AÑO 1997, ENTREGA A SU APODERADO EN VENEZUELA, CIUDADANO JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), LAS RESTANTES PN 6/8 A LA 8/8, DE IGUALES CARACTERÍSTICAS QUE LAS ANTERIORES, COMO PAGO DE SUS HONORARIOS PROFESIONALES Y ÉSTE PROCEDE CONJUNTAMENTE CON SUS FAMILIARES A LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN TOVAR. 11-06-91:

ESTA

FECHA,

SEGÚN

CARTA-PODER

FIRMADA

POR

ÁNGELO

BOCCADISI (†), EN REPRESENTACIÓN DE LA USBC, AUTENTICADA ANTE ESTHER AXEL, NOTARIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, EL MENCIONADO ÁNGELO BOCCADISI (†) AUTORIZA Y LE ENTREGA AL ING. CARLOS ALBERTO LUGO CORDERO PARA QUE VENDA, INTERCAMBIE O NEGOCIE A SU TOTAL DISCRECIÓN, LAS CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, CON UN VALOR TOTAL DE CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (125MMUS$). ESTAS PN, COMO LO CITAMOS ANTERIORMENTE, FUERON ENTREGADAS A FINALES DEL AÑO 1990 POR LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., A FRANK W. MARSHALL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA USBC, PARA QUE LAS NEGOCIARA O REALIZARA CUALQUIER OPERACIÓN FINANCIERA A SU DISCRECIÓN. 14-06-91: EN ESTA FECHA, DESPUÉS DE EFECTUADAS VARIAS REUNIONES, UN GRUPO DE INVERSIONISTAS VENEZOLANO-PANAMEÑO, REPRESENTADOS POR EL ING. CARLOS LUGO CORDERO Y POR EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), CONFORMARON UN POOL FINANCIERO APORTANDO 40% Y 60% RESPECTIVAMENTE, (APROVISIONANDO

FONDOS POR 5MMUS$ EN LA

CUENTA DE

ANALEIDA

ESCUDERO DE VELARDE, ESPOSA DE JULIO ISAAC VELARDE (†) Y CUYA CUENTA # 01-10442 C. 2610 A SU NOMBRE EN EL PRIMER BANCO DE AHORROS PRIBANCO, EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, ERA MOVILIZADA POR ÉL), PARA ATENDER LA SOLICITUD DE UN

PRÉSTAMO

POR

CANTIDAD

CINCO

MILLONES

DÓLARES

ESTADOUNIDENSES (5MMUS$), REQUERIDO POR LA EMPRESA NORTEAMERICANA UNITED STATES BONDS CORPORATION (USBC), POR INTERMEDIO DE SU APODERADO ÁNGELO BOCCADISI (†), DÁNDOLE PERSONALIDAD JURÍDICA A LA OPERACIÓN UTILIZANDO A LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., FUNDADA EL 02-05-80, CUYO PRESIDENTE ERA EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), OPERACIÓN LA CUAL QUEDÓ LEGALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO DE PRÉSTAMO-MANDATO AUTENTICADO EL 14-06-91, ANTE LA NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, LICENCIADA NOEMI MORENO ALBA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR QUE

Página 9 ÁNGELO BOCCADISI (†), RECIBIÓ EL PRÉSTAMO DE CINCO MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (5MMUS$), MEDIANTE CHEQUE # 472639, CONTRA EL PRIMER BANCO DE AHORROS DE PANAMÁ (PRIBANCO), APORTANDO COMO GARANTÍA DEL PRÉSTAMO LA ENTREGA MATERIAL DE LAS CINCO (5) PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, DE LA SERIE “8” Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, EMITIDAS LEGALMENTE POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO) EL 07-12-81 Y COMO SOPORTE ADICIONAL LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE LAS RESPALDAN: a) COPIA DEL OFICIO H-733, FIRMADO POR EL MINISTRO DE HACIENDA (MH), DR. LUIS UGUETO, QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS PN, POR LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, b) COPIA DE LA CARTA-PODER FIRMADA POR ÁNGELO BOCCADISI (†) EN REPRESENTACIÓN DE LA USBC, QUE AUTORIZA AL ING. CARLOS LUGO A NEGOCIAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA LAS REFERIDAS PN Y c) CON EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN, DE OTRAS ACTUACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN CON EL CASO BANDAGRO, SEÑALADOS EN LOS LITERALES DE LAS PÁGINAS 53-54. 08-12-91: A PARTIR DE ESTA FECHA, COMENZARON LAS GESTIONES DE COBRO POR PARTE DE LOS TENEDORES DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, EL ING. CARLOS LUGO EFECTÚA DILIGENCIAS ANTE BANDAGRO, FOGADE Y LA DGSFP DEL MH, CON EL OBJETO DE INFORMARSE DE LOS PASOS A SEGUIR PARA LOGRAR EL COBRO DE LAS PN ICC-322 Nos. 1/8 A LA 5/8, QUE LE ENTREGÓ LA EMPRESA USBC, QUE MANTIENE EN CUSTODIA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ LA EMPRESA KAMI, S.A., COMO GARANTÍA POR PRÉSTAMO CONCEDIDO. EL ING. CARLOS LUGO, RECIBIÓ COMO RESPUESTA EN TODOS LOS ORGANISMOS VISITADOS, PALABRAS MÁS PALABRAS MENOS, QUE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA DESCONOCÍA LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS SUPUESTAS PN EMITIDAS POR BANDAGRO, POR TRATARSE DE UNA OPERACIÓN FRAUDULENTA CON TÍTULOS FALSOS Y ES CUANDO SE PONE AL DESCUBIERTO EL VERDADERO FRAUDE A LA NACIÓN, COMO LO EXPLICO EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35. ASÍ MISMO LE RECOMENDARON QUE SE ABSTUVIERA DE ESTAR REALIZANDO OPERACIONES CON ESTE TIPO DE PN SUPUESTAMENTE EMITIDAS POR BANDAGRO, PUES LE PODRÍA ACARREAR PROBLEMAS JUDICIALES. ESTA NEGATIVA DE PAGO POR PARTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, SUCEDIÓ TAMBIÉN CON OTROS TENEDORES DE PN EMITIDAS POR BANDAGRO EL 07-12-81, COMO SE MANIFIESTA EN EL POSTERIOR INFORME DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF # MF-DGCJ-0001-2003 DE FECHA 08-08-03, (QUE RESOLVIÓ DEFINITIVAMENTE EL CASO BANDAGRO, A FAVOR DE LOS RECLAMANTES), DONDE SE RELATAN LAS DILIGENCIAS EFECTUADAS POR OTROS RECLAMANTES SIN OBTENER RESULTADO ALGUNO Y TAMBIÉN LA INSPECCIÓN JUDICIAL QUE TUVO QUE REALIZAR EL CIUDADANO JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, EN LA SEDE DEL MH, EFECTUADA POR EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO MIRANDA DE FECHA 05-12-91, MEDIANTE LA CUAL SE CERTIFICÓ Y SE DEJÓ CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POSITIVAMENTE

Página 10 CON EL CASO DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, INSPECCIÓN LA CUAL POSTERIORMENTE FUE TOTALMENTE IGNORADA POR EL MH, A LO QUE MÁS ADELANTE SU SUCESOR DEL MF, EN SU INFORME DEL 08-08-03, LE HIZO EL SIGUIENTE COMENTARIO, CITA TEXTUAL: “JURÍDICAMENTE SE ADMITE QUE CUALQUIER INSPECCIÓN DE UN TRIBUNAL DE LA REPÚBLICA DA FE DE LOS HECHOS QUE DICE HABER CONSTATADO Y TAL FE PÚBLICA NO PUEDE SER DESVIRTUADA CON SIMPLES PRESUNCIONES NI CON ESPECULACIONES, SINO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE TACHA DE FALSEDAD U OTRA INSPECCIÓN, LO CUAL APARENTEMENTE POR DESCUIDO DE LAS AUTORIDADES NO HA OCURRIDO Y EN CONSECUENCIA LOS RECLAMANTES DISPONEN DE ESTE DOCUMENTO PÚBLICO QUE LOS FAVORECE Y POR LO TANTO HABRÁ QUE CONSIDERARLO PARA CUALQUIER CONCLUSIÓN LEGAL SOBRE LOS HECHOS REFERIDOS EN SU CONTENIDO”. 08-08-99: EN ESTA FECHA, EL SEÑOR BIGLES CASTRO (†) SE TRASLADA A LA CIUDAD DE PANAMÁ EN COMPAÑÍA DEL SEÑOR JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), PARA REUNIRSE CON JAMES PAOLO PAVANELLI (†), PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA Y DE SU CESIONARIA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., CON EL OBJETO DE CONTINUAR PRESTÁNDOLE ASESORÍA REFERENTE A LAS PN PROPIEDAD DE SU REPRESENTADA, POR LO CUAL EN ESTA OPORTUNIDAD, EL SR. JAMES PAOLO PAVANELLI (†) ENTREGA AL SR. BIGLES CASTRO (†), LA PN ORIGINAL Y AUTÉNTICA EMITIDA LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, DE LA SERIE “6”, # 1/6, POR 25MMUS$, PARA QUE PROCEDIERA A REALIZAR EL COBRO ANTE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA EL PRÓXIMO 08-12-99, FECHA DE SU NUEVO VENCIMIENTO O PARA QUE EFECTUARA CUALQUIER OPERACIÓN FINANCIERA A SU DISCRECIÓN, SE COBRARA SUS HONORARIOS POR ASESORÍA PRESTADA Y EL RESTO SE LO ENTREGARA A SU APODERADO EN VENEZUELA, SR. JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†). EL 10-08-99, EL SR. BIGLES CASTRO (†), A SU REGRESO DE PANAMÁ, SE REÚNE CON QUIÉN SUSCRIBE ESTAS CONSIDERACIONES LIC. ÁNGEL ROBERTO INFANTE, PRESIDENTE Y ÚNICO ACCIONISTA DE LA EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., DE CUYA EMPRESA EL SR. BIGLES CASTRO (†), ERA UNO DE SUS CLIENTES, CON EL OBJETO DE MOSTRARLE LA PN ORIGINAL Y AUTÉNTICA EMITIDA LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, DE LA SERIE “6”, # 1/6, POR 25MMUS$, SOLICITÁNDOLE SU COLABORACIÓN PARA QUE PROCURARA REALIZAR ALGUNA NEGOCIACIÓN, (PARALELA A SU TRAMITACIÓN DE COBRO ANTE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA), PARA LO CUAL LE ENTREGÓ UNA COPIA A COLOR DE LA MISMA, PARA FACILITAR SU GESTIÓN, ACOMPAÑADA ADEMÁS DE VARIADAS COPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE LA RESPALDABAN, COMO LO EXPLICO EN NUMERAL ROMANO I) DE LA PÁGINA 50. EL 08-12-99, YA QUE SU VENCIMIENTO HABÍA SIDO CORRIDO HASTA ESE DÍA EN EL GOBIERNO DE RAFAEL CALDERA (†) COMO LO SEÑALA EL OFICIO DGSFP-H-96-0105 DE FECHA 13-05-96, FIRMADO POR VICTOR URGUELLES, DIRECTOR GENERAL SECTORIAL DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MH, CONTEMPLADO EN EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, Y RATIFICADO

Página 11 POSTERIORMENTE MEDIANTE OFICIO # DGSFP1196-0282, DE FECHA 13-09-96, FIRMADO POR NÉSTOR SUÁREZ, QUIÉN OSTENTABA EL MISMO CAGO, OFICIOS LOS CUALES TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 162-166. EN SU GESTIÓN DE COBRO, EL SR. BIGLES CASTRO (†) SE DIRIGE AL MH PARA INFORMARSE ACERCA DE LOS TRÁMITES A SEGUIR PARA COBRAR LA PN ORIGINAL Y AUTÉNTICA EMITIDA LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “6”, # 1/6, POR 25MMUS$ E IGUALMENTE LO HIZO EL ING. CARLOS LUGO -ENTRE OTROS- EN NOMBRE DE SU MANDANTE ÁNGELO BOCCADISI (†), REPRESENTANTE DE USBC, QUE DIO EN GARANTÍA LAS PN Y TAMBIÉN DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., PRESTAMISTA, CUSTODIO Y RESPONSABLE DEL COBRO DE LAS PN, SOLICITANDO NUEVAMENTE INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE LAS PN ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, Nos. 1/8 A LA 5/8 POR 25MMUS$ C/U POR UN MONTO TOTAL DE 125MMUS$, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y LAS DILIGENCIAS RESULTARON INFRUCTUOSAS, MANTENIÉNDOSE POR PARTE DEL MH LA POSICIÓN DE FECHA 08-12-91, DE QUE LAS PN SUPUESTAMENTE EMITIDAS POR BANDAGRO EL 07-12-81, SON FALSAS E IGNORANDO TAMBIÉN QUE SU VENCIMIENTO HABÍA SIDO CORRIDO A SU NUEVA FECHA DEL 08-12-99, COMO LO EXPLIQUÉ ANTERIORMENTE Y MOSTRÁNDOLES AL SR. BIGLES CASTRO (†) Y AL ING. CARLOS LUGO, INDISTINTAMENTE, EL REMITIDO A LA OPINIÓN PÚBLICA, FIRMADO POR LA MINISTRA DE HACIENDA DRA. MARITZA IZAGUIRRE, PUBLICADO EN EL DIARIO “EL UNIVERSAL” DE FECHA 07-10-98, A LO CUAL SEÑALÓ POSTERIORMENTE LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF EN SU REFERIDO INFORME DEL 08-08-03, QUE ESTE REMITIDO NO TIENE NINGUNA VALIDEZ JURÍDICA Y CUYO CRITERIO, REPRODUZCO A CONTINUACIÓN, CITA TEXTUAL: 1) “QUE ESTE REMITIDO A LA OPINIÓN PÚBLICA SE BASÓ EN CONSIDERACIONES SIN CONSISTENCIA JURÍDICA” Y 2) “HAY QUE DEJAR POR SENTADO QUE EL REMITIDO A LA OPINIÓN PÚBLICA NO ES EL MEDIO LEGÍTIMO PARA DESCONOCER ACTOS Y DOCUMENTOS POR LOS CUALES SE HUBIERAN GENERADO DERECHOS A TERCEROS”. ÉSTA NEGATIVA DE PAGO POR PARTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, SUCEDIÓ TAMBIÉN CON OTROS TENEDORES DE PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS POR BANDAGRO EL 07-12-81, COMO SE MANIFIESTA EN EL MISMO INFORME DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF DE FECHA 08-08-03, DONDE SE RELATAN LAS DILIGENCIAS EFECTUADAS POR OTROS RECLAMANTES SIN OBTENER RESULTADO ALGUNO Y TAMBIÉN EN ESTA OPORTUNIDAD POR LA INSPECCIÓN JUDICIAL QUE TUVO QUE REALIZAR LA DRA. YARISMA PÉREZ APARICIO, -APODERADA DE LOS RECLAMANTESEN LA SEDE DEL MH, EFECTUADA POR EL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EL 08-12-99, CERTIFICANDO LA NOTIFICACIÓN DE COBRO JUDICIAL AL MINISTRO DE FINANZAS, REFERENTE A

LAS PN ORIGINALES

AUTÉNTICAS

EMITIDAS

LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, A LO QUE TAMBIÉN, LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF EN SU REFERIDO INFORME DEL 08-08-03 SEÑALÓ LO QUE REPITO NUEVAMENTE, CITA TEXTUAL: “JURÍDICAMENTE SE ADMITE QUE CUALQUIER INSPECCIÓN DE UN TRIBUNAL DE LA REPÚBLICA DA FE DE LOS HECHOS QUE DICE HABER CONSTATADO Y TAL FE PÚBLICA NO PUEDE SER DESVIRTUADA CON

Página 12 SIMPLES PRESUNCIONES NI CON ESPECULACIONES, SINO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE TACHA DE FALSEDAD U OTRA INSPECCIÓN, LO CUAL APARENTEMENTE POR DESCUIDO DE LAS AUTORIDADES NO HA OCURRIDO Y EN CONSECUENCIA LOS RECLAMANTES DISPONEN DE ESTE DOCUMENTO PÚBLICO QUE LOS FAVORECE Y POR LO TANTO HABRÁ QUE CONSIDERARLO PARA CUALQUIER CONCLUSIÓN LEGAL SOBRE LOS HECHOS REFERIDOS EN SU CONTENIDO”. EL 06-07-00, EL SR. JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, SOLICITA UNA AUDIENCIA CON EL DR. ISAÍAS RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA RBV, PARA ASISTIR EN COMPAÑÍA DEL ABOGADO MIGUEL JACIR Y DEL SR. BIGLES CASTRO (†), PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD

DE SU

REPRESENTADA, ADJUNTANDO LA YA REFERIDA INSPECCIÓN JUDICIAL QUE REALIZÓ LA DRA. YARISMA PÉREZ APARICIO, APODERADA DE LOS RECLAMANTES, EN LA SEDE DEL AHORA MF, EJECUTADA POR EL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EL 08-12-99, DONDE SE CERTIFICABA LA NOTIFICACIÓN JUDICIAL EFECTUADA AL MINISTRO DE FINANZAS REFERENTE AL COBRO DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81. EL 04-10-00, EL SR. JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) INSISTE CON EL DR. ISAÍAS RODRÍGUEZ SOBRE LA SOLICITUD ANTERIOR EN LOS MISMOS TÉRMINOS. EL 19-04-01, EL SR. BIGLES CASTRO (†) ENTREGA AL ABOGADO COLOMBIANO DR. JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO PERDOMO, LA PN ORIGINAL Y AUTÉNTICA EMITIDA LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, SERIE “6”, CÓDIGO CARONÍ, # 1/6 POR 25MMUS$, PARA QUE REALICE EL COBRO ANTE LA RBV. EL 28-06-01, EL SR. BIGLES CASTRO (†), OTORGA UN PODER GENERAL AL ABOGADO DR. JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO PERDOMO, PARA QUE LO REPRESENTE EN TODOS SUS ACTOS, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A LA PN # 1/6, CUYA ESCRITURA # 2751, QUEDÓ AUTENTICADA EL 28-06-01, ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE SANTA FE DE BOGOTÁ, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. EL 06-11-01, EL BUFETE DEL DR. JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO PERDOMO ENVÍA UNA COMUNICACIÓN AL DR. ROY CHADERTON, EMBAJADOR DE LA RBV EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ-COLOMBIA, MANIFESTÁNDOLE QUE EL BONO QUE POSEE EL SR. BIGLES CASTRO (†), ES UN TÍTULO AUTÉNTICO, GENUINO Y LEGÍTIMO, RAZÓN POR LA CUAL INSISTEN EN QUE SEA DEBIDAMENTE CANCELADO POR EL MF DE LA RBV. EL 16-11-01, NUEVAMENTE EL BUFETE DEL DR. JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO PERDOMO, SE DIRIGE AL EMBAJADOR DE LA RBV EN COLOMBIA, DR. ROY CHADERTON, HACIÉNDOLE LLEGAR EL PODER OTORGADO POR EL SR. BIGLES CASTRO (†) DEBIDAMENTE LEGALIZADO PARA PROCEDER AL RESPECTIVO COBRO DEL TÍTULO VALOR TANTAS VECES REFERIDO. EL 26-11-01, EL EMBAJADOR DE LA RBV EN BOGOTÁ-COLOMBIA, DR. ROY CHADERTON, ACUSA RECIBO DE LA COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL BUFETE DEL DR. JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO PERDOMO, REFERENTE AL COBRO DE LA PN # 1/6 Y LE INFORMA QUE DICHA SOLICITUD CON TODOS SUS RECAUDOS FUE REMITIDA AL MF DE LA RBV A TRAVÉS

Página 13 DE NUESTRA CANCILLERÍA. EL 15-05-03, EL BUFETE DEL DR. JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO PERDOMO SOLICITA ANTE LA NOTARIO PÚBLICO JULISSA M. GARCÍA, DEL ESTADO DE LA FLORIDA DE LOS EEUU, QUE CERTIFIQUE EN EL HSBC REPUBLIC BANK, UBICADO EN 2954 AVENTURA BOULEVARD, FL 33180, LA EXISTENCIA DE LA PN # 1/6, QUE SE ENCONTRABA EN CUSTODIA EN EL CITADO BANCO, A LO CUAL LA REFERIDA NOTARIO PROCEDIÓ A LO REQUERIDO, CERTIFICANDO LA AUTENTICIDAD DEL TÍTULO ACOMPAÑADO DE SU DEBIDA APOSTILLA. EL 06-06-05, EL SR. BIGLES CASTRO (†), SOLICITA AL NOTARIO PÚBLICO QUINTO DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, QUE LE CERTIFIQUE UNA COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL DE LA PN # 1/6, LA CUAL QUEDÓ AUTENTICADA BAJO EL # 45 DEL TOMO 43 DE LOS LIBROS DE AUTENTICACIONES LLEVADOS POR ESA NOTARÍA. DESAFORTUNADAMENTE EL SR. BIGLES CASTRO (†) FALLECIÓ EL 17-10-10, PERO SUS FAMILIARES SIGUEN SIENDO LOS POSEEDORES LEGÍTIMOS DE LA PN # 1/6, QUE ES AL PORTADOR, QUIENES REPRESENTADOS POR SU HIJO MAYOR, CÉSAR CASTRO, CONTINÚAN HACIENDO DILIGENCIAS PARA LOGRAR EL COBRO O NEGOCIACIÓN DE LA MISMA. 30-06-97: EN ESTA FECHA, EL SR. JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), CREA CON SU FAMILIA, LA FUNDACIÓN TOVAR CON UN PATRIMONIO INICIAL CONSTITUIDO POR TRES (3) PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, Nos. 6/8; 7/8 Y 8/8, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, CON UN VALOR NOMINAL DE 25MMUS$ C/U, PARA UN TOTAL DE 75MMUS$ QUE LE FUERON APORTADAS COMO PAGO DE SUS HONORARIOS PROFESIONALES POR JAMES PAOLO PAVANELLI (†), PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., EN SU CONDICIÓN DE APODERADO EN VENEZUELA DE SU EMPRESA FILIAL TRIAD FINANZIARIA SPA, Y CUYOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN TOVAR, ESTÁN PROTOCOLIZADOS EN LA OFICINA SUBALTERNA DEL PRIMER CIRCUITO DE REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, EL 30-06-97, BAJO EL # 4 DEL TOMO 61, DEL PROTOCOLO PRIMERO. 14-06-01: EN ESTA FECHA, LUEGO DE DIEZ (10) AÑOS DE OTORGADO EL PRÉSTAMO DE CINCO MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (5MMUS$), POR PARTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. AL SR. ÁNGELO BOCCADISI (†), REPRESENTANTE DE LA EMPRESA USBC Y AL NO HABERSE LOGRADO EL COBRO A LA RBV Y POR CONSIGUIENTE LA NO DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., PASA A SER AUTOMÁTICAMENTE Y POR ADQUISICIÓN FORZOSA LA LEGÍTIMA PROPIETARIA DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8 POR 25MMUS$ C/U, POR UN TOTAL DE 125MMUS$, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL DOCUMENTO PRÉSTAMO-MANDATO DE FECHA 14-06-91, SEÑALADO EN LAS PÁGINAS 08-09. 04-01-03: EN ESTA FECHA, FUI A PANAMÁ, INVITADO POR EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., CON EL OBJETO DE QUE LE ASESORARA ACERCA DE LA LEGITIMIDAD DE CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8 POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO

Página 14 TOTAL DE 125MMUS$, A LO CUAL BASADO EN MI CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y TENIENDO COMO SOPORTE PARA EL COTEJO UNA COPIA A COLOR DE LA PN # 1/6, IDENTIFICADA EN LA PÁGINA 10 DE IGUALES CARACTERÍSTICAS QUE LAS SOMETIDAS A REVISIÓN DE CONFORMIDAD CON LA ASESORÍA SOLICITADA Y CUYO ORIGINAL ME ES PERFECTAMENTE CONOCIDO, CONSTATÉ QUE EFECTIVAMENTE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE ME FUERON PRESENTADAS POR LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., SE CORRESPONDEN COMO VERDADERAS, GUARDAN SUFICIENTE SIMILITUD CON LA UTILIZADA PARA EL COTEJO Y CONJUNTAMENTE CON LAS PN DE LA MISMA SERIE Y CÓDIGO NUMERADAS DE LA 6/8 A LA 8/8, PROPIEDAD DE LA FUNDACIÓN TOVAR, COMPLETAN LA SERIE DE LAS OCHO (8) PN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, VERIFICANDO TAMBIÉN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE LAS RESPALDAN COMO: a) COPIA DEL OFICIO H-733 FIRMADO POR EL MH DE ENTONCES, DR. LUIS UGUETO, DONDE GARANTIZA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EMITIDAS POR BANDAGRO, b) COPIA DE LA CARTA-PODER FIRMADA POR ÁNGELO BOCCADISI (†) EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA USBC A NOMBRE DEL

ING. CARLOS LUGO, AUTORIZÁNDOLO A NEGOCIAR

Y GARANTIZAR

OPERACIONES, DANDO COMO GARANTÍA LA ENTREGA MATERIAL DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, Nos. 1/8 A LA 5/8, c) COPIA DEL DOCUMENTO PRÉSTAMO-MANDATO MEDIANTE EL CUAL EL SR. ÁNGELO BOCCADISI (†), RECIBE EL PRÉSTAMO DE 5MMUS$ POR PARTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y d) TENIENDO EL CONOCIMIENTO DEL TESTIMONIO VERBAL DEL CIUDADANO JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA (PROPIETARIA INICIAL DE TODAS LAS PN), DE QUE SU REPRESENTADA SI HABÍA ENTREGADO A LA USBC, LAS PN SEÑALADAS PARA QUE LAS NEGOCIARA O REALIZARA CUALQUIER OPERACIÓN FINANCIERA A SU DISCRECIÓN, TESTIMONIO QUE POSTERIORMENTE EL 12-01-03 EL REFERIDO APODERADO RATIFICÓ POR ESCRITO, EN COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), PRESIDENTE DE KAMI, S.A., CUYO CONTENIDO TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN, CITA TEXTUAL: “CARACAS, 12 DE ENERO DE 2003, ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), PRESIDENTE DE KAMI, S.A., CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ. A PETICIÓN DE ÁNGEL ROBERTO INFANTE, AMPLIO CONOCEDOR DEL CASO BANDAGRO Y EN MI CONDICIÓN DE APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: LAS PROMISSORY NOTES (PN), ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, QUE POSEE SU EMPRESA KAMI, S.A., FORMAN PARTE DEL LOTE QUE POR 1.495MMUS$ ADQUIRIÓ MI REPRESENTADA LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, EL 05-10-87 EN LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA, LAS CUALES POSTERIORMENTE A FINALES DEL AÑO 1990 LE FUERON ENTREGADAS A LA EMPRESA USBC REPRESENTADA POR FRANK W. MARSHALL PARA QUE LAS NEGOCIARA O REALIZARA CUALQUIER OTRA OPERACIÓN FINANCIERA A SU DISCRECIÓN, A LO CUAL SEGÚN TENGO CONOCIMIENTO LA

Página 15 REFERIDA USBC A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE ÁNGELO BOCCADISI (†) Y POR MANDATO OTORGADO AL ING. CARLOS ALBERTO LUGO CORDERO, AUTENTICADO ANTE LA NOTARIO ESTHER AXEL, DEL ESTADO DE TEXAS DE LOS EEUU EL 11-06-91, SE LAS ENTREGÓ A SU EMPRESA KAMI, S.A. EL 14-06-91, COMO GARANTÍA POR PRÉSTAMO CONCEDIDO. ATENTAMENTE, POR: TRIAD FINANZIARIA SPA JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) APODERADO C.I. V-924.451”. ASÍ MISMO QUIÉN SUSCRIBE ESTAS CONSIDERACIONES LE INFORMA AL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), QUE EN CARACAS SE ESTÁ ORGANIZANDO UN EXPEDIENTE AMPLIAMENTE DOCUMENTADO CON EL OBJETO DE HACER UN RECLAMO FORMAL DE COBRO (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPÚBLICA, DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 54 AL 60 DE LA LOPGR) A LA RBV POR PARTE DEL ABOGADO MIGUEL JACIR, APODERADO DE LA EMPRESA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., LA CUAL SIGUE SIENDO LEGÍTIMA PROPIETARIA DE PN POR LA CANTIDAD DE 1.075MMUS$, QUE FORMAN PARTE DE LAS TRASPASADAS A FINALES DEL AÑO 1990, POR SU FILIAL LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, EMPRESA QUE COMO HEMOS INDICADO ANTERIORMENTE, HABÍA POSEÍDO TAMBIÉN LAS OCHO (8) PN Nos. 1/8 A LA 8/8, AHORA PROPIEDAD LEGÍTIMA DE LA FUNDACIÓN TOVAR, LAS PN 6/8 A LA 8/8 Y LAS 1/8 A LA 5/8 DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. 14-02-03: EN ESTA FECHA, EL DIPUTADO LUÍS VELÁSQUEZ ALVARAY MIEMBRO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RBV, SEGÚN OFICIO, QUE TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 168-172, SE DIRIGE AL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, PARA QUE ORDENE LO CONDUCENTE A FIN DE QUE SE INVESTIGUE LO REFERENTE A UNAS PN PRESUNTAMENTE EMITIDAS POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE INCLUYEN OBVIAMENTE A LAS PN Nos. 1/8 A LA 8/8, AHORA PROPIEDAD LEGÍTIMA DE: LA FUNDACIÓN TOVAR, LAS PN 6/8 A LA 8/8 Y LAS 1/8 A LA 5/8 DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., A LO CUAL EL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, MEDIANTE OFICIO # F-366 DE FECHA 10-03-03, LE INFORMA AL REFERIDO DIPUTADO LUIS VELÁSQUEZ ALVARAY, QUE HA INSTRUIDO A LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO A SU CARGO, PARA QUE SE OCUPE DE LO REFERENTE AL CASO BANDAGRO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO TAMBIÉN POR EL PRESIDENTE DE LA RBV HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), MEDIANTE OFICIO QUE TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 167 EMANADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE FECHA 25-06-02, Y DE CONFORMIDAD CON LA PETICIÓN QUE HIZO EL ABOGADO MIGUEL JACIR EN SU COMUNICACIÓN DE FECHA 21-04-02, DIRIGIDA A SU DESPACHO, MOTIVOS POR LOS CUALES EL MINISTRO ORDENÓ A SU CONSULTORÍA JURÍDICA A QUE REALICE UNA AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA, RELACIONADA CON LAS TANTAS VECES SEÑALADAS PN EMITIDAS POR BANDAGRO EL 07-12-81, A LO CUAL EN FECHA 18-03-03, LA CONSULTORÍA JURÍDICA LE DA APERTURA AL RESPECTIVO AUTO DE AVOCAMIENTO, IDENTIFICÁNDOLO CON EL EXPEDIENTE # MF DGCJ-0001-2003. EN FECHA 03-04-03, EL ABOGADO MIGUEL JACIR, EN SU CARÁCTER DE APODERADO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., RATIFICA Y AMPLÍA SU SOLICITUD DEL 21-04-02 Y BASADO EN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN APORTADA -ENTRE OTROS- POR EL SR. BIGLES CASTRO (†) Y EL

Página 16 LIC. ANGEL ROBERTO INFANTE, SE DIRIGIÓ AL MINISTRO DE FINANZAS EN ÉSTOS TÉRMINOS: “MI REPRESENTADA HA SOLICITADO ANTE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL PODER LEGISLATIVO, Y DEL PODER EJECUTIVO EL PAGO DE LAS NP CÓDIGO CARONÍ ACEPTADAS POR BANDAGRO Y AVALADAS POR LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, POR UN TOTAL DE 1.495MMUS$”. EN ESTA SOLICITUD SE INCLUYEN LAS PN MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 AL 8/8 POR 25MMUS$ C/U Y OTRAS SERIES MÁS QUE EN EL PASADO FUERON PROPIEDAD DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, Y DE SU CESIONARIA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., ACLARÁNDOSE EN LA SEGUNDA PÁGINA DE LA REFERIDA SOLICITUD LA NO PERTENENCIA DE LAS MISMAS, PUES SE DEJAN DE MENCIONAR AL CARECER DE SU TENENCIA FÍSICA Y POR SUPUESTO DE LA LEGÍTIMA PROPIEDAD DE LOS TÍTULOS, ADEMÁS POR SU CONDICIÓN DE SER PN AL PORTADOR. MEDIANTE ESTA SOLICITUD FORMAL DE COBRO SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPÚBLICA, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 54 AL 60 DE LA LOPGR, O SEA HABER PRESENTADO FORMALMENTE EL COBRO DE LAS PN A LA RBV ANTES DE PROCEDER JUDICIALMENTE Y AMPARA OBVIAMENTE A LAS PN Nos. 1/8 A LA 8/8, AHORA PROPIEDAD LEGÍTIMA DE LA FUNDACIÓN TOVAR, LAS PN 6/8 A LA 8/8 Y LAS 1/8 A LA 5/8 DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. 14-03-03: EN ESTA FECHA, EL CONSULTOR JURÍDICO DEL MF DR. OSCAR GUZMÁN COVA, DIRIGE EL OFICIO FCJ-E-183 A LA CIUDADANA MAGDA RUIZ PINEDA EN EL CONSULADO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN BERNA-SUIZA, DONDE LE SOLICITA SE SIRVA PRESTAR LA COLABORACIÓN NECESARIA AL LIC. CARLOS ROMÁN DELGADO, A FIN DE QUE PRACTIQUE LAS DILIGENCIAS PERTINENTES RELACIONADAS CON LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CIERTAS NOTAS PROMISORIAS EMITIDAS POR EL EXTINTO BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO) EN 1981, QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADAS EN CUSTODIA EN LA CIUDAD DE LUGANO-SUIZA. EL 22-03-03, EL LIC. CARLOS ROMÁN DELGADO SE TRASLADÓ AL CONSULADO DE VENEZUELA EN SUIZA PARA SU RESPECTIVA

IDENTIFICACIÓN

SOLICITUD

APOYO

MISIÓN

ENCOMENDADA Y POSTERIORMENTE EL 25-03-03, SE PRESENTÓ ANTE EL NOTARIO PÚBLICO ABOGADO SIRO SCHIANCHI EN LA CIUDAD DE CHIASSO-SUIZA, CUSTODIO DE LAS PN OBJETO DE LA REVISIÓN, PROPIEDAD DEL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., DE LAS CUALES SOLO PUDO INSPECCIONAR LA CANTIDAD DE 675MMUS$ QUE SE ENCONTRABAN EN FORMATO ORIGINAL, AUTENTICÁNDOLAS COMO PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EN EL INFORME PRESENTADO AL MF, EL RESTO DE LAS PN OBJETO DE REVISIÓN NO SE ENCONTRABAN LO CUAL TAMBIÉN HIZO CONSTAR, A LO QUE ACLARAMOS Y RECORDAMOS, QUE EN EL CASO DE LAS PN MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, NUMERADAS DE LA 1/8 A LA 8/8, POR 25MMUS$ C/U, LOS FORMATOS ORIGINALES DE LAS PN 1/8 A LA 5/8 SE ENCONTRABAN DESDE EL AÑO/91 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EN LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., PRIMERO EN CALIDAD DE GARANTÍA POR PRÉSTAMO CONCEDIDO Y POSTERIORMENTE EN PROPIEDAD LEGÍTIMA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRÉSTAMO CONCEDIDO; LOS FORMATOS ORIGINALES DE LAS PN 6/8 A LA 8/8 SE ENCONTRABAN DESDE EL AÑO/97 EN LA CIUDAD DE CARACAS, EN PROPIEDAD LEGÍTIMA DE LA FUNDACIÓN TOVAR (†) Y EN EL CASO DE LA PN 1/6 CON LAS MISMAS

Página 17 CARACTERÍSTICAS QUE LAS ANTERIORES, EL FORMATO ORIGINAL SE ENCONTRABA DESDE EL AÑO/99 EN LA CIUDAD DE CARACAS, EN POSESIÓN LEGÍTIMA DEL SR. BIGLES CASTRO (†). A CONTINUACIÓN TRANSCRIBO EL OFICIO FCJ-E-183, ANTERIORMENTE MENCIONADO:

Página 18

Página 19 EN SU MISIÓN, EL COMISIONADO ECONOMISTA CARLOS ROMÁN DELGADO MOREAN, REQUIRIÓ DE LOS SERVICIOS DEL RECONOCIDO GRAFÓLOGO ITALIANO-SUIZO, EXPERTO EN DESCUBRIR FALSIFICACIONES, ING. BRUNO FABBIANI, PARA QUE LE ACTUALIZARA LA EXPERTICIA REALIZADA POR ÉL MISMO EN EL AÑO 1993, A CIERTAS PN ICC-290 E ICC-322, DE LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. Y QUE TAMBIÉN, COMO SEÑALÉ ANTERIORMENTE ESTABAN AMPARADAS LAS DE MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., EXPERTICIA QUE CONCLUYÓ CONFIRMANDO NUEVAMENTE, EN QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†) SI FIRMÓ LAS REFERIDAS PN Y DONDE TAMBIÉN RATIFICÓ QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†) MODIFICÓ LOS RASGOS DE SU FIRMA, PARA SIMULAR UNA FALSIFICACIÓN, EXPERTICIA LA CUAL AMPARA A TODAS LAS PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 CUYO EXTRACTO DE LA MISMA TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 175-176 Y COMO TAL, FUÉ ADMITIDA COMO PRUEBA VÁLIDA Y CONTUNDENTE, EN EL INFORME FINAL DEL MF DE FECHA 08-08-03, QUE, REPITO, CONCLUYÓ EN, CITA TEXTUAL: “…HABIÉNDOSE CONSTATADO LA EXISTENCIA DE LAS PROMISSORY NOTES, ÉSTA CONSULTORÍA JURÍDICA CONCLUYE EN QUE LOS RECLAMANTES TIENEN EL LEGÍTIMO DERECHO A QUE LES SEAN PROCESADAS PARA HACERLAS EFECTIVAS O CUALQUIER OTRA FORMALIDAD, CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD Y QUE EL INFORME DEBE SER REMITIDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EMITA EL DICTAMEN DEFINITIVO…”. INFORME EL CUAL FUÉ ENVIADO POR EL MINISTRO DE FINANZAS DE ESE ENTONCES, TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, A LA CONSIDERACIÓN DE LA PGR EL 12-08-03, MEDIANTE OFICIO F-2633, APROBANDO ASÍ SU CONTENIDO Y DECISIÓN, PRONUNCIÁNDOSE ÉSTA FAVORABLEMENTE EL 03-10-03, SEGÚN OFICIO 0635, CON LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, CITA LITERAL: “…ESTA PROCURADURÍA ACEPTA LA VALORACIÓN Y EL CRITERIO SOSTENIDO POR LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS Y EN TAL SENTIDO, SE PRONUNCIA POR LA PROCEDENCIA DE LA CITADA RECLAMACIÓN INTERPUESTA…”, CONVIRTIENDO POR LO TANTO EL REFERIDO INFORME, EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE SU PROPIA LEY. 09-04-03: EL DIPUTADO LUÍS VELÁSQUEZ ALVARAY, SE DIRIGE NUEVAMENTE AL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ SEGÚN OFICIO TRANSCRITO EN LAS PÁGINAS 173-174, SOLICITÁNDOLE SE INVESTIGUEN TAMBIÉN LAS PN EMITIDAS POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 6/8 A LA 8/8, CON UN VALOR NOMINAL DE 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO TOTAL DE 75MMUS$, PROPIEDAD DE LA FUNDACIÓN TOVAR; OFICIO ÉSTE QUE OBVIAMENTE TAMBIÉN AMPARA A LAS PN Nos. 1/8 A LA 5/8, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y QUE COMPLETAN LA SERIE “8”. 07-05-03: MEDIANTE OFICIO FCJ-E-335, LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF SOLICITA AL CICPC, QUE CERTIFIQUE UNA COPIA DE LA EXPERTICIA GRAFO TÉCNICA, REALIZADA A CIERTAS PN DEPOSITADAS EN CUSTODIA EN EL BANQUE SCS ALLIANCE EN GINEBRA-SUIZA, EXPERTICIA LA CUAL OBVIAMENTE FUE CONSIDERADA EN SU INFORME # MF-DGCJ-0001-2003 DEL 08-08-03 Y POR SUPUESTO DEL CONOCIMIENTO DEL

Página 20 MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ QUIÉN FUE EL QUE LO FIRMÓ Y APROBÓ. LA RESPUESTA A ESTE OFICIO FCJ-E-335, LLEGÓ A LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF DESPUÉS QUE EL CONSULTOR JURÍDICO ABOGADO ÓSCAR GUZMÁN COVA HABÍA “RENUNCIADO” Y ASUMIDO EL CARGO LA CONSULTORA ADJUNTA ABOGADA LUDMILA SOTO, QUIÉN MÁS ADELANTE, EL 17-11-03, SE APRESURÓ A EMITIR UN ILEGAL E INCONSISTENTE “INFORME”, ESTA VEZ REVOCATORIO ESGRIMIENDO QUE EXISTÍAN, CITA TEXTUAL: “COMO QUIERA QUE EXISTEN NUEVOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE NO PUDIERON VALORARSE EN SU OPORTUNIDAD”, CUANDO EN REALIDAD SE TRATABA EL

CONSULTOR

COPIA

JURÍDICO

CERTIFICADA

DEL

“RENUNCIANTE”,

EXPEDIENTE, QUE

CONTIENE

SOLICITADA LA

POR

EXPERTICIA

GRAFOTÉCNICA REALIZADA EL 05-10-98 SEGÚN OFICIO # 9700-T-030-2719, EMANADO DEL DEPARTAMENTO DE GRAFO TÉCNICA DE LA PTJ Y REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESE CUERPO POLICIAL, DEISY CAÑIZALES Y LISANDRO ALFONSO EN EL BANQUE SCS ALLIANCE EN GINEBRA-SUIZA, A 47 PN POR UN MONTO DE 1.410MMUS$, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PYEMAG LD, DOMICILIADA EN EL ESTADO DE TEXAS DE LOS EEUU Y REPRESENTADA POR EL SR. WARREN HAUGHT, LAS CUALES RESULTARON FALSAS, TANTO EN FIRMA E IMPRESIÓN, COMO EN EL PAPEL Y SELLOS, CON LO CUAL LOS RECLAMANTES TAMBIÉN ESTÁN TOTALMENTE DE ACUERDO, PUES LA EXPERTICIA FUE REALIZADA A PN FALSAS, QUE NADA TIENEN QUE VER CON LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD LEGÍTIMA DE LOS RECLAMANTES Y MUCHO MENOS CON LAS PN DE LA SERIE “8” Nos. 1/8 A LA 8/8 Y DE LA SERIE “12” Nos. 1/12 A LA 12/12, OBJETO –ENTRE OTRAS- DE LA RECLAMACIÓN EJECUTADA POR EL ABOGADO MIGUEL JACIR EL 21-04-02 Y POSTERIORMENTE AMPLIADA Y CONCRETADA POR EL MISMO EL 03-04-03, PUES PARA EL MOMENTO DE EFECTUAR ESTA EXPERTICIA EL 05-10-98, DONDE SE ANULARON ENTRE OTRAS, UNA SERIE “8” Y UNA SERIE “12” FALSAS, LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, NUMERADAS DE LA 1/8 A LA 8/8, POR 25MMUS$ C/U, Y SERIE “12”, NUMERADAS DE LA 1/12 A LA 12/12, POR 50MMUS$ C/U, SE ENCONTRABAN EN POSESIÓN LEGÍTIMA, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS JURÍDICAS: LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., EN PANAMÁ POSEÍA LAS NUMERADAS 1/8 A LA 5/8 DESDE EL AÑO/91, LA FUNDACIÓN TOVAR, EN VENEZUELA POSEÍA LAS NUMERADAS DE LA 6/8 A LA 8/8 DESDE EL AÑO/97 Y LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA EN SUIZA, POSEÍA LAS NUMERADAS 1/12 A LA 12/12 DESDE EL AÑO/87 Y POR LO TANTO, ES INCONCEBIBLE QUE TRATEN DE MANIPULAR Y CONFUNDIR, LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 EN POSESIÓN LEGÍTIMA DE LOS RECLAMANTES, CON LAS PN FALSAS Y FRAUDULENTAS ANULADAS EN EL BANQUE SCS ALLIANCE EN GINEBRA-SUIZA. ESTA LIGEREZA POR PARTE DE LA NUEVA CONSULTORA JURÍDICA DEL MF OCASIONÓ QUE LA PGR, CON FECHA INCIERTA DEL ¿08-12-03?, REVOCARA TAMBIÉN, ILEGAL E IRRESPONSABLEMENTE SU DICTAMEN DE FECHA 03-10-03, IGNORANDO POR COMPLETO QUE AMBOS INFORMES, (MF 08-08-03 Y PGR 31-10-03), SON VINCULANTES, IRREVOCABLES Y FIRMES, COMO DE DERECHO ASÍ LO DICTAMINÓ, REPITO, LA PROPIA PGR EL 03-10-03, RATIFICADO POR LA MISMA PGR EL 18-11-03, MEDIANTE OFICIO # 0824, VUELTO A RATIFICAR POR LA PROCURADORA MARISOL

Página 21 PLAZA IRIGOYEN EL 01-07-04, EN SUS DECLARACIONES AL PERIODISTA PEDRO PABLO PEÑALOZA EN EL DIARIO TAL CUAL Y FINALMENTE CERTIFICADO SU CARÁCTER DE VINCULANTE POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ, MEDIANTE LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ARCADIO DELGADO ROSALES DE FECHA 12-07-07, QUE TAMBIÉN ES VINCULANTE, RESPONDIENDO A LOS RECURSOS DE INTERPRETACIÓN SOLICITADOS: EL 17-01-07 POR LA ABOGADA MARISOL PLAZA IRIGOYEN (EXPROCURADORA) Y EL 10-04-07 POR LA ABOGADA GLADYS GUTIÉRREZ (PROCURADORA EN EJERCICIO), REFERENTES EN ESTE CASO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR Y EN CUYA DECISIÓN DEL 12-07-07, EL MAGISTRADO PONENTE ARCADIO DELGADO ROSALES PRECISÓ: “…EL PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLO TENDRÁ CARÁCTER VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…”, COMO ASÍ LO HICIERON TOTALMENTE APEGADOS A DERECHO, LOS RECLAMANTES Y EL MF, CONFORMANDO CON ESTE BOCHORNOSO ACTO DE INTENTO REVOCATORIO, UN DISPARATE JURÍDICO NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, QUE NO ADMITE DISCUSIÓN, NI APROBACIÓN ALGUNA Y DONDE ADEMÁS LA NUEVA CONSULTORA JURÍDICA DEL MF ABOGADA LUDMILA SOTO, SE DEBIÓ INHIBIR POR SER PARIENTE DE ELBANO FONTANA NIEVES, GERENTE GENERAL DE BANDAGRO, FIRMANTE DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, CONJUNTAMENTE CON EL INTERVENTOR DEL MISMO, WALDEMAR CORDERO VALE (†). 23-07-03: EN ESTA FECHA, FUI INVITADO NUEVAMENTE A PANAMÁ POR EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), ESTA VEZ EN COMPAÑÍA DEL TAMBIÉN EXPERTO EN EL CASO BANDAGRO SR. BIGLES CASTRO (†), LLEVANDO ÉSTE CONSIGO LA PN ORIGINAL Y AUTÉNTICA EMITIDA LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “6”, # 1/6, POR 25MMUS$, PARA VERIFICAR NUEVAMENTE Y COTEJAR CON LAS TAMBIÉN PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, NUMERADAS DE LA 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., UNA VEZ HECHA ESTA VERIFICACIÓN Y CERTIFICANDO DE QUE SI SE TRATA DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., Y DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS EL 25-07-03, ME OTORGA UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, AUTENTICADO EN LA NOTARÍA DÉCIMA DE PANAMÁ PARA QUE ME OCUPE DEL COBRO O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE RESCATE, PRÉSTAMO O NEGOCIACIÓN DE LAS PN EMITIDAS POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, CON UN VALOR NOMINAL DE 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO TOTAL DE 125MMUS$, PROPIEDAD INDUBITABLE DE SU REPRESENTADA, CUYOS ORIGINALES Y TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE LAS RESPALDAN, SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN CUSTODIA EN LA CAJA DE SEGURIDAD QUE MANTIENE EL MENCIONADO ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†) EN EL BANCO DEL ISTMO DE PANAMÁ, (AHORA HSBC). 18-01-07: EN ESTA FECHA, LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES KAMI, S. A. Y LA FUNDACIÓN TOVAR, ÁNGEL ROBERTO INFANTE (APODERADO) Y JOSÉ NICOLÁS

Página 22 TOVAR JIMÉNEZ (†) (PRESIDENTE) RESPECTIVAMENTE, SUSCRIBIERON EN EL PERIÓDICO REPORTE DIARIO DE LA ECONOMÍA EL “COMUNICADO CASO BANDAGRO” SEÑALANDO QUE LAS INSTITUCIONES QUE REPRESENTAN SON LAS LEGÍTIMAS PROPIETARIAS DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 8/8, POR 25MMUS$ C/U Y QUE ELLOS SON LOS ÚNICOS AUTORIZADOS PARA HACER TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS PN ALLÍ DESCRITAS. 30-04-07: EN ESTA FECHA, ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE PANAMÁ, CON EL OBJETO DE CERTIFICAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ME ACREDITA PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., DOMICILIADA EN PANAMÁ, PARA REALIZAR EL COBRO ANTE LA RBV, DE LAS CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD INDUBITABLE DE SU REPRESENTADA, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO TOTAL DE 125MMUS$, CUYO DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN FUE EJECUTADO Y RECONOCIDO POR EL NOTARIO DÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ EL 02-05-07, APOSTILLADO POR ANTE EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE PANAMÁ Y AUTENTICADO EN VENEZUELA POR ANTE LA NOTARÍA SEXTA DEL MUNICIPIO CHACAO, DEL ESTADO MIRANDA EL 09-05-07, BAJO EL # 35, DEL TOMO 87. DOCUMENTO ÉSTE QUE ADEMÁS ME HABÍA SIDO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO REPORTE DIARIO DE LA ECONOMÍA, PARA QUE LE CERTIFICARA MI CONDICIÓN DE APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y PODER SUSTENTAR ASÍ, MI RESPONSABILIDAD ABSOLUTA SOBRE EL CONTENIDO DEL PRIMER COMUNICADO CASO BANDAGRO, QUE SUSCRIBÍ COMO APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y QUE YA HABÍA SIDO PUBLICADO POR EL RECONOCIDO PERIÓDICO EN SU EDICIÓN DEL 18-01-07 Y TAMBIÉN DE LOS SUBSIGUIENTES COMUNICADOS QUE IGUALMENTE SEGUÍ PUBLICANDO. 30-04-08: EN ESTA FECHA, ME TRASLADÉ NUEVAMENTE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, CON EL OBJETO DE CONCRETAR CON MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., DOMICILIADA EN PANAMÁ, LA FIRMA DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PARA QUE LE CEDA Y TRASPASE A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., DOMICILIADA EN CARACAS, TODOS LOS DERECHOS ESPECIALMENTE LOS JUDICIALES Y TRIBUTARIOS Y PROCEDA A LA ENTREGA MATERIAL DE LAS CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, DE SU LEGÍTIMA PROPIEDAD DESDE EL 14-06-01, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO TOTAL DE 125MMUS$, CON EL FIN DE FACILITAR LA EJECUCIÓN DEL PODER QUE ME OTORGARON EL 25-07-03, YA QUE LAS REFERIDAS PN SON AL PORTADOR Y POR ESE MOTIVO EL PODER OTORGADO EL 25-07-03, ES INSUFICIENTE, PUES SIN LA POSESIÓN LEGÍTIMA DE LAS PN, EL REFERIDO PODER CARECE DE CONSISTENCIA JURÍDICA, LO CUAL FUE APROBADO POR LA PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. CON DOS CONDICIONES FUNDAMENTALES: a) QUE LAS PN CON TODA SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SE MANTUVIERAN EN UNA CAJA DE SEGURIDAD EN UN BANCO PANAMEÑO Y QUE LA SEGURIDAD ESTUVIERA COMPARTIDA, POSEYENDO YO LA COMBINACIÓN Y EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†) LA LLAVE Y ASÍ SE HIZO Y b) QUE AL LEGALIZAR EL DOCUMENTO DE

Página 23 CESIÓN EN VENEZUELA LE OTORGARA UN PODER GENERAL DE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., AL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), COMO PRESIDENTE DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. DE MANERA TAL, QUE AMBAS EMPRESAS TENGAN INDISTINTAMENTE TODAS LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN Y ASÍ SE HIZO Y EN CONSECUENCIA SE ELABORÓ EL RESPECTIVO DOCUMENTO DE CESIÓN ANEXANDO COPIA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE LO RESPALDA (TRADICIÓN LEGAL) Y COPIA ESCANEADA DE C/U DE LAS PN 1/8 A LA 5/8, TODO LO CUAL FUE CERTIFICADO Y COTEJADO CON SUS ORIGINALES POR EL NOTARIO NOVENO DE PANAMÁ, COMISIONADO AL EFECTO, QUIÉN SE TRASLADÓ AL HSBC, UBICADO EN LA AV. JUSTO AROSEMENA, DONDE COTEJÓ Y FIRMÓ CADA UNA DE ELLAS Y SEGUIDAMENTE FUE OTORGADO POR ANTE EL NOTARIO OCTAVO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ EL 30-04-08, APOSTILLADO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE PANAMÁ EL 02-05-08 Y POSTERIORMENTE AUTENTICADO EN LA RBV POR ANTE LA NOTARÍA SEXTA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, EL 15-05-08, BAJO EL # 01, DEL TOMO 75 Y DEBIDAMENTE APOSTILLADO ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES VENEZOLANAS, EL 22-05-08. 19-01-09: EN ESTA FECHA, PROCEDÍ A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL, BAJO EL # 17, DEL TOMO 11-A-SEGUNDO, EXPEDIENTE # 323532, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MÍ EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., CELEBRADA EL DÍA 16-05-08, DONDE SE RATIFICÓ LA CESIÓN QUE LE HIZO EL 30-04-08, MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., DE LAS CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, DE SU PROPIEDAD, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO TOTAL DE 125MMUS$, A MÍ EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., SUBROGÁNDOSE CON LA REFERIDA CESIÓN, TODOS LOS DERECHOS DE LAS PN YA IDENTIFICADAS Y PASANDO A SER A PARTIR DE ESA FECHA, LA PROPIETARIA LEGÍTIMA, AUTÉNTICA Y DE BUENA FE, DE LAS CITADAS PN, EFECTUANDO LAS MODIFICACIONES PERTINENTES AL ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTARIA, EJECUTANDO TODOS LOS TRÁMITES LEGALES Y PAGANDO LOS CORRESPONDIENTES

ARANCELES

IMPUESTOS

ANTE

LAS

AUTORIDADES

COMPETENTES DE LA RVB, A LAS CUALES ACUDÍ TAMBIÉN PARA REALIZAR LA OPORTUNA Y CONVENIENTE PARTICIPACIÓN AL SENIAT, DEPENDENCIA DEL MF, Y FINALMENTE LA CORRESPONDIENTE APOSTILLA DE LA HAYA, HACIENDO EL RECORRIDO A SABER: REGISTRO PRINCIPAL, MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CONVALIDANDO ASÍ, UNA VEZ MÁS EL ESTADO VENEZOLANO, MEDIANTE ESTA ACTUACIÓN LEGAL, LA VERACIDAD DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y SU VALIDEZ PARA EFECTUAR ACTOS LÍCITOS DE COMERCIO, COMO ÉSTE QUE ACABO DE SEÑALAR.

Página 24 07-04-09, EN ESTA FECHA, ME DIRIJO AL CIUDADANO HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA RBV, C/C AL CIUDADANO MINISTRO DE FINANZAS, EN UNA CARTA QUE ENTREGUE, EN SUS RESPECTIVOS DESPACHOS, QUE CONSTA DE TRES (3) PÁGINAS, CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, ENTRE ELLOS SIETE (7) COPIAS DEL DIARIO REPORTE DE LA ECONOMÍA, UNA (1) COPIA DEL DIARIO 2001 Y UNA (1) COPIA DEL SEMANARIO LAS VERDADES DE MIGUEL EN DIFERENTES EDICIONES EN LA RBV, EN LOS CUALES SE PUBLICARON SENDOS COMUNICADOS Y ARTÍCULOS SUSCRITOS POR MI Y OTROS POSEEDORES LEGÍTIMOS DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, DONDE SE RESUMEN TODAS LAS DILIGENCIAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS

SOBRE

CASO

BANDAGRO,

CUYA

CARTA

REDACTADA

RESPETUOSAMENTE Y QUE TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 189-191, LA HICE CON EL OBJETO DE QUE LES SEAN CANCELADAS A MÍ REPRESENTADA LA EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., LAS CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE SON DE SU PROPIEDAD INDUBITABLE, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$

C/U,

POR

MONTO

TOTAL

125MMUS$,

RECORDÁNDOLE

SUCINTAMENTE LO QUE ESTABA OCURRIENDO CON EL FAMOSO CASO BANDAGRO, QUE ÉL MISMO MANDÓ A INVESTIGAR EL 14-02-03, RESULTANDO DICHA INVESTIGACIÓN FAVORABLE A NOSOTROS LOS RECLAMANTES. 29-04-09: EN ESTA FECHA, LA CORTE DE DISTRITOS DE LOS EEUU, PARA LA DIVISIÓN ESTE DEL DISTRITO SUR DE OHIO, HIZO PARTE EN EL JUICIO, EL CASO DE LATIN CONSULT-VENOSPA LLC, DONDE LA MISMA, PRESENTÓ COMO PRUEBA CONTUNDENTE,

DOCUMENTO

MÍ

REPRESENTADA,

EMPRESA

VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ADQUIRIÓ POR CESIÓN DE SU PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., TODOS LOS DERECHOS SOBRE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, DOCUMENTO EL CUAL FUE AGREGADO COMO REGISTRO PROBATORIO # 13, IDENTIFICADO CON EL # 163 EN EL DOKET REPORT DE ESE TRIBUNAL ESTADOUNIDENSE, AL SER CONSIDERADO COMO PRUEBA IMPORTANTE EN EL CASO DE LA DEMANDA INCOADA POR SKYE VENTURES LLC, CUYAS SENTENCIAS GENERARÁN INDISCUTIBLEMENTE JURISPRUDENCIA A FAVOR DE INVERSIONES INALCA, C.A., EN CASO DE QUE TENGA QUE DEMANDAR, POR TRATARSE DE PN, DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS DE SKYE VENTURES LLC Y LATIN CONSULT-VENOSPA LLC. 14-09-09: EN ESTA FECHA, LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES: KAMI, S. A., FUNDACIÓN TOVAR (†) E INVERSIONES INALCA, C.A., JULIO ISAAC VELARDE (†), JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) Y ÁNGEL ROBERTO INFANTE RESPECTIVAMENTE, DIRIGEN UNA COMUNICACIÓN/CRONOLOGÍA A LOS CIUDADANOS BALWIN SPENCER, PRIMER MINISTRO Y A JOHN WILLIAMS, INTERVENTOR DEL STANFORD BANK EN ANTIGUA Y BARBUDA, CERTIFICANDO QUE SUS OCHO (8) PN ICC-322,

Página 25 CÓDIGO CARONÍ, Nos. 1/8 A LA 8/8, POR 25MMUS$ C/U Y UN MONTO TOTAL DE 200MMUS$, SON LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, LAS CUALES A TRAVÉS DE TRASPASOS Y DE DIVERSAS OPERACIONES FINANCIERAS O COMERCIALES LEGALES Y DE BUENA FE, SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PROPIEDAD LEGÍTIMA E INDUBITABLE DE INVERSIONES INALCA, C.A. Y DE LA FUNDACIÓN TOVAR RESPECTIVAMENTE Y QUE

CUALESQUIERA

OTRAS

CON

SIMILARES

CARACTERÍSTICAS

NUMERACIÓN, SON FALSAS Y NULAS DE NULIDAD ABSOLUTA. ESTO MOTIVADO A QUE EN LA BÓVEDA DEL INTERVENIDO STANFORD BANK EN ANTIGUA Y BARBUDA, FUERON ENCONTRADAS DOS (2) PN CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DE LA FUNDACIÓN TOVAR, QUE FUERON UTILIZADAS COMO GARANTÍA COLATERAL PARA LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, LO CUAL EN NINGÚN MOMENTO HA SIDO EJECUTADO POR NINGUNO DE LOS DIRECTIVOS DE LA REFERIDA FUNDACIÓN TOVAR, YA QUE SUS PN 6/8 A LA 8/8, SIEMPRE HAN PERMANECIDO EN UNA CAJA DE SEGURIDAD DE UN BANCO VENEZOLANO Y JAMÁS HAN SALIDO DEL PAÍS. 26-02-10: EN ESTA FECHA, EL COMENTARISTA FINANCIERO CARLOS CORDERO, EN SU LEÍDA COLUMNA “OVERNIGHT” DEL SEMANARIO “LAS VERDADES DE MIGUEL”, RESEÑA LO SIGUIENTE: “BANDAGRO ESTÁ VIVO Y PAVANELLI MUERTO" JAMES PAOLO PAVANELLI (†), EL PERSONAJE QUE HA MANTENIDO UNA QUERELLA POR MÁS DE 20 AÑOS CON LA NACIÓN VENEZOLANA, POR EL COMPLICADO ASUNTO DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, DEJO DE EXISTIR EN FORMA TRÁGICA. SEGÚN NOS INFORMARON, EL CHALET DONDE VIVÍA JAMES PAOLO PAVANELLI (†) EN VILLARS-SUR-OLLONSUIZA, HABÍA SIDO DESTROZADO POR UN INCENDIO Y LAS AUTORIDADES ENCONTRARON UN CUERPO QUEMADO QUE LLEVARON A LA MEDICINA FORENSE DE LAUSANNE-SUIZA, QUE LUEGO PUDIERON CONFIRMAR POR EL ADN DE QUE SE TRATABA DEL CUERPO DE JAMES PAOLO PAVANELLI (†). NO ENCONTRARON NINGUNA INDICACIÓN DE HOMICIDIO. SE MURIÓ POR HABER TENIDO UNA CONCENTRACIÓN DEL 68% DE MONÓXIDO Y DIÓXIDO DE CARBONO. MUERTE ÉSTA QUE NOS PARECE MUY EXTRAÑA, POR CUANTO QUE EL SUPUESTO ORIGEN DEL INCENDIO DEL CHALET, COMENZÓ EN LA HABITACIÓN DONDE DORMÍA EL FINADO Y SE PRODUJO PORQUE JAMES PAOLO PAVANELLI (†) FUMABA HABANOS Y QUE EL INCENDIO FUE ORIGINADO PRESUNTAMENTE, POR LAS CENIZAS DEL TABACO QUE CAYERON EN LA CAMA QUE OCASIONARON LA COMBUSTIÓN DEL COLCHÓN, EXTENDIÉNDOSE

LAS

LLAMAS

POR

TODO

CHALET, CALCINÁNDOLO

TOTALMENTE, LO CUAL NOS PARECE INADMISIBLE, PUES SI UN INCENDIO COMIENZA EN LA CAMA DONDE UNA PERSONA DUERME Y ESPECÍFICAMENTE EN EL LADO DONDE APOYA LA CABEZA, ES IMPOSIBLE QUE ESA PERSONA NO SE DESPIERTE ENTONCES POR EL CALOR QUE PRODUCIRÍA LA INCIPIENTE LLAMA, PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA A APAGARLA INMEDIATAMENTE. EXPLICACIÓN LA CUAL DEJO A LA INTERPRETACIÓN DE MIS LECTORES PARA QUE SAQUEN SUS PROPIAS CONCLUSIONES. NO OBSTANTE, LOS JUICIOS DEL CASO BANDAGRO

Página 26 CONTINÚAN EN OHIO-EEUU Y EN SUIZA Y AMPARAN A TODOS LOS TENEDORES LEGÍTIMOS Y DE BUENA FE DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81. 10-03-10: EN ESTA FECHA, EL CIUDADANO JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), EN SU CONDICIÓN DE APODERADO ESPECIAL DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, MEDIANTE DOCUMENTO AUTENTICADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, BAJO EL # 79, DEL TOMO 22, DECLARÓ BAJO FE DE JURAMENTO, LA LEGALIDAD Y AUTENTICIDAD DEL RECIBO EMITIDO Y FIRMADO POR LAS AUTORIDADES DE BANDAGRO EL 17-02-82, DONDE CONSTA LA VENTA DE LAS PN OBJETO DE ESTA INVESTIGACIÓN AL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO GUILLERMO AAGAARD SALAZAR, QUE FUE LA FECHA EN QUE SE CONSUMÓ EL VERDADERO DELITO DE FRAUDE A LA NACIÓN, COMO LO EXPLICO EN LA PÁGINA 35. 13-09-10: EN ESTA FECHA, EL CIUDADANO JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), EN SU CONDICIÓN DE APODERADO ESPECIAL DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, MEDIANTE DOCUMENTO AUTENTICADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, BAJO EL # 29, DEL TOMO 47, DECLARÓ BAJO FE DE JURAMENTO, QUE LA EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., ES ACTUALMENTE LA PROPIETARIA LEGÍTIMA DE LAS CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO TOTAL DE 125MMUS$, LAS CUALES ANTERIORMENTE FUERON PROPIEDAD DE SU REPRESENTADA, LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, QUIÉN A FINALES DEL AÑO 1990, SE LAS HABÍA TRASPASADO A SU CESIONARIA, LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., PN ÉSTAS QUE A TRAVÉS DE DIFERENTES OPERACIONES FINANCIERAS O COMERCIALES DE BUENA FE, PASARON A SER PROPIEDAD INCUESTIONABLE E INDUBITABLE DE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A. 07-10-10: EN ESTA FECHA, ME DIRIJO NUEVAMENTE AL CIUDADANO HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA RBV, C/C AL CIUDADANO MINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, EN UNA CARTA DE DOS (2) PÁGINAS, QUE TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 192-193. CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, QUE ENTREGUÉ EN SUS CORRESPONDIENTES DESPACHOS, INFORMÁNDOLES QUE LA CORTE DE APELACIONES DE OHIO, FALLÓ EN CONTRA DE LA RBV Y SUGIRIÉNDOLES RESPETUOSAMENTE

SOLUCIÓN

INMEDIATA

DEL

CASO

BANDAGRO,

CONFORMIDAD COMO LO PROPUSE EN EL ESCENARIO “2”, PUBLICADO EN EL SEMANARIO “LAS VERDADES DE MIGUEL” HACE MÁS DE 8 AÑOS A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, REPRODUCIDO EN LA PÁGINA 97. MI MAYOR SORPRESA OCURRIÓ AL PRINCIPIO DEL SIGUIENTE MES DE NOVIEMBRE, EN QUE COMENZARON A SUCEDER EN MI CONTRA, UNA SERIE DE INSÓLITOS ACONTECIMIENTOS JUDICIALES, EN FRANCA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DE MIS DERECHOS CIUDADANOS, ESTABLECIDOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN Y SUS LEYES, LOS CUALES RELATO A CONTINUACIÓN:

Página 27

LOS HECHOS 1) COMO RESPUESTA A MIS DOS (2) CARTAS DE FECHAS 07-04-09 Y 07-10-10, TRANSCRITAS EN LAS PÁGINAS 189-193, DIRIGIDAS RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA RBV, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), CON COPIAS A SUS MINISTROS DE FINANZAS EN EJERCICIO, DONDE LES EXIGÍA NUEVAMENTE EL PAGO DE LAS PN MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, PROPIEDAD INDUBITABLE DE MI REPRESENTADA LA EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., ME ENCUENTRO CON LA DESAGRADABLE SORPRESA DE QUE EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ME COMENZÓ A BUSCAR CON INSISTENCIA UNA COMISIÓN ESPECIAL DEL CICPC, SIN ORDEN JUDICIAL Y SIN HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, (COMO FUÉ VERIFICADO POR MIS ABOGADOS, EN LOS ORGANISMOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES, CICPC Y TRIBUNALES PENALES) ACUDIENDO PRIMERO: AL DOMICILIO FISCAL DE MI EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., EN EL EDIFICIO CENTRO PARQUE CARABOBO, EN LA CANDELARIA, SEGUNDO: A MI DOMICILIO FISCAL COMO PERSONA NATURAL, EN EL EDIFICIO GUIPELIA, EN LOS PALOS GRANDES, Y TERCERO: A MI ÚLTIMA RESIDENCIA ACÁ EN CARACAS, EN EL EDIFICIO CASTILLETE, TAMBIÉN EN LOS PALOS GRANDES, QUE ES TAMBIÉN LA DIRECCIÓN INDICADA AL PIE DE MIS DOS (2) CARTAS, DE LAS REFERIDAS FECHAS 07-04-09 Y 07-10-10 RESPECTIVAMENTE, DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DE LA RBV, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), EN LAS CUALES LE RECORDÉ SUCINTAMENTE LO QUE ESTABA OCURRIENDO CON EL FAMOSO CASO BANDAGRO, QUE ÉL MISMO MANDÓ A INVESTIGAR EL 25-06-02, SEGÚN OFICIO # 211 TRANSCRITOS EN LA PÁGINA 167, RESULTANDO DICHA INVESTIGACIÓN FAVORABLE A NOSOTROS LOS RECLAMANTES, COMO LO INDIQUÉ ANTERIORMENTE, ACOMPAÑÁNDOLAS ADEMÁS DE SENDOS PORTAFOLIOS CON SUFICIENTES Y NUEVAS PRUEBAS COMPROBATORIAS, QUE DETERMINAN AÚN MÁS LA LEGITIMIDAD DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, CON COPIAS ADICIONALES A LOS MINISTROS DE FINANZAS EN EJERCICIO, ENTREGADAS PERSONALMENTE POR MÍ EN LOS DIFERENTES DESPACHOS, CON EL PROPÓSITO DE QUE ME CITARAN AMISTOSAMENTE, PARA LLEGAR A UN ACUERDO PACÍFICO, RESPETUOSO, JUSTO Y RAZONABLE, PARA LAS PARTES Y ASÍ LOGRAR EL PAGO DE LOS CONTROVERSIALES BONOS BANDAGRO, QUE SU MISMO GOBIERNO, COMO INDICAMOS INICIALMENTE, RECONOCIÓ COMO VÁLIDOS Y NO REQUERIR MI PRESENCIA DE LA MANERA ILEGAL E INJUSTA COMO TRATARON DE EJECUTARLA LOS SUPUESTOS FUNCIONARIOS DEL CICPC, SIENDO EN ÉSTA ÚLTIMA RESIDENCIA DEL EDIFICIO CASTILLETE, EN QUE MI CASERO EL ANCIANO HUGO GARABITO (†), PERMITIÓ LA ENTRADA A SU APARTAMENTO -SIN ORDEN JUDICIAL- A LA PRESUNTA COMISIÓN DEL CICPC, LOGRANDO INTELIGENTEMENTE QUE EL JEFE DE LA COMISIÓN SE LE IDENTIFICARA COMO INSPECTOR DE LA COMISARIA DEL CICPC DE CHACAO, QUIÉN CON SUS PROPIAS PALABRAS LE MANIFESTÓ QUE TODAS LAS DILIGENCIAS Y LAS “VISITAS” EFECTUADAS PARA LOGRAR MI ILEGAL CAPTURA, PROVENÍAN DE UNA ORDEN EMANADA DE MIRAFLORES, O SEA DEL PRESIDENTE DE LA RBV HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), POR ESTAR “INVOLUCRADO” EN EL FRAUDE DEL

Página 28 FAMOSO CASO BANDAGRO, CUANDO EN REALIDAD LO QUE HE ESTADO HACIENDO, DESDE FINALES DEL AÑO 1999 Y EN MI CONDICIÓN DE EXPERTO EN BANCA Y FINANZAS EN MI PAÍS, VENEZUELA, ES INVESTIGAR EN PROFUNDIDAD EL CASO BANDAGRO Y POSTERIORMENTE A PARTIR DEL 25-07-03 DEFENDER MIS DERECHOS Y LOS DE MIS REPRESENTADAS, MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y SU POSTERIOR CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., QUIENES SOMOS LAS VERDADERAS VÍCTIMAS DEL SONADO CASO BANDAGRO, POR SER ÉSTAS LAS PROPIETARIAS LEGÍTIMAS Y DE BUENA FE DE CINCO (5) PN DE LAS 57 ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, QUE EMPEZARON A CIRCULAR EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VALORES A PARTIR DEL 17-02-82, QUE FUE CUANDO SE CONSUMÓ EL VERDADERO DELITO DE FRAUDE A LA NACIÓN, COMO LO EXPLICO EN LA PÁGINA 35; CASO QUE EL MISMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MANDÓ A INVESTIGAR EL 25-06-02, QUE COMO LO EXPLIQUÉ EN LA INTRODUCCIÓN DE ESTE ESCRITO, RESULTÓ FAVORABLE A NOSOTROS LOS RECLAMANTES Y MÁS CLARO Y PRECISO AÚN COMO LO INTENSIFICARÉ EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS; DEMOSTRANDO UNA VEZ MÁS CON ESTA IRREGULAR INTERVENCIÓN, LA INJERENCIA DEL ALTO MANDATARIO, PODER EJECUTIVO, EN LA JURISDICCIÓN DE LOS OTROS PODERES, EN ESTA OPORTUNIDAD DEL PODER JUDICIAL, VIOLÁNDOSEME EN CONSECUENCIA EL DEBIDO PROCESO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 49 DE NUESTRA CARTA MAGNA, TAL COMO YA HABÍA SUCEDIDO CON EL CASO DE LA RESPETABLE JUEZ MARÍA DE LOURDES AFFIUNI, QUIÉN COMO TODOS SABEMOS FUÉ “CONDENADA” PÚBLICAMENTE POR EL PRESIDENTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), POR HABER TOMADO LA DECISIÓN SOBERANA Y APEGADA A DERECHO, DE ACORDAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, LA MEDIDA DE LIBERTAD CONDICIONAL, AL BANQUERO ELIGIO CEDEÑO, MOTIVO POR EL CUAL, SUS PROPIOS COMPAÑEROS DEL PODER JUDICIAL Y HACIÉNDOLE LA COMPARSA A LOS CAPRICHOS Y COMPONENDAS POLÍTICAS DEL MÁS ALTO FUNCIONARIO DE LA REPÚBLICA, LE CREARON LOS DELITOS POR LOS CUALES FUÉ “CONDENADA”, SOMETIÉNDOLA AL ESCARNIO PÚBLICO Y PRIVÁNDOLA ILEGALMENTE DE SU LIBERTAD, AL ENCERRARLA INMISERICORDEMENTE EN EL INOF, UNA DE LAS MÁS ESPANTOSAS CÁRCELES FEMENINAS VENEZOLANAS, SUCEDIENDO POSTERIORMENTE ALGO PARECIDO Y DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS CON OTROS CIUDADANOS, EN ESPECIAL CON EL CASO DEL

DESTACADO

POLÍTICO

OPOSICIÓN

LEOPOLDO

LÓPEZ,

QUIÉN

“CASUALMENTE” TAMBIÉN FUÉ “CONDENADO” POR LA JUEZ DEL “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” ABOGADA SUSANA BARREIROS, (QUE COMO EXPLICO MÁS ADELANTE TAMBIÉN ME CONDENÓ A MI), QUIÉN SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN EL INTERNADO JUDICIAL DE RAMO VERDE, POSTERIORMENTE EN SU DOMICILIO DE “CASA POR CÁRCEL” Y MÁS ADELANTE FUERA DEL PAÍS; MOTIVOS POR LOS CUALES Y AL SER REQUERIDA MI PRESENCIA DE LA MANERA ILEGAL E INJUSTA, COMO TRATARON DE EJECUTARLA LOS FUNCIONARIOS DEL CICPC, COMENZANDO DE ESTA MANERA A VIOLARSE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES, AL NO HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, AMPARADO ADEMÁS POR LOS SÓLIDOS CONOCIMIENTOS

Página 29 QUE POSEO SOBRE LA INDISCUTIBLE LEGITIMIDAD DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, COMO ASÍ FUE COMPROBADO POR ESTE MISMO “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” Y POR ESTAR ENTERADO TAMBIÉN DE LAS DESPROPORCIONADAS CONSECUENCIAS QUE ORIGINÓ LA INFAME

“CONDENA”

PRESIDENCIAL,

QUE

ACARREARON

LOS

SUBSIGUIENTES

ACONTECIMIENTOS QUE LAMENTABLEMENTE LE SUCEDIERON A LA JUEZ MARÍA DE LOURDES AFFIUNI, COMO TAMBIÉN AL FRATERNO AMIGO EL BANQUERO ELIGIO CEDEÑO, FUÉ ENTONCES QUE, TRATANDO DE SALVAGUARDAR MIS DERECHOS E INTEGRIDAD PERSONAL, DECIDÍ CON PROFUNDO PESAR EMIGRAR LÍCITAMENTE DE MI QUERIDO PAÍS, VENEZUELA, MUDÁNDOME LEGALMENTE A PANAMÁ EL 04-12-10, (EXILIO FORZOSO), PAÍS AL QUE HE VISITADO CONTINUAMENTE EN FUNCIONES DE MI ACTIVIDAD COMO ASESOR FINANCIERO, REGRESANDO DE NUEVO Y LEGALMENTE A MI PAÍS VENEZUELA, EL 28-12-10, PARA PASAR EL FIN DE AÑO CON MI FAMILIA Y VOLVIENDO A PANAMÁ EL 01-01-11, HACIENDO AMBAS SALIDAS Y ENTRADA POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA COMO CUALQUIER CIUDADANO COMÚN, QUE NO HA COMETIDO DELITO ALGUNO Y POR CONSIGUIENTE NO TENER NINGÚN TEMOR, NI PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, CONTRARIAMENTE A LO SEÑALADO EN LA POSTERIOR CONFUSA PONENCIA DE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), PÁGINA 198, QUE: “…EL REFERIDO CIUDADANO SE EVADIÓ TOTALMENTE DEL PROCESO AL HABER SALIDO DEL TERRITORIO NACIONAL…” ¿CUÁL PROCESO? SI CUANDO ME MUDÉ LEGALMENTE A PANAMÁ EL 04-12-10, NO EXISTÍA NINGÚN PROCESO, NI CITACIÓN, NI SOLICITUD, NI PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS EN MI CONTRA, EN NINGÚN TRIBUNAL DE LA REPÚBLICA Y NI SIQUIERA LA FGR ME HABÍA CREADO, CON FECHAS INCIERTAS A PARTIR DEL 05-11-10, EL INEXISTENTE DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, COMO PRETENDEN HACER VALER LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO ABOGADAS LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, SEGUNDA (2) ANTE LAS SALAS DE CASACIÓN PENAL Y CONSTITUCIONAL DEL TSJ, EMYLCE RAMOS JULIO, TRIGÉSIMA SÉPTIMA (37) A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA Y MILVIRA CARABALLO ARAQUE, SEXAGÉSIMA OCTAVA (68) DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Y LO SEÑALAN EN LA PÁGINA 194. SEGUIDAMENTE Y A PARTIR DEL 01-01-11, YA ESTABLECIDO LEGALMENTE EN PANAMÁ, CON VISA MÚLTIPLE QUE ME OTORGÓ EL REFERIDO PAÍS, QUE VENCERÍA EN MARZO DEL 2012, ME DIRIGÍ A LA CANCILLERÍA PANAMEÑA EN COMPAÑÍA DEL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., MI PODERDANTE, CON EL OBJETO DE SOLICITAR ASILO POLÍTICO, ALLÍ FUI ATENDIDO CON AMABILIDAD POR LA FUNCIONARIA ENCARGADA DE ESOS TRÁMITES, QUIÉN ME INFORMÓ QUE EL ASILO POLÍTICO, NO ERA FÁCIL DE OBTENER Y QUE SÓLO LO OTORGABA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUE LO MÁS APROPIADO Y EXPEDITO PARA MI CASO, SERÍA SOLICITAR LA FIGURA LEGAL DE REFUGIO, ANTE EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, (ACNUR), EN LA DELEGACIÓN DE PANAMÁ, ADSCRITA AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA PANAMEÑO, REMITIÉNDONOS A LA DIRECCIÓN DEL MISMO, A LA CUAL ACUDIMOS DE INMEDIATO; UNA VEZ ALLÍ, FUIMOS ATENDIDOS AMABLEMENTE Y CON GRAN EFICIENCIA, DÁNDOLE COMIENZO A MI SOLICITUD DE REFUGIO, APORTANDO TODA LA

Página 30 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y SOMETIÉNDOME A LAS VARIAS ENTREVISTAS POSTERIORES, PARA LUEGO ESPERAR POR LA DECISIÓN DEFINITIVA. MIENTRAS TANTO ME DEDIQUÉ A REDACTAR UN NUEVO COMUNICADO CASO BANDAGRO, DONDE EXPLIQUÉ LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS, SUSCRIBIÉNDOLO COMO PRESIDENTE DE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA C.A., COMO NUEVA PROPIETARIA LEGÍTIMA Y DE BUENA FE, DE LAS PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, COMO LO EXPLICO EN LAS PÁGINAS 49-52, CONJUNTAMENTE CON EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), PRESIDENTE DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., QUE EL 30-04-08, 2 AÑOS Y 6 MESES ANTES DE QUE EMPEZARA ESTE ILEGÍTIMO PROCEDIMIENTO JUDICIAL, YA SE LAS HABÍA CEDIDO LEGALMENTE A MI REPRESENTADA, LA CITADA EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., COMUNICADO EL CUAL, PUBLIQUÉ EN MI PAÍS, VENEZUELA, EN EL SEMANARIO LAS VERDADES DE MIGUEL; TAMBIÉN OCURRIÓ LA ENTREVISTA REFERENTE AL CASO BANDAGRO, QUE ME HIZO AL AIRE Y DESDE PANAMÁ, EL CONOCIDO PERIODISTA VENEZOLANO NELSON BOCARANDA SARDI, EN SU ESTELAR PROGRAMA RADIAL, LOS RUNRUNES DE BOCARANDA, DE RECONOCIDA AUDIENCIA NACIONAL EN VENEZUELA. MI MAYOR SORPRESA OCURRIÓ CUANDO NAVEGANDO POR INTERNET EL 01-06-11, (6 MESES DESPUÉS DE HABERME MUDADO LEGALMENTE A PANAMÁ), ME ENTERO QUE APAREZCO SOLICITADO POR INTERPOL CON ALERTA ROJA, PORQUE PRESUNTAMENTE LA FGR CON FECHA INCIERTA Y A PARTIR DEL 05-11-10, COMO SE SEÑALA EN LA PÁGINA 194, HABÍA SOLICITADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTRA, SUSTENTADA POR MÁS DE 80 ELEMENTOS DE PRUEBA, FALSOS E INCONSISTENTES, TODOS CREADOS POR LA MISMA FGR Y SIN ASIDERO LEGAL ALGUNO, PARA TRATAR DE JUSTIFICAR LA ILEGÍTIMA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL ILEGAL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, POR LO CUAL SUPUESTAMENTE EL 09-11-10, EL TRIBUNAL TRIGÉSIMO QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, COMO SE SEÑALA EN LA MISMA PÁGINA 194, ACORDÓ PRESUNTAMENTE, DECRETAR MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Y PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS EN MI CONTRA, COMO TAMBIÉN LA ILEGAL SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE MI PERSONA DESDE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, APROBADA POSTERIORMENTE POR LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA LUISA ORTEGA DÍAZ EL 25-05-11, COMO SE SEÑALA EN LA PÁGINA 197, IGUALMENTE TODO ESTO POR EL PRESUNTO DELITO CREADO, COMO ANTES INFORMÉ POR LA FGR, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, COMO LO EXPLICO EN LAS PÁGINAS 47-49, FECHAS Y ACTUACIONES ÉSTAS, QUE COMO SE PUEDE OBSERVAR, NO GENERAN NINGÚN TIPO DE CREDIBILIDAD, (COMO LA FECHA DEL 08-12-03, QUE LE PUSIERON AL IRRESPONSABLE E ILEGAL INFORME REVOCATORIO DEL DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, DE LA PGR DE FECHA 03-10-03, COMO LO EXPLICO EN LAS PÁGINAS 90-94), PORQUE CUANDO DECIDÍ MUDARME LEGALMENTE A PANAMÁ EL 04-12-10, VOLVER A MI PAÍS, VENEZUELA, EL 28-12-10 Y REGRESAR NUEVAMENTE A PANAMÁ EL 01-01-11, (56 DÍAS DESPUÉS DE LAS REFERIDAS FECHAS 05-11-10 Y 09-11-10), NO EXISTÍAN A MI NOMBRE: NINGÚN PROCESO, NI EL CREADO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, NI CITACIÓN, NI SOLICITUD, NI PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS ALGUNA, EMANADAS DE NINGÚN TRIBUNAL DE LA RBV, ACLARANDO

Página 31 NUEVAMENTE QUE MIS SALIDAS Y ENTRADA A MI PAÍS, LAS HICE LEGALMENTE POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA, COMO LO MENCIONÉ ANTERIORMENTE, SIN NINGÚN TIPO DE PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES DE MIGRACIÓN, LO QUE RATIFICO, PONE EN DUDA LAS FECHAS Y LAS ACTUACIONES DE LA FGR Y DEL T35CP DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN LO REFERENTE A LO AQUÍ SEÑALADO; TRATANDO DE LEGALIZAR POSTERIORMENTE ESTAS ACTUACIONES CON LA CONFUSA PONENCIA, PARA SOLICITAR MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ, DE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), PRESIDENTA, DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TSJ, APROBADA EL 14-06-11, LA CUAL PRECIPITÓ LA SOLICITUD DE MI EXTRADICIÓN DE

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, QUE YA HABÍA SIDO APROBADA ILEGALMENTE, EL 25-05-11, COMO LO MENCIONÉ ANTERIORMENTE, POR LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA LUISA ORTEGA DÍAZ, VIOLÁNDOSEME EN ESTA OPORTUNIDAD EL ARTÍCULO 4, ORDINAL 2, DE LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), ARTÍCULO 4. IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN “…ORDINAL 2) LA EXTRADICIÓN NO ES PROCEDENTE; Cuando esté prescrita la acción penal o la pena, sea de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de extradición…”, PUES CUANDO LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), ABOGADAS

LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, SEGUNDA (2) ANTE LAS SALAS DE CASACIÓN PENAL Y CONSTITUCIONAL DEL TSJ, EMYLCE RAMOS JULIO, TRIGÉSIMA SÉPTIMA (37) A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA Y MILVIRA CARABALLO ARAQUE, SEXAGÉSIMA OCTAVA (68) DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ME CREARON CON FECHA INCIERTA A PARTIR DEL 05-11-10, EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, COMO SE SEÑALA EN LA PÁGINA 194, PARA EXTRADITARME ILEGALMENTE DE PANAMÁ, LA ACCIÓN PENAL Y SIN QUE EN ABSOLUTO YO TENGA NADA QUE VER CON ELLA, YA ESTABA PRESCRITA, HACÍA MÁS DE 19 AÑOS, EN EL ESTADO REQUIRENTE, VENEZUELA, Y CON ANTERIORIDAD A LA APROBACIÓN Y POSTERIOR PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN QUE FUÉ EL 14-06-11, COMO SEÑALA EL REFERIDO ARTÍCULO 4, YA QUE EL VERDADERO DELITO POR FRAUDE A LA NACIÓN, FUÉ COMETIDO EL 17-02-82, POR LAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS DE BANDAGRO EN ESPECIAL POR EL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†), COMO LO EXPLICO EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35, DE ESTE ESCRITO Y LO RATIFICA, COMO ES SABIDO, EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME POR LA PGR DE FECHA 03-10-03, Y CUYO DELITO EN NINGÚN MOMENTO FUÉ COMETIDO POR MÍ, PUES COMENCÉ A CONOCER DEL FAMOSO CASO BANDAGRO A PARTIR DEL AÑO 1999. EL 07-09-11, A LAS 9 AM, ME VISITA EN MI RESIDENCIA EN PANAMÁ, EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), PARA INFORMARME QUE HABÍA RECIBIDO UNA LLAMADA DEL ACNUR-PANAMÁ, PARA QUE ACUDIERA A SUS OFICINAS DONDE ME TENÍAN NOTICIAS SOBRE MI SOLICITUD DE REFUGIO, A LO CUAL ACUDIMOS DE INMEDIATO, LLEVÁNDONOS LA DESAGRADABLE SORPRESA DE QUE HABÍA SIDO NEGADA, CUANDO EN REALIDAD EL VERDADERO MOTIVO DE LA CITA, ERA LOGRAR QUE LOS FUNCIONARIOS DE INTERPOL-PANAMÁ, DELEGACIÓN ÉSTA, QUE TAMBIÉN ESTÁ ADSCRITA AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE PANAMÁ, ME VISUALIZARAN, LO CUAL NO FUÉ ÉTICO, POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DEL ACNUR-PANAMÁ, NO OBSTANTE PUDIMOS

Página 32 RETIRARNOS SIN DIFICULTAD DE LA REFERIDA DELEGACIÓN Y DIRIGIRNOS A UNA OFICINA BANCARIA, A LA CUAL ENTRÉ PARA HACER UN DEPÓSITO Y CUANDO SALÍ, ME ESPERABAN EN LA PUERTA 2 FUNCIONARIOS DE INTERPOL-PANAMÁ, QUE PROCEDIERON A MI APREHENSIÓN AL SER REQUERIDO POR MI PAÍS, POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, DETENCIÓN OCURRIDA A LAS 11 AM, DEL FATÍDICO DÍA 07-09-11, (DANDO INICIO DE ESTA ILEGAL MANERA A MI CALAMIDAD, QUE HA PERDURADO EN EL TIEMPO Y A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, LLEVA EXACTAMENTE 3.617 DÍAS); PERMITIÉNDOME EN ESE MOMENTO LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS DE INTERPOL-PANAMÁ HACER UNA LLAMADA DE MI CELULAR Y LA ENTREGA DEL MISMO Y MIS OTRAS PERTENENCIAS AL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), ME ESPOSARON Y ME LLEVARON EN SU CARRO PARTICULAR A LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN, EN EL RETÉN POLICIAL DE ANCÓN, ALLÍ ME RESEÑARON, PERSISTIENDO LA VIOLACIÓN DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES (ESTA VEZ POR PANAMÁ), PUES NO DEBIERON NEGARME EL DERECHO A REFUGIO Y MUCHO MENOS ENTREGARME DE ESA MANERA A INTERPOL-PANAMÁ, POR MI CONDICIÓN DE SER INOCENTE COMO LO MANIFESTÉ Y COMPROBÉ EN REITERADAS OPORTUNIDADES ANTE EL ACNUR, AL NO HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, POR LO CUAL, ESE MISMO DÍA MEDIANTE CARTA FIRMADA EN LA SEDE DE INTERPOL-PANAMÁ, DECIDÍ ACOGERME AL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE EXTRADICIÓN, QUE ELIMINA LA PRÓRROGA Y MANTIENE EL PLAZO EN 30 DÍAS CALENDARIO Y DE CUYA APREHENSIÓN SE INFORMÓ TAMBIÉN ESE MISMO DÍA A INTERPOL-VENEZUELA Y ÉSTA A SU VEZ LO COMUNICÓ AL T04CP DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, MEDIANTE OFICIO 3316 DE FECHA 08-09-11, PROCEDIMIENTO QUE ESPECIFICO EN LA PÁGINA 64 Y POR LO TANTO LAS AUTORIDADES DE MI PAÍS ESTABAN EN CONOCIMIENTO DE QUE DEBÍAN IR A BUSCARME A PANAMÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A MI APREHENSIÓN, PLAZO QUE VENCIÓ EL 08-10-11, A LAS 11 AM, Y NO FUERON A BUSCARME Y POR LO TANTO DEBÍ SER PUESTO EN LIBERTAD POR LAS AUTORIDADES PANAMEÑAS, LO QUE TAMPOCO OCURRIÓ, YA QUE MI PAÍS NO ME EXTRADITÓ EN LOS 30 DÍAS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, ALARGANDO MI ILEGAL DETENCIÓN HASTA LOS 40 DÍAS, EN SUS INHÓSPITOS CALABOZOS, HASTA EL 17-10-11, EN QUE POR FIN FUI EXTRADITADO A MI PAÍS, ENTREGÁNDOME INTERPOL-PANAMÁ A UNA COMISIÓN DE INTERPOL-VENEZUELA, INGRESANDO A MAIQUETIA EL 18-10-11, A LA 1:30 DE LA MADRUGADA, A LA SEDE SE INTERPOL-MAIQUETIA; CUYOS FUNCIONARIOS A MEDIA MAÑANA, ME ENTREGARON A OTRA COMISIÓN CONFORMADA POR EL VICEMINISTRO DE INTERIOR Y JUSTICIA, EL DIRECTOR DEL CICPC Y LAS TRES (3) FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), QUE LUEGO DE PRESENTARME A LA PRENSA, FUI TRASLADADO POR EL BAE (CICPC) CON UNA PARAFERNALIA IMPRESIONANTE, A SU SEDE EN SAN AGUSTÍN DEL SUR Y POSTERIORMENTE FUI LLEVADO A LA DIVISIÓN DE CAPTURA DEL CICPC, EN EL ROSAL. EL 19-10-11, LA FGR, ME PUSO A DISPOSICIÓN DEL T04CP, DONDE SE REALIZÓ LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN QUE TAMBIÉN FUE LA PRELIMINAR, QUE COMENZÓ A LAS 10 A.M. Y FUE SUSPENDIDA A LAS 8 P.M., CONTINUÁNDOSE LA MISMA EL 20-10-11, AUDIENCIA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL REDUCIDO DESPACHO DE LA JUEZ Y DONDE SOLO SE DELIBERÓ SOBRE EL ÚNICO DELITO QUE PROVOCÓ MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ “USO DE DOCUMENTO

Página 33 PÚBLICO FALSO”, ESTANDO PRESENTES, ADEMÁS DE MI PERSONA, LA JUEZ, LA SECRETARIA, EL ALGUACIL, LAS TRES (3) FISCALES DE LA FGR Y MIS DOS (2) ABOGADOS DEFENSORES, LUEGO DE ESCUCHADAS LAS PARTES Y LA MÍA EN PARTICULAR QUE FUE LA MÁS EXTENSA, LA JUEZ ME INFORMÓ QUE ME ASISTÍA EL DERECHO DE PODER ASUMIR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y EN CONSECUENCIA SE REBAJARÍA LA PENA Y OBTENDRÍA EL BENEFICIO DE CUMPLIR EL RESTO DE LA MISMA EN LIBERTAD, CON UN RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN CADA 15 DÍAS AL REFERIDO T04CP, LO CUAL OBVIAMENTE NO ACEPTÉ AL NO HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, FIRMANDO SEGUIDAMENTE EL ACTA DE LA AUDIENCIA PRESENTADA POR LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, EN UNA SOLA PÁGINA QUE SERÍA LA ÚLTIMA DE LA MISMA, PÁGINA LA CUAL NO ESTABA FECHADA NI FOLIADA Y TAMPOCO ME PERMITIERON LEER EL ACTA QUE LA ORIGINÓ, ARGUMENTANDO MOTIVOS DE PRISA, COMO TAMBIÉN QUE ESTE PROCEDIMIENTO YA ES COSTUMBRE EN TODOS LOS TRIBUNALES DEL “PALACIO DE JUSTICIA”, PROCEDIMIENTO IRREGULAR ÉSTE QUE POSTERIORMENTE PODRÍA SERVIR PARA HACER MODIFICACIONES DE FORMA Y DE FONDO A LA REFERIDA ACTA; SIENDO PASADO EL EXPEDIENTE DE LA CAUSA A JUICIO PARA EL T28JP, EL CUAL POSTERIORMENTE SERÍA ACUMULADO A LA CAUSA SEGUIDA EN ESE MISMO TRIBUNAL A: JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), RAMÓN PAREDES Y ALEJANDRO TINEO, POR GUARDAR CIERTA RELACIÓN, ENTRE ELLAS AL REFERIRSE LAS MISMAS AL FAMOSO CASO BANDAGRO; LIBRANDO INMEDIATAMENTE BOLETA DE ENCARCELACIÓN, DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES, QUE SERÍA MI SITIO DE RECLUSIÓN MIENTRAS SE EJECUTA EL ILEGAL JUICIO PENAL Y RECALCANDO QUE FUE EL 19-10-11, EXTENDIÉNDOSE HASTA EL 20-10-11, LA ÚNICA VEZ, QUE YO ASISTÍ A ESE T04CP, LO CUAL PUDE VERIFICAR, (COMO TAMBIÉN LO HICE CON EL ACTA DE LA AUDIENCIA FINAL DE FECHA 21-01-14 DEL T28JP, QUE SE EFECTUÓ POSTERIORMENTE CON EL MISMO PROCEDIMIENTO IRREGULAR DEL T04CP), EN MI EXPEDIENTE DE CONTROL PENAL, QUE LLEVA EL INTERNADO JUDICIAL RODEO II, EN GUATIRE DONDE ME TIENEN PRIVADO ILEGALMENTE DE MI LIBERTAD (SECUESTRADO POLÍTICO). EXPEDIENTE EN EL CUAL SE ARCHIVAN CRONOLÓGICAMENTE TODAS LAS BOLETAS DE TRASLADO Y FUERON ÉSTAS LAS DOS (2) ÚLTIMAS VECES (20-10-11 Y 21-01-14 RESPECTIVAMENTE) EN QUE FUI TRASLADADO A LOS REFERIDOS T04CP Y T28JP EN QUE SE PRODUJERON OTROS PROCEDIMIENTOS IRREGULARES, Y POR LO TANTO, NI MIS ABOGADOS DEFENSORES NI YO PUDIMOS ASISTIR A OTRAS DOS (2) “AUDIENCIAS” SUBREPTICIAS Y NUGATORIAS, SUPUESTAMENTE REALIZADAS EN FECHAS 28-02-12 Y 29-01-14 EN LOS T04CP Y T28JP, RESPECTIVAMENTE, Y QUE PRESUNTAMENTE OCURRIERON EN ESAS FECHAS. CONTINUANDO CON LA ILEGAL EXTRADICIÓN DE QUE FUI OBJETO, Y QUE DEBIÓ OCURRIR EL 08-10-11, LAS AUTORIDADES PANAMEÑAS, CONTRAVINIERON CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN (LACISE), PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA # 2955-E DEL 11-05-82, DE LA CUAL PANAMÁ TAMBIÉN ES SIGNATARIA, QUE PUNTUALIZA QUE DEBÍ SER PUESTO EN LIBERTAD, COMO CITO TEXTUALMENTE: “…Si la extradición se hubiera concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo de la persona reclamada dentro del término de treinta días a contar de la fecha en que hubiera sido puesta a su disposición. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, se pondrá en libertad al reclamado, quién no podrá ser sometido a nuevo procedimiento

Página 34 de extradición por el mismo delito o delitos. Sin embargo, ese plazo podrá ser prorrogado por treinta días si el Estado requirente se ve imposibilitado, por circunstancias que no le sean imputables, de hacerse cargo del reclamado y conducirlo fuera del territorio del Estado requerido…” SEGÚN LO DETERMINA

LA MENCIONADA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), TRANSCRITA EN LAS PÁGINAS 149-155 DE ESTE ESCRITO, VIOLACIONES ÉSTAS QUE SEGURAMENTE VERÍAN CON ESTUPOR, EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ALTOS COMISIONADOS, AL PONERSE EN ENTREDICHO LOS PRINCIPIOS Y LA ÉTICA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, (ONU), AL SER DESACATADOS POR SUS PROPIOS SIGNATARIOS, PANAMÁ Y VENEZUELA, LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS, TAL ES EL CASO DEL DERECHO AL REFUGIO Y LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), CONTRAVINIENDO TAMBIÉN VENEZUELA LO QUE INDICAN LOS ARTÍCULOS 23, 31 Y 49 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN; SIGUIÉNDOME POSTERIORMENTE UN ILEGAL “JUICIO PENAL” EN EL T28JP DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y CUYA PRIMERA AUDIENCIA SE REALIZÓ EL 05-11-12, QUE LUEGO DE ESCUCHADAS LAS PARTES, LA JUEZ ME INFORMÓ TAMBIÉN QUE ME ASISTÍA EL DERECHO DE PODER ASUMIR EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y EN CONSECUENCIA SE REBAJARÍA LA PENA Y OBTENDRÍA EL BENEFICIO DE CUMPLIR EL RESTO DE LA MISMA EN LIBERTAD, CON UN RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN CADA 15 DÍAS AL REFERIDO T28JP, LO CUAL COMO TAMBIÉN ME FUE INFORMADO EN EL T04CP, TAMPOCO ACEPTÉ AL NO HABER COMETIDO DELITO ALGUNO; Y CUYO “JUICIO PENAL” EN EL T28JP CONSUMIÓ MÁS DE 80 AUDIENCIAS EN 2 AÑOS, 2 MESES Y 16 DÍAS, EN LAS CUALES NO SE COMPROBÓ, NI SE PODRÁ COMPROBAR TAMPOCO EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES, QUE HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO, YA QUE POR MI PARTE NO LO HAY, VIOLÁNDOSE REITERADAMENTE TODOS MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y SUS ARTÍCULOS QUE ME AMPARAN Y EN ESPECIAL TAMBIÉN EN ESTA OPORTUNIDAD, LAS DISPOSICIONES DEL COPP VIGENTE EN EL AÑO 2011, CUANDO COMENZÓ EL ILEGAL “JUICIO PENAL”, QUE SEÑALABA EN EL ARTÍCULO 244 EN CASOS COMO ESTE, QUE: “…SI A LOS 2 AÑOS EL PROCESADO NO HA SIDO SENTENCIADO DEBE SER PUESTO EN LIBERTAD AL DÍA SIGUIENTE, SI LA FISCALÍA NO HA SOLICITADO LA PRORROGA…” Y ASÍ SUCEDIÓ Y TAMPOCO ME PUSIERON EN LIBERTAD. CONTRAVINIENDO TAMBIÉN VENEZUELA, EL ARTÍCULO 13 DE LA SEÑALADA LEY DE EXTRADICIÓN QUE PRECISA, CITA TEXTUAL: “…Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición…” CONTRAVENCIÓN LA CUAL SE COMPRUEBA AL ANALIZAR EL REFERIDO ARTÍCULO 13, QUE DETERMINA LO SIGUIENTE: a) EL ESTADO REQUIRENTE ES VENEZUELA, DONDE ESTOY DETENIDO Y SIGO PROCESADO ILEGALMENTE. b) EL DELITO POR EL CUAL FUI EXTRADITADO ILEGALMENTE DE PANAMÁ Y SE ME JUZGA TAMBIÉN ILEGALMENTE FUÉ CREADO COMO SEÑALÉ, EN LAS PÁGINAS 47-49, POR LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR) Y COMPLEMENTADO CON LA ILEGAL SOLICITUD DE EXTRADICIÓN APROBADA POR LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA MÁS ALTA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR) DE MI PAÍS, LUISA ORTEGA DÍAZ, CON FECHA 25-05-11, COMO TAMBIÉN LO ACLARÉ EN LA PÁGINA 30, PARA PODER EXTRADITARME Y A CUYO DELITO LO DENOMINARON “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, QUE NO HA SIDO,

Página 35 NI SERÁ COMPROBADO JAMÁS, PORQUE NO EXISTE COMO TAL, ESE “DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”. c) EL VERDADERO DELITO; FRAUDE A LA NACIÓN FUÉ COMETIDO EL 17-02-82, CON MUCHA ANTERIORIDAD A LA FECHA 25-05-11, DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN, HACE MÁS DE 39 AÑOS, POR EL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†) Y EL GERENTE GENERAL ELBANO FONTANA NIEVES, DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO), LOS FUNCIONARIOS CON MÁS ALTO RANGO EN ESA INSTITUCIÓN DEL ESTADO, QUE PODÍAN COMPROMETERLA LEGALMENTE Y QUE RECIBIERON LOS 200MMUS$ QUE PRODUJERON LAS 57 PN (PAGARÉS O BONOS), ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUIENES LAS COLOCARON A DESCUENTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VALORES EL 17-02-82 A UN GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS, REPRESENTADOS POR EL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO AAGAARD, COMPROBADO TODO ESTO, POR CANTIDAD DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y EN ESPECIAL POR EL RECIBO FIRMADO POR ELLOS MISMOS, DONDE DECLARAN QUE RECIBIERON LOS 200MMUS$ Y SE ESPECIFICAN IGUALMENTE QUE ENTREGARON LAS 57 PN AL COMPRADOR ALFREDO AAGAARD, A LAS CUALES SE LES HICIERON POSTERIORMENTE CUATRO (4) EXPERTICIAS POSITIVAS, QUE COMPRUEBAN AÚN MÁS SU LEGALIDAD Y AUTENTICIDAD Y CUYA ÚLTIMA DE LAS MISMAS FUÉ REQUERIDA POR EL COMISIONADO ESPECIAL DE ESTE “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, ENVIADO A SUIZA, EL 14-03-03, COMO SE EXPLICA EN LA PÁGINA 17 PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA Y VERACIDAD DE LAS 57 PN Y FORMA PARTE DEL INFORME DEL MF DEL 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME DE LA PGR DE FECHA 03-10-03, EXPERTICIA E INFORMES ÉSTOS QUE DEMUESTRAN Y AMPARAN DEFINITIVAMENTE LA LEGITIMIDAD Y AUTENTICIDAD DE LAS REFERIDAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31, 42 Y 46 DE LA PROPIA LEY DEL BANCO Y EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE CRÉDITO PÚBLICO, VIGENTES PARA ESE AÑO Y QUE RATIFICAN TAMBIÉN LA RESPONSABILIDAD DE LOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS EN ESPECIAL DEL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†), EN EL FRAUDE A LA NACIÓN, POR SER BANDAGRO UN BANCO DONDE EL ESTADO POSEÍA LA MAYOR PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y ADEMÁS ESTABA INTERVENIDO POR EL MISMO ESTADO. RECIBO EL CUAL, POSTERIORMENTE FUÉ AUTENTICADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DE CHACAO EL 10-03-10, BAJO EL # 79, DEL TOMO 22, RECIBO Y DOCUMENTO ÉSTOS, QUE JAMÁS HAN SIDO IMPUGNADOS POR SUS FIRMANTES Y QUE SE MANTIENEN VIGENTES CON TODA SU FUERZA Y VIGOR Y CUYOS 200MMUS$, COMO ES SABIDO, NO INGRESARON JAMÁS A LAS ARCAS DEL BANCO, CONCRETÁNDOSE EN CONSECUENCIA EL DELITO DE FRAUDE A LA NACIÓN, ANTERIORMENTE ACLARADO Y POR SUPUESTO NO HUBO NINGÚN REGISTRO CONTABLE, ADEMÁS DE QUE LA RESPONSABILIDAD EN ESTE CASO BANDAGRO, REPITO, LE FUE COMPROBADA FEHACIENTEMENTE EN ESPECIAL AL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†), EN EL INFORME DEL MF DEL 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME DE LA PGR DE FECHA 03-10-03, COMO LO ACLARÉ INICIALMENTE EN LA PÁGINA 4, DE ESTE ESCRITO Y LO SEGUIRÉ DENUNCIANDO REITERADAMENTE EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS. DEBO HACER NOTAR TAMBIÉN, LO QUE ES DEL

Página 36 CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE LA AHORA EXFISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA LUISA ORTEGA DÍAZ, PRINCIPAL RESPONSABLE DE ESTE BOCHORNOSO E ILEGAL CASO JUDICIAL DEL QUE SOY OBJETO, ABANDONÓ EL CARGO PARA EL CUAL FUÉ ELEGIDA Y SE ENCUENTRA FUERA DEL PAÍS, DEJANDO TRAS SU PASO POR EL MISMO, PROFUNDOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A LA NACIÓN Y A SUS CONCIUDADANOS, TAL ES EL CASO DE MI PERSONA, “EXTRADITADO Y POSTERIORMENTE, ENJUICIADO Y CONDENADO” ILEGALMENTE POR EL FAMOSO CASO BANDAGRO, SIENDO INOCENTE Y SIN HABERME COMPROBADO DELITO ALGUNO, EN CUYAS EJECUCIONES ES CLARA Y NOTORIA SU INTERVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD, DONDE ADEMÁS SE ENCUBRE DESCARADAMENTE, POR CAPRICHOS, COMPONENDAS Y COMPROMISOS POLÍTICOS DEL PRESIDENTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRIAS (†), CON SU MENTOR EL PERIODISTA JOSÉ VICENTE RANGEL VALE (†), AL INTERVENTOR (PRIMO DEL SEGUNDO) Y PRINCIPAL RESPONSABLE DEL FRAUDE A LA NACIÓN COMETIDO EL 17-02-82, WALDEMAR CORDERO VALE (†), CUYO DESCARADO ENCUBRIMIENTO LO ACLARO Y REITERO EN LA PÁGINA 44.

2) INCONSISTENCIAS EN MI ILEGAL EXTRADICIÓN: CONTINUANDO CON EL ANÁLISIS DE LA CONFUSA PONENCIA, DE FECHA 14-06-11, EJECUTADA POR LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), EN SU CONDICIÓN DE PONENTE Y PRESIDENTA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TSJ, DONDE SE APRUEBA MI ILEGAL EXTRADICIÓN, REPRODUCIDA EN LAS PÁGINAS 194-201, DE ESTE ESCRITO, HAGO LAS SIGUIENTES ACLARATORIAS: a) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 194, QUE: EL 22-09-93, LA PRESIDENTA DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), ESPERANZA MARTINÓ DE FERNÁNDEZ, HABÍA INTERPUESTO UNA DENUNCIA, POR UN FRAUDE COMETIDO CON UNOS SUPUESTOS TÍTULOS AL PORTADOR DENOMINADOS “NOTAS PROMISORIAS” EMITIDAS POR BANDAGRO EL 07-12-81, POR LO QUE ACLARO QUE NO FUÉ UNA DENUNCIA INTERPUESTA, SINO UN REMITIDO A LA OPINIÓN PÚBLICA, LO QUE PUBLICÓ LA PRESIDENTA DE FOGADE, ESPERANZA MARTINÓ DE FERNÁNDEZ, QUE POSTERIORMENTE Y EN SIMILARES TÉRMINOS, TAMBIÉN FUÉ PUBLICADO EN EL DIARIO EL UNIVERSAL DE FECHA 07-10-98, POR LA MINISTRO DE HACIENDA MARITZA IZAGUIRRE, EN EL GOBIERNO DE RAFAEL CALDERA (†), MANTENIENDO EN CONSECUENCIA UNA TEMERARIA MATRIZ DE OPINIÓN DE QUE TODOS LOS BONOS BANDAGRO SON FALSOS, SIN QUE NINGUNA DE ESTAS ALTAS FUNCIONARIAS, NI SIQUIERA HUBIERAN VISTO UNO SOLO DE LOS BONOS ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, REMITIDOS ÉSTOS QUE POSTERIORMENTE FUERON TOTALMENTE DESCARTADOS Y DESCALIFICADOS EN EL GOBIERNO DE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), MEDIANTE EL EXHAUSTIVO INFORME, ORDENADO POR ÉL MISMO, AL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, QUE CULMINÓ EL 08-08-03, Y PRECISÓ, ENTRE OTRAS CONCLUSIONES, LO SIGUIENTE, CITA TEXTUAL: “…1) QUE ÉSTOS REMITIDOS A LA OPINIÓN PÚBLICA, SE BASAN EN CONSIDERACIONES SIN CONSISTENCIA JURÍDICA Y 2) HAY QUE DEJAR POR SENTADO QUE ÉSTOS REMITIDOS A LA OPINIÓN PÚBLICA, NO SON EL MEDIO LEGÍTIMO, PARA DESCONOCER ACTOS Y DOCUMENTOS POR LOS CUALES SE HUBIERAN GENERADO DERECHOS A TERCEROS…”, INFORME EL CUAL, COMO LO HEMOS INDICADO VARIAS

Página 37 VECES Y LO SEGUIREMOS HACIENDO, FUÉ CONVERTIDO POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA MARISOL PLAZA IRIGOYEN, EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME EN FECHA 03-10-03, QUE SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL MF, TODO LO CUAL CONLLEVA A CONCLUIR QUE ÉSTA DENUNCIA INTERPUESTA O REMITIDOS A LA OPINIÓN PÚBLICA, NO CAUSAN NINGÚN EFECTO JURÍDICO, COMO PRETENDEN HACER VALER LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, EMYLCE RAMOS JULIO Y MILVIRA CARABALLO ARAQUE, SEGÚN LO INDICAN EN LA MISMA PÁGINA 194 DE LA CONFUSA PONENCIA DE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), VISTO TODO LO CUAL, QUEDA SIN EFECTO LA SEÑALADA “DENUNCIA INTERPUESTA” ORIGINADA PRESUNTAMENTE DE LA MANO DE LA PRESIDENTA DE FOGADE, QUE SE UTILIZARÍA INÚTILMENTE COMO PRUEBA PARA SUSTENTAR QUE TODOS LOS BONOS BANDAGRO SON FALSOS, NO EXISTIENDO CON ANTERIORIDAD NINGÚN OTRO PRONUNCIAMIENTO DEL ESTADO VENEZOLANO AL RESPECTO, PERO LO QUE SÍ EXISTÍA ANTES DE LA MAL LLAMADA “DENUNCIA INTERPUESTA” SON SIETE (7) DOCUMENTOS PÚBLICOS SEÑALADOS EN LAS PÁGINAS 53-54 (LITERALES a, b, c, d, e, f, g), QUE CERTIFICAN Y RECONOCEN LA LEGITIMIDAD Y AUTENTICIDAD, DE LAS PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y ES EN ESE ENTONCES, CUANDO EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), APOYÁNDOSE EN ELLOS COMO SOPORTE LEGAL INDUBITABLE, PROCEDE A OTORGAR EL 14-06-91, LÍCITAMENTE Y DE BUENA FE, LA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO-MANDATO POR 5MMUS$, A LA EMPRESA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., EN LA CUAL TAMBIÉN SE ACLARA LA DUDA DE LA FGR, A LO SEÑALADO EN LA PÁGINA 195, REFERENTE A QUE KAMI, S.A., ES TENEDORA DE LOS TÍTULOS BANDAGRO “SIN ESPECIFICAR TÍTULO”, SIENDO TODO LO CONTRARIO, PUES SÍ SE ESPECIFICA TÍTULO, PORQUE EL MANDATARIO DE LA EMPRESA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., ÁNGELO BOCCADISI (†), LE ENTREGÓ A LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., LAS CINCO (5) PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO DE 125MMUS$, COMO GARANTÍA POR EL CRÉDITO RECIBIDO DE 5MMUS$ PAGADO CON CHEQUE # 472639 EMITIDO A SU FAVOR, CONTRA EL BANCO PRIBANCO DE PANAMÁ, Y EN ESPECIAL PARA QUE LAS COBRARA A SU VENCIMIENTO EL 08-12-91, A LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, COMO SE INDICA EN EL REFERIDO DOCUMENTO DE PRÉSTAMO-MANDATO OTORGADO EN LA NOTARÍA DÉCIMA DE PANAMÁ, EL 14-06-91. b) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 194, QUE: LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO “QUIENES HAN NEGADO REITERADAMENTE CON CONTUNDENCIA”, QUE FIRMARON LAS PN EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, POR LO CUAL, LOS REMITIMOS; PRIMERO: A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS (PODERES, DECLARACIONES, EXPERTICIAS, INSPECCIONES) FIRMADOS, CONOCIDOS Y CONSENTIDOS POR ELLOS MISMOS, QUE APARECEN SEÑALADOS EN LAS PÁGINAS 53-54 (LITERALES a, b, c, d, e, f, g) Y OTROS MÁS RELACIONADOS CON EL CASO, EN EL SITIO WEB: https://issuu.com/angelinfante, ESPECÍFICAMENTE EN LA CRONOLOGÍA CASO BANDAGRO, DOCUMENTOS LOS CUALES SE REFIEREN A LA LEGITIMIDAD DE LAS PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE MERECEN FE PÚBLICA Y JAMÁS HAN

Página 38 SIDO IMPUGNADOS POR ELLOS, NI SE LES HA HECHO JUICIO DE TACHA DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO Y POR LO TANTO SE MANTIENEN CON TODA SU FUERZA Y VIGOR, EN ESPECIAL LAS DOS (2) EXPERTICIAS REALIZADAS POR DOS DIFERENTES GRAFÓLOGOS VENEZOLANOS DESCRITAS EN LOS LITERALES f) Y g) DE LA PÁGINA 54, QUE CERTIFICAN QUE, EL INTERVENTOR DE BANDAGRO, WALDEMAR CORDERO VALE (†), SI FIRMÓ LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, SEGUNDO: AL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME POR LA PGR EL 03-10-03, QUE NO ADMITE NI DUDA NI DISCUSIÓN ALGUNA, EN EL CUAL SE ACLARA LA TOTAL RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†), EN EL CASO BANDAGRO Y DONDE TAMBIÉN SE CONSIDERÓ COMO PRUEBA IRREFUTABLE, LA EXPERTICIA INDUBITABLE QUE SE DESCRIBE EN EL LITERAL d) DE LA PÁGINA 56. c) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 195, QUE: “PRESUNTAMENTE” AUTENTIQUÉ UN DOCUMENTO, EN LA NOTARÍA SEXTA DEL MUNICIPIO CHACAO Y QUE AUMENTÉ EL CAPITAL DE MI EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., CON EL IMPORTE DE LOS 5 PAGARÉS O FALSAS NOTAS PROMISORIAS (BONOS BANDAGRO), EN LUGAR DE DECIR QUE LO AUTENTIQUÉ LEGALMENTE, EN LA NOTARÍA PÚBLICA SEXTA DEL MUNICIPIO CHACAO, DEL ESTADO MIRANDA, EL 15-05-08, BAJO EL # 01, TOMO 75, DONDE SE DEMUESTRA TAMBIÉN QUE AUMENTÉ EL CAPITAL DE MI EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., CON MIS PROPIOS RECURSOS Y NO CON LOS BONOS BANDAGRO (QUE ADEMÁS NO SON FALSOS, COMO HA SIDO DEMOSTRADO POR ESTE MISMO “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” Y ACLARADO SUFICIENTEMENTE A LO LARGO DE ESTE ESCRITO), CUYO AUMENTO DE CAPITAL SE REFLEJA EN EL BALANCE DEL 01-05-08, DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR EL COMISARIO DE LA EMPRESA, QUE FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DEL DOCUMENTO EN CUESTIÓN Y QUE LA FGR PRETENDE CONVERTIR EN FALSO, CREÁNDOME EL DESCARADO E INEXISTENTE DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, CUYA OPERACIÓN ACLARAMOS PERFECTAMENTE EN LA PÁGINA 49, NUMERAL 4), LITERALES a, b, c, d, DE ESTE ESCRITO. d) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 195, QUE: “…TENEMOS IGUALMENTE QUE, EN FECHA 29 DE ABRIL DE 2004, LA CIUDADANA REINA MILAGROS CELESTE VARGAS ARNAL, RENUNCIA AL CARGO DE VICEPRESIDENTE Y VENDE SUS ACCIONES, QUEDANDO COMO ÚNICO ACCIONISTA EL CIUDADANO ÁNGEL ROBERTO INFANTE…”, CUANDO EN REALIDAD

OCURRIÓ EL 29-04-94, (10 AÑOS ANTES), QUEDANDO YO COMO ÚNICO ACCIONISTA Y MANTENIÉNDOME COMO PRESIDENTE DE INVERSIONES INALCA, C.A., CARGO QUE HE EJERCIDO ININTERRUMPIDAMENTE DESDE SU FUNDACIÓN, CUMPLIENDO 30 AÑOS EN EL MISMO A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21. e) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 195, QUE: COMO JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), A QUIEN CONOCÍ A TRAVÉS DEL SR. BIGLES CASTRO (†) A FINALES DEL AÑO 2002, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO ESPECIAL DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, LE ENVIÓ UNA CARTA CON FECHA 12-01-03, POR PETICIÓN MÍA AL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., RATIFICÁNDOLE QUE LOS CINCO (5) BONOS BANDAGRO ICC-322, Nos. 1/8 AL 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO DE 125MMUS$, PROPIEDAD DE SU REPRESENTADA, SON DE LOS ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE FORMAN PARTE DE LOS ADQUIRIDOS POR SU PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD

Página 39 FINANZIARIA SPA EN EL AÑO 1987, DEL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO AAGAARD, Y QUE COMPLEMENTAN LA SERIE “8”, CON LOS OTROS TRES Nos. 6/8 AL 8/8, DE PROPIEDAD INCUESTIONABLE DE LA FUNDACIÓN TOVAR DE LA CUAL ES PRESIDENTE,

RAZÓN

POR

QUE

FGR

PRESUME

DELITO

“AGAVILLAMIENTO”, CUANDO EN REALIDAD LO QUE ES LÓGICO Y DEDUCIBLE PRESUMIR, ES QUE UNOS TÍTULOS VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA, EMITIDOS LEGÍTIMAMENTE POR UN PAÍS SOBERANO, VENEZUELA, CON IGUALES NORMATIVAS LEGALES, DE LA MISMA SERIE Y DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, SEPARADOS POR SU DUEÑO ORIGINAL, EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., EN EL AÑO 1990, EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE JAMES PAOLO PAVANELLI (†), POR ESTRICTAS RAZONES

COMERCIALES

EXCLUSIVA

CONVENIENCIA,

TENGAN

REENCUENTRO MÁS ADELANTE, CONCRETADO PRECISAMENTE EN EL AÑO 2003, DESPUÉS DE 13 AÑOS, EN UN RECLAMO LEGAL DE COBRO, PARA EXIGIR SU PAGO ANTE EL PAÍS EMISOR, VENEZUELA, SIENDO ESTE EL CASO QUE CORRESPONDE A LAS INSTITUCIONES: KAMI, S.A. (PANAMEÑA) Y FUNDACIÓN TOVAR (VENEZOLANA), LAS CUALES PARA ESE AÑO 2003, SON LAS ÚLTIMAS Y DEFINITIVAS PROPIETARIAS LEGÍTIMAS Y DE BUENA FE DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, (BONOS BANDAGRO) Nos. 1/8 a la 5/8 y 6/8 a la 8/8, RESPECTIVAMENTE, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO DE 125MMUS$, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, CON UNA INDISCUTIBLE TRADICIÓN LEGAL Y UNA SERIE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE LAS RESPALDAN, SIENDO ESTA LA CAUSA DEL ENVÍO DE ESA CARTA, LO CUAL ADEMÁS CONSIDERÓ EQUIVOCADAMENTE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP DE JUICIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, MOTIVO SUFICIENTE PARA POSTERIORMENTE CONDENARME ILEGALMENTE A MÍ, A VIVA VOZ, EL 21-01-14 A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA POR LOS NUEVOS PRESUNTOS DELITOS DE “AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, LOS CUALES TAMBIÉN RECHAZO CATEGÓRICAMENTE, DESCONOCIÉNDOSE MI DERECHO A SOLO SER JUZGADO COMO LO FUI, ÚNICAMENTE POR EL CREADO DELITO, QUE IGUALMENTE RECHAZO, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, COMO LO ESTABLECE EXPRESAMENTE EL ARTÍCULO 13-1, DE LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), QUE TIENE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 23 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN Y QUE FUÉ EL ÚNICO DELITO OBJETO DE MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ, CITA TEXTUAL: “…ARTÍCULO 13; Principio de la Especialidad 1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición...” Y QUE ADEMÁS CUYO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, TAMBIÉN FUE OBJETO DEL OFRECIMIENTO QUE ME HIZO LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, EN LA PRIMERA AUDIENCIA A LA QUE ACUDÍ EL 05-12-11, DEL DERECHO QUE ME ASISTÍA DE PODER ASUMIR EL CITADO DELITO Y EN CONSECUENCIA SE ME REBAJARÍA LA PENA Y PODÍA SER JUZGADO EN LIBERTAD, BAJO RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN CADA 15 DÍAS AL

Página 40 REFERIDO TRIBUNAL, LO CUAL OBVIAMENTE NO ACEPTÉ AL NO HABER COMETIDO NINGÚN DELITO, COMO TAMBIÉN LO HABÍA MANIFESTADO ANTERIORMENTE EN LA ÚNICA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN O PRELIMINAR, A LA QUE ASISTI EL 19-10-11, QUE SE EXTENDIÓ AL 20-10-11, EN EL T04CP. f) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 196, QUE: COMO A JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) LE FUÉ DECRETADA “…MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE PRIVATIVA DE LIBERTAD…”, POR EL T04CP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE “APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”; Y CUYA CAUSA FUE PASADA A JUICIO AL T28JP, ES PROPICIA ENTONCES LA OPORTUNIDAD PARA CONSIDERAR Y ACLARAR, LA VERDADERA REALIDAD Y LA INDUDABLE PARTICIPACIÓN E INFLUENCIA EN ESTA DECISIÓN DEL MAGISTRADO ELADIO APONTE APONTE,, PRESIDENTE DE LA SCPTSJ Y TAMBIÉN DEL TSJ, POR CUANTO QUE: A JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) LE QUEDÓ UNA AVERIGUACIÓN ABIERTA COMO TESTIGO EN UN JUICIO QUE SE LLEVÓ A CABO EL 29-03-94, EN EL JUZGADO SUPERIOR DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, POR UNAS PRESUNTAS PN (FOTOCOPIAS) EMITIDAS SUPUESTAMENTE POR BANDAGRO, QUE RESULTARON APÓCRIFAS Y OBVIAMENTE NO SE COMPROBÓ NINGÚN DELITO A LOS INDICIADOS Y MUCHO MENOS A JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) QUE APARECÍA COMO TESTIGO Y A CUYA AVERIGUACIÓN ABIERTA LUEGO DE HABER TRANSCURRIDO MÁS DE DIEZ (10) AÑOS Y COMO PAUTA LA LEY, LE FUÉ SOLICITADA POR LA FGR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN, PARA CERRAR EL CASO DEFINITIVAMENTE, SOLICITUD LA CUAL FUÉ NEGADA EL 24-05-07, POR EL T04CP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, AL INTERVENIR EL ABOGADO FABIÁN CHACÓN, EN REPRESENTACIÓN DE LA PGR EN UNA EXTRAÑA E ILEGAL ACTUACIÓN, SOLICITANDO QUE EL CASO DEBERÍA PERMANECER ABIERTO PORQUE SE TRATABA DE UNA ESTAFA CONTINUADA, RAZÓN POR LA CUAL, JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) FUÉ IMPUTADO ILEGALMENTE POR ESE T04CP, POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE: APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, AMBOS EN GRADO DE TENTATIVA, CONVIRTIÉNDOLO SORPRESIVAMENTE DE TESTIGO EN IMPUTADO, IMPONIÉNDOLE UNA MEDIDA SUSTITUTIVA DE PRIVATIVA DE LIBERTAD CON PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS Y RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN CADA 15 DÍAS AL REFERIDO T04CP, DECISIÓN LA CUAL FUÉ APELADA INMEDIATAMENTE ANTE LA SALA 1 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, DECIDIENDO ÉSTA Y OBVIAMENTE APEGADA A DERECHO, A FAVOR DE JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), POR SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA COMO HABÍA SIDO SOLICITADO POR LA FGR, A LO CUAL APARECE EN CONSECUENCIA LA FIGURA DEL MAGISTRADO ELADIO APONTE APONTE, PRESIDENTE DEL TSJ, SOLICITANDO LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TSJ, PRESIDIDA TAMBIÉN POR ÉL MISMO COMO SEÑALÉ ANTERIORMENTE, AVOCÁNDOSE A LA CAUSA COMO MAGISTRADO PONENTE, REVOCANDO ARBITRARIAMENTE Y SIN CONSISTENCIA LEGAL ALGUNA, LA DECISIÓN SOBERANA DE LA SALA 1 DE LA CORTE PENAL DE

Página 41 APELACIONES, PROVOCANDO ADEMÁS LA DESTITUCIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE LA APROBARON, RATIFICANDO LOS PRESUNTOS DELITOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS Y CONVIRTIENDO LA MEDIDA DE PRESENTACIÓN AL TRIBUNAL EN MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, LA CUAL CUMPLLIÓ JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) HASTA LA FECHA DE SU LAMENTABLE FALLECIMIENTO A PRINCIPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2021, PERIODO DURANTE EL CUAL LE FUERON VIOLADOS SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL EL ARTÍCULO 83 DE LA CRBV QUE LE CONSAGRÓ EL DERECHO A LA SALUD QUE FUE EL MOTIVO POR EL CUAL OCURRIÓ SU LAMENTABLE FALLECIMIENTO, AL NO AUTORIZARLE SU TRASLADO A NINGÚN CENTRO DE SALUD, LO CUAL SUCEDIÓ EN SU RESIDENCIA FAMILIAR COMO CASA POR CÁRCEL, DEBIDO TAMBIÉN A SU AVANZADA EDAD DE MÁS DE 89 AÑOS, PUES HABÍA NACIDO EL 25-12-31, Y FUE LA PERSONA QUE MÁS CONOCIMIENTOS TUVO EN NUESTRO PAÍS, SOBRE EL FAMOSO CASO BANDAGRO, PUES EN SU CONDICIÓN DE ASESOR Y LUEGO APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, A PARTIR DEL AÑO 1987, DEDICÓ MÁS DE 34 AÑOS DE SU VIDA, INVIRTIENDO ADEMÁS IMPORTANTES SUMAS DE DINERO DE SU PROPIO PECULIO, DEFENDIENDO SUS DERECHOS DE COBRAR LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE POSTERIORMENTE PARTE DE LAS MISMAS HABÍA ADQUIRIDO SU REPRESENTADA, EL 05-10-87, EL COMPRADOR INICIAL, EL GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS, SIENDO DE ESTA FRAUDULENTA MANERA, COMO JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) FUÉ IMPUTADO ILEGALMENTE POR DELITOS QUE JAMÁS COMETIÓ. ES IMPORTANTE SEÑALAR LA FRAGILIDAD DE ESTA DECISIÓN MEDIANTE LA CUAL EL MAGISTRADO ELADIO APONTE APONTE COMETE SEMEJANTE ARBITRARIEDAD, POR CUANTO QUE SU PONENCIA FUÉ APROBADA SOLO POR EL 60% (3 DE 5) DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA INCLUIDO SU VOTO, CON LA OPOSICIÓN DEL OTRO 40% (2 DE 5), CONSTITUIDO POR DOS RESPETABLES DAMAS DE LA JUSTICIA, QUE DECIDIDAMENTE SALVARON SU VOTO, RAZONÁNDOLO MAGISTRALMENTE. DEBO TAMBIÉN HACER NOTAR QUE POSTERIORMENTE EL AHORA EXMAGISTRADO ELADIO APONTE APONTE, QUIÉN LAMENTABLEMENTE NO SUPO EJERCER CON DIGNIDAD EL ALTO CARGO PARA EL CUAL FUÉ ELEGIDO EN EL MÁXIMO TRIBUNAL DE LA REPÚBLICA, HUYÓ A COSTA RICA DEJANDO TRAS DE SÍ, UNA ESTELA DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A LA PATRIA Y A SUS CONCIUDADANOS, TERMINANDO CON SU CONTROVERSIAL Y AZAROSA CARRERA JUDICIAL, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES, DE LA FORMA COMO ES DE TODOS CONOCIDA. g) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 197 QUE: EL JUZGADO TRIGÉSIMO DE CONTROL EL 09-11-10, DECRETÓ MI ORDEN DE APREHENSIÓN, CUANDO PRESUNTAMENTE FUÉ DECRETADA POR EL JUZGADO TRIGÉSIMO QUINTO DE CONTROL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SEGÚN SE INDICA EN LA PÁGINA 194. h) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 197 QUE: EL CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE LAS REPÚBLICAS DE PANAMÁ Y VENEZUELA, APROBADO EN CARACAS EL 25-02-81, CONOCIDO TAMBIÉN COMO “CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN O CONVENCIÓN DE CARACAS” (LACISE) ENTRÓ EN VIGOR EL 28-03-92, 11 AÑOS DESPUÉS, CUANDO EN REALIDAD FUÉ A PARTIR DEL 11-05-82, 15 MESES DESPUÉS, AL SER PUBLICADO EL REFERIDO CONVENIO Y CONVERTIDO EN LEY DE LA REPÚBLICA CON

JERARQUÍA CONSTITUCIONAL, EN LA GACETA OFICIAL # 2955-E DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, (HAGO LA OBSERVACIÓN QUE CUANDO DIGITALIZARON LA GACETA OFICIAL, LA IDENTIFICARON ERRÓNEAMENTE COMO RBV EN LUGAR DE REPÚBLICA DE VENEZUELA), LA CUAL REPRODUCIMOS EN LAS PÁGINAS 149-155, DE ESTE ESCRITO. i) SE SEÑALA EN LA PÁGINA 199, QUE: EL CIUDADANO INVESTIGADO, NUNCA SE HA PUESTO A DERECHO Y NO SE HA HECHO PRESENTE PARA ENFRENTAR EL PROCESO JUDICIAL Y QUE EL JUICIO SE HA PROLONGADO POR SU CULPA, A LO CUAL RESPONDO, QUE NO ME PRESENTÉ PORQUE NUNCA FUI CITADO LEGALMENTE COMO LO EXPLIQUÉ

Página 42 EN LA PÁGINA 29, Y ADEMÁS ACLARO QUE EN EL CASO BANDAGRO, SIEMPRE ME HE IDENTIFICADO PLENAMENTE DESDE QUE COMENCÉ MI INVESTIGACIÓN EN EL AÑO 1999 Y QUE TODAS MIS ACTUACIONES HAN SIDO TRANSPARENTES, APEGADAS A DERECHO Y DE CARA AL GOBIERNO, EN MI LEGÍTIMA INTENCIÓN, COMO APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., DE COBRAR A LA RBV DE MANERA PACÍFICA, RESPETUOSA, JUSTA Y RAZONABLE, LOS BONOS ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD INCUESTIONABLE DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., Y A PARTIR DEL 30-04-08, DE SU CESIONARIA, MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., AMPARADO POR CANTIDAD DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE LOS RESPALDAN, E INDISCUTIBLE Y EXPRESAMENTE, POR EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME EMANADO DE LA PGR EL 03-10-03 Y REITERANDO QUE EN NINGÚN MOMENTO FUI CITADO LEGALMENTE PARA ENFRENTAR PROCESO JUDICIAL ALGUNO, ME INFORMÉ QUE EXISTÍA ALGO EN MI CONTRA, AL NAVEGAR POR

INTERNET EL 01-06-11, 6 MESES DESPUÉS DE HABERME MUDADO LEGALMENTE A PANAMÁ (EXILIO FORZOSO), COMO LO ACLARÉ PERFECTAMENTE EN LA PÁGINA 29, ENTERÁNDOME QUE ESTABA SIENDO BUSCADO POR INTERPOL CON ALERTA ROJA, CONFIRMÁNDOME ENTONCES QUE EXTRAÑAMENTE TENÍA ALGO QUE ACLARAR CON LA “JUSTICIA VENEZOLANA”, QUE RESULTÓ SER EL CREADO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR LO TANTO, NO FUÉ POR MI CULPA QUE EL CONTROVERTIDO

ILEGAL

JUICIO

HAYA

PARALIZADO,

SINO

PORQUE

JUDICIALMENTE NO FUI SOLICITADO DE LA MANERA LEGAL CORRESPONDIENTE, POR LO CUAL, Y CON MÁS DE 75 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS A LA FECHA DE ESTE ESCRITO, 30-07-21, LLEVO EXACTAMENTE 3617 DÍAS PRIVADO ILEGÍTIMAMENTE DE MI LIBERTAD, ENTRE LAS INHÓSPITAS CÁRCELES PANAMEÑAS Y LAS ESPANTOSAS, HORROROSAS Y

ASQUEROSAS

PRISIONES

VENEZOLANAS,

PERSISTIENDO

“GOBIERNO

REVOLUCIONARIO” EN DEFENDER LO INDEFENDIBLE, TRATANDO DE CONVERTIRME EN “CHIVO EXPIATORIO” DEL CASO BANDAGRO, CONOCIENDO PERFECTAMENTE LOS ALTOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES, QUIENES SON LOS VERDADEROS RESPONSABLES DEL FAMOSO CASO Y J) SE SEÑALAN ADEMÁS EN LA PÁGINA 200, DE LA CONFUSA PONENCIA DE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO DE LA SCPTSJ LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN LA INSTITUCIÓN DE LA EXTRADICIÓN: LITERAL a); QUE: “…El Principio de la doble incriminación: según el cual, el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, es objeto de extradición…”; A LO CUAL ME HAGO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ¿DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO? QUEDÓ ESTABLECIDO EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, SI NO PUDIERON NI SIQUIERA LLEGAR A COMPROBÁRMELO EN EL POSTERIOR “JUICIO PENAL”, NI ME LO PODRÁN COMPROBAR JAMÁS, PORQUE NO EXISTE TAL “DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”. LITERAL b); QUE: “…El Principio de la mínima gravedad del hecho:

de acuerdo al cual sólo procede la extradición por delitos y no por faltas, y en el caso bajo estudio la extradición es solicitada por la comisión de dos delitos graves…”; ¿CUÁLES DOS DELITOS GRAVES? SI NI SIQUIERA ME PUDIERON COMPROBAR EL ÚNICO DELITO, ADEMÁS CREADO POR LA FGR, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR EL CUAL ME EXTRADITARON ILEGALMENTE DE PANAMÁ Y FUÉ SOLAMENTE POR ESE DELITO QUE

Página 43 ME JUZGARON ILEGALMENTE EN EL POSTERIOR “JUICIO PENAL”, PUES LOS OTROS TRES (3) DELITOS ADICIONALES E ILEGALES QUE ME FUERON AGREGADOS SUBREPTICIAMENTE, DE “AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, POR LOS CUALES ME “CONDENARON”, APARECIERON EN ESCENA EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, DEL FUNESTO DÍA DE LA “SENTENCIA CONDENATORIA” DICTADA A VIVA VOZ POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. ¿CUÁL ES EL OTRO DELITO GRAVE?. LITERAL c), QUE: “…El Principio de la especialidad: referido a que el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud; los hechos investigados acontecen desde el año 1981 hasta la presente fecha; y sólo en razón de ellos es que se solicita su extradición…”, LITERAL ÉSTE QUE ADEMÁS CONFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN Y QUE COMO TAL, FUÉ PARCIALMENTE MODIFICADO EN LA REFERIDA PONENCIA, (CON LO QUE APARECE AQUÍ RESALTADO Y SUBRAYADO), AL COMPARARLO CON LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL, COMO LO INDICA EL ABOGADO EINSTEN MORALES:

Principios que rigen la extradición en Venezuela Enviado por EINSTEIN ALEJANDRO MORALES GALITO 1. Principio de no entrega de los nacionales 2. Principio de Doble Incriminación 3. Principio de no extradición por delitos políticos 4. Principio de denegación de la Extradición en caso de pena de muerte, pena privativa de la libertad a perpetuidad o superior a treinta años 5. Principio de especialidad de la extradición. 6. Prescripción de la acción penal o de la pena 7. El procedimiento de extradición en Venezuela Para conceder la extradición, la autoridad competente deberá verificar si la solicitud cumple con los extremos exigidos por la doctrina y la práctica internacionales que rigen la materia. Al respecto, es preciso mencionar las reglas o principios que son aplicables en el ordenamiento jurídico venezolano:

5.- Principio de especialidad de la extradición. Según el cual, el Estado requirente se compromete a juzgar al sujeto requerido sólo por el hecho por el cual ha solicitado su extradición y no por otro distinto. Y MÁS ESPECÍFICO Y EXPLÍCITO AUN EN EL LIBRO LA EXTRADICIÓN EN VENEZUELA DEL ILUSTRE ABOGADO VENEZOLANO ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ, EN EL CAPÍTULO II,

NUMERAL

11.-

CONVENCIÓN

INTERAMERICANA

SOBRE

EXTRADICIÓN

CONVENCIÓN DE CARACAS (Gaceta Oficial 2955-E del 11-05-82), “…ARTÍCULO 13; Principio de la Especialidad 1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición...”.

OLVIDANDO ADEMÁS, LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), QUE EN DERECHO EXISTE

FIGURA

ULTRA

PETITE

ULTRAPETITA,

QUE

SEGÚN

LOS

Página 44 CONOCEDORES DEL TEMA, SEÑALA QUE EL JUEZ NO PUEDE IR MÁS ALLÁ DE LA NORMA QUE ES SU SANA Y VERDADERA INTERPRETACIÓN Y QUE EN ESTE CASO LO CONFORMA EL INDICADO ARTÍCULO 13, EN SU ORDINAL 1°, TAL CUAL COMO FUÉ REDACTADO POR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN, CONOCIDA COMO LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 23 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN TIENE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL, CUYA CONVENCIÓN CASUALMENTE SE REALIZÓ ACÁ EN VENEZUELA Y QUE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†) TUVO LA OSADÍA DE MODIFICAR, AGREGÁNDOLE LO ANTERIORMENTE RESALTADO Y SUBRAYADO, AL COMIENZO DEL LITERAL c), CON EL FIN DE CONFUNDIR LA PRECISIÓN DEL MISMO, PARA APLICARLO A SU ILEGAL DECISIÓN; TODO LO CUAL ME LLEVA TAMBIÉN A CONCLUIR EN LA SIGUIENTE ACLARATORIA Y REFLEXIÓN: SI EL DELITO FUÉ COMETIDO EL 17-02-82, POR LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO Y NO POR MÍ, MIENTRAS QUE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN FUÉ APROBADA EL 25-05-11, HACE MÁS DE 29 AÑOS DE HABERSE COMETIDO EL DELITO, CUANDO YA LA ACCIÓN PENAL TENÍA MÁS DE 19 AÑOS DE ESTAR PRESCRITA Y A FAVOR DE LOS QUE LA COMETIERON ES ILÓGICO E IMPOSIBLE Y NI SIQUIERA PENSABLE, QUE YO HAYA COMETIDO EL DELITO, YA QUE COMENCÉ A CONOCER EL CASO BANDAGRO A PARTIR DEL AÑO 1999 Y POR CONSIGUIENTE NO DEBÍ SER EXTRADITADO, DETENIDO, PROCESADO Y PENADO, POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE MI PAÍS Y MUCHO MENOS POSTERIORMENTE “CONDENADO” POR 4 DELITOS QUE JAMÁS COMETÍ, VIOLÁNDOSEME EN ESTA OPORTUNIDAD Y EXPRESAMENTE LOS ARTÍCULOS 4.2 Y 13.1 DE LA REFERIDA LEY DE EXTRADICIÓN. LITERAL d), QUE: “…El Principio de no entrega por delitos políticos: conforme al cual se prohíbe la entrega de sujetos perseguidos por delitos políticos, y en el presente caso se dejó claramente establecido que los delitos que motivaron la solicitud no son políticos ni conexos con éstos…” LITERAL ÉSTE QUE TAMBIÉN CONFORMA EL ARTÍCULO 4.4 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN Y QUE IGUALMENTE ME FUE VIOLADO, GENERANDO ADEMÁS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ¿DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO? SE DEJÓ CLARAMENTE ESTABLECIDO QUE EL DELITO CREADO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, NO ES POLÍTICO O CONEXO, SIENDO ÉSTE EL ÚNICO DELITO POR EL CUAL FUI ILEGÍTIMAMENTE CAPTURADO POR INTERPOL Y POSTERIORMENTE EXTRADITADO DE PANAMÁ, PARA LUEGO SER JUZGADO ILEGALMENTE EN VENEZUELA EN EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, DELITO QUE FUÉ CREADO POR LA FGR, COMO LO EXPLICO EN LA PÁGINA 47, CON LA DELIBERADA INTENCIÓN DE EXTRADITARME Y DE ENCUBRIR DESCARADAMENTE AL POLÍTICO VENEZOLANO WALDEMAR CORDERO VALE (†), PRINCIPAL RESPONSABLE DEL FRAUDE A LA NACIÓN, COMETIDO EL 17-02-82, CON LOS FAMOSOS BONOS BANDAGRO, COMO LO EXPLIQUÉ EN EL LITERAL c), LA PÁGINA 35, CUYA RESPONSABILIDAD LE HABÍA SIDO COMPROBADA FEHACIENTEMENTE EN EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EN FECHA 03-10-03; POLÍTICO ÉSTE QUE, COMO ÉL MISMO LO MANIFESTÓ EN DIFERENTES OPORTUNIDADES, ES PRIMO DE JOSÉ VICENTE RANGEL VALE (†), EL POLÍTICO VENEZOLANO MÁS AVEZADO, SAGAZ, MALICIOSO, PERSPICAZ Y HABILIDOSO, DE NUESTRA ERA DEMOCRÁTICA Y QUE COMO TALES Y EN ESPECIAL EL SEGUNDO, QUIÉN POR SU ARROJO Y MAYOR ASCENDENCIA EN EL MUNDO POLÍTICO

Página 45 NACIONAL Y CONCRETAMENTE EN ESTE “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, QUÉ UTILIZANDO SU ALTO RANGO DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y POR SUS “CONTACTOS, CONOCIMIENTOS, COMPONENDAS O COMPROMISOS POLÍTICOS”, EN ESPECIAL CON SU AMIGO, EL PRESIDENTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRIAS (†), PROCURÓ QUE SE CONCRETARA LA MANIOBRA DE LOGRAR QUE EL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ Y POSTERIORMENTE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA MARISOL PLAZA IRIGOYEN, ESGRIMIENDO FALSOS ARGUMENTOS, TRATARAN DE REVOCAR ILEGAL E IRRESPONSABLEMENTE, SU INFORME Y SU DICTAMEN DE FECHAS 08-08-03 Y 03-10-03, RESPECTIVAMENTE, COMO LO EXPLICO EN LAS PÁGINAS 90-94. Y QUE OCASIONÓ TAMBIÉN QUE LA FGR ME CREARA CON FECHA INCIERTA A PARTIR DEL 05-11-10, EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” OBJETO DE MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ Y EN CONSECUENCIA CONVERTIR EL CASO BANDAGRO, QUE EN OTROS JUICIOS INTERNACIONALES ES MERCANTIL, EN UN “JUICIO PENAL”, QUE SUFICIENTEMENTE HE EXPLICADO Y SEGUIRÉ ACLARANDO. LITERAL f), QUE:

“…Los Principios relativos a la acción penal: referidos a la no concesión de la solicitud de extradición si la acción penal está prescrita, y en el presente caso se dejó constancia que no consta ningún elemento que acredite la prescripción por cuanto son delitos continuados…” PRINCIPIO ÉSTE QUE TAMBIÉN CONFORMA EL ARTÍCULO 4.2 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN Y QUE IGUALMENTE ME FUE VIOLADO Y COMO EXPLICO MÁS ABAJO, LA ACCIÓN PENAL ESTABA PRESCRITA, Y POR CONSIGUIENTE TAMPOCO PROCEDÍA MI EXTRADICIÓN; EN CUANTO A, LOS DELITOS CONTINUADOS, ACLARO LO SIGUIENTE: EL ÚNICO DELITO POR EL CUAL FUÍ ENJUICIADO Y POR EL QUE ME EXTRADITARON ILEGÍTIMAMENTE DE PANAMÁ Y POSTERIORMENTE ME JUZGARON ILEGALMENTE, EN MI PAÍS, FUÉ POR EL ILEGAL DELITO CREADO POR LA FGR DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” QUE NO FUÉ COMPROBADO EN EL TANTAS VECES REFERIDO “JUICIO PENAL” NI LO SERÁ JAMÁS, PORQUE EL DOCUMENTO PÚBLICO A QUE SE REFIEREN NO TIENE NI UN ÁPICE DE FALSEDAD, ADEMÁS DE QUE EL VERDADERO DELITO DE FRAUDE A LA NACIÓN, COMO FUÉ COMPROBADO FEHACIENTEMENTE EN EL INFORME DEL MF Y CORROBORADO EN EL DICTAMEN DE LA PGR, ANTERIORMENTE SEÑALADOS, FUÉ COMETIDO POR LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO, EL 17-02-82, Y NO POR MÍ COMO LO EXPLIQUÉ EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35, MIENTRAS QUE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN FUÉ APROBADA POR LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA LUISA ORTEGA DÍAZ, EL 25-05-11, CUANDO YA LA ACCIÓN PENAL ESTABA PRESCRITA, Y A FAVOR DE LOS QUE COMETIERON EL DELITO, EN ESPECIAL DEL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†) PUES HABÍAN TRANSCURRIDO MÁS DE 20 AÑOS Y POR CONSIGUIENTE TAMPOCO EXISTE LA FIGURA DE DELITOS CONTINUADOS, ADEMÁS DE QUE EN LO QUE A MÍ RESPECTA, LA INVESTIGACIÓN DEL CASO BANDAGRO, LA COMENCÉ A PARTIR DEL AÑO 1999, 17 AÑOS DESPUÉS, CUANDO YA EL DELITO ESTABA CONSUMADO Y POSTERIORMENTE PRESCRITO Y EN BENEFICIO DE LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO QUE LO HABÍAN COMETIDO, A QUIENES NO CONOZCO Y POR SUPUESTO NO PUDE TENER NINGÚN TIPO DE RELACIÓN O VÍNCULOS CON NINGUNO DE ELLOS Y NADA TENGO QUE VER CON EL DELITO PERPETRADO DE FRAUDE A LA NACIÓN, NI POR NINGÚN OTRO DELITO Y QUE DESPUÉS DE HABER INVESTIGADO PROFUNDAMENTE EL CASO BANDAGRO, SOLO ME HE DEDICADO A DEFENDER MIS DERECHOS Y LOS DE MIS

Página 46 REPRESENTADAS, MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., A PARTIR DEL 25-07-03, FECHA EN QUE ME OTORGÓ EL PODER GENERAL, PARA QUE LE COBRARA SUS PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y POSTERIORMENTE A PARTIR DEL 30-04-08, FECHA EN QUE LA REFERIDA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., LE CEDIÓ LEGALMENTE Y DE BUENA FE, TODOS SUS DERECHOS SOBRE LOS BONOS BANDAGRO, A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., CONVERTIDOS EN CONSECUENCIA MIS REPRESENTADAS Y YO EN PARTICULAR EN VÍCTIMAS, DEL FAMOSO CASO BANDAGRO, AL NO HABER PODIDO COBRAR NOSOTROS AL “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” NACIONAL EN FORMA, PACÍFICA, RESPETUOSA, JUSTA Y RAZONABLE, COMO LO HEMOS INTENTADO VARIAS VECES, LAS FAMOSAS PN Y NO HABER PODIDO TAMPOCO EL REFERIDO GOBIERNO DEMOSTRAR LA FALSEDAD DE LAS MISMAS, SINO MÁS BIEN SU AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD COMO SE COMPROBÓ EN EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EL 03-10-03, LO CUAL HE REPETIDO TANTAS VECES Y LO SEGUIRÉ REITERANDO, ENCONTRÁNDOME, A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, HACE EXACTAMENTE 3.617 DÍAS; DETENIDO, PROCESADO Y PENADO ILEGALMENTE, ADEMÁS POR DELITOS QUE NO EXISTEN Y QUE POR SUPUESTO NO COMETÍ, PARA TRATAR DE CONVERTIRME EN “CHIVO EXPIATORIO” DEL FAMOSO CASO BANDAGRO, ACLARANDO NUEVAMENTE QUE NO TUVE JAMÁS NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESE BANCO, NI CON NINGUNO DE SUS DIRECTIVOS, ADEMÁS DE QUE MIS INVESTIGACIONES PARTICULARES SOBRE EL CASO BANDAGRO Y EN MI CONDICIÓN DE EXPERTO EN BANCA Y FINANZAS EN MI PAÍS, VENEZUELA, LAS INICIÉ EN EL AÑO 1999, COMO LO MENCIONÉ ANTERIORMENTE Y ES A PARTIR DEL 25-07-03, QUE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. ME OTORGA PODER GENERAL, PARA QUE DEFIENDA SUS DERECHOS INCUESTIONABLES QUE POSEE SOBRE LOS CINCO (5) BONOS BANDAGRO, MODELO ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE “8”, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, DE SU LEGÍTIMA PROPIEDAD, POSEÍDOS LEGALMENTE Y DE BUENA FE A PARTIR DEL AÑO 1991, SIENDO 14 DÍAS DESPUÉS DEL OTORGAMIENTO DEL REFERIDO PODER GENERAL, CUANDO EL MF EN SU INFORME DEL 08-08-03 DETERMINA Y SEGUIDAMENTE LA PGR DE VENEZUELA, EL 03-10-03, DICTAMINA, QUE LOS BONOS, EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y COLOCADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VALORES EL 17-02-82, SON ORIGINALES Y AUTÉNTICOS Y DEBEN SER PAGADOS, LOS CUALES INCLUYEN OBVIAMENTE A LOS DE MI PODERDANTE, ADEMÁS CON EL ATENUANTE DE QUE CON ESTE RECONOCIMIENTO DEL MF Y LA PGR LOS BONOS BANDAGRO, SE MANTIENEN Y QUEDAN RATIFICADOS TOTALMENTE COMO DEUDA EXTERNA DE LA RBV, COMO LO SEGUIRÉ DEMOSTRANDO EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES DONDE SE TRANSCRIBEN ADEMÁS: LA CONFUSA PONENCIA INICIALMENTE RESEÑADA, LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), APROBADA EN VENEZUELA EL 25-02-81, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL # 2955-E DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA EL 11-05-82; Y OTRA SERIE DE DOCUMENTOS IMPORTANTES DEL REFERIDO CASO BANDAGRO RATIFICANDO EN CONSECUENCIA MI TOTAL INOCENCIA, POR NO HABER COMETIDO NINGUNO DE LOS DELITOS QUE SE ME IMPUTAN, COMO TAMBIÉN DEMUESTRO EN LO ANTERIORMENTE RELATADO, LA CANTIDAD DE INCONSISTENCIAS DE FORMA Y DE FONDO Y ES POR LO QUE CALIFICO COMO CONFUSA, LA TANTAS VECES MENCIONADA PONENCIA DE LA

Página 47 MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), QUIÉN CUANDO COMENZÓ ESTE “JUICIO PENAL”, SE ENCONTRABA EN SU SANO JUICIO Y EN PLENITUD DE TODAS SUS FACULTADES. 3) ANALIZANDO EL PRESUNTO DELITO, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y QUE LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR): LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, SEGUNDA (2) ANTE LAS SALAS DE CASACIÓN PENAL Y CONSTITUCIONAL DEL TSJ, EMYLCE RAMOS JULIO TRIGÉSIMA SÉPTIMA (37) A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA Y MILVIRA CARABALLO ARAQUE, SEXAGÉSIMA OCTAVA (68) DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, PRETENDEN SEÑALAR COMO FALSO, COMO SE INDICA EN LA PÁGINA 194, CON LA APROBACIÓN DE LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA LUISA ORTEGA DÍAZ, COMO SE SEÑALA EN LA PÁGINA 197, CONSIDERADO IGUALMENTE POR EL T35CP, CONTINUADO Y POR ACUMULACIÓN EN EL T04CP (DONDE SE ORIGINÓ EL JUICIO A LOS OTROS INDICIADOS). Y FINALMENTE ENJUICIADOS EN EL T28JP TODOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SOPORTADA DICHA PRETENSIÓN POR LA MISMA FGR EN SU IRRESPONSABLE IMPUTACIÓN, AL PRESENTAR MÁS DE 80 ELEMENTOS DE PRUEBA, LA MAYORÍA FALSOS Y SIN CONSISTENCIA LEGAL ALGUNA, ADEMÁS DE HABER SUSTENTADO SU FRÁGIL ACUSACIÓN, EN EL ARTÍCULO 322 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL QUE EN NADA SE IDENTIFICA CON EL DELITO CREADO CON FINES POLÍTICOS POR LA REFERIDA FGR DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, ARTÍCULO EL CUAL TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN: “…Artículo 322. Todo el que hubiere hecho uso o de alguna manera se hubiere aprovechado de algún acto falso, aunque no haya tenido parte en la falsificación, será castigado con las penas respectivas establecidas en los artículos 319, si se trata de un acto público, y 321, si se trata de un acto privado…” Y FINALMENTE CONSIDERADO “PROCEDENTE” EN SU CONFUSA PONENCIA, POR LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), EL 14-06-11, PRESIDENTA DE LA SCPTSJ PARA SUSTENTAR SU DECISIÓN Y AUTORIZAR MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ, ESTANDO YO, PERFECTAMENTE CLARO EN QUE NO EXISTE TAL DELITO, POR CUANTO EL DOCUMENTO PÚBLICO DE CESIÓN A QUE SE REFIEREN, FUÉ OTORGADO LEGÍTIMAMENTE POR MÍ, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES TANTO DE PANAMÁ COMO DE VENEZUELA Y GOZA DE UNA TRANSPARENCIA, FORTALEZA Y SOPORTE LEGAL INDISCUTIBLE, AL NO PRESENTAR NI UN ÁPICE DE ACTO FALSO, COMO INDICA EL ARTÍCULO 322 ANTES SEÑALADO Y COMO TAMBIÉN LO ACLARÉ PERFECTAMENTE EN LA PÁGINA 23, Y EN EL NUMERAL 4) DE LAS PÁGINAS 49-52, AMPARADO ADEMÁS Y DEFINITIVAMENTE, COMO LO HE REITERADO CONSTANTEMENTE, POR EL INFORME DEL MF DE 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE,

IRREVOCABLE

FIRME,

EMANADO

PGR

FECHA

03-10-03, CONTENIENDO DICHO DOCUMENTO, COMO ANEXOS CERTIFICADOS Y SOPORTE

JURÍDICO

INDUBITABLE,

UNA

TRADICIÓN

LEGAL

INDISCUTIBLE

SABER: BANDAGRO►ALFREDO AAGAARD►TRIAD FINANZIARIA SPA► GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A.►ÁNGELO BOCCADISI (†)►KAMI, S.A., ADEMÁS DE TODA LA

DOCUMENTACIÓN

JUDICIAL

PRÉSTAMO-MANDATO►PACTO

QUE

SOCIAL

RESPALDA,

(REGISTRO

DOCUMENTO

MERCANTIL),

KAMI,

S.A.►PODER OTORGADO A MI PERSONA►REGISTRO MERCANTIL DE INVERSIONES INALCA, C.A. Y EN ESPECIAL►COPIAS ESCANEADAS DE LAS CINCO (5) ORIGINALES Y

Página 48 AUTÉNTICAS PN, NUMERADAS DE LA 1/8 A LA 5/8, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y CUYAS PN NINGUNA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES VENEZOLANAS, NI SIQUIERA HAN VISTO, ANEXOS TODOS, LEGALIZADOS POR EL NOTARIO OCTAVO DE PANAMÁ, EN DOCUMENTO DE FECHA 30-04-08, CUYA VERIFICACIÓN, EXISTENCIA Y AUTENTICIDAD DE LOS MISMOS, FUÉ CERTIFICADA MEDIANTE LA INSPECCIÓN OCULAR REALIZADA POR EL NOTARIO NOVENO DE PANAMÁ COMISIONADO AL EFECTO, PARA QUE SE TRASLADARA AL HSBC BANK, DE LA AVENIDA JUSTO

AROSEMENA,

CIUDAD

PANAMÁ,

HICIERA

COTEJO

CORRESPONDIENTE CONTRA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE SE ENCONTRABAN GUARDADOS EN LA CAJA DE SEGURIDAD # 317, DEL REFERIDO BANCO. TODA ESTA OPERACIÓN DE DOCUMENTAR LA REFERIDA CESIÓN, SE HIZO A SOLICITUD MÍA, DEBIDO A QUE EL PODER QUE ME OTORGÓ LA EMPRESA KAMI, S.A., EL 25-07-03, AUNQUE ES MUY AMPLIO Y SUFICIENTE, NO CONTEMPLABA EL CONTROL FÍSICO DE LOS BONOS BANDAGRO, QUE SON Y SIGUEN SIENDO AL PORTADOR Y PAGADEROS A QUIEN LOS POSEA, COMO LO SEÑALA SU TEXTO, CITA LITERAL: “…PROMETEMOS PAGAR CONTRA ESTE PAGARÉ, A LA ORDEN DEL PORTADOR O DEL PROPIETARIO A LA FECHA DE VENCIMIENTO...”, COMO SE OBSERVA, YO NO TENÍA CUALIDAD DE PORTADOR, NI PROPIETARIO Y ES CUANDO SOLICITO AL PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), QUE CEDA A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., TODOS LOS DERECHOS SOBRE LOS BONOS BANDAGRO, BAJO EL CONCEPTO, CITA TEXTUAL: “…PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN DEL PODER…”, TAL COMO SE ENCABEZA EL DOCUMENTO DE CESIÓN, QUE LA PGR, LA FGR Y LOS TRIBUNALES PENALES DE LA RBV, PRETENDEN DESCARADAMENTE SEÑALAR COMO FALSO AL MENCIONARLO COMO EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, E IGNORANDO LA PGR QUE EL REFERIDO DOCUMENTO FUE CONCEBIDO Y AMPARADO DE CONFORMIDAD CON LO DECIDIDO EN SU PROPIO DICTAMEN DE FECHA 03-10-03, QUE ES VINCULANTE IRREVOCABLE Y FIRME, QUE SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL MF Y CUYO DOCUMENTO PÚBLICO FUE AUTENTICADO LEGALMENTE EL 30-04-08, EN LA NOTARÍA OCTAVA DE PANAMÁ, ASIGNÁNDOLE A LA CESIÓN UN VALOR SIMBÓLICO DE 12.5MMUS$, PAGADEROS UNA VEZ QUE COBRE LOS BONOS BANDAGRO A LA RBV Y RESPETANDO LAS CONDICIONES DEL PODER, QUE ME OTORGÓ LA CESIONARIA EL 25-07-03, PERFECCIONANDO DICHA CESIÓN CON LA ENTREGA MATERIAL DE LAS CINCO (5) ORIGINALES Y AUTÉNTICAS PN, NUMERADAS DE LA 1/8 A LA 5/8, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPOSICIÓN ÉSTA QUE FUÉ APROBADA POR EL REFERIDO PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), DEBIDAMENTE FACULTADO AL EFECTO POR EL PACTO SOCIAL (REGISTRO MERCANTIL) DE SU REPRESENTADA, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: a) LOS BONOS BANDAGRO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y LEGAL QUE LOS RESPALDAN, DEBERÁN PERMANECER EN PANAMÁ, EN UNA CAJA DE SEGURIDAD, CON LA PROTECCIÓN COMPARTIDA, YO POSEO LA COMBINACIÓN Y ELLOS LA LLAVE Y ASÍ SE HIZO Y b) QUE UNA VEZ LEGALIZADO EL DOCUMENTO DE CESIÓN, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES VENEZOLANAS, MI EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., LE OTORGARA EN PANAMÁ, A LA EMPRESA KAMI, S.A., COMO VERDADERA

Página 49 CONTRAPRESTACIÓN REAL, (NO COMO LO OBSERVA LA FGR EN LA PÁGINA 195 “…SIN CONTRAPRESTACIÓN REAL…”), UN PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE CON SIMILARES CONDICIONES A LAS QUE ELLOS ME OTORGARON A MÍ MEDIANTE EL PODER GENERAL DE FECHA 25-07-03, DE MANERA TAL QUE AMBAS EMPRESAS: KAMI, S.A. E INALCA, C.A., POSEAN Y PUEDAN EJERCER INDISTINTAMENTE, TODOS LOS DERECHOS SOBRE LOS BONOS BANDAGRO, NO EXISTIENDO NINGÚN OTRO PODER QUE PUEDA REPRESENTARLAS, SINO LOS OTORGADOS ENTRE ELLAS MISMAS Y SOLO ACTIVADO A TRAVÉS DE SUS CORRESPONDIENTES REPRESENTANTES LEGALES Y ASÍ SE HIZO, PRESENTANDO EL 02-05-08, EL REFERIDO DOCUMENTO DE CESIÓN, ANTE EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE PANAMÁ, PARA QUE LE COLOCARA LA CORRESPONDIENTE APOSTILLA DE LA HAYA. TODOS LOS COSTOS Y TRAMITES QUE GENERÓ LA OPERACIÓN (IMPUESTOS, HABILITACIONES, TRASLADOS, COPIAS, ETC.), FUERON SUFRAGADOS Y LAS DILIGENCIAS REALIZADAS HASTA SU DEFINITIVA CULMINACIÓN, POR EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), PRESIDENTE DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRAMITES EN PANAMÁ, ME TRAJE EL DOCUMENTO A VENEZUELA Y LO AUTENTIQUÉ LEGALMENTE (NO COMO SEÑALA LA FGR EN LA PÁGINA 197 “…AUTENTICADO PRESUNTAMENTE…”), ANTE LA NOTARÍA SEXTA DEL MUNICIPIO CHACAO, DEL ESTADO MIRANDA, EL 15-05-08, BAJO EL # 1, DEL TOMO # 75, COLOCÁNDOLE LA CORRESPONDIENTE APOSTILLA DE LA HAYA EL 22-05-08, EL

MINISTERIO

RELACIONES

EXTERIORES DE

LA RBV;

FINALMENTE

PROTOCOLIZADO EL 19-01-09, ANTE LA OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA, TODO LO CUAL DEMUESTRA CLARAMENTE, QUE NO EXISTE EL CREADO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, COMO LO REFIERE LA FGR, EN SU DESPROPORCIONADA ACUSACIÓN. 4) SEGUIDAMENTE Y EN MI CONDICIÓN DE ÚNICO ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., DESDE EL 29-04-94 (HACE MÁS DE 27 AÑOS A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, Y NO COMO DICE LA FGR EN LA PÁGINA 195, QUE FUÉ EL “…29 de abril del 2.004…”), LLEVÉ A CABO Y MATERIALICÉ EN VENEZUELA UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MI EMPRESA, PARA PARTICIPAR Y LEGALIZAR LA OPERACIÓN BANDAGRO EJECUTADA EN PANAMÁ, A LOS EFECTOS Y DE ACUERDO A LO APROBADO EN ASAMBLEA, SE PROCEDIÓ A CONTABILIZAR SIMULTÁNEAMENTE: a) EL AUMENTO DE CAPITAL EN Bs. 200.000,00, PARA LLEVARLO A Bs. 250.000,00. b) EL AJUSTE DE LA RESERVA LEGAL Y EL SUPERÁVIT, PARA LLEVARLOS A Bs. 25.000,00 Y Bs. 50.000,00, RESPECTIVAMENTE. c) LA SUSTITUCIÓN DEL RESTO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE INVERSIONES INALCA, C.A., TODO ESTO CON CARGO A MI CUENTA PERSONAL EN LA EMPRESA, LA CUAL SEGÚN BALANCE GENERAL AL 01-05-08, DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, MANTENÍA UN SALDO A MI FAVOR DE Bs. 472.398,05, SUFICIENTE PARA SOPORTAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y LOS AJUSTES EFECTUADOS, NO COMO SEÑALA IRRESPONSABLEMENTE LA FGR EN LA PÁGINA 195, QUE “…USÉ DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, EN ESPECIAL FALSAS

NOTAS

PROMISORIAS

BANDAGRO…”,

PARA

JUSTIFICAR

ESTAS

OPERACIONES Y d) FINALMENTE CONTABILIZAR ÚNICAMENTE LOS ACTIVOS Y PASIVOS

Página 50 QUE GENERÓ LA OPERACIÓN BANDAGRO, DE MANERA TAL QUE EL BALANCE GENERAL DE INALCA, C.A., AL CIERRE DEL 16-05-08, TAMBIÉN DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR EL COMISARIO, SOLO REFLEJARA LOS ACTIVOS Y PASIVOS QUE GENERÓ LA CONTABILIZACIÓN DE LA OPERACIÓN BANDAGRO, MANTENIENDO INTACTA LA CUENTA DE CAPITAL Y RESERVAS COMO EXPLIQUÉ AL PRINCIPIO DE ÉSTE NUMERAL 4). UNA VEZ LEGALIZADA EL 19-01-09, EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON TODOS SUS ANEXOS, ANTE LA OFICINA DE REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA, LA PUBLIQUÉ EN EL PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL REPORTE DIARIO DE LA ECONOMÍA, HICE LA DEBIDA PARTICIPACIÓN AL SENIAT, (ORGANISMO ADSCRITO AL MF), ENTREGANDO COPIA CERTIFICADA DEL NUEVO REGISTRO MERCANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL ORGANISMO, LA CUAL FUÉ AGREGADA DE INMEDIATO AL EXPEDIENTE DE INVERSIONES INALCA, C.A., COMO TAMBIÉN LE FUÉ RENOVADO EL RIF Y NO LE HICIERON NINGÚN TIPO DE REPARO NI OBJECIÓN A LA OPERACIÓN BANDAGRO, ASÍ MISMO, AL FINAL DE CADA EJERCICIO FISCAL, HE EFECTUADO LAS DECLARACIONES DE I.S.L.R. DE MI EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., EN CERO (0) BOLÍVARES, DURANTE LOS AÑOS 2008 A 2020 (13 AÑOS), AL NO HABER HABIDO ACTIVIDAD NI COMERCIAL, NI FINANCIERA, QUE PRODUJERAN ENRIQUECIMIENTO ALGUNO, OTORGÁNDOLE EL SENIAT EL CORRESPONDIENTE FINIQUITO, SIN HACER TAMPOCO NINGÚN TIPO DE REPARO NI OBJECIÓN, CONTINUÉ CON

LEGALIZACIÓN

INCONVENIENTES

ANTE:

DEL

DOCUMENTO

REGISTRO

HACIENDO

PRINCIPAL,

MINISTERIO

RECORRIDO DE

SIN

RELACIONES

INTERIORES Y JUSTICIA Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS TODOS DE LA RBV, PARA COLOCAR FINALMENTE LA CORRESPONDIENTE APOSTILLA DE LA HAYA, AL DOCUMENTO DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON TODOS SUS SOPORTES Y ANEXOS, DE MANERA TAL DE PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR MI PERSONA, DE OTORGAR EN PANAMÁ A LA EMPRESA KAMI, S.A., EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), UN PODER GENERAL DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL QUE ELLOS ME OTORGARON A MÍ EL 25-07-03, Y ASÍ SE HIZO. SEGUIDAMENTE ENTREGUÉ PARA SU CONOCIMIENTO COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO MERCANTIL SEÑALADO: I) AL SR. BIGLES CASTRO (†), MI ANTIGUO CLIENTE, QUIÉN ACUDIÓ A MI OFICINA EN BUSCA DE ASESORÍA SOBRE CIERTO BONO BANDAGRO QUE POSEÍA Y EN CONSECUENCIA FUÉ LA PERSONA QUE ME MOTIVÓ, A PARTIR DEL AÑO 1999, A CONOCER E INVESTIGAR EL CASO BANDAGRO, AL SER POSEEDOR LEGÍTIMO DEL BONO ORIGINAL Y AUTÉNTICO, MODELO ICC-322, # 1/6, POR 25MMUS$, EMITIDO LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, ENTREGÁNDOME EN ESA OPORTUNIDAD, COPIA A COLOR DEL MISMO Y GRAN CANTIDAD DE COPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE LO RESPALDABAN, LOS CUALES ORDENÉ CRONOLÓGICAMENTE, LES HICE UN CORTO Y PRECISO COMENTARIO A C/U DE ELLOS Y COMENCÉ A ORGANIZAR LA “CRONOLOGÍA CASO BANDAGRO”, QUE INICIÉ A DIFUNDIR EN LA RED A TRAVÉS DE MI CORREO ELECTRÓNICO anroinfante@gmail.com, A PARTIR DE ESE MISMO AÑO DE 1999, II) A SU VEZ, EL SR. BIGLES CASTRO (†), LE ENTREGÓ COPIA DEL REFERIDO REGISTRO MERCANTIL, AL ABOGADO MIGUEL JACIR APODERADO DEL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., QUIÉN A PARTIR DEL 14-06-02 HABÍA ACCIONADO

Página 51 EXITOSAMENTE EL RECLAMO ANTE EL MF, DE LA RBV QUE INCLUYÓ TODAS LAS PN ADQUIRIDAS POR CESIÓN DE SU FILIAL, LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA A SU REPRESENTADA EN 1990, RECLAMO QUE AMPARÓ, COMO ES SABIDO, A TODOS LOS TENEDORES LEGÍTIMOS DE BONOS ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, ENTRE LOS CUALES SE ENCONTRABAN OBVIAMENTE LOS DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., COMO LO HE INFORMADO Y EXPLICADO A LO LARGO DE ESTE ESCRITO Y CUYA INVESTIGACIÓN DEL RECLAMO ANTE EL MF CONCLUYÓ EL 08-08-03, COMO TAMBIÉN LO EXPLICO EN LAS PÁGINAS 57-58, DETERMINANDO, CITA TEXTUAL: “HABIÉNDOSE CONSTATADO LA EXISTENCIA DE LAS PROMISSORY NOTES, ÉSTA CONSULTORÍA JURÍDICA CONCLUYE EN QUE LOS RECLAMANTES TIENEN EL LEGÍTIMO DERECHO A QUE LE SEAN PROCESADAS PARA HACERLAS EFECTIVAS O CUALQUIER OTRA FORMALIDAD, CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD Y QUE EL INFORME DEBE SER REMITIDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EMITA EL DICTAMEN DEFINITIVO”, INFORME EL CUAL FUÉ ENVIADO POR EL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, A LA CONSIDERACIÓN DE LA PGR EL 12-08-03, MEDIANTE OFICIO F-2633, APROBANDO ASÍ SU CONTENIDO Y DECISIÓN, PRONUNCIÁNDOSE ÉSTA FAVORABLEMENTE EL 03-10-03, SEGÚN OFICIO 0635, CON LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, CITA LITERAL: “…ESTA PROCURADURÍA ACEPTA LA VALORACIÓN Y EL CRITERIO SOSTENIDO POR LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS Y EN TAL SENTIDO, SE PRONUNCIA POR LA PROCEDENCIA DE LA CITADA RECLAMACIÓN

INTERPUESTA…”

CUYOS

EXTRACTOS

ESOS

INFORMES

APROBATORIOS DEL MF Y LA PGR, TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 177-181, Y III) AL SR. JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), PERSONA QUE CONOCÍ POR INTERMEDIO DEL SR. BIGLES CASTRO (†), A FINALES DEL AÑO 2002, QUIÉN A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TOVAR, DE LA CUAL ERA PRESIDENTE POSEE LEGÍTIMAMENTE Y DE BUENA FE, TRES (3) BONOS ORIGINALES Y AUTÉNTICOS, MODELO ICC-322, Nos. 6/8 AL 8/8, POR 25MMUS$ C/U, DE LOS EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y QUE COMPLEMENTAN LA SERIE “8” CONJUNTAMENTE CON LOS 1/8 AL 5/8 PROPIEDAD INDUBITABLE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. QUE POSTERIORMENTE A PARTIR DEL 30-04-08, SE LOS CEDIÓ A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A. COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 48, SUMINISTRÁNDOME IGUALMENTE EL SR. JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), EN ESE AÑO 2002, COPIAS DE LOS MISMOS Y COPIAS DE OTROS TANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE LOS RESPALDAN, LOS CUALES EN ESA OPORTUNIDAD TAMBIÉN ORDENÉ CRONOLÓGICAMENTE, LES HICE UN CORTO Y PRECISO COMENTARIO A CADA UNO DE ELLOS Y ESA VEZ LE DI MAYOR DIFUSIÓN AL

INSTALAR

CRONOLOGÍA CASO

BANDAGRO

INTERNET,

BAJO

SITIO WEB: https://issuu.com/angelinfante, EL CUAL HE ESTADO ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE,

CADA

VEZ

QUE

PRODUCEN

NUEVOS

EVENTOS

INFORMACIONES Y AFORTUNADAMENTE HA SIDO VISITADO E IMPRESO, POR MILES DE INTERESADOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO, ENTRE ELLOS Y EN SU OPORTUNIDAD POR EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), SIENDO A TRAVÉS DE ESTE MEDIO (INTERNET), QUE SE

Página 52 PRODUCE MI ACERCAMIENTO CON EL REFERIDO ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), A PRINCIPIOS DEL AÑO 2003. POSTERIORMENTE, EL SR. JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) EN SU CONDICIÓN DE APODERADO ESPECIAL DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA Y BAJO FE DE JURAMENTO, CERTIFICÓ MEDIANTE DOCUMENTO AUTENTICADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA DE FECHA 13-09-10, BAJO EL # 29, DEL TOMO 47, QUE LOS BONOS PROPIEDAD DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y DESDE EL 30-04-08, DE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., CONJUNTAMENTE CON LOS DE SU REPRESENTADA LA FUNDACIÓN TOVAR, CONFORMAN LA SERIE “8” DE LOS BONOS ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELO ICC-322, Nos. 1/8 AL 8/8, POR 25MMUS$ C/U POR UN MONTO DE 125MMUS$, LOS CUALES ADQUIRIÓ SU PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, DEL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO GUILLERMO AAGAARD SALAZAR EL 17-02-87, QUE FUERON SEPARADOS EN EL AÑO 1990, COMO EXPLIQUÉ ANTERIORMENTE AL PRINCIPIO DE LA PÁGINA 39 Y QUE TAMBIÉN, COMO LO HE INFORMADO TANTAS VECES, SON LOS APROBADOS EN EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO POR LA PGR EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME EN FECHA 03-10-03. 5) LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., EN ESPECIAL, DE LA CUAL SOY APODERADO, PASA A SER VÍCTIMA EN LUGAR DE VICTIMARIA COMO SE PRETENDE HACER NOTAR, AL ACTUAR TRANSPARENTEMENTE Y DE BUENA FE, EN LA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO-MANDATO DE 5MMUS$ DE FECHA 14-06-91, HACE MÁS DE 29 AÑOS A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, OPERACIÓN GARANTIZADA POR 5 PN, SERIE “8”, MODELO ICC-322, Nos. 1/8 AL 5/8, POR 25MMUS$ C/U POR UN MONTO DE 125MMUS$, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, OTORGADO DICHO PRÉSTAMO AL BENEFICIARIO FINAL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE, JAMES PAOLO PAVANELLI (†), OPERACIÓN QUE FUÉ EJECUTADA Y PAGADA MEDIANTE CHEQUE NÚMERO 472639, CONTRA EL BANCO PRIBANCO DE PANAMÁ, A SU MANDANTE ÁNGELO BOCCADISI (†) EL 14-06-91, POR LOS SOCIOS DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., OPORTUNIDAD TAMBIÉN EN QUE TODOS ESTUVIERON DE ACUERDO, EN QUE PARA FACILITAR LAS ACTUACIONES POSTERIORES QUE GENERARÍA LA SEÑALADA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO-MANDATO, TOMAR LA DECISIÓN, DE DARLE PERSONALIDAD JURÍDICA A TRAVÉS DE LA REFERIDA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., FUNDADA EL 02-05-80, HACE MÁS DE 40 AÑOS, A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, DE LA CUAL EL ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†) ERA EL PRESIDENTE, CON EL COMPROMISO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO DE PRÉSTAMO-MANDATO, DE QUE COBRARA A SU VENCIMIENTO EL 08-12-91, LOS BONOS BANDAGRO A LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, RECUPERARA EL PRÉSTAMO OTORGADO DE 5MMUS$, RETUVIERA PARA SÍ EL 10% DE LO EFECTIVAMENTE COBRADO, COMO BENEFICIO POR SU GESTIÓN Y LA DIFERENCIA SE LA HICIERA LLEGAR AL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE JAMES PAOLO PAVANELLI (†). ESTA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO-MANDATO ESTUVO AVALADA ADEMÁS, POR

Página 53 DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE YA EXISTÍAN, EN LA RBV QUE SEGUIDAMENTE SEÑALAMOS, QUE JAMÁS HAN SIDO IMPUGNADOS, QUE NO SE LES HA HECHO UN JUICIO DE TACHA DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO Y QUE, POR LO TANTO SE MANTIENEN VIGENTES CON TODA SU FUERZA Y VIGOR CONTRIBUYENDO A GENERAR CONFIANZA, PARA QUE LOS SOCIOS PRESTAMISTAS DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., OTORGARAN LEGALMENTE Y DE BUENA FE, LA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO-MANDATO, A SABER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PÚBLICOS: a) OFICIO H-733 DE FECHA 05-11-81, SEÑALADO COMO REFERENCIA EN CADA UNA DE LAS PN, SUSCRITO POR EL MINISTRO DE FINANZAS DE ESE ENTONCES LUIS UGUETO ARISMENDI, GARANTIZANDO EN NOMBRE DE LA NACIÓN, EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EMITIDAS POR BANDAGRO, CERTIFICADA SU FIRMA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EL 06-11-81 Y POSTERIORMENTE VERIFICADA SU EXISTENCIA, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD, MEDIANTE INSPECCIÓN JUDICIAL, PRACTICADA EL 15-12-91, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA, POR EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO MIRANDA. b) RECIBO OTORGADO POR EL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†) Y EL GERENTE GENERAL ELBANO FONTANA NIEVES DE BANDAGRO DONDE CONSTA QUE ELLOS, LOS FIRMANTES, RECIBIERON LOS 200MMUS$ QUE CALCULADOS AL CAMBIO OFICIAL DE BOLÍVARES 4,30 POR CADA UNO DE LOS US$ ARROJABAN LA SUMA DE 860MILLONES DE BOLÍVARES, QUE PRODUJERON LAS 57 PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, ESPECIFICADAS TAMBIÉN EN EL MISMO RECIBO Y QUE FUERON PAGADAS POR EL COMPRADOR INICIAL EL GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS REPRESENTADO POR EL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO AAGAARD, EL 17-02-82, COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 6, POR LA COMPRA DE LOS BONOS; RECIBO EL CUAL FUÉ POSTERIORMENTE AUTENTICADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DE CHACAO, EL 10-03-10, BAJO EL # 79, DEL TOMO 22 Y ES CUANDO SE PERPETRA EL DELITO DE FRAUDE A LA NACIÓN, COMO LO EXPLICO EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35. c) GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA # 3417 DE FECHA 06-08-84, DONDE SE PUBLICÓ LA LEY DE REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, EJECUTADA EN EL GOBIERNO DE JAIME LUSINCHI (†), EN LA CUAL SE RECONOCIÓ LA CANTIDAD DE 547MMUS$ COMO DEUDA EXTERNA DE BANDAGRO, CONFORMADA ENTRE OTRAS OBLIGACIONES, POR LAS PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, ESTIMADAS A SU VALOR DE MERCADO PARA ESA FECHA, LA CUAL TRASCRIBO EN LAS PÁGINAS 159-161. d) DECLARACIÓN DE WALDEMAR CORDERO VALE (†), ELBANO FONTANA NIEVES Y PASCUAL PUIGBO MORALES, INTERVENTOR EL PRIMERO Y FUNCIONARIOS DEL MÁS ALTO RANGO LOS SEGUNDOS DE BANDAGRO, DONDE CERTIFICAN QUE SI FIRMARON LAS 57 PN (BONOS BANDAGRO) ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE EN 1981, SEGÚN DOCUMENTO AUTENTICADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA 22 DE CARACAS, EL 09-06-87, BAJO EL # 32, DEL TOMO 2 Y QUE JAMÁS FUE IMPUGNADO POR NINGUNO DE ELLOS. e) DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, JAMES PAOLO PAVANELLI (†), ADQUIRIÓ SEGÚN DOCUMENTO OTORGADO EL 05-10-87, EN LA CIUDAD

Página 54 DE LONDRES-INGLATERRA, DEL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO AAGAARD, UN LOTE DE 49 PN (PAGARÉS O BONOS), ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, MODELOS ICC-290 E ICC-322, CON UN VALOR NOMINAL DE 1.495MMUS$ Y UN VALOR ESTABLECIDO DE 239MMUS$, QUE FORMABAN PARTE DE LAS ADQUIRIDAS POR ÉL DE BANDAGRO EL 17-02-82, QUE EN EL AÑO 1990, FUERON TRASPASADAS A SU CESIONARIA, LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. Y QUE INCLUÍAN OBVIAMENTE LAS PN, MODELOS ICC-322, Nos. 1/8 A LA 5/8 POR 25MMUS$. C/U. POR UN MONTO DE 125MMUS$, PROPIEDAD INDUBITABLE DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y DESDE EL 15-04-08 DE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A. f) EXPERTICIA POSITIVA REALIZADA POR EL GRAFÓLOGO VENEZOLANO OTTO GRANADILLO, A BONOS BANDAGRO

ORIGINALES

AUTÉNTICOS

EMITIDOS

LEGALMENTE

1981,

AUTENTICADA EN LA NOTARÍA PÚBLICA 12, DISTRITO SUCRE MIRANDA, 13-09-89, BAJO EL # 41, DEL TOMO 67 Y g) EXPERTICIA POSITIVA REALIZADA POR EL GRAFÓLOGO VENEZOLANO JOSUÉ MAIZO, A BONOS BANDAGRO ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE EN 1981, AUTENTICADA EN LA NOTARÍA PÚBLICA 12, DISTRITO SUCRE MIRANDA, 22-09-89, BAJO EL # 199, DEL TOMO 2. ADEMÁS DE ESTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXISTEN CON FECHA POSTERIOR OTROS VEINTE (20) DOCUMENTOS QUE TAMBIÉN AVALAN Y CERTIFICAN AÚN MÁS, LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE SE DETALLAN EN LA CRONOLOGÍA CASO BANDAGRO, A LA QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DEL ENLACE https://issuu.com/angelinfante Y QUE IGUALMENTE FUERON CONSIDERADOS EN EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03 Y A CUYOS DOCUMENTOS EN GENERAL SU CONSULTORÍA JURÍDICA LES HIZO LOS SIGUIENTES COMENTARIOS: ● “Este hecho que recoge un documento autenticado; es decir, un documento público, tiene como consecuencia jurídica que tal firma no puede ser anulada mediante un simple desconocimiento, sino que habría que ir a un juicio de tacha de falsedad para que en sentencia definitiva y firme se determine su falsedad, la cual le conviene realizar a las autoridades financieras de la República, pero mientras el documento Público se mantenga en vigor, resultaría inocua esta parte del informe, según la cual el firmante de dicho documento público niegue dicha rubrica”. ● “Jurídicamente se admite que cualquier Inspección de un Tribunal de la República da fe de los hechos que dice haber constatado y tal fe pública no puede ser desvirtuada con simples presunciones ni con especulaciones, sino mediante un procedimiento judicial de tacha de falsedad u otra inspección, lo cual aparentemente por descuido de las autoridades no ha ocurrido y en consecuencia los reclamantes disponen de este documento público que los favorece y por lo tanto habrá que considerarlo para cualquier conclusión legal sobre los hechos referidos en su contenido”. ● “El análisis de estos recaudos definen claramente que son documentos públicos, cuya validez solo podría desconocerse mediante una sentencia definitiva firme en un juicio de tacha de falsedad de documento público, los cuales están en posesión de los reclamantes y le dan la fuerza legal para usarlos en contraposición y para descalificar las afirmaciones que en contrario adujo la entonces

Página 55 Directora General Sectorial de Inspección y Fiscalización en el informe bajo análisis y en cualquier eventual juicio, porque en estos documentos públicos se alude el reconocimiento de las Notas Promisorias especificadas en tales instrumentos”.

6) ACLARO AHORA LA POSESIÓN LEGÍTIMA DE LOS CINCO (5) BONOS BANDAGRO (PN), ICC-322, Nos. 1/8 AL 5/8 POR 25MMUS$. C/U. POR UN MONTO DE 125MMUS$, ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81: a) CUANDO LA EMPRESA KAMI, S.A., EN EL AÑO 2003, SOLICITÓ LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MI PERSONA, PRIMERO COMO ASESOR Y LUEGO COMO APODERADO, SEGÚN DOCUMENTO OTORGADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA DÉCIMA DE PANAMÁ EL 25-07-03, YA LA REFERIDA EMPRESA KAMI, S.A., DESDE EL AÑO 1991, (HACÍA 12 AÑOS), POSEÍA LEGALMENTE LOS BONOS BANDAGRO, LOS PRIMEROS 10 AÑOS COMO GARANTÍA POR EL PRÉSTAMO CONCEDIDO A LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. Y LOS RESTANTES 2 AÑOS COMO PROPIETARIA LEGÍTIMA, POR ADQUISICIÓN FORZOSA Y AUTOMÁTICA OCURRIDA EL 14-06-01, AL NO HABERLE SIDO POSIBLE A LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., COBRAR LOS BONOS BANDAGRO, A LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, EN LOS AÑOS 1991 Y 1999, NI QUE A LA EMPRESA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. TAMPOCO LE HAYA SIDO POSIBLE PAGAR LOS 5MMUS$ RECIBIDOS EN PRÉSTAMO, COMO LO INDICA EL DOCUMENTO DE PRÉSTAMO-MANDATO DE FECHA 14-06-91 Y EN CONSECUENCIA NO HABERSE CUMPLIDO LAS CONDICIONES QUE SEÑALABA EL REFERIDO DOCUMENTO, PERO SÍ LOS DIEZ (10) AÑOS QUE SE HABÍAN DADO COMO PLAZO EN EL MISMO, POR LO CUAL, REPITO, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., PASÓ A SER LA PROPIETARIA LEGÍTIMA Y DE BUENA FE DESDE EL 14-06-01, (10 AÑOS DESPUÉS) DE LOS BONOS BANDAGRO POR ADQUISICIÓN FORZOSA Y AUTOMÁTICA. b) COMO SU APODERADO A PARTIR DEL 25-07-03, COADYUVE A QUE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., CUMPLIERA CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 54 AL 57, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR SEGÚN LO DETALLO EN LAS PÁGINAS 57-58 Y QUE COMO MENCIONÉ AL FINAL DE LA PÁGINA 50, FUE ACCIONADO EXITOSAMENTE POR EL ABOGADO MIGUEL JACIR A PARTIR DEL 14-06-02, CONCRETANDO EL 03-04-03 EL RECLAMO FORMAL DE COBRO ANTE EL MF DE LA RBV, DE LOS BONOS BANDAGRO ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE EN EL 07-12-81, ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., CESIONARIA DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, JAMES PAOLO PAVANELLI (†), QUIÉN ADQUIRIÓ, REPITO, SEGÚN DOCUMENTO OTORGADO EL 05-10-87, EN LA CIUDAD DE LONDRES-INGLATERRA, DEL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO AAGAARD, EL LOTE 49 DE PN (PAGARÉS O BONOS), ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, ICC-290 E ICC-322, POR LA CANTIDAD DE 1.495MMUS$, POR UN VALOR ESTABLECIDO DE 239MMUS$, EN CUYA ADQUISICIÓN ESTABAN INCLUIDAS LAS CINCO (5) PN ICC-322, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U. QUE A PARTIR DEL 14-06-01,, COMO ANTERIORMENTE SEÑALÉ, PASARON A SER PROPIEDAD LEGÍTIMA Y DE BUENA FE DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., REPITO, POR ADQUISICIÓN FORZOSA Y AUTOMÁTICA OCURRIDA EL 14-06-01, AL VENCERSE EL PLAZO DE LOS 10 AÑOS ACORDADOS Y NO

Página 56 HABER SIDO HONRADO EL CONTRATO PRÉSTAMO-MANDATO, OTORGADO POR LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., EL 14-06-91, A LA EMPRESA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE JAMES PAOLO PAVANELLI (†). c) ESTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO, FUÉ EJECUTADO A CABALIDAD COMO INDICO MÁS ADELANTE, EN LAS PÁGINAS 57-58, POR LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MF QUE, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS, MEDIANTE OFICIO FCJ-E-183 DE FECHA 14-03-03, TRANSCRITO EN LAS PÁGINAS 17-18, DIRIGIDO A LA CIUDADANA MAGDA RUIZ PINEDA, MINISTRO CONSEJERO DEL CONSULADO DE LA RBV EN LA REPÚBLICA SUIZA, OFICIO ÉSTE QUE EVIDENCIA Y NUEVAMENTE COMPRUEBA POR PARTE DEL “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, LA REALIDAD DEL CASO BANDAGRO, OFICIO EL CUAL REFIERE AL ECONOMISTA CARLOS ROMÁN DELGADO MOREAN, COMO COMISIONADO ESPECIAL, PARA LA VERIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN Y EXISTENCIA DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, SOLICITÁNDOLE A LA CITADA FUNCIONARIA, SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA, PARA QUE EL REFERIDO COMISIONADO LLEVARA A CABO SU MISIÓN, CONSIDERÁNDOSE EN ESTE OFICIO LÓGICAMENTE COMO PARTE DEL RECLAMO EFECTUADO AL MF EL 03-04-03, LAS PN ICC-322, Nos. 1/8 AL 5/8, POR 25MMUS$ C/U POR UN MONTO DE 125MMUS$, EN TENENCIA LEGÍTIMA, PRIMERO COMO GARANTÍA DESDE EL 14-06-91, LUEGO COMO PROPIETARIA DESDE EL 14-06-01, POR MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y POSTERIORMENTE DESDE EL 30-04-08, POR SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A. d) EN SU MISIÓN, EL COMISIONADO ECONOMISTA CARLOS ROMÁN DELGADO MOREAN, REQUIRIÓ DE LOS SERVICIOS DEL

RECONOCIDO

GRAFÓLOGO

ITALIANO-SUIZO,

EXPERTO

DESCUBRIR

FALSIFICACIONES, ING. BRUNO FABBIANI, PARA QUE LE ACTUALIZARA LA EXPERTICIA REALIZADA POR ÉL MISMO EN EL AÑO 1993, A CIERTAS PN ICC-290 E ICC-322, DE LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. Y QUE TAMBIÉN, COMO SEÑALÉ ANTERIORMENTE ESTABAN AMPARADAS LAS DE MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., EXPERTICIA QUE CONCLUYÓ CONFIRMANDO NUEVAMENTE, EN QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†) SI FIRMÓ LAS REFERIDAS PN Y DONDE ADEMÁS RATIFICÓ QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†) MODIFICÓ SUS RASGOS, PARA SIMULAR UNA FALSIFICACIÓN, CUYO EXTRACTO DE LA MISMA SE ENCUENTRA TRANSCRITO EN LAS PÁGINAS 175-176 Y AMPARA A TODAS LAS PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y COMO TAL, FUÉ ADMITIDA COMO PRUEBA VÁLIDA Y CONTUNDENTE, EN EL INFORME FINAL DEL MF DE FECHA 08-08-03, QUE, REPITO, CONCLUYÓ EN QUE, CITA TEXTUAL: “…HABIÉNDOSE CONSTATADO LA EXISTENCIA DE LAS PROMISSORY NOTES, ÉSTA CONSULTORÍA JURÍDICA CONCLUYE EN QUE LOS RECLAMANTES TIENEN EL LEGÍTIMO DERECHO A QUE LES SEAN PROCESADAS PARA HACERLAS EFECTIVAS O CUALQUIER OTRA FORMALIDAD, CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD Y QUE EL INFORME DEBE SER REMITIDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EMITA EL DICTAMEN DEFINITIVO…” Y e) SEGUIDAMENTE EL REFERIDO INFORME FUÉ ENVIADO EL 12-08-03, MEDIANTE OFICIO F-2633, FIRMADO POR EL ENTONCES MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, APROBANDO ASÍ, SU

Página 57 CONTENIDO Y DECISIÓN, A LA PGR, PARA SU DEFINITIVA CONSIDERACIÓN, LA CUAL CONCLUYÓ EL 03-10-03, EN DICTAMEN VINCULANTE IRREVOCABLE Y FIRME, CUYA DECISIÓN CITAMOS NUEVAMENTE: “…ESTA PROCURADURÍA ACEPTA LA VALORACIÓN Y EL CRITERIO SOSTENIDO POR LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS Y EN TAL SENTIDO, SE PRONUNCIA POR LA PROCEDENCIA DE LA CITADA RECLAMACIÓN INTERPUESTA…”, SEGÚN OFICIO 0635, ENVIADO AL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, DECISIÓN LA CUAL, A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MF PARA CON NOSOTROS LOS RECLAMANTES, QUE SEGUIMOS PENDIENTES DE SU EJECUCIÓN. A CONTINUACIÓN, DETALLAMOS EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPÚBLICA, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 54 AL 57 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: “Artículo 54. Quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones del caso. De la presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo”. El 25-06-02, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frias (†) a través de su secretaria privada, la mayor Maritza Camargo, según Oficio # 211 transcrito en la página 167, y por otra parte el 14-02-03, el diputado de la Asamblea Nacional, Luís Velásquez Alvaray, presidente de la Subcomisión de Control y Gastos del Gobierno Nacional, según Oficio transcrito en las páginas 168-172, se dirigen al órgano respectivo, en este caso, el MF, representado por el Ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega Suárez, ordenándole abrir un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO a fin de sustanciar los planteamientos referentes a unas PN emitidas por BANDAGRO el 07-12-81, que están siendo reclamadas por el abogado Miguel Jacir en su carácter de apoderado de la empresa GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., por ante la Presidencia de la República y ésta Asamblea Nacional, ya que su solicitud de cobro a partir del 14-06-02, mediante comunicación dirigida inicialmente al Ministro de Finanzas Tobías Nóbrega Suárez solicitando el pago de las PN, Código Caroní, modelos ICC-290 e ICC-322, aceptadas por BANDAGRO y avaladas por la República de Venezuela, por un total de 1.495MMUS$, nunca obtuvo respuesta. Posteriormente el 03-04-03, el abogado Miguel Jacir insiste, amplia y expone nuevamente el caso al MF, incluyendo todas las Notas Promisorias que adquirió su representada el 05-10-87, que contemplaban las PN 1/8 a la 5/8 propiedad desde el 14-06-01, de la empresa panameña KAMI, S.A. dándole cumplimiento de esta manera a lo señalado en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. “Artículo 55. El órgano respectivo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la consignación del escrito contentivo de la pretensión, debe proceder a formar expediente del asunto sometido a su consideración el cual debe contener según el caso, los instrumentos donde conste la obligación, fecha en que se causó, certificación de la deuda, acta de conciliación suscrita entre el solicitante y el representante del órgano y la opinión jurídica respecto a la procedencia o improcedencia de la pretensión, así como cualquier otro documento que considere indispensable”. El 10-03-03, el Ministro de Finanzas Tobías Nóbrega Suárez, dentro de los lapsos legales, responde a los solicitantes, que ha ordenado a la Consultoría Jurídica del Ministerio a su cargo, que se ocupe del caso y haga las averiguaciones pertinentes y determine si las acreencias son o no legítimas, a lo cual, el 18-03-03, el abogado Óscar Guzmán Cova, Director General de la Consultoría Jurídica del MF, se ocupa a conocer el caso, mediante AUTO DE AVOCAMIENTO que servirá para determinar la legitimidad de las PN reclamadas por el abogado Miguel Jacir, en su carácter de apoderado de la empresa GRUPPO TRIAD

Página 58 FFC SPA, S.A., propietaria de las mismas y ordena instruir el expediente respectivo identificado con el No. MF-DGCJ-0001-2003. El 08-08-03, que luego de una minuciosa y exhaustiva investigación para formar el expediente del asunto de las PN sometidas a su consideración, la Consultaría Jurídica del MF determina lo siguiente, cita textual: “Habiéndose constatado la existencia de las PN, ésta Consultoría Jurídica concluye en que los reclamantes tienen el legítimo derecho a que le sean procesadas para hacerlas efectivas o cualquier otra formalidad, conforme a las normas y procedimientos que rigen esta actividad y que el Informe debe ser remitido a la PGR para que emita el dictamen definitivo”, cumpliendo de esta manera lo previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. “Artículo 56. Al día hábil siguiente de concluida la sustanciación del expediente administrativo, el órgano respectivo debe remitirlo a la PGR, debidamente foliado, en original o en copia certificada, a objeto de que ésta, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, formule y remita al órgano o ente respectivo, su opinión jurídica respecto a la procedencia a no de la reclamación. En este caso, la opinión de la PGR tiene carácter vinculante”. El 12-08-03, dentro de los lapsos legales, mediante Oficio F-2633, suscrito por el Ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega Suárez, se remitió a la PGR la documentación y recaudos, que conforman el expediente No. MF-DGCJ-0001-2003, de fecha 08-08-03, referente a las PN emitidas legalmente por BANDAGRO el 07-12-81, aprobando el Ministro de Finanzas mediante éste Oficio de envío, el INFORME de su Consultoría Jurídica y dándole cumplimiento a la primera parte del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El 03-10-03, cumplidos los lapsos legales, la PGR se dirige al MF, mediante Oficio #. 0635, acompañado del informe correspondiente, cuyo extracto del mismo transcribo en las páginas 180-181, lo siguiente: “Esta Procuraduría acepta la valoración y el criterio sostenido por la Consultoría Jurídica del MF en los términos antes expuestos y en tal sentido, se pronuncia por la PROCEDENCIA de la citada reclamación interpuesta.” dándole cumplimiento a la segunda parte del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En este caso el DICTAMEN de la PGR es vinculante, irrevocable y firme, de obligatorio cumplimiento por el MF y generó en forma definitiva derechos subjetivos genuinos a todos los tenedores legítimos de PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, emitidas LEGALMENTE por BANDAGRO el 07-12-81. “Artículo 57. El órgano respectivo debe notificar al interesado su decisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del criterio sostenido por la PGR”. El 09-10-03, los interesados, el GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., solicitaron ante el órgano respectivo en este caso, la Consultoría Jurídica del MF, les entregaran una copia certificada de su propio INFORME y del DICTAMEN VINCULANTE, emitido por la PGR, los cuales recibieron el 15-10-03 debidamente certificados por esa Consultoría Jurídica del MF, legalizando adicionalmente el DICTAMEN, ante la Notaría Pública Trigésima Segunda del Municipio Libertador del Distrito Capital, el 25-11-03, bajo el No. 76 del Tomo 89. Así mismo, mediante Oficio # 0770 de fecha 18-11-03, transcrito en las páginas 182-183, dirigido al Diputado Luís Velásquez Alvaray en la Asamblea Nacional, la PGR, le remite una copia certificada del DICTAMEN elaborado por su despacho, signado con el No. 0635 de fecha 03-10-03, a manera de informar al Poder Legislativo de los resultados de su gestión, pues el procedimiento también fué accionado a petición de los interesados por esa instancia legislativa, difundiendo de esta manera su informe y ratificándole su carácter público, cumpliendo de esta manera con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Copia de estos informes fueron recibidos posteriormente por el resto de los reclamantes, a saber: JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), ÁNGEL ROBERTO INFANTE y BIGLES CASTRO (†).

Página 59 7) EL 14-01-14, FUI MUDADO AL INTERNADO JUDICIAL RODEO II, POR DESALOJO DEL INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES. EL 20-01-14, FUI TRASLADADO POR ÚLTIMA VEZ, AL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, PARA CELEBRAR EL ACTO CONCLUSIVO, DEL “JUICIO PENAL” QUE HABÍA COMENZADO EL 05-11-12, ACTO EL CUAL SE DESARROLLÓ EN UNA LARGA Y TEDIOSA SESIÓN QUE COMENZÓ EL REFERIDO 20-01-14 A LAS 10:00 AM Y CONCLUYÓ EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, DONDE FUÍ ILEGALMENTE “CONDENADO” A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL REFERIDO T28JP, A 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA, EN UNO DE LOS SALONES DE AUDIENCIA DEL “PALACIO DE JUSTICIA”, ESTANDO PRESENTES NOSOTROS LOS AHORA “CONDENADOS”, (CON EXCEPCIÓN DE ALEJANDRO

TINEO

SALAS,

QUIEN

DESDE

PRINCIPIO

DECLARÓ

CONTUMANCIA), NUESTROS ABOGADOS DEFENSORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), LOS ABOGADOS DE LA PGR, LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, LOS ALGUACILES, NUESTROS FAMILIARES, AMIGOS, OTROS ABOGADOS Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, “JUICIO PENAL” ÉSTE DONDE NO SE COMPROBÓ QUE HUBIERA COMETIDO DELITO ALGUNO, Y MUCHO MENOS EL DELITO CREADO POR LA FGR DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR EL CUAL ME EXTRADITARON ILEGALMENTE DE PANAMÁ EL 17-10-11 Y QUE FUE EL ÚNICO POR EL CUAL ME JUZGARON Y NO PUDIERON COMPROBARME, COMO LÓGICAMENTE FUÉ DEMOSTRADO, EN LAS MÁS DE 80 AUDIENCIAS, EN 2 AÑOS, 2 MESES Y 16 DÍAS EN QUE TRANSCURRIÓ EL REFERIDO “JUICIO PENAL”; EN CUANTO A LOS DEMÁS SUPUESTOS NUEVOS DELITOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, EL 21-01-14 A LAS DOS TREINTA (2:30) DE LA MADRUGADA, DE “AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA.” Y CUYOS DOS (2) DELITOS EN GRADO DE TENTATIVA ME FUERON AGREGADOS ILEGALMENTE POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS AL TOMARLOS DE LA CONFUSA PONENCIA DE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), EN LA PÁGINA 196, Y EL OTRO DE AGAVILLAMIENTO, ME FUE CREADO POR ELLA MISMA COMO LO EXPLICO EN EL NUMERAL 10) LITERAL b) DE LA PÁGINA 84, CUYOS NUEVOS DELITOS QUEDAN ABSOLUTAMENTE DESCARTADOS, AL NO PRESENTAR NINGUNA CONSISTENCIA, NI PRUEBA JURÍDICA ALGUNA, PARA QUE YO SEA NI SIQUIERA IMPUTADO POR LOS MISMOS, “CONDENA” ÉSTA QUE ADEMÁS NO TIENE BASAMENTO LEGAL EN RELACIÓN A LOS TRES (3) NUEVOS DELITOS QUE SE ME ATRIBUYEN Y NINGÚN OTRO QUE SE LES OCURRA, PORQUE, LA LEY DE EXTRADICIÓN QUE TIENE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL, SEÑALA EXPRESAMENTE EN SU ARTÍCULO 13 QUE EL EXTRADITADO SOLO DEBE SER JUZGADO POR EL DELITO QUE PROVOCÓ SU EXTRADICIÓN Y POR NINGÚN OTRO, CITA TEXTUAL: “…ARTÍCULO 13; Principio de la Especialidad 1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida,

Página 60 procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición...”, QUE EN ESTE CASO FUE EL ILEGAL DELITO, CREADO POR LA FGR, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” SIN QUE POR ESTA ACLARATORIA TAMPOCO ADMITA YO, EL REFERIDO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y LA IRREGULAR EXTRADICIÓN DE QUE FUÍ OBJETO, ASÍ COMO TAMBIÉN QUE LA “CONDENA” COMO SEÑALÉ INICIALMENTE SE EJECUTÓ EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA Y CUYO DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, NO FUE FILMADO COMO PAUTA LA LEY, PERO SI TUVE QUE FIRMAR LA NOTIFICACIÓN DE LA “CONDENA” EN LO QUE SE SUPONE SERÍA LA ÚLTIMA PÁGINA DEL ACTA DE LA AUDIENCIA, DONDE SE APROBÓ LA “SENTENCIA CONDENATORIA”, PÁGINA ÉSTA QUE ME PRESENTÓ COMO DE COSTUMBRE LA SECRETARIA DEL T28JP, SIN FECHA, NI FOLIACIÓN Y SIN PERMITIRME LEER EL CONTENIDO DEL ACTA A LA CUAL “CORRESPONDÍA” Y CUYA IRREGULARIDAD SE HABÍA HECHO USUAL EN TODAS LAS AUDIENCIAS DEL T28JP, PRÁCTICA ILEGAL ÉSTA, QUE PERMITIRÍA MODIFICACIONES POSTERIORES, DE FORMA Y DE FONDO A LA REFERIDA “SENTENCIA CONDENATORIA”; DE FECHA 21-01-14, COMO EN EFECTO OCURRIÓ EN LOS 8 DÍAS SIGUIENTES DE DICTADA LA MISMA, COMO LO EXPLICO EN LA PÁGINA 71 Y CUYAS MODIFICACIONES POSTERIORES, QUE TAMBIÉN SE EXTENDIERON AL T04CP, DONDE IGUALMENTE SE HABÍA PRACTICADO LA ILEGAL COSTUMBRE DE HACER FIRMAR LA ÚLTIMA PÁGINA DEL ACTA DE LO QUE FUE LA ÚNICA “AUDIENCIA” A LA QUE ASISTÍ A ESE T04CP, EL DÍA 19-10-11 QUE COMENZÓ Y EL DÍA 20-10-11 QUE CULMINÓ Y QUE EN LO QUE A MÍ RESPECTA ASÍ FUE; SIENDO ESA FECHA 21-01-14, LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTÍ AL T28JP, LO CUAL PUDE VERIFICAR COMO TAMBIÉN LO HICE CON EL ACTA DE LA AUDIENCIA DEL 20-10-11, DEL T04CP, SIENDO TAMBIÉN ESA FECHA 20-10-11, LA ÚNICA Y ÚLTIMA VEZ QUE ASISTÍ AL REFERIDO T04CP, TODO LO CUAL ADEMÁS COMPROBÉ, EN MI EXPEDIENTE DE CONTROL PENAL QUE LLEVA EL INTERNADO JUDICIAL RODEO II EN GUATIRE, DONDE ME TIENEN PRIVADO ILEGALMENTE DE MI LIBERTAD (SECUESTRADO POLÍTICO), EXPEDIENTE EN EL CUAL, SE ARCHIVAN CRONOLÓGICAMENTE TODAS LAS BOLETAS DE TRASLADOS A LOS DIFERENTES SITIOS QUE ORDENEN LOS TRIBUNALES, EN ESPECIAL A SU SEDE EN EL MAL LLAMADO “PALACIO DE JUSTICIA” Y EN CUYAS BOLETAS, LOS FUNCIONARIOS (CUSTODIOS) DEL PENAL ANOTAN DE SU PUÑO Y LETRA SI LOS PROCESADOS FUERON ATENDIDOS O DIFERIDOS, COMO TAMBIÉN LO HACEN EN SUS REGISTROS LOS GUARDIAS NACIONALES QUE NOS TRASLADAN AL REFERIDO “PALACIO DE JUSTICIA” CONCRETÁNDOSE TAMBIÉN ESE MISMO DÍA 21-01-14, EL RETARDO PROCESAL, PUES EL JUICIO SE LLEVÓ A CABO EN 2 AÑOS, 2 MESES Y 16 DÍAS, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 244 DEL COPP VIGENTE EN EL AÑO 2011, CUANDO COMENZÓ EL DISPARATADO “JUICIO PENAL”, QUE PRECISABA: “…SI A LOS 2 AÑOS EL PROCESADO NO HA SIDO SENTENCIADO DEBE SER PUESTO EN LIBERTAD AL DÍA SIGUIENTE, SI LA FGR NO HA SOLICITADO LA PRORROGA…” Y ASÍ OCURRIÓ Y NO FUÍ PUESTO EN LIBERTAD, ADEMÁS DE QUE, LAS PRUEBAS TESTIMONIALES Y DOCUMENTALES, PRESENTADAS POR LA FGR Y LA PGR, EN NINGÚN MOMENTO DEMOSTRARON NI SIQUIERA INDICIOS DE CULPABILIDAD, MÁS BIEN COMPROBARON MÍ INOCENCIA, AL NO DECLARAR NINGUNO DE LOS TESTIGOS PROMOVIDOS POR LA FGR EN MÍ CONTRA Y AL LEER EN AUDIENCIA LA SECRETARIA DEL T28JP COMO PRUEBAS

Página 61 DOCUMENTALES, ENTRE OTRAS: a) EL DOCUMENTO PÚBLICO OBJETO DE MI JUICIO, DONDE NO SE COMPROBÓ QUE FUERA FALSO, PORQUE INDISCUTIBLEMENTE NO LO ES, ADEMÁS DE QUE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, A QUE SE REFIERE EL CITADO DOCUMENTO PÚBLICO Y QUE CONFORMARÍAN EL “CUERPO DEL SUPUESTO DELITO”, NO SON FALSAS, COMO TAMPOCO JAMÁS FUERON NI SIQUIERA VISTAS POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, NI POR LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR) NI POR LOS ABOGADOS DE LA PGR Y MUCHO MENOS POR LOS “EXPERTOS GRAFÓLOGOS” QUE CONCURRIERON A LA SALA DE AUDIENCIAS, POR CUANTO QUE DICHAS PN, SE ENCUENTRAN DESDE SIEMPRE, EN UNA CAJA DE SEGURIDAD EN UN BANCO DE PANAMÁ, PARA QUE FINALMENTE LA MENCIONADA JUEZ TOMARA TAN ABERRANTE DECISIÓN CONDENATORIA, SUSTENTADA CON PN FALSAS, COMO LO ACLARO EN LA PÁGINA 20 Y TAMBIÉN EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA PÁGINA 90, QUE NADA TIENEN QUE VER CON LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD INDUBITABLE DESDE EL 30-04-08, DE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., b) EL DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME DE LA PGR, CUYA LEGALIDAD, AUTENTICIDAD Y VIGENCIA, NO ADMITE DISCUSIÓN NI DUDA ALGUNA Y QUE FUE TOTALMENTE IGNORADO DURANTE EL JUICIO Y EN ESPECIAL POR LOS MISMOS ABOGADOS DE LA PGR, c) LA EXPERTICIA INDUBITABLE ORDENADA POR EL COMISIONADO ESPECIAL ENVIADO POR EL “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” A SUIZA A VERIFICAR LOS BONOS BANDAGRO, REALIZADA POR EL GRAFÓLOGO, EXPERTO EN DESCUBRIR FALSIFICACIONES, ING. BRUNO FABBIANI, A LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, DE CUYO LOTE DE 49 PN FORMAN PARTE LAS 5 PN Nos. 1/8 A LA 5/8 PROPIEDAD INCUESTIONABLE DE MIS REPRESENTADAS, MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., EXPERTICIA CUYO EXTRACTO DE LA MISMA TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 177-178, DETERMINÓ COMO LO HE SEÑALADO REITERADAMENTE EN QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†), SI FIRMÓ LAS PN Y TAMBIÉN RATIFICÓ QUE TRATÓ DE MODIFICAR LOS RASGOS DE SU FIRMA PARA SIMULAR UNA FALSIFICACIÓN Y CUYA EXPERTICIA ESTÁ INCLUIDA COMO PRUEBA CONTUNDENTE, EN EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EL 03-10-03, INFORME Y DICTAMEN ÉSTOS, QUE SIGUEN VIGENTES Y SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL MF PERO QUE TAMBIÉN FUERON TOTALMENTE IGNORADOS EN EL “JUICIO PENAL” Y d) IGUALMENTE QUE EL “JUICIO PENAL”, SE LLEVÓ A CABO BAJO LA INFLUENCIA DE LA OBEDIENCIA DEBIDA (LA CUAL NO EXIME DE RESPONSABILIDADES) Y MARCADO NOTABLEMENTE POR LA INJERENCIA POLÍTICA, COMO TAMBIÉN POR LA IGNORANCIA SUPINA SOBRE EL CASO BANDAGRO, DE TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y “EXPERTOS GRAFÓLOGOS” QUE PARTICIPARON EN EL MISMO, AUNADO AL SUTIL Y CAPRICHOSO ENCUBRIMIENTO, DE LOS VERDADEROS RESPONSABLES DEL FRAUDE, (ACLARADO EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35), DEMOSTRADO POR LOS ALTOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, QUE HAN INTERVENIDO EN EL TIEMPO, EN TODA LA TRAMA DEL FAMOSO CASO BANDAGRO, FUNDAMENTANDO ADEMÁS LOS DELITOS QUE ME IMPUTARON, EN

Página 62 PRESUNCIONES, IMAGINACIONES, TENTATIVAS, EXPERTICIAS Y DEPOSICIONES DE “EXPERTOS” SOBRE BONOS FALSOS, QUE NADA TIENEN QUE VER CON NUESTRAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, LAS CUALES SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE A BUEN RESGUARDO Y BAJO CUSTODIA Y PROPIEDAD LEGÍTIMA E INDUBITABLE DE LA FUNDACIÓN TOVAR Y LA EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., CUYOS PRESIDENTES JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) Y ÁNGEL ROBERTO INFANTE RESPECTIVAMENTE, SOMOS DOS (2) DE LOS “CONDENADOS” EN EL “JUICIO PENAL”; PN ORIGINALES ÉSTAS, QUE REPITO, JAMÁS HAN SIDO VISTAS POR NINGUNO DE LOS “EXPERTOS GRAFÓLOGOS”, NI POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, NI POR FUNCIONARIOS DE LA PGR, NI DE LA FGR, NI DEL TSJ, LO QUE CONLLEVA A CONCLUIR QUE EL INEXPLICABLE “JUICIO PENAL”, NO TIENE ASIDERO LEGAL POR NINGUNA PARTE Y POR LO CONSIGUIENTE ES FALSO Y NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, PORQUE, COMO MENCIONÉ ANTERIORMENTE, LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y TESTIMONIALES DE LA FGR Y LA PGR, NO FUERON CONTUNDENTES Y EN LUGAR DE CONDENATORIAS SE TORNARON EN ABSOLUTORIAS, EN ESPECIAL DE MI PERSONA, AL NO COMPROBARME EL CREADO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR EL CUAL ME EXTRADITARON ILEGALMENTE DE PANAMÁ Y QUE FUE EL ÚNICO DELITO POR EL CUAL FUI “JUZGADO” DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE) Y POR EL CUAL, EXTRAÑA E ILEGALMENTE TAMBIÉN ME CONDENARON, SIENDO ESTE UN DELITO QUE NO EXISTE Y QUE POR SUPUESTO NO COMETÍ, ADEMÁS DE HABERNOS SOMETIDO A MÍ Y A MIS REPRESENTADAS A LA MÁS RIGUROSA Y EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN, TANTO EN PANAMÁ, COMO EN VENEZUELA Y NO HABERNOS ENCONTRADO NI SIQUIERA INDICIOS DE HABER COMETIDO DELITO, Y MUCHO MENOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ALGUNO, COMO LO DEMUESTRO EN EL LIBERAL d) DE LA PÁGINA 50, DESCONOCIENDO TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE MI PAÍS, QUE ME AMPARAN Y QUE A MI ENTENDER ME FUERON VIOLADOS O IGNORADOS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE LA NACIÓN, EN PARTICULAR EN EL T28JP, A SABER, LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: 19, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 49, 83, 141, 143, DE NUESTRA CONSTITUCIÓN; 3, 1357, 1359, 1360, DEL CÓDIGO CIVIL; 8, 46, 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; 11, 19, 36, DE LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; 27, 69, 75, DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO Y DEL NOTARIADO; 231, 244, 442, 444, 447, 490, DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL; 48, 75 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL Y EN ESPECIAL, LOS ARTÍCULOS; 4, 11, 13, 22 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), QUE TIENE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL, CUYOS TEXTOS DE ÉSTA ÚLTIMA, TRANSCRIBO Y EXPONGO A CONTINUACIÓN: ARTÍCULO 4. IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN (LACISE), “…ORDINAL 2) LA EXTRADICIÓN NO ES PROCEDENTE; Cuando esté prescrita la acción penal o la pena, sea de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de extradición…” A LO CUAL EXPLICO: EL DELITO QUE ORIGINÓ EL “JUICIO PENAL”, FUÉ

COMETIDO POR LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO EL 17-02-82, COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 35, Y NO POR MÍ, COMO FUÉ COMPROBADO Y ACLARADO EN LAS MÁS DE 80 AUDIENCIAS EN QUE TRANSCURRIÓ EL “JUICIO PENAL” EN EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y

Página 63 TAMBIÉN A LO LARGO DE ESTE ESCRITO, MIENTRAS QUE LA PRESENTACIÓN Y LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN FUÉ APROBADA POR LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA LUISA ORTEGA DÍAZ, EL 25-05-11, CUANDO YA LA ACCIÓN PENAL ESTABA PRESCRITA Y A FAVOR DE LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO, MOTIVO POR LOS CUALES FUÉ IMPROCEDENTE E ILEGAL MI EXTRADICIÓN DE PANAMÁ, COMO LO CONTEMPLA ESTE ORDINAL 2 ANALIZADO. “…ORDINAL 4) LA EXTRADICIÓN NO ES PROCEDENTE, Cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política…” EN ESTE CASO EL

ESTADO REQUERIDO (PANAMÁ), FUÉ SORPRENDIDO EN SU BUENA FE, POR EL ESTADO REQUIRENTE (VENEZUELA), PUES EL DELITO COMÚN POR EL CUAL ME EXTRADITARON ILEGALMENTE DE PANAMÁ, “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, TIENE UNA FUERTE DOSIS DE FINALIDAD POLÍTICA, YA QUE FUÉ CREADO POR LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR) DE VENEZUELA, CON LA DELIBERADA INTENCIÓN DE ENCUBRIR AL POLÍTICO VENEZOLANO WALDEMAR CORDERO VALE (†), PRINCIPAL RESPONSABLE DEL FRAUDE A LA NACIÓN, COMETIDO EL 17-02-82, COMO LO ACLARÉ EN LA PÁGINA 35. ARTÍCULO 11. DOCUMENTOS DE PRUEBA. “…LITERAL a) Copia certificada del auto de prisión, de la orden de detención u otro documento de igual naturaleza, emanado de autoridad judicial competente o del Ministerio Público, así como de los elementos de prueba que según la legislación del Estado requerido sean suficientes para aprehender y enjuiciar al reclamado…” A LO CUAL

RESPONDO, EN LO QUE APARECE SUBRAYADO, QUE EL ESTADO REQUERIDO (PANAMÁ), FUÉ SORPRENDIDO NUEVAMENTE EN SU BUENA FE, POR EL ESTADO REQUIRENTE (VENEZUELA), PUES EL ÚNICO ELEMENTO DE PRUEBA QUE PRESENTÓ EL MINISTERIO PÚBLICO (FGR) DE VENEZUELA, AL ESTADO REQUERIDO PANAMÁ, ES EL MISMO DELITO COMÚN, CREADO CON FINES POLÍTICOS, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, ATRIBUYÉNDOLE LA FGR ESTA CONDICIÓN DE FALSO AL DOCUMENTO PÚBLICO INDUBITABLE, OTORGADO LEGÍTIMAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., ABOGADO JULIO ISAAC VELARDE (†), EN LA NOTARÍA OCTAVA DE LA CIUDAD DE PANAMÁ EL 30-04-08, DEBIDAMENTE APOSTILLADO ANTE EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE PANAMÁ EL 02-05-08 Y FINALMENTE LEGALIZADO POR MÍ A PARTIR DEL 15-05-08, ANTE TODAS LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MI PAÍS, VENEZUELA, COMO LO ACLARÉ EN EL NUMERAL 4) DE LA PÁGINA 49, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., LE CEDE A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., TODOS LOS DERECHOS SOBRE LAS 5 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE SON DE SU LEGÍTIMA E INCUESTIONABLE PROPIEDAD, DOCUMENTO EL CUAL FUÉ SOMETIDO ADEMÁS A UNA RIGUROSA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES VENEZOLANAS, TANTO EN PANAMÁ COMO EN VENEZUELA, DONDE NI SIQUIERA LE CONSIGUIERON UN ÁPICE DE FALSEDAD, POR LO QUE SE DEMUESTRA TAMBIÉN LA IMPROCEDENCIA DE MI EXTRADICIÓN POR ESTE DELITO COMÚN CREADO CON LA FINALIDAD DE APREHENDER Y ENJUICIAR AL RECLAMADO Y POR CONSIGUIENTE NO PROCEDE COMO ELEMENTO DE PRUEBA POR SER UN DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO, QUE FUÉ OTORGADO LEGALMENTE TANTO EN PANAMÁ COMO EN VENEZUELA, PERO QUE INSÓLITAMENTE FUÉ EL QUE SIRVIÓ DE “PRUEBA” PARA LOGRAR MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ. ARTÍCULO 13.

Página 64 PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD “…ORDINAL 1) Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición…” COMO EXPLIQUE ANTERIORMENTE EN EL ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 4, ORDINAL 2, EL DELITO FUÉ COMETIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE MÍ EXTRADICIÓN, POR LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO Y NO POR MÍ, SIN EMBARGO SI SE LOGRÓ MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ POR EL DELITO CREADO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y PARADÓJICAMENTE TAMBIÉN FUI DETENIDO Y PROCESADO POR EL FALSO DELITO CREADO Y POSTERIORMENTE PENADO POR EL MISMO Y POR OTROS TRES (3) NUEVOS DELITOS QUE NO PROCEDEN, EN FRANCA CONTRADICCIÓN CON LO ARRIBA SUBRAYADO Y MÁS AÚN CON EL ORDINAL 1 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), COMO TAMBIÉN LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 43. “…ORDINAL 2) Cuando haya sido concedida la extradición, el Estado requirente comunicará al Estado requerido la resolución definitiva tomada en el caso contra la persona extraditada…” QUEDANDO PENDIENTE TODAVÍA POR RESPONDER POR PARTE DE LA RBV A PANAMÁ LO AQUÍ INDICADO. ARTÍCULO 22. PLAZO DE RECEPCIÓN DEL EXTRADITADO “…Si la extradición se hubiera concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo de la persona reclamada dentro del término de treinta días a contar de la fecha en que hubiera sido puesta a su disposición. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, se pondrá en libertad al reclamado, quién no podrá ser sometido a nuevo procedimiento de extradición por el mismo delito o delitos…” COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 32, VENEZUELA NO ME EXTRADITÓ EN LOS 30 DÍAS QUE DETERMINA ESTE ARTÍCULO Y TAMPOCO PANAMÁ ME PUSO EN LIBERTAD COMO TAMBIÉN LO SEÑALA EL MISMO, LO CUAL DEBIÓ OCURRIR EL 08-10-11 A LAS 11 AM, AL IGUAL COMO LO SOLICITÉ, EN LA SEDE DE INTERPOL-PANAMÁ EL MISMO DÍA 07-09-11, MEDIANTE COMUNICACIÓN QUE FIRMÉ PARA QUE ME EXTRADITARAN A LOS 30 DÍAS Y EVITAR ASÍ LA PRÓRROGA, NO OBSTANTE MI ILEGAL EXTRADICIÓN OCURRIÓ EL 17-10-11, TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS DESPUÉS DE QUE EL T04CP FUE NOTIFICADO POR INTERPOL-VENEZUELA, MEDIANTE OFICIO 3316 DE FECHA 08-09-11, EL CUAL INFORMABA QUE EL DÍA 07-09-11, HABÍA SIDO APREHENDIDO POR INTERPOL-PANAMÁ Y ESTABA A DISPOSICIÓN DE LA RBV, POR LO CUAL, PANAMÁ Y VENEZUELA, ME VIOLARON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 22, PORQUE LOS 30 DÍAS, SE CUMPLIERON EL 08-10-11 A LAS 11 AM, CUANDO DEBÍ SER PUESTO EN LIBERTAD, POR PANAMÁ. AHORA BIEN, SUPONIENDO QUE TODAS ESTAS ACLARATORIAS, DE LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), QUE AHORA HAGO, DEBIERON SER DEL CONOCIMIENTO DE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, EN SU CONDICIÓN DE TITULAR DEL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, CON EL ATENUANTE DE QUE ADEMÁS MIS ABOGADOS DEFENSORES TUVIERON LA PRECAUCIÓN DE RECORDÁRSELAS DURANTE EL ACTO CONCLUSIVO; NO ENTIENDO ENTONCES POR QUÉ SE LLEVÓ A CABO EL “JUICIO PENAL” Y LA SIGUIENTE “SENTENCIA CONDENATORIA” DE ESTA MANERA TAN IRREGULAR E ILEGAL, PERO SIN EMBARGO OCURRIÓ, PUES PARA SORPRESA DE TODOS LOS ASISTENTES, EN UNO DE LOS SALONES DE AUDIENCIA DEL “PALACIO DE JUSTICIA”, ESTANDO PRESENTES NOSOTROS LOS INDICIADOS, NUESTROS ABOGADOS DEFENSORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, LAS

Página 65 FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), LOS ABOGADOS DE LA PGR, LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, LOS ALGUACILES, NUESTROS FAMILIARES, AMIGOS, OTROS ABOGADOS Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, EL MARTES 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, EN

UNA

INCONSTITUCIONAL,

VICIADA,

INMORAL,

CORRUPTA,

POLITIZADA,

ENCUBRIDORA Y ABSURDA, “SENTENCIA CONDENATORIA”, FUI “CONDENADO” A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL REFERIDO T28JP A 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS PRESUNTOS (4) DELITOS DE: “USO DE

DOCUMENTO

PÚBLICO

FALSO,

AGAVILLAMIENTO,

APROVECHAMIENTO

FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA, NO SE CUAL UTILIDAD OBTENIDA, SI NUNCA LA HUBO, COMO LO HE COMPROBADO MEDIANTE LA COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO PÚBLICO OBJETO DEL “JUICIO PENAL”, QUE LA FGR PRETENDE DEMOSTRAR COMO FALSO Y QUE FUE ADMITIDO Y AGREGADO AL EXPEDIENTE DE MI EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A., EN EL SENIAT Y A CUYO DOCUMENTO, ESTE ORGANISMO FISCALIZADOR Y REVISOR DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS POR LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DE LA NACIÓN, PARA PODER RECAUDAR LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y QUE ESTÁ ADSCRITO AL MF, NO LE HIZO NINGÚN TIPO DE REPARO NI OBJECIÓN, COMO TAMPOCO A LAS SUCESIVAS DECLARACIONES DE I.S.L.R. EFECTUADAS DURANTE 13 AÑOS, DEL 2008 AL 2020, DONDE SE CERTIFICA QUE MI EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A. Y YO EN PARTICULAR NO HEMOS OBTENIDO NINGÚN TIPO DE UTILIDAD GENERADA POR LAS PN (BONOS BANDAGRO), EXPIDIÉNDONOS EN CONSECUENCIA EL REFERIDO ENTE FISCALIZADOR EN CADA OPORTUNIDAD, EL RESPECTIVO FINIQUITO FISCAL, MOTIVOS POR LOS CUALES NO ENTIENDO COMO LA REFERIDA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, LLEGO A LA CONCLUSIÓN DE QUE YO ME HABÍA ENRIQUECIDO E IMPONERME LA INSÓLITA MULTA QUE DESCONOZCO TOTALMENTE Y NO SÉ QUÉ FORMULA UTILIZARÁN PARA CALCULARLA; SENTENCIA ÉSTA QUE NOS DEJÓ A TODOS, EN UN ABSOLUTO ESTADO DE ASOMBRO DE QUE ESTAS EXTRAÑAS DECISIONES OCURRAN

NUESTRO

PAÍS,

CON

TANTA

IMPUNIDAD

ENCUBRIENDO

DESCARADAMENTE A LOS VERDADEROS RESPONSABLES, QUE EL “GOBIERNO

REVOLUCIONARIO” Y EN ESPECIAL EL PODER JUDICIAL, SABE QUIENES SON, COMO LO EXPLIQUÉ EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35 Y LO RATIFICO EN LAS PÁGINAS 44 Y 62 Y CUYA PARTICIPACIÓN EN EL FRAUDE DEL FAMOSO CASO BANDAGRO, LES FUÉ COMPROBADA FEHACIENTEMENTE DURANTE EL PROCESO DEL JUICIO, EN EL TANTAS VECES MENCIONADO INFORME DEL MF DEL 08-08-03 CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EL 03-10-03, ADEMÁS POR LA CANTIDAD DE PRUEBAS CONTUNDENTES QUE ASÍ LO DEMUESTRAN EN EL REFERIDO INFORME DEL MF Y OTRAS SEÑALADAS A LO LARGO DE ESTE ESCRITO Y QUE FUERON DEL TOTAL CONOCIMIENTO DEL T28JP NO OBSTANTE, ME SIENTO FORTALECIDO, CON MUCHO ÁNIMO, OPTIMISMO, PERSEVERANCIA, PERSISTENCIA Y PACIENCIA, PARA SEGUIR DEFENDIENDO MIS DERECHOS Y EN ESPECIAL LOS DE MIS REPRESENTADAS MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., HASTA LOGRAR EL OBJETIVO QUE ME FUÉ ENCOMENDADO: COBRAR DE MANERA PACÍFICA Y RESPETUOSA LOS BONOS

Página 66 BANDAGRO ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO) EL 07-12-81, A LA RBV Y COMO VENEZOLANO QUE SOY, EL COBRO DEBE SER MEDIANTE UN ARREGLO JUSTO Y RAZONABLE PARA LAS PARTES Y CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE MI PAÍS, PARA RESOLVER DEFINITIVAMENTE EL CASO BANDAGRO QUE A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, LLEVA MÁS DE 39 AÑOS. ASÍ MISMO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, AUNQUE LA REFERIDA DECISIÓN DEL 21-01-14, NO ES DEFINITIVA Y FIRME, HASTA QUE ASÍ LO DETERMINEN LOS TRIBUNALES SUPERIORES, SI ES QUE LEGALMENTE PUEDAN DETERMINARLO, LA MISMA FUÉ FILTRADA “MISTERIOSAMENTE” A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TOTALMENTE MODIFICADA EN FECHA Y CONTENIDO Y PLAGADA DE INCOHERENCIAS EN CUANTO A LOS DELITOS SE REFIERE, QUIENES LE DIERON PUBLICIDAD CONDENATORIA SIN CONSISTENCIA NI VERIFICACIÓN ALGUNA, A PARTIR DEL DÍA 29-01-14, ESPECIALMENTE POR INTERNET Y POR LOS CANALES DE TELEVISIÓN, COMENZANDO: PRIMERO, CON EL TSJ EN SU NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN INTERNET EL 29-01-14, TITULÁNDOLA: “TRIBUNAL CONDENA A ESTAFADORES DE BANDAGRO”, SEGUNDO, CON LA PUBLICADA EN NOTICIAS ROJO ROJITO EL 30-01-14, BAJO EL TITULAR: “ESTAFADORES DE BANDAGRO RECIBIERON SU MERECIDO, PAGARÁN ENTRE 18 Y 16 AÑOS DE CÁRCEL” TERCERO, CON LA NOTICIA NARRADA POR EL PERIODISTA EDUARDO RODRÍGUEZ GIOLITTI DEL NOTICIERO VENEVISIÓN, EL 30-01-14, QUIÉN SÓLO MENCIONÓ TRES (3) DELITOS QUE TAMPOCO SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA INEFABLE “SENTENCIA CONDENATORIA” DE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, DEL T28JP, EL 21-01-14 A LAS DOS TREINTA (2:30) DE LA MADRUGADA, MIENTRAS QUE LOS ANTERIORES MEDIOS DE COMUNICACIÓN MENCIONARON SEIS (6), SEGÚN SE EVIDENCIA EN SUS RESPECTIVAS “NOTAS DE PRENSA”, QUE MÁS ADELANTE TRANSCRIBO, TODO ESTO COMO QUE SI SE TRATARA DE UNA “DECISIÓN” DEFINITIVAMENTE FIRME Y APEGADA A DERECHO, Y CUARTO, VOLVIENDO A PUBLICAR LAS MISMAS EN INTERNET, LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ EL 20-11-14, (10 MESES DESPUÉS) Y EN DOS FORMATOS DIFERENTES, TITULÁNDOLAS ESTA VEZ COMO: a) “PODER JUDICIAL FIRME CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. TRIBUNAL DECLARÓ LA FALSEDAD DE NOTAS PROMISORIAS ATRIBUIDAS A BANDAGRO” Y b) “TRIBUNAL DECLARÓ LA FALSEDAD DE NOTAS PROMISORIAS ATRIBUIDAS A BANDAGRO”:

TRIBUNAL CONDENA A ESTAFADORES DE BANDAGRO Fecha: 29 de enero de 2014

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En la madrugada de este miércoles el Tribunal Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Susana V. Barreiros R., condenó a prisión a cuatro personas por la comisión de varios delitos, en relación con el caso de la falsificación de una serie de notas promisorias del extinto Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro). José Nicolás Tovar Jiménez, Ramón Heraldo Paredes y Alejandro Néstor Tineo Salas, fueron condenados a 18 años y 3 meses de prisión y a reintegrar el 50% de la utilidad procurada, en virtud del daño causado al Estado venezolano por la comisión de los siguientes delitos: falsedad de documentos, estafa agravada contra la nación en forma continuada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, obtención ilegal de utilidad por acto administrativo en grado de tentativa en forma continuada, agavillamiento y falsedad de documentos. Por su parte Ángel Roberto Infante, fué condenado a 16 años, dos meses, siete días y doce horas de prisión y a reintegrar el 50% de la utilidad procurada por la comisión de los delitos de (1) uso de documento público falso, (2) estafa agravada contra la nación en forma continuada, (3) expedición de certificación o documentación falsa en forma continuada, (4) obtención ilegal de utilidad por acto administrativo, (5) agavillamiento y (6) falsedad de documentos. La sentencia “ordena mantener la privación de libertad que pesa en contra de los acusados José Nicolás Tovar Jiménez, Ramón Heraldo Paredes, Alejandro Néstor Tineo Salas y Ángel Roberto Infante, en virtud de la pena impuesta manteniéndose los sitios de reclusión”. Además precisa el fallo que al haberse establecido la falsedad de las notas promisorias del presente caso, se ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela y a la Superintendencia de Bancos. Este caso se originó con la denuncia hecha el 22 de septiembre de 1993, por la entonces presidenta del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), Esperanza Martinó de Fernández, quien señaló que con motivo de la intervención de Bandagro, hecha por Fogade, recibieron información de los bancos Principal, Bank of América y Progreso, sobre la existencia de unas notas promisorias emitidas en 1981 por el banco intervenido. Sin embargo, luego de exhaustivas investigaciones desarrolladas por el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, tanto en Venezuela como en el exterior; las experticias de rigor y del juicio oral y público quedó determinado, conforme a los órganos de prueba que fueron evacuados, que las falsas notas promisorias del extinto Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro), carecen total y absolutamente de validez, por cuanto fueron falsificadas con deliberada intención delictiva. Además los exdirectivos de la referida institución financiera, los testigos y un cúmulo de pruebas adicionales, negaron en el transcurso del proceso, rotunda y categóricamente haber suscrito las referidas notas promisorias. Por otro lado, experticias grafotécnicas y deposiciones de expertos que comparecieron a las diferentes audiencias, ratificaron que los documentos, firmas, sellos y membrete, fueron forjados; toda vez que se demostró que Bandagro jamás emitió pagaré alguno, por lo que fué comprobada la responsabilidad penal de las cuatro personas condenadas.

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ESTAFADORES DE BANDAGRO RECIBIERON SU MERECIDO: PAGARÁN ENTRE 18 Y 16 AÑOS DE CÁRCEL (+DETALLES) JUEVES, ENERO 30, 2014

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Sin embargo, luego de exhaustivas investigaciones desarrolladas por el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, tanto en Venezuela como en el exterior; las experticias de rigor y del juicio oral y público quedó determinado, conforme a los órganos de prueba que fueron evacuados, que las falsas notas promisorias del extinto Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro), carecen total y absolutamente de validez, por cuanto falsificadas con deliberada intención delictiva. Además, los ex directivos de la referida institución financiera, los testigos y un cúmulo de pruebas adicionales, negaron en el transcurso del proceso, rotunda y categóricamente haber suscrito las referidas notas promisorias. Por otro lado, experticias grafotécnicas y deposiciones de expertos que comparecieron a las diferentes audiencias, ratificaron que los documentos, firmas, sellos y membrete, fueron forjados; toda vez que se demostró que Bandagro jamás emitió pagaré alguno, por lo que fué comprobada la responsabilidad penal de las cuatro personas condenadas.

NOTICIERO - VENEVISIÓN

Programa: NOTICIERO - VENEVISIÓN - Eduardo Rodríguez Giolitti - Jueves 30 Enero 2014 TÍTULO: “Cuatro personas fueron condenadas por caso Bandagro” Cuatro personas fueron condenadas por la falsificación de unas “Notas Promisorias” del extinto Banco de Desarrollo Agropecuario, S.A. “BANDAGRO”, José Nicolás Tovar Jiménez, Ramón Heraldo Paredes, Alejandro Néstor Tineo Salas y Ángel Roberto Infante, fueron condenados a más de dieciséis (16) años de prisión y a reintegrar el 50% del dinero obtenido, por la emisión y utilización de Bonos Falsos. Hecho que se dio a conocer durante la intervención de BANDAGRO, realizada por FOGADE en 1993. Las experticias ratificaron que los documentos, firmas y sellos, fueron forjados, toda vez que se demostró que BANDAGRO, jamás emitió Pagaré alguno. Por lo que fué comprobada la responsabilidad penal de las cuatro personas por la (1) Falsificación de Documentos, (2) Estafa Agravada a la Nación y (3) Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos.

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Ir a Principal Jueves, 20 de noviembre de 2014

Poder Judicial firme contra la corrupción y la impunidad Tribunal declaró la falsedad de notas promisorias atribuidas a BANDAGRO Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República, un tribunal penal de Caracas declaró la falsedad de las notas promisorias del extinto BANDAGRO, lo cual quedó debidamente acreditado en el juicio, luego del análisis de las pruebas testimoniales, documentales y demás elementos demostrativos de la responsabilidad penal, toda vez que la referida entidad bancaria jamás emitió las falsas notas, en consecuencia, ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela y a la Superintendencia de Bancos. En la sentencia le fué impuesta la pena de 18 años y 3 meses de prisión y multa del 50% de la utilidad procurada, a José Nicolás Tovar Jiménez, Ramón Heraldo Paredes y Alejandro Néstor Tineo Salas, por la comisión de los delitos de falsedad de documentos, estafa agravada contra la Nación en forma continuada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, obtención ilegal de utilidad por acto administrativo en grado de tentativa en forma continuada y agavillamiento. Por su parte, Ángel Roberto Infante fué condenado a 16 años y 2 meses, 7 días y 12 horas de prisión y multa del 50% de la utilidad procurada, por la comisión de delitos vinculados a este hecho lesivo al patrimonio de la Nación. Los estafadores intentaron cobrar las fraudulentas notas durante casi tres décadas, con la temeraria intención de defraudar gravemente a la República. Con esta sentencia el Poder Judicial reafirma su acción permanente contra la corrupción y la impunidad.

TRIBUNAL DECLARÓ LA FALSEDAD DE NOTAS PROMISORIAS ATRIBUIDAS A BANDAGRO

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Fecha: 20 de noviembre de 2014

Poder Judicial firme contra la corrupción y la impunidad Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República, un tribunal penal de Caracas declaró la falsedad de las notas promisorias del extinto BANDAGRO, lo cual quedó debidamente acreditado en el juicio, luego del análisis de las pruebas testimoniales, documentales y demás elementos demostrativos de la responsabilidad penal, toda vez que la referida entidad bancaria jamás emitió las falsas notas, en consecuencia, ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela y a la Superintendencia de Bancos. En la sentencia le fué impuesta la pena de 18 años y 3 meses de prisión y multa del 50% de la utilidad procurada, a José Nicolás Tovar Jiménez, Ramón Heraldo Paredes y Alejandro Néstor Tineo Salas, por la comisión de los delitos de falsedad de documentos, estafa agravada contra la Nación en forma continuada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, obtención ilegal de utilidad por acto administrativo en grado de tentativa en forma continuada y agavillamiento. Por su parte, Ángel Roberto Infante fué condenado a 16 años y 2 meses, 7 días y 12 horas de prisión y multa del 50% de la utilidad procurada, por la comisión de delitos vinculados a este hecho lesivo al patrimonio de la Nación. Los estafadores intentaron cobrar las fraudulentas notas durante casi tres décadas, con la temeraria intención de defraudar gravemente a la República. Con esta sentencia el Poder Judicial reafirma su acción permanente contra la corrupción y la impunidad.

Y EN CUYAS NOTAS DE PRENSA, LOS DELITOS FUERON CAMBIADOS Y AGREGADOS OTROS DESCARADAMENTE, COMO SE EVIDENCIA EN LAS INFORMACIONES DE PRENSA ANTERIORMENTE SEÑALADAS, QUE EN LO QUE A MÍ RESPECTA, DIFIEREN SUSTANCIALMENTE CON LOS CUATRO (4) DELITOS POR LOS QUE ADEMÁS, ILEGALMENTE ME CONDENÓ, LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA DE: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA” Y CUYA ILEGAL “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, QUE DE SER CIERTA SOLO DEBIÓ OCURRIR POR EL ÚNICO DELITO POR EL CUAL FUI JUZGADO, PERO NO COMPROBADO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, SIN QUE POR ESTA ACLARATORIA ADMITA YO HABER COMETIDO EL REFERIDO DELITO; ELIMINANDO ADEMÁS LOS DELITOS EN GRADO DE TENTATIVA, QUEDANDO EN CONSECUENCIA LA “NUEVA SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 29-01-14, ¡LA CUAL COMO LO REFERIDO SE LLEVÓ A CABO SUBREPTICIAMENTE SIN MI PRESENCIA NI LA DE

Página 72 MIS ABOGADOS DEFENSORES! CONFIGURADA AHORA POR CINCO (5) DELITOS: “USO DE

DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO Y AGAVILLAMIENTO”, DELITOS LOS CUALES TAMPOCO COINCIDEN CON LOS TRES (3), QUE SEÑALÓ EL PERIODISTA EDUARDO RODRIGUEZ GIOLITTI DE VENEVISIÓN, AL COMPARARLOS CON LOS SEIS (6), QUE PUBLICA LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ Y NOTICIAS ROJO ROJITO, EN INTERNET Y MUCHO MENOS CON LOS CUATRO (4) DELITOS QUE MENCIONÓ LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, EN SU AHORA IGNORADA, “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DEL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, PERO QUE CURIOSAMENTE AUNQUE SON MÁS DELITOS Y MÁS GRAVES AÚN, SE MANTIENEN CON LA MISMA PENA DE 16 AÑOS, DOS MESES, SIETE DÍAS Y DOCE HORAS DE PRISIÓN, Y QUE TAMBIÉN LA “AUDIENCIA” FUÉ DE MADRUGADA; POR LO CUAL ME PREGUNTO: ¿CÓMO HARÍA LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS PARA CALCULAR ESTAS PENAS POR DIFERENTES DELITOS, CON LA MISMA EXACTITUD PARA QUE COINCIDIERAN CON LA DE SU “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA? E IGNORANDO DELIBERADAMENTE TAMBIÉN, QUE SOLO FUI JUZGADO Y NO COMPROBADO Y EN CONSECUENCIA NO DEBÍ SER CONDENADO, POR EL SOLO Y ÚNICO DELITO, QUE ADEMÁS PROVOCÓ MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, PORQUE NO EXISTE TAL DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, COMO TAMPOCO QUE A LAS PN 1/8 A LA 5/8, QUE REPRESENTO, LES HAYA SIDO COMPROBADA FALSEDAD ALGUNA, SINO MÁS BIEN SU AUTENTICIDAD Y ORIGINALIDAD, COMO SE DEMOSTRÓ EN EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME POR LA PGR DE FECHA 03-10-03, QUE SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DEL MF; ADEMÁS DE QUE LAS REFERIDAS PN, NUNCA FUERON NI SIQUIERA VISTAS, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, NI POR LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), NI POR LOS ABOGADOS DE LA PGR Y MUCHO MENOS POR LOS “EXPERTOS GRAFÓLOGOS” QUE ASISTIERON AL T28JP, LOS CUALES MONTARON UNA PARAFERNALIA CON LA EXPERTICIA REALIZADA EL 05-10-98, A PN VERDADERAMENTE FALSAS, COMO LO EXPLIQUÉ EN LAS PÁGINAS 20-21 Y QUE PARTE DE ESTAS FUERON LAS UTILIZADAS ILEGALMENTE COMO PRUEBAS VALIDAS, PARA SUSTENTAR LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, LAS CUALES TAMBIÉN SEÑALA REITERADAMENTE LA CASP2 EN SU POSTERIOR RESUMEN, A PARTIR DEL FOLIO 79, DE LA PÁGINA 213, Y MÁS ESPECÍFICO AUN EN LA PÁGINA 329, EXPERTICIA A PN FALSAS, QUE ADEMÁS FUE CONTEMPLADA EN EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR DE FECHA 03-10-03, ACLARANDO TAMBIÉN QUE ESTA

EXPERTICIA

DEL

05-10-98,

FUE

LUEGO

UTILIZADA

COMO

“HECHOS

SOBREVENIDOS” POR EL MF Y LA PGR PARA TRATAR DE REVOCAR POSTERIORMENTE SUS RESPECTIVOS INFORMES QUE SON VINCULANTES, IRREVOCABLES Y FIRMES. IGUALMENE ACLARO QUE CON ESTA ENGAÑOSA NOTICIA EL PERIODISTA RODRÍGUEZ GIOLITTI DEL NOTICIERO VENEVISIÓN, COMO LO SEÑALO EN EL ORDINAL 3 DE LA PÁGINA 66. FUÉ SORPRENDIDO EN SU BUENA FE, AL DIFUNDIR UNA INFORMACIÓN QUE

Página 73 NO SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD PORQUE A NOSOTROS “LOS CONDENADOS”, COMO HEMOS EXPLICADO SUFICIENTEMENTE, NO SE NOS COMPROBÓ, EN LAS MÁS DE 80 AUDIENCIAS QUE DURÓ EL INCONSTITUCIONAL, VICIADO, INMORAL, CORRUPTO, POLITIZADO, ENCUBRIDOR Y ABSURDO, “JUICIO PENAL”, QUE DE AQUÍ EN ADELANTE DENOMINARÉ “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, HABER COMETIDO DELITO ALGUNO Y MUCHO MENOS FALSIFICAR “NOTAS PROMISORIAS”, COMO FUÉ COMPROBADO, REPITO, EN EL INFORME DEL MF DEL 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EL 03-10-03, COMO TAMBIÉN LO HE DEMOSTRADO A LO LARGO DE ESTE ESCRITO Y EN CONSECUENCIA, ME SIGO PREGUNTANDO: ¿POR QUÉ

TANTA

INSISTENCIA

DARLE

DISTORSIONADA

UNA

INCONSTITUCIONAL, VICIADA, INMORAL, CORRUPTA, POLITIZADA, ENCUBRIDORA, ABSURDA Y AHORA MODIFICADA E IGNORADA, “SENTENCIA CONDENATORIA” QUE A PARTIR DE AHORA DENOMINARÉ “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”? ¿POR QUÉ

TRANSCURRIDOS

MÁS

AÑOS

“INEFABLE

SENTENCIA

CONDENATORIA”, DE FECHA Y CONTENIDO INCIERTO, “REALIZADA” EL 29-01-14, QUE AUNQUE, SE PUBLICÓ LA MISMA EN CARTELERA DEL TRIBUNAL T28JP, EL 29-01-15, (UN AÑO DESPUÉS) Y FUÉ APELADA POR MIS ABOGADOS DEFENSORES EL 03-02-15, (4 DÍAS DESPUÉS), Y SIN MI CONOCIMIENTO, PUES A MIS ABOGADOS DEFENSORES SIEMPRE LES EXIGÍ, QUE TANTO EL ESCRITO DEL ACTO CONCLUSIVO DEL JUICIO, COMO EL ESCRITO DEL ACTO DE APELACIÓN DE LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, ME LOS MOSTRARAN, PARA LEERLOS Y REVISARLOS, DE MANERA DE EVITAR, LOS ERRORES INEXCUSABLES, QUE COMETIERON EN EL ESCRITO DEL ACTO DE APELACIÓN, DE LOS CUALES, PUDE ENTERARME EN EL RESUMEN DEL VOLUMINOSO EXPEDIENTE, DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, QUE CONSTA DE 48 PIEZAS Y QUE LA CAS2P, LO REDUJO A SOLO 164 FOLIOS, RESUMEN EL CUAL TRANSCRIBO A PARTIR DE LA PÁGINA 202, MIENTRAS QUE EL ESCRITO DEL ACTO CONCLUSIVO, NO ME HA SIDO POSIBLE LEER Y PROBABLEMENTE TAMBIÉN PRESENTE ERRORES INEXCUSABLES Y CUYO REFERIDO ESCRITO DEL ACTO DE APELACIÓN HASTA LA FECHA 28-03-16, (HACE 796 DÍAS, LA LEY INDICA 10 DÍAS MÁXIMO), AÚN NO HA SIDO ADMITIDO EN AUDIENCIA DE LA CAS2P, ENCONTRÁNDOME POR LO TANTO EN LO QUE YO LLAMO UN LIMBO JURÍDICO, PUÉS LEGALMENTE NO ESTOY NI PROCESADO NI CONDENADO AL HABER TERMINADO EL JUICIO Y NO HABERSE CONCRETADO LA APELACIÓN? ¿POR QUÉ SE TRATA DE CONDENAR PENALMENTE, A CIUDADANOS INOCENTES QUE SÓLO DEFIENDEN SUS DERECHOS MERCANTILES Y LOS DE SUS REPRESENTADAS?, PREGUNTAS POR LAS CUALES ME PERMITO RECORDAR, UNA VEZ MÁS, QUE LAS PN QUE REPRESENTO AHORA COMO “CONDENADO”, SON Y FORMAN PARTE DE LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, HACE MÁS DE 39 AÑOS, QUE FUERON RATIFICADAS Y RECONOCIDAS LEGALMENTE COMO DEUDA EXTERNA DE NUESTRO PAÍS, POR LOS GOBIERNOS DE JAIME LUSINCHI (†) Y RAFAEL CALDERA (†) Y EN ESPECIAL POR ESTE “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, EN EL INFORME DE SU MF DEL 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EL 03-10-03, CONFIRMÁNDOLO NUEVAMENTE ÉSTA PGR EL 18-11-03, PÁGINA 184 Y EL 01-07-04, PÁGINA 188 Y RATIFICADO SU CARÁCTER DE VINCULANTE MEDIANTE EL RECURSO

INTERPRETACIÓN

EVALUADO

RESPONDIDO

POR

SALA

Página 74 CONSTITUCIONAL DEL TSJ, DONDE EL MAGISTRADO PONENTE ARCADIO DELGADO ROSALES PRECISÓ EL 12-07-07, ENTRE OTRAS CONSIDERACIONES, LO SIGUIENTE: “…EL PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLO TENDRÁ CARÁCTER VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…”, PROCEDIMIENTO QUE ASÍ MISMO HABÍAN CUMPLIDO, (COMO LO ACLARÉ EN LAS PÁGINAS 57-58), EL RECLAMANTE GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., QUE INCLUYE A SUS CESIONARIAS (TAL ES EL CASO DE MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A.), CONJUNTAMENTE CON EL ORGANISMO COMPETENTE QUE ES EL MF Y POR LO TANTO DIFIERO EN QUE SE ESTÉ “COMBATIENDO” LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD COMO INDICAN LAS DOS (2) ANTERIORES “NOTAS DE PRENSA”, EMANADAS DEL TSJ EL 20-11-14, SINO MÁS BIEN CONVALIDÁNDOLAS, AL OBSERVAR ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES O MANIPULACIONES: I) SE ESTÁ TRATANDO DE CONVERTIR EL CASO BANDAGRO EN UN ILEGAL E INCONSTITUCIONAL “JUICIO PENAL” CUANDO LO QUE SE CORRESPONDE, SI POR NUESTRA PARTE FUERE PERTINENTE ES UN “JUICIO MERCANTIL”, COMO ES EL CASO DE LAS EMPRESAS SKYE VENTURES LLC Y LATIN CONSULT-VENOSPA LLC, EN EEUU Y GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. EN SUIZA, QUE YA HABÍAN DEMANDADO MERCANTILMENTE A LA RBV PARA COBRAR SUS PN DE IGUALES CARACTERÍSTICAS Y LEGALIDAD QUE LAS DE NUESTRAS REPRESENTADAS: LA EMPRESA INVERSIONES INALCA, C.A. Y LA FUNDACIÓN TOVAR Y QUE CON ESTA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, DEL PERVERSO COMPLOT JUDICIAL

LAS

AUTORIDADES

JUDICIALES

VENEZOLANAS,

DIRIGIDO

ESPECÍFICAMENTE CONTRA MI PERSONA, LAS MISMAS AUTORIDADES PRETENDAN CONTRARRESTAR LOS EFECTOS LEGALES FAVORABLES A LOS DEMANDANTES, ANTERIORMENTE SEÑALADOS, QUE ESTÁN PROVOCANDO LAS REFERIDAS DEMANDAS MERCANTILES. II) CONSIDERANDO LO SUBRAYADO EN LAS NOTAS DE PRENSA, CONCLUIMOS QUE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, SE CORRESPONDEN MÁS BIEN CON EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL” CREADO POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE NUESTRO PAÍS EN ESPECIAL POR LA FGR Y LA PGR Y TAMBIÉN CON EL CASO DE LA CONTRATACIÓN EXAGERADA, IRREGULAR E INDISTINTA, DE ONCE (11) BUFETES ESTADOUNIDENSES, APROBADOS POR LA PGR A PARTIR DEL AÑO 2004, PARA QUE “DEFENDIERAN” A LA NACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL INCOADO POR LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC EN EL ESTADO DE OHIO DE LOS EEUU, JUICIO EN EL CUAL SE HIZO PARTE POSTERIORMENTE LA EMPRESA LATIN CONSULT-VENOSPA LLC Y ESTA A SU VEZ TAMBIÉN HIZO PARTE EN EL REFERIDO JUICIO MERCANTIL, A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., COMO LO EXPLICO EN LA PÁGINA 117, AL PRESENTAR EL 29-04-09, COMO PRUEBA CONTUNDENTE EL DOCUMENTO INDUBITABLE DE CESIÓN QUE LE HIZO MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., QUE ES EL MISMO DOCUMENTO QUE FUE ADMITIDO COMO PRUEBA IRREFUTABLE EN EL JUICIO DE SKY VENTURES EN OHIO Y QUE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE MI PAÍS PRETENDEN PRESENTAR COMO FALSO AL CREARME, LA FGR, EL INEXISTENTE DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, OBJETO DE ESTE “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, DONDE CADA UNA DE ESTAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES, RECLAMA EL COBRO DE 100MMUS$ EN PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y

Página 75 LEGALIDAD QUE LAS QUE NOSOTROS REPRESENTAMOS ACÁ EN VENEZUELA Y CUYO COBRO LO HACEMOS EN FORMA PACÍFICA, RESPETUOSA, JUSTA Y RAZONABLE, CON EL AGRAVANTE DE QUE EN EL TRANSCURSO DE LA “DEFENSA” QUE LLEVA MÁS DE 12 AÑOS, EN EL ESTADO DE OHIO, LOS DISTINTOS APODERADOS DE LA PGR, HAN “PAGADO” A ÉSTOS BUFETES ESTADOUNIDENSES CENTENAS DE MILLONES DE DÓLARES POR “HONORARIOS DE ABOGADOS”, HABIENDO PERDIDO EL JUICIO EN TODAS LAS INSTANCIAS EN LOS TRIBUNALES DEL REFERIDO PAÍS NORTEAMERICANO Y CUYA DECISIÓN DEFINITIVA, (QUE SEGÚN TODO INDICA SERÁ A FAVOR DE SKYE VENTURES LLC), SE ENCUENTRA EN SU FASE FINAL EN UNA CORTE FEDERAL DE LOS EEUU, QUE EMITIRÁ SU FALLO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, YA QUE A NUESTRO PAÍS LO HAN “DEFENDIDO” ESTOS ONCE (11) BUFETES DE LO “INDEFENDIBLE”, QUE HA SIDO OCASIONADO POR LA INCAPACIDAD, TORPEZA, IGNORANCIA, SUPINA, NEGLIGENCIA E INDOLENCIA

TODOS

LOS

ALTOS

FUNCIONARIOS

EXFUNCIONARIOS

GUBERNAMENTALES QUE HAN TENIDO EN SUS MANOS EL CASO BANDAGRO, DESDE QUE COMENZÓ EL COBRO FORMAL ANTE ESTE “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” Y QUE AL COMPARARSE ÉSTOS ESCANDALOSOS “HONORARIOS” PAGADOS POR LA NACIÓN, CON LOS MODESTOS HONORARIOS EROGADOS POR SKYE VENTURES LLC EN EL MISMO JUICIO Y PERÍODO, QUE ASCIENDEN APROXIMADAMENTE A 500 MIL US$, ES LÓGICO PRESUMIR QUE EN EL MANEJO DE ESTOS “HONORARIOS” POR PARTE DE LOS MISMOS APODERADOS QUE CONTRATÓ LA PGR, SI EXISTE UNA FUERTE DOSIS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, COMO TAMBIÉN SE INTUYE AL LEER LA COLUMNA RUNRUNES DEL DESTACADO PERIODISTA VENEZOLANO NELSON BACARANDA SARDI EN EL DIARIO EL NACIONAL DE FECHA 24-02-16, QUE SE EXPLICA POR SI SOLA Y TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN:

Los Runrunes de Bocaranda hoy 25.02.2016 Por Nelson Bocaranda Sardi Fecha: 24/02/2016

MEDIO BANDAGRO: ¿Se acuerdan? El caso de las “notas promisorias” sigue vivo y en pleno juicio en Ohio. Recientemente El Nuevo Herald publicó un reportaje indicando que el italiano James Pavanelli fué “acusado por estafas” sobre esas notas de Bandagro. La verdad es que siempre fué absuelto, como se demostró en ese mismo juicio, no fué convicto, igual que nunca han podido demostrar la falsedad de dichos instrumentos. Recordemos que el difunto Waldemar Cordero

Página 76 Vale denunció en Lugano, Suiza, que nunca había firmado esas notas y que por lo tanto eran falsas. La Fiscalía de esa ciudad ordenó el secuestro por un mes (agosto 2009) de las notas para que el difunto presentara 10 especímenes de su firma para comprobar si era suya o no. Hasta el 2016 nunca presentó lo exigido. Por todo ello la fiscalía debería regresar las notas a sus propietarios y reactivar la demanda civil contra Venezuela. El Juez Federal Sargus, en Ohio, fundamentará su decisión sobre dos criterios: a) si el dictamen es vinculante o no y b) la autenticidad de las controversiales notas. Sin embargo, el mismo juez, el 30/12/2015 decidió que las notas promisorias no habían prescrito avalando así la primera decisión de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. El juez siempre ha sido condescendiente con Venezuela y ha complacido todas las exigencias solicitadas. El gobierno venezolano siempre ha alegado que todo ello es una conspiración contra el país. Mientras eso ocurre los tenedores de los bonos insisten que la verdadera conspiración está en los milmillonarios pagos que durante los últimos doce años ha hecho la Procuraduría -bajo las titulares Marisol Plaza, Gladys Gutiérrez y Cilia Flores- a los once bufetes externos que ha contratado desde el 2004. El último el escritorio Foley Hoag de Boston, casualmente llamado “el escritorio de la ALBA” pues ha representado a Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua en diferentes juicios. Y III) TODO LO CUAL IDENTIFICA PLENAMENTE AL CONTRADICTORIO CASO BANDAGRO COMO UN CLÁSICO “JUICIO PENAL” DE TINTE POLÍTICO Y DE ENCUBRIMIENTO DE LOS VERDADEROS RESPONSABLES, HABIÉNDOLO ACLARADO QUIENES SON ÉSTE MISMO “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” EN EL AÑO 2003, ADEMÁS DE NO HABÉRSEME PERMITIDO HASTA LA FECHA, 28-03-16, (HACE 796 DÍAS, LA LEY INDICA 10 DÍAS HÁBILES MÁXIMO), EL DERECHO DE ADMITIR SIQUIERA LA APELACIÓN, EN AUDIENCIA ANTE LAS AUTORIDADES SUPERIORES CORRESPONDIENTES, LO QUE CONLLEVA A QUE LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, NO SEA FIRME Y DEFINITIVA, Y NOS MANTENGA A TODOS LOS INDICIADOS EN UNA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE (LIMBO JURÍDICO), PUES NO ESTAMOS LEGALMENTE NI PROCESADOS, NI CONDENADOS Y MUCHO MENOS EN LIBERTAD PLENA, QUE ES LO QUE NOS CORRESPONDE, PUES REPITO, QUE SOMOS INOCENTES, AL NO HABER COMETIDO NINGUNO DE LOS DELITOS QUE SE NOS IMPUTAN Y QUE SOLO ESTAMOS ESPECÍFICAMENTE JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) Y YO, DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS Y LOS DE NUESTRAS REPRESENTADAS, QUE NO SON OTROS, SINO LOS DE COBRAR EN FORMA PACÍFICA, RESPETUOSA, JUSTA Y RAZONABLE Y ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA RBV, LOS BONOS BANDAGRO ORIGINALES Y AUTÉNTICOS QUE POSEEMOS QUE SON, REPITO, DE PROCEDENCIA INDUBITABLE, CON UNA TRADICIÓN LEGAL INCUESTIONABLE, EMITIDOS LEGALMENTE POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. (BANDAGRO), EL 07 DE DICIEMBRE DE 1981, HACE MÁS DE 39 AÑOS A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21 Y AMPARADOS INDISCUTIBLEMENTE POR EL INFORME DEL MF DEL 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EL 03-10-03, QUE SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL REFERIDO MF Y QUE NO ADMITE DISCUSIÓN ALGUNA SOBRE SU AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD. DEBO Y ES NECESARIO ACLARAR TAMBIÉN, QUE AHORA, POR IRONÍAS DEL DESTINO Y POR SUS “MÉRITOS”, LA TANTAS VECES MENCIONADA JUEZ DEL T28JP, ABOGADA SUSANA

Página 77 BARREIROS, FUÉ ASCENDIDA AL MÁS ALTO CARGO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y POR LO TANTO, EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES, PASARÁ A SER LA “DEFENSORA” DE DOS DE LOS CIUDADANOS INOCENTES, ENJUICIADOS INJUSTAMENTE Y QUE ELLA MISMA “CONDENÓ”, POR EL FAMOSO CASO BANDAGRO, CUANDO EJERCIÓ COMO JUEZ EN EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, COMO LO SON: RAMÓN PAREDES Y ALEJANDRO TINEO, QUE SEGUIRÁN SIENDO “DEFENDIDOS” POR ABOGADOS DE SU NUEVO DESPACHO, EN LA APELACIÓN DE SU “INEFABLE SENTENCIA

CONDENATORIA”, ANTE LA CAS2P DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, QUE FINALMENTE ADMITIÓ LA APELACIÓN EL 30-03-16, ABOGADA ÉSTA QUE POCO DESPUÉS DE EJERCER EL ALTO CARGO, HA DESAPARECIDO DEL SISTEMA JUDICIAL VENEZOLANO, HUYENDO PROBABLEMENTE DEL PAÍS Y POSIBLEMENTE SE ENCUENTRE EN PORTUGAL, POR SU DOBLE NACIONALIDAD, COMO OCURRIÓ TAMBIÉN CON EL INHABILITADO EXMINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ. 8) SEÑALANDO NUEVAMENTE, LOS SUPUESTOS DELITOS QUE SE ME IMPUTAN DE “AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA.” Y DE CUYA EXISTENCIA ME ENTERÉ EL DÍA QUE FUI “CONDENADO” A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, DEL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN UNA LARGA Y TEDIOSA AUDIENCIA QUE COMENZÓ EL 20-01-14 A LAS DIEZ (10) DE LA MAÑANA Y SE PROLONGÓ HASTA EL 21-01-14 A LAS DOS TREINTA (2:30) DE LA MADRUGADA (DIECISÉIS HORAS Y TREINTA MINUTOS), EN QUE LA REFERIDA JUEZ DICTÓ TAN ABERRANTE “SENTENCIA CONDENATORIA” Y AHORA PARA COLMO DE MALES MODIFICADA E IGNORADA POR DELITOS QUE JAMÁS COMETÍ Y QUE FUERON DE MI TOTAL DESCONOCIMIENTO DURANTE EL JUICIO YA QUE SOLO FUI “JUZGADO” POR EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR EL CUAL TAMBIÉN FUI EXTRADITADO ILEGALMENTE DE PANAMÁ EL 17-10-11 Y QUE AUNQUE NO ME FUE COMPROBADO, SERÍA EL ÚNICO POR EL QUE ILEGÍTIMAMENTE SE LLEVARÍA A CABO LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” Y CUYA ÚLTIMA PÁGINA DE LA MISMA SENTENCIA, FUÉ LA QUE ME HICIERON FIRMAR COMO NOTIFICADO, SIN PERMITIRME LEER SU CONTENIDO, COMO YA SE HABÍA HECHO COSTUMBRE EN TODAS LAS AUDIENCIAS DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL” ADEMÁS DE HABER DESAPARECIDO DE LAS AUDIENCIAS, LAS FILMACIONES DE LAS MISMAS, COMO PAUTA LA LEY Y ESPECIALMENTE EN ESTA ÚLTIMA QUE FUE EL ACTO CONCLUSIVO, SITUACIÓN ÉSTA QUE FACILITARÍA “MODIFICACIONES Y ARREGLOS” POSTERIORES DE LAS DECISIONES EN AUDIENCIAS, COMO A ÉSTA QUE FUE PRONUNCIADA A VIVA VOZ POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS EL DÍA 21-01-14, A LAS DOS TREINTA (2:30) DE LA MADRUGADA, SIENDO MODIFICADA SUSTANCIALMENTE DURANTE LOS SIGUIENTES OCHO (8) DÍAS, DÁNDOLE PUBLICIDAD POR LOS MEDIOS EN ESPECIAL POR LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ CASUALMENTE A PARTIR DEL 29-01-14, QUE FUE LA FECHA DE LA INEXPLICABLE “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” PUBLICADA EN CARTELERA DEL TSJ EL 29-01-15, (1 AÑO DESPUÉS DE LO QUE PAUTA LA LEY) Y FUE A LA QUE MIS ABOGADOS DEFENSORES APELARON EL 03-02-15; Y EN LO QUE A MÍ RESPECTA

Página 78 ELIMINANDO

LOS

DELITOS

GRADO

TENTATIVA,

IMPONIÉNDOME

SUBREPTICIAMENTE, TRES NUEVOS DELITOS POR LOS CUALES NUNCA FUI JUZGADO, QUEDANDO LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” CONFIGURADA POR LOS DELITOS DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA Y AGAVILLAMIENTO”, IGNORANDO TAMBIÉN LA JUEZ, DE QUE SOLO FUI “JUZGADO” PERO NO DEBÍ SER “CONDENADO” POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, SIN QUE POR ESTA ACLARATORIA ADMITA YO EL REFERIDO DELITO, COMO LO HE REITERADO INSISTENTEMENTE A LO LARGO DE ESTE ESCRITO. DEBO IGUALMENTE MENCIONAR QUE EL JUICIO EN LO QUE A MÍ SE REFIERE, COMENZÓ EL 19-10-11, EN EL T04CP, DONDE TAMBIÉN HABÍAN SIDO “INDICIADOS” CON ANTERIORIDAD: JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), RAMÓN PAREDES (76 AÑOS) Y ALEJANDRO TINEO (74 AÑOS) POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE: “APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, COMO ASÍ FUERON DESCRITOS EN LA PÁGINA 196, POR LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†) EN SU CONFUSA PONENCIA DE FECHA 14-06-11, DELITOS ÉSTOS QUE TAMPOCO LES FUERON COMPROBADOS EN JUICIO Y QUE TAMBIÉN POSTERIORMENTE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS ME LOS AGREGÓ ILEGALMENTE A MÍ, CREÁNDONOS ADEMÁS A TODOS EL NUEVO DELITO DE “AGAVILLAMIENTO”, SUPUESTOS DELITOS LOS CUALES POSTERIORMENTE FUERON CAMBIADOS COMO LO HE VENIDO INFORMANDO, AGREGANDO ADEMÁS OTROS DISTINTOS, EN UNA EXTRAÑA ACTUACIÓN SUBREPTICIA DE LA FGR Y LA PGR, QUE SE LLEVÓ A CABO EN UNA SUPUESTA AUDIENCIA, EFECTUADA EN LA MADRUGADA DEL 29-01-14 EN EL T28JP, (8 DÍAS DESPUÉS DE LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”) “AUDIENCIA” A LA CUAL MIS ABOGADOS Y YO, NO FUIMOS CONVOCADOS Y DONDE OBVIAMENTE NO ESTUVIMOS PRESENTES Y DE CUYA EXISTENCIA ME ENTERÉ POR LA PUBLICACIÓN QUE HIZO CON ¡INCREÍBLE EFICIENCIA! ESE MISMO DÍA 29-01-14, LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ, EN SU PORTAL DE INTERNET, LA CUAL TRANSCRIBÍ EN LAS PÁGINAS 66 Y 67, TODO LO CUAL DIFIERE GROTESCAMENTE CON LA TAMBIÉN ILEGITIMA SENTENCIA ORIGINAL, AHORA MODIFICADA E IGNORADA, DICTADA A VIVA VOZ POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, EL 21-01-14, A LAS DOS TREINTA (2:30) DE LA MADRUGADA, “INDICIADOS Y CONDENADOS” QUE ANTERIORMENTE MENCIONÉ, QUE FUERON BENEFICIADOS POR EL RECURSO DE CASA POR CÁRCEL, DEBIDO A SU AVANZADA EDAD, BENEFICIO ESTE QUE SIEMPRE ME FUÉ NEGADO A MÍ (66 AÑOS) COMO MEDIDA HUMANITARIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 21 Y 83 DE NUESTRA CARTA MAGNA, AL PADECER ADEMÁS DE DOS (2) ENFERMEDADES DEGENERATIVAS (INFLAMACIÓN DE LA PRÓSTATA Y HERNIA LUMBAR ENTRE LAS VÉRTEBRAS L4 Y L5), COMO MAGISTRALMENTE LO EXPLICÓ EN AUDIENCIA, EL MÉDICO FORENSE QUE ME EXAMINÓ EN EL HOSPITAL PÚBLICO VICTORINO SANTAELLA DE LOS TEQUES Y QUE FUÉ CITADO AL T28JP PARA QUE DECLARARA AL EFECTO, PERO DESAFORTUNADAMENTE LA REFERIDA MEDIDA HUMANITARIA ME FUÉ NEGADA AL INTERVENIR EL ABOGADO REPRESENTANTE DE LA PGR, QUIÉN INSINUÓ QUE EXISTÍA

Página 79 POR MI PARTE, PELIGRO DE FUGA, MENTIRA, LA CUAL INMEDIATAMENTE LE OCASIONÓ UN SOPONCIO Y NUNCA MÁS APARECIÓ EN AUDIENCIA, INSINUACIÓN ÉSTA INCONCEBIBLE, QUE JAMÁS PASO POR MI MENTE, NO OBSTANTE, MIS ABOGADOS DEFENSORES HAN INTENTADO NUEVAMENTE QUE SE ME CONCEDA LA SEÑALADA MEDIDA HUMANITARIA, PERO HA SIDO IMPOSIBLE, VIOLÁNDOSE EN CONSECUENCIA MI DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 83 Y DEL PRINCIPIO DE QUE TODOS LOS CIUDADANOS SON IGUALES ANTE LA LEY, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 21, AMBOS DE NUESTRA CARTA MAGNA Y EL ARTÍCULO 490 DEL COPP QUE SON PUNTUALES Y QUE NO ADMITEN DISCUSIÓN. TAMPOCO HASTA AHORA 31-07-21, CON MÁS DE 75 AÑOS DE EDAD Y MÁS DE 9 AÑOS DE PRISIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL (COP), NO ME HA SIDO OTORGADO MI DERECHO A LA LIBERTAD PLENA, COMO TAMBIÉN ME BENEFICIAN Y DESDE EL COMIENZO DE ESTE “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, LOS ARTÍCULOS 13, 21 Y 22 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), QUE ME HA SIDO VIOLADA FLAGRANTEMENTE, COMO LO HE EXPLICADO SUFICIENTEMENTE EN ESTE ESCRITO, DEMOSTRACIÓN POR LA CUAL TODOS LOS SUPUESTOS DELITOS ANTERIORMENTE, SEÑALADOS A VIVA VOZ POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, EL 21-01-14 A LAS DOS TREINTA (2:30) DE LA MADRUGADA, DE “AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA.”, QUEDAN ABSOLUTAMENTE DESCARTADOS, AL NO PRESENTAR NINGUNA CONSISTENCIA, NI PRUEBA JURÍDICA ALGUNA, PARA QUE YO SEA “CONDENADO” POR LOS MISMOS, CONDENA ÉSTA QUE ADEMÁS NO TIENE NINGÚN BASAMENTO LEGAL Y MUCHO MENOS EN RELACIÓN A LOS TRES (3) DELITOS QUE AHORA SE ME ATRIBUYEN EN LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 29-01-14, DE “ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA Y FALSEDAD DE DOCUMENTOS”, COMO LO REFIERE EXTRAÑAMENTE LA NOTA DE PRENSA DEL TSJ, PUBLICADA EN INTERNET ESE MISMO DÍA 29-01-14 Y TRANSCRITAS EN LAS PÁGINAS 66-67, PORQUE ADEMÁS, COMO LO HE SEÑALADO REITERADAMENTE, LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE) SEÑALA EXPRESAMENTE EN SU ARTÍCULO 13, QUE EL EXTRADITADO SOLO DEBE SER JUZGADO POR EL DELITO QUE PROVOCÓ SU EXTRADICIÓN Y POR NINGÚN OTRO, CITA TEXTUAL: “…ARTÍCULO 13; Principio de la Especialidad 1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición...”. EN ESTE CASO, “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, SIN QUE POR ESTA ACLARATORIA TAMPOCO ADMITA YO, EL REFERIDO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y LA IRREGULAR EXTRADICIÓN DE QUE FUÍ OBJETO. 9) CONTINUANDO CON EL ANÁLISIS DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL T28JP Y EN EL QUE SE REALIZARON MÁS DE 80 AUDIENCIAS EN DOS (2) AÑOS, DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS Y DONDE SOLO SE ME JUZGÓ, POR EL ÚNICO

Página 80 DELITO, CREADO ILEGALMENTE POR LA FGR, PARA EXTRADITARME ILEGÍTIMAMENTE DE PANAMÁ, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, CUYA CONDICIÓN DE ÚNICO, REPITO, LO SEÑALA LA LEY DE EXTRADICIÓN EN SU “…ARTÍCULO 13; Principio de la Especialidad 1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición...”, AMPARADA LA REFERIDA LEY DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL, DELITO QUE ADEMÁS DE ILEGAL, JAMÁS ME FUE COMPROBADO, EN EL T28JP, PUES NO EXISTE TAL DOCUMENTO PÚBLICO FALSO Y DONDE TAMBIÉN SE CONCRETÓ EL RETARDO PROCESAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 244 DEL COPP Y NO FUI PUESTO EN LIBERTAD, COMO LO SEÑALA EL REFERIDO ARTÍCULO 244, SINO, MÁS BIEN CONDENADO CON ESTA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DEL REFERIDO T28JP A CARGO DE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, QUIÉN LA DICTÓ, REPITO, A VIVA VOZ, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA DEL DÍA MARTES 21-01-14, POR LOS PRESUNTOS DELITOS, REPITO, DE: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, SIENDO ESTA LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTÍ AL REFERIDO T28JP Y HABER FIRMADO EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESA AUDIENCIA SOLO EN LA ÚLTIMA PÁGINA, SIN PERMITIRME LEER SU CONTENIDO, ARGUMENTANDO LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL QUE ASÍ SE ACOSTUMBRA EN LOS TRIBUNALES DEL “PALACIO DE JUSTICIA”, ADEMÁS DE LA PRISA POR LO AVANZADO DE LA NOCHE; DONDE TAMBIÉN OCURRIÓ Y POR EL MISMO MOTIVO, LA NO FILMACIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EN FRANCA VIOLACIÓN A LO QUE PAUTA LA LEY, TODO LO CUAL SE PRESTÓ PARA HACER MODIFICACIONES POSTERIORES DE FORMA Y DE FONDO, COMO OCURRIÓ EN LA SUPUESTA, SUBREPTICIA Y NUGATORIA AUDIENCIA DEL 29-01-14, EN EL T28JP Y LA ANTERIOR DEL 28-02-12, EN EL T04CP TRIBUNALES ÉSTOS, DONDE SE CONTINUÓ EL PERVERSO COMPLOT JUDICIAL EN MI CONTRA, COMENZADO ILEGALMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA RBV, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), VIOLÁNDOSEME EL DEBIDO PROCESO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 49 DE NUESTRA CARTA MAGNA, AL ORDENAR A UNA COMISIÓN ESPECIAL DEL CICPC, SIN ORDEN JUDICIAL Y SIN HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, (COMO FUÉ VERIFICADO POR MIS ABOGADOS DEFENSORES, EN LOS ORGANISMOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES, CICPC Y TRIBUNALES PENALES) PARA QUE PROCEDIERAN A MI ILEGAL APREHENSIÓN, ATENDIENDO A LOS CAPRICHOS, COMPONENDAS Y COMPROMISOS POLÍTICOS CON SU MENTOR, EL PERIODISTA JOSÉ VICENTE RANGEL VALE (†), QUIÉN SIEMPRE ENCUBRIÓ DESCARADAMENTE A SU PRIMO WALDEMAR CORDERO VALE (†), QUE EL 17-02-82, HABÍA COMETIDO EL DELITO DE FRAUDE A LA NACIÓN CON LOS FAMOSOS BONOS BANDAGRO, COMO LO EXPLIQUÉ DETALLADAMENTE EN LA PÁGINA 35; CONTINUANDO EL PERVERSO COMPLOT JUDICIAL, LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR) Y EL T35CP, AL CREARME EL INEXISTENTE DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, HACIÉNDOLE LA COMPARSA Y TRATANDO DE CONVALIDAR, LA IRREGULAR INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANTERIORMENTE SEÑALADA, COMPLEMENTANDO EL MAQUIAVÉLICO COMPLOT JUDICIAL CON LAS CUESTIONABLES

Página 81 DECISIONES QUE APARECIERON SUPUESTAMENTE EN EL T04CP EL 28-02-12, LO CUAL NO ES POSIBLE PORQUE EL 19-10-11, FUE LA ÚNICA VEZ QUE YO ASISTÍ A ESE T04CP Y LA FGR, ME HABÍA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MISMO, DONDE SE REALIZÓ LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN O PRELIMINAR, QUE COMENZÓ A LAS 10 A.M. Y FUE SUSPENDIDA A LAS 8 P.M., MOTIVADO A MI LARGA INTERVENCIÓN, EXPLICANDO EL CASO BANDAGRO, CONTINUÁNDOSE LA MISMA EL 20-10-11, AUDIENCIA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL REDUCIDO DESPACHO DE LA JUEZ Y DONDE SOLO SE DELIBERÓ SOBRE EL ÚNICO DELITO QUE PROVOCÓ MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, ESTANDO PRESENTES, ADEMÁS DE MI PERSONA, LA JUEZ, LA SECRETARIA, EL ALGUACIL, LAS TRES (3) FISCALES DE LA FGR Y MIS DOS (2) ABOGADOS DEFENSORES, LUEGO DE ESCUCHADAS LAS PARTES Y LA MÍA EN PARTICULAR QUE FUE LA MÁS EXTENSA, LA JUEZ ME INFORMÓ QUE ME ASISTÍA EL DERECHO DE PODER ASUMIR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y EN CONSECUENCIA SE REBAJARÍA LA PENA Y OBTENDRÍA EL BENEFICIO DE CUMPLIR EL RESTO DE LA MISMA EN LIBERTAD, CON UN RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN CADA 15 DÍAS AL REFERIDO T04CP, LO CUAL OBVIAMENTE NO ACEPTÉ AL NO HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, FIRMANDO SEGUIDAMENTE EL ACTA DE LA AUDIENCIA PRESENTADA POR LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, EN UNA SOLA PÁGINA QUE SERÍA LA ÚLTIMA DE LA MISMA, PÁGINA LA CUAL NO ESTABA FECHADA NI FOLIADA Y TAMPOCO ME PERMITIERON LEER EL ACTA, ARGUMENTANDO MOTIVOS DE PRISA, COMO TAMBIÉN QUE ESTE PROCEDIMIENTO YA ES COSTUMBRE EN TODOS LOS TRIBUNALES DEL “PALACIO DE JUSTICIA”, PROCEDIMIENTO IRREGULAR ÉSTE QUE MÁS ADELANTE PODRÍA SERVIR PARA HACER MODIFICACIONES DE FORMA Y DE FONDO A LA REFERIDA ACTA COMO DE HECHO ASÍ SUCEDIÓ EN ESA SUPUESTA FECHA 28-02-12, SIENDO PASADO EL EXPEDIENTE DE LA CAUSA A JUICIO PARA EL T28JP, EL CUAL POSTERIORMENTE FUE ACUMULADO A LA CAUSA SEGUIDA EN ESE MISMO T28JP A: JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), RAMÓN PAREDES Y ALEJANDRO TINEO, POR GUARDAR CIERTA RELACIÓN, ENTRE ELLAS AL REFERIRSE LAS MISMAS AL FAMOSO CASO BANDAGRO; LIBRANDO EL MISMO DÍA 20-10-11, LA JUEZ DEL T04CP, BOLETA DE ENCARCELACIÓN, DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES, QUE SERÍA MI SITIO DE RECLUSIÓN MIENTRAS SE EJECUTA EL ILEGAL JUICIO PENAL; POR LO CUAL REPITO QUE FUE EL 19-10-11, QUE SE EXTENDIÓ AL 20-10-11 LA ÚNICA VEZ, QUE YO ASISTÍ A ESE T04CP, DONDE TAMBIÉN SE DEMUESTRA LA INCONSISTENCIA DE LA “NUEVA SENTENCIA CONDENATORIA” DEL T28JP DE FECHA 29-01-14, PUES SI LA SUPUESTA AUDIENCIA PRELIMINAR, CELEBRADA EL 28-02-12, EN EL T04CP, HUBIERA SIDO CIERTA, A LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, NO LE HUBIERA SIDO NECESARIO DICTAR A VIVA VOZ, SU “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, DONDE REPITO, ME CONDENÓ A 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA, Y NO TRATAR DE IGNORARLA INMEDIATAMENTE AL SUSTITUIRLA, A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA

Página 82 22-01-14,

POR

SUBREPTICIA

NUGATORIA

“INEFABLE

SENTENCIA

CONDENATORIA” DICTADA SUPUESTAMENTE POR ELLA MISMA, EN LA MADRUGADA DEL DÍA MIÉRCOLES 29-01-14, EN LA CUAL ME CONDENÓ POR CINCO (5) DELITOS A 16 AÑOS, DOS MESES, SIETE DÍAS Y DOCE HORAS DE PRISIÓN Y A REINTEGRAR EL 50% DE LA UTILIDAD PROCURADA POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE (1) USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, (2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, (3) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, (4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO Y (5) AGAVILLAMIENTO, COMO ASÍ LO PUBLICITÓ CON INCREÍBLE “EFICIENCIA” LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ EN INTERNET, ESE MISMO DÍA, PERO POR SEIS (6) DELITOS EN SU MAYORÍA DIFERENTES A LOS DE LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 21-01-14 Y CON LA INCREÍBLE EXACTITUD DE CONSERVAR LA MISMA PENA, COMO TAMBIÉN LO PUBLICÓ Y CON IGUAL REDACCIÓN EL PORTAL “NOTICIAS ROJO ROJITO” EL 30-01-14, QUEDANDO REDACTADAS DICHAS NOTAS DE PRENSA ASÍ: Por su parte Ángel Roberto Infante, fué condenado a 16 años, dos meses, siete días y doce horas de prisión y a reintegrar el 50% de la utilidad procurada por la comisión de los delitos de (1) uso de documento público falso, (2) estafa agravada contra la nación en forma continuada, (3) expedición de certificación o documentación falsa en forma continuada, (4) obtención ilegal de utilidad por acto administrativo, (5) agavillamiento y (6) falsedad de documentos. ADEMÁS DE ESTAS INCONSISTENTES E ILEGALES FECHAS DEL 28-02-12 EN EL T04CP Y DEL 29-01-14 EN EL T28JP, COMO TAMBIÉN LA INEXPLICABLE PUBLICIDAD DEL TSJ DEL 29-01-14, OCURRIERON OTROS DISPARATES JURÍDICOS QUE FUERON DE MÍ CONOCIMIENTO, AL REVISAR EL RESUMEN DE 164 FOLIOS, QUE HIZO LA CAS2P, DE LAS 48 PIEZAS QUE CONFORMAN EL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, PARA PODER TOMAR SUS “DECISIONES” Y QUE GRACIAS A DIOS, MI ABOGADA DEFENSORA ME LO TRAJO AL PENAL INTERNADO JUDICIAL RODEO II, DONDE ME ENCUENTRO ILEGALMENTE PRIVADO DE MI LIBERTAD (SECUESTRADO POLÍTICO) Y CUYAS INCONSISTENCIAS DETALLO A CONTINUACIÓN: EN EL FOLIO 68 DE LA PÁGINA 202 DEL REFERIDO RESUMEN DE LA CAS2P, SE INFORMA QUE EL 03-02-15, MIS ABOGADOS DEFENSORES APELAN CONTRA “OTRA SENTENCIA CONDENATORIA” DE FECHA 19-11-14, DICTADA PRESUNTAMENTE TAMBIÉN POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP Y QUE SUPUESTAMENTE LA PUBLICÓ EN CARTELERA EL 29-01-15, EN TOTAL CONTRADICCIÓN A LO SEÑALADO EN EL FOLIO 172, PÁGINA 305 DEL REFERIDO RESUMEN DE LA CAS2P, DONDE SE INDICA, QUE EL JUICIO SUPUESTAMENTE CULMINÓ EL 29-01-14, EN LUGAR DEL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA COMO EN REALIDAD OCURRIÓ Y SE MANTIENE QUE LA “SENTENCIA CONDENATORIA” FUE PUBLICADA EN CARTELERA DEL T28JP, EL 19-11-14, (¿FUE SENTENCIA O PUBLICACIÓN?), CUANDO EN REALIDAD LA QUE SE PUBLICO EL 29-01-15, (1 AÑO DESPUÉS), FUE LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DE FECHA 29-01-14, Y ES A LA QUE APELAN MIS ABOGADOS DEFENSORES EL 03-02-15. QUE SUPUESTAMENTE FUE TAMBIÉN DE MADRUGADA, COMO LO INDICA LA NOTA DE PRENSA DEL TSJ, TRANSCRITA EN LA PÁGINA 67, DICTADA POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS EL 29-01-14, FOLIO 172, DE LA PÁGINA 305, IGNORANDO TOTALMENTE LA REFERIDA JUEZ SU “INICINAL SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, REFERIDA EN LA PÁGINA 64, Y CUYA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DE FECHA

Página 83 29-01-14, SI FUE PUBLICADA EN CARTELERA DEL T28JP, EL 29-01-15, (1 AÑO DESPUÉS), COMO SE SEÑALA EN EL FOLIO 68, DE LA PÁGINA 204, Y ES A LA QUE REALMENTE APELAN, MIS ABOGADOS DEFENSORES EL 03-02-15 Y NO A LA QUE EN EL FOLIO 78 SE REFIERE DE FECHA ¿29-11-14?. EN EL FOLIO 74 DE LA PÁGINA 208, DEL REFERIDO RESUMEN DE LA CAS2P, SE PRODUCE OTRO DISPARATE, INFORMANDO QUE EL ¿19-09-14?, EN LOS FOLIOS 58 AL 166 DE LA PIEZA 42, SE PUBLICÓ EN LA CARTELERA DEL T28JP, LO QUE PRESUMO SERÍA LA SUBREPTICIA Y NUGATORIA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, DICTADA SUPUESTAMENTE EN LA “AUDIENCIA” DEL MIÉRCOLES 29-01-14, FOLIO 172, DE LA PÁGINA 305, EN HORAS DE LA MADRUGADA, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL REFERIDO T28JP, IGNORANDO NUEVAMENTE LA MENCIONADA JUEZ SU “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, QUE DICTÓ EL MARTES 21-01-14 (8 DIAS ANTES) A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, PÁGINA 64 Y EN CUYA SUPUESTA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 29-01-14, NO ESTUVIMOS OBVIAMENTE PRESENTES NI MIS ABOGADOS DEFENSORES NI YO, IGNORANDO IGUALMENTE LA JUEZ, QUE SOLO FUI JUZGADO POR EL ÚNICO DELITO CREADO POR LA FGR, PARA EXTRADITARME

ILEGALMENTE

PANAMÁ,

QUE

DENOMINARON

“USO

DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, QUE OBVIAMENTE NO FUE COMPROBADO, PERO SIN EMBARGO FUE EL ORIGEN Y CONSUMACIÓN DE ESTE “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, EN EL CUAL FUÍ CONDENADO GROTESCAMENTE EN EL T28JP. COMETIENDO TAMBIÉN MIS ABOGADOS DEFENSORES ERRORES INEXCUSABLES, AL NO HACER OBJECIÓN ALGUNA AL ILEGAL PROCEDIMIENTO, DONDE SE SUSTITUYÓ LA “INICINAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DICTADA A VIVA VOZ POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, EL 21-01-14 A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, POR UNA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” SUPUESTAMENTE DICTADA EL 29-01-14, TAMBIÉN EN HORAS DE LA MADRUGADA, COMO ASÍ LO INFORMÓ LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ, EN LA PÁGINA 67, EN LA CUAL OBVIAMENTE NO ESTUVIMOS PRESENTES NI MIS ABOGADOS DEFENSORES NI YO. PROCEDIMIENTO ÉSTE QUE IGUALMENTE SE APLICÓ CON DESCARO, ENTRE LOS OCHO (8) DÍAS CONTADOS DEL 22 AL 29-01-14, A LA ANTERIOR DECISIÓN DEL T04CP DE FECHA 20-10-11, AL CREAR UNA “NUEVA AUDIENCIA PRELIMINAR” CON FECHA 28-02-12, EN LA CUAL OBVIAMENTE NO PUDIMOS ESTAR PRESENTES NI MIS ABOGADOS DEFENSORES NI YO, COMO LO EXPLICO CLARAMENTE EN LAS PÁGINAS 141-142, SIN QUE POR ESTA ACLARATORIA YO ADMITA NINGUNA DE LAS “DISPARATADAS DECISIONES” TOMADAS AL RESPECTO EN LOS T04CP Y T28JP, AL SER NULAS DE NULIDAD ABSOLUTA. POR SUS ILEGALIDADES, INCONSISTENCIAS E IRREGULARIDADES, POR TODO LO CUAL ENTONCES ME PREGUNTO: ¿CÓMO SE EXPLICA O ENTIENDE TODO ESTE DISPARATE JURÍDICO DONDE SE CONFUNDEN: AUDIENCIAS, DECISIONES, SENTENCIAS Y PUBLICACIONES?, SABIENDO: EN PRIMER LUGAR, LOS ABOGADOS DE LA PGR, QUE NOSOTROS LOS RECLAMANTES, CUMPLIMOS A CABALIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPÚBLICA A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 54 AL 57 DE LA LOPGR, LOS CUALES ACATAMOS AL PIE DE LA LETRA, COMO LO EXPLIQUÉ DETALLADAMENTE EN LAS PÁGINAS 57-58 Y CUYAS DECISIONES RESULTARON FAVORABLES A NOSOTROS LOS RECLAMANTES Y AUNQUE POSTERIORMENTE EL MF Y LA PGR, TRATARON DE REVOCARLAS ILEGALMENTE, COMO LO EXPLICO AMPLIAMENTE, EN LAS PÁGINAS 90-94, TODO LO CUAL CONCRETAN QUE, LAS REFERIDAS DECISIONES FAVORABLES, DEL

Página 84 MF Y LA PGR, SIGAN VIGENTES Y SEAN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MF DE LA RBV, COMO ASÍ TAMBIÉN LO CERTIFICÓ LA SCTSJ, COMO LO SEÑALO EN LA PÁGINA 86. EN SEGUNDO LUGAR Y TENIENDO LA FGR CONOCIMIENTO DE TODO LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, NO ENTIENDO ¿POR QUE? LA MISMA FGR ME CREA EL ILEGÍTIMO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, PARA EXTRADITARME ILEGALMENTE DE PANAMÁ Y SOMETERME A ESTE “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, COMO LO HE EXPLICADO DE MANERA CLARA Y REITERADA EN ESTE ESCRITO Y EN TERCER LUGAR TENIENDO EL CONOCIMIENTO DE TODO ESTO LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP Y HABIÉNDOME JUZGADO ÚNICAMENTE POR EL ILEGAL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” COMO ASÍ SUCEDIÓ, EN LAS MÁS DE 80 AUDIENCIAS EN SU T28JP, NO ENTIENDO ¿POR QUE? LA REFERIDA JUEZ EN COMPLICIDAD CON LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR) Y DE LOS ABOGADOS DE LA PGR, COMETE TODO ESTE DISPARATE JURÍDICO, ADEMÁS CON LA OSADÍA

CREAR

UNA

“NUEVA

AUDIENCIA

PRELIMINAR”,

QUE

SUCEDIÓ

SUPUESTAMENTE EN EL T04CP EL 28-02-12, A LA CUAL OBVIAMENTE NI MIS ABOGADOS DEFENSORES NI YO FUIMOS CONVOCADOS Y POR SUPUESTO NO ASISTIMOS, COMO LO INDICO EN LAS PÁGINAS 80-82, LO CUAL OCURRIÓ POSTERIORMENTE TAMBIÉN EN SU T28JP, AL CREAR UNA “NUEVA SENTENCIA CONDENATORIA” SUPUESTAMENTE EN LA MADRUGADA DEL DÍA MIÉRCOLES 29-01-14, IGNORANDO SU “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DEL MARTES 21-01-14 A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA; SIN QUE POR ESTAS ACLARATORIAS, ADMITA YO, NINGUNA DE LAS INEXPLICABLES, SUBREPTICIAS Y NUGATORIAS ACTUACIONES, DE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP.

10) DEBO ACLARAR TAMBIÉN QUE: a) NO CONOCÍ A WALDEMAR CORDERO VALE (†), NO CONOZCO A ALFREDO AAGAARD, NI CONOCÍ A JAMES PAOLO PAVANELLI (†), NI CONOCÍ A ÁNGELO BOCCADISI (†). b) CONOCÍ A JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†) A FINALES DEL AÑO 2002, COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 51, CONOCÍ A RAMÓN HERALDO PAREDES, EN LA PRIMERA AUDIENCIA DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, CELEBRADA EL 05-11-12, EN EL T28JP Y EN CUANTO A ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, NO LO CONOZCO, JAMÁS LO HE VISTO, POR LO TANTO ES IMPOSIBLE QUE HAYAMOS COMETIDO EL DELITO DE “AGAVILLAMIENTO”, POR EL CUAL TAMBIÉN FUI “CONDENADO” ILEGALMENTE POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP EL DÍA 21-01-14, A LAS DOS TREINTA (2:30) DE LA MADRUGADA. DEBO HACER CONSTAR NUEVAMENTE QUE ESA MISMA MADRUGADA, FIRMAMOS EL ACTA DE LA AUDIENCIA, QUE NOS NOTIFICABA DE LAS “DECISIONES” DICTADAS A VIVA VOZ POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, PERO SOLO EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE LA MISMA, COMO FUE COSTUMBRE DE LAS SECRETARIAS(OS) DEL T28JP, QUE NOS LAS PRESENTABAN PARA LA FIRMA EN TODAS LAS AUDIENCIAS DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL” SIN PERMITIRNOS LEER SU CONTENIDO, ALEGANDO QUE YA ES HABITUAL EN TODOS LOS TRIBUNALES DEL “PALACIO DE JUSTICIA” Y EN ESTE CASO EN PARTICULAR POR LA AVANZADA HORA DE LA NOCHE, LO CUAL PERMITIRÍA POSTERIORMENTE HACER MODIFICACIONES DE FORMA Y DE FONDO, COMO DE HECHO OCURRIERON. c) NO CONOZCO A LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA LATIN CONSULT-VENOSPA LLC, LA CUAL AL ADHERIRSE AL JUICIO MERCANTIL DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE

Página 85 VENTURES LLC, (A CUYOS DIRECTIVOS TAMPOCO CONOZCO), EN EL ESTADO DE OHIO DE LOS EEUU, PRESENTARON COMO PRUEBA CONTUNDENTE Y DE UNA FORTALEZA LEGAL INDISCUTIBLE Y ASÍ FUÉ ADMITIDO EL 29-04-09, POR EL CORRESPONDIENTE TRIBUNAL ESTADOUNIDENSE, COPIA CERTIFICADA Y TRADUCIDA AL INGLÉS, DEL DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO MEDIANTE EL CUAL MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., ADQUIRIÓ LEGALMENTE Y DE BUENA FE POR CESIÓN QUE LE HIZO MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., DE TODOS LOS DERECHOS SOBRE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, CÓDIGO CARONÍ, MODELO ICC-322, Nos. 1/8 A LA 5/8, POR 25MMUS$ C/U, POR UN MONTO DE 125MMUS$; DOCUMENTO EL CUAL FUÉ OTORGADO LEGÍTIMAMENTE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES TANTO DE PANAMÁ COMO DE VENEZUELA COMO LO HE DEMOSTRADO TANTAS VECES, Y LO EXPLICO EN LAS PÁGINAS 49-50 Y NO MUESTRA NI SE LE PUEDE COMPROBAR NI SIQUIERA UN ÁPICE DE FALSEDAD, MIENTRAS QUE LA FGR PRETENDE MOSTRARLO COMO FALSO, CREÁNDOME CON FECHA INCIERTA Y A PARTIR DE 05-11-10, EL ILEGAL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, PARA PRETENDER “JUSTIFICAR” TAMBIÉN, EL INICIO DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, QUE SE ME SIGUIÓ ACÁ EN VENEZUELA, EN EL T28JP. ESTAS DEMANDAS DE LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES, SE INICIARON AL ACOGERSE SUGESTIVAMENTE, AL EXHORTO, QUE AL RESPECTO HIZO NUESTRA PROPIA ASAMBLEA NACIONAL EN SALA PLENA EL 01-03-05, CUANDO EL CASO BANDAGRO VOLVIÓ NUEVAMENTE A SU HEMICICLO PARA SER “REVISADO”, HABIÉNDOSE REFERIDO SIEMPRE LOS DIPUTADOS DURANTE TODA SU DISCUSIÓN, COMO A LOS BONOS EMITIDOS POR BANDAGRO, SIN NINGUNA OTRA CALIFICACIÓN, TENIENDO ADEMÁS EL CONOCIMIENTO, DE QUE EL CASO BANDAGRO HABÍA SIDO ACLARADO Y RESUELTO DEFINITIVAMENTE CON EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR DE FECHA 03-10-03, LO CUAL LES FUE INFORMADO POR LA PROPIA PGR, SEGÚN OFICIO 0770 DE FECHA 18-11-03, DIRIGIDO AL DIPUTADO LUIS VELÁSQUEZ ALVARAY, TRANSCRITO EN LAS PÁGINAS 182-183 CONCLUYENDO Y EXHORTANDO ENTONCES ÉSTA ASAMBLEA A QUE, CITA TEXTUAL: “…DE TAL MANERA QUE A QUIÉN INTERESE EFECTUAR TAL COBRO DEBERÁ HACERLO POR LAS VÍAS JUDICIALES QUE A BIEN TENGA…”, CABE DESTACAR TAMBIÉN QUE EN ESE MOMENTO EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL ERA EL DIPUTADO NICOLÁS MADURO MOROS, ACTUAL PRESIDENTE DE LA RBV. ASÍ MISMO LA PERIODISTA A. ELIZABETH DÁVILA DEL DIARIO EL INFORMADOR DE BARQUISIMETO EN FECHA 05-06-05, ENTREVISTÓ AL DIPUTADO ISMAEL BURGOS URQUIOLA, PRESIDENTE DE LA SUB-COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE INVESTIGÓ EL CASO BANDAGRO, IGNORANDO IGUALMENTE EL REFERIDO DIPUTADO QUE EL CASO BANDAGRO, ESTABA RESUELTO DESDE EL 03-10-03, PUES LA MISMA PGR, REPITO, SE LO INFORMÓ A ESA ASAMBLEA NACIONAL EL 18-11-03, MEDIANTE OFICIO 0770 COMO LO SEÑALÉ EN LA PÁGINA 58, DIPUTADO QUÉ, ENTRE OTRAS DECLARACIONES TAMBIÉN SUGIRIÓ Y EXHORTÓ, CITA TEXTUAL: “…SI LOS ACREEDORES SIENTEN VULNERADOS SUS SUPUESTOS DERECHOS QUE ACUDAN A LAS INSTANCIAS LEGALES INTERNACIONALES QUE CONSIDEREN CONVENIENTES…”, QUE ES LO QUE HAN HECHO, ATENDIENDO A ÉSTAS EXHORTACIONES, LOS OTROS RECLAMANTES TANTO EN OHIO COMO EN SUIZA. d) EL BANCO DE DESARROLLO

Página 86 AGROPECUARIO,

S.A.

(BANDAGRO),

EMITIÓ

LEGALMENTE

07-12-81,

CON

VENCIMIENTO EL 08-12-91, (10 AÑOS Y 1 DÍA DESPUÉS), 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EN DIFERENTES DENOMINACIONES, CÓDIGO CARONÍ, MODELOS ICC-322 E ICC-290, DE COLOR VERDEOSCURO Y OCRE, RESPECTIVAMENTE, POR UN MONTO DE 1.605MMUS$, EMITIDAS

CONFORMIDAD

CON

LAS

REGULACIONES

CÁMARA

INTERNACIONAL DE COMERCIO EN PARÍS (CLUB DE PARÍS) Y DEL CONSEJO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO, EN FORMATO SUMINISTRADO POR ELLAS MISMAS, (CUYAS SIGLAS EN INGLÉS ICC SE ANTEPONEN A LOS REFERIDOS MODELOS), IMPRESAS EN PAPEL DE SEGURIDAD TIMBERLAND SAFETY, CON FILIGRANAS Y PRUEBA DE AGUA, ADEMÁS DE UN SELLO SECO EN ALTO RELIEVE, QUE CONTIENE EL NOMBRE DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A., SU LOGOTIPO Y SU DOMICILIO EN BARQUISIMETO-VENEZUELA Y QUE FUE IMPRESO ABARCANDO LAS DOS (2) HOJAS DEL PLIEGO DE CUATRO (4) PÁGINAS QUE CONFORMAN C/U DE LAS 57 PN, ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, COLOCADO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA Y DENTRO DE LA ORLA EN C/U DE LAS REFERIDAS 57 PN, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31, 42, Y 46 DE LA PROPIA LEY DEL BANCO Y EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE CRÉDITO PÚBLICO, TODO DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES SUIZAS Y VENEZOLANAS PARA EMITIR DEUDA EXTERNA, VIGENTES PARA ESE AÑO DE 1981. e) EL CASO BANDAGRO A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, TIENE MÁS DE 39 AÑOS, Y FUÉ DEFINITIVAMENTE RESUELTO, COMO LO HE REITERADO TANTAS VECES, POR EL MF DE ESTE “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” EL 08-08-03, (HACE MÁS DE 17 AÑOS), EN EL INFORME MÁS EXHAUSTIVO Y COMPLETO REALIZADO A LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, INFORME EL CUAL LA PGR CONVIRTIÓ, EL 03-10-03, EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, CONFIRMÁNDOLO NUEVAMENTE ÉSTA PROCURADURÍA EL 18-11-03 Y EL 01-07-04, COMO LO EXPLICO EN LA PÁGINA 93 Y RATIFICADO SU CARÁCTER DE VINCULANTE MEDIANTE EL RECURSO DE INTERPRETACIÓN EVALUADO Y RESPONDIDO POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ (PODER JUDICIAL), DONDE EL MAGISTRADO PONENTE ARCADIO DELGADO ROSALES PRECISÓ EL 12-07-07, ENTRE OTRAS CONSIDERACIONES, LO SIGUIENTE: “…EL PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLO TENDRÁ CARÁCTER VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…”, COMO ASÍ FUE CUMPLIDO A CABALIDAD POR NOSOTROS LOS RECLAMANTES, CONFORMADOS POR EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., Y SUS CESIONARIAS Y EL ORGANISMO COMPETENTE EL MF DE LA RBV, COMO LO EXPLIQUÉ DETALLADAMENTE EN LAS PÁGINAS 57-58, DICTAMEN ÉSTE QUE SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL MF Y QUE NOSOTROS LOS RECLAMANTES SEGUIMOS ESPERANDO POR SU EJECUCIÓN. f) CONTINUÉ OCUPÁNDOME LEGALMENTE DEL CASO BANDAGRO, AMPARADO POR EL INCUESTIONABLE INFORME DEL MF DEL 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, EMANADO DE LA PGR DE FECHA 03-10-03, EN REPRESENTACIÓN DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., Y POSTERIORMENTE DE SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., PROPIETARIAS LEGÍTIMAS Y DE BUENA FE, SOLAMENTE DE 125MMUS$, O SEA EL 7.8% DEL TOTAL DE 1.605MMUS$, DE LOS BONOS

Página 87 COLOCADOS POR BANDAGRO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VALORES (DEUDA EXTERNA), EL 17-02-82, AL GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS, REPRESENTADOS POR EL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO AAGAARD, MANTENIENDO LA RECLAMACIÓN DE NUESTROS DERECHOS, EXPRESADOS EN LA CRONOLOGÍA CASO BANDAGRO, MIS COMUNICADOS, ENTREVISTAS, CARTAS Y ESCRITOS. g) EXISTEN, COMO HEMOS SEÑALADO, DEMANDAS MERCANTILES Y NO PENALES PORQUE NO PROCEDEN, EN SUIZA Y EN OHIO-EEUU, CON TODAS LAS PROBABILIDADES FAVORABLES A LOS DEMANDANTES. h) EL ÚNICO JUICIO PENAL EN EL MUNDO POR EL CASO BANDAGRO ES EL QUE SE NOS SIGUIÓ ENTRE OTROS A MÍ, EN EL T28JP QUE CONCLUYÓ, EN LO QUE A MÍ RESPECTA CON LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DEL REFERIDO T28JP A CARGO DE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, QUIEN DICTÓ A VIVA VOZ, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA DEL DÍA MARTES 21-01-14, LA CONDENA POR LOS PRESUNTOS DELITOS, REPITO, DE: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, SIENDO ESTA LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTÍ AL REFERIDO TRIBUNAL Y HABER FIRMADO EL ACTA CORRESPONDIENTE, REPITO, SOLO EN LA ÚLTIMA PÁGINA, SIN PERMITIRME LEER SU CONTENIDO, ARGUMENTANDO LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL QUE ASÍ SE ACOSTUMBRA EN LOS TRIBUNALES DEL “PALACIO DE JUSTICIA”, ADEMÁS DE LA PRISA POR LO AVANZADO DE LA NOCHE, DONDE TAMBIÉN OCURRIÓ, Y POR EL MISMO MOTIVO, LA NO FILMACIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EN FRANCA VIOLACIÓN A LO QUE PAUTA LA LEY, TODO LO CUAL SE PRESTÓ PARA HACER MODIFICACIONES DE FORMA Y DE FONDO, COMO OCURRIÓ EN LA SUPUESTA, SUBREPTICIA Y NUGATORIA AUDIENCIA DEL 29-01-14, EN EL T28JP Y LA ANTERIOR DEL 28-02-12, EN EL T04CP Y CUYA DECISIÓN YA MODIFICADA, LA DIFUNDIÓ ANTICIPADAMENTE LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ, COMO LA SEÑALE EN LA PÁGINA 66 Y FUE PUBLICADA EN LA CARTELERA DEL REFERIDO TRIBUNAL, EL 29-01-15, (1 AÑO DESPUES), SIENDO APELADA POR MIS ABOGADOS DEFENSORES EL 03-02-15, COMETIENDO EL ERROR INEXCUSABLE DE NO HACER OBJECIÓN ALGUNA A LA SUPUESTA, SUBREPTICIA Y NUGATORIA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, ORIGINADA HIPOTÉTICAMENTE EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL 29-01-14, EN EL T28JP, A LA CUAL MIS ABOGADOS DEFENSORES Y YO NO FUIMOS CONVOCADOS Y OBVIAMENTE NO PUDIMOS ASISTIR A LA MISMA, LO QUE AUTOMÁTICAMENTE Y A MI ENTENDER, LA CONVIERTE EN UNA SENTENCIA NULA DE NULIDAD ABSOLUTA Y EN CUYA APELACIÓN DEL 03-02-15, MIS ABOGADOS DEFENSORES COMETIERON ERROR INEXCUSABLE AL IGNORAR Y NO HACER NINGÚN TIPO DE REPARO NI OBJECIÓN SOBRE LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DICTADA A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA DEL 21-01-14, EN UNO DE LOS SALONES DE AUDIENCIA DEL “PALACIO DE JUSTICIA”, ESTANDO PRESENTES NOSOTROS LOS INDICIADOS, NUESTROS ABOGADOS DEFENSORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), LOS ABOGADOS DE LA PGR, LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, LOS ALGUACILES, NUESTROS FAMILIARES, AMIGOS, OTROS ABOGADOS Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, DONDE SE ME CONDENÓ, A 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS PRESUNTOS DELITOS

DE:

“USO

DOCUMENTO

PÚBLICO

FALSO,

AGAVILLAMIENTO,

Página 88 APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA, Y EN CUYA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, SE ELIMINARON LOS DOS (2) DELITOS EN GRADO DE TENTATIVA Y SE AGREGARON OTROS TRES (3) DELITOS, SIN QUE MIS ABOGADOS DEFENSORES HICIERAN NINGÚN TIPO DE REPARO NI OBJECIÓN, QUEDADO LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, REDACTADA ASÍ: POR SU PARTE ÁNGEL ROBERTO INFANTE, FUÉ CONDENADO A 16 AÑOS, DOS MESES, SIETE DÍAS Y DOCE HORAS DE PRISIÓN Y A REINTEGRAR EL 50% DE LA UTILIDAD PROCURADA POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE (1) USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, (2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, (3) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, (4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO

(5)

AGAVILLAMIENTO,

EFECTUÁNDOSE,

COMO

MENCIONADO REITERADAMENTE LA APELACIÓN, EL 03-02-15, de la “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, ANTE CAS2P DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN LA QUE HASTA LA FECHA 28-03-19, HACE 1093 DÍAS MÁS, POR DIFERENTES MOTIVOS, NO HA HABIDO AUDIENCIA Y POR SUPUESTO NO HA SIDO ADMITIDA, CONTINUÁNDOSE EN CONSECUENCIA CON EL INSÓLITO RETARDO PROCESAL CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 244 DEL COPP QUE ME SIGUE AMPARANDO Y A PARTIR DEL 03-10-16 ,CUANDO YA HABÍA CUMPLIDO 70 AÑOS DE EDAD Y MÁS DE 4 AÑOS DE PRISIÓN, PROSIGUIENDO LA INFAMIA, CON LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 48 DEL COP QUE ES CLARO, PRECISO E INMEDIATO Y ME OTORGA EL DERECHO A MI LIBERTAD PLENA: “…Artículo 48. A los setenta años termina toda pena corporal que hubiere durado por lo menos cuatro años y la que para entonces hubiere durado menos y estuviere en curso, se convertirá en arresto, si es de presidio, o prisión hasta que transcurran los cuatro años. Las providencias del caso las dictará el juez de Primera Instancia en lo penal que hubiere conocido del proceso…”. i) A MÍ NO SE ME PUEDE HACER CULPABLE Y TRATAR DE CONVERTIRME EN “CHIVO EXPIATORIO” DEL CASO BANDAGRO, POR EL SOLO HECHO DE SER APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y DE HABER ACEPTADO Y OTORGADO LEGALMENTE EN PANAÁ, EL 30-04-08, UN DOCUMENTO PÚBLICO INDUBITABLE, MEDIANTE EL CUAL LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., LE CEDE LEGÍTIMAMENTE Y DE BUENA FE, TODOS LOS DERECHOS SOBRE SUS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., DOCUMENTO EL CUAL FUE IGUALMENTE LEGALIZADO ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE MÍ PAÍS, A PARTIR DEL 15-05-08 Y ES EL QUE EN ESPECIAL LA FGR, SE EMPEÑA EN CALIFICAR COMO FALSO, CREÁNDOME EN CONSECUENCIA EL ILEGAL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, CUANDO FUÉ EL PROPIO “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, EL QUE ME LO LEGALIZÓ MEDIANTE TRAMITES QUE HICE PERSONALMENTE, A PARTIR DEL 15-05-08, EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, ME COBRÓ LOS ARANCELES E IMPUESTOS PERTINENTES Y NI EL SENIAT, ADSCRITO AL MF, NI NINGÚN OTRO ORGANISMO DEL ESTADO LE HICIERON NINGÚN TIPO DE REPARO U OBJECIÓN Y POR LO TANTO TAMPOCO ME PUDIERON COMPROBAR NINGÚN TIPO DE ENRIQUECIMIENTO Y MUCHO MENOS EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO

Página 89 PÚBLICO FALSO”, COMO PRETENDEN HACER NOTAR LA FGR Y LA PGR, DELITO QUE ADEMÁS FUE EL ÚNICO POR EL CUAL FUI JUZGADO Y NO DEBÍ SER CONDENADO, LO CUAL ACLARÉ EN EL NUMERAL 4) DE LAS PÁGINAS 49-50, RATIFICANDO EN CONSECUENCIA MI DOCUMENTO PÚBLICO INDUBITABLE COMO UN ACTO ADMINISTRATIVO, PURO Y TRANSPARENTE, EMANADO DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES TANTO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, COMO DE LA RBV, CON UNA INDISCUTIBLE FORTALEZA LEGAL Y QUE COMO TAL, FUÉ ADMITIDO SEGÚN EXPLIQUÉ EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 84, COMO PRUEBA CONTUNDENTE EN EL JUICIO MERCANTIL DE LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES SKYE VENTURES LLC Y LATIN CONSULT-VENOSPA LLC EN EL ESTADO DE OHIO DE LOS EEUU. j) MI INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CASO BANDAGRO, QUE A LA FECHA DE ESTE ESCRITO, 31-07-21, LLEVA MÁS DE 20 AÑOS, HA SIDO SIEMPRE TRANSPARENTE Y DE BUENA FE, DE CARA AL GOBIERNO, CON CLARIDAD Y DENUEDO, A TRAVÉS DE ESTE ESCRITO Y LA CRONOLOGÍA EN INTERNET, MIS COMUNICADOS EN PRENSA (8), MIS ENTREVISTAS TANTO EN LA PRENSA (2) COMO EN LA RADIO (1) Y MIS CARTAS (2), DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DE LA RBV HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), TODO LO CUAL ESTÁ DISPONIBLE A LOS INTERESADOS, BAJO EL ENLACE https://issuu.com/angelinfante, CARTAS ESTAS ÚLTIMAS QUE FUERON ACOMPAÑADAS DE SENDOS PORTAFOLIOS CONTENTIVOS DE TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE LAS RESPALDAN, CON IGUAL PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA A LOS MINISTROS DE FINANZAS DE ENTONCES, ENTREGADAS POR MÍ PERSONALMENTE ANTE LOS RESPECTIVOS DESPACHOS Y TRANSCRITAS EN LAS PÁGINAS 189-193, INVESTIGACIÓN

PARTICIPACIÓN

QUE

CONTINUÉ

POSTERIORMENTE

DESDE

INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES, A MEDIADOS DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, QUE SE ME SIGUIÓ, EN EL T28JP, CON LA PUBLICACIÓN DE DOS (2) ESCENARIOS EN EL SEMANARIO LAS VERDADES DE MIGUEL FECHADO DEL 22-03-13 AL 28-03-13, DONDE HAGO UNA PROPOSICIÓN DE ARREGLO AMISTOSO QUE SE EXPLICA POR SÍ SOLA Y QUE TRANSCRIBO EN LA PÁGINA 97, Y k) MI ACTUACIÓN LEGAL EN EL CASO BANDAGRO, COMO LO HE DEMOSTRADO A LO LARGO DE ESTE ESCRITO, SE CIRCUNSCRIBE AL PODER QUE ME OTORGÓ LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. EL 25-07-03, QUE FINALMENTE, COMO LO EXPLIQUÉ EN EN LAS PÁGINAS 48-50 Y CON EL OBJETO DE FACILITAR LA EJECUCIÓN DEL MISMO, CONLLEVÓ A QUE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., ADQUIRIERA LEGALMENTE Y DE BUENA FE, POR CESIÓN QUE LE HIZO MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., EL 30-04-08, DE TODOS LOS DERECHOS SOBRE LOS BONOS BANDAGRO, CONVALIDADOS COMO LO HE SEÑALADO TANTAS VECES, POR EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, EMANADO DE LA PGR EL 03-10-03, RATIFICADO POR LA MISMA PROCURADURÍA EL 18-11-03, MEDIANTE OFICIO # 0824, VUELTO A RATIFICAR POR LA PROCURADORA MARISOL PLAZA IRIGOYEN EL 01-07-04, EN SUS DECLARACIONES AL PERIODISTA PEDRO PABLO PEÑALOZA EN EL DIARIO TAL CUAL Y FINALMENTE DETERMINADO SU CARÁCTER DE VINCULANTE POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ, MEDIANTE LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ARCADIO DELGADO ROSALES, DE FECHA 12-07-07, RESPONDIENDO A LOS RECURSOS DE INTERPRETACIÓN SOLICITADOS: EL 17-01-07 POR LA ABOGADA MARISOL PLAZA (EXPROCURADORA) Y EL 10-04-07 POR LA ABOGADA GLADYS GUTIÉRREZ (PROCURADORA EN EJERCICIO EN ESA FECHA), REFERENTES EN ESTE CASO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR Y EN CUYA DECISIÓN VINCULANTE EL MAGISTRADO PONENTE ARCADIO DELGADO ROSALES PRECISÓ: “…EL PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLO TENDRÁ CARÁCTER

Página 90 VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…” Y ASÍ SUCEDIÓ CON EL DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME DE LA PGR DE FECHA 03-10-03, COMO LO DEMOSTRÉ EN LAS PÁGINAS 57-58 DE ESTE ESCRITO,

DONDE

DESCRIBE

PASO

REFERIDO

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO, DICTAMEN QUE, AUNQUE POSTERIORMENTE LA MISMA PGR TRATO DE REVOCAR ILEGALMENTE, CON FALSOS ARGUMENTOS, EN UN OFICIO SIN NÚMERO (S/N), CON UNA FECHA INCIERTA DEL ¿08-12-03? COMO LO EXPLICO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS PÁGINAS 93-94 Y TAMBIÉN DE ANULAR SU CONDICIÓN DE VINCULANTE AL MODIFICAR LA LEY

ORGÁNICA

PGR

ELIMINANDO

ARTÍCULO

56,

IGNORANDO

RETROACTIVIDAD DEL MISMO, DICTAMEN ÉSTE QUE SIGUE VIGENTE POR SER IRREVOCABLE Y AÚN MÁS FORTALECIDO POR LA CANTIDAD DE DISPARATES, INCONSISTENCIAS JURÍDICAS Y ERRORES INEXCUSABLES, COMETIDOS POR EL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ Y POSTERIORMENTE POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA MARISOL PLAZA IRIGOYEN, EN SUS DESAFORTUNADOS INTENTOS REVOCATORIOS DE FECHAS 17-11-03 Y ¿08-12-03? RESPECTIVAMENTE, LOS CUALES DESCRIBO A CONTINUACIÓN: ● El Ministro de Finanzas Tobías Nóbrega Suárez, cometió desacato, al incumplir el Dictamen Vinculante, Irrevocable y Firme de la PGR, del 03-10-03, que consideró procedente su propio informe del 08-08-03, el cual concluyó en que nosotros los reclamantes tenemos el legítimo derecho a que nos sean procesadas nuestras PN para hacerlas efectivas o cualquier otra formalidad, “o sea pagar”. ● Cometió igualmente el Ministro de Finanzas Tobías Nóbrega Suárez, error inexcusable, al publicar nuevamente en el diario Últimas Noticias del 02-11-03, el Remitido a la Opinión Pública, el cual había sido analizado y cuestionado severamente, por la Consultoría Jurídica de su propio Ministerio, en el informe que el mismo aprobó y cuyo cuestionamiento concluyó, cita textual: “que este Remitido a la Opinión Pública se basó en consideraciones sin Consistencia Jurídica” y “hay que dejar por sentado que el Remitido a la Opinión Pública no es el medio legítimo para desconocer actos y documentos por los cuales se hubieran generado derechos a terceros”. ● Al haberse cumplido el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPÚBLICA, los interesados tenían el legítimo derecho a ser informados de lo que estaba aconteciendo acerca del ILEGAL PROCEDIMIENTO REVOCATORIO, iniciado por la nueva Consultora Jurídica del MF la Abogada Ludmila Soto, para aclarar los hechos y poder defenderse, lo cual no ocurrió y en consecuencia les fueron violados a los interesados los derechos que consagra el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por su inconsistencia el Procedimiento Revocatorio es nulo de nulidad absoluta, como observamos en este artículo y lo determinan también los artículos 11; 19 (numeral 2) y 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, señalados al final en la página 158 de este escrito. Además, en un supuesto negado de que fuese REVOCABLE, la Abogada Ludmila Soto debió inhibirse, de acuerdo al artículo 36 de la misma Ley, por ser pariente cercano (Sobrina Política) del Ing. Elbano Fontana Nieves, firmante de las PN actuando como Gerente General de BANDAGRO, y más aún porque el propio MF, no puede autorevocarse de su propia decisión, convertida además en DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, por la PGR el 03-10-03. ● También al haberse tomado como prueba y señalada así: “…como quiera que existen nuevos elementos probatorios que no pudieron valorarse en su oportunidad…”, refiriéndose a la experticia realizada el 05-10-98, a PN falsas por instrucciones de la Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda (antecesor del MF), que según Oficio No. 9700-T-030-2719, emanado del Departamento de Grafología de la Policía Técnica Judicial, los funcionarios de ese cuerpo policial, Deisy Cañizales y Lisandro Alfonso, practicaron una experticia en el Banque SCS Alliance en Ginebra-Suiza a 47 PN por un monto de 1.410MMUS$, que incluían una Serie “8” y una Serie “12” (falsas), propiedad de la empresa PYEMAG LD, domiciliada en el Estado de Texas de los EEUU y representada por el Sr. Warren Haught, las cuales resultaron fraudulentas, tanto en firma e impresión, como en el papel y sellos, con lo cual,

Página 91 nosotros los interesados, también estamos totalmente de acuerdo, pues se trataba de PN totalmente falsas, que además pudieron ser fácilmente declaradas como falsas, sin necesidad de someterlas a ninguna experticia grafológica, pues las PN falsas difieren de las PN auténticas, porque la información general acerca de las mismas, en especial del organismo emisor BANDAGRO, se encuentran dentro de una orla, de conformidad con el modelo suministrado al respecto por la Cámara de Comercio Internacional en París (club de Paris), cuyas siglas (ICC) en idioma inglés se le anteponen a los modelos ICC-290 e ICC-322, por ser ésta uno de los organismos internacionales que regulaban la emisión de Deuda Externa en la época de su legal emisión, el 07-12-81, mientras que en las PN falsas, el nombre del referido banco se encuentra fuera de la orla, lo que automáticamente las verifica como falsas, lo cual también comprueba que los “expertos grafólogos” y las “Autoridades Judiciales” que habían participado en el “Oprobioso Juicio Penal”, ni siquiera hubieran visto una sola de las PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, emitidas legalmente por BANDAGRO el 17-12-81; PN éstas que además de falsas, obviamente nada tienen que ver con las PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, emitidas legalmente por BANDAGRO el 07-12-81, propiedad incuestionable de los interesados y mucho menos con las PN de la Serie “8” Nos. 1/8 a la 8/8 y de la Serie “12” Nos. 1/12 a la 12/12, objeto –entre otras- de la reclamación ejecutada por el abogado Miguel Jacir el 04-02-03 y posteriormente ampliada y concretada por Él mismo el 03-04-03, pués para el momento de efectuar esta experticia el 05-10-98, donde se anularon una serie “8” y una serie “12” falsas, las PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, emitidas legalmente por BANDAGRO el 07-12-81, Modelo ICC-322, Código Caroní, Serie “8”, numeradas de la 1/8 a la 8/8, por 25MMUS$ c/u, y Serie “12”, numeradas de la 1/12 a la 12/12, por 50MMUS$ c/u, se encontraban en ese momento en posesión legítima y de buena fe, de las siguientes personas jurídicas: La empresa KAMI, S.A., en Panamá poseía las numeradas 1/8 a la 5/8 desde el año/91, la FUNDACIÓN TOVAR, en Venezuela poseía las numeradas de la 6/8 a la 8/8 desde el año/97 y la empresa Panameña-Suiza TRIAD FINANZIARIA SPA en Suiza, poseía las numeradas 1/12 a la 12/12 desde el año/87, las cuales posteriormente en el año/90 se las cedió a su filial GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. y por lo tanto, es inconcebible que traten de manipular y confundir en este ilegal PROCEDIMIENTO REVOCATORIO, las PN originales y auténticas en posesión legítima de los interesados, con las 48 PN falsas y fraudulentas anuladas en el BANQUE SCS ALLIANCE en Ginebra-Suiza y que basándose en esa experticia a notas promisorias falsas, el MF y posteriormente la PGR, hayan tratado de revocar ilegalmente y esgrimiendo argumentos apócrifos, sus respectivos informes de fechas 08-08-03 y 03-10-03, que son vinculantes, irrevocables y firmes. Aclaramos que a la referida experticia cuya copia fue obtenida de los archivos del MH le fué solicitada al CICPC, su respectiva certificación mediante Oficio FCJ-E-335, de fecha 07-05-03, por el entonces Consultor Jurídico del MF, abogado Óscar Guzmán Cova y que fué contemplada en el Informe elaborado por Él identificado con el No. MF-DGCJ-0001-2003 de fecha 08-08-03, conocido suficientemente por el Ministro de Finanzas Tobías Nóbrega Suárez y además que dicha experticia fué solicitada por su antecesor Ministro de Hacienda en el año 1998, por consiguiente no se trataba de “nuevos elementos probatorios que no pudieron valorarse en su oportunidad”, lo que sucedió fué que la certificación de la experticia solicitada llegó a la Dirección de Consultoría Jurídica cuando la nueva Consultora abogada Ludmila Soto se había encargado del Despacho por “renuncia” de su titular abogado Óscar Guzmán Cova, abogada que aprovechándose de la misma y utilizándola como argumento válido, utilizándola como argumento “válido”, se apresuró a emitir un nuevo informe, que por insistencia (2 veces) del Ministro de Finanzas Tobías Nóbrega Suárez, ante la Procuradora General de la República abogada Marisol Plaza Irigoyen, logró que Ésta revocara ilegal e irresponsablemente su DICTAMEN de fecha 03-10-03, mediante Oficio S/N con fecha incierta del ¿08-12-03?. Con el descaro, que ésta innecesaria “experticia grafológica”, como lo demostré anteriormente, realizada por los “expertos grafólogos” de la antigua PTJ, Deisy Cañizales y Lisandro Alfonso, fue presentada por ellos mismos como “prueba fundamental” en el “Oprobioso Juicio Penal”, de que fui objeto, en el Tribunal 28 de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y cuyas 48 PN falsas, se utilizaron como “pruebas fundamentales”, en varias audiencias, contratando además el referido tribunal a dos (2) traductores del idioma inglés para que las leyeran una por una, ya que las mismas aunque son falsas, estaban escritas en su caratula en el idioma inglés, pero también en su reverso traducidas a nuestro idioma castellano y en consecuencia, las mismas debieron ser leídas por la Secretaria del Tribunal, no entendiendo ¿Por qué? se tuvo que contratar “traductores” para leer lo que ya

Página 92 estaba traducido y que además se trataba de PN falsa, continuando con la impresionante parafernalia que incluyó videos explicativos de la experticia, como también con testimonios de otros “expertos grafólogos” y de la Directora General Sectorial de Inspección y Fiscalización del MH, de ese entonces, abogada Marta Gomis Amindiola, quien encabezó la delegación que fue a Suiza el 05-10-98, a realizar la innecesaria experticia grafotécnica para tratar de demostrar una situación que no existe, de que todas la PN son falsas, sin que ninguna de estas personas, hubiesen visto si quiera una sola de las PN, ORIGINALES, AUTÉNTICAS e INDUBITABLES, emitidas LEGALMENTE por BANDAGRO, el 07-12-81. Ésta farsa de contratar “traductores” se mantuvo hasta que las propias Fiscales del Ministerio Público (FGR) y también los Abogados Defensores, intervinieron en el juicio y lograron que no se leyeran más esas PN falsas como “pruebas documentales”, por considerar su lectura, innecesaria, fastidiosa e inútil y que como expliqué anteriormente son PN que a simple vista se reconocen como falsas, pero paradójicamente se convirtieron en la base fundamental del “Oprobioso Juicio Penal”, que culminó como es ya sabido el 21-01-14, a las 2:30 de la madrugada, en una “Inicial Sentencia Condenatoria”, dictada a viva voz, por la Juez Abogada, SUSANA BARREIROS, del referido Tribunal 28 de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a las 2:30 de la madrugada, que en lo que a mí respecta, consistió en condenarme a 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA, y que ocho (8) días después el 29-01-14, fue modificada e ignorada quedando en consecuencia la “Inefable Sentencia Condenatoria” del 29-01-14, configurada ahora por cinco (5) delitos: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO Y AGAVILLAMIENTO”, delitos los cuales tampoco coinciden con los tres (3) que señaló el periodista Eduardo Rodríguez Giolitti de Venevisión, al compararlos con los seis (6) que publica la oficina de prensa del TSJ y noticias rojo rojito, en internet y mucho menos con los cuatro (4) delitos que señala la referida “Inicial Sentencia Condenatoria” del 21-01-14, a las 2:30 de la madrugada, como los mencioné en la página 64, pero que curiosamente aunque son más delitos y más graves aún, se mantienen con la misma pena de 16 años, dos meses, siete días y doce horas de prisión, y que también fué de madrugada por lo que me pregunto: ¿cómo haría la juez abogada Susana Barreiros para calcular estas penas por diferentes delitos, con la misma exactitud para todas y que coincidieran con la de su “Inicial Sentencia Condenatoria” del 21-01-14, a las 2:30 de la madrugada?, todo lo cual demuestra una vez más el ensañamiento de éste “Gobierno Revolucionario” contra mi persona, que además fui juzgado pero no debí ser condenado, por el único delito, que tampoco me fue comprobado de “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” y que a la fecha de este escrito, 31-07-21, me encuentro “condenado”, siendo inocente, en un enmarañado e infame, además de “Oprobioso Juicio Penal”, que me ha quitado 3.617 días de mi preciada libertad, que sumados a los 310 días de exilio forzoso que viví en Panamá, suman 3.926 días de sufrimientos, angustias e injusticias, los cuales los pasé entre las inhóspitas cárceles panameñas (40 días) y los sigo pasando en las espantosas y asquerosas prisiones venezolanas, ocasionándome este insólito cautiverio, severo desgaste físico y mental, debido al hacinamiento, la falta de agua potable, la mala alimentación, la falta de atención médica y de medicinas, que son una constante en todas las prisiones venezolanas, solo por defender mis derechos y los de mis representadas mi poderdante, la empresa panameña KAMI, S.A. y su cesionaria, mi empresa venezolana INVERSIONES INALCA, C.A. ● Continuando el PROCEDIMIENTO REVOCATORIO, con el envío del Oficio No. 3965, de fecha 17-11-03, con el cual el MF le remite a la PGR la opinión jurídica identificada con el No. 1695 emitida por la nueva Consultora Jurídica abogada Ludmila Soto, insistiendo y obedeciendo presuntamente, cita textual: “como quiera que existen nuevos elementos probatorios que no pudieron valorarse en su oportunidad”, y que aclaramos suficientemente en el párrafo anterior en la página 90, a cuyo Oficio 3965, el día siguiente 18-11-03 con carácter de urgencia, mediante Oficio 0824, la Procuradora General de la República, la abogado Marisol Plaza Irigoyen defendiendo su

Página 93 DICTAMEN, responde al MF, lo siguiente, cita textual: “En tal sentido, se observa que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la PGR, este Despacho ya tuvo la oportunidad de remitir la opinión que le fuera previamente solicitada, mediante comunicación signada con el No. 0635, de fecha 03-10-03, a partir de la cual ese Ministerio queda facultado para proceder de conformidad con sus consideraciones, tomando en cuenta los elementos que reposan en el expediente correspondiente. Tales conclusiones arrojan que corresponde a otras autoridades, el pronunciamiento sobre la comisión o no de hechos punibles, como lo es precisamente el Ministerio Público (FGR), haciendo nugatorio un nuevo pronunciamiento de la PGR”. ● No obstante el Ministro de Finanzas Tobías Nóbrega Suárez, mediante Oficio No. 04013 de fecha 20-11-03 y sin tomar en cuenta el pronunciamiento anterior de la PGR según Oficio 0824 de fecha 18-11-03, insiste y solicita nuevamente a la PGR que cita textual: “como quiera que existen nuevos elementos probatorios que no pudieron valorarse en su oportunidad”,, remitiéndole de nuevo la opinión de la Consultoría Jurídica, signada con el No. 1695 de fecha 17-11-03, para que revise su dictamen de fecha 03-10-03, a lo cual, extrañamente la Procuradora General de la República, mediante Oficio S/N de fecha incierta del ¿08-12-03? remitido al MF, se vuelve a pronunciar sobre lo ya decidido como COSA JUZGADA y REVOCA irresponsablemente su DICTAMEN contenido en el Oficio No. 0635 del 03-10-03, sin ningún fundamento legal y en total contradicción con sus declaraciones emitidas posteriormente al periodista Pedro Pablo Peñaloza del Diario “Tal Cual” en su edición de fecha 01-07-04 y sin mencionar siquiera lo señalado en su Oficio No. 0824 del 18-11-03 donde ratificaba su DICTAMEN vinculante, irrevocable y firme, que generó en forma definitiva derechos subjetivos legítimos y genuinos a todos los tenedores de buena fe de PN originales y auténticas emitidas legalmente por BANDAGRO el 07-12-81 y aclaraba además que hacer un nuevo pronunciamiento de la PGR resultaría nugatorio (engañoso); también es sorprendente que el ilegal revocatorio, haya sido presentado extemporáneamente, el 15-04-05, al tribunal de Ohio donde cursa la demanda de SKYE VENTURES desde el 13-08-04. ● Las interrogaciones en la data del nugatorio Revocatorio del ¿08-12-03?, se las agregamos al dudar que el mismo se haya producido en esa fecha, porque además de la ratificación de su dictamen aprobatorio el 18-11-03, existen fundados indicios de que no fué así, como por ejemplo: a) Las declaraciones que dio la Procuradora General de la República, abogado Marisol Plaza Irigoyen al periodista Pedro Pablo Peñaloza del diario “Tal Cual” de fecha 01-07-04, cuando supuestamente ya había revocado su dictamen el ¿08-12-03? (4 meses después del nulo REVOCATORIO), cita textual: “Defiendo la actuación de mi Despacho en el caso de las Notas Promisorias que emitió el Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A. (BANDAGRO) en 1981, que conforme al expediente que recibí del MF la procedencia de la obligación (PN), está dentro del marco de la Ley”. b) Los reiterados “Remitidos a la Opinión Pública” emitidos posteriormente por el MF en la prensa nacional en fechas: 03-11-04; 11-11-04; 19-11-04; 09-01-05; 23-04-06; 28-03-07 y 12-04-07, que además ya habían sido descalificados por el propio MF en su informe del 08-08-03, cita textual: “1) Que éstos Remitidos a la Opinión Pública se basan en consideraciones sin consistencia jurídica y 2) Hay que dejar por sentado que éstos Remitidos a la Opinión Pública no son el medio legítimo para desconocer actos y documentos por los cuales se hubieran generado derechos a terceros”, donde en absoluto se menciona que el DICTAMEN de la PGR de fecha 03-10-03 había sido revocado en fecha ¿08-12-03? y que también son una copia de la también descalificada “Denuncia interpuesta” de fecha 22-09-93, por la presidenta del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), Esperanza Martinó De Fernández, creando ilegalmente la Matriz de Opinión de que todos los BONOS BANDAGRO son falsos. c) Los Oficios emanados del MF a los apoderados de los interesados en el cobro de las PN emitidas por BANDAGRO, verbigracia el Oficio 001036 de fecha 11-05-05, en el cual el Ministro de Finanzas Nelson Merentes, se dirige al abogado Miguel Jacir, apoderado del GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., contestándole su comunicación de fecha 02-03-05, ignorando igualmente que el DICTAMEN de la PGR de fecha 03-10-03 había sido revocado el ¿08-12-03?, siendo algo tan importante para el tema tratado, como lo es el caso de las PN originales y auténticas, emitidas legalmente por BANDAGRO el 07-12-81. d) El hecho de que el Oficio del Dictamen Revocatorio no estuviera numerado como lo indica el procedimiento habitual, hace caer en inmediata sospecha que no fué ejecutado el ¿08-12-03?, ya que la numeración es correlativa durante el año y cuando lo redactaron les resultaba imposible numerarlo e insertarlo

Página 94 en el “Libro de Control de Oficios”, llevado por todos los organismos públicos, casualmente para evitar este tipo de irregularidades. e) El hecho de que el Dictamen Revocatorio fué presentado por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela el 15-04-05, en el juicio que llevan los interesados, en este caso, la empresa SKYE VENTURES LLC en el Tribunal de OHIO de los EEUU, ocho (8) meses después que se había incoado el juicio en su contra en la Corte del Distrito Sureste de Ohio que fué el 13-08-04, demuestra también que la fecha ¿08-12-03?, del señalado Dictamen Revocatorio es incierta, pues no se justifica que el contenido de un “documento tan importante” no haya sido presentado por la defensa inmediatamente que comenzó el juicio y además no se le haya informado a los otros interesados durante los dieciséis (16) meses transcurridos después de haber sido emitido, pues los otros interesados también pudieron enterarse del Dictamen Revocatorio gracias al juicio que la empresa SKYE VENTURES LLC, lleva en la Corte del Distrito Sureste del estado de OHIO de los EEUU y f) El Recurso de Interpretación solicitado posteriormente el 17-01-07, por la Ex Procuradora General de la República abogado Marisol Plaza Irigoyen y por la Procuradora en ejercicio abogado Gladys Gutiérrez a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que les aclarara el final del primer aparte del artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la normativa establecida en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, -de cuya redacción la abogado Marisol Plaza fué partícipe- lo que evidencia una vez más que la abogado Marisol Plaza Irigoyen tiene serias dudas acerca de la veracidad de su Dictamen Revocatorio, pues si su dictamen de fecha 03-10-03 fué revocado el ¿08-12-03?, no entendemos ¿Por qué? solicita el señalado Recurso de Interpretación el 17-01-07 (4 años después), ¡Ya que lo que fué revocado no requiere interpretación alguna, pues sencillamente no existe!. Además de que el magistrado ponente Arcadio Delgado Rosales, en su respuesta del 12-07-07 al referido recurso de interpretación, en lo concerniente al artículo 56, precisó: “…EL PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLO TENDRÁ CARÁCTER VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…” y así ocurrió como lo demostramos en las páginas 57-58 de este escrito.

A CONTINUACIÓN ARTÍCULO DE PRENSA, QUE SE EXPLICA POR SI SOLO:

Tobías Nóbrega, el inhabilitado EL UNIVERSAL

VÍCTOR SALMERÓN| Martes 20 de septiembre de 2011 12:41 PM

Durante ocho años el país ha tenido conocimiento de la nauseabunda operación en la que el Ministerio de Finanzas, para ese entonces al mando de Tobías Nóbrega, adquirió el edificio sede del Citibank. No hay presos, pero sí inhabilitaciones y multas. Nóbrega, el hombre que durante su paso por el poder demandó, “por manchar su honor” a los economistas que denunciaron falta de transparencia en las operaciones de deuda pública y tildó de palangristas a los periodistas que mostraban transacciones dudosas, no podrá ejercer cargos públicos durante quince años. Vale la pena recordar la transacción. El negocio donde el Estado adquiere la edificación que por décadas Citibank tuvo en Carmelitas se concreta el 30 de enero de 2003, cuando Inmobiliaria Chacao compra el inmueble a la institución financiera por 4,7 millones de dólares. Seis días más tarde, el Ministerio de Finanzas, le recompra el edificio a la inmobiliaria por 9,5 millones de dólares. La investigación de la Contraloría revela que el despacho de Finanzas le pagó a la inmobiliaria antes de que ésta comprase el edificio.

Página 95 Precisa que el 27 y 30 de diciembre de 2002, el ministerio dirigido por Nóbrega “canceló a la inmobiliaria el monto total de la negociación. Sin embargo, es el 30 de enero de 2003 cuando ésta adquiere el inmueble”. El 30 de junio de 2004 publiqué en este diario un reportaje dando cuenta de la transacción y de la diferencia entre el precio cancelado por la inmobiliaria a Citibank y lo que, en menos de una semana más tarde, desembolsó la República. Ese mismo día, Tobías Nóbrega descalificó el caso señalando que El Universal merecía “un premio Pulitzer a la mentira” y afirmó en Venezolana de Televisión que “quien conoce cómo funciona el mercado inmobiliario en Venezuela sabe que aquí hay una práctica muy lamentable (...) que es que los privados transan entre ellos a precios menores o subvalorados en relación con el mercado, para eludir las obligaciones tributarias”. Por ahora la actuación de las instituciones venezolanas, durante ocho años, se resume en la reciente inhabilitación de Tobías Nóbrega y seis de sus subalternos, además de unas multas que difícilmente serán cobradas. A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, EL ÚNICO PRIVADO FÍSICAMENTE DE LIBERTAD EN EL MUNDO, POR EL CASO BANDAGRO SOY YO, CON MÁS DE 75 AÑOS DE EDAD, Y 3.617 DÍAS EXACTAMENTE IMPEDIDO ILEGALMENTE DE MI LIBERTAD (SECUESTRADO POLÍTICO), RECLUIDO EN CONDICIONES INFRAHUMANAS, PRIMERO EN EL INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES Y DESDE ENERO DEL 2014 EN EL INTERNADO JUDICIAL RODEO II, ESPANTOSAS Y ASQUEROSAS PRISIONES DE MI PAÍS, VENEZUELA, INCLUIDOS LOS 40 DÍAS QUE PASÉ EN LAS INHÓSPITAS CÁRCELES PANAMEÑAS, SIENDO INOCENTE POR NO HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, PUES LO QUE HAGO ES DEFENDER MIS DERECHOS Y LOS DE MIS REPRESENTADAS MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A.

11) POR OTRA PARTE, 6 MESES Y 5 DÍAS DESPUÉS DE LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” OCURRIÓ LA INTERESANTE DECISIÓN DEL PERIODISTA JOSÉ VICENTE RANGEL VALE (†), DE INFORMAR “OBJETIVAMENTE” SOBRE EL CASO BANDAGRO, EN SU PROGRAMA DE TELEVISIÓN JOSÉ VICENTE HOY, POR EL CANAL TELEVEN, DE RECONOCIDA AUDIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL DÍA DOMINGO 06-07-14, SEÑALANDO QUE: “LA REPÚBLICA ESTÁ A PUNTO DE PERDER EL JUICIO QUE SE REALIZA EN LOS EEUU SOBRE LOS FAMOSOS BONOS DE BANDAGRO, LO QUE IMPLICARÍA PARA LA NACIÓN EL PAGO DE UNA ELEVADA SUMA DE DINERO”:

Página 96 Programa: José Vicente Hoy - TELEVEN - Domingo, 06 Julio 2014 TÍTULO: “Venezuela está a punto de perder el Juicio de los fondos BANDAGRO” Confidencial al cierre, de muy buena fuente; La República está a punto de perder el Juicio que se realiza en los EEUU sobre los famosos Bonos de BANDAGRO, lo que implicaría para la Nación el pago de una elevada suma de dinero. Al no contestar los cuestionarios solicitados, el bufete de abogados en EEUU que lleva el caso, advirtió hace semanas sobre la situación. Y ante la falta de una respuesta de La Procuraduría, renunció a seguir representando a Venezuela. Preguntas obvias...!

De ser así;

● Qué está pasando...? ● Por qué no son atendidos los intereses de la Nación...? “La Asamblea Nacional de investigar la situación.” Hasta aquí el programa de hoy... ACONTECIMIENTO ÉSTE, QUE RESPONSABLE Y RESPETUOSAMENTE, ES LO QUE YO HE ESTADO ADVIRTIENDO REITERADAMENTE AL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DESDE EL AÑO 2002 MEDIANTE: a) LA CRONOLOGÍA CASO BANDAGRO EN INTERNET. b) MIS (8) COMUNICADOS EN LA PRENSA. c) MIS ENTREVISTAS (2) EN LA PRENSA, (1) EN LA RADIO Y d) MIS (2) CARTAS, DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DE LA RBV HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, CON SENDAS COPIAS A LOS MINISTROS DE FINANZAS EN EJERCICIO Y ENTREGADAS PERSONALMENTE POR MÍ, EN LOS CORRESPONDIENTES DESPACHOS, TODO ESTO RELATADO Y ACLARADO EN MIS CONSIDERACIONES PLASMADAS EN ESTE ESCRITO Y ACTUANDO EN MI CONDICIÓN DE APODERADO, DESDE EL AÑO 2003, DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y DESDE EL AÑO 2008 COMO PRESIDENTE DE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., QUE, REPITO, ES PROPIETARIA LEGÍTIMA Y DE BUENA FE, POR CESIÓN QUE LE HIZO MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., DE CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y AUTENTICIDAD DE LOS BONOS (PN) DE LAS DEMANDANTES, LAS EMPRESAS SKYE VENTURES LLC Y LATIN CONSULT-VENOSPA LLC EN OHIO-EUU Y EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. EN SUIZA, NO OBSTANTE, AUN NUESTRO PAÍS ESTÁ A TIEMPO DE EVITAR LA CATÁSTROFE FINANCIERA QUE SE NOS AVECINA, ATENDIENDO AL LLAMADO QUE HICE, MUCHO ANTES DE LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, LLAMADO EL CUAL, A LA FECHA DE ESTE ESCRITO,

31-07-21, YA CUMPLIÓ MÁS DE 8 AÑOS, DE SER PUBLICADO EN EL PRESTIGIOSO SEMANARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LAS VERDADES DE MIGUEL, EN SU EDICIÓN DE LA SEMANA DEL 22-03-13 AL 28-03-13, QUE RECREABAN LO QUE ESTABA SUCEDIENDO Y TODAVÍA PUEDE EVITARSE CON LOS JUICIOS DE BANDAGRO EN EEUU Y SUIZA (MERCANTILES) Y VENEZUELA (PENAL), SUGIRIENDO DE NUEVO Y RESPETUOSAMENTE, QUE SE OPTE POR LO SEÑALADO EN EL ESCENARIO “2”, PARA TERMINAR DEFINITIVAMENTE CON EL ENREVESADO CASO BANDAGRO, CUYO TEXTO COMPLETO TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN:

Página 97 UNO DE MIS ASIDUOS LECTORES, CONOCEDOR Y SEGUIDOR DEL CASO "BANDAGRO", ME HIZO LLEGAR LOS SIGUIENTES ESCENARIOS: ESCENARIO “1” A) Se condenaría a la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA en el TRIBUNAL de OHIO en EEUU, a pagar a SKYE VENTURES, una cantidad equivalente de "10 a 1", que ascendería aproximadamente a 1.000MMUS$ de DÓLARES AMERICANOS, 100MMUS$ solo por concepto de capital y lo demás por intereses, indexación, daños y perjuicios, costas procesales, honorarios de abogados, etc., la decisión vendría acompañada de medida de embargo (CYTGO), para garantizar el pago de la misma, la cual se hará en EFECTIVO. B) Perderíamos también en este caso específico, nuestra INMUNIDAD SOBERANA, LA JURISDICCIÓN y no seriamos FORO CONVENIENTE, para ventilar los asuntos del CASO BANDAGRO. C) Caeríamos en DEFAULT (incumplimiento), y en consecuencia nos convertiríamos en país FORAJIDO (el que no honra los compromisos de su DEUDA EXTERNA). D) El RIESGO PAÍS, aumentaría (actualmente está por los 800 puntos, que ya es alto). E) Perderíamos nuestra credibilidad en los MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES y nos sería muy difícil conseguir financiamiento, y si lo logramos seria a una tasa de interés en DÓLARES de dos (2) dígitos, muy alta para cualquier economía mundial. F) Se podría interrumpir el JUICIO PENAL, en la causa (T28J-541-11), seguido, entre otros al Lic. Ángel Roberto Infante presidente de INVERSIONES INALCA, C.A., propietaria legitima de BONOS originales y auténticos de los emitidos por BANDAGRO en 1981, de idénticas características a los de SKYE VENTURES, cuyo DOCUMENTO PÚBLICO AUTENTICO que los respalda fue admitido como prueba fundamental en el juicio de SKYE VENTURES, en el TRIBUNAL de OHIO en EEUU y la decisión de presentar esta prueba en el referido TRIBUNAL, se correspondió con el EXHORTO que al efecto hizo, nuestra propia ASAMBLEA NACIONAL en SALA PLENA, en su INFORME del 05-06-05, que concluyo en que los RECLAMANTES que sintieran menoscabados sus derechos en el caso de los BONOS emitidos legalmente por BANDAGRO en 1981, acudieran a las INSTANCIAS INTERNACIONALES a que a bien tuvieran lugar. G) En consecuencia de todo lo anterior y si no se actúa con rapidez, se desatarían una serie de DEMANDAS en cascada, de todos los TENEDORES legítimos del resto de los BONOS emitidos legalmente por BANDAGRO en 1981, debidamente reconocidos en el informe del Ministerio de Finanzas de fecha 08-08-03, considerado PROCEDENTE por la Procuraduría General de la República el 03-10-03 y que lo convirtió en DICTAMEN vinculante, irrevocable y firme, de obligatorio cumplimiento por parte del Ministerio de Finanzas, que de una vez causo derechos objetivos y subjetivos a favor de todos los reclamantes y aunque posteriormente se trató de revocar irresponsablemente, sigue VIGENTE y aún más fortalecido por la cantidad de errores jurídicos cometidos en el desafortunado intento revocatorio.

ESCENARIO “2” A) Se sobreseería la CAUSA (T28J-541-11), al Lic. ÁNGEL ROBERTO INFANTE presidente de INVERSIONES INALCA, C.A., en el JUICIO PENAL llevado por el TRIBUNAL 28 DE JUICIO, de Caracas, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, con simultanea decisión SOBERANA del mismo TRIBUNAL, que ordenaría al Ministerio de Finanzas, que ACATE el DICTAMEN, VINCULANTE, IRREVOCABLE Y VIGENTE de la Procuraduría General de la República de fecha 03-10-03, referente a su propio informe que determino que: "Los RECLAMANTES tienen el legítimo derecho a que les sean procesadas sus notas (Bonos), para hacerlas efectivas o cualquier otra formalidad", llegando a un acuerdo justo y razonable con el ya SOBRESEÍDO de “2 a 1”, equivalente a 250MMUS$ de DÓLARES AMERICANOS, 125MMUS$ solo por concepto de capital y una cantidad igual por intereses, indexación, daños morales, daños y perjuicios, costas procesales, honorarios de abogados, etc., el cual sería cancelado con una nueva emisión de BONOS de la DEUDA PUBLICA EXTERNA, a 30 años de plazo, a valor de MERCADO, que generen interés y libres de impuestos. B) Conservaríamos nuestra INMUNIDAD SOBERANA, la JURISDICCIÓN y seguiríamos siendo FORO CONVENIENTE, para continuar ventilando el CASO BANDAGRO, hasta su definitiva y total solución. C) Sentaríamos PRECEDENTE y en consecuencia todo caso que tenga que ver con BANDAGRO tendría que ser tramitado en nuestra JURISDICCIÓN, y así demostraríamos una vez más, a la COMUNIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL, que seguimos siendo un país responsable y que SOBERANAMENTE cumple con su DEUDA EXTERNA. D) El RIESGO PAÍS, bajaría o se mantendría estable. E) Nuestra credibilidad en los MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, mejoraría notablemente y la consecución de nuevos financiamientos y/o refinanciamientos se lograría con mayor fluidez y mejores condiciones. F) Se podría interrumpir el JUICIO MERCANTIL de la empresa SKYE VENTURES en el TRIBUNAL de OHIO en EEUU y sobrevendría un acuerdo justo y razonable para las partes y en mejores condiciones para nuestro país. G) Entendemos que lo que se busca con el juicio (T28J-541-11), es contrarrestar los efectos devastadores para nuestro país, que conllevaría la inminente decisión condenatoria del TRIBUNAL de OHIO a favor de SKYE VENTURES, pero la solución acá no radicaría en condenar a las personas INOCENTES indiciadas en el referido juicio (T28J-541-11), sino por el contrario SOBRESEERLOS, para lograr el efecto deseado, ya que opuestamente a lo señalado en el citado juicio, lo que son es VICTIMAS del CASO BANDAGRO, al ser propietarios legítimos y de BUENA FE, de Bonos Bandagro, respaldados con una tradición legal jurídicamente incuestionable, que solo defienden sus derechos y los de sus representadas en el sonado CASO, que ya cumplió '32' años.

Solo uno de estos ESCENARIOS se concretaría, el primero que ocurra neutralizaría los efectos del otro, concluyan ustedes por cuál de ellos, deberían pronunciarse SOBERANAMENTE las autoridades competentes de nuestro país, para poner punto final y de una vez por todas, al tan complicado asunto de los bonos emitidos legalmente por BANDAGRO el 81. Más información en INTERNET bajo el link: CRONOLOGÍA CASO BANDAGRO. NOTA: Transcripción del artículo de prensa de la columna “OVERNIGHT” del semanario LAS VERDADES DE MIGUEL de fecha 22-03-13 al 28-03-13

12) CONTINUANDO MIS CONSIDERACIONES, DEBO RECONOCER Y REFLEXIONAR ACERCA DE LA “RESPONSABILIDAD” QUE TUVO EL PERIODISTA JOSÉ VICENTE RANGEL VALE (†), EN EL SENTIDO DE INFORMAR DE MANERA VERAZ Y OBJETIVA,

Página 98 AL “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” Y A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL EN SU PROGRAMA DE TELEVISIÓN, JOSÉ VICENTE HOY, POR EL CANAL TELEVEN DEL DÍA DOMINGO 06-07-14, DE LA SITUACIÓN QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL JUICIO POR LOS BONOS BANDAGRO, QUE SE SIGUE EN EL TRIBUNAL DE OHIO DE LOS EEUU, REFERENTE A QUE: “LA REPÚBLICA (VENEZUELA) ESTÁ A PUNTO DE PERDER EL JUICIO QUE SE REALIZA EN LOS EEUU SOBRE LOS FAMOSOS BONOS DE BANDAGRO, LO QUE IMPLICARÍA PARA LA NACIÓN EL PAGO DE UNA ELEVADA SUMA DE DINERO”, CONSIDERANDO QUE LA INFORMACIÓN TIENE ESTRECHA RELACIÓN CON SU PRIMO WALDEMAR CORDERO VALE (†), CUYO PARENTESCO CON EL PERIODISTA, EL MISMO PRIMO LO HA HECHO PÚBLICO EN SUS DIFERENTES DECLARACIONES A LOS MEDIOS Y TAMBIÉN EN SU COMPARECENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE OHIO EN EEUU, MEDIANTE LA OPCIÓN DE LA TELECONFERENCIA QUE LOGRÓ QUE LE CONCEDIERAN, PARA NO ASISTIR PERSONALMENTE A LA AUDIENCIA, DONDE DEBÍA DECLARAR EN LO REFERENTE AL CONTRADICTORIO CASO BANDAGRO, CUANDO EN REALIDAD LO QUE TEMÍA ERA PRESENTARSE PERSONALMENTE EN EL REFERIDO TRIBUNAL, PARA ASÍ EVITAR SU INMINENTE DETENCIÓN POLICIAL, POR EL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL TRIBUNAL DE

OHIO

EEUU,

RESPONSABILIDAD

SUS REITERADAS

INTERVENCIONES EN EL CASO BANDAGRO COMETIENDO PERJURIO, LO CUAL COMO TODOS SABEMOS, ES CONSIDERADO DELITO GRAVE EN LOS ESTADOS UNIDOS, CON EL

AGRAVANTE

QUE

ÉL

PRINCIPAL

RESPONSABLE

LAS

“IRREGULARIDADES” COMETIDAS, CON LOS TANTAS VECES REFERIDAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO) EL 07-12-81, CUANDO EL FUNGIÓ COMO PRESIDENTE Y LUEGO INSÓLITAMENTE COMO INTERVENTOR DEL MISMO BANCO QUE TERMINÓ DE QUEBRAR, DURANTE EL GOBIERNO DE LUIS HERRERA CAMPINS (†), EN EL QUINQUENIO 79/84, QUE SE CARACTERIZÓ POR SER UN GOBIERNO CON ELEVADOS ÍNDICES DE CORRUPCIÓN COMETIDOS CON IMPUNIDAD POR SUS ALTOS FUNCIONARIOS, COMO LO REFIERE EL ECONOMISTA JOSÉ TORO HARDY EN SU LIBRO “VENEZUELA 55 AÑOS DE POLÍTICA ECONÓMICA, 1936/1991, AL DESTACAR EL DESORDEN FINANCIERO Y LA INCAPACIDAD REINANTE EN EL REFERIDO GOBIERNO” Y CUYA RESPONSABILIDAD EN EL CASO, LE FUÉ COMPROBADA FEHACIENTEMENTE A WALDEMAR CORDERO VALE (†) EN EL EXHAUSTIVO Y MÁS COMPLETO INFORME DEBIDAMENTE DOCUMENTADO, REALIZADO COMO HE SEÑALADO REITERADAMENTE, POR EL MF EL 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EL 03-10-03,

QUE

INCLUYÓ

COMO

PRUEBA

FUNDAMENTAL,

EXPERTICIA

INDUBITABLE, REALIZADA POR EL RECONOCIDO GRAFÓLOGO ITALIANO ING. BRUNO FABBIANI, A LOS BONOS (PN) ORIGINALES Y AUTÉNTICOS EMITIDOS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, CUYO EXTRACTO TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 175-176, LA CUAL, REPITO, DETERMINÓ QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†),

Página 99 SI FIRMÓ LOS BONOS, Y TAMBIÉN DESCUBRIÓ QUE TRATÓ DE MODIFICAR LOS RASGOS DE SU FIRMA PARA SIMULAR UNA FALSIFICACIÓN.

A CONTINUACIÓN ANEXAMOS ARTÍCULOS DE PRENSA DEL NEW YORK POST DEL 20-10-14 Y OTROS MEDIOS DEL 14-02-16 Y 15-02-16, LOS CUALES CONFIRMAN LO REFERIDO POR EL PERIODISTA JOSÉ VICENTE RANGEL VALE (†):

Tenedores de bonos Bandagro planean pedir un embargo preventivo sobre Citgo Octubre 20, 2014 8:29 am Publicado en: Actualidad, Economía, Patillazos.

Un grupo de inversionistas estadounidenses, que ha estado luchando en los tribunales por una década para hacer valer sus $ 100 millones en bonos a 30 años de vencimiento de Venezuela está presionando su caso en un tribunal de EE.UU. reporta el diario New York Post (en inglés) El grupo, Skye Ventures, se está moviendo para obtener un embargo sobre CITGO la filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, y confía en que el tribunal se lo conceda. “Nosotros ya hemos enviado una carta a su director general en Houston” dijo Chip Cooper, el abogado principal de Skye con sede en Ohio, Columbus,. “Realmente creemos que los activos de Citgo estarán sujetos a embargo”. Conseguir un gravamen sobre Citgo puede ser el punto de quiebre que Skye Ventures necesita para resolver una prolongada batalla legal durante años con Venezuela que ha cambiado sus bufetes de abogados en ocho ocasiones y que ha apelado una serie de derrotas judiciales para llevar el caso hasta la Corte Suprema. El caso Bandagro refiere a un presunto fraude de considerables proporciones que tiene su origen hace más de 30 años y radica-según el gobierno venezolano- en la falsificación, distribución y cobro de una indeterminada cantidad de falsas Notas Promisorias, supuestamente emitidas por el ya desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) de Venezuela, pero los tenedores hoy de esos presuntos bonos, estarían por ganar el multimillonario juicio. Saga de la deuda de Skye comenzó en octubre de 2003, cuando – antes de la compra de bonos del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) - el grupo inversionista obtuvo un pronunciamiento de 54 páginas de la Procuraduría General del país afirmando la legitimidad de la deuda. El 3 de octubre del año 2003, la entonces Procuradora General de la República - en el gobierno de Hugo Chávez - Marisol Plaza, hizo un dictamen lapidario en contra de Venezuela, reconociendo la validez de los bonos de Bandagro: ”Esta Procuraduría acepta la valoración y el criterio sostenido por la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas en los términos antes expuestos y en tal sentido se pronuncia por la PROCEDENCIA de la citada reclamación interpuesta” Quien era en esos años el Ministro de Finanzas del chavismo, Tobías Nóbrega, le solicitó a la Procuradora que revocara el dictamen y la funcionaria lo hizo en los siguientes términos: “… de conformidad con lo preceptuado en el artículo 56 de la LOPGR, este Despacho ya tuvo la oportunidad de remitir la opinión que le fuera previamente solicitada, mediante comunicación signada con el No. 0635, de fecha 03/10/03, a partir de la cual ese Ministerio queda facultado para proceder de conformidad con sus consideraciones, tomando en cuenta los elementos que reposan en el expediente correspondiente. Tales conclusiones arrojan que corresponde a otras autoridades, el pronunciamiento sobre la comisión o no de hechos punibles, como lo es precisamente el Ministerio Público, haciendo nugatorio un nuevo pronunciamiento de la PGR”. Pero Nóbrega exige que el dictamen del 03/10/2003 debía ser revocado y Marisol Plaza en un nuevo pronunciamiento de cuatro hojas, sin procedimiento ni sustento legal alguno, dice que revoca el dictamen. Skye compró los bonos, con un valor nominal de $ 100 millones, como parte de un problema de un mil millones dólares ya garantizado por Venezuela antes de su venta en 1981.

Página 100 A pesar de las garantías por parte del país y más tarde su Procuraduría General, Venezuela se negó a cumplir con sus obligaciones cuando Skye presentó los bonos para su cobro en agosto de 2004. Así comenzó una batalla legal de diez años que actualmente entró a juicio en un tribunal federal de Ohio el 20 de abril de este año. Los bonos en manos de Skye han devengado intereses por un valor de $ 1.5 mil millones. Eso, a su vez, coloca el costo de redimir todo el tema de la deuda en unos $ 15 mil millones. “Si vencemos en el juicio, otros propietarios de los bonos pueden tomar nota de nuestra resolución judicial y se acumularían en adelante” dijo Cooper. “Pero si Venezuela acuerda antes de ir a juicio, el acuerdo probablemente se mantendrá confidencial y no habrá ninguna conclusión de un tribunal de Estados Unidos sobre si los bonos son legítimos” Motivo parece favorecer un acuerdo, especialmente a la luz de las indicaciones del tribunal planea ser guiados por el decreto de la AG originales. Pero Venezuela podría decidido ir a por todas – literalmente. Fuentes extraoficiales indicaron que el tribunal de Ohio podría estar inclinado en considerar válido el dictamen original de la Procuraduría General firmado por la Procuradora Marisol Plaza en 2003.

Juicio de 100 millones de dólares por los bonos de Bandagro llega a Corte de EEUU on febrero 14, 2016 4:55 pm.

En el centro de la querella de 2004 están letras de cambio de hace 30 años emitidas por un banco gubernamental venezolano ahora desaparecido. Venezuela ha confirmado que las deudas pertenecientes a un banco de desarrollo agrícola conocido como Bandagro son obligaciones del gobierno y deben ser pagadas, dicen abogados de Skye Ventures en Columbus, donde se realizó la compra de las cartas en 2004. “Este caso es simple: Es sobre la negativa de un banco a pagar sus deudas”, dijo Charles Cooper, un abogado que representa a Skye Ventures, en un documento ante la corte que resume los argumentos de los inversionistas.

Página 101 Abogados por Venezuela dicen que las letras de cambio son falsas con firmas falsificadas y nunca fueron garantizadas por el gobierno. “La evidencia mostrará no solamente que las supuestas cartas son falsas, sino que el demandante busca capitalizar un largo fraude internacional”, dijo Albert Lucas, un abogado que representa a Venezuela, en su resumen de los alegatos venezolanos. La legitimidad de las cartas de cambio es el eje del caso, que incluye más de 700 documentos individuales y miles de páginas. Skye Ventures dice que basó su decisión de comprar las cartas en una opinión en 2003 por el fiscal general venezolano y un reporte ese mismo año por el Ministerio de Finanzas que dijo que las notas eran válidas y debían ser pagadas. Venezuela dijo que la opinión y el reporte no eran vinculantes y que Skye Ventures tenía toda razón para saber que las cartas de cambio eran falsas. Venezuela dice que el fraude fué perpetrado por un “notorio penal internacional” que, antes de morir en u incendio en una casa en Suiza, había sido convicto previamente de delitos relacionados con falsas cartas de cambio de Bandagro. Los abogados del país niegan además argumentos de Skye Ventures de que un grupo afiliado con ese penal compró esos bonos “por mucho más de 250 millones de dólares, supuestamente por una combinación de diamantes, bonos basura alemanes y efectivo”. “Eso es una farsa. Nunca sucedió”, dicen abogados por Venezuela. A su vez, Skye Ventures dice que Venezuela ha creado una historia” que requiere que el que escucha crea que existió una conspiración increíblemente vasta” para crear cartas fraudulentas y engañar al ministro de finanzas y el fiscal general del país. “La verdad es siempre más sencilla”, dijeron abogados de Skye Ventures. Antes del inicio del juicio, numerosas cortes resolvieron asuntos legales relacionados con el momento de la querella, si Venezuela era inmune de demanda y si el caso debería ser procesado en Estados Unidos. AP

Juicio de $100 millones por bonos de Bandagro llega a EEUU JUICIO

Venezuela ha confirmado que las deudas pertenecientes a un banco de desarrollo agrícola conocido como Bandagro son obligaciones del gobierno y deben ser pagadas, dicen abogados de Skye Ventures en Columbus.

Página 102

Publicado: Febrero 15, 2016

Un juicio federal en Estados Unidos por una demanda de 100 millones de dólares contra Venezuela incluye acusaciones de fraude, indicios de una conspiración penal internacional y referencias a diamantes, bonos basura alemanes y un misterioso incendio en una casa en Suiza. El juicio comenzó la semana pasada ante el juez federal Edmund Sargus y se espera que dure de cuatro a seis semanas. En el centro de la querella de 2004 están letras de cambio de hace 30 años emitidas por un banco gubernamental venezolano ahora desaparecido. Venezuela ha confirmado que las deudas pertenecientes a un banco de desarrollo agrícola conocido como Bandagro son obligaciones del gobierno y deben ser pagadas, dicen abogados de Skye Ventures en Columbus, donde se realizó la compra de las cartas en 2004. “Este caso es simple: Es sobre la negativa de un banco a pagar sus deudas”, dijo Charles Cooper, un abogado que representa a Skye Ventures, en un documento ante la corte que resume los argumentos de los inversionistas. Abogados por Venezuela dicen que las letras de cambio son falsas con firmas falsificadas y nunca fueron garantizadas por el gobierno. “La evidencia mostrará no solamente que las supuestas cartas son falsas, sino que el demandante busca capitalizar un largo fraude internacional”, dijo Albert Lucas, un abogado que representa a Venezuela, en su resumen de los alegatos venezolanos. La legitimidad de las cartas de cambio es el eje del caso, que incluye más de 700 documentos individuales y miles de páginas. Skye Ventures dice que basó su decisión de comprar las cartas en una opinión en 2003 por el fiscal general venezolano y un reporte ese mismo año por el Ministerio de Finanzas que dijo que las notas eran válidas y debían ser pagadas. Venezuela dijo que la opinión y el reporte no eran vinculantes y que Skye Ventures tenía toda razón para saber que las cartas de cambio eran falsas. Venezuela dice que el fraude fué perpetrado por un “notorio penal internacional” que, antes de morir en u incendio en una casa en Suiza, había sido convicto previamente de delitos relacionados con falsas cartas de cambio de Bandagro. Los abogados del país niegan además argumentos de Skye Ventures de que un grupo afiliado con ese penal compró esos bonos “por mucho más de 250 millones de dólares, supuestamente por una combinación de diamantes, bonos basura alemanes y efectivo”. “Eso es una farsa. Nunca sucedió”, dicen abogados por Venezuela. A su vez, Skye Ventures dice que Venezuela ha creado una historia “que requiere que el que escucha crea que existió una conspiración increíblemente vasta” para crear cartas fraudulentas y engañar al ministro de finanzas y el fiscal general del país. “La verdad es siempre más sencilla”, dijeron abogados de Skye Ventures. Antes del inicio del juicio, numerosas cortes resolvieron asuntos legales relacionados con el momento de la querella, si Venezuela era inmune de demanda y si el caso debería ser procesado en Estados Unidos.

Página 103 13) a) LAMENTABLEMENTE WALDEMAR CORDERO VALE (†), FALLECIÓ A PRINCIPIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016, LLEVÁNDOSE CONSIGO LOS SECRETOS DEL FAMOSO CASO BANDAGRO AL MANTENER SU RETICENCIA Y TAMBIÉN AL NO HABER ASISTIDO PERSONALMENTE A NINGÚN TRIBUNAL EN EL MUNDO, EN ESPECIAL ACÁ EN VENEZUELA, DONDE SE VENTILÓ EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL” POR EL SONADO CASO BANDAGRO, A PESAR DE HABER SIDO SOLICITADA SU PRESENCIA EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS, PARA QUE HICIERA LAS DECLARACIONES Y ACLARATORIAS PERTINENTES, DEJANDO POR LO TANTO PROFUNDOS VESTIGIOS DE INJUSTICIAS CONTRA PERSONAS INOCENTES, COMO ES EL CASO DE NOSOTROS LOS “CONDENADOS” ILEGALMENTE, EN EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL” QUE SE NOS SIGUIÓ, EN EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, A CARGO DE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS Y PESE A QUE SE INSISTIÓ, DE QUE TODAS LAS PERSONAS QUE DE UNA U OTRA MANERA TUVIERAN ALGUNA RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA, CON EL FAMOSO CASO BANDAGRO FUERAN CITADAS A DECLARAR, NO FUÉ POSIBLE LOGRAR LA COMPARECENCIA DEL AHORA FINADO AL REFERIDO T28JP, PARA QUE DECLARARA PERSONALMENTE EN EL CONTROVERTIDO “JUICIO” DEL TANTAS VECES MENCIONADO CASO BANDAGRO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y SUS REGLAMENTOS, PARA QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS QUE FORMULARÍAN NUESTROS ABOGADOS DEFENSORES, POR HABER SIDO ÉL, EL INTERVENTOR Y PRINCIPAL RESPONSABLE DE LAS OPERACIONES DEL EXTINTO BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO), CUANDO SE EMITIERON, FIRMARON Y SEGUIDAMENTE SE COLOCARON EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VALORES EL 17-02-82, LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, COMO LO EXPLIQUÉ EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35 Y LO ADMITE ÉL MISMO, EN EL LITERAL d) DE LA PÁGINA 53. b) TAMPOCO HICIERON ACTO DE PRESENCIA EN EL “JUICIO” PARA SU DEBIDA INTERPELACIÓN: EL GERENTE GENERAL DEL BANCO, ELBANO FONTANA NIEVES Y EL ASESOR JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO, PASCUAL PUIGBO MORALES, QUIENES TAMBIÉN LO ADMITEN EN EL LITERAL d) DE LA PÁGINA 53 E IGUALMENTE SON RESPONSABLES AL HABER FIRMADO CONJUNTAMENTE LAS REFERIDAS 57 PN Y DE ESA MANERA COMPROMETER TAMBIÉN AL BANCO A PAGARLAS A SU VENCIMIENTO. c) MUCHO MENOS COMPARECIÓ EL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO AAGAARD, QUIÉN FUÉ EL PRIMER COMPRADOR DE LOS BONOS BANDAGRO, EN REPRESENTACIÓN DE UN GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS Y POR SUPUESTO CONOCEDOR AL DETALLE DE LA OPERACIÓN BANDAGRO Y PROBABLEMENTE TAMBIÉN SOBRE LA PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LAS OTRAS PN FALSAS, QUE CIRCULAN EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VALORES, LO CUAL OCURRIÓ DURANTE EL QUINQUENIO 82/87, CUANDO ÉL DETENTABA LA POSESIÓN LEGAL Y ABSOLUTA DE TODAS LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, ADQUIRIDAS POR ÉL LEGÍTIMAMENTE EL 17-02-82, POR LO CUAL DEBEMOS RECORDAR QUE: CUANDO SE HABLA DE: BILLETES FALSOS, BONOS FALSOS, OBRAS DE ARTE FALSAS, ETC, ES PORQUE EXISTEN ESPECÍMENES ORIGINALES Y AUTÉNTICOS DE LOS CUALES GENERALMENTE SE CREAN LAS FALSIFICACIONES. d) FUERON IGUALMENTE AUSENTES EN EL JUICIO: EL EXMINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, LA NUEVA CONSULTORA

Página 104 JURÍDICA DEL MF ABOGADA LUDMILA SOTO Y LA EXPROCURADORA MARISOL PLAZA IRIGOYEN, QUIENES DEBIERON PRESENTARSE PARA QUE EXPLICARAN ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? TRATARON DE “REVOCAR” EL INFORME Y EL DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, EMANADO DE SUS RESPECTIVOS DESPACHOS EN FECHAS 08-08-03 Y 03-10-03, DOCUMENTOS ÉSTOS QUE HABÍAN RESUELTO LEGAL Y DEFINITIVAMENTE EL CASO BANDAGRO; INTENTO REVOCATORIO ÉSTE, QUE DE MANERA IRRESPONSABLE, INCONSTITUCIONAL, ILEGAL Y ABSURDA, PRETENDIERON HACER

LOS

REFERIDOS

FUNCIONARIOS,

FECHAS

17-11-03

08-12-03

RESPECTIVAMENTE, ESGRIMIENDO ARGUMENTOS Y MOTIVOS FALSOS PARA TRATAR DE DEJARLOS SIN EFECTO Y EN ESPECIAL EL HECHO DE HABERLE PUESTO LA PROCURADORA, COMO FECHA REVOCATORIA DE SU DICTAMEN LA FECHA ¿08-12-03?, LA CUAL TAMBIÉN ES FALSA, TAL COMO LO EXPLIQUÉ EN LAS PÁGINAS 90-94; TAMPOCO COMPARECIÓ EL NOTARIO PÚBLICO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, QUE AUTENTICÓ EL REFERIDO DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, EMANADO DE LA PGR EL 03-10-03, QUEDANDO ANOTADO BAJO EL # 76, DEL TOMO # 89, DE FECHA 25-11-03, DE LOS LIBROS LLEVADOS POR ESA NOTARÍA, CERTIFICANDO AÚN MÁS, CON ESTE ACTO SU CARÁCTER DE DOCUMENTO PÚBLICO, CON UNA FORTALEZA LEGAL INDISCUTIBLE, QUE NUNCA HA SIDO IMPUGNADO LEGALMENTE Y QUE TAMBIÉN FUÉ PRESENTADO Y ASENTADO EN LOS LIBROS DE NUESTRO CONSULADO EN SUIZA, PAÍS EN EL CUÁL EXISTE LA DEMANDA MERCANTIL INCOADA POR EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., POR EL COBRO DE SUS ORIGINALES Y AUTÉNTICOS BONOS BANDAGRO. e) TAMPOCO COMPARECIERON: EL EXCONSULTOR JURÍDICO DEL MF, ABOGADO ÓSCAR GUZMÁN COVA, QUIEN FUÉ EL QUE REALIZÓ Y SUSCRIBIÓ EL INFORME DE FECHA 08-08-03, DONDE SE DEMOSTRÓ FEHACIENTEMENTE, QUE LAS 57 PN SI FUERON EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO

07-12-81,

QUE

SON

LAS

ORIGINALES

AUTÉNTICAS,

QUE

OBLIGATORIAMENTE HAY QUE PAGARLAS Y CUYO INFORME FUE CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE IRREVOCABLE Y FIRME POR LA PGR EL 03-10-03, COMO LO EXPLIQUÉ DETALLADAMENTE EN LAS PÁGINAS 57-58, AUSENCIA AL JUICIO QUE IGUALMENTE OCURRIÓ CON EL EXPERIMENTADO PERIODISTA Y POLÍTICO JOSÉ VICENTE RANGEL VALE (†), QUIÉN EL 06-07-14, EN SU PROGRAMA DE TELEVISIÓN POR TELEVEN, SE REFIRIÓ AL JUICIO DE SKYE VENTURES LLC, EN OHIO-EEUU, COMO LO HE INFORMADO EN LAS PÁGINAS 95-96, SEÑALANDO LO SIGUIENTE: “LA REPÚBLICA ESTÁ A PUNTO DE PERDER EL JUICIO QUE SE REALIZA EN LOS EEUU SOBRE LOS FAMOSOS BONOS DE BANDAGRO, LO QUE IMPLICARÍA PARA LA NACIÓN EL PAGO DE UNA ELEVADA SUMA DE DINERO”. HACIÉNDOSE ADEMÁS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ¿POR QUÉ NO SON ATENDIDOS LOS INTERESES DE LA NACIÓN?, EN UN CLARO Y SUTIL MENSAJE, A LA PGR, PARA QUE ARREMETIERA EN SUS ACCIONES EN LOS TRIBUNALES ESTADOUNIDENSES, COMO QUE SI ÉL DESCONOCIERA LO QUE ESTABA OCURRIENDO CON EL FAMOSO CASO BANDAGRO, CUANDO ES DE SU TOTAL CONOCIMIENTO Y DEL “GOBIERNO REVOLUCIONARIO” , QUE SU PRIMO WALDEMAR CORDERO VALE (†), FUÉ EL PRINCIPAL RESPONSABLE DEL FRAUDE A LA NACIÓN, COMETIDO CON LOS BONOS BANDAGRO EL 17-02-82, CUANDO FUNGÍA DE INTERVENTOR EN EL MALOGRADO BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A.

Página 105 (BANDAGRO), PERIODISTA QUE ADEMÁS ES CONSIDERADO EUFEMÍSTICAMENTE COMO EL MÁS AVEZADO, SAGAZ, MALICIOSO, PERSPICAZ Y HABILIDOSO POLÍTICO, DE NUESTRA ERA DEMOCRÁTICA, QUIÉN POR SU ESTRECHA AMISTAD CON EL PRESIDENTE DE LA RBV, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), OCUPÓ LOS MÁS RELEVANTES CARGOS, EN ESTE “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, LOGRANDO SUBREPTICIAMENTE QUE A MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE Y A PRINCIPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2003, EL INFORME DEL MF Y EL DICTAMEN DE LA PGR, TANTAS VECES MENCIONADOS, FUERAN REVOCADOS ILEGALMENTE, POR LOS MISMOS ALTOS FUNCIONARIOS QUE LOS APROBARON, CON EL PROPÓSITO DE SEGUIR ENCUBRIENDO DESCARADAMENTE A SU PRIMO, WALDEMAR CORDERO VALE (†), QUIEN FUE EL QUE COMETIÓ EL DELITO DE FRAUDE A LA NACIÓN, COMO LO EXPLIQUÉ EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35. DESAFORTUNADAMENTE, A MEDIADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, EL RECONOCIDO PERIODISTA Y POLÍTICO JOSÉ VICENTE RANGEL VALE (†) FALLECIÓ, LLEVÁNDOSE CONSIGO, AL IGUAL QUE SU FINADO PRIMO, WALDEMAR CORDERO VALE (†), LOS SECRETOS DEL FAMOSO CASO BANDAGRO, MOSTRÁNDOSE TAMBIÉN RETICENTE AL HACER CASO OMISO A LA INVITACIÓN REQUERIDA POR MIS ABOGADOS DEFENSORES ANTE EL T28JP, PARA QUE RESPONDIERA A LAS PERTINENTES PREGUNTAS QUE LE FORMULARÍAN SOBRE EL CONTROVERTIDO CASO BANDAGRO Y f) FINALMENTE BRILLARON POR SU AUSENCIA Y A PESAR DE QUE SOLICITAMOS SU COMPARECENCIA, LOS REGISTRADORES NOTARIOS Y FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL PAÍS, QUE TUVIERON PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LA AUTENTICACIÓN,

LEGITIMACIÓN

PUBLICACIÓN

DEL

DOCUMENTO

PÚBLICO

OTORGADO POR MÍ, Y QUE LA FGR PRETENDE CONVERTIR EN EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y QUE FUE EL OBJETO PRINCIPAL EN LO QUE A MÍ RESPECTA, DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, AL QUE FUI SOMETIDO POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, DOCUMENTO PÚBLICO MEDIANTE EL CUAL Y COMO ES SABIDO, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. CEDIÓ A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., LEGALMENTE Y DE BUENA FE, TODOS LOS DERECHOS SOBRE LOS BONOS BANDAGRO DE SU LEGÍTIMA PROPIEDAD, VERIFICADOS Y CERTIFICADOS TODOS SUS ANEXOS Y SOPORTES LEGALES, EN ESPECIAL LAS COPIAS ESCANEADAS DE LAS CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, POR LOS NOTARIOS OCTAVO Y NOVENO DE PANAMÁ, MEDIANTE DOCUMENTO AUTENTICADO FINALMENTE EN LA NOTARÍA OCTAVA DE PANAMÁ EL 30-04-08, DEBIDAMENTE APOSTILLADO ANTE EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE PANAMÁ EL 02-05-08, EL CUAL POSTERIORMENTE FUÉ LEGALIZADO EN VENEZUELA A PARTIR DEL 15-05-08, COMO LO EXPLIQUÉ EN LAS PÁGINAS 49-52, A SABER, LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: NOTARIO PÚBLICO SEXTO DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL, EDITOR DEL PERIÓDICO REPORTE DIARIO DE LA ECONOMÍA, FUNCIONARIOS DEL SENIAT (ORGANISMO ADSCRITO AL MF), REGISTRADOR PRINCIPAL DEL DISTRITO CAPITAL, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA Y FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, TODOS DE LA RBV, FUNCIONARIOS ÉSTOS QUE PARTICIPARON EN LA AUTENTICACIÓN, VERIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REFERIDO DOCUMENTO PÚBLICO

Página 106 Y NO LE HICIERON NINGÚN TIPO DE REPARO NI OBJECIÓN, CONVIRTIÉNDOLO EN UN ACTO ADMINISTRATIVO IMPECABLE, CON UNA FORTALEZA LEGAL INDISCUTIBLE. POR OTRA PARTE, DESDE EL AÑO 2007, TAMBIÉN EXISTE OTRO DOCUMENTO PÚBLICO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL SEÑALADO ANTERIORMENTE, QUE NO FUÉ CONTEMPLADO EN EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL” AL QUE FUÍ SOMETIDO, DOCUMENTO ÉSTE QUE DEMUESTRA TAMBIÉN LA LEGALIDAD Y AUTENTICIDAD DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD INDISCUTIBLE EN ESE ENTONCES DE MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CERTIFICARON Y LEGALIZARON LAS SIGUIENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE LAS AMPARAN, A SABER: DOCUMENTO PRÉSTAMO-MANDATO CELEBRADO ENTRE KAMI, S.A. Y EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. EL 14-06-91, PODER OTORGADO A MI PERSONA POR LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., EL 25-07-03, PARA QUE LA REPRESENTARA Y DEFENDIERA SUS DERECHOS EN TODOS LOS ACTOS REFERENTES AL TEMA DE

LOS BONOS

BANDAGRO, RECONOCIDOS AMBOS

DOCUMENTOS EN SU TIEMPO DE EMISIÓN POR EL NOTARIO CORRESPONDIENTE DE LA NOTARÍA DÉCIMA DE PANAMÁ, EN LAS FECHAS ANTES SEÑALADAS 14-06-91 Y 25-07-03, PACTO SOCIAL (REGISTRO MERCANTIL) DE LA CONSTITUCIÓN DE KAMI, S.A., QUE DATA DESDE EL 02-05-80 Y ESPECIALMENTE COPIAS ESCANEADAS DE LAS CINCO (5) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD INDUBITABLE DE MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., DESDE EL 14-06-01; DOCUMENTO EL CUAL, LUEGO DEL COTEJO CORRESPONDIENTE DE LOS ANEXOS, CONTRA SUS ORIGINALES Y AUTÉNTICOS, QUE SE ENCONTRABAN DEPOSITADOS EN LA CAJA DE SEGURIDAD # 317 DEL BANCO DEL ITSMO DE PANAMÁ, (AHORA HSBC), DE LA AVENIDA JUSTO AROSEMENA DE LA CIUDAD DE PANAMÁ, AL CUAL SE TRASLADÓ EL NOTARIO DÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ PARA VERIFICAR Y CERTIFICAR LO ANTES SEÑALADO, FUÉ AUTENTICADO POR EL REFERIDO NOTARIO CON FECHA 02-05-07 Y POSTERIORMENTE APOSTILLADO ANTE EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE PANAMÁ EL 05-05-07, PARA FINALMENTE AUTENTICARLO ACÁ EN VENEZUELA, EN LA NOTARÍA SEXTA DEL MUNICIPIO CHACAO, DEL ESTADO MIRANDA DE LA RBV EL 09-05-07, BAJO EL # 35, DEL TOMO 87, DE LOS LIBROS LLEVADOS POR ESA NOTARÍA; DOCUMENTO ÉSTE QUE ME FUÉ REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO REPORTE DIARIO DE LA ECONOMÍA PARA QUE LE CERTIFICARA MI CONDICIÓN DE APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y PODER SUSTENTAR ASÍ, MI RESPONSABILIDAD ABSOLUTA SOBRE EL CONTENIDO DEL PRIMER COMUNICADO CASO BANDAGRO, QUE SUSCRIBÍ COMO APODERADO DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y QUE YA HABÍA SIDO PUBLICADO POR EL RECONOCIDO PERIÓDICO EN SU EDICIÓN DEL 18-01-07 Y TAMBIÉN DE LOS SUBSIGUIENTES COMUNICADOS QUE IGUALMENTE PUBLIQUÉ. HAGO LA OBSERVACIÓN DE QUE NINGUNO DE ÉSTOS DOS (2) DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE SE COMPLEMENTAN MUTUAMENTE, JAMÁS HAN SIDO IMPUGNADOS LEGALMENTE, NI SE LES HA HECHO NINGÚN JUICIO DE TACHA DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO Y POR LO TANTO SE MANTIENEN CON TODA SU FUERZA Y VIGOR, CONSTITUYÉNDOSE INDISTINTAMENTE EN

ACTOS

ADMINISTRATIVOS

IRREFUTABLES,

DONDE

LOS

FUNCIONARIOS

DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DE LA RBV, CERTIFICARON Y AUTENTICARON LA

Página 107 OPERACIÓN DE LOS BONOS BANDAGRO COMO UN ACTO DE COMERCIO LÍCITO, TRANSPARENTE Y DE BUENA FE, CON UNA FORTALEZA LEGAL INDISCUTIBLE Y SIEMPRE AMPARADOS POR EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03 CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME EMANADO DE LA PGR DE FECHA 03-10-03, INFORMES ÉSTOS QUE, AUNQUE LAS AUTORIDADES DE LA NACIÓN AHORA TRATEN DE IGNORAR, SIGUEN VIGENTES Y SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MF DE LA RBV, TODO LO CUAL CONLLEVA A FORMULARNOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ¿SERÁ QUE TODOS ESTOS CIUDADANOS(AS) MENCIONADOS NO FUERON CITADOS DEBIDAMENTE POR EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS? ¿SERÁ QUE TUVIERON TEMOR A SER INTERROGADOS POR NUESTROS ABOGADOS DEFENSORES? ¿SERÁ QUE TUVIERON TEMOR DE COMETER PERJURIO? ¿SERÁ QUE FUERON AMENAZADOS? ¿SERÁ QUE EL CASO BANDAGRO, COMO ES DE SUPONER, ESTÁ MUY CONTAMINADO POLÍTICAMENTE?, TODO LO CUAL NOS CONDUCE A CULMINAR ÉSTE NUMERAL CON EL SIGUIENTE RETRUÉCANO: ¡NO SON CULPABLES LOS QUE ESTUVIERON EN EL JUICIO Y NO ESTUVIERON EN EL JUICIO LOS QUE SON CULPABLES! 14) EL 30-03-16, A 798 DÍAS DESPUÉS DE HABER SIDO DICTADA LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DICTADA A VIVA VOZ EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, JUEZ QUE ESTUVO A CARGO DEL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y SEGUIDAMENTE CAMBIADA SUBREPTICIAMENTE POR LA MISMA JUEZ POR OTRA “INEFABLE

SENTENCIA

CONDENATORIA”

FECHA

29-01-14,

TAMBIÉN

SUPUESTAMENTE EN LA MADRUGADA; FINALMENTE FUÉ ADMITIDA EN AUDIENCIA, LA CORRESPONDIENTE APELACIÓN, YA MODIFICADA (LA LEY INDICA COMO MÁXIMO 10 DÍAS HÁBILES, MANTENIÉNDOSE EN CONSECUENCIA EL RETARDO PROCESAL), POR CAS2P DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, CONFORMADA POR TRES (3) MAGISTRADAS, QUE TENDRÁN QUE DILUCIDAR SOBRE LA CONTRADICTORIA SENTENCIA, (ME INFORMÓ UNO DE MIS ABOGADOS DEFENSORES QUE A FINALES DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS MAGISTRADAS FUÉ “SUSPENDIDA” Y NO HUBO NINGÚN TIPO DE DECISIÓN, ESTANDO LA CORTE SIN AUDIENCIAS HASTA PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE, CUANDO FUÉ SUSTITUIDA SU VACANTE POR UN NUEVO MAGISTRADO), ESPERANDO AHORA, NOSOTROS “LOS CONDENADOS”, QUE ÉSTAS DOS (2) RESPETABLES DAMAS DE LA JUSTICIA CONJUNTAMENTE CON EL DISTINGUIDO

MAGISTRADO

ENTRANTE,

TOMEN

SUS

DECISIONES

SOBERANAS,

APEGADAS A DERECHO, SIN NINGÚN TIPO DE CONTAMINACIÓN POLÍTICA Y EN LOS LAPSOS LEGALES CORRESPONDIENTES. POR OTRA PARTE ESPERO TAMBIÉN DE TAN DIGNA CORTE LE EXPIDA UNA ORDEN URGENTE AL DIRECTOR DEL PENAL INTERNADO JUDICIAL RODEO II, PARA QUE ME TRASLADEN AL HOSPITAL PÉREZ CARREÑO, Y ME PRACTIQUEN LA EVALUACIÓN FINAL PENDIENTE DESDE EL 07-12-15, SURGIDA COMO CONSECUENCIA DE UNA APARATOSA CAÍDA QUE ME OCURRIÓ EL 07-03-15, EN EL REFERIDO PENAL, DONDE ME TIENEN RECLUIDO ILEGALMENTE, (SECUESTRADO POLÍTICO), OCASIONÁNDOME DICHA CAÍDA EL DESPRENDIMIENTO DE LA RETINA DE MI OJO DERECHO, AFECCIÓN LA CUAL DESPUÉS DE MÚLTIPLES DILIGENCIAS Y SOLICITUDES

Página 108 DE MIS FAMILIARES, FUÉ ATENDIDA EN EL HOSPITAL PÉREZ CARREÑO EL 07-09-15, (6 MESES DESPUÉS DE LA CAÍDA), CUANDO YA LA RETINA SE HABÍA AUTOCICATRIZADO IRREGULARMENTE, LO QUE GENERÓ UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA COMPLEJA QUE DURÓ 5 HORAS APROXIMADAMENTE, EN LA CUAL LOS CIRUJANOS TRATARON EN LO POSIBLE DE REMEDIAR EL DAÑO CAUSADO, PERO QUE LAMENTABLEMENTE NO LOGRÓ REESTABLECER MI VISIÓN EN SU TOTALIDAD, AUNADO A QUE MIS TRASLADOS POSTERIORES AL REFERIDO HOSPITAL PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES EVALUACIONES, NO SE HICIERON CON LA REGULARIDAD REQUERIDA Y MUCHO MENOS EL ÚLTIMO QUE ESTABA PAUTADO PARA EL 07-12-15 Y QUE HASTA LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21, NO HA OCURRIDO, LO QUE HA OCASIONADO QUE MI VISIÓN DEL OJO DERECHO SE HAYA VISTO AFECTADA EN UN 50%, VIOLÁNDOSE EN CONSECUENCIA Y REITERADAMENTE MI DERECHO A LA SALUD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 83 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN. FINALMENTE LA CAS2P, SE ENCUENTRA DESARTICULADA POR DIFERENTES MOTIVOS: SUSPENSIONES, RENUNCIAS Y JUBILACIONES DE LOS NUEVOS MAGISTRADOS (AS), IGUALMENTE INFORMO QUE, A LA MISMA FECHA 30-03-16, EN QUE SE ADMITIÓ LA APELACIÓN, TENGO CUMPLIDOS MÁS DE 70 AÑOS, DE EDAD FÍSICA QUE AL COMPARARLA CON LA DE CUALQUIER OTRO ANCIANO DE 75 AÑOS SE CORRESPONDERÍA CON MI EDAD FISIOLÓGICA, OCASIONADA POR EL DESGASTE FÍSICO Y MENTAL, EL HACINAMIENTO, EL SUFRIMIENTO, LA FALTA DE AGUA POTABLE Y LA MALA ALIMENTACIÓN, LO QUE GENERA SEVERA INANICIÓN, SITUACIÓN QUE ES CONSTANTE EN TODAS LAS HORROROSAS Y ASQUEROSAS PRISIONES VENEZOLANAS, PARALELAMENTE TAMBIÉN CUMPLÍ MÁS DE 5 AÑOS, PRIVADO ILEGÍTIMAMENTE DE MI LIBERTAD POR LO QUE SOY BENEFICIARIO, DESDE EL MISMO 30-03-16, DE QUE ME OTORGUEN MI DERECHO A LIBERTAD PLENA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL QUE ES CLARO, PRECISO E INMEDIATO, AUNQUE EN REALIDAD LO QUE ME CORRESPONDE LEGALMENTE, ES EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, DESDE EL MISMO DÍA DE MI PRESENTACIÓN ANTE EL T04CP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, LO CUAL, COMO ES SABIDO, NO OCURRIÓ, POSTERIORMENTE TAMBIÉN CUANDO COMENZARON A JUZGARME ILEGALMENTE POR EL FALSO DELITO CREADO POR LA FGR CON FINES POLÍTICOS COMO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINS 47, DENOMINADO “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, ANTE EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA

CARACAS,

TRIBUNAL

ÉSTE

QUE

DEBIÓ

DECIDIR

POR

SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Y MÁS DE DOS AÑOS DESPUÉS, CUANDO SUCEDIÓ EL DECAIMIENTO DEL JUICIO, EN EL MISMO T28JP, POR RETARDO PROCESAL, COMO SEÑALABA EL DEROGADO ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VIGENTE, CUANDO COMENZÓ EL JUICIO EN EL AÑO 2011, “…SI A LOS 2 AÑOS EL PROCESADO NO HA SIDO SENTENCIADO DEBE SER PUESTO EN LIBERTAD AL DÍA SIGUIENTE, SI LA FISCALÍA NO HA SOLICITADO LA PRORROGA…”; ARTÍCULO EL CUAL TAMBIÉN ME AMPARA Y TAMPOCO FUÍ PUESTO EN LIBERTAD, VIOLÁNDOSEME EN CONSECUENCIA Y COMO LO EXPLIQUÉ ANTERIORMENTE, LA MAYORÍA DE LOS ARTÍCULOS QUE ME AMPARAN EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES DE MI PAÍS Y EN ESPECIAL, LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE) APROBADA CASUALMENTE ACÁ EN VENEZUELA Y PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL 2955-E, DE LA REPÚBLICA DE

Página 109 VENEZUELA EL 11-05-82 Y TAMBIÉN COMO SEÑALÉ ANTERIORMENTE, EL DERECHO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 48 DEL COP QUE PRECISA EXPRESAMENTE: “…Artículo 48. A los setenta años termina toda pena corporal que hubiere durado por lo menos cuatro años y la que para entonces hubiere durado menos y estuviere en curso, se convertirá en arresto, si es de presidio, o prisión hasta que transcurran los cuatro años. Las providencias del caso las dictará el juez de Primera Instancia en lo penal que hubiere conocido del proceso…”. 15) CONTINUANDO CON EL ENREVESADO CASO BANDAGRO PUDE INFORMARME QUE: a) EL LUNES 25-07-16, APARECIÓ EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL LA SORPRENDENTE NOTICIA QUE SEÑALABA: “VENEZUELA GANÓ JUICIO POR CASO BANDAGRO EN UN TRIBUNAL ESTADOUNIDENSE”. INFORMACIÓN ÉSTA, EMANADA DE LA PGR EN SU NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN PRIMERA PLANA EN EL DIARIO “ULTIMAS NOTICIAS”, SIENDO ESTA MISMA PGR COMO YA LO HEMOS INFORMADO REPETIDAS VECES, LA QUE CONVALIDÓ EL INFORME DEL MF DEL 08-08-03, DONDE SE DEMOSTRÓ FEHACIENTEMENTE QUE LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, NO SON FALSAS Y HAY QUE PAGARLAS, CONVIRTIÉNDOLO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME EL 03-10-03, DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL MF Y POR LO TANTO DEUDA EXTERNA DE NUESTRO PAÍS, LO QUE DEBIÓ SER DEL CONOCIMIENTO DE ESE TRIBUNAL FEDERAL ESTADOUNIDENSE, POR SER PRUEBA IMPORTANTÍSIMA QUE FORMA PARTE DEL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DEL REFERIDO JUICIO Y CUYO DICTAMEN DE LA PGR, SIGUE VIGENTE POR SER, REPITO, VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME Y COMO TAL DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MF, DE NUESTRO PAÍS, RAZÓN POR LA CUAL ES QUE NOS SORPRENDE LA AMBIGUA DECISIÓN DEL REFERIDO TRIBUNAL ESTADOUNIDENSE. NOTICIA ÉSTA QUE EN ESPECIAL A MÍ ME CREA SENTIMIENTOS ENCONTRADOS, PORQUE COMO VENEZOLANO QUE SOY, ME COMPLACERÍA MUCHO QUE MI PAÍS NO SEA CONDENADO A PAGAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES, ORIGINADOS POR UN FRAUDE COMETIDO POR SUS PROPIOS ALTOS FUNCIONARIOS EL 17-02-82, COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 35 Y LO SIGO RATIFICANDO REITERADAMENTE, PERO POR OTRA PARTE ME PREOCUPARÍA, PORQUE COMO APODERADO QUE SOY DE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A., PRESIDENTE DE MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A. Y PARTE EN LA CAUSA DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC (PRINCIPAL “PERJUDICADA” EN LA REFERIDA DECISIÓN), POR SER ÉSTAS EMPRESAS Y TAMBIÉN EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., LA FUNDACIÓN TOVAR, LATIN CONSULT-VENOSPA LLC Y LA SUCESIÓN BIGLES CASTRO (†), VÍCTIMAS DEL FAMOSO CASO BANDAGRO, AL HABER ADQUIRIDO EN DIFERENTES FECHAS Y OPORTUNIDADES, EN TRANSACCIONES MERCANTILES Y FINANCIERAS LEGÍTIMAS Y DE BUENA FE, PN DE LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, QUE NO SON FALSAS, Y QUE FUERON FIRMADAS Y APROBADAS POR LAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS DEL AHORA EXTINTO BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO) EL 07-12-81, Y COLOCADAS EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL EL 17-02-82, EN ESPECIAL POR EL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†), A CUYA FIRMA SE LE

Página 110 HICIERON EN DIFERENTES FECHAS, CUATRO (4) EXPERTICIAS INDUBITABLES CITADAS ANTERIORMENTE, QUE DEMUESTRAN QUE EL INTERVENTOR SÍ FIRMÓ LAS TANTAS VECES MENCIONADAS PN, LAS CUALES FUERON EMITIDAS LEGALMENTE Y DE CONFORMIDAD CON LA PROPIA LEY DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO), Y LA LEY DE CRÉDITO PÚBLICO VIGENTES PARA LA FECHA, GARANTIZANDO ADEMÁS SU PAGO MEDIANTE OFICIO H-733 DE FECHA 05-11-81, REFERIDO EN CADA UNA DE LAS NOTAS Y FIRMADO POR EL ENTONCES, MINISTRO DE HACIENDA LUIS UGUETO ARISMENDI, EN EL GOBIERNO DE LUIS HERRERA CAMPINS (†), EN EL QUINQUENIO 79/84, QUE SE CARACTERIZÓ, POR SER UNO DE LOS GOBIERNOS MÁS CORRUPTOS DE NUESTRA HISTORIA Y CUYAS MENCIONADAS LEYES, EN ESPECIAL EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE CRÉDITO PÚBLICO, PERMITÍAN A LOS BANCOS DEL ESTADO, EN ESTE CASO BANDAGRO, ENDEUDARSE SIN MAYORES REQUISITOS Y EN MONEDA EXTRANJERA, EN ESA OPORTUNIDAD DÓLARES ESTADOUNIDENSES, PARA SER UTILIZADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS INHERENTES AL PROPIO BANCO, QUE EN EL TEMA QUE NOS OCUPA CONSISTIÓ EN EMITIR 57 PN (PAGARÉS O BONOS), PARA CONSEGUIR RECURSOS QUE SERÍAN INYECTADOS AL BANCO INTERVENIDO (BANDAGRO), PARA LOGRAR SU RECUPERACIÓN Y REINSERCIÓN EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, OPERACIÓN LA CUAL FUÉ EJECUTADA A CABALIDAD, MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN LOTE DE 57 PN, DE DIFERENTES DENOMINACIONES, POR UN VALOR NOMINAL DE 1.605MMUS$, AL PORTADOR, A DIEZ (10) AÑOS Y UN (1) DÍA DE PLAZO, CON FECHA DE EMISIÓN 07-12-81, FECHA DE VENCIMIENTO 08-12-91 COLOCADAS A DESCUENTO PARA QUE NO GENERARAN INTERÉS (CERO CUPÓN), FIRMADAS POR LAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS DE BANDAGRO, EN ESPECIAL POR EL INTERVENTOR, WALDEMAR CORDERO VALE (†), CON SUS RESPECTIVOS SELLOS HÚMEDOS, CON EL SELLO SECO DEL BANCO IMPRESO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE CADA TÍTULO, QUE CONSTAN DE UN PLIEGO DE PAPEL DE SEGURIDAD TIMBERLAND SAFETY QUE FORMA 2 HOJAS DE 4 PÁGINAS, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y MODELOS ICC-290 E ICC-322 DE COLORES OCRE Y VERDEOSCURO RESPECTIVAMENTE, QUE SUMINISTRA LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PARÍS (CLUB DE PARÍS), CUYAS SIGLAS EN INGLES ICC, SON LAS QUE SE ANTEPONEN A LOS MODELOS 290 Y 322 Y DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES SUIZAS, QUE ERAN LAS RECTORAS PARA LA EMISIÓN DE DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES REQUIRENTES, VIGENTES PARA LA FECHA DE EMISIÓN 07-12-81, (HACE 39 AÑOS) REUNIENDO TODA ESTA INFORMACIÓN ENCABEZADA POR EL NOMBRE DEL INSTITUTO EMISOR Y SU ACRÓNIMO, EN ESTE CASO EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO) E IMPRIMIÉNDOLA EN IDIOMA INGLÉS, EN LA CARATULA DE CADA UNO DE LOS TÍTULOS, EN TINTA NEGRA Y DENTRO DE UNA ORLA, POR SU PARTE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO EMISOR BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO), EMITIERON LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS 57 PN, DE CONFORMIDAD CON ESAS NORMAS Y MODELOS, Y DE ACUERDO TAMBIÉN CON LA PROPIA LEY DEL BANCO EN SUS ARTÍCULOS 31, 42 Y 46, Y LA LEY DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, VIGENTE PARA ESTA FECHA, QUE EN SU ARTÍCULO 51, QUE PERMITÍA A LOS BANCOS DEL ESTADO, EN ESA OPORTUNIDAD BANDAGRO, ENDEUDARSE EN MONEDA EXTRANJERA, EN ÉSTE CASO DÓLARES ESTADOUNIDENSES, DIRECTAMENTE Y SIN MAYORES REQUISITOS, SOLAMENTE ESTABAN OBLIGADOS A INFORMAR EN ESE ENTONCES AL MH Y AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE LA OPERACIÓN EFECTUADA, PARA QUE TOMARAN LAS PREVISIONES PERTINENTES PARA SU PAGO AL VENCIMIENTO DE LAS 57 PN Y ASÍ LO HICIERON, CUYA COPIA DE UNA DE LAS MISMAS, CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA CASTELLANO REPRODUZCO, A CONTINUACIÓN:

Página 111

Página 112 “Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro). Pagaré (I.C.C.- 322). Pagaré Nº____. Ref. Nº 733. Código Caroní. Acordamos la responsabilidad total del contenido de este pagaré como sigue: Fecha de emisión: 07 de diciembre de 1981. Fecha de vencimiento: Diez años a partir de la fecha de emisión y un (1) día. Por valor recibido, nosotros los suscritos: ELBANO FONTANA NIEVES, GERENTE GENERAL Y PASCUAL PUIGBO MORALES, ASESOR LEGAL Y ADMINISTRATIVO, aquí irrevocable e incondicionalmente, sin protesto ni aviso, prometemos pagar contra este pagaré, a la orden del portador o del propietario a la fecha de vencimiento y un día a partir de la fecha de emisión, o sea el 08 de diciembre de 1991, la suma de VEINTICINCO MILLONES DE DOLARES en moneda legal de los Estados Unidos de América (US $ 25.000.000,00, Dólares Americanos). Este pagaré es neto y libre de deducciones en relación a cualquier impuesto, contribución, recaudaciones o deberes presentes o futuros de cualquier naturaleza, impuestos bajo las leyes del gobierno de la REPUBLICA DE VENZUELA, bancos gubernamentales o cualquier subdivisión política de aquél o aquellos. El Prestatario promete que si se hace necesario hacer tales deducciones, entonces tendrá que pagar tantos montos adicionales como sea necesario para asegurar que la nueva suma recibida por el prestamista sea igual al monto neto de este pagaré. Los términos y condiciones de este pagaré se regirán y constituirán de acuerdo con las leyes de Suiza y también por medio de las regulaciones de la Cámara Internacional de Comercio en París y el Consejo de los Estados Unidos de la Cámara Internacional de Comercio, Folleto “322”, última edición. La presente revisión de las Regulaciones Uniformes para Recolecciones, fechadas el primero de enero de 1979, sustituye al No. 254 de la publicación I.C.C., la omisión del poseedor de éste, en ejercer todos los derechos aquí estipulados de ninguna manera constituirá un privilegio en aquello o en ninguna otra instancia. El prestatario por medio de la presente certifica y declara que todos los actos, condiciones y hechos que han ocurrido con anterioridad a la creación y emisión de este pagaré los constituyen en una obligación válida del prestamista de acuerdo con los términos que han sido formulados y acordados. Y además sujeta a las regulaciones de (fuerza mayor) y la Cámara Internacional de Comercio de París, Francia, folleto “322” última edición revisada y a todos los derechos que se derivan de la propiedad de este pagaré que es libremente transferible, negociable y divisible. Prestatario: BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. (BANDAGRO). Por: (fdo.) ELBANO FONTANA NIEVES. Gerente General. Por: (fdo.) PASCUAL PUIGBO MORALES. Asesor Legal y Administrativo. Garantía Colateral: Yo, Waldemar Cordero Vale, venezolano, con Pasaporte Diplomático Nº 659/79, en virtud de los poderes que como Interventor del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. (BANDAGRO) he recibido del Ministro de Hacienda de la República de Venezuela, por la presente irrevocable e incondicionalmente garantizo el pago de este pagaré en su fecha de vencimiento y confirmo que todos los compromisos de BANDAGRO tienen el soporte explícito del Gobierno Nacional de la República de Venezuela, de acuerdo a la carta del Ministro de Hacienda número 733, fechada el 05 de noviembre de 1981. (fdo.) WALDEMAR CORDERO VALE. Interventor”. A continuación transcribo la carta firmada por el Ministro de Hacienda No. H-733, cita textual: “REPUBLICA DE VENEZUELA. Ministerio de Hacienda. Caracas, 5 de Nov. 1981, Señores BANCO POPOLARE COMERCIO E INDUSTRIA. MILANO- ITALIA Presente.- Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de notificar por escrito el compromiso verbal que en reunión celebrada con representantes de Bancos extranjeros se anunció en las oficinas del Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO), en fecha 15 de Enero del presente año. En la mencionada reunión, el Vice- Ministro de Hacienda en representación del Estado Venezolano manifestó la decisión del Gobierno Nacional de respaldar los compromisos que tuviera el citado instituto bancario con inversionistas nacionales ó extranjeros, decisión que en esta oportunidad me permito ratificar. Al agradecer su atención y esperando que ese instituto continúe brindando la confianza puesta hasta ahora en Bandagro, me es grato suscribirme. Atentamente, (fdo.) LUIS UGUETO Ministro de Hacienda”.

Página 113 ESTAS 57 PN FUERON COLOCADAS A DESCUENTO PARA QUE NO GENERARAN INTERESES, AL GRUPO NACIONAL DE INVERSIONISTAS REPRESENTADO POR EL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO GUILLERMO AAGAARD SALAZAR Y POR LO CUAL SE OBTUVIERON DIVISAS POR 200MMUS$, QUE SUPONEMOS, LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO ESTIMARON SUFICIENTES PARA RECUPERAR EL BANCO QUEBRADO Y

REINSERTARLO

NUEVAMENTE

SISTEMA

BANCARIO

NACIONAL

POSTERIORMENTE CANCELAR LA CREADA OBLIGACIÓN FINANCIERA QUE VENCERÍA EL 08-12-91 (10 AÑOS Y 1 DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DE EMISIÓN 07-12-81). LA REFERIDA OPERACIÓN SE MATERIALIZÓ EL 17-02-82, AL RECIBIR LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO LOS 200MMUS$ POR LA COLOCACIÓN DE LAS 57 PN CON UN VALOR NOMINAL DE 1.605MMUS$, ESPECIFICANDO LA MISMA, MEDIANTE LA EMISIÓN Y OTORGAMIENTO DE UN RECIBO MEMBRETADO DE LA PRESIDENCIA DEL BANCO, FIRMADO POR WALDEMAR CORDERO VALE (†) COMO INTERVENTOR Y POR ELBANO FONTANA NIEVES COMO GERENTE GENERAL, EL CUAL FUÉ ENTREGADO AL COMPRADOR ALFREDO AAGAARD, COMO PRUEBA DE HABER RECIBIDO ELLOS LOS 200MMUS$ Y ÉL DE HABERLE SIDO ENTREGADAS LAS 57 PN, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y LEGALIZADAS CON UN VALOR NOMINAL DE 1.605MMUS$ Y CON VENCIMIENTO EL 08-12-91. RECIBO EL CUAL A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21 Y A MÁS DE 39 AÑOS DE HABER SIDO EMITIDO, JAMÁS HA SIDO IMPUGNADO LEGALMENTE POR NINGUNO DE SUS FIRMANTES, NI POR NINGUNA OTRA AUTORIDAD DE LA RBV Y SE ENCUENTRA AUTENTICADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DEL MUNICIPIO CHACAO, EN FECHA 10-08-10, BAJO EL # 79, DEL TOMO 22, DE LOS LIBROS LLEVADOS POR ESA NOTARÍA, SIENDO EN ESA FECHA 17-02-82, COMO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 35, CUANDO EN REALIDAD SE COMETIÓ EL FRAUDE A LA NACIÓN, QUE SE MANTUVO OCULTO HASTA LA FECHA DEL VENCIMIENTO DE LAS 57 PN EL 08-12-91, YA QUE LOS INTERVENTORES DE BANDAGRO, COMO IGUALMENTE INFORMÉ, NO ENTERARON EN LAS ARCAS DEL BANCO LOS 200MMUS$ RECIBIDOS, LOS CUALES FUERON “DESVIADOS O DISTRAÍDOS” Y OBVIAMENTE NO SE DEJÓ NINGÚN TIPO DE REGISTRO CONTABLE, NI DE NINGUNA OTRA NATURALEZA, SINO SOLAMENTE EL RECIBO ANTERIORMENTE DESCRITO Y LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, YA ENTREGADAS AL COMPRADOR INICIAL ALFREDO GUILLERMO AAGAARD SALAZAR Y CIRCULANDO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VALORES Y PERFECTAMENTE IDENTIFICADAS EN EL SEÑALADO RECIBO, LO QUE MOTIVÓ QUE EL DESAFORTUNADO BANCO INTERVENIDO NO FUERA RECUPERADO, SINO MÁS BIEN CONDENADO A SU LIQUIDACIÓN, LA CUAL OCURRIÓ AÑOS MÁS TARDE Y SUS ACTIVOS Y PASIVOS FUERON ASUMIDOS POR EL MH DE ESE ENTONCES, ANTECESOR DEL ACTUAL MF. ES IMPORTANTE TAMBIÉN RESALTAR QUE A PARTIR DEL MISMO AÑO DE 1982, EN QUE SE VENDIERON AL INVERSIONISTA ALFREDO GUILLERMO AAGAARD SALAZAR LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81,

QUE

ESTUVIERON

CIRCULANDO

MERCADO

SECUNDARIO

INTERNACIONAL DE VALORES, HASTA SU VENCIMIENTO EL 08-12-91 Y CON LA DELIBERADA INTENCIÓN DE CONFUNDIR AÚN MÁS LA MAQUIAVÉLICA OPERACIÓN FINANCIERA, COMENZARON A CIRCULAR EN EL MISMO MERCADO SECUNDARIO INTERNACIONAL DE VALORES, OTRAS PN FALSAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A

Página 114 LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, ADQUIRIDAS

LEGÍTIMAMENTE

POR

INVERSIONISTA

ALFREDO GUILLERMO

AAGAARD SALAZAR EL 17-02-82; DEBEMOS RECORDAR NUEVAMENTE QUE CUANDO SE HABLA DE: BILLETES FALSOS, BONOS FALSOS, OBRAS DE ARTE FALSAS, ETC, ES PORQUE EXISTEN ESPECÍMENES ORIGINALES Y AUTÉNTICOS DE LOS CUALES GENERALMENTE

CREAN

LAS

FALSIFICACIONES,

QUE

FUÉ

QUE

INDUDABLEMENTE SUCEDIÓ CON LAS REFERIDAS PN FALSAS, QUE FUERON EN LAS QUE SE BASÓ LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, PARA CONDENARME, COMO SE SEÑALA EN EL FOLIO 196 DEL RESUMEN DE LA CAS2P, EN LA PÁGINA 329, PUES LAS ORIGINALES, REPITO, NUNCA LAS HAN VISTO LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE NUESTRO PAÍS, QUE NOS ENJUICIARON, NI LOS “EXPERTOS GRAFÓLOGOS” QUE TESTIMONIARON EN EL JUICIO, PRESENTADAS EN DIFERENTES AUDIENCIAS DEL “OPROBIOSO

JUICIO PENAL” QUE

NOS

SIGUIÓ, EN

EL T28JP

DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE DEBEN CONFUNDIR Y MUCHO MENOS MANTENER UNA MATRIZ DE OPINIÓN DE QUE TODAS LAS PN SON FALSAS, COMO TAMPOCO SE PUEDE PRETENDER QUE, POR EL HECHO DE QUE LOS BILLETES DE CIEN DÓLARES ($100), EMITIDOS LEGALMENTE POR LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA LOS FALSIFICAN, ENTONCES TODOS LOS BILLETES DE CIEN DÓLARES ($100) QUE EMITEN LOS MISMOS EEUU SON FALSOS; SERÍA INSÓLITO Y ES ESO LO QUE ESTÁ OCURRIENDO CON LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, A PARTIR DE SU VENCIMIENTO EL 08-12-91, QUE PRESENTAN UNA TRADICIÓN LEGAL PERFECTA Y UN SOPORTE DOCUMENTAL LEGAL E INDISCUTIBLE, COMO LO SEÑALÉ EN LA PÁGINA 47, ADEMÁS DEL RECONOCIMIENTO INDUBITABLE DE GOBIERNOS ANTERIORES

LOS

ORGANISMOS

COMPETENTES

ESTE

“GOBIERNO

REVOLUCIONARIO” EN EL AÑO 2003, COMO LO SON EL MF EN SU INFORME DEL 08-08-03 Y LA PGR EN SU DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME DEL 03-10-03. MIENTRAS TANTO, EL CONSUMADO FRAUDE SE MANTUVO OCULTO HASTA EL 08-12-91, CUANDO SE VENCIERON LAS TANTAS VECES MENCIONADAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y ES EL MOMENTO EN QUE LOS REPRESENTANTES DE KAMI, S.A., PRESTAMISTA DEL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., EL MISMO GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., SUCESORA DE LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA

TRIAD

FINANZIARIA

SPA,

QUE

COMO

HEMOS

EXPLICADO

ANTERIORMENTE, HABÍA ADQUIRIDO LEGÍTIMAMENTE Y DE BUENA FE EL 05-10-87, DEL COMPRADOR INICIAL EL TRADER VENEZOLANO-FRANCÉS ALFREDO AAGAARD, 49 PN POR 1.495MMUS$ DE LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO el 07-12-81 Y PROBABLEMENTE TAMBIÉN OTROS INCAUTOS COMPRADORES DE NOTAS TOTALMENTE FALSAS, ACUDIERON EN ESE ENTONCES A DIFERENTES ORGANISMOS DEL ESTADO VENEZOLANO PARA HACER EFECTIVAS SUS NOTAS, RECIBIENDO COMO RESPUESTA QUE LAS MISMAS ERAN FALSAS Y ES CUANDO SE CONOCE EL FRAUDE Y SE CREA LA MATRIZ DE OPINIÓN DE QUE TODAS LAS PN SON FALSAS, OPINIÓN QUE SE HA MANTENIDO EN EL TIEMPO, A PESAR DE QUE SE HA DEMOSTRADO Y COMPROBADO FEHACIENTEMENTE, EN ESPECIAL POR ESTE MISMO “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, REPETIMOS, EN EL INFORME DEL MF DEL 08-08-03,

Página 115 CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR LA PGR EL 03-10-03, QUE DETERMINÓ QUE LAS 57 PN EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, SON LAS ORIGINALES Y AUTÉNTICAS Y POR LO TANTO, NO SON FALSAS Y HAY QUE PAGARLAS. POR OTRA PARTE ACLARAMOS NUEVAMENTE QUE FUÉ EL 05-10-87, CUANDO EL INVERSIONISTA ALFREDO AAGAARD, DESPUÉS DE HABER MANTENIDO POR MÁS DE CINCO (5) AÑOS, BAJO SU EXCLUSIVA PROPIEDAD Y CUSTODIA LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, ADQUIRIDAS LEGALMENTE DE BANDAGRO EL 17-02-82, DECIDIÓ VENDER LEGÍTIMAMENTE Y DE BUENA FE, 49 PN DE LAS MISMAS A LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, POR LA CANTIDAD DE 239MMUS$, CON UN VALOR NOMINAL DE 1.495MMUS$, MEDIANTE DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EL 05-10-87, EN LA CIUDAD DE LONDRES-INGLATERRA, MANTENIENDO BAJO SU PROPIEDAD Y CUSTODIA LAS OCHO (8) RESTANTES A SU VALOR NOMINAL DE 110MMUS$, QUE COMPLETAN LA CANTIDAD DE 57 PN POR UN VALOR TOTAL DE 1.605MMUS$ ADQUIRIDAS POR ÉL LEGÍTIMAMENTE Y DE BUENA FE DE BANDAGRO EL 17-02-82. POSTERIORMENTE EN EL AÑO 1990, COMO TAMBIÉN HEMOS EXPLICADO, LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, CEDIÓ A SU SUCESORA LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., LA TOTALIDAD DE LAS 49 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BADAGRO EL 07-12-81, CON UN VALOR NOMINAL DE 1.495MMUS$, ADQUIRIDAS EL 05-10-87, Y ÉSTA A SU VEZ A TRAVÉS DE DISTINTAS OPERACIONES MERCANTILES Y FINANCIERAS, LEGÍTIMAS Y DE BUENA FE, TRASPASÓ EN DIFERENTES FECHAS Y MODALIDADES ALGUNAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BADAGRO EL 07-12-81, A LAS EMPRESAS QUE ACTUALMENTE LAS DETENTAN, A SABER: KAMI, S.A., QUE EL 30-04-08 CEDIÓ EN PANAMÁ A INVERSIONES INALCA, C.A. 125MMUS$; FUNDACIÓN TOVAR 75MMUS$; SUCESIÓN BIGLES CASTRO (†) 25MMUS$; SKYE VENTURES LLC 150MMUS$ Y LATIN CONSULT-VENOSPA LLC 100MMUS$, FORMANDO PARTE TODAS ÉSTAS PN DEL RECLAMO FORMAL DE COBRO, COMO TAMBIÉN HEMOS INFORMADO, EJECUTADO DEFINITIVAMENTE POR EL ABOGADO MIGUEL JACIR EN SU CARÁCTER DE APODERADO DEL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., EL 03-04-03, ANTE EL MF, RECLAMO QUE CONCLUYÓ FAVORABLEMENTE, COMO LO HEMOS EXPLICADO TANTAS VECES EL 08-08-03, EN EL MÁS EXHAUSTIVO Y COMPLETO INFORME DE ESE MF A FAVOR DE LOS RECLAMANTES Y QUE EL 03-10-03, FUÉ CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME POR LA PGR, QUE SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MF DE LA RBV. MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES NOS RESULTA INCONCEBIBLE CREER QUE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, HAYA PERDIDO EN UN TRIBUNAL FEDERAL DE LOS EEUU, EN TAN SOLO 5 MESES, EL JUICIO QUE DURANTE MÁS DE 12 AÑOS, HABÍA GANADO EN TODAS LAS INSTANCIAS DE LOS TRIBUNALES DE OHIO, QUE CULMINÓ EN LA CORTE DE APELACIONES DE ESE ESTADO CON LA APROBACIÓN UNÁNIME DE LOS MAGISTRADOS QUE LA CONFORMABAN, DECIDIENDO EN CONSECUENCIA REMITIRLO A LAS MANOS DEL JUEZ FEDERAL SUPERIOR JOHN D. HOLSCHUH PARA QUE TOMARA LA DECISIÓN FINAL Y NO SABEMOS POR QUÉ MOTIVOS FUÉ A PARAR A LAS MANOS DEL JUEZ FEDERAL EDMUND SARGUS, CUYO RESUMEN DEL JUICIO TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN:

Página 116 CRONOLOGÍA DEL JUICIO DE SKYE VENTURES LLC. EN LA CORTE FEDERAL DE COLUMBUS, EN OHIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

13-08-04: Vistas las falsedades e inconsistencias del MF y de la PGR, en sus informes revocatorios de fechas: 17-11-03 y 08-12-03 respectivamente y la decisión soberana del TSJ de declarar el amparo solicitado contra el MF Tobías Nóbrega Suárez como inadmisible, los representantes de la empresa SKYE VENTURES LLC, quienes habían comprado al GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., amparados por el informe del MF de fecha 08-08-03 convertido en Dictamen de la PGR de fecha 03-10-03, tres (3) PN emitidas por BANDAGRO el 07-12-81, Modelo ICC 322, Código Caroní, Serie “12”, Nos. 7/12, 8/12 y 9/12, con un valor nominal de 50MMUS$ c/u, para un total de 150MMUS$; a través de sus abogados demandaron a la República Bolivariana de Venezuela solo por el cobro de las PN 7/12 y 8/12, por 100MMUS$ en la Corte Federal de Columbus del Estado de Ohio en los EEUU. El 09-03-06, el Magistrado TERRENCE KEMP, de la Corte Federal de Columbus del Estado de Ohio en los EEUU, señala que la empresa SKYE VENTURES LLC, tiene razón en su reclamo y que la República Bolivariana de Venezuela tiene que pagar las PN ICC-322, Código Caroní, Nos. 7/12 y 8/12, por 50MMUS$ c/u, más los intereses moratorios de 15 años, el ajuste por inflación, las costas procesales, los honorarios de abogados, etc., lo cual estaría

por

orden

los

SETECIENTOS

MILLONES

DÓLARES

ESTADOUNIDENSES (700MMUS$) aproximadamente, no obstante, este fallo fué apelado por los abogados de la República Bolivariana de Venezuela. El 13-09-06, el Juez Federal Superior JOHN D. HOLSCHUH de la Corte de Distritos de los EEUU, para la División Este del Distrito Sur de Ohio, sentenció el caso de SKYE VENTURES LLC (Exp.2:04-cv0973) y rechazó la apelación de los abogados de la República Bolivariana de Venezuela contra el fallo del Magistrado TERRENCE KEMP, donde se reconoció que conforme a las leyes venezolanas y el derecho internacional, está probada la legitimidad de la emisión de las PN, producidas por BANDAGRO el 07-12-81 y por lo tanto es obligatorio su pago. El 17-11-06, el Juez Federal Superior JOHN D. HOLSCHUH de la Corte de Distritos de los EEUU, para la División Este del Distrito Sur de Ohio, a través de la apoderada externa de la PGR, la Abogada Esther Biggot de Loaiza, envió un cuestionario al Ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega Suárez, requiriendo respuesta a varias interrogantes, de lo cual más nada se supo. Actualmente se está dilucidando sobre la Jurisdicción del caso. El 02-05-07, Venezuela, habiendo perdido todos los intentos por sobreseer el caso, despidió a los abogados del escritorio Ruden McClosky (quienes posteriormente demandaron a la RBV, por cobro de honorarios) y contrató unos nuevos abogados, el escritorio estadounidense Arnold & Porter. Los nuevos abogados después de demorar el caso tratando de lograr un sobreseimiento, apelaron sobre la base de “Tribunal incompetente” el Magistrado les negó la moción de apelación y ésta fué apelada nuevamente ante la Corte de Distritos de los EEUU, para la División Este del Distrito Sur de Ohio y se encuentra actualmente pendiente por decisión. Casi simultáneamente, Venezuela presentó otra moción que llamaron “moción de emergencia” buscando la aprobación de todos los argumentos urgidos por la Procuradora basados en la decisión del TSJ (Recurso de Interpretación), con lo cual supuestamente la decisión del 03-10-03 de la Procuradora quedaba anulada. Skye respondió a esta moción de emergencia, con declaraciones juradas de venezolanos expertos en derecho y una extensa documentación donde se evidencia que las decisiones de la Procuraduría del 03-10-03, más bien han sido apoyadas por el TSJ, al haberse cumplido a cabalidad el Procedimiento Administrativo previo a las acciones contra la República, de acuerdo a los artículos 54 al 60 de la LOPGR y en consecuencia apoyan a Skye en que son vinculantes y definitivas. Los abogados de Skye esperan la decisión de la Corte en poco tiempo. A Venezuela se le

Página 117 solicitará que presente documentos oficiales y testigos para ser presentados en este caso, Skye considera que esto será problemático para Venezuela. El 27-05-08, el Juez Federal Superior JOHN D. HOLSCHUH de la Corte de Distritos de los EEUU, para la División Este del Distrito Sur de Ohio, decidió que existían elementos de hecho y derecho que necesitan ser aclarados y recomienda determinar la jurisdicción en primer lugar y cedió a las partes 30 días adicionales con 30 días de prórroga, para que introduzcan nuevos elementos de pruebas y en consecuencia decidir. En este exhorto se desprende que el juez asume que las PN son válidas y solo falta decidir sobre la jurisdicción. Según los expertos en interpretación de decisiones de jueces estadounidenses, Venezuela debería entender que esta es una ventana para reflexionar sobre lo que se le avecina en términos de costos económicos y políticos y sobre esta reflexión sentarse con la contraparte y llegar a un acuerdo amistoso, seguir esta pelea es querer gastar más divisas y continuar con el daño al patrimonio Nacional. El 13-02-09, el Juez Federal Superior JOHN D. HOLSCHUH de la Corte de Distritos de los EEUU, para la División Este del Distrito Sur de Ohio, mediante una decisión trascendental, transparente y estrictamente apegada a derecho, decidió de manera concluyente que, asumiendo que las Notas Promisorias emitidas por Bandagro son válidas, la República Bolivariana de Venezuela no es inmune a la jurisdicción de esa Corte bajo el “Acta de Inmunidades de Soberanía Extranjeras”, por haber ejecutado actividad comercial y que la doctrina de fórum non conveniens (foro no conveniente), no obliga al desecho del caso, de modo que la “moción” planteada por los Demandados en base a los temas de jurisdicción y fórum non conveniens fué DENEGADA. Conforme a esta opinión, pareciera que todos los argumentos de los abogados representantes de Venezuela fueron prácticamente rebatidos en esta sentencia, quedando Venezuela en una posición muy precaria para la continuación del juicio, que en nuestra opinión llegó a su fase final a favor de los demandantes y a Venezuela no le queda otra opción que pagar. El 29-04-09, la Corte de Distritos de los EEUU, para la División Este del Distrito Sur de Ohio, admitió el caso de LATIN CONSULT-VENOSPA LLC, donde la misma presentó como prueba contundente el documento de INVERSIONES INALCA, C.A., en el cual ésta adquiere por cesión, todos los derechos sobre los BONOS BANDAGRO, que le traspasa la empresa Panameña KAMI, S.A., como se explica en la página 47 y lo anexa como documento probatorio # 13, identificado con el # 163 en el Doket Report, para ser considerado como prueba importante en el caso de la demanda incoada por SKYE VENTURES LLC., cuyas sentencias generarán indiscutiblemente jurisprudencia a favor de INVERSIONES INALCA, C.A., en caso de que tenga que demandar, por tratarse de PN, de iguales características a las de SKYE VENTURES LLC. y LATIN CONSULT-VENOSPA LLC, quién fué la que lo presentó, pues en ese documento Venezuela reconoce y aprueba una vez más las PN, emitidas legalmente por BADAGRO el 07-12-81, cedidas por KAMI, S.A., a INALCA, C.A., en documento indubitable como lo expliqué en la página 48, y con una fortaleza legal indiscutible, no obstante, los abogados de la RBV, siguen apelando y contratando nuevos bufetes estadounidenses, ocasionándole a la Nación el desembolso de grandes cantidades de dinero ($) en honorarios de abogados para su absurda defensa por unas demandas que nunca debieron ocurrir y en las cuales los interesados tienen todas las posibilidades de que las decisiones les sean favorables, en un tiempo relativamente corto. El 23-09-10, la Corte de Apelaciones para el Sexto Circuito del estado de Ohio en los EEUU, falló en contra de Venezuela en su apelación sobre la Jurisdicción, rechazando los argumentos del gobierno venezolano y reenviando el caso nuevamente al Juez Federal Superior JOHN D. HOLSCHUH, para que continúe los actos procesales y tome su decisión definitiva. El 15-12-10, la Corte de Apelaciones en Sala Plena ratificó que: "Habiendo recibido la petición de una nueva audiencia por parte de

Página 118 Venezuela, con la participación de todos los jueces (23), de los cuales ninguno voto a favor de Venezuela, esta Corte concluye que los elementos expuestos en tal petición fueron considerados totalmente en la audiencia original, por lo tanto, la petición queda negada y la primera decisión firme". Analizado lo anterior, Venezuela perdió el juicio de legalidad, o sea, la jurisdicción y el fórum non conveniens. Esto se traduce que ahora, el juicio de mérito se desarrollará en la Corte Federal de Columbus, Ohio, USA, a cargo del Juez Federal Superior JOHN D. HOLSCHUH, quien ya tiene su criterio formado y decidirá a favor de SKYE VENTURES LLC, dando por finalizado el juicio y creando JURISPRUDENCIA a favor de todos los otros reclamantes de PN emitidas por BANDAGRO el 07-12-87, con las graves consecuencias que esto acarreará para la RBV. El 15-03-11, los abogados de la RBV, apelaron a la última instancia que es la CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS, la cual decidirá si revisa o no la decisión de la Corte de Apelaciones que, como se sabe fué por unanimidad, las probabilidades de que la RBV gane el juicio son totalmente nulas. El 17-05-11, la Suprema Corte de los Estados Unidos, máxima instancia judicial del país del norte, buscó la atención de la administración Obama sobre el Caso Bandagro, solicitando al representante del gobierno Federal: Neal Katyal (Fiscal o Procurador General) que ofreciera su opinión sobre si la Suprema Corte debe atender el caso. En nuestra opinión esta situación nos parece favorable, pues se está llevando el caso ante las máximas autoridades del poder ejecutivo y legislativo, de los Estados Unidos, lo cual demuestra la relevancia del mismo y la importancia de la toma de decisiones que próximamente ejecutará la Suprema Corte, que indiscutiblemente ratificará la decisión de la Corte de Apelaciones, a favor del caso de la empresa estadounidense SKYE VENTURES LLC.

A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LA NOTA DE PRENSA, DIARIO “ÚLTIMAS NOTICIAS”, EMANADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 25-07-16:

b) AHORA BIEN, ANALIZANDO LA DECISIÓN ATRIBUIDA SEGÚN LA NOTA DE PRENSA DE LA PGR AL HONORABLE JUEZ FEDERAL EDMUND SARGUS Y DESCONOCIENDO LOS

Página 119 MOTIVOS Y ARGUMENTACIONES POR LOS CUALES EL CASO BANDAGRO LLEGÓ A SUS MANOS, ESTANDO SOLUCIONADO VIRTUALMENTE Y APEGADO A DERECHO EN LA MANOS DEL JUEZ FEDERAL JOHN D. HOLSCHUH, DE LA CORTE DE FEDERAL DE COLUMBUS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PARA LA DIVISIÓN ESTE DEL DISTRITO SUR DE OHIO Y EN CUYA NOTA DE PRENSA, LA PGR, SEÑALA, CITA TEXTUAL: “EN LA DECISIÓN, EL JUEZ DECLARÓ LA FALSEDAD DE LAS NOTAS Y DEJÓ CLARO QUE NINGUNA ACCIÓN DE LA REPÚBLICA O SUS FUNCIONARIOS PUEDE LLEGAR A CONSIDERARSE COMO UNA VALIDACIÓN DE ESAS NOTAS” !ENTONCES NOS PREGUNTAMOS SOBRE ÉSTA AMBIGUA DECISIÓN¡ ¿ES QUE EL HONORABLE JUEZ FEDERAL EDMUND SARGUS NO TUVO CONOCIMIENTO DE LAS CONTUNDENTES VICTORIAS QUE OBTUVO SKYE VENTURES LLC, DURANTE LOS MÁS DE 12 AÑOS QUE DURÓ LA QUERELLA EN LOS TRIBUNALES DE OHIO Y QUE LAS MISMAS SE CORRESPONDEN ESPECIALMENTE CON EL INFORME APROBATORIO DEL MF DE FECHA 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, POR ESA MISMA PGR EL 03-10-03, DONDE SE DEMOSTRÓ QUE LAS NOTAS NO SON FALSAS Y SON LOS ORGANISMOS COMPETENTES DE LA RBV QUE RESOLVIERON ÉSTE RECLAMO, CUYA DECISIÓN, SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL REFERIDO MF? ¿ES QUE LA REPÚBLICA PUEDE ACTUAR POR SI SOLA, O ES QUE ACTÚA A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS, QUE EL CASO BANDAGRO FUERON LOS DE MÁS ALTO RANGO? PORQUE ES DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO Y DE ESE TRIBUNAL FEDERAL, PUES CONSTA EN EL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DEL JUICIO, QUE LAS PN QUE NOS OCUPAN, FUERON FIRMADAS LEGALMENTE POR LOS MÁS ALTOS FUNCIONARIOS DE BANDAGRO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, LUIS HERRERA CAMPINS (†) EN EL AÑO 1981 Y AVALADA POR CANTIDAD DE DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE JAMÁS HAN SIDO IMPUGNADOS, NI SE LES HA HECHO JUICIO DE TACHA DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO Y POR LO TANTO SE MANTIENEN VIGENTES CON TODA SU FUERZA Y VIGOR Y QUE CITAMOS EN LAS PÁGINAS 53-54, DE ESTE ESCRITO, AUNADO A QUE POSTERIORMENTE EN EL GOBIERNO DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ (†) Y/O RAMÓN J. VELÁSQUEZ (†), EN EL QUINQUENIO 89/93, A ÉSTAS PN, SE LES PRACTICÓ LA PRIMERA EXPERTICIA EFECTUADA POR EL FAMOSO GRAFÓLOGO ITALIANO-SUIZO ING. BRUNO FABBIANI, QUE CONCLUYÓ EN QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†), SI FIRMÓ LAS REFERIDAS PN, Y DONDE ADEMÁS DESCUBRIÓ QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†) MODIFICÓ SUS RASGOS, PARA SIMULAR UNA FALSIFICACIÓN E IGUALMENTE SE PRACTICÓ UNA INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL MH, PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL OFICIO H-733, QUE ES REFERIDO EN TODAS LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, COMO LO EXPLICO EN EL LITERAL a) DE LA PÁGINA 53, IGUALMENTE EN EL GOBIERNO DE RAFAEL CALDERA (†), EN EL QUINQUENIO 93/98, LAS MISMAS PN FUERON RATIFICADAS INDISTINTAMENTE POR DOS (2) DIRECTORES DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MH, COMO DEUDA EXTERNA DE LA NACIÓN, EXTENDIÉNDOLES SU VENCIMIENTO POR OCHO (8) AÑOS MÁS, HASTA EL 08-12-99 COMO LO MENCIONÉ EN LAS PÁGINAS 10-11, Y QUE FINALMENTE LA INVESTIGACIÓN DEFINITIVA QUE DETERMINÓ LA LEGITIMIDAD Y AUTENTICIDAD DE

Página 120 LAS PN, SE INICIÓ EN EL AÑO 2002 ANTE EL MF, SIN OBTENER RESPUESTA, CONTINUÁNDOSE

ENTONCES

2003

POR

ORDEN

DEL

PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL DE LA RBV, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRIAS (†), (PODER EJECUTIVO) Y SIMULTÁNEAMENTE TAMBIÉN POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA SUB-COMISIÓN DE CONTROL DE GASTOS DEL GOBIERNO, DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DIPUTADO LUIS VELÁSQUEZ ALVARAY, (PODER LEGISLATIVO), QUIENES DIRIGIERON SENDOS OFICIOS AL MINISTRO DE FINANZAS DE ESE ENTONCES TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, ORDENÁNDOLE QUE INVESTIGARA PROFUNDAMENTE Y ACLARARA DEFINITIVAMENTE EL CASO DE LAS 57 PN EMITIDAS “SUPUESTAMENTE” POR BADAGRO EL 07-12-81, QUE PARA ESA ÉPOCA CUMPLÍA 21 AÑOS SIN SOLUCIÓN Y ASÍ SE HIZO; CUYOS OFICIOS DE AMBOS PODERES TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 167-174, CONCLUYENDO ÉSTE MF EL 08-08-03, COMO LO HEMOS INDICADO TANTAS VECES, EN EL MÁS COMPLETO Y EXHAUSTIVO INFORME JAMÁS REALIZADO, QUE CONTEMPLÓ COMO PRUEBA FUNDAMENTAL LA SEGUNDA EXPERTICIA, CUYO EXTRACTO TRANSCRIBO EN LAS PÁGINAS 175-176, REALIZADA 10 AÑOS DESPUÉS POR EL MISMO GRAFÓLOGO ITALIANO-SUIZO ING. BRUNO FABBIANI, COMO SE EXPLICA DETALLADAMENTE EN EL LITERAL d) DE LA PÁGINA 56, INFORME EL CUAL ACLARA DEFINITIVAMENTE, QUE LAS 57 PN, SI FUERON EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81 Y QUE LOS RECLAMANTES (GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. Y SUS CESIONARIAS), TIENEN EL LEGÍTIMO DERECHO A QUE LES SEAN PROCESADAS PARA HACERLAS EFECTIVAS O CUALQUIER OTRA FORMALIDAD Y CUYO INFORME FUÉ ENVIADO POR EL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA MARISOL PLAZA IRIGOYEN, (ABOGADA DE LA REPÚBLICA), PARA QUE EMITIERA LA DECISIÓN DEFINITIVA, PRONUNCIÁNDOSE ÉSTA FAVORABLEMENTE EL 03-10-03, CONSIDERÁNDOLO PROCEDENTE, CONVIRTIENDO DEFINITIVAMENTE EL REFERIDO INFORME DEL MF EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE SU PROPIA LEY, RATIFICADO POR LA MISMA PROCURADURÍA EL 18-11-03, MEDIANTE OFICIO # 0824, VUELTO A RATIFICAR POR LA PROCURADORA MARISOL PLAZA IRIGOYEN EL 01-07-04, EN SUS DECLARACIONES AL PERIODISTA PEDRO PABLO PEÑALOZA EN EL DIARIO TAL CUAL Y QUE TAMBIÉN ATENDIENDO A UN RECURSO DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR SOLICITADO POR LA MISMA ABOGADA MARISOL PLAZA IRIGOYEN (YA EXPROCURADORA) Y POR LA PROCURADORA EN EJERCICIO ABOGADA GLADYS GUTIERREZ, A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ (PODER JUDICIAL), DONDE EL MAGISTRADO PONENTE ARCADIO DELGADO ROSALES RATIFICÓ EL 12-07-07, ENTRE OTRAS CONSIDERACIONES, LO SIGUIENTE: “…EL PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA

GENERAL

REPÚBLICA

SOLO

TENDRÁ

CARÁCTER

VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…”, QUE ASÍ MISMO LO CUMPLIERON, COMO LO ACLARAMOS EN LAS PÁGINAS 57-58, EL RECLAMANTE GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. Y EL ORGANISMO COMPETENTE MF, QUE COMO HEMOS EXPLICADO TANTAS VECES, AMPARA A TODOS LOS PROPIETARIOS LEGÍTIMOS Y DE BUENA FE, DE LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, TAL ES EL CASO DEL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. Y SUS CESIONARIAS: KAMI, S.A., QUE EL 30-04-08 CEDIÓ

Página 121 SUS PN, EN PANAMÁ A INVERSIONES INALCA, C.A. 125MMUS$; FUNDACIÓN TOVAR 75MMUS$; SUCESIÓN BIGLES CASTRO (†) 25MMUS$; SKYE VENTURES LLC 150MMUS$ Y LATIN CONSULT-VENOSPA LLC 100MMUS$, TODO LO CUAL SIRVIÓ DE BASE FUNDAMENTAL, EN ESPECIAL EL INFORME DEL MF Y EL DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, DE LA PGR, PARA QUE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, ADQUIRIERA A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2003, LEGÍTIMAMENTE Y DE BUENA FE, LAS TRES (3) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, Nos. 7/12, 8/12 y 9/12, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, POR 50MMUS$ C/U. POR UN MONTO DE 150MMUS$, QUE LA EMPRESA SUIZA-PANAMEÑA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., MANTENÍA EN CUSTODIA EN LA OFICINA DEL HSBC REPUBLIC BANK, DE MIAMI USA, PN ESTAS QUE ANTERIORMENTE HABÍAN SIDO INSPECCIONADAS POR LA COMISIONADA ESPECIAL ABOGADO HEPSIE HURTADO, ENVIADA A ESE BANCO POR EL MF, PARA QUE VERIFICARA SU EXISTENCIA Y VERACIDAD, MISIÓN LA CUAL FUÉ CUMPLIDA A CABALIDAD Y SU CONCLUSIÓN RESPECTIVA FORMA PARTE DEL TANTAS VECES ALUDIDO INFORME DEL MF Y QUE SEGUIDAMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2003, CUANDO LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA SKYE VENTURES LLC, ACUDIERON A LA SEDE DEL MF, ACÁ EN VENEZUELA, PARA NOTIFICAR QUE SU REPRESENTADA ES LA NUEVA Y LEGÍTIMA PROPIETARIA DE LAS REFERIDAS PN, DE MANERA TAL QUE CUANDO EL CITADO MINISTERIO PROCEDIERA A PAGARLAS, SE LO HICIERA A SU REPRESENTADA Y NO AL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., RECIBIERON COMO RESPUESTA LA SORPRENDENTE E INAUDITA NOTICIA, DE QUE TODAS LAS PN SON FALSAS, MOSTRÁNDOLES UN COMUNICADO DE PRENSA, DE PRINCIPIOS DE ESE MISMO MES DE NOVIEMBRE, DONDE ASÍ LO HACÍAN SABER, NOTIFICÁNDOLES TAMBIÉN QUE EL INFORME EMANADO DE ESE MINISTERIO HABÍA SIDO “REVOCADO”, SOLICITÁNDOLE IGUALMENTE A LA PGR QUE “REVOCARA” EL SUYO, IGNORANDO POR COMPLETO QUE AMBOS INFORMES, (MF 08-08-03 Y PGR 31-10-03), SON VINCULANTES, IRREVOCABLES Y FIRMES, COMO DE DERECHO ASÍ LO DICTAMINÓ, REPITO, LA PROPIA PGR EL 03-10-03, RATIFICADO POR LA MISMA PROCURADURÍA EL 18-11-03, MEDIANTE OFICIO # 0824, VUELTO A RATIFICAR POR LA PROCURADORA MARISOL PLAZA IRIGOYEN EL 01-07-04, EN SUS DECLARACIONES AL PERIODISTA PEDRO PABLO PEÑALOZA EN EL DIARIO TAL CUAL Y FINALMENTE CERTIFICADO SU CARÁCTER DE VINCULANTE POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ, MEDIANTE LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ARCADIO DELGADO ROSALES DE FECHA 12-07-07, QUE TAMBIÉN ES VINCULANTE, RESPONDIENDO A LOS RECURSOS DE INTERPRETACIÓN SOLICITADOS: EL 17-01-07 POR LA ABOGADA MARISOL PLAZA IRIGOYEN (EXPROCURADORA) Y EL 10-04-07 POR LA ABOGADA GLADYS GUTIÉRREZ (PROCURADORA EN EJERCICIO), REFERENTES EN ESTE CASO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR Y EN CUYA DECISIÓN DEL 12-07-07, EL MAGISTRADO PONENTE ARCADIO DELGADO ROSALES PRECISÓ: “…EL PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLO TENDRÁ CARÁCTER VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…”, COMO ASÍ LO HICIERON LOS RECLAMANTES Y EL MF, COMO LO EXPLIQUÉ EN LAS PÁGINAS 57-58, CONFORMANDO CON ESTE BOCHORNOSO ACTO DE INTENTO REVOCATORIO, UN DISPARATE JURÍDICO NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, QUE NO ADMITE DISCUSIÓN, NI APROBACIÓN ALGUNA.

Página 122 SITUACIÓN ÉSTA QUE OCASIONÓ QUE LOS ABOGADOS DE LA EMPRESA SKYE VENTURES LLC, SOLICITARAN ANTE EL TSJ UN AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA EL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, RESPONSABLE DE ESTA INEXPLICABLE DECISIÓN REVOCATORIA, SOLICITUD LA CUAL TAMPOCO FUÉ ADMITIDA POR EL ALTO TRIBUNAL, LO QUE ORIGINÓ EN CONSECUENCIA QUE LA MENCIONADA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, INICIARA IRREMEDIABLEMENTE UNA DEMANDA MERCANTIL CONTRA LA RBV, POR EL COBRO DE LA REFERIDAS PN, EN SU DOMICILIO JUDICIAL EN EL ESTADO DE OHIO DE LOS EEUU, TODO LO CUAL FORMA PARTE DEL CÚMULO DE PRUEBAS INDUBITABLES PRESENTADAS DURANTE MÁS DE 12 AÑOS, REPITO, EN EL LITIGIO INCOADO POR LA EMPRESA DEMANDANTE SKYE VENTURES LLC, EN LOS TRIBUNALES DE OHIO-EEUU Y CONFORMAN JUNTO A TODAS LAS DECISIONES FAVORABLES A LA DEMANDANTE, EL VOLUMINOSO EXPEDIENTE QUE HA FORMADO LA LARGA QUERELLA, POR LO TANTO NO ENTENDEMOS EL MOTIVO DE ÉSTA FRÁGIL E INCONSISTENTE DECISIÓN, TOMADA EN TAN SOLO 5 MESES, ATRIBUIDA EN LA NOTA DE PRENSA EMANADA DE LA PGR, AL HONORABLE JUEZ ESTADOUNIDENSE EDMUND SARGUS, PRESUNTA VICTORIA DE LA PGR, QUE ADEMÁS DE PÍRRICA, VIENE A TRATAR DE DERRUMBAR TODO UN CONJUNTO DE VICTORIAS CONTUNDENTES OBTENIDAS SISTEMÁTICAMENTE POR LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, DURANTE MÁS DE DOCE (12) AÑOS DE LITIGIO EN DIFERENTES INSTANCIAS DE LOS TRIBUNALES ESTADOUNIDENSES, EN ESPECIAL EN LA CORTE DE APELACIONES, DONDE LOS MAGISTRADOS FALLARON POR UNANIMIDAD A FAVOR DE SKYE VENTURES LLC, RATIFICANDO EN CONSECUENCIA TODAS LAS DECISIONES FAVORABLES OBTENIDAS ANTERIORMENTE DURANTE EL LARGO E INTRINCADO PROCESO JUDICIAL, COMO LO HE DEMOSTRADO EN LAS PÁGINAS 116-118. c) DEBEMOS IGUALMENTE ACLARAR SOBRE EL PÁRRAFO DE LA REFERIDA NOTA DE PRENSA DE LA PGR QUE SEÑALA: “…POR OTRO LADO,

EXPERTICIAS

GRAFOTÉCNICAS

DEPOSICIONES

EXPERTOS

QUE

COMPARECIERON A LAS AUDIENCIAS, RATIFICARON QUE LOS DOCUMENTOS, FIRMAS, SELLOS Y MEMBRETE FUERON FORJADOS; TODA VEZ QUE SE DEMOSTRÓ QUE BANDAGRO JAMÁS EMITIÓ PAGARÉ ALGUNO…”. A LO CUAL RESPONDEMOS Y ACLARAMOS NUEVAMENTE LO SIGUIENTE: EL MF DE ESTE MISMO GOBIERNO REVOLUCIONARIO DEMOSTRÓ Y PRECISÓ EN SU INFORME DEL 08-08-03, QUE LAS AUTORIDADES DE BANDAGRO SI EMITIERON Y FIRMARON LEGALMENTE LAS 57 PN (PAGARÉS O BONOS), LO CUAL FUÉ RATIFICADO POR ESA MISMA PGR EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME DE FECHA 03-10-03, COMO LO HEMOS EXPLICADO SUFICIENTEMENTE Y QUE LAS “EXPERTICIAS GRAFOTÉCNICAS Y DEPOSICIONES DE EXPERTOS” A QUE SE REFIERE LA NOTA DE PRENSA, SON LAS QUE SE CONSIDERARON ACÁ EN VENEZUELA EN EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS EN EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, QUE SE NOS SIGUIÓ EN ESPECIAL A MÍ EN EL REFERIDO TRIBUNAL Y NUNCA EN TRIBUNALES DE LOS EEUU, NI DE SUIZA Y SE REFIEREN A “EXPERTICIAS Y DEPOSICIONES DE EXPERTOS” QUE SE PRESENTARON EN DIFERENTES AUDIENCIAS DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, PRACTICADAS A PN INDISCUTIBLEMENTE FALSAS COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 20 (LAS ORIGINALES NUNCA LAS HAN VISTO), Y OTRAS PN TAMBIÉN FALSAS QUE MISTERIOSAMENTE FUERON “INCAUTADAS A NO SE SABE QUIÉNES” Y POR CONSIGUIENTE NO PRESENTARON CULPABLES Y POR SUPUESTO NO HUBIERON

Página 123 PRIVATIVAS DE LIBERTAD; NOTAS FALSAS, LAS CUALES REPETIMOS NUEVAMENTE, NADA TIENEN QUE VER CON NOSOTROS LOS “CONDENADOS”, NI CON LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, POR UN VALOR NOMINAL DE 1.605MMUS$, QUE, REPETIMOS, FUERON ADQUIRIDAS EN SU TOTALIDAD POR ALFREDO GUILLERMO AAGAARD SALAZAR EL 17-02-82, QUE PARTE DE ELLAS (49) CON UN VALOR NOMINAL DE 1.495MMUS$, COMPRÓ LEGALMENTE Y DE BUENA FE EL 05-10-87, LA EMPRESA PANAMEÑA-SUIZA TRIAD FINANZIARIA SPA, QUE POSTERIORMENTE EN EL AÑO 1990 CEDIÓ A SU CESIONARIA GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., QUE FINALMENTE, COMO TAMBIÉN LO HEMOS EXPLICADO Y A TRAVÉS DE DIVERSAS OPERACIONES MERCANTILES Y FINANCIERAS LEGALES Y DE BUENA FE EN DIFERENTES FECHAS Y MODALIDADES, PARTE DE LAS CITADAS PN FUERON TRANSFERIDAS A VALOR NOMINAL EN PROPIEDAD PLENA E INDUBITABLE A

LAS

SIGUIENTES

ORGANIZACIONES:

KAMI,

S.A.,

QUE

POSTERIORMENTE

CEDIÓ A INVERSIONES INALCA, C.A. 125MMUS$; FUNDACIÓN TOVAR 75MMUS$; SUCESIÓN BIGLES CASTRO (†) 25MMUS$; SKYE VENTURES LLC 150MMUS$ Y LATIN CONSULT-VENOSPA LLC 100MMUS$ Y LO MÁS IMPORTANTE ES QUE TODAS ÉSTAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, SOLO HAN SIDO VISTAS POR LOS FUNCIONARIOS QUE EL 07-12-81 LAS FIRMARON Y APROBARON: EL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†), EL GERENTE GENERAL ELBANO FONTANA NIEVES Y EL ASESOR JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PASCUAL PUIGBO MORALES, Y POR LOS COMISIONADOS ESPECIALES QUE POSTERIORMENTE LAS CONFIRMARON: LA ABOGADO HEPSIE HURTADO Y EL ECONOMISTA CARLOS ROMÁN DELGADO

MOREAN,

QUIENES

FUERON

ENVIADOS

POR

ÉSTE

“GOBIERNO

REVOLUCIONARIO”, EN EL AÑO 2003 A MIAMI EN EEUU Y LUGANO EN SUIZA RESPECTIVAMENTE, PARA QUE CONSTATARAN LA VERACIDAD, EXISTENCIA Y REALIDAD DE LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, PROPIEDAD EN SU MAYORÍA DE LA EMPRESA RECLAMANTE GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., COMISIONADOS ÉSTOS QUE CUMPLIERON CABALMENTE CON LA MISIÓN ENCOMENDADA, RINDIENDO SU OPINIÓN FAVORABLE SOBRE EL ASUNTO, LA CUAL FUÉ AGREGADA COMO PRUEBA EN EL INFORME FINAL DEL MF DEL 08-08-03. APARTE DE LOS TRES (3) FUNCIONARIOS QUE LAS FIRMARON Y DE LOS DOS (2) COMISIONADOS QUE LAS VIERON, NINGÚN OTRO FUNCIONARIO MÁS QUE FORME O FORMÓ PARTE DE ÉSTE GOBIERNO “REVOLUCIONARIO”, NI SIQUIERA HAN VISTO UNA SOLA DE LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81, NI EN EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, NI EN LA PGR, NI EN LA FGR, NI EN EL TSJ, PARA QUE LAS CALIFIQUEN COMO FALSAS, PERO LO QUE SÍ HAN VISTO LOS ALTOS FUNCIONARIOS

ÉSTOS

ORGANISMOS

DEL

ESTADO,

EXPERTICIA

GRAFOTÉCNICA QUE FORMA PARTE DEL INFORME DEL MF DE 08-08-03, REALIZADA EN EL AÑO 1993, POR EL EXPERTO EN DESCUBRIR FALSIFICACIONES ING. BRUNO FABBIANI Y ACTUALIZADA EN EL 2003 A SOLICITUD DEL COMISIONADO ESPECIAL ENVIADO A SUIZA POR ÉSTE “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, EXPERTICIA QUE COMO HEMOS EXPLICADO, TANTAS VECES, DETERMINÓ QUE EL INTERVENTOR DE BANDAGRO WALDEMAR CORDERO VALE (†), SI FIRMÓ LAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS,

Página 124 EMITIDAS LEGALMENTE POR SU REPRESENTADO BANDAGRO, EL 07-12-81 Y ADEMÁS DESCUBRIÓ QUE EL MISMO INTERVENTOR TRATÓ DE MODIFICAR SUS RASGOS PARA SIMULAR UNA FALSIFICACIÓN. EXPERTICIA LA CUAL, AL IGUAL QUE OTRAS DOS (2) EXPERTICIAS POSITIVAS REALIZADAS POR LOS GRAFÓLOGOS VENEZOLANOS QUE SE DESCRIBEN EN LOS LITERALES f) Y g) DE LA PÁGINA 54 DE ÉSTE ESCRITO, LOS REFERIDOS ORGANISMOS DEL ESTADO PRETENDEN IGNORAR, TAL COMO TRATAN DE HACERLO CON EL INFORME DEL MF DEL 08-08-03, Y CON EL DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, DE LA PGR EL 03-10-03, QUE REITERAMOS SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE ESE MF, COMO LO HEMOS SEÑALADO, CANTIDAD DE VECES, A LO LARGO DE ESTE ESCRITO Y COMO LO SON TAMBIÉN DEL CONOCIMIENTO

TODOS

LOS

TRIBUNALES

DIFERENTES

PARTES

DEL

MUNDO, DONDE EXISTEN JUICIOS MERCANTILES (NO PENALES, PORQUE NO PROCEDEN), POR EL COBRO DE LAS TANTAS VECES MENCIONADAS 57 PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO EL 07-12-81. d) DEBO INFORMAR NUEVAMENTE QUE LO EXPLICADO EN ÉSTE NUMERAL 14), ES UNA RÉPLICA ACLARATORIA A LA NOTA DE PRENSA REPRODUCIDA EN LA PÁGINA 118, EMANADA DE LA PGR, PUBLICADA EN PRIMERA PLANA EN EL DIARIO “ULTIMAS NOTICIAS” DEL 25-07-16, QUE ES LA ÚNICA INFORMACIÓN A LA QUE HE TENIDO ACCESO Y QUE HA LLEGADO A MIS MANOS EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN EN QUE ME ENCUENTRO, INTERNADO JUDICIAL RODEO II, DONDE ME TIENEN ILEGALMENTE PRIVADO DE MÍ LIBERTAD (SECUESTRADO POLÍTICO), Y POR LO TANTO NO TENGO CONOCIMIENTO DE LA DECISIÓN FORMAL DEL HONORABLE JUEZ FEDERAL EDMUND SARGUS Y SOLO ME HE LIMITADO A ANALIZAR LA REFERIDA NOTA DE PRENSA, LA CUAL ME PARECE INADMISIBLE EN SU FORMA Y CONTENIDO, POR LOS PROFUNDOS CONOCIMIENTOS QUE POSEO SOBRE EL CASO BANDAGRO, ADEMÁS POR TODO LO OCURRIDO DURANTE LOS MÁS DE DOCE (12) AÑOS EN QUE SE LLEVÓ A CABO EL JUICIO EN LOS TRIBUNALES DE OHIO, COMO LO INDIQUÉ EN LAS PÁGINAS 116 A 118, DONDE TODAS LAS DECISIONES ANTERIORES, REPITO, FUERON FAVORABLES A LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, TODO LO CUAL PROPICIA QUE SURJAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ¿POR QUÉ SKYE VENTURES LLC NO APELÓ A ESTA DECISIÓN? ¿SERÁ QUE SKYE VENTURES LLC LLEGÓ A UN ACUERDO ENTRE BASTIDORES, TAL COMO LO INSINUÓ EL ABOGADO DE SKYE VENTURES LLC, CHARLES COOPER EN SUS DECLARACIONES AL NEW YORK POST EN FECHA 20-10-14, CITA TEXTUAL: “Si vencemos en el juicio, otros

propietarios de los bonos pueden tomar nota de nuestra resolución judicial y se acumularían en adelante” dijo Cooper. “Pero si Venezuela acuerda antes de ir a juicio, el acuerdo probablemente se mantendrá confidencial y no habrá ninguna conclusión de un tribunal de Estados Unidos sobre si los bonos son legítimos”, LO QUE TAMBIÉN ANTERIORMENTE HABÍA MANIFESTADO, PALABRAS MÁS PALABRAS MENOS, EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA EN UN CORREO ELECTRÓNICO, QUE FUE DE MI CONOCIMIENTO? ¿POR QUÉ MOTIVO SKYE VENTURES LLC PERDIÓ EL JUICIO, SERÁ QUE CLAUDICÓ, PREVARICÓ O COMETIÓ PERJURIO? ¿SERÁ QUE LOS ABOGADOS DE LA PGR, TUVIERON LA OSADÍA DE PRESENTAR EN EL TRIBUNAL FEDERAL ESTADOUNIDENSE COMO “PRUEBA VÁLIDA”, LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DEL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, O LA SUBREPTICIAMENTE MODIFICADA, REALIZADA SUPUESTAMENTE TAMBIÉN DE MADRUGADA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, DEL 29-01-14, AMBAS DICTADAS INEXPLICABLEMENTE POR LA JUEZ

Página 125 ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, COMO QUE SI FUERA UNA “DECISIÓN FIRME”, PARA TRATAR DE ENGAÑAR AL HONORABLE JUEZ EDMUND SARGUS Y OBTENER ASÍ ESTA AMBIGUA Y EXTRAÑA “DECISIÓN”; “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” ESTA, QUE COMO HEMOS EXPLICADO Y POR DIFERENTES MOTIVOS NO SE HA PODIDO APELAR, AUNQUE LA MISMA FINALMENTE FUE ADMITIDA EN LA AUDIENCIA DEL 30-03-16, ANTE LA CAS2P DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, COMO LO ACLARAMOS EN EL NUMERAL 14), DE LAS PÁGINAS 107-108, DE ESTE ESCRITO, POR LO CUAL NO ES UNA DECISIÓN DEFINITIVAMENTE FIRME PORQUE LA CAS2P NO HA TOMADO DECISIÓN ALGUNA Y EN CONSECUENCIA NO PUDO HABER SIDO PRESENTADA COMO PRUEBA Y DE SER ASÍ, LOS ABOGADOS DE LA PGR, COMO YA ES COSTUMBRE, ESTARÍAN COMETIENDO PERJURIO QUE COMO TODOS SABEMOS ES CONSIDERADO DELITO GRAVE EN ESA NACIÓN DEL NORTE Y EN ESTA OPORTUNIDAD, ANTE EL HONORABLE JUEZ FEDERAL EDMUND SARGUS, DEL TRIBUNAL FEDERAL ESTADOUNIDENSE? ¿SERÁ QUE TODAS ÉSTAS “ACTUACIONES” DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE MI PAÍS, SE HAN INSPIRADO EN EL REALISMO MÁGICO, DEL INSIGNE ESCRITOR COLOMBIANO, EL NOVELISTA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (†), PARA CREAR TODA ESTA TRAMA “INCONSTITUCIONAL, VICIADA,

INMORAL, CORRUPTA, POLITIZADA, ENCUBRIDORA Y ABSURDA”, CONOCIDA COMO CASO BANDAGRO, QUE POR SUS PECULIARIDADES DEBERÍAMOS LLAMAR DRAMA BANDAGRO? e) AHORA BIEN, SUPONIENDO QUE ÉSTA PÍRRICA VICTORIA EXTRAÑAMENTE “GANADA” POR EL UNDÉCIMO BUFETE ESTADOUNIDENSE ESCRITORIO FOLEY HOAG DE BOSTON, CONTRATADO POR LA PGR PARA LA “DEFENSA” DE LA NACIÓN, EN ÉSTA OPORTUNIDAD ANTE OTRO JUEZ FEDERAL DE LOS EEUU, SEA CIERTA, ES IMPORTANTE CONOCER ENTONCES SI EN ÉSTA “AMBIGUA DECISIÓN”, ATRIBUIDA AL HONORABLE JUEZ FEDERAL EDMUND SARGUS, LA EMPRESA SKYE VENTURES LLC, FUÉ CONDENADA TAMBIÉN A PAGAR LAS COSTAS PROCESALES QUE INCLUYEN, (ENTRE OTROS GASTOS), LOS ESCANDALOSOS HONORARIOS DE ABOGADOS, PAGADOS POR VENEZUELA, DURANTE LOS MÁS DE DOCE (12) AÑOS QUE DURÓ LA CONTROVERSIAL QUERELLA, LOS CUALES ASCIENDEN A CENTENAS DE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES, ASÍ COMO TAMBIÉN SI LOS “EFICIENTES” ABOGADOS DE LA PGR TUVIERON ENTONCES, LA PRECAUCIÓN DE INCAUTAR Y ANULAR LAS DOS (2) PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS Nos. 7/12 y 8/12 OBJETO DEL CONTRADICTORIO JUICIO Y MÁS AÚN DE UNA TERCERA PN ORIGINAL Y AUTÉNTICA, LA N° 9/12, DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS MENCIONADAS Y QUE NO SABEMOS POR QUÉ RAZÓN NO FUÉ INCLUIDA EN LA DEMANDA INCOADA CONTRA LA NACIÓN EL 13-08-04, PERO QUE TAMBIÉN FUÉ ADQUIRIDA POR SKYE VENTURES LLC, EN LA OPERACIÓN QUE HIZO LEGALMENTE Y DE BUENA FE, CON EL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A. A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE DEL 2003 EN EL HSBC DE LA CIUDAD DE MIAMI USA Y DE IGUAL MANERA SI LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE LA REPÚBLICA EN SU “PREGONADA LUCHA” CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, EJERCIERON INMEDIATAMENTE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA EXTRADICIÓN ACTIVA DESDE LOS EEUU, DE LOS REPRESENTANTES RESPONSABLES DE LA EMPRESA SKYE VENTURES LLC, QUE SE SUPONE “INTENTARON” ESTAFAR A LA NACIÓN, ACTIVANDO LA ORDEN DE CAPTURA A TRAVÉS DE INTERPOL CON ALERTA ROJA, PARA QUE SEAN DETENIDOS Y REMITIDOS A NUESTRO PAÍS, PARA SER JUZGADOS Y CONDENADOS POR LOS

DELITOS

DE: USO DE DOCUMENTO

PÚBLICO FALSO,

AGAVILLAMIENTO,

APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE

Página 126 TENTATIVA E IMPONERLES LA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA, QUE PRESUNTAMENTE Y POR ANALOGÍA SERÍA LO QUE LES CORRESPONDERÍA, TAL COMO HIZO CONMIGO ILEGALMENTE, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA DEL DÍA 21-01-14, LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, AL CONDENARME SIN HABERME COMPROBADO DELITO ALGUNO, PORQUE NO LO HAY Y DONDE TAMBIÉN EN LOS OCHO (8) DÍAS SIGUIENTES O SEA EL 29-01-14, LA REFERIDA JUEZ ADEMÁS TUVO LA OSADÍA TAMBIÉN DE MODIFICAR LA MENCIONADA “CONDENA”, POR UNA SUBREPTICIA Y NUGATORIA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, QUE QUEDÓ CONFORMADA POR LOS DELITOS DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, AGAVILLAMIENTO”, SENTENCIA ÉSTA QUE TAMBIÉN POR ANALOGÍA DEBERÍA SER APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, EN CASO DE QUE EN REALIDAD LOS HECHOS HUBIERAN OCURRIDO COMO FUERON NARRADOS EN LA REFERIDA NOTA DE PRENSA; ENCONTRÁNDOME HASTA LA FECHA 31-07-21, EN UN ENMARAÑADO E INFAME, ADEMÁS DE INCONSTITUCIONAL, VICIADO, INMORAL, CORRUPTO, POLITIZADO, ENCUBRIDOR Y ABSURDO “JUICIO PENAL”, QUE ME HA QUITADO 3.617 DÍAS DE MI PRECIADA LIBERTAD, QUE SUMADOS A LOS 277 DÍAS DE EXILIO FORZOSO QUE VIVÍ EN PANAMÁ, SUMAN 3.894 DÍAS (MÁS DE 10 AÑOS) DE SUFRIMIENTOS, ANGUSTIAS E INJUSTICIAS, LOS CUALES PASÉ ENTRE LAS INHÓSPITAS CÁRCELES PANAMEÑAS (40 DÍAS) Y LOS SIGO PASANDO EN LAS ESPANTOSAS Y ASQUEROSAS PRISIONES VENEZOLANAS, OCASIONÁNDOME ESTE INSÓLITO CAUTIVERIO, SEVERO DESGASTE FÍSICO Y MENTAL, EN ESPECIAL POR MI AVANZADA EDAD, AHORA DE 75 AÑOS, DEBIDO AL HACINAMIENTO, LA FALTA DE AGUA POTABLE, LA MALA ALIMENTACIÓN, LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE MEDICINAS, QUE SON UNA CONSTANTE EN TODAS LAS PRISIONES VENEZOLANAS, AUNADO A LA SEPARACIÓN DRÁSTICA DE MIS FAMILIARES, EN ESPECIAL DE MIS SEIS (6) HIJOS Y MIS CUATRO (4) NIETOS, COMO TAMBIÉN POR LA DESAPARICIÓN FÍSICA (†) DE CUATRO (4) DE MIS HERMANOS (AS), DE OTROS FAMILIARES Y DE VARIOS DE MIS AMIGOS FRATERNOS, SOLO POR DEFENDER MIS DERECHOS Y LOS DE MIS REPRESENTADAS, MI PODERDANTE LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., CUYAS CONSECUENCIAS SE PUEDEN APRECIAR EN EL SIGUIENTE COMPARATIVO FOTOGRÁFICO:

04/12/2010 31/07/2021 65 AÑOS

75 AÑOS

80 KG

54 KG

175 CM

170 CM

CONCLUYENDO ENTONCES Y CON PROFUNDA CONSTERNACIÓN Y TRISTEZA, EN QUE: EL DERECHO PENAL, EN MI PAÍS, VENEZUELA, SE EJERCE -SALVO HONROSAS EXCEPCIONES, PORQUE LAS HAY- BAJO LAS CONSTANTES DE: EXTORSIÓN, CHANTAJE, PREVARICACIÓN, MANIPULACIÓN, SOBORNO, ENGAÑO Y MENTIRA, CONTAMINADO ADEMÁS CON EL COMPONENTE POLÍTICO Y MANEJADO BAJO UNA FUERTE DOSIS DE CORRUPCIÓN. f) POR OTRA PARTE, CUANDO PUBLIQUÉ EN EL SEMANARIO LAS VERDADES DE MIGUEL DE FECHA 28-03-13, LOS DOS ESCENARIOS SOBRE LO QUE PODRÍA OCURRIR CON EL CASO BANDAGRO, TRANSCRITOS EN LA

Página 127 PÁGINA 97, DEJÉ AL PIE DE LA PÁGINA DEL MISMO Y A LA INTERPRETACIÓN DE SUS ASIDUOS LECTORES, LA SIGUIENTE EXPECTATIVA, CITA TEXTUAL: “…CONCLUYAN USTEDES

POR

CUÁL

SOBERANAMENTE

LAS

ESTOS

ESCENARIOS

AUTORIDADES

DEBERÁN

COMPETENTES

PRONUNCIARSE

NUESTRO

PAÍS…”,

PRESINTIENDO POR EXPERIENCIA PROPIA, YA QUE SOY CONOCEDOR Y VÍCTIMA DE LAS EXTRAÑAS DECISIONES EMANADAS DE LAS AUTORIDADES DEL ACTUAL “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, COMO ES EL CASO DE LA INCONSTITUCIONAL, VICIADA, INMORAL, CORRUPTA, POLITIZADA, ENCUBRIDORA, ABSURDA Y AHORA MODIFICADA E IGNORADA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DE QUE FUI OBJETO Y TAMBIÉN QUE A MEDIADOS DEL 2013, ANTES DE ENTRAR A UNA DE LAS AUDIENCIAS DEL TANTAS VECES MENCIONADO INCONSTITUCIONAL, VICIADO, INMORAL, CORRUPTO, POLITIZADO, ENCUBRIDOR Y ABSURDO “JUICIO PENAL”, QUE ME SIGUIERON, LAS “AUTORIDADES JUDICIALES” DE MI PAÍS, ENCONTRÁNDOME ESPOSADO A LAS PUERTAS DEL T28JP DE LA CAUSA, UNO DE MIS ABOGADOS DEFENSORES SE ME ACERCÓ PARA COMUNICARME UNA “PROPOSICIÓN DE ARREGLO”, QUE POR SUS CONDICIONES SOSPECHO DE DÓNDE PROVENÍA Y QUE SE TRATABA DEL SIGUIENTE OFRECIMIENTO: PAGARME UNA SOLA PN DE 25MMUS$, CONTRA ENTREGA DE LAS CINCO (5) QUE REPRESENTO, LAS CUALES SUMAN UN TOTAL 125MMUS$, OTORGÁNDOME EL SOBRESEIMIENTO DEL CASO EN EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y QUE POR MI PARTE DEJARA DE ESCRIBIR LO QUE ESTABA

ACONTECIENDO CON

FAMOSO CASO

BANDAGRO, LO

CUAL OBVIAMENTE NO ACEPTÉ, POR CONSIDERARLO UN VULGAR Y DESPRECIABLE ACTO DE PREVARICACIÓN Y CHANTAJE, ESTE BOCHORNOSO OFRECIMIENTO DE “ARREGLO” PREVIAMENTE HABÍA SIDO COMENTADO TAMBIÉN ESE DÍA POR EL MISMO “ABOGADO DEFENSOR”, A MI HIJO HOMÓNIMO, QUIÉN SIEMPRE HA ESTADO PRESENTE ASISTIÉNDOME CON ENTEREZA, DESDE QUE COMENZÓ ESTA INFAME CANALLADA A PRINCIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010; EXTRAÑAMENTE Y A PARTIR DE ESA “PROPOSICIÓN DE ARREGLO” EL “ABOGADO INTERMEDIARIO”, COMENZÓ A FALTAR A LAS AUDIENCIAS POR DIFERENTES “MOTIVOS”, HASTA QUE DEFINITIVAMENTE NO APARECIÓ MÁS. g) TAMBIÉN OCURRIÓ QUE A FINALES DEL AÑO 2013, EN UN CORREO ELECTRÓNICO QUE FUÉ DE MI CONOCIMIENTO, EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, DEJÓ ABIERTA LA POSIBILIDAD DE LLEGAR A UN “ACUERDO”, (SIMILAR AL QUE SEÑALÓ EL ABOGADO CHARLES COOPER EN EL NEW YORK POST EN FECHA 20-10-14, QUE NUEVAMENTE TRANSCRIBO: “Si vencemos

en el juicio, otros propietarios de los bonos pueden tomar nota de nuestra resolución judicial y se acumularían en adelante” dijo Cooper. “Pero si Venezuela acuerda antes de ir a juicio, el acuerdo probablemente se mantendrá confidencial y no habrá ninguna conclusión de un tribunal de Estados Unidos sobre si los bonos son legítimos”), CON LOS ABOGADOS DEFENSORES DE VENEZUELA POR EL FAMOSO CASO BANDAGRO EN OHIO-EEUU, LO CUAL CONLLEVA A CAER EN INMEDIATA SOSPECHA, QUE LA REFERIDA EMPRESA ESTADOUNIDENSE NO “PERDIÓ” ESE JUICIO EN BUENA LID, SINO QUE SUS ABOGADOS DEFENSORES PREVARICARON Y LLEGARON A UN ACUERDO ENTRE BASTIDORES CON LOS ABOGADOS DE VENEZUELA, PUES, SI LO GANÓ DURANTE MÁS DE 12 AÑOS, EN TODAS LAS INSTANCIAS JUDICIALES ESTADOUNIDENSES, HASTA LLEGAR A LA CORTE

Página 128 DE APELACIONES, DONDE TAMBIÉN LO GANÓ, CON LA APROBACIÓN UNÁNIME DE TODOS LOS MAGISTRADOS, NO ES POSIBLE QUE LO HAYA “PERDIDO” EN TAN SOLO 5 MESES EN UN TRIBUNAL FEDERAL DEL MISMO PAÍS Y h) MOTIVOS POR LOS CUALES Y A PARTIR DE LA FECHA 25-07-16, EN QUE SE PUBLICÓ LA REFERIDA NOTA DE PRENSA, EMANADA DE LA PGR; A TRAVÉS DE ÉSTE ESCRITO PUBLICADO EN INTERNET, EL ÚNICO QUE TENGO A MI ALCANCE POR MI PRECARIA SITUACIÓN DE PRIVADO DE LIBERTAD (SECUESTRADO POLÍTICO), ACUDO RESPETUOSAMENTE: PRIMERO, A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PARA QUE ORDENE UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ESCANDALOSOS HONORARIOS DE ABOGADOS EROGADOS POR LA NACIÓN, A PARTIR DE SU ORIGEN EN LA TESORERÍA NACIONAL, DESDE QUE COMENZÓ EL JUICIO MERCANTIL EN EEUU, HASTA EL DESTINO FINAL QUE LE DIERON LOS DIFERENTES “APODERADOS” DE LA PGR, ENCARGADOS DE SU PAGO A LOS ONCE (11) BUFETES ESTADOUNIDENSES CONTRATADOS POR LA MISMA PROCURADURÍA, PARA QUE “DEFENDIERAN” A LA NACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL INCOADO POR LA EMPRESA SKYE VENTURES LLC EL 13-08-04, EN EL ESTADO DE OHIO-EEUU, POR EL FAMOSO CASO BANDAGRO Y QUE ASCENDIERON A CENTENAS DE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES, EN LOS MÁS DE DOCE (12) AÑOS QUE DURÓ LA QUERELLA, LA CUAL, COMO ES SABIDO, LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE GANÓ EN TODAS LAS INSTANCIAS, COMO LO EXPLIQUÉ EN LAS PÁGINAS 116-118, PERO QUE SORPRESIVAMENTE LA “PERDIÓ”, EN TAN SOLO CINCO (5) MESES, EN UN TRIBUNAL FEDERAL DEL MISMO PAÍS, SEGUNDO Y CON IGUAL DEFERENCIA,

HONORABLE

CONGRESO

LOS

ESTADOS

UNIDOS

NORTEAMÉRICA, PARA QUE INTERVENGA EN ESTE ASUNTO QUE IGUALMENTE ATAÑE A SU PAÍS, POR SER EN OHIO DONDE SE DESARROLLÓ EL CONNOTADO JUICIO MERCANTIL Y TAMBIÉN EN LO QUE SE REFIERE: AL ASPECTO LEGAL, POR SER SU PAÍS RESPETUOSO DE LAS LEYES, DONDE LA JUSTICIA ES SU IDEAL Y EL HONOR ES SU DIVISA Y AL ASPECTO ECONÓMICO, POR CUANTO EL JUICIO AL SER GANADO EN SU JURISDICCIÓN, GENERARÍA AL ESTADO DE OHIO A TRAVÉS DE LA EMPRESA DEMANDANTE SKYE VENTURES LLC, CENTENAS DE MILLONES DE DÓLARES, QUE INDISCUTIBLEMENTE CONTRIBUIRÍAN TAMBIÉN A FORTALECER AÚN MÁS SU SALUDABLE ECONOMÍA, MOTIVOS POR LOS CUALES ES PRUDENTE Y NECESARIO QUE SE ORDENE UNA MINUCIOSA INVESTIGACIÓN AL RESPECTO, TANTO EN EL BUFETE ESTADOUNIDENSE ESCRITORIO FOLEY HOAG DE BOSTON, COMO EN LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC EN OHIO Y A SUS RESPECTIVAS DIRECTIVAS, PARA ESCLARECER CON EXACTITUD, LO OCURRIDO A PARTIR DE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA AMBIGUA DECISIÓN DONDE SE DETERMINE, TAMBIÉN ¿POR QUÉ SKYE VENTURES LLC, NO EJERCIÓ SU DERECHO DE APELACIÓN? ¿POR QUÉ NO FUÉ CONDENADA A PAGAR LAS CUANTIOSAS COSTAS PROCESALES QUE INCLUYEN LOS EXAGERADOS HONORARIOS DE ABOGADOS, QUE GENERÓ EL ENREVESADO JUICIO? ¿A DÓNDE FUERON A PARAR LAS TRES (3) PN Nos. 7/12, 8/12 Y 9/12 QUE SE SUPONEN DEBIERON SER INCAUTADAS POR LOS ABOGADOS DEFENSORES DE LA RBV EN LA SORPRESIVA DECISIÓN? ¿POR QUÉ NO FUERON ENJUICIADOS PENALMENTE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, QUE “INTENTARON” ESTAFAR A LA NACIÓN?, ATRIBUYÉNDOSELE LA EXTRAÑA DECISIÓN AL HONORABLE JUEZ FEDERAL EDMUND SARGUS, EN LA QUERELLA DEL

Página 129 FAMOSO CASO BANDAGRO Y A FAVOR DE LA RBV, SITUACIÓN POR LA CUAL, SE NOS HACE DIFÍCIL PENSAR QUE EL RESPETABLE JUEZ, HAYA IGNORADO O DESCONOCIDO, LOS DEFINITIVOS Y DETERMINANTES QUE SON: EL INFORME DEL MF DE LA RBV DE FECHA 08-08-03, QUE CONCLUYÓ, REPITO, EN QUE LAS 57 PN ORIGINALES Y

AUTÉNTICAS,

EMITIDAS

LEGALMENTE

POR

BANCO

DESARROLLO

AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO), EL 07-12-81, SON GENUINAS Y QUE NOSOTROS LOS RECLAMANTES TENEMOS EL LEGÍTIMO DERECHO A QUE NUESTRAS PN SEAN PROCESADAS PARA HACERLAS EFECTIVAS O CUALQUIER OTRA FORMALIDAD Y EL DICTAMEN DE FECHA 31-10-03, DE LA PGR DE VENEZUELA, EL MÁXIMO ORGANISMO DECISORIO DEL PAÍS PARA ESTE CASO MERCANTIL QUE, CONVIRTIÓ EL REFERIDO INFORME EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, INFORMES ÉSTOS QUE AUNQUE POSTERIORMENTE TRATARON DE REVOCAR IRRESPONSABLE E ILEGALMENTE TAL COMO LO EXPLIQUÉ CLARAMENTE EN LAS PÁGINAS 90-94, DE ESTE ESCRITO, LOS MISMOS, SIGUEN VIGENTES Y SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MF Y CUYOS INFORME Y DICTAMEN RESPECTIVAMENTE, FORMAN PARTE DEL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DE LA LARGA QUERELLA EN EL TRIBUNAL DE OHIO, DONDE LA PGR DE VENEZUELA SE “DEFIENDE” DE SU PROPIA DECISIÓN APROBATORIA, DEL 03-10-03, COMO TAMBIÉN LO EXPLIQUÉ EN LAS PÁGINAS 57-58, DEL PRESENTE ESCRITO, POR LO QUE INSISTIMOS EN QUE NOS PARECE MUY EXTRAÑO QUE SKYE VENTURES LLC, DESPUÉS DE HABER GANADO EL JUICIO EN TODAS LAS INSTANCIAS DE LOS TRIBUNALES DE OHIO HASTA LLEGAR A LA CORTE DE APELACIONES, DONDE TAMBIÉN LO GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME DE TODOS LOS MAGISTRADOS QUE LA CONFORMABAN, EN UN ALARGADO PROCESO QUE DURÓ MÁS DE 12 AÑOS Y POR CENTENAS DE MILLONES DE DÓLARES, LO VENGA A “PERDER” EN TAN SOLO 5 MESES, EN UNA CORTE FEDERAL, ACLARANDO NUEVAMENTE QUE LA INFORMACIÓN ACERCA DE LA AMBIGUA DECISIÓN DEL HONORABLE JUEZ FEDERAL EDMUND SARGUS, LA OBTUVE DE LA NOTA DE PRENSA DE LA PGR DE VENEZUELA DE FECHA 25-07-16, PUBLICADA EN EL DIARIO ÚLTIMAS NOTICIAS DE MÍ PAÍS, QUE ES LA ÚNICA COMUNICACIÓN A LA CUAL HE TENIDO ACCESO Y QUE HA LLEGADO A MIS MANOS EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN EN QUE ME ENCUENTRO, INTERNADO JUDICIAL RODEO II, EN VENEZUELA,

DONDE

TIENEN

ILEGALMENTE PRIVADO

MI LIBERTAD

(SECUESTRADO POLÍTICO) Y POR LO TANTO NO TENER MAYOR CONOCIMIENTO DE LO QUE MOTIVÓ LA REFERIDA DECISIÓN. 16) A MEDIADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, SE CONSTITUYÓ DE NUEVO LA CAS2P DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EL 06-03-18, FUI TRASLADADO A LA MISMA PARA REVOCAR A UNO DE MIS ABOGADOS DEFENSORES Y NOMBRAR A OTRO, ESTA VEZ A UNA RESPETABLE DAMA DE LA JUSTICIA, ESE MISMO DÍA SE FIJÓ AUDIENCIA PARA EL 27-03-18, QUE COINCIDIÓ CON EL MARTES DE SEMANA SANTA Y COMO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LO DECRETÓ COMO ASUETO, NI SIQUIERA FUI TRASLADADO AL TRIBUNAL Y EN CONSECUENCIA SE CAMBIÓ LA AUDIENCIA PARA EL 11-04-18, ESE DÍA ME TRASLADARON NUEVAMENTE A LA CAS2P, PERO NO HUBO DESPACHO, PORQUE UNA DE LAS MAGISTRADAS MANIFESTÓ TELEFÓNICAMENTE QUE NO PODÍA ASISTIR, POR LO CUAL HUBO UN NUEVO

Página 130 DIFERIMIENTO PARA EL 26-04-18, SIENDO DE NUEVO TRASLADADO AL TRIBUNAL, PERO ESTA VEZ NO HUBO AUDIENCIA POR MOTIVOS DESCONOCIDOS, LOGRANDO MIS ABOGADOS QUE SE REALIZARA ENTONCES EL 08-05-18, EN QUE FUI TRASLADADO OTRA VEZ A LA CORTE Y NO HUBO AUDIENCIA, PORQUE EN UNA EXTRAÑA ACTUACIÓN, LA PGR

LOGRÓ

QUE

POSPUSIERAN

PARA

DESPUÉS

LAS

“ELECCIONES

PRESIDENCIALES” QUE SE REALIZARÍAN EL 20-05-18, POR LO CUAL QUEDO DIFERIDA LA AUDIENCIA PARA EL 22-05-18, EN QUE FUI TRASLADADO DE NUEVO AL TRIBUNAL, DONDE POR FIN Y DESPUÉS DE 783 DÍAS MÁS DE RETARDO PROCESAL, SE REALIZÓ LA TAN ACCIDENTADA SEGUNDA AUDIENCIA, (YA QUE LA PRIMERA REALIZADA EL 30-03-16, QUEDÓ SIN EFECTO), QUE PARA MI MAYOR SORPRESA EN ÉSTA OPORTUNIDAD LA CAS2P, ESTARÍA PRESIDIDA POR LA ABOGADA EMYLCE RAMOS JULIO, EXFISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), QUE FUÉ UNA DE LAS TRES FISCALES QUE CON FECHA INCIERTA Y A PARTIR DEL 05-11-10, ME CREARON, CON FINES POLÍTICOS Y

ENCUBRIDORES,

ILEGITIMO

INCONSISTENTE

DELITO

“USO

DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, PARA EXTRADITARME ILEGALMENTE DE PANAMÁ Y POSTERIORMENTE ENJUICIARME EN EL T28JP DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, A CARGO DE LA JUEZ ABOGADA SUSANA

BARREIROS,

DONDE

FUI

“CONDENADO”

COMO

EXPLIQUÉ

DETALLADAMENTE EN EL NUMERAL 7) A PARTIR DE LA PÁGINA 58, DE ESE ESCRITO, POR CUYA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, ES EL OBJETO DE ESTA APELACIÓN Y ES EL MOTIVO POR EL CUAL LA AHORA MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA CAS2P PRESUNTAMENTE SE “INHIBIÓ” DE PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA, EN VIRTUD DE LO CUAL LA MISMA ESTUVO PRESIDIDA ACCIDENTALMENTE, POR EL MAGISTRADO JESÚS PÉREZ FARÍAS, PERO CON EL AGRAVANTE DE QUE LA CITADA MAGISTRADA TITULAR, SÍ ESTUVO PRESENTE EN LA SALA, OYENDO DESDE SU DESPACHO, EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES, POR LO CUAL Y POR EL CONOCIMIENTO QUE ME HA PROPORCIONADO ESTE “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, ME LLEVAN A INTUIR QUE UNA VEZ CONCLUIDA LA AUDIENCIA, LA PRESIDENTA DE LA SALA QUE SUPUESTAMENTE SE “INHIBIÓ”, SE INTEGRARÍA A LA TERNA DEL MAGISTRADO Y MAGISTRADAS, PARA TOMAR LAS DECISIONES DEL CASO Y AUNQUE TAMBIÉN MIS ABOGADOS EN ESPECIAL MI NUEVA ABOGADA DEFENSORA, HICIERON ÉNFASIS DE QUE EN ESE MISMO ACTO, SE ME OTORGARA MI DERECHO A LA LIBERTAD PLENA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL, QUE ASÍ LO PRECISA: “…Artículo 48. A los setenta años termina toda pena corporal que hubiere durado por lo menos cuatro años y la que para entonces hubiere durado menos y estuviere en curso, se convertirá en arresto, si es de presidio, o prisión hasta que transcurran los cuatro años. Las providencias del caso las dictará el juez de Primera Instancia en lo penal que hubiere conocido del proceso…”, PENA LA CUAL YA HABÍA SIDO SUPERADA EXAGERADAMENTE, PUES PARA LA FECHA DE LA AUDIENCIA DEL 22-05-18, YA TENÍA MÁS DE 71 AÑOS DE EDAD Y MÁS DE 6 AÑOS DE PENA CORPORAL PERO, TAMPOCO ME FUÉ OTORGADO MI DERECHO A LA TAN ANHELADA Y LEGÍTIMA LIBERTAD PLENA. OTRA SITUACIÓN OCURRIDA ES QUE DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA FISCALÍA POR EXTRAÑOS MOTIVOS, FUÉ EXCLUIDA DEL JUICIO DE APELACIÓN Y EN SU LUGAR ACTUÓ LA PGR, REPRESENTADA POR UN JOVEN ABOGADO QUE NI IDEA TENIA DE LO QUE SE

Página 131 TRATA EL ENREVESADO CASO BANDAGRO, LIMITÁNDOSE A LEER LOS DISPARATES QUE LE HABÍAN ESCRITO EN LA SEDE DE SU REPRESENTADA E INSISTIENDO IRRESPONSABLEMENTE EN QUE SE RATIFICARA LA INCONSTITUCIONAL, VICIADA, INMORAL, CORRUPTA, POLITIZADA, ENCUBRIDORA, ABSURDA Y AHORA MODIFICADA E IGNORADA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DEL REFERIDO T28JP, DE FECHA 29-01-14, DICTADA SUPUESTAMENTE A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, E IGNORANDO TOTALMENTE LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DEL DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, EMANADO DE SU PROPIA REPRESENTADA, LA PGR, EL 03-10-03. RATIFICADO POR LA MISMA PROCURADURÍA EL 18-11-03, MEDIANTE OFICIO # 0824, VUELTO A RATIFICAR POR LA PROCURADORA MARISOL PLAZA IRIGOYEN EL 01-07-04, EN SUS DECLARACIONES AL PERIODISTA PEDRO PABLO PEÑALOZA EN EL DIARIO TAL CUAL Y FINALMENTE CERTIFICADO SU CARÁCTER DE VINCULANTE POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ, MEDIANTE LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ARCADIO DELGADO ROSALES DE FECHA 12-07-07, QUE TAMBIÉN ES VINCULANTE, RESPONDIENDO A LOS RECURSOS DE INTERPRETACIÓN SOLICITADOS: EL 17-01-07 POR LA ABOGADA MARISOL PLAZA (EXPROCURADORA)

10-04-07

POR

ABOGADA

GLADYS

GUTIÉRREZ

(PROCURADORA EN EJERCICIO EN ESA FECHA), REFERENTES EN ESTE CASO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR Y EN CUYA DECISIÓN DEL 12-07-07, EL MAGISTRADO

PONENTE

ARCADIO

DELGADO

ROSALES

PRECISÓ:

“…EL

PRONUNCIAMIENTO INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLO TENDRÁ CARÁCTER VINCULANTE, SI DICHO DICTAMEN SE INSERTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO…”; A PRINCIPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2018, ME INFORMO MI ABOGADA DEFENSORA QUE UNA DE LAS MAGISTRADAS ASISTENTES

CONSECUENCIA,

AUDIENCIA

QUE

HABRÁ

HABÍA QUE

RENUNCIADO,

ESPERAR

QUE

TRAE

NOMBRAMIENTO

COMO DE

MAGISTRADO(A) SUSTITUTO(A) PARA QUE FIJEN NUEVAMENTE LA FECHA DE AUDIENCIA Y PROCEDER A UNA PRÓXIMA SESIÓN, YA QUE AUTOMÁTICAMENTE LA TAN ANUNCIADA Y ACCIDENTADA SEGUNDA AUDIENCIA CELEBRADA CON TANTOS CONTRATIEMPOS QUEDÓ SIN EFECTO. TODO LO CUAL CONDUCE A LA SIGUIENTE INTERROGANTE ¿SERÁ QUE LOS NUEVOS MAGISTRADOS DE LA CAS2P ACTUARÁN AL IGUAL QUE LA ANTERIOR, QUE ADMITIÓ LA CORRESPONDIENTE APELACIÓN EN LA AUDIENCIA DEL 30-03-16 Y QUE POSTERIORMENTE NO SE REUNIÓ MÁS, QUEDANDO DESMANTELADA PAULATINAMENTE POR: SUSPENSIONES, JUBILACIONES Y RENUNCIAS DE

SUS

MAGISTRADOS(AS),

MIENTRAS

QUE

NOSOTROS

LOS

ILEGALMENTE

“CONDENADOS” CONTINUAMOS PASANDO PENURIAS? Y TAMBIÉN AHORA EN QUE POR FIN SE REALIZÓ LA TAN ESPERADA Y ANSIADA SEGUNDA AUDIENCIA EL 22-05-18, QUE IGUALMENTE QUEDÓ SIN EFECTO, POR RENUNCIA DE UNA DE LAS MAGISTRADAS, ME CONSIGO ADEMÁS, CON LA SORPRESA DE QUE LA PRESIDENTA DE LA CAS2P DONDE SE REALIZÓ LA MISMA, COMO LO SEÑALÉ ANTES, ES NADA MENOS QUE LA EXFISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR) ABOGADA EMYLCE RAMOS JULIO, QUE TAMBIÉN PRESUMO QUE POR SUS “MÉRITOS” (COMO SUCEDIÓ CON LA EXJUEZ JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS QUE ME CONDENÓ ILEGALMENTE), FUÉ ASCENDIDA AL MÁS ALTO CARGO EN LAS CORTES DE APELACIONES, EN ESTE CASO PRESIDENTA DE LA SALA PENAL 2 Y FUÉ QUIÉN CONJUNTAMENTE CON LAS FISCALES LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA Y

Página 132 MILVIRA CARAVALLO ARAQUE, COMO SE SEÑALA EN LA PÁGINA 194, ME CREARON CON FECHA INCIERTA A PARTIR DEL 05-11-10, Y CON FINES POLÍTICOS Y ENCUBRIDORES, EL ILEGAL, INCONSISTENTE E IMPROBADO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR EL CUAL FUÍ EXTRADITADO ILEGALMENTE DE PANAMÁ, Y QUE ADEMÁS LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), SEÑALA EXPRESAMENTE EN SU ARTÍCULO 13 QUE EL EXTRADITADO SOLO DEBE SER JUZGADO POR EL DELITO QUE PROVOCÓ SU EXTRADICIÓN, EN ESTE CASO “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y POR NINGÚN OTRO, SIN QUE POR ESTA ACLARATORIA TAMPOCO ADMITA YO, EL REFERIDO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y LA IRREGULAR EXTRADICIÓN DE QUE FUÍ OBJETO, LO CUAL CONTÓ TAMBIÉN CON LA ANUENCIA DE LA EXFISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA LUISA ORTEGA DÍAZ, QUIÉN AHORA, COMO ES DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO SE ENCUENTRA FUERA DEL PAÍS, HUYENDO POR LA CANTIDAD DE ATROPELLOS COMETIDOS CONTRA LA NACIÓN Y SU CIUDADANÍA, TAL ES EL CASO DE QUIÉN SUSCRIBE ESTE ESCRITO, POR SER ELLA QUIÉN ADEMÁS, DECLARÓ PROCEDENTE MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ, LOGRANDO QUE LA MISMA SE CONCRETARA CON LA EXAGERADA MEDIDA DE INCLUIRME EN LA LISTA DE LOS MÁS BUSCADOS POR INTERPOL Y CON ALERTA ROJA, COMO QUE SI YO FUERA UN CRIMINAL DE ALTA PELIGROSIDAD, POR LO CUAL, COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 32, FUI APREHENDIDO POR INTERPOL-PANAMÁ, EL FATÍDICO DÍA 07-09-11, FECHA EN QUE CONTINUÓ MI CALAMIDAD, QUE COMO LO CITÉ EN LA PÁGINA 27, COMENZÓ EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), ORDENÓ ARBITRARIAMENTE MI ILEGAL CAPTURA A UNA COMISIÓN ESPECIAL DEL CICPC, SIN ORDEN JUDICIAL Y SIN HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, VIOLÁNDOSEME EN CONSECUENCIA, EL DEBIDO PROCESO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 49 DE NUESTRA CARTA MAGNA, LO CUAL DIÓ MOTIVO A QUE A PRINCIPIOS DE DICIEMBRE DE 2010, ME MUDARA LEGALMENTE A PANAMÁ, DANDO COMIENZO A MI EXILIO FORZOSO HASTA QUE FUI CAPTURADO POR INTERPOL-PANAMÁ EL 07-09-11, Y EXTRADITADO ILEGALMENTE A MI PAÍS EL 17-10-11, COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 32, CONTINUANDO EN VENEZUELA CON LA ILEGAL DETENCIÓN DE QUE SOY OBJETO, ENTRE LOS ESPANTOSOS, HORROROSOS Y ASQUEROSOS INTERNADOS JUDICIALES DE LOS TEQUES Y RODEO II, DOS VERDADEROS “CAMPOS DE CONCENTRACIÓN” DONDE A LA FECHA 31-07-21, LLEVO EXACTAMENTE 3.617 DÍAS IMPEDIDO ILEGALMENTE DE MI LIBERTAD, COMO LO HE ACLARADO REITERADAMENTE EN ESTE ESCRITO. 17) A FINALES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE CONSTITUYÓ NUEVAMENTE LA CAS2P PARA CELEBRAR LA TERCERA AUDIENCIA, EL 04-10-18, FUI TRASLADADO A LA MISMA, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA, LA CUAL NO SE REALIZÓ YA QUE POR MOTIVOS DESCONOCIDOS NO HUBO DESPACHO, POR LO TANTO, EL 18-10-18, MI ABOGADA DEFENSORA SOLICITÓ ANTE EL TSJ, LA ATENCIÓN URGENTE, SOBRE LA CAUSA QUE CURSA EN LA CAS2P DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EXPEDIENTE 4295-15, EN LA CUAL SE ENCUENTRA SEÑALADO EL CIUDADANO ANGEL ROBERTO INFANTE, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD VENEZOLANA 3.400.989, POR EL CASO BANDAGRO Y REFERENTE EN ESTA

Página 133 OPORTUNIDAD SÓLO AL DERECHO A SU LIBERTAD PLENA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL, DESTACANDO QUE LA SEÑALADA CORTE MUY POCAS VECES TIENE DESPACHO, PORQUE LOS MAGISTRADOS NO ACUDEN A LA SALA PENAL 2, SUPUESTAMENTE POR PROBLEMAS PERSONALES; NO OBSTANTE, EL 22-10-18, FUI TRASLADADO DE NUEVO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA Y TAMPOCO HUBO

DESPACHO,

IGUALMENTE

POR

MOTIVOS

DESCONOCIDOS,

HASTA

QUE

FINALMENTE EL 31-10-18, SE CELEBRÓ LA TAMBIÉN ACCIDENTADA TERCERA AUDIENCIA, MUY SIMILAR A LA SEGUNDA Y CON IGUAL COMPORTAMIENTO DE “INHIBIRSE”, PERMANECIENDO EN LA SALA, DE LA MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA CAS2P ABOGADA EMYLCE RAMOS JULIO Y TAMBIÉN DE LA ACTUACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA PGR, TERMINADA LA AUDIENCIA Y SIN OTORGARME MI DERECHO A LA LIBERTAD PLENA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL, LOS MAGISTRADOS, PASARON AL SALÓN CONTIGUO PARA COMENZAR A DILUCIDAR, “ACOGIÉNDOSE” A LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES QUE PAUTA LA LEY PARA “DECIDIR”, MIENTRAS QUE YO FUI TRASLADADO NUEVAMENTE A MI PENAL DE ORIGEN, EL ESPANTOSO Y ASQUEROSO INTERNADO JUDICIAL RODEO II. A LA FECHA 28-03-19, HAN TRANSCURRIDO 148 DÍAS Y LOS MAGISTRADOS NO HAN TOMADO NINGUNA “DECISIÓN”, QUE EN LO CONCERNIENTE A MI EDAD MÁS DE 70 AÑOS Y MÁS DE 4 AÑOS DE PRISIÓN, NO ES OTRA COSA QUE OTORGARME MI DERECHO A LA LIBERTAD PLENA, QUE DEBIÓ OCURRIR EL MISMO DÍA DE LA AUDIENCIA, 31-10-18, SUPONIENDO QUE SIENDO LA SALA 2 PENAL UN TRIBUNAL SUPERIOR, TIENE FACULTADES POR ENCIMA DE UN TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE OTORGARME LA REFERIDA LIBERTAD PLENA SIN DELIBERACIÓN ALGUNA, COMO LO ORDENA EL TANTAS VECES SEÑALADO ARTÍCULO 48 DEL COP, EL CUAL TRANSCRIBO NUEVAMENTE: “…Artículo 48. A los setenta años termina toda pena corporal que hubiere durado por lo menos cuatro años y la que para entonces hubiere durado menos y estuviere en curso, se convertirá en arresto, si es de presidio, o prisión hasta que transcurran los cuatro años. Las providencias del caso las dictará el juez de Primera Instancia en lo penal que hubiere conocido del proceso…”. AUNQUE EN REALIDAD LO QUE ME CORRESPONDE, ES EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, POR NO HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, Y POR CONSIGUIENTE NO PODER CONDENARME, ADEMÁS DE DESCONOCER TAMBIÉN MI DERECHO A SOLO SER JUZGADO, ÚNICAMENTE POR EL CREADO DELITO, QUE TAMBIÉN RECHAZO, DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, COMO LO SEÑALA EXPRESAMENTE EL ARTÍCULO 13, NUMERAL 1 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN, QUE TIENEN JERARQUÍA CONSTITUCIONAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 23 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN Y QUE FUÉ EL DELITO OBJETO DE MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ, CITA TEXTUAL: “…ARTÍCULO 13; Principio de la Especialidad 1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición...”. TODO LO CUAL SIGUE MANTENIENDO EN INCONSTITUCIONAL, VICIADO, INMORAL, CORRUPTO, POLITIZADO, ENCUBRIDOR Y ABSURDO EL INEFABLE “JUICIO PENAL”, Y POR LO TANTO LA REFERIDA CAS2P, DEBERÍA ORDENAR SIMULTÁNEAMENTE TAMBIÉN AL MINISTRO DE FINANZAS EN EJERCICIO, PARA QUE ACATE Y EJECUTE LO RESUELTO EL 08-08-03, POR

Página 134 LA PROPIA DIRECCIÓN GENERAL DE SU CONSULTORÍA JURÍDICA, QUE REPITO, DETERMINÓ: CITA TEXTUAL: “…HABIÉNDOSE CONSTATADO LA EXISTENCIA DE LAS PROMISSORY NOTES, ÉSTA CONSULTORÍA JURÍDICA CONCLUYE EN QUE LOS RECLAMANTES TIENEN EL LEGÍTIMO DERECHO A QUE LE SEAN PROCESADAS PARA HACERLAS EFECTIVAS O CUALQUIER OTRA FORMALIDAD, CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD Y QUE EL INFORME DEBE SER REMITIDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EMITA EL DICTAMEN DEFINITIVO…”; INFORME EL CUAL FUÉ ENVIADO POR EL MINISTRO DE FINANZAS DE ESE ENTONCES, TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, A LA CONSIDERACIÓN DE LA PGR EL 12-08-03, MEDIANTE OFICIO F-2633, APROBANDO ASÍ SU CONTENIDO Y DECISIÓN, PRONUNCIÁNDOSE ÉSTA FAVORABLEMENTE EL 03-10-03, SEGÚN OFICIO 0635, CON LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, CITA LITERAL: “…ESTA PROCURADURÍA ACEPTA LA VALORACIÓN Y EL CRITERIO SOSTENIDO POR LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS Y EN TAL SENTIDO, SE PRONUNCIA POR LA PROCEDENCIA DE LA CITADA RECLAMACIÓN INTERPUESTA…”, CONVIRTIENDO POR LO TANTO EL REFERIDO INFORME, EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE SU PROPIA LEY, TAL COMO LO HE MANIFESTADO REITERADAMENTE A LO LARGO DE ESTE ESCRITO. FINALMENTE EL 29-03-19, (1.490 DÍAS DESPUÉS DE INTRODUCIDA LA APELACIÓN Y 149 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA AUDIENCIA, LA LEY INDICA 10 DÍAS HÁBILES), OCURRIÓ LA TAN ESPERADA DECISIÓN FINAL DE LA CAS2P DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SOBRE LA SOLICITUD DE APELACIÓN ADMITIDA EL 30-03-16, (3 AÑOS ANTES) DE LA INCONSTITUCIONAL, VICIADA, INMORAL, CORRUPTA, POLITIZADA, ENCUBRIDORA, ABSURDA Y AHORA MODIFICADA E IGNORADA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DICTADA A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA DEL DÍA 21-01-14, CUANDO FUI ILEGALMENTE CONDENADO A CUMPLIR LA PENA DE 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA. CUYA DECISIÓN FINAL, DESPUÉS DE TANTOS CONTRATIEMPOS Y EXAGERADO RETARDO PROCESAL, CONCLUYÓ EN ESTA CAS2P CON LA GROTESCA RESOLUCIÓN DE “RATIFICACIÓN” DE LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, LA

CUAL

EXPLIQUÉ

LAS

PÁGINAS

71-72,

QUE

SUPUESTAMENTE

DICTÓ

SUBREPTICIAMENTE LA MISMA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS EL 29-01-14, PRESUNTAMENTE TAMBIÉN DE MADRUGADA, PUES LOS DELITOS SEÑALADOS COMO LOS HE CITADO REITERADAMENTE, NO SON LOS MISMOS POR LOS CUALES FUI ILEGALMENTE CONDENADO A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA DEL DÍA 21-01-14, EN EL T28JP, CON EXCEPCIÓN DE LOS DELITOS DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO Y AGAVILLAMIENTO, COMO SE EVIDENCIA EN LA REFERIDA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” QUE TRANSCRIBO NUEVAMENTE: “AL CIUDADANO ÁNGEL ROBERTO INFANTE, A CUMPLIR LA PENA DE DIECISÉIS (16) AÑOS, DOS (2) MESES, SIETE (7) DÍAS Y DOCE (12)

Página 135 HORAS DE PRISIÓN Y A PAGAR EL 50% DE LA UTILIDAD PROCURADA, POR LOS DELITOS (5) DE: USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO Y AGAVILLAMIENTO”, RATIFICANDO LA MISMA, POR NOTICIA FILTRADA “MISTERIOSAMENTE” Y CON INCREÍBLE EFICIENCIA, PUBLICÁNDOLA, SIN QUE NI SIQUIERA NOSOTROS LOS “CONDENADOS” HUBIÉSEMOS SIDO NOTIFICADOS, POR EL DIARIO EL IMPULSO, EN INTERNET, EL MISMO DÍA DE LA “RATIFICACIÓN DE SENTENCIA” DE LA CAS2P, EL 29-03-19 Y EN SU EDICIÓN LOCAL DE LA CIUDAD DE BARQUISIMETO EL 02-04-19, CIUDAD ESTA QUE ADEMÁS ESTÁ FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES QUE NOS “JUZGARON”, QUE CASUALMENTE TAMBIÉN FUE LA SEDE DEL MALOGRADO BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, S.A. (BANDAGRO), Y QUE ACTUALMENTE ES EL DOMICILIO DE QUIÉN FUE SU GERENTE GENERAL, ELBANO FONTANA NIEVES, UNO DE LOS RESPONSABLES DEL FRAUDE A LA NACIÓN COMETIDO EL 17-02-82, COMO LO EXPLIQUÉ CLARAMENTE EN EL LITERAL c) DE LA PÁGINA 35 Y CUYA GROTESCA NOTICIA DE “RATIFICACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA” TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN:

TSJ: Corte de Apelaciones de Caracas ratifica sentencia condenatoria por estafa en caso Bandagro #29Mar Juan B. Salas | Foto Archivo |29 marzo, 2019

Ratificar la sentencia condenatoria contra los ciudadanos José Nicolás Tovar Jiménez, Alejandro Néstor Tineo Salas, Ramón Heraldo Paredes y Ángel Roberto Infante, por la comisión del delito de estafa agravada contra la nación en forma continuada, previsto y sancionado en el artículo 462 numeral 1, en relación con los artículos 463 y 9, del Código Penal; así como por agavillamiento, delito previsto y

Página 136 sancionado en el artículo 286 del Código Penal, acordó la Sala Dos Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En efecto, así lo indica el fallo de la Corte de Apelaciones luego de declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado 28° de Primera Instancia Estadal en función de Juicio del mencionado Circuito Judicial Penal. De acuerdo con la decisión, los ciudadanos José Nicolás Tovar Jiménez, Alejandro Néstor Tineo Salas y Ramón Heraldo Paredes fueron condenados a cumplir la pena de 18 años 3 meses de prisión y cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más las accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal, tanto por los delitos antes mencionados, como por los delitos de: falsedad de documentos, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el artículo 322, ambos del Código Penal; aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigente para el momento de los hechos; y obtención ilegal de utilidad pública por acto administrativo en grado de tentativa en forma continuada, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigente para el momento de los hechos, en relación con los artículos 80 y 99, del Código Penal.

Por su parte, el ciudadano Ángel Roberto Infante fue condenado a cumplir la pena de 16 años, 2 meses, 7 días y 1 hora de prisión, así como el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más las accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión de los delitos previamente referidos, además de los delitos: uso de documento público falso, previsto y sancionado en el artículo 319 en relación con el artículo 322, ambos del Código Penal; y expedición de certificación

Página 137 o documentación falsa en forma continua, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Orgánica Contra la Corrupción. La decisión de la Sala Dos Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, también establece que le corresponde al Juez de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana Caracas decidir sobre la solicitud de terminación de la pena corporal impuesta al ciudadano Ángel Roberto Infante. DEBO HACER NOTAR, QUE UNA VEZ CONSUMADA LA GROTESCA “RATIFICACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA” POR LA CAS2P , EL 29-03-19, A CIUDADANOS INOCENTES, EN ESPECIAL A MÍ, QUE SOLO DEFIENDO MIS DERECHOS Y LOS DE MIS REPRESENTADAS, MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y SU CESIONARIA MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., LA PRESIDENTA DE LA CAS2P, ABOGADA EMYLCE RAMOS JULIO, QUIEN SIEMPRE SE “INHIBIÓ” PERO PERMANECIENDO EN SALA Y QUE UNA VEZ CUMPLIDA SU “MISIÓN”, FUE NOMBRADA NUEVAMENTE COMO JUEZ DE UN TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, OLVIDANDO O IGNORANDO TAMBIÉN LOS MAGISTRADOS(AS), DE LA CAS2P QUE SOLO DEBÍ SER JUZGADO, COMO DE HECHO LO FUI EN EL T28JP, POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR EL CUAL FUI EXTRADITADO ILEGALMENTE DE PANAMÁ, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE), QUE TIENE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL EN SU ARTÍCULO 13, ORDINAL 1°, CITA TEXTUAL: “…ninguna persona extraditada conforme a esta convención será detenida, procesada o penada en el estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición…” Y QUE ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, POR LOS TRIBUNALES Y ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 23, DE NUESTRA CARTA MAGNA, LO CUAL HE REPETIDO TANTAS VECES, SIN QUE POR ESTA ACLARATORIA TAMPOCO ADMITA YO, EL REFERIDO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y LA IRREGULAR EXTRADICIÓN DE QUE FUÍ OBJETO. 18) EL 03-04-19, FUI TRASLADADO AL “PALACIO DE JUSTICIA”, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE LA CAS2P Y SER NOTIFICADO, DE LA GROTESCA “RATIFICACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA” QUE SE CONCRETÓ Y PUBLICÓ EN INTERNET EL 29-03-19 Y QUE COMO MENCIONÉ EN LA PÁGINA 135, YA HABÍA SIDO DE MI CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA NOTA DE PRENSA FILTRADA “MISTERIOSAMENTE” AL DIARIO EL IMPULSO DE LA CIUDAD DE BARQUISIMETO, PUBLICADA TAMBIÉN EN PRENSA EL 02-04-19; INEXPLICABLE “RATIFICACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA” LA CUAL LEYÓ EL MAGISTRADO PONENTE ABOGADO JESÚS PÉREZ FARÍAS, EN SU CONDICIÓN DE JUEZ PRESIDENTE Y QUE EN LO QUE A MÍ SE REFIERE, CONSTA DE DOS (2) ORDINALES QUE TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN: PRIMERO: AL CIUDADANO ÁNGEL ROBERTO INFANTE, A CUMPLIR LA PENA DE DIECISÉIS (16) AÑOS, DOS (2) MESES, SIETE (7) DÍAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN Y A PAGAR EL 50% DE LA UTILIDAD PROCURADA, POR LOS DELITOS (5) DE: USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ESTAFA AGRAVADA

Página 138 CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO Y AGAVILLAMIENTO, DELITOS ESTOS QUE COINCIDEN CON LOS DE LA NOTA DE PRENSA DEL TSJ, PUBLICADA TAMBIÉN CON INUSITADA “EFICIENCIA” EN INTERNET EL 29-01-14 Y CON LA DE NOTICIAS ROJO ROJITO PUBLICADA EN INTERNET EL 30-01-14, AMBAS TRANSCRITAS EN LAS PÁGINAS 66-69, CON EXCEPCIÓN DEL DELITO DE “FALSEDAD DE DOCUMENTOS”, PERO QUE DIFIEREN SUSTANCIALMENTE CON LOS DELITOS DE LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DICTADA A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, EN LA AUDIENCIA DEL ACTO CONCLUSIVO DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, QUE OCURRIÓ EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, LA CUAL QUEDÓ CONFORMADA ASÍ: AL CIUDADANO ÁNGEL ROBERTO INFANTE, A CUMPLIR LA PENA DE 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE: “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA Y SEGUNDO: A TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ÚNICO APARTE DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN LA COMPETENCIA PARA CONOCER ACERCA DE LA SOLICITUD INTERPUESTA EN FECHA 18-10-18, POR LA CIUDADANA NINOSKA DEL VALLE SILVA MOLINA, ABOGADA EN EJERCICIO E INSCRITA EN EL INPREABOGADO BAJO EL # 87.990, EN SU CARÁCTER DE DEFENSORA DEL CIUDADANO ÁNGEL ROBERTO INFANTE, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD V-3.400.989, QUIÉN REQUIRIÓ LA TERMINACIÓN DE LA PENA CORPORAL IMPUESTA A SU REPRESENTADO, CONFORME A LA DISPOSICIÓN UT SUPRA, POR TENER ÉL MISMO PARA LA FECHA DE LA INTERPOSICIÓN DE DICHA SOLICITUD LA EDAD CRONOLÓGICA DE SETENTA Y DOS (72) AÑOS Y DIECISÉIS (16) DÍAS Y HABER CUMPLIDO LA PENA DE SIETE (7) AÑOS, UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS DE PRISIÓN, LE CORRESPONDE AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, TOMAR ESTA DECISIÓN; DECIDIR LO CONTRARIO SERÍA INVADIR EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y ATENTAR CONTRA LAS NORMAS PROCESALES QUE SON DE ORDEN PÚBLICO, AMÉN QUE SE ESTARÍA VULNERANDO A UNA DE LAS PARTES EL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA O LA OPORTUNIDAD DE RECURRIR DE LA DECISIÓN QUE SE EMITA AL RESPECTO, POR LO QUE EN DEFINITIVA, LE CORRESPONDE AL JUEZ DE EJECUCIÓN EMITIR PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LA TERMINACIÓN DE LA PENA CORPORAL IMPUESTA AL CIUDADANO ÁNGEL ROBERTO INFANTE, COMO SE SEÑALA EN LAS PÁGINAS 364. “RATIFICACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA” ÉSTA DE LA CAS2P, DE FECHA 29-03-19, QUE AL IGUAL QUE LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DEL T28JP DE FECHA 21-01-14, ME CAUSAN GRAN SORPRESA Y CONSTERNACIÓN, DE QUE ÉSTAS DECISIONES TAN CONTRADICTORIAS Y DESCARADAS OCURRAN EN MI PAÍS, VENEZUELA, CON TANTA IMPUNIDAD Y EN FRANCA VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, COMO LO HE DEMOSTRADO A LO LARGO DE ESTE ESCRITO Y EN ESPECIAL EN ESTE CASO POR LA LEY DE EXTRADICIÓN, QUE TIENE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL Y PUNTUALIZA EN SU ARTÍCULO 13, QUE EL EXTRADITADO SOLO DEBE SER JUZGADO POR EL ÚNICO DELITO

Página 139 QUE PROVOCÓ SU EXTRADICIÓN Y POR NINGÚN OTRO, QUE EN ÉSTE CASO LO CONCRETÓ EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR EL CUAL FUE APROBADA TAMBIÉN LA ILEGAL EXTRADICIÓN DE QUE FUI OBJETO, EMANADA DE LA SCPTSJ EL 14-06-11, DELITO POR EL CUAL FUI PRESENTADO EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL T04CP Y POR EL QUE TAMBIÉN SÓLO FUI JUZGADO EN EL T28JP Y QUE OBVIAMENTE NO ME FUE COMPROBADO EN LAS MÁS DE 80 AUDIENCIAS EN QUE TRANSCURRIÓ EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, SIN EMBARGO NO ME QUEDÓ OTRO RECURSO QUE FIRMAR EL ACTA Y DARME POR NOTIFICADO DE LA GROTESCA DECISIÓN DE LA CAS2P, PARA PODER ACUDIR AL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN, EL CUAL DEBERÁ OTORGARME MI DERECHO A LA LIBERTAD PLENA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DEL COP Y NO APELAR ANTE LA SCPTSJ, QUE SERÍA MÁS DE LO MISMO, POR SER DE ESTA SALA DE DONDE EMANARON TODAS LAS INSTRUCCIONES PARA CONCEBIR Y EJECUTAR EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, EN EL T28JP QUE, REPITO, CONCLUYÓ EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA EN LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, DE LA QUE FUI OBJETO Y PODER ACUDIR LUEGO QUE SE CUMPLA EL ORDINAL SEGUNDO DE LA CITADA DECISIÓN DE “RATIFICACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA” DE LA CAS2P, ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ (SCTSJ), PARA SOLICITAR EL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME, EN ESPECIAL LA VERGONZOSA SENTENCIA DEL T28JP Y LA “RATIFICACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA” DE LA CAS2P COMO TAMBIÉN EN LO QUE SE REFIERE AL SIGUIENTE EXTRACTO DE LA MISMA, TRANSCRITA EN LA PÁGINA 364, CITA TEXTUAL: “…LE CORRESPONDE AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, TOMAR ESTA DECISIÓN; DECIDIR LO CONTRARIO SERÍA INVADIR EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y ATENTAR CONTRA LAS NORMAS PROCESALES QUE SON DE ORDEN PÚBLICO, AMÉN QUE SE ESTARÍA VULNERANDO A UNA DE LAS PARTE EL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA O LA OPORTUNIDAD DE RECURRIR DE LA DECISIÓN QUE SE EMITA AL RESPECTO…”, DESCARADA DECISIÓN ÉSTA DE LA CAS2P, COMO QUE SI DURANTE TODO EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, DE QUE FUI OBJETO, SE ME HUBIERA RESPETADO EL DEBIDO PROCESO Y LA APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y SUS LEYES, CUYOS ARTÍCULOS DE LAS MISMAS, ME FUERON VIOLADOS O IGNORADOS FLAGRANTEMENTE COMO LO HE DEMOSTRADO A LO LARGO DE TODO ESTE ESCRITO, ESPERANDO EN SU OPORTUNIDAD QUE ESTA HONORABLE SALA CONSTITUCIONAL ACTUANDO APEGADA A DERECHO Y HACIENDO JUSTICIA, TERMINE CON TODA ESTA SERIE DE ATROPELLOS Y VIOLACIONES CONSTITUCIONALES DE QUE FUI OBJETO, DURANTE LOS MÁS DE NUEVE (9) AÑOS EN QUE SE HA DESARROLLADO ESTE “OPROBIOSO

JUICIO

PENAL”

RESTITUYA

TODOS

MIS

DERECHOS

CONSTITUCIONALES Y CIUDADANOS QUE ME FUERON VULNERADOS Y SE CUMPLA CON EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03 CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME EMANADO DE LA PGR DE FECHA 03-10-03. SEGUIRÉ CON ESTE NUMERAL, TRANSCRIBIENDO NUEVAMENTE LA AHORA MODIFICADA E IGNORADA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” EN MI CONTRA DICTADA A VIVA VOZ, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS, EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, EN EL ACTO CONCLUSIVO DEL JUICIO PENAL QUE SE LLEVÓ A CABO, EN EL T28JP, DONDE FUÍ CONDENADO A 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS

Página 140 PRESUNTOS

DELITOS

DE:

“USO

DOCUMENTO

PÚBLICO

FALSO,

AGAVILLAMIENTO, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA, SENTENCIA LA CUAL, REPITO, FUE CAMBIADA SUSTANCIALMENTE, CUANDO FUE FILTRADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, IRREGULARIDAD ÉSTA QUE COMENZÓ (8 DÍAS DESPUÉS) CON LA NOTA DE PRENSA DEL TSJ Y DEL DIARIO EL IMPULSO DE BARQUISIMETO, PUBLICADAS EN INTERNET EL 29-01-14 Y EN LAS CUALES SE MANTIENE QUE: LA SENTENCIA SE DICTÓ EN LA MADRUGADA PERO DE ESE MISMO DÍA 29-01-14 Y QUE TAMBIÉN LA PENA FUE DE 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS, ALTERANDO SUSTANCIALMENTE LOS DELITOS, QUEDANDO ILEGALMENTE REDACTADA AHORA LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” ASÍ: POR SU PARTE ÁNGEL ROBERTO INFANTE, FUÉ CONDENADO A 16 AÑOS, DOS MESES, SIETE DÍAS Y DOCE HORAS DE PRISIÓN Y A REINTEGRAR EL 50% DE LA UTILIDAD PROCURADA POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE (1) USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, (2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, (3) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, (4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO Y (5) AGAVILLAMIENTO. TODO LO CUAL CONTINÚA SIENDO UN GROTESCO E INEXPLICABLE DISPARATE DE LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, AL IGNORAR SU “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 21-01-14 A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA Y CONVERTIRLA EN UNA ABERRANTE “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DICTADA EN UNA SUPUESTA “AUDIENCIA” DE FECHA 29-01-14, SEGÚN LO SEÑALA LA CAS2P, EN EL FOLIO 172 PÁGINA 305, DE SU RESUMEN Y QUE MISTERIOSAMENTE, YA QUE LA MISMA “AUDIENCIA” SUPUESTAMENTE SE EJECUTÓ EN LA MADRUGADA DE ESE MISMO DÍA 29-01-14, SE LA HIZO LLEGAR CON SUPREMA “EFICIENCIA” A LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ DEL DIARIO EL IMPULSO PARA QUE LE DIERAN PUBLICIDAD EN INTERNET, TAMBIÉN ESE MISMO DÍA 29-01-14 Y EN CUYA “AUDIENCIA”, MIS ABOGADOS DEFENSORES Y YO OBVIAMENTE NO ESTUVIMOS PRESENTES, COMO LO HE SEÑALADO REITERADAMENTE, RATIFICANDO NUEVAMENTE QUE LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTÍ AL T28JP FUE EL 20-01-14, QUE SE PROLONGÓ HASTA EL 21-01-14 A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA. CONTINUANDO AHORA RELATANDO CRONOLÓGICAMENTE LAS INCONSISTENCIAS Y CAMBIOS SUBREPTICIOS Y NUGATORIOS, QUE OCURRIERON SIN DUDA ALGUNA DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS SIGUIENTES EN QUE SE DICTÓ LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” EL 21-01-14 Y A LA PUBLICIDAD POR INTERNET DE LA SENTENCIA YA MODIFICADA EL 29-01-14, POR PARTE DE LA OFICINA DE PRENSA DEL TSJ E IGUALMENTE AL DIARIO EL IMPULSO, DE BARQUISIMETO, TODO LO CUAL PUDE ENTERARME GRACIAS A QUE, REPITO, MI ABOGADA DEFENSORA ME TRAJO AL INTERNADO JUDICIAL RODEO II, COPIA DEL RESUMEN QUE ELABORÓ LA CAS2P, DEL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DE 48 PIEZAS DEL ENREVESADO

CASO

BANDAGRO,

PARA

PODER

TOMAR

SUS

DECISIONES,

RESUMEN ÉSTE QUE CONSTA DE 164 PÁGINAS Y FUE AGREGADO A LA PIEZA 47 DEL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, CUYAS PÁGINAS FUERON DEBIDAMENTE FOLIADAS DESDE LOS NÚMEROS 68 AL 231, AMBAS INCLUSIVE; SEÑALANDO NUEVAMENTE QUE EN EL FOLIO 170 PÁGINA 303, DEL RESUMEN, EL

Página 141 19-10-11, LA FGR ME PUSO A DISPOSICIÓN DEL T04CP, DONDE SE EFECTUÓ LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, QUE EN REALIDAD TAMBIÉN FUE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, LA CUAL COMENZÓ A LAS 10 AM Y QUE DEBIDO A MI EXTENSA EXPOSICIÓN SOBRE EL COMPLICADO CASO BANDAGRO, SE PROLONGÓ HASTA LAS 8 PM, CUANDO FUE SUSPENDIDA POR LA JUEZ, CONTINUANDO LA MISMA AL DÍA SIGUIENTE 20-10-11, A PARTIR DE LAS 10 AM, AUDIENCIA LA CUAL SE LLEVÓ A EFECTO EN EL REDUCIDO DESPACHO DE LA JUEZ, EN EL “PALACIO DE JUSTICIA” Y SOLO POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” QUE FUÉ EL QUE PROVOCÓ MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ EL 17-10-11 Y POR NINGÚN OTRO, ESTANDO TAMBIÉN PRESENTES EN EL DESPACHO DE LA JUEZ, LA SECRETARIA, EL ALGUACIL, LAS TRES (3) FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), MIS DOS ABOGADOS DEFENSORES Y YO, QUE LUEGO DE ESCUCHADAS LAS PARTES Y MI LARGA EXPOSICIÓN, LA JUEZ ME NOTIFICÓ, QUE ME ASISTÍA EL DERECHO DE ASUMIR, EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y QUE SIENDO ASÍ, SE ME REBAJARÍA LA PENA Y OBTENDRÍA ADEMÁS EL BENEFICIO DE SER JUZGADO EN LIBERTAD BAJO RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN CADA 15 DÍAS AL REFERIDO T04CP, LO CUAL OBVIAMENTE NO ACEPTÉ, POR NO HABER COMETIDO EL REFERIDO DELITO, NI NINGÚN OTRO, RESPONDIÉNDOME LA JUEZ CON CIERTA IRONÍA, “ENTONCES IREMOS A JUICIO” Y LO ENVIARÉ A LO “MEJORCITO” QUE TENEMOS, QUE RESULTÓ SER EL ESPANTOSO, HORROROSO Y ASQUEROSO INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES, LIBRANDO BOLETA DE ENCARCELACIÓN, DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL REFERIDO PENAL, COMO MI SITIO DE RECLUSIÓN MIENTRAS SE EJECUTA EL YA ILEGAL Y CONTAMINADO JUICIO PENAL, SIENDO ESTA LA ÚNICA VEZ QUE ASISTÍ A ESE T04CP. SEGUIDAMENTE LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ME PRESENTA PARA LA FIRMA, LO QUE SERÍA LA ÚLTIMA PÁGINA DEL ACTA DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, SIN PERMITIRME LEER SU CONTENIDO, LA CUAL TUVE QUE FIRMAR PRÁCTICAMENTE OBLIGADO, TENIENDO EL PRESENTIMIENTO DE QUE LA MISMA PODRÍA SER ALTERADA DE FORMA Y DE FONDO, COMO OBVIAMENTE OCURRIÓ EN LO MÁS ABAJO SEÑALADO, ARGUMENTÁNDOME LA SECRETARIA QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES COSTUMBRE EN TODOS LOS TRIBUNALES DEL “PALACIO DE JUSTICIA” Y QUE LOS OTROS PARTICIPANTES EN EL ACTO ASÍ MISMO LO HARÍAN. DEBO ACLARAR TAMBIÉN QUE EN EL MISMO PÁRRAFO DEL FOLIO 170 PÁGINA 303-304, DEL RESUMEN, SE PRESENTA LA INCOHERENCIA DE QUE SUPUESTAMENTE EN ESA MISMA Y ÚNICA AUDIENCIA PRELIMINAR DE FECHA 19-10-11, EN EL T04CP, LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), ME ATRIBUYERON ADEMÁS DEL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, LOS DELITOS DE OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y AGAVILLAMIENTO, CUANDO EN REALIDAD LO HICIERON SUBREPTICIAMENTE EL 18-11-11, (1 MES DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR), COMO TAMBIÉN IGUALMENTE SUCEDIÓ EL 14-12-11, (55 DÍAS DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR) CON LOS ABOGADOS DE LA PGR, QUE TAMBIÉN ME ATRIBUYERON LOS DELITOS DE OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSAS EN FORMA CONTINUADA, IGNORANDO UNA VEZ MÁS TODAS ESTAS AUTORIDADES JUDICIALES QUE EN LO A MÍ RESPECTA, SOLO DEBÍ SER JUZGADO, POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” POR EL CUAL ADEMÁS, FUI EXTRADITADO

Página 142 ILEGALMENTE DE PANAMÁ Y POR NINGÚN OTRO, COMO DE HECHO OCURRIÓ EN LAS MÁS DE 80 AUDIENCIAS EN QUE TRANSCURRIÓ EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, EN EL T28JP, QUE TERMINÓ EL 21-01-14 A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA. SUBREPTICIAMENTE EL 28-02-12, HUBO OTRA SUPUESTA “AUDIENCIA PRELIMINAR” EN EL T04CP EN LA CUAL, LA FGR Y LA PGR, EN FRANCA VIOLACIÓN COMO DE COSTUMBRE, DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, EN ESPECIAL LA LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE),

AGREGARON

LOS

CUATRO

(4)

“NUEVOS

DELITOS”

SEÑALADOS

ANTERIORMENTE DE: “ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y AGAVILLAMIENTO”, MANTENIENDO EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO

PÚBLICO

FALSO”

POR

CUAL

HABÍAN

EXTRADITADO

ILEGALMENTE DE PANAMÁ EL 17-10-11, LO QUE RATIFICA UNA VEZ MÁS LA NULIDAD ABSOLUTA DEL “OPROBIOSO JUICIO PENAL” DE QUE FUI OBJETO, PUES EN ESTAS SUBREPTICIAS Y NUGATORIAS ACTUACIONES DE LA FGR Y LA PGR, NI MIS ABOGADOS DEFENSORES NI YO, ESTUVIMOS PRESENTES, LO QUE PUDE COMPROBAR ADEMÁS, EN MÍ EXPEDIENTE DE CONTROL PENAL QUE LLEVA EL INTERNADO JUDICIAL RODEO II, EN EL CUAL ME ENCUENTRO ACTUALMENTE PRIVADO DE LIBERTAD (SECUESTRADO POLÍTICO) Y ES DONDE SE ARCHIVAN EN ORDEN CRONOLÓGICO LAS BOLETAS DE TRASLADOS A LOS DIFERENTES TRIBUNALES, EN EL MAL LLAMADO “PALACIO DE JUSTICIA” Y DONDE SE DEJA CONSTANCIA ESCRITA DE LA MANO DE LOS FUNCIONARIOS QUE EJECUTARON EL TRASLADO, SI EFECTIVAMENTE EL PROCESADO FUE ATENDIDO O DIFERIDO Y FUI ATENDIDO COMO SE HIZO CONSTAR EN LA ÚNICA BOLETA DE TRASLADO AL T04CP, DE FECHA 19-10-11 QUE REPOSAN EN EL REFERIDO EXPEDIENTE, LA CUAL SE EXTENDIÓ HASTA EL 20-10-11 Y QUE POSTERIORMENTE SUCEDIERON LOS SUBREPTICIOS Y NUGATORIOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES, PRIMERO: DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DEL 19-10-11, EN EL T04CP, LA CUAL CONVIRTIERON EN AUDIENCIA PRELIMINAR EL 28-02-12 Y SEGUNDO: DE LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DE FECHA 21-01-14, DICTADA A VIVA VOZ A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, EN UNO DE LOS SALONES DE AUDIENCIA DEL “PALACIO DE JUSTICIA”, ESTANDO PRESENTES NOSOTROS LOS INDICIADOS, NUESTROS ABOGADOS DEFENSORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, LAS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FGR), LOS ABOGADOS DE LA PGR, LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL, LOS ALGUACILES, NUESTROS FAMILIARES, AMIGOS, OTROS ABOGADOS Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, DONDE TAMPOCO LA AUDIENCIA FUE FILMADA COMO PAUTA LA LEY, TODO LO CUAL ME LLEVA A LA CONCLUSIÓN INEQUÍVOCA DE QUE TANTO LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN QUE EN REALIDAD FUE AUDIENCIA PRELIMINAR, EN EL T04CP, EL 19-10-11, COMO LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DEL T28JP, EL 21-01-14, FUERON CAMBIADAS, ALTERADAS Y MODIFICADAS, EN LOS SIGUIENTES OCHO (8) DÍAS DESPUÉS A LA FECHA 21-01-14, O SEA DEL 22 AL 29-01-14, YA QUE SI LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS POR LA FGR Y LA PGR, SE HUBIERAN HECHO COMO DICE EL RESUMEN DE LA CAS2P EN EL FOLIO 170 PÁGINAS 303-304, ENTRE LOS DÍAS 18-11-11 Y 14-12-11, RESPECTIVAMENTE, LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP, NO HUBIESE DICTADO SU “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” COMO LO HIZO A VIVA VOZ EL 21-01-14 A LAS 2:30 DE LA

Página 143 MADRUGADA Y QUE ASÍ FUE ESCUCHADA Y CONOCIDA POR TODOS LOS PRESENTES ANTERIORMENTE

SEÑALADOS,

QUE

ASISTIMOS

ACTO

CONCLUSIVO

DEL

“OPROBIOSO JUICIO PENAL”, EN EL SALÓN DE AUDIENCIA DEL “PALACIO DE JUSTICIA” Y QUE AHORA TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES QUE PARTICIPARON EN EL MISMO, PRETENDEN IGNORAR Y CUYA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA”, EN LO QUE A MÍ RESPECTA, FUE DICTADA TAL CUAL COMO LA REPITO A CONTINUACIÓN: AL CIUDADANO ÁNGEL ROBERTO INFANTE, A CUMPLIR LA PENA DE 16 AÑOS, 2 MESES, 7 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE: “USO DE DOCUMENTO

PÚBLICO

FALSO,

AGAVILLAMIENTO,

APROVECHAMIENTO

FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA”, ADEMÁS DE IMPONERME UNA INSÓLITA MULTA DEL 50% DE LA UTILIDAD OBTENIDA. CONTINUARÉ AHORA CON OTRAS INCOHERENCIAS, QUE PRESENTA EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, QUE SE ME SIGUIÓ EN EL T28JP, DE LAS CUALES ME ENTERÉ A TRAVÉS DEL RESUMEN QUE HIZO LA CAS2P DEL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DE 48 PIEZAS DEL CASO BANDAGRO, QUE REPITO, ME TRAJO MI ABOGADA DEFENSORA, AL RECINTO CARCELARIO RODEO II, DONDE ME ENCUENTRO SECUESTRADO POLÍTICAMENTE: ● SE SEÑALA EN EL FOLIO 171 PÁGINA 304, QUE EL 28-02-12, SE CELEBRÓ EN EL T04CP, LA AUDIENCIA PRELIMINAR, CUANDO EN REALIDAD SE HABÍA EFECTUADO

19-10-11,

PROLONGÁNDOSE

MISMA

HASTA

20-10-11,

IDENTIFICÁNDOLA COMO AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, COMO SE INDICA EN EL FOLIO 170 PÁGINA 303, DONDE SÓLO SE DELIBERÓ POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, AUNQUE SE MENCIONAN OTROS 2 DELITOS, QUE NO FUERON SIQUIERA ANUNCIADOS EN LA AUDIENCIA, PERO SI SEÑALADOS EN EL RESUMEN, LO CUAL ES IMPOSIBLE, PUES FUERON ÉSTAS DOS ÚNICAS FECHAS 19 Y 20-10-11 A LAS QUE YO ASISTÍ CON MIS ABOGADOS DEFENSORES A ESE T04CP. ● SE SEÑALA EN EL FOLIO 172 PÁGINA 305, QUE EL 29-01-14, CULMINÓ EN EL T28JP, EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, TAMBIÉN SE DICE EN EL FOLIO 68 PÁGINA 202, QUE FUE EL 19-11-14, CUANDO EN REALIDAD FUE A PARTIR DEL 20-01-14 QUE SE PROLONGÓ HASTA EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA, EN QUE CIERTAMENTE CULMINÓ EL MISMO, SIENDO ÉSTA LA ÚLTIMA VEZ QUE YO ASISTÍ A ESTE T28JP Y QUE LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMENZANDO POR EL T28JP, LA FGR Y LA PGR, AHORA PRETENDEN IGNORAR, TOMANDO COMO CIERTA LA INEXISTENTE FECHA DEL 29-01-14. ● SE SEÑALA EN EL FOLIO 74 PÁGINA 208, QUE EL 19-09-14, EL T28JP, PUBLICÓ EN CARTELERA LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” TAMBIÉN SE DICE EN EL FOLIO 172 PÁGINA 305, QUE FUE EL 19-11-14, CUANDO EN REALIDAD LA PUBLICACIÓN EN CARTELERA OCURRIÓ, EL 29-01-15, COMO VERIFICARON MIS ABOGADOS DEFENSORES EN LA CARTELERA DEL T28JP Y APARECE TAMBIÉN EN EL FOLIO 68 PÁGINA 202, Y FUE A LA CUAL APELARON LOS MISMOS (DE LO CUAL TAMPOCO ME ENTERÉ) EL 03-02-15, COMO IGUALMENTE APARECE AL INICIO DEL INDICADO FOLIO 68 PÁGINA 202, DEL REFERIDO RESUMEN. ● DEBO SEÑALAR TAMBIÉN EL ERROR INEXCUSABLE, COMETIDO POR MIS ABOGADOS DEFENSORES MARCO ROMERO ACOSTA Y HÉCTOR OLIVO ÁLAMO, MIS AMIGOS, EN SU ACTO DE APELACIÓN DEL 03-02-15, A LA SUBREPTICIA Y NUGATORIA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DEL 29-01-14 EN EL T28JP, ANTE LA CAS2P, RECURSO ÉSTE DONDE SUPONGO QUE MIS ABOGADOS DEFENSORES, FUERON

Página 144 SORPRENDIDOS EN SU BUENA FE, AL APELAR ÉSTA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” Y ACEPTARLA COMO VÁLIDA, LA CUAL NO SE CORRESPONDE CON LA “INICIAL SENTENCIA CONDENATORIA” DICTADA EL 21-01-14, A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA Y CUYO ACTO DE APELACIÓN, DEL 03-02-15, FUE TRANSCRITO EN EL RESUMEN DEL JUICIO, QUE HIZO LA CAS2P, PARA TOMAR SUS DECISIONES Y FORMA PARTE DE LA PIEZA 47, EN LOS FOLIOS COMPRENDIDOS DEL # 101 AL # 119, PÁGINAS 235-253, Y DE CUYO ACTO DE APELACIÓN ANTE LA CAS2P Y DEL ACTO CONCLUSIVO ANTE EL T28JP, SOLICITÉ ENCARECIDAMENTE A MIS ABOGADOS DEFENSORES, QUE ME PERMITIERAN LEERLOS PREVIAMENTE, POR MI CONDICIÓN DE “DEFENDIDO” Y MÁS AÚN POR LOS PROFUNDOS CONOCIMIENTOS QUE TENGO SOBRE EL ENREVESADO CASO BANDAGRO Y DE LA BANCA EN GENERAL DE MI PAÍS, LECTURA LA CUAL NO ME FUE POSIBLE LOGRAR Y EN CONSECUENCIA SE PRODUJERON ADEMÁS ÉSTOS OTROS ERRORES INEXCUSABLES: a) AL MENCIONARSE EN EL FOLIO 92 PÁGINA 206, QUE SOY REPRESENTANTE DE MÍ EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., DESDE EL 29-04-04, CUANDO EN REALIDAD SIEMPRE HE SIDO PRESIDENTE DE LA MISMA, DESDE SU FUNDACIÓN EL 18-01-91 Y ÚNICO ACCIONISTA DESDE EL 24-04-94, b) AL CONFUNDIR EN LOS FOLIOS 93 Y 96 PÁGINAS 227-230, MÍ NOMBRE ÁNGEL POR NAGEL, c) AL MENCIONAR EN EL FOLIO 102 PÁGINA 236, QUE LA MEDIDA DE APREHENSIÓN FUE ACORDADA POR TRES (3) DELITOS, SIENDO DE SU TOTAL CONOCIMIENTO, QUE SÓLO FUE POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, POR EL CUAL ADEMÁS, FUI EXTRADITADO ILEGALMENTE DE PANAMÁ COMO SE INDICA REITERADAMENTE, EN LA CONFUSA PONENCIA DE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), TRANSCRITA EN LAS PÁGINAS 194-201, d) AL APARECER EN EL FOLIO 103 PÁGINA 237, UNA INCONSISTENTE FECHA DEL 04-05-01, REFERENTE AL DERECHO A RÉPLICA CUANDO NI SIQUIERA HABÍA COMENZADO EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, EN EL T28JP, SIENDO EN REALIDAD EN LA ÚLTIMA AUDIENCIA QUE COMENZÓ EL 20-01-14 Y SE EXTENDIÓ HASTA EL 21-01-14 A LAS 2:30 DE LA MADRUGADA CUANDO SUPUESTAMENTE SE PRODUJO EL DERECHO A RÉPLICA, A QUE SE REFIERE LA ALUDIDA FECHA 04-05-01, DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CONCLUSIVO, POR LO CUAL LA REFERIDA FECHA NO TIENE SENTIDO, MENCIONÁNDOSE TAMBIÉN EN EL INDICADO DERECHO A RÉPLICA, QUE ESTE JUZGADO DEBE PRONUNCIARSE SOLO POR LOS DELITOS, POR LO CUAL SE SOLICITÓ SU EXTRADICIÓN, CONOCIENDO PERFECTAMENTE MIS ABOGADOS DEFENSORES, QUE FUI EXTRADITADO ILEGALMENTE DE PANAMÁ, SOLO POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y NO USO DE DOCUMENTO FALSO, COMO ASÍ LO REFIERE Y FUE SOLO POR ESE DELITO QUE FUI JUZGADO Y NO DEBÍ SER CONDENADO. e) AL HABER INCOHERENCIA EN EL FOLIO 104 PÁGINA 238, “DENTRO DE LOS DELITOS” AL MENCIONAR UNO SÓLO QUE DEBE SER “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y NO USO DE DOCUMENTO FALSO Y TAMBIÉN AL CAMBIAR MI SEGUNDO NOMBRE ROBERTO POR ROBETO, f) AL MENCIONAR SIN SENTIDO Y NO HABER NINGUNA COHERENCIA NI LÓGICA EN EL FOLIO 106 PÁGINA 240 “LICENCIADA CARMEN YISMENIA LEÓN RAMÍREZ”, QUIÉN EN REALIDAD ES LA COMISARIO DE MÍ EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., g) AL EQUIVOCARSE EN EL FOLIO 116 PÁGINA 250, AL SEÑALAR AL MINISTRO TOBÍAS NÓBREGA COMO DE HACIENDA, SIENDO DE FINANZAS Y AL APARECER COMO QUE SI YO EL DÍA 05-06-06, LE DIRIGIERA UNA COMUNICACIÓN,

Página 145 A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LO CUAL NUNCA OCURRIÓ, h) AL MENCIONAR REITERADAMENTE EN LOS FOLIOS 93, 94, 95, 97 Y 114, ENTRE LAS PÁGINAS 225-248, QUE LOS BONOS BANDAGRO, MODELOS ICC-322, CÓDIGO CARONÍ, SERIE 8, Nos. 1/8 AL 5/8, SON PROPIEDAD DE JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (†), CONOCIENDO PERFECTAMENTE MIS ABOGADOS DEFENSORES, QUE LOS MISMOS SON DESDE EL 11-06-01, PROPIEDAD INDISCUTIBLE DE MI PODERDANTE, LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y QUE POSTERIORMENTE, PARA FACILITAR SU COBRO ANTE EL MF DE LA RBV, SE LOS CEDIÓ A MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A., MEDIANTE DOCUMENTO INDUBITABLE OTORGADO LEGALMENTE Y DE BUENA FE A PARTIR DEL 30-04-08, ANTE LAS CORRESPONDIENTES AUTORIDADES PANAMEÑAS Y VENEZOLANAS Y CUYO VISADO Y REVISIÓN DEL REFERIDO DOCUMENTO, PARA SER OTORGADO ANTE LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS, FUE EFECTUADO POR MI ABOGADO DEFENSOR, MARCO ROMERO ACOSTA Y QUE SU CONTENIDO TAMBIÉN ES DE AMPLIO CONOCIMIENTO DE MI OTRO ABOGADO DEFENSOR, HÉCTOR OLIVO ÁLAMO, QUIEN ADEMÁS FUÉ EL QUE ME INFORMÓ QUE MI DOCUMENTO PÚBLICO, HABÍA SIDO ADMITIDO COMO PRUEBA CONTUNDENTE EN EL JUICIO MERCANTIL, DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SKYE VENTURES LLC, EN EL ESTADO DE OHIO-EEUU, COMO UN DOCUMENTO INCUESTIONABLE CON UNA FORTALEZA LEGAL INDISCUTIBLE, TAL CUAL LO HEMOS DEMOSTRADO A LO LARGO DE ESTE ESCRITO Y QUE EN ESPECIAL EN LA PÁGINA 117, QUE TAMBIÉN ES EL DOCUMENTO QUE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE MI PAÍS, PRETENDEN SEÑALAR COMO FALSO, CREÁNDOME EL INEXISTENTE DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” QUE IGUALMENTE FUE EL ÚNICO DELITO, POR EL CUAL FUI EXTRADITADO ILEGALMENTE DE PANAMÁ, Y POSTERIORMENTE JUZGADO EN EL T28JP, EXTRADICIÓN LA CUAL HABÍA SIDO APROBADA ILEGALMENTE POR LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TSJ, EL 14-06-11, Y QUE SERÍA EL ÚNICO DELITO POR EL CUAL Y DE SER CIERTO, DEBÍ SER “JUZGADO”, COMO DE HECHO LO FUI, PERO NO DEBÍ SER “CONDENADO” POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE MI PAÍS Y CUYA REALIDAD AHORA TRATAN DE IGNORAR, i) AL NO EXPLICAR MIS ABOGADOS DEFENSORES, EN FORMA CLARA Y PRECISA EN EL ACTO DE APELACIÓN, TRANSCRITO POR LA CAS2P EN SU RESUMEN DEL JUICIO, EN LOS FOLIOS 102 Y 103 PÁGINAS 237-237, QUE SOLO DEBÍ SER JUZGADO POR EL ÚNICO DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” Y NINGÚN OTRO, SIN QUE POR ESTE MOTIVO ADMITA YO EL REFERIDO DELITO, YA QUE EL VERDADERO DELITO

FRAUDE A

LA NACIÓN,

COMO

LO HE

REFERIDO

REITERADAMENTE FUÉ COMETIDO EL 17-02-82, POR LOS ALTOS FUNCIONARIOS DE BANDAGRO, EN ESPECIAL POR EL INTERVENTOR WALDEMAR CORDERO VALE (†), COMO LO EXPLIQUÉ CLARAMENTE EN LA PÁGINA 35, j) AL NO MENCIONAR TAMPOCO EN EL ACTO DE APELACIÓN, QUE EL CASO BANDAGRO FUE INVESTIGADO Y RESUELTO POR ESTE MISMO “GOBIERNO REVOLUCIONARIO”, EN EL MÁS EXHAUSTIVO Y COMPLETO INFORME, DE SU MF DEL 08-08-03, CONVERTIDO EN DICTAMEN VINCULANTE, IRREVOCABLE Y FIRME POR SU PROPIA PGR, EL 03-10-03, COMO LO EXPLIQUÉ EN LAS PÁGINAS 57-58 Y QUE LUEGO TRATARON DE REVOCAR ILEGAL E IRRESPONSABLEMENTE COMO TAMBIÉN LO EXPLIQUÉ EN LAS PÁGINAS 90-94 Y QUE EL MISMO SIGUE VIGENTE Y ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EL MF Y k) AL NO SER MÁS EXPLÍCITOS EN SU PETITORIO EN EL FOLIO 119 PÁGINA 253,

Página 146 DEBIENDO SOLICITAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, POR SU MARCADA INCONSTITUCIONALIDAD Y POR SUPUESTO NO HABÉRSEME COMPROBADO DELITO Y MUCHO MENOS EL DELITO DE “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO”, CREADO POR LA FGR, POR EL CUAL ME EXTRADITARON ILEGALMENTE DE PANAMÁ Y QUE FUÉ TAMBIÉN EL ÚNICO DELITO POR EL CUAL FUÍ JUZGADO PERO NO COMPROBADO, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP DE JUICIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 19) POR OTRA PARTE, EL 02-07-19, JUAN GARANTÓN, ABOGADO DEFENSOR DEL TAMBIÉN “CONDENADO” ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, EJERCIÓ EL DERECHO DE APELACIÓN DE SU DEFENDIDO ANTE LA SCPTSJ, REFERENTE A LA RATIFICACIÓN DE CONDENA DE LA CAS2P, DE FECHA 29-03-19, MOTIVO POR EL CUAL DEBO ESPERAR LA DECISIÓN DE LA REFERIDA SCPTSJ, PARA POSTERIORMENTE ACUDIR A UN TRIBUNAL DE EJECUCIÓN, COMO LO ORDENA EL ORDINAL SEGUNDO, DE LA RATIFICACIÓN DE SENTENCIA DE LA REFERIDA CAS2P. ME INFORMÓ MÍ ABOGADA DEFENSORA, QUE LA APELACIÓN DE SENTENCIA, SOLICITADA POR EL ABOGADO JUAN GARANTÓN, FUE ADMITIDA POR LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TSJ, SOLO PARA RATIFICAR CON FECHA 28-11-19 LA GROTESCA DECISIÓN DE LA CAS2P, QUE COMO ES SABIDO, IGUALMENTE HABÍA RATIFICADO EL 29-03-19, LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA” DE FECHA 29-01-14 DEL T28JP, QUE CONDENÓ A SU DEFENDIDO ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, A CUMPLIR LA PENA DE DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LA UTILIDAD PROCURADA, MÁS LAS ACCESORIAS PRISIÓN; ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO PENAL, POR LOS DELITOS DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 319 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 322, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 462 NUMERAL 1, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 463 Y 99 DEL CÓDIGO PENAL, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 71 NUMERAL 2 DE LA LEY ORGÁNICA DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO VIGENTE PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ORGÁNICA DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO VIGENTE PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 80 Y 99 DEL CÓDIGO PENAL Y AGAVILLAMIENTO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 286 DEL CÓDIGO PENAL, ENVIANDO EN CONSECUENCIA LA SCPTSJ EL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DE LAS 48 PIEZAS EL MISMO 28-11-19, AL TRIBUNAL DÉCIMO DE EJECUCIÓN PENAL (T10EP), PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN DEL ORDINAL SEGUNDO DE LA REFERIDA SENTENCIA DE LA CAS2P DE FECHA 29-03-19, ME OTORGUE MÍ DERECHO A LA LIBERTAD PLENA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 48 DEL COP Y EN CONSECUENCIA CUMPLIDO EL REQUISITO DE SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME, PODER ACUDIR AL SCTSJ, PARA EJERCER MI DERECHO DE SOLICITAR EL RECURSO DE REVISIÓN DE LA MISMA, PERO ES EL CASO QUE A LA FECHA DE ESTE ESCRITO 31-07-21 LA CITADA SENTENCIA CUMPLIÓ 235 DÍAS EN EL T10EP Y AÚN NO SE HA CONCRETADO, TENIENDO YO TAMBIÉN AHORA MÁS DE 75 AÑOS DE EDAD Y 3.617 DÍAS DE PENA CUMPLIDA ENTRE LAS INHÓSPITAS CÁRCELES PANAMEÑAS Y LAS ESPANTOSAS, HORROROSAS Y ASQUEROSAS PRISIONES VENEZOLANAS, RATIFICANDO NUEVAMENTE MI CONDICIÓN DE CIUDADANO INOCENTE QUE NO HA

Página 147 COMETIDO

DELITO

ALGUNO,

PERO

QUE

SIN

EMBARGO

FUE

CONDENADO

INEXPLICABLEMENTE POR LAS “AUTORIDADES JUDICIALES” DE MI PAÍS, COMO LO HE REFERIDO REITERADAMENTE A LO LARGO DE ESTE ESCRITO EN UNA “INEFABLE SENTENCIA

CONDENATORIA”,

DICTADA

PRESUNTAMENTE

29-01-14,

MADRUGADA, POR LA JUEZ ABOGADA SUSANA BARREIROS DEL T28JP DE JUICIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, QUE REITERO FUE CONFIGURADA ASÍ: POR SU PARTE ÁNGEL ROBERTO INFANTE, FUÉ CONDENADO A 16 AÑOS, DOS MESES, SIETE DÍAS Y DOCE HORAS DE PRISIÓN Y A REINTEGRAR EL 50% DE LA UTILIDAD PROCURADA POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE (1) USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, (2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, (3) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, (4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO Y (5) AGAVILLAMIENTO. EL 10-01-20, MI ABOGADA DEFENSORA, SE DIRIGE RESPETUOSAMENTE A LA ABOGADA DRISEIDY DONAYE, JUEZ TITULAR DEL T10EP, SEGÚN COMUNICACIÓN QUE TRANSCRIBO A PARTIR DE LA PÁGINA 365, DONE LE SOLICITA MI DERECHO A OTORGARME MI LIBERTAD PLENA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DE COP, QUE ASÍ LO ORDENA, DERECHO EL CUAL, HABÍA SOLICITADO PREVIAMENTE A LA CAS2P, EL 18-10-18, ACORDANDO ÉSTA, EN SU ORDINAL SEGUNDO DE SU GROTESCA “RATIFICACIÓN DE CONDENA” DEL 29-03-19, QUE ESTA DECISIÓN LE CORRESPONDE OTORGARLA A UN TRIBUNAL DE EJECUCIÓN, COMO ASÍ LO SEÑALA LA REFERIDA CAS2P EN LA PÁGINA 364; DECISIÓN LA CUAL FUE INTERRUMPIDA POR LA APELACIÓN QUE HIZO EL ABOGADO JUAN GARANTON ANTE LA SCPTSJ, COMO LO EXPLIQUÉ EN LA PÁGINA 145, CONCLUYENDO ESTA SCPTSJ EL 28-11-19, RATIFICANDO LA GROTESCA DECISIÓN DE LA CAS2P, ENVIANDO EN ESTA MISMA FECHA EL EXPEDIENTE AL T10EP, LA CUAL SIGO ESPERANDO PARA UNA VEZ OBTENIDA MI LIBERTAD PLENA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DEL COP PODER ACUDIR A LA SCTSJ, PARA SOLICITAR, REPITO, EL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME. MIENTRAS TANTO, NOSOTROS LOS “CONDENADOS” INJUSTA E ILEGALMENTE, POR EL FAMOSO CASO BANDAGRO, SEGUIMOS ESPERANDO QUE SE HAGA JUSTICIA.

Este escrito es auténtico, todos los subrayados y resaltados son míos, redactado y elaborado bajo mi absoluta y total responsabilidad, comenzado desde mi EXILIO FORZOSO en Panamá, a partir de Diciembre de 2010, hasta Septiembre de 2011, continuándolo desde mi SECUESTRO POLÍTICO en el INTERNADO JUDICIAL DE LOS TEQUES, a partir de Octubre del 2011, hasta Enero de 2014 y en el INTERNADO JUDICIAL RODEO II en Guatire, a partir de Enero de 2014, hasta el 31 de Julio de 2021, ambos internados ubicados en mi País, Venezuela. Lic. Ángel Roberto Infante, C.I.V. 3.400.989, Correo Electrónico: anroinfante@gmail.com Más información en: Sitio WEB: https://issuu.com/angelinfante

Página 148

ÍNDICE DE ANEXOS 1 LEY DE EXTRADICIÓN, GACETA OFICIAL N° 2955-E DEL 11-05-82, DE LA RBV.

149-155

2 ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA RBV.

156-158

3 LEY DE REFINANCIAMIENTO, GACETA OFICIAL N° 3417-E DEL 06-08-84, DE LA RBV.

159-161

4 OFICIO N° DGSFP-H-96-0105 DEL 13-05-96, DONDE SE RATIFICAN LAS PN DE BANDAGRO.

162-165

5 OFICIO N° DGSFP-H-96-0282 DEL 13-09-96, DONDE TAMBIÉN SE RATIFICAN LAS PN DE BANDAGRO.

166

6 OFICIO N° 211 DEL 25-06-02, DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA RBV, DIRIGIDO AL MF.

167

7 OFICIO S/N DEL 14-02-03, DEL DIPUTADO LUÍS VELÁSQUEZ ALVARAY, DIRIGIDO AL MF.

168-172

8 OFICIO S/N DEL 09-04-03, DEL DIPUTADO LUÍS VELÁSQUEZ ALVARAY, DIRIGIDO AL MF.

173-174

9 EXTRACTO DE LA EXPERTICIA DEL ING. BRUNO FABBIANI, DEL 14-03-03, A BONOS BANDAGRO.

175-176

10 EXTRACTO DEL INFORME DEL MF, DEL 08-08-03, APROBANDO LOS BONOS BANDAGRO.

177-179

11 EXTRACTO DEL DICTAMEN DE LA PGR, DEL 03-10-03, CONSIDERÁNDO PROCEDENTE, EL INFORME DEL MF.

180-181

12 OFICIO N° 0770 DEL 18-11-03, DONDE LA PGR ENVÍA A LA ASAMBLEA NACIONAL, COPIA DE SU DICTAMEN.

182-183

13 OFICIO N° 0824 DEL 18-11-03, DONDE LA PGR RATIFICA SU DICTAMEN DEL 03-10-03, AL MF.

184-187

14 DECLARACIÓN DE LA PGR, AL DIARIO TAL CUAL DEL 01-07-04, DONDE CONFIRMA SU DICTAMEN DEL 03-10-03.

188

15 CARTAS DE FECHAS 07-04-09 Y 07-10-10, DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DE LA RBV, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†).

189-193

16 PONENCIA DE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), DE LA SCPTSJ DEL 14-06-11, DONDE SE APRUEBA MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ. 194-201 17 RESUMEN DE LA CAS2P DEL 29-03-19, DONDE SE RATIFICA LA “INEFABLE SENTENCIA CONDENATORIA”, DEL T28JP.

202-364

18 PONENCIA DEL MAGISTRADO MIKEL MORENO DE LA SCPTSJ, DEL 28-11-19, DONDE SE RATIFICA LA “GROTESCA DECISIÓN” DE LA CAS2P.

365-413

19 COMUNICACIÓN DEL 10-01-20, DE MI ABOGADA DEFENSORA, A LA JUEZ DRISEIDY DONAYE DEL T10EP.

414-421

20 DENUNCIA DEL 20-07-21, DE MI ABOGADA DEFENSORA, EN INSPECTORIA DE TRIBUNALES.

422-431

Página 149

ANEXOS GACETA OFICIAL N° 2955-E DE FECHA 11-05-82, DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA DONDE SE PUBLICÓ LA LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN, CONOCIDA COMO LEY DE EXTRADICIÓN (LACISE) GOBIERNO DE LUIS HERRERA CAMPINS (†).

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 11 de mayo de 1982

Gaceta Oficial Nº 2.955 Extraordinario

CONGRESO DE LA REPÚBLICA El congreso de la República de Venezuela Decreta: La siguiente, LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN Artículo Único: Se aprueba en todas y cada una de sus partes la Convención Interamericana Sobre Extradición, aprobada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Extradición celebrada en Caracas del 16 al 25 de febrero de 1981; firmada ad-referéndum por Venezuela el 25 de febrero de 1981 y cuyo texto es del tenor siguiente: CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Reafirmando el propósito de perfeccionar la cooperación internacional en materia jurídico-penal, que inspiró los convenios celebrados en Lima el 27 de marzo de 1879, en Montevideo el 23 de enero de 1889, en la ciudad de México el 28 de enero de 1902, en Caracas el 18 de julio de 1911, en Washington el 7 de febrero de 1923, en La Habana el 20 de febrero de 1928, en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, en la ciudad de Guatemala el 12 de abril de 1934 y en Montevideo el 19 de marzo de 1940; Teniendo en cuenta las resoluciones CVII de la Décima Conferencia Interamericana (Caracas, 1954), VII de la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos (México, 1956), IV de la Cuarta Reunión del mismo Consejo (Santiago de Chile, 1959), AG/RES. 91 (II-O/72),183 (V-0/75) y 310 (VII0/77) de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, así como los Proyectos de Convención del Comité Jurídico Interamericano elaborados en 1954, 1957, 1973 y 1977; Estimando que los estrechos lazos y la cooperación existentes en el Continente Americano imponen extender la extradición a fin de evitar la impunidad de los delitos y simplificar las formalidades y permitir la ayuda mutua en materia penal en un ámbito más amplio que el previsto por los tratados en vigor, con el debido respeto de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y Estando conscientes de que la lucha contra el delito en escala internacional importará el afianzamiento del valor supremo de la justicia en las relaciones jurídico-penales, ADOPTAN LA SIGUIENTE CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN Artículo 1 Obligación de Extraditar Los Estados Partes se obligan, en los términos de la presente Convención, a entregar a otros Estados Partes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.

Página 150 Artículo 2 1. Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva, haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. 2. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición ha sido cometido fuera del territorio del Estado requirente se concederá la extradición siempre que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo consiguiente. 3. El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona caya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición es denegada por el Estado requerido, éste someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la decisión al Estado requirente. Artículo 3 Delitos que dan lugar a la Extradición 1. Para determinar la procedencia de la extradición es necesario que el delito que motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito; esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de privación de libertad por dos años como mínimo, tanto en la legislación del Estado requirente como en la del Estado requerido, salvo el principio de la retroactividad favorable de la ley penal. 2. Si se ejercita entre Estados cuyas legislaciones establecen penas mínimas y máximas, será necesario que el delito materia del proceso, de acuerdo con la legislación del Estado requirente y del Estado requerido, sea pasible de una pena intermedia mínima de dos años de pena privativa de libertad. Se considera pena intermedia la semisuma de los extremos de cada una de las penas privativas de la libertad. 3. Si la extradición se solicita para el cumplimiento de una sentencia de privación de libertad, se requerirá además que la parte de la sentencia que aún reste por cumplir no sea menor de seis meses. 4. Al determinar si procede la extradición a un Estado que tenga una forma federal de gobierno y legislaciones penales federales y estatales distintas, el Estado requerido tomará en cuenta únicamente los elementos esenciales del delito y prescindirá de elementos tales como el uso del servicio de correos u otros servicios de comercio interestatal, ya que el único objetivo de dichos elementos es el de establecer la jurisdicción de los tribunales federales del Estado requirente. Artículo 4 Improcedencia de la extradición La extradición no es procedente; 1. Cuando el reclamado haya cumplido la pena correspondiente o haya sido amnistiado, indultado o beneficiado con la gracia por el delito que motivo la solicitud de extradición, o cuando haya sido absuelto o se haya sobreseído definitivamente a su favor por el mismo delito; 2. Cuando esté prescrita la acción penal o la pena, sea de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de extradición; 3. Cuando el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser juzgado ante un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requirente; 4. Cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política. El Estado requerido puede decidir que la circunstancia que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito será calificado como político; 5. Cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos; 6. Con respecto a los delitos que en el Estado requerido no puedan perseguirse de oficio, a no ser que hubiese querella, denuncia o acusación de parte legítima. Artículo 5 Delitos Específicos Ninguna disposición de la presente Convención impedirá la extradición prevista en tratados o convenciones vigentes entre el Estado requirente y el Estado requerido, que tengan por objeto prevenir o reprimir una categoría específica de delitos y que obliguen a dichos Estados a procesar a la persona reclamada o a conceder su extradición.

Página 151 Artículo 6 Derecho de Asilo Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando éste proceda. Artículo 7 Nacionalidad 1. La nacionalidad del reclamado no podrá ser invocada como causa para denegar la extradición, salvo que la legislación del Estado requerido establezca lo contrario. 2. Tratándose de condenados, los Estados Partes podrán negociar entre sí acuerdos de entrega mutua de nacionales para que éstos cumplan sus penas en los Estados de su nacionalidad.

Artículo 8 Enjuiciamiento por el Estado requerido Cuando correspondiendo la extradición, un Estado no entregare a la persona reclamada, el Estado requerido queda obligado, cuando su legislación u otros tratados se lo permitan, a juzgarla por el delito que se le impute, de igual manera que si éste hubiera sido cometido en su territorio, y deberá comunicar al Estado requirente la sentencia que se dicte. Artículo 9 Penas Excluidas Los Estados Partes no deberán conceder la extradición cuando se trate de un delito sancionado en el Estado requirente con la pena de muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes, a menos que el Estado requerido obtuviera previamente del Estado requirente, las seguridades suficientes, dadas por la vía diplomática, que no impondrá ninguna de las citadas penas a la persona reclamada o que si son impuestas, dichas penas no serán ejecutadas. Artículo 10 Transmisión de la solicitud La solicitud de extradición será formulada por el agente diplomático del Estado requirente, o en defecto de éste, por su agente consular, o en su caso por el agente diplomático de un tercer Estado al que este confiada, con el consentimiento del gobierno del Estado requerido, la presentación y protección de los intereses del Estado requirente. Esa solicitud podrá también ser formulada directamente de gobierno a gobierno, según el procedimiento que uno y otro convengan. Artículo 11 Documento de Prueba 1. Con la solicitud de extradición deberán presentarse los documentos que se expresan a continuación, debidamente autenticados en la forma prescrita por las leyes del Estado requirente: a. Copia certificada del auto de prisión, de la orden de detención u otro documento de igual naturaleza, emanado de autoridad judicial competente o del Ministerio Público, así como de los elementos de prueba que según la legislación del Estado requerido sean suficientes para aprehender y enjuiciar al reclamado. Este último requisito no será exigible en el caso de que no esté previsto en las leyes del Estado requirente y del Estado requerido. Cuando el reclamado haya sido juzgado y condenado por los tribunales del Estado requirente, bastará acompañar certificación literal de la sentencia ejecutoriada; b. Texto de las disposiciones legales que tipifican y sancionan el delito imputado, así como de las referentes a la prescripción de la acción penal y de la pena. 2. Con la solicitud de extradición deberán presentarse, además, la traducción al idioma del Estado requerido, en su caso, de los documentos que se expresan en el párrafo anterior, así como los datos personales que permitan la identificación del reclamado, indicación sobre su nacionalidad e, incluso, cuando sea posible, su ubicación dentro del territorio del Estado requerido, fotografías, impresiones digitales o cualquier otro medio satisfactorio de identificación.

Página 152 Artículo 12 Información Suplementaria y Asistencia Legal 1. El Estado requerido, cuando considere insuficiente la documentación presentada de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de esta Convención, lo hará saber lo más pronto posible al Estado requirente, el que deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hayan observado dentro del plazo de treinta días, en el caso de que el reclamado ya estuviere detenido o sujeto a medidas precautorias. Si en virtud de circunstancias especiales, el Estado requirente no pudiera dentro del referido plazo subsanar dichas omisiones o deficiencias, podrá solicitar al Estado requerido que se prorrogue el plazo por treinta días. 2. El Estado requerido proveerá asistencia legal al Estado requirente, sin costo alguno para éste, a fin de proteger los intereses del Estado requirente ante las autoridades competentes del Estado requerido. Artículo 13 Principio de la Especialidad 1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha concedido la extradición, a menos que: a. La persona abandone el territorio del Estado requirente después de la extradición y luego regrese voluntariamente a él; o b. La persona no abandone el territorio del Estado requirente dentro de los treinta días de haber quedado en libertad para abandonarlo; o c. La autoridad competente del Estado requerido dé su consentimiento a la detención, procesamiento o sanción de la persona por otro delito; en tal caso, el Estado requerido podrá exigir al Estado requirente la presentación de los documentos previstos en el artículo 11 de esta Convención. 2. Cuando haya sido concedida la extradición, el Estado requirente comunicará al Estado requerido la resolución definitiva tomada en el caso contra la persona extraditada. Artículo 14 Detención Provisional y Medidas Cautelares 1. En casos urgentes, los Estados Partes podrán solicitar por cualquiera de los medios previstos en el artículo 10 de esta Convención u otros medios de comunicación, que se proceda a detener provisionalmente a la persona reclamada judicialmente, procesada o condenada, y a la retención de los objetos concernientes al delito. La solicitud de detención provisional deberá declarar la intención de presentar el pedido formal para la extradición de la persona reclamada, hacer constar la existencia de una orden de detención o de un fallo condenatorio dictado contra dicha persona por parte de una autoridad judicial y contener la descripción del delito. La responsabilidad que pudiera originarse por la detención provisional corresponderá exclusivamente al Estado que hubiera solicitado la medida. 2. El Estado requerido deberá ordenar la detención provisional y en su caso la retención de objetos y comunicar inmediatamente al Estado requirente la fecha de la detención. 3. Si el pedido de extradición, acompañado de los documentos a que hace referencia el artículo 11 de esta Convención, no fuese presentado dentro de los sesenta días contados a partir de la fecha de la detención provisional, de que trata el párrafo 1 del presente artículo, la persona reclamada será puesta en libertad. 4. Cumplido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, no se podrá solicitar nuevamente la detención de la persona reclamada, sino después de la presentación de los documentos exigidos por el artículo 11 de esta Convención. Artículo 15 Solicitudes por más de un Estado Cuando la extradición fuere pedida por más de un Estado con referencia al mismo delito, el Estado requerido dará preferencia a la solicitud del Estado en cuyo territorio se cometió el delito. Si en las solicitudes concurre esta circunstancia por delitos diferentes, se dará preferencia al Estado que reclame a la persona por el delito que sea sancionado con pena más grave según la ley del Estado requerido. Si se tratare de hechos diferentes que el Estado requerido considera de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad del pedido.

Página 153 Artículo 16 Derechos y Asistencia 1. La persona reclamada gozará en el Estado requerido de todos los derechos y garantías que concede la legislación de dicho Estado. 2. El reclamado deberá ser asistido por un defensor, y si el idioma oficial del país fuere distinto del suyo, también por un intérprete. Artículo 17 Comunicación de la Decisión El Estado requerido comunicará sin demora al Estado requirente su decisión respecto a la solicitud de extradición y las razones por las cuales se concede o se deniega. Artículo 18 Non bis in idem Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. Artículo 19 Entrega de la Persona Reclamada y de Objetos 1. La entrega del reclamado a los agentes del Estado requirente se efectuará en el sitio que determine el Estado requerido. Dicho sitio será, de ser posible, un aeropuerto de salida de vuelos internacionales directos para el Estado requirente. 2. Si la solicitud de detención provisional o la de extradición se extendiere a la retención judicial de documentos, dinero, u otros objetos que provengan del delito imputado o que puedan servir para la prueba, tales objetos serán recogidos y depositados bajo inventario por el Estado requerido, para ser entregados al Estado requirente si la extradición fuere concedida o, en su caso, se frustrare por fuerza mayor, a menos que la ley del Estado requerido se oponga a dicha entrega. En todo caso, quedarán a salvo los derechos de terceros. Artículo 20 Postergación de la Entrega 1. Cuando la persona reclamada judicialmente estuviera sometida a juicio o cumpliendo condena en el Estado requerido, por delito distinto del que motivo la solicitud de extradición, su entrega podrá ser postergada hasta que tenga derecho a ser liberada en virtud de sentencia absolutoria, cumplimiento o conmutación de pena, sobreseimiento, indulto, amnistía o gracia. Ningún proceso civil que pudiera tener pendiente el reclamado en el Estado requerido podrá impedir o demorar su entrega. 2. Cuando por circunstancias de salud, el traslado pusiera en peligro la vida de la persona reclamada, su entrega podrá ser postergada hasta que desaparezcan tales circunstancias. Artículo 21 Extradición Simplificada 1. Un Estado requerido podrá conceder la extradición sin proceder con las diligencias formales de extradición siempre que: a. Sus leyes no la prohíban específicamente, y b. La persona reclamada acceda por escrito y de manera irrevocable a su extradición después de haber sido informada por un juez u otra autoridad competente acerca de sus derechos a un procedimiento formal y de la protección que éste le brinda. Artículo 22 Plazo de recepción del extraditado “…Si la extradición se hubiera concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo de la persona reclamada dentro del término de treinta días a contar de la fecha en que hubiera sido puesta a su disposición. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, se pondrá en libertad al reclamado, quién no podrá ser sometido a nuevo procedimiento de extradición por el mismo delito o delitos. Sin embargo, ese plazo podrá ser prorrogado por treinta días si el Estado requirente se ve imposibilitado, por circunstancias que

Página 154 no le sean imputables, de hacerse cargo del reclamado y conducirlo fuera del territorio del Estado requerido…” Artículo 23 Custodia Los agentes del Estado requirente que se encuentren en el territorio del otro Estado Parte para hacerse cargo de una persona cuya extradición hubiese sido concedida, estarán autorizados para custodiarla y conducirla hasta el territorio del Estado requirente, sin perjuicio de estar sometidos a la jurisdicción del Estado en que se hallen. Artículo 24 Tránsito 1. Los Estados Partes permitirán y colaborarán, avisados previamente, de gobierno a gobierno, por vía diplomática o consular, el tránsito por sus territorios de una persona cuya extradición haya sido concedida, bajo la custodia de agentes del Estado requirente y/o del requerido, según el caso, con la presentación de copia de la resolución que concedió la extradición. 2. El mencionado aviso previo no será necesario cuando se haga uso de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado Parte que se vaya a sobrevolar. Artículo 25 Gastos Los gastos de detención, custodia, manutención y transporte de la persona extraditada y de los objetos a que se refiere el artículo 19 de esta Convención, serán por cuenta del Estado requerido, hasta el momento de su entrega, y desde entonces quedarán a cargo del Estado requirente. Artículo 26 Exención de legalización Cuando en la aplicación de la presente Convención se utilice la vía diplomática, consular o directa de gobierno a gobierno, no se exigirá la legalización de los documentos. Artículo 27 Firma La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.

Artículo 28 Ratificación La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 29 Adhesión 1. La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado americano. 2. La presente Convención estará abierta a la adhesión de los Estados que tengan la calidad de Observadores Permanentes ante la Organización de los Estados Americanos, previa aprobación de la solicitud correspondiente por parte de la Asamblea General de la Organización. Artículo 30 Reservas Cada estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, aprobarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y no sea incompatible con el objeto y fin de la Convención.

Página 155 Artículo 31 Entrada en Vigor 1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 2. Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado hay a depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Artículo 32 Casos Especiales de Aplicación Territorial 1. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, deberán declarar, en el momento de la firma, ratificación o de la adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. 2. Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la unidad o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. Artículo 33 Relación con otras Convenciones sobre Extradición 1. La presente Convención regirá entre los Estados Partes que la ratifiquen o adhieran a ella y no dejará sin efecto los tratados multilaterales o bilaterales vigentes o concluidos anteriormente, salvo que medie, respectivamente, declaración expresa de voluntad de los Estados Partes o acuerdo de éstos en contrario. 2. Los Estados Partes podrán decidir el mantenimiento de la vigencia de los tratados anteriores en forma supletoria. Artículo 34 Vigencia y Denuncia La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. Artículo 35 Depósito, Registro, Publicación y Notificación El instrumento original de la presente Convención cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de esta Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención acerca de las firmas y los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como de las reservas que se formularen. También les transmitirá las declaraciones previstas en el Artículo 32 de la presente Convención. EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. HECHA EN LA CIUDAD DE CARACAS, República de Venezuela, el día veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y uno. [Estado de firmas y Ratificaciones]

Página 156 AGREGO OTROS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA RBV, QUE TAMBIÉN ME AMPARAN, QUE A MI ENTENDER ME FUERON VIOLADOS O IGNORADOS EN EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL” DEL QUE SOY OBJETO. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: “Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. “Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias”. “Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. “Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena…” “Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo…” “Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses…” “Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”. “Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa… 2. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad… 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y la Ley…” “Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.” “Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.” “Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la Ley y al derecho.”

Página 157 “Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Así mismo tienen acceso a los archivos y registros administrativos…” CÓDIGO ORGÁNICO CIVIL: “Artículo 3. La Ley no tiene efecto retroactivo.” “Artículo 1357. Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.” “Artículo 1359. El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1ª, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2ª, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos constar.” “Artículo 1360. El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación.” CÓDIGO ORGÁNICO PENAL: “Artículo 48. A los setenta años termina toda pena corporal que hubiere durado por lo menos cuatro años y la que para entonces hubiere durado menos y estuviere en curso, se convertirá en arresto, si es de presidio, o prisión hasta que transcurran los cuatro años. Las providencias del caso las dictará el juez de Primera Instancia en lo penal que hubiere conocido del proceso.” CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Artículo 442. Recibidas las actuaciones, la corte de apelaciones, dentro de los tres días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, decidirá sobre su admisibilidad. Admitido el recurso resolverá sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los diez días siguientes. Si alguna de las partes ha promovido prueba y la corte de apelaciones la estima necesaria y útil, fijará una audiencia oral dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones y resolverá al concluir la audiencia. Cuando la decisión recurrida sea la prevista en el numeral 4 del artículo 439 de este Código, Los plazos se reducirán a la mitad. El que haya promovido prueba tendrá la carga de su presentación en la audiencia. El secretario o secretaria, a solicitud del o la promovente, expedirá las citaciones u órdenes que sean necesarias, las cuales serán diligenciadas por éste o ésta. La corte de apelaciones resolverá, motivadamente, con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes.” “Artículo 444. El recurso sólo podrá fundarse en: 1. Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio. 2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. 3. Quebrantamiento u omisión de formas no esenciales o sustanciales de los actos que cause indefensión. 4. Cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. 5. Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica.” “Artículo 447. La corte de apelaciones, dentro de los cinco días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, decidirá sobre la admisibilidad del recurso. Si estima admisible el recurso fijará una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de diez días, contados a partir de la fecha del auto de admisión. El que haya promovido pruebas tendrá la carga de su presentación en la audiencia, salvo que se trate del medio de reproducción a que se contrae el artículo 317 de este Código, caso en el cual se ordenará su utilización. La prueba se recibirá en la audiencia. El secretario o secretaria, a solicitud del promovente, expedirá las citaciones u órdenes que sean necesarias, las cuales serán diligenciadas por éste o ésta.” “Artículo 490. Excepción. Los o las mayores de setenta años terminarán de cumplir la condena en su lugar de residencia, cuando hubieren cumplido efectivamente, por lo menos, cuatro años de pena. Quienes no puedan comprobar su edad, podrán solicitar esta medida cuando se demuestre mediante experticia médico-forense, que su edad fisiológica es superior a los setenta años.” LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: “Artículo 8. Las normas de este Decreto Ley son de orden público y se aplican con preferencia a

Página 158 otras leyes.” “Artículo 46. Las actuaciones suscritas por el Procurador o Procuradora General de la República, en el ejercicio de sus atribuciones, merecen fe pública.” “Artículo 56. Al día hábil siguiente de concluida la sustanciación del expediente administrativo, el órgano respectivo debe remitirlo a la Procuraduría General de la República, debidamente foliado, en original o en copia certificada, a objeto de que ésta, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, formule y remita al órgano o ente respectivo, su opinión jurídica respecto a la procedencia o no de la reclamación. En este caso, la opinión de la Procuraduría General de la República tiene carácter vinculante…” LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: “Artículo 11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente firmes.” “Artículo 19. Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: 2.- Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la Ley.” “Artículo 36. Los funcionarios administrativos deberán inhibirse del conocimiento del asunto cuya competencia les esté legalmente atribuida en los siguientes casos: 1.- Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés en el procedimiento.” LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: “Artículo 7. Los particulares en sus relaciones con la Administración Pública tendrán los siguientes derechos: 1. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. 7. Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley.” “Artículo 45. Son órganos superiores de consulta de la Administración Pública Central, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, los gabinetes sectoriales y los gabinetes ministeriales.” “Artículo 169. Las copias certificadas que solicitaren los interesados y las autoridades competentes se expedirán por el funcionario o funcionaria correspondiente, salvo que los documentos y expedientes hubieran sido previa y formalmente declarados formalmente secretos o confidenciales de conformidad con la Ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto.” LEY DEL REGISTRO PÚBLICO Y DEL NOTARIADO: “Artículo 27. Los asientos e informaciones registrales contenidos y emanados oficialmente del sistema registral, surtirán todos los efectos jurídicos que correspondan a los documentos públicos.” “Artículo 69. Los Notarios o Notarias son funcionarios o funcionarias del Servicio Autónomo de Registros y Notarías que tienen la potestad de dar fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o a través de medios electrónicos, indicando en este último caso los instrumentos mediante los cuales le otorga presunción de certeza al acto.” “Artículo 75. Los Notarios o Notarias son competentes, en el ámbito de su jurisdicción, para dar fe pública de todos los actos, hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter…” LEY DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO: “Artículo 31. El Directorio tendrá las siguientes atribuciones: 9.- Resolver sobre la contratación de créditos internacionales”. “Artículo 42. El Banco de Desarrollo Agropecuario podrá realizar las siguientes operaciones: 18.- Realizar en general, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Banco.” “Artículo 46. Las firmas autógrafas del Presidente, del Vicepresidente y de las personas expresamente facultadas para ello por el Directorio, darán autenticidad a los documentos en las cuales sean estampadas, siempre que se trate de operaciones realizadas por el Banco. Parágrafo Segundo: Los documentos deberán ser sellados con el sello especial del Banco el cual será en círculo de cuarenta milímetros de diámetro, que llevará en el centro el logotipo del Banco; en el borde superior la siguiente leyenda: Banco de Desarrollo Agropecuario, S.A…”.

Página 159 GACETA OFICIAL N° 3417-E DE FECHA 06-08-84, DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA DONDE SE PUBLICÓ LA LEY DE REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA NACIÓN, QUE INCLUYÓ LAS OBLIGACIONES EMITIDAS POR BANDAGRO. GOBIERNO DE JAIME LUSINCHI (†).

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Página 162 OFICIO N° DGSFP-H-96-0105 DE FECHA 13-05-96, DONDE SE RATIFICAN LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO, EL 07-12-81 Y SE LES EXTIENDE EL VENCIMIENTO HASTA EL 08-12-99, OFICIO EL CUAL FUE FIRMADO POR VICTOR URGUELLES, DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MH. GOBIERNO DE RAFAEL CALDERA (†).

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Página 166 OFICIO N° DGSFP-H-96-0282 DE FECHA 13-09-96, DONDE SE RATIFICAN LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO, EL 07-12-81, EXTENDIÉNDOLES IGUALMENTE EL VENCIMIENTO HASTA EL 08-12-99, OFICIO EL CUAL FUE FIRMADO POR NÉSTOR SUÁREZ, DIRECTOR GENERAL SECTORIAL DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MH. GOBIERNO DE RAFAEL CALDERA (†).

Página 167 OFICIO N° 211 DE FECHA 25-06-02, FIRMADO POR LA SECRETARIA PRIVADA DEL PRESIDENTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†) DE LA RBV, MAYOR (AV) MARITZA CAMARGO, DONDE POR ORDEN DE ÉL MISMO, REMITE AL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, LOS RECAUDOS PRESENTADOS POR EL ABOGADO MIGUEL JACIR, APODERADO DEL GRUPPO TRIAD FFC SPA, S.A., PARA EL COBRO DE LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO, EL 07-12-81, ORDENÁNDOLE ADEMÁS QUE INVESTIGUE PROFUNDAMENTE EL CASO BANDAGRO.

Página 168 OFICIO S/N DE FECHA 14-02-03, FIRMADO POR EL DIPUTADO LUÍS VELÁSQUEZ ALVARAY, DIRIGIDO AL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, ORDENÁNDOLE IGUALMENTE LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE EL CASO BANDAGRO.

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Página 173 OFICIO S/N DE FECHA 09-04-03, FIRMADO POR EL DIPUTADO LUÍS VELÁSQUEZ ALVARAY, DIRIGIDO AL MINISTRO DE FINANZAS TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, PARA QUE INCLUYA EN LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA LAS PN PROPIEDAD DE LA “FUNDACIÓN TOVAR”, DE LA MISMA SERIE “8” DE MIS REPRESENTADAS LA EMPRESA PANAMEÑA KAMI, S.A. Y MI EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A.

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Página 175 EXTRACTO DE LA EXPERTICIA REALIZADA POR EL GRAFÓLOGO ING. BRUNO FABBIANI, EL 14-03-03, DONDE COMPROBÓ QUE WALDEMAR CORDERO VALE (†), SI FIRMÓ LAS PN ORIGINALES Y AUTÉNTICAS, EMITIDAS LEGALMENTE POR BANDAGRO, EL 07-12-81.

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Página 177 EXTRACTO DEL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03, DONDE SE DECIDIÓ QUE NOSOTROS LOS INTERESADOS TENEMOS RAZÓN EN EL RECLAMO.

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Página 180 EXTRACTO DEL DICTAMEN DE LA PGR, DE FECHA 03-10-03, QUE DECLARÓ PROCEDENTE EL INFORME DEL MF DE FECHA 08-08-03.

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Página 182 OFICIO N° 0770 DE FECHA 18-11-03, DONDE LA PGR LE ENVÍA AL DIPUTADO LUÍS VELÁSQUEZ ALVARAY DE LA ASAMBLEA NACIONAL, COPIA CERTIFICADA DE SU DICTAMEN 03-10-03.

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OFICIO N° 0824 DE FECHA 18-11-03, DONDE LA PGR RATIFICA AL MF SU DICTAMEN DE FECHA 03-10-03, DONDE DECLARÓ PROCEDENTE SU INFORME DEL 08-08-03.

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Página 188 DECLARACIÓNES DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA MARISOL PLAZA, AL PERIODISTA JUAN CARLOS PEÑALOZA, DEL DIARIO TAL CUAL DE FECHA 01-07-04, DONDE CONFIRMÓ SU DICTAMEN DE FECHA 03-10-03.

Página 189 CARTAS DE FECHAS 07-04-09 Y 07-10-10, DIRIGIDAS POR MÍ, AL PRESIDENTE DE LA RBV, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (†), SOLICITÁNDOLE LA CANCELACIÓN DE LAS PN PROPIEDAD LEGÍTIMA DE MI REPRESENTADA LA EMPRESA VENEZOLANA INVERSIONES INALCA, C.A.

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Página 194 CONFUSA PONENCIA DE LA MAGISTRADA NINOSKA QUEIPO (†), PRESIDENTA DE LA SCPTSJ, DONDE APRUEBA MI ILEGAL EXTRADICIÓN DE PANAMÁ, QUE CONLLEVÓ AL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”, DE QUE SIGO SIENDO OBJETO Y QUE EL PRÓXIMO 07-09-21, CUMPLIRÁ 10 AÑOS.

Magistrada Ponente Doctora NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO I El 4 de mayo de 2011, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, el oficio Nº 520-11, emanado del Juzgado Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual se remitió el expediente relativo al trámite de Extradición, del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, tipificado en el artículo 322, en relación con el artículo 319, ambos del Código Penal. En fecha 5 de mayo de 2011, se dio entrada a la solicitud y en esa misma fecha se dio cuenta en Sala, asignándole la ponencia a la Magistrada Doctora NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 (numeral 1) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, declarar la procedencia o no de la solicitud de EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad Nº 3.400.989, en los términos siguientes: Rielan en el expediente las actuaciones siguientes: El 5 de noviembre de 2010, las Abogadas LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, EMYLCE RAMOS JULIO y MILVARA CARABALLO ARAQUE, Fiscales del Ministerio Público, solicitaron orden de Aprehensión contra el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, venezolano, cédula de identidad n° 3.400.989 por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, tipificado en el artículo 322, en relación con el artículo 319, ambos del Código Penal. En fecha 9 de noviembre de 2010, el Juzgado Trigésimo Quinto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acordó decretar la medida privativa judicial preventiva de libertad contra el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, de conformidad con los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; por los hechos siguientes: “… Es el caso que las Fiscalías del Ministerio Público Segunda (02°) ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Trigésima Séptima (37°) a Nivel Nacional con Competencia Plena y Sexagésima Octava (68) de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, adelantan investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta en fecha 22 de septiembre de 1993, por la ciudadana ESPERANZA MARTINÓ DE FERNÁNDEZ, actuando para la fecha como Presidenta del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), relacionada con la existencia de una organización delictiva que viene desarrollando y ejecutando desde hace más de dos décadas, un fraude en perjuicio de la República Bolivariana de Venezuela, el cual tiene su origen en la falsificación, tenencia, puesta en circulación e Intentos de cobro en nuestro país y en el mercado financiero Internacional, de un número indeterminado de supuestos títulos al portador (pagarés) denominados “Notas Promisorias”, identificadas con un supuesto Código Caroní series I.C.C. 290 y 322. Con las falsas Notas Promisorias, se ha pretendido crear la falsa apariencia de que el extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO), habría emitido y librado el 07 de diciembre de 1981, los referidos títulos con un vencimiento a diez años, por distintos Importes, con la presunta garantía de pago (aval) otorgada por el interventor de la entidad bancaria actuando pretendidamente en nombre de la República; siendo que las referidas Notas Promisorias presuntamente se encuentran suscritas por funcionarios del Banco, activos en aquel período, en concreto por los ciudadanos ELBANO FONTANA NIEVES, como Gerente General, PASCUAL PUIGBO MORALES, como Asesor Legal y WALDEMAR CORDERO VALE, en su condición de Interventor. Es así como, en las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público se ha tomado entrevistas a los ciudadanos ELBANO FONTANA NIEVES, como Gerente General, PASCUAL PUIGBO MORALES, como Asesor Legal y WALDEMAR CORDERO VALE, en su condición de Interventor, todos funcionarios del extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO), quienes han negado reiteradamente con contundencia, la pretendida autenticidad de sus firmas en las falsas notas promisorias y en la documentación

Página 195 relativa a estas, así como la emisión de los mencionados títulos por parte del Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO); surgiendo en consecuencia la presunción fundada de que las referidas Notas Promisorias nunca fueron válidamente emitidas por el Banco de Desarrollo Agropecuario, habiendo sido forjadas en su contenido y firma e Igualmente se presume razonadamente que fueron falsificados documentos que avalan la supuesta autenticidad de las mismas, todo ello con una manifiesta finalidad criminal de lograr el cobro de cuantiosas sumas de dinero (más de dos mil millones de dólares americanos, US$ 2.000.000.000,00), es decir con el fin de ser utilizadas como medio de comisión de algún hecho delictivo o para su perpetración, en contra de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, según lo arrojado por la Investigación realizada por el Ministerio Público hasta los actuales momentos, existen fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, quien funge como Representante de la sociedad mercantil INVERSIONES INALCA C.A.”, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 18 de enero de 1991, bajo el N° 07, Tomo 15-A-Sgdo (sic), usó documentos públicos falsos para justificar el aumento de capital de la empresa que representa, pues en el acta constitutiva y estatutos sociales de la compañía, acta societaria de aumento de capital de la sociedad y de otros actos societarios, se evidencia que se acepta cesión a la sociedad, sin contraprestación real, de cinco (05) pagarés o falsas notas promisorias de BANDAGRO por importe de veinticinco millones de dólares ($ 25.000.000), cada una, de los que es tenedora otra entidad, constituida conforme al derecho panameño, denominada KAMI S.A., que a su vez las recibió, sin especificar título, de la sociedad panameña TRIAD FINANCIARÍA SPA. Una vez revisado el documento del acta constitutiva y modificaciones de la sociedad mercantil INVERSIONES INALCA C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 18 de enero de 1991, bajo el N° 07, Tomo 15-A-Sgdo, representada para la fecha por los ciudadanos ÁNGEL ROBERTO INFANTE Y REINA MILAGROS CELESTE VARGAS ARNAL, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.400.989 y V-4.236223, respectivamente; se evidencia que inicialmente la sociedad mercantil, tenía un capital social de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00), siendo aumentado dicho capital mediante Asamblea extraordinaria celebrada en fechas 05 de febrero de 1993 y 11 de enero de 1994, a cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,00), y cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000.000,00) respectivamente, tal como quedó asentado en el Registro Mercantil antes mencionado. Tenemos igualmente que, en fecha 29 de abril de 2004, la ciudadana REINA MILAGROS CELESTE VARGAS ARNAL, renuncia al cargo de Vicepresidente y vende sus acciones, quedando como único accionista el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE. No obstante lo anterior, al revisar el expediente contentivo del acta constitutiva y demás asambleas extraordinarias de la sociedad mercantil “INVERSIONES INALCA C.A.”, representada desde el 29 de abril de 2004, únicamente por el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, se evidencia que el referido ciudadano, en su carácter de Presidente, presentó para su registro y posterior publicación, ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, Acta de Asamblea General de Accionistas, celebrada en fecha 16 de mayo de 2008, mediante la cual contabiliza el Importe y ratifica la cesión que le hizo a su compañía, la empresa panameña KAMI S.A., de la cantidad de cinco (05) Notas Promisorias, emitidas presuntamente por BANDAGRO, Modelo ICC-322, Código Caroní, serie 8, N° 1/8 a la 5/8, por Veinticinco millones de dólares americanos, según documento certificado en la Notaría Octava del Circuito de Panamá el 30 de abril de 2008 y posteriormente autenticado presuntamente en la Notarla Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, el 15 de mayo de 2008, bajo el N° 01, tomo 75 y en consecuencia aumenta el capital social de la compañía de cincuenta mil bolívares fuertes (Bs. F. 50.000,00) a doscientos cincuenta mil bolívares fuertes (Bs.F. 250.000,00). De igual manera, se puede constatar de los documentos que conforman el expediente N° 323532 (nomenclatura del Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda), relacionado con la empresa INVERSIONES INALCA C.A., que en el documento que autentica el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, en el que se deja constancia de la cesión que le hace a la sociedad mercantil, la empresa panameña KAMI, de la cantidad de cinco (05) Notas Promisorias, emitidas presuntamente por BANDAGRO, Modelo ICC-322, Código Caroní, serie 8, N° 1/8 a la 5/8, por Veinticinco millones de dólares americanos; se deja constancia que entre los documentos que consigna existe uno que constituye copia fotostática de la comunicación de fecha 12 de enero de 2003, dirigida por el ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, en su condición de apoderado de la empresa TRIAD FINANCIARIA SPA, propietaria inicial de las Notas Promisorias a las que se hace referencia en el documento consignado por el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, donde le manifiesta que las Notas Promisorias, propiedad de su representada, son las auténticas emitidas por BANDAGRO en el año 1981; todo lo cual hace presumir a esta Representación Fiscal, la evidente relación existente entre el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE y JOSÉ NICOLÁS TOVAR, siendo que a este último le fué decretada Medida

Página 196 Cautelar Sustitutiva de Libertad, por el Tribunal Cuarto en Funciones, por la presunta comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA, previstos y sancionados en los artículos 71 numeral 20 y 64, ambos de la derogada ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, actualmente artículos 74 y 72 de la Ley Contra la Corrupción; es por ello que se considera que el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, se encuentra relacionado con el referido ciudadano e Igualmente realiza acciones dirigidas a detentar, poner en circulación e intentar cobro en nuestro país y en el mercado financiero internacional, de un número indeterminado de supuestos títulos al portador (pagarés) denominados -Notas Promisorias”, identificadas con un supuesto Código Carona series I.C.C. 290 y 322, los cuales como se ha señalado son Falsos. En fecha 24 de marzo de 2011, el Tribunal Trigésimo Quinto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió las actuaciones relativas a la solicitud de privación preventiva de libertad del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, al Juzgado Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por ser este el tribunal de origen de la causa principal. El 3 de mayo de 2011, el Juzgado Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público de dar inicio a los trámites para la extradición del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE. II DE LA COMPETENCIA Previo a cualquier otra consideración, en forma preliminar, la Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de Extradición Activa, y a tal efecto observa: Respecto del conocimiento de dicha solicitud, el numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone: “Competencia de la Sala Penal Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley”. El procedimiento de extradición está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal, Libro Tercero, Título VI, y específicamente sobre la extradición activa, el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé: “…Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de la extradición activa. A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional.”(Subrayado de la Sala). Del contenido de los dispositivos legales ut supra transcritos, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con la Ley, los tratados o convenios internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala, declara su competencia para conocer de la presente solicitud de Extradición Activa en aplicación de los artículos 29.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 392 del Código Orgánico Procesal Penal. III FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD Las ciudadanas abogadas LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, EMYLCE RAMOS JULIO y MILVIRA CARABALLO ARAQUE, Fiscala Segunda del Ministerio Público ante las Salas de Casación Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal Trigésimo Séptimo con Competencia Plena a Nivel Nacional y Fiscala Sexagésima Octava de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas respectivamente, el 21 de marzo de 2011, interpusieron ante el Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, escrito contentivo de la solicitud de inicio del procedimiento de Extradición Activa contra el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, con base en los artículos 285 (numerales 3, 4 y 6) de la Constitución de la República Bolivariana

Página 197 de Venezuela, 108 (numerales 12 y 16) y 392 del Código Orgánico Procesal Penal, 37 (numeral 13) de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 6 del Código Penal. FALTA EL IV? V DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La ciudadana Doctora LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscala General de la República, mediante oficio N° DFGRVF-DGAJ-CAI-840-2011-024683 de fecha 25 de mayo de 2011, con respecto a la opinión del Ministerio Público indicó lo siguiente: “… En virtud de lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público a mi cargo y dirección, estima que en esta ocasión se cumplen los extremos legales establecidos en el artículo 392 del Código orgánico Procesal penal, el cual exige para la procedencia de la Extradición Activa, que recae contra el ciudadano requerido Medida Privativa de libertad, lo cual se verifica en el caso bajo estudio (…) En consecuencia, a criterio de este Despacho, la Solicitud de Extradición se encuentra ajustada a derecho, debiendo ser declarada procedente, a fin de que el referido ciudadano sea trasladado desde la república de Panamá, al Territorio Nacional para ser sometido a la jurisdicción de los órganos competentes de nuestro país….”. VI PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN ACTIVA La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 (numeral 1) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 391 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir sobre la procedencia o no de la solicitud de Extradición Activa del ciudadano venezolano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, con fundamento en las siguientes consideraciones: El artículo 3 del Código Penal venezolano, establece que: “… Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana”. La citada disposición consagra el llamado principio de la territorialidad de la ley penal venezolana y faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción. Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal, en su Libro Tercero, Título VII, artículo 391, establece, que el procedimiento de extradición se rige por las normas de dicho Título, así como, por los Convenios y Acuerdos internacionales suscritos por la República y el artículo 392 regula la Extradición Activa de la manera siguiente: “Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad se halla en país extranjero, solicitará al Juez de Control inicie el procedimiento de la extradición activa. A tales fines, el tribunal de la causa se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, quien dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional. En caso de fuga de quien esté cumpliendo condena, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al Juez de Ejecución”. Ahora bien, del contenido de las actas del expediente que cursa en la Sala de Casación Penal, se observa que las razones por las cuales el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas, solicitó a la Sala de Casación Penal, la extradición del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, son que contra el referido ciudadano fué decretada medida de privación judicial preventiva de libertad (orden judicial de aprehensión) por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, tipificado en el artículo 322, en relación con el artículo 319, ambos del Código Penal, medida que no se ha podido ejecutar en virtud de que el mencionado ciudadano no se encuentra territorio nacional, circunstancia que ha paralizado la causa seguida en su contra, en virtud de lo cual el Juzgado Trigésimo de Control el 9 de noviembre de 2010, decretó orden de aprehensión. El artículo 3 del Código Penal venezolano, establece que: “Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana”. Esta disposición consagra el principio de la territorialidad de la ley penal y faculta al Estado venezolano para conocer de los delitos que se cometan dentro de su espacio geográfico. Entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Panamá, rige la convención de Extradición Adoptada en Caracas, Venezuela el 25 de febrero de 1981 por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Extradición, la cual entró en vigor el 28 de marzo de 1992; en el cual las partes contratantes convinieron lo siguiente: “… Artículo 1

Página 198 Obligación de Extraditar Los Estados Partes se obligan, en los términos de la presente Convención, a entregar a otros Estados Partes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad. Asimismo, establece el artículo 2, del mencionado Tratado, lo siguiente: Artículo 2 1. Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva, haya sido cometido en el territorio del Estado requirente….”. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en los artículos señalados y en las actuaciones que cursan en el expediente, estima procedente solicitar a la República de Panamá la extradición del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO y en base al cual le fué acordada orden de aprehensión judicial preventiva. La declaratoria de procedencia de la presente solicitud de extradición se fundamenta en el hecho que, contra el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, concurren fundados elementos de convicción (debidamente motivados en la solicitud y orden de aprehensión) para estimar que ha sido autor responsable o partícipe en la comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, sancionado en el artículo 322, en relación con el artículo 319, ambos del Código Penal; adicional a ello, el referido ciudadano se evadió totalmente del proceso al haber salido del territorio nacional y se tiene noticias que se encuentra en la República de Panamá. Aunado a lo anterior, la Sala observa que el delito imputado al ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, y por el cual se solicita su extradición, se encuentra regulado en nuestra legislación. El delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, está consagrado en el artículo 322 del Código Penal, en los términos siguientes: “…Artículo 322. Todo el que hubiere hecho uso o de alguna manera se hubiere aprovechado de algún acto falso, aunque no haya tenido parte en la falsificación, será castigado con las penas respectivas establecidas en los artículos 319, si se trata de un acto público, y 321, si se trata de un acto privado…”. Asimismo, el artículo 319 “eiusdem” dispone lo siguiente: “…Artículo 319. Toda persona que mediante cualquier procedimiento incurriera en falsedad con la copia de algún acto público, sea suponiendo el original, sea alterando una copia auténtica, sea, en fin, expidiendo una copia contraria a la verdad, que forje total o parcialmente un documento para darle apariencia de instrumento público o altere uno verdadero de esta especie, o que lograre apropiarse de documentos oficiales para usurpar una identidad distinta a la suya, sufrirá pena de prisión de seis años a doce años…”. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza jurídica del delito que motiva la extradición, precisa la Sala que los hechos que constituyen el delito señalado al referido ciudadano (USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO), fueron cometidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela; por otra parte, no constan elementos que permitan establecer la prescripción de la acción penal, para perseguir el delito, ni se trata de delito que pueda ser calificado como político; al respecto, se debe entender como delito político a los cometidos contra el orden político establecido en un Estado y como orden político al conjunto de mecanismos que son necesarios para el correcto desarrollo del Estado; el delito político es el que tiene un móvil político, esto es, en el que la pasión política produjo el acto típico, en el presente caso no se trata de un juicio político ni de unos delitos políticos. Acorde con la anterior aseveración, es oportuno citar la sentencia de la Sala de Casación Penal N° 869 del 10 de diciembre de 2001, referida a la noción del delito político. “El delito político es el que tiene un móvil político, esto es, en el que la pasión política produjo el acto típico. (...) Es verdad, también, que muchos delitos comunes y los criminales perpetradores, han pretendido la disimulación de las características del delito común simulando un delito político con la invocación del móvil político: en múltiples ocasiones lo han logrado y así ha triunfado la injusticia, porque a un delincuente común y por lo tanto merecedor de la sanción penal común u ordinaria, se le ha sancionado con una benignidad especial y ha recibido, sin merecerlo, porque se enmascaró como un delincuente político, un trato de favor y una sanción excepcional. Para conjurar esa injusticia se ha de acudir a la diferenciación de los delitos políticos en dos clases: delitos políticos puros y delitos políticos relativos. Los delitos políticos puros son los que, animados con un móvil político, vulneran sólo el derecho del Estado. Los delitos políticos relativos son los que, animados con un móvil político, vulneran el derecho del Estado y además los derechos privados o de personas particulares. Esa distinción de los delitos políticos entre puros y relativos propició otra distinción, más profunda, entre delitos políticos y delitos sociales.

Página 199 Delitos políticos son los que afectan la organización e intereses de un Estado. Delitos sociales son los que afectan la paz social, la convivencia humana y las instituciones sociales fundamentales, por lo que van contra la humanidad y en consecuencia contra todos los Estados...”. En el presente caso el delito por el cual se requiere al ciudadano Ángel Roberto Infante, no se trata de un delito político, sino de un delito vinculado con el régimen económico y social establecido en nuestra colectividad, pues el delito de Uso de Documento Público Falso que se le atribuye al ciudadano requerido en extradición, formó parte del conjunto de actividades delictivas en el que se vio comprometida una institución financiera del Estado Venezolano. De manera tal que se trata de un delito contra el orden social y económico que va dirigido a la tutela de los intereses individuales sino también contra intereses sociales y colectivos de la vida económica de la nación, pues con ellos se lesionan bienes jurídicos colectivos o sociales o supraindividuales de la Economía Social. El principal bien protegido es el orden económico; este tipo de criminalidad, causa gravísimos daños, el denominado “white-collar-criminality” (el delincuente de “cuello blanco”) ataca la economía social, pues, en estos casos el bien jurídico vulnerado es la Economía nacional. Se puede y se debe acordar la extradición por este tipo de delitos, y en esto hay unanimidad en todos los Estados. Son varios los tratados de extradición ratificados por Venezuela en los cuales se establece que la extradición puede concederse por el delito contra el sistema económico-social. En este orden de ideas, resulta oportuno citar la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1684 de fecha 4 de noviembre de 2008; en la cual se realizó algunas consideraciones para la distinción entre el delito común y delito político: El término “delito común” es empleado por una parte de la doctrina en oposición a la expresión delito especial; pero, en otro sentido, también se suele hablar de “delito común” para diferenciarlo del “delito político”, siendo esta última la acepción que históricamente ha empleado el Constituyente en la redacción de la disposición vinculada con la institución del antejuicio de mérito. Esta última es la reconocida por el Diccionario de la Lengua Española cuando define al delito común como aquel “que no es político”. Es decir, que se trata de los delitos sancionados en la legislación criminal ordinaria, y que pueden lesionar u ofender bienes jurídicos individuales (como los delitos de violación, robo, hurto, lesiones, etc.) o causar daños o afectación de trascendencia social, como los delitos perpetrados contra la cosa o erario público, tipificados, por ejemplo, en la Ley contra la Corrupción. Por su parte, los delitos políticos son aquellos que atentan contra los poderes públicos y el orden constitucional, concretamente, los delitos de rebelión y sedición, así como también los que atentan contra la seguridad de la Nación, entre ellos la traición y el espionaje. Estos delitos se pueden apreciar desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo. Desde el primer punto de vista, es delito político aquel que se realiza concomitantemente con actos de perturbación política. Así, de acuerdo con este criterio de apreciación, el delito político es una consecuencia de la apreciación objetiva de sus elementos o consecuencias y, por consiguiente, tiene que darse necesariamente en los casos de perturbación política que pueden tener lugar en un Estado. Desde el punto de vista subjetivo, el delito es político cuando concurre a su apreciación la intención del autor, es decir, el móvil personal y psicológico del autor…”. Asimismo, advierte la Sala, que en el presente caso no concurre la prescripción de la acción penal en la causa seguida contra el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE visto que la acción delictiva no ha cesado, por cuanto esas notas promisorias, que originaron la apertura de la presente causa, han sido producto de la acción de personas nacionales y extranjeras que organizadas han tratado de lograr el cobro fraudulento de estas notas promisorias, en consecuencia se desprende la continuidad de la acción típica antes descrita. En este sentido ha dicho la Sala de Casación Penal que, “en el delito continuado el hecho es complejo, ejecutado por cuotas que equivalen a una progresión delictiva, en el que los diversos actos integran un concepto unitario de conducta típica…”. (Sentencia N° 269 del 19 de junio de 2006). En este orden de ideas, el criterio expuesto por el Ministerio Público en la solicitud de extradición, estriba en que en la presente causa hay delito continuado; a juicio de la Sala la continuidad se configura cuando hay una pluralidad de acciones pero unidad subjetiva, esto es, al ejecutar el hecho punible el sujeto activo obedece a una sola determinación genérica común a todas las infracciones, por ejemplo, quien intenta cobrar las notas promisorias presuntamente emitidas por BANDAGRO, en distintas instancias (nacionales e internacionales); asimismo, la Sala observa que el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE nunca se ha puesto a derecho, por tanto, ha sido imposible ejecutar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Juzgado Trigésimo Quinto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El ciudadano investigado no se ha hecho presente para enfrentar de manera personal el proceso judicial que se sigue y ejercer el derecho a la defensa que en todo momento le ha ofrecido y brindado el estado de derecho imperante en la República Bolivariana de Venezuela, de allí que la causa permanezca paralizada, razón por la cual la acción penal para la persecución del delito imputado y por el cual es requerido, se encuentra vigente, no siendo aplicable la prescripción judicial, pues el juicio se ha prolongado por culpa del reo, quien al haberse sustraído del proceso penal, ha dado lugar a la prolongación del juicio. Acorde con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión n°1089 del 19 de mayo de 2005, precisó:

Página 200 En segundo lugar, observa la Sala, respecto a la prescripción extraordinaria de la acción penal invocada por el recurrente, que aquélla no ha operado, en virtud de que según lo dispuesto en la parte in fine del segundo párrafo del artículo 110 del Código Penal, y con base en la interpretación que del mismo ha efectuado esta Sala (sentencia n° 1.118/2001), no es posible oponer la extinción de la acción penal, de acuerdo con la citada norma, ya que para la invocación del término de dicha extinción, es necesario que el mismo haya transcurrido por causas no atribuibles al imputado. En el caso sub lite, el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez no se ha puesto a derecho, por tanto, no ha sido posible la ejecución del auto de detención dictado en su contra, y ratificado en sucesivas oportunidades, situación de la cual se presume que dicho ciudadano está en conocimiento de aquél –en virtud de las actuaciones de su apoderado judicial en el expediente de la causa-; de allí que el juicio se haya prolongado y, es más, permanezca paralizado porque la única actividad jurisdiccional legalmente posible, según el texto del artículo 522.2 del Código Orgánico Procesal Penal -norma correspondiente al régimen procesal transitorio-, es, precisamente, la ejecución del auto de detención y la subsiguiente remisión de las actas procesales al Ministerio Público, para que éste acuse o solicite el sobreseimiento (Sentencia n° 2.948/2005, del 10 de octubre) (…) Entonces, resulta claro que el término establecido en el aparte in fine del segundo párrafo del artículo 110 del Código Penal, se ha verificado en el caso sub lite por causas imputables al ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, y por lo tanto, no resulta procedente la declaración de extinción de la acción penal que, con base en ese artículo, pretende el recurrente. En otras palabras, la dilatación del juicio ha sido por culpa de dicho ciudadano, por lo cual no puede materializarse la consecuencia jurídica contemplada en la señalada norma sustantiva…”. Por tanto, y en suma de lo anterior, la Sala de Casación Penal, efectuado como fué el análisis a la documentación que consta en el expediente evidencia, que en el presente caso, además de verificarse todos los requisitos de procedencia anteriores, también se cumple con los Principios Generales que regulan la institución de la Extradición, a nivel del Derecho Interno y del Derecho Internacional. Así se tiene lo siguiente: a) El Principio de la doble incriminación: según el cual, el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, es objeto de extradición; b) El Principio de la mínima gravedad del hecho: de acuerdo al cual sólo procede la extradición por delitos y no por faltas, y en el caso bajo estudio la extradición es solicitada por la comisión de dos delitos graves; c) El Principio de la especialidad: referido a que el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud; los hechos investigados acontecen desde el año 1981 hasta la presente fecha; y sólo en razón de ellos es que se solicita su extradición; d) El Principio de no entrega por delitos políticos: conforme al cual se prohíbe la entrega de sujetos perseguidos por delitos políticos, y en el presente caso se dejó claramente establecido que los delitos que motivaron la solicitud no son políticos ni conexos con éstos; e) El Principio de la no entrega del nacional: según el cual el Estado Requerido no entregará a sus nacionales, y en el presente caso, se solicita al Gobierno de la República de Panamá la extradición de un ciudadano de nacionalidad venezolana; f) Los Principios relativos a la acción penal: referidos a la no concesión de la solicitud de extradición si la acción penal está prescrita, y en el presente caso se dejó constancia que no consta ningún elemento que acredite la prescripción por cuanto son delitos continuados; g) Los Principios relativos a la pena: Según los cuales no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte o una pena perpetua, y tal como se determinó en el caso sub iúdice, el ciudadano requerido es procesado por delitos cuyas penas no exceden de treinta años de privación de libertad. Asimismo, la Sala de Casación Penal ratifica el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado, ello como garantía que se desprende del análisis del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1 y 125 (numeral 12) del Código Orgánico Procesal Penal, garantía está a favor del imputado, cuya finalidad reside en evitar que se juzgue a un ciudadano sin escucharlo y sin su presencia ante sus jueces naturales. (Vid. Sentencia N° 546 del 14 de diciembre de 2010). Sobre las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 29 numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, considera procedente, solicitar al Gobierno de la República de Panamá, la EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, de nacionalidad venezolana, portador de la cédula de identidad N° 3.400.989, por cuanto hay razones suficientes de hecho y de Derecho para su enjuiciamiento en territorio venezolano por los delitos señalados. Así se declara.

VII DECISIÓN

Página 201 Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara PROCEDENTE la solicitud de extradición del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, venezolano, portador de la cédula de identidad N° 3.400.989, al Gobierno de la República de Panamá, por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, sancionado en el artículo 322, en relación con el artículo 319, ambos del Código Penal. Notifíquese la presente decisión al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a cuyo efecto se ordena remitir copia certificada de esta decisión y de las actuaciones que cursan en el expediente. Publíquese, regístrese y cúmplase. Ofíciese lo conducente. Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los CATORCE días del mes de JUNIO de dos mil once. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. La Magistrada Presidenta, NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO Ponente La Magistrada Vicepresidenta, DEYANIRA NIEVES BASTIDAS La Magistrada, BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN El Magistrado, ELADIO RAMÓN APONTE APONTE El Magistrado, HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES La Secretaria, GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Expediente 11- 163

Página 202 RESUMEN TAMBIÉN CONFUSO, QUE ELABORÓ LA CORTE DE APELACIONES DE LA SALA 2 PENAL (CAS2P), DEL VOLUMINOSO EXPEDIENTE DE 48 PIEZAS QUE GENERÓ EL “OPROBIOSO JUICIO PENAL”.

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Página 365 PONENCIA DEL MAGISTRADO MIKEL MORENO DE LA SCPTSJ, DEL 28-11-19, DONDE SE RATIFICA LA “GROTESCA DECISIÓN” DE LA CAS2P.

Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ En fecha 24 de septiembre de 1993, se inició el presente proceso en virtud de la denuncia interpuesta mediante escrito por la ciudadana ESPERANZA MARTINÓ DE FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad nro. V. 3.469.649, en su carácter de Presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. En la misma, se señalan los hechos siguientes: “(…) Yo, ESPERANZA MARTINÓ DE FERNANDEZ (sic), venezolana, mayor de edad, Abogado, de este domicilio y titular de la cedula de Identidad N°: 3.469.649, actuando en mi carácter de Presidente del FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS (sic) y PROTECCION (sic) BANCARIA (FOGADE), persona jurídica de Derecho Público creada por Decreto Ejecutivo N°540 de fecha 20 de marzo de 1985, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°33.190, de fecha 22 de marzo de 1985, modificado mediante Decreto Ejecutivo N°651 del 3 de junio de 1985, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°33.236 de la misma fecha, carácter que se desprende de Decreto Presidencial N°1765 de fecha 1° de agosto de 1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.768, de fecha 2 de agosto de 1991, Organismo que actúa como Liquidador Delegado del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (BANDAGRO), según se evidencia de Resolución de la Superintendencia de Bancos N°:178-93 de fecha 9 de julio 1993, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°: 35.258, de fecha 22 de julio de 1993, ocurro ante Usted a fin de exponer: Por cuanto a esta Institución en su carácter de Liquidador delegado del Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO), han solicitado información el BANCO PRINCIPAL, anexo marcado ´A´, BANK OF AMERICA, Los Ángeles California, anexo marcado ´B´ y BANCO PROGRESO, anexo ´C´, en relación a unas Notas Promisorias identificadas como I.C.C.-290 y 332 CODIGO (sic) CARONI, supuestamente emitidas por BANDAGRO por lo que se procedió a realizar una revisión de los archivos de BANDAGRO pudiéndose constatar que las mismas carecen de soporte en los asientos contables y nunca han sido objeto de certificación o reconocimiento alguno por parte de las Juntas Interventoras o Liquidadoras anteriores. Asimismo, se recibió Oficio 01820 de fecha 06 de septiembre de 1993, suscrito por el Asesor Legal de la Dirección General del Ministerio de Hacienda, en el cual remite documentación relacionada a las ya mencionadas Notas Promisorias y en el que se señala que el ciudadano RAMON (sic) PAREDES han venido gestionando ante tal Dirección el reconocimiento y pago de las mismas y donde se deja a nuestro juicio la entrega de la documentación sobre esta supuesta emisión fraudulenta de títulos y las autoridades policiales (anexo marcado ´D´) todos los medios de prensa

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escrita del país, alertando al Consejo Bancario Nacional, Asociación Bancaria de Venezuela, Instituciones Bancarias Nacionales y Extranjeras y a cualquier otra Institución Financiera sobre la circulación de los títulos presuntamente falsos denominados ´Notas Promisorias´. Igualmente se enviaron diversas comunicaciones al Presidente de la República, al Ministerio de Relaciones Interiores, al Ministerio de Hacienda, al Fiscal General de la República, al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, a la Contraloría General de la República, a la Interpol, a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central de Venezuela. Anexo marcado como ´F´. II Por cuanto los hechos precedentemente expuestos pudieran constituir un fraude en perjuicio de la República, es por lo que se solicito se abra la averiguación sumarial correspondiente y se practiquen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos (...)” (folios 1 al 3, pieza 1). En fecha 24 de septiembre de 1993, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, acordó la apertura de la averiguación sumarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos tipificados en la mencionada Ley vigente para la fecha de los hechos, en perjuicio de la Nación (folio 105, pieza 1). En fecha 15 de octubre de 1993, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, acordó “(…) proseguir la averiguación sumarial en cuanto a la participación de los ciudadanos ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS (…), RAMÓN PAREDES y NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, hasta tanto surjan en autos elementos sobres (sic) los cuales decidir (…)” (folios 180 al 197, pieza 8).

En fecha 3 de agosto de 1999, el Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó un auto con ocasión a la Resolución nro. 25, de fecha 16 de julio de 1999, emanada del Consejo de la Judicatura, relacionada con la modificación de la denominación del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por la del Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de la misma Circunscripción Judicial, y que dicho Tribunal empezaba a conocer de sus propias causas y las que recibiera de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público, así como del Juzgado Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, en primer grado, conforme con lo establecido en el artículo 506 del Código Orgánico Procesal Penal (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.208 Extraordinario de fecha 23 de enero de 1998). En fecha 24 de septiembre de 1999, de conformidad con lo establecido en el artículo 507, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.208 Extraordinario de fecha 23 de enero de 1998), remitió el expediente a la Representación del Ministerio Público, a los fines de la formulación o no de la correspondiente acusación (folio 40, pieza 10).

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En fecha 21 de diciembre de 2004, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dejó constancia de haber recibido el expediente nro. 2079-93, procedente de la Fiscalía del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo de la solicitud de sobreseimiento del proceso penal seguido a los ciudadanos ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, RAMÓN HERALDO PAREDES y JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, por la presunta comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 71, numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (vigente para la fecha de los hechos) y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA, tipificado en el artículo 64 eiusdem, en perjuicio del Estado venezolano, conforme al artículo 308, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.208 Extraordinario de fecha 23 de enero de 1998), suscrito por la abogada MILENA CONTRERAS SOTILLO, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio del Área Metropolitana de Caracas; mediante oficio nro. 785-2004, de fecha 6 de septiembre de 2004, asignándole el alfanumérico AP01-S-2004-067140, y de la distribución al Tribunal Noveno de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Carcas (folios 42 al 44, pieza 10). En fecha 2 de mayo de 2007, el abogado FABIÁN SILVESTRE CHACÓN LÓPEZ, en su carácter de Representante de la Procuraduría General de la República, solicitó se rechace la solicitud de sobreseimiento del proceso, incoada por la abogada MILENA CONTRERAS SOTILLO, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio del Área Metropolitana de Caracas (folios 4 al 75, pieza 11). En fecha 15 de mayo de 2007, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realizó la audiencia oral y no aceptó la solicitud de sobreseimiento del proceso penal incoada por la Fiscalía del Ministerio Público, y remitió las actuaciones, a la Fiscalía Superior del Ministerio Público, a los efectos de la ratificación o rectificación de la petición, conforme al artículo 323, único aparte del Código Orgánico Procesal Penal (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.208 Extraordinario de fecha 23 de enero de 1998) e impuso a los ciudadanos ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, de la medida cautelar sustitutiva de libertad, consistente en el régimen de presentaciones y la prohibición de salida del país (folios 144 al 175, pieza 11). En fecha 24 de mayo de 2007, publicó la resolución judicial de la decisión dictada al término de la audiencia oral (folios 211 al 256, pieza 11). En fecha 10 de agosto de 2007, la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión en los términos siguientes: “(…) declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ALEJANDRO GARCÍA, en su carácter de defensor del ciudadano ALEJANDRO [NÉSTOR] TINEO SALAS, y por los abogados HÉCTOR OLIVO y RODRIGO S. TOVAR CASTILLO, en su carácter de defensores del ciudadano

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JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, mediante la cual, se les impuso la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, contenida en los numerales 3° (sic) y 4° (sic) del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y así mismo se negó el sobreseimiento de la causa que ambos imputados solicitaron. En consecuencia, decreta el sobreseimiento de la causa que en su oportunidad pidió el Ministerio Público mediante escrito de fecha 4-09-2004 (sic), solo que por un motivo diferente cual es la existencia de cosa juzgada material y formal, que impide la reedición de la persecución penal resuelta por sentencia definitivamente firme de fecha 29 de marzo de 1994 por el Juzgado Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público con respecto a los mismos hechos y personas a la que se refiere la sentencia apelada. Tal sobreseimiento se fundamenta en lo establecido en el artículo 28 ordinal (sic) 4.a (sic), en relación con el artículo 33, ordinal (sic) 4° (sic), ambos del Código Orgánico Procesal Penal (folios 66 al 118, pieza 12). En fecha 13 de agosto de 2007, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó la remisión del expediente a los efectos de “resolver si se avoca al conocimiento de la causa” (folios 120 y 121; 124 al 127, pieza 12). En fecha 18 de diciembre de 2007, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia nro. 742, en el expediente nro. 07-384, con ponencia de la Magistrada MIRIAM MORANDI MIJARES, en los términos siguientes: “(…) 1) Se AVOCA, de oficio, al conocimiento de la presente causa. 2) ANULA la decisión dictada por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 10 de agosto de 2007 que decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, según lo previsto en el artículo 28, ordinal (sic) 4°, letra ´a´ del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 33 (ordinal 4°) (sic) eiusdem y ordena remitir la copia certificada del expediente en la causa seguida a los ciudadanos ALEJANDRO TINEO SALAS y JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, para que otra Corte de Apelaciones conozca del recurso de apelación interpuesto por su defensa. 3) MANTIENE los efectos de la decisión dictada el 15 de mayo de 2007, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 4) ORDENA la remisión del expediente original a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, para que ejerza acto conclusivo en la presente causa correspondiente al resultado de la investigación según lo ordena el Código Orgánico Procesal Penal. 5) EXHORTA al titular de la acción penal a profundizar las investigaciones, para que se concluya la fase preparatoria en el presente proceso penal, para así determinar y demostrar en un tiempo perentorio, y sí resultare de las pruebas, la comprobación de un delito que ha sido producto de la asociación delictiva de personas nacionales y extranjeras, quienes se han asociado y organizado para el cobro fraudulento de las Notas Promisorias; al igual que toma las medidas pertinentes para asegurar las Notas Promisorias signadas ICC-322/ICC-290 existentes, lo cual constituye el cuerpo del delito en el presente caso y ejerza oportunamente el acto conclusivo que corresponda. 6) ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales. 7) IMPROCEDENTE la acumulación del expediente N° 19-J-1025-2007 que cursa ante el Tribunal Décimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

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8) REMÍTASE copia certificada de la presente decisión al ciudadano Fiscal General de la República y a la ciudadana Procuradora General de la República (…)” (folios 427 al 531, pieza 12). En fecha 29 de febrero de 2008, la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la solicitud de la nulidad absoluta de la audiencia oral, realizada el 15 de mayo de 2007, por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Área Metropolitana de Caracas, declaró improcedentes los argumentos esgrimidos por los recurrentes en cuanto a la negativa del sobreseimiento, declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los abogados ALEJANDRO GARCÍA, en su carácter de defensor del ciudadano ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS; y HÉCTOR OLIVO y RODRIGO TOVAR CASTILLO, defensores del ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, en contra de la decisión dictada por el mencionado Tribunal de Primera Instancia en función de Control, y confirmó el fallo recurrido en cuanto a las medidas cautelares sustitutivas de libertad (folios 32 al 95, pieza 13). En fecha 30 de septiembre de 2008, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia nro. 480, con ponencia de la Magistrada DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, mediante la cual, declaró inadmisible el recurso de casación ejercido por el defensor del ciudadano ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS (folios 157 al 165, pieza 13). En fecha 18 de noviembre de 2010, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, revocó las medidas cautelares sustitutivas de libertad y acordó la medida de privación judicial preventiva de libertad de los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ y ALEJANDO NÉSTOR TINEO SALAS. En fecha 22 de noviembre de 2010, se impuso al ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, de la revocatoria de la medida cautelar sustitutiva de libertad, y en fecha 24 de noviembre del mismo año, se realizó el acto de imputación formal, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA y AGAVILLAMIENTO, en la Fiscalía Sexagésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (folios 49 al 63; y 70 al 75, pieza 14). En fecha 24 de noviembre de 2010, se impuso al ciudadano ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, de la revocatoria de la medida cautelar sustitutiva de libertad (folios 92 al 117, pieza 14). En fecha 24 de noviembre de 2010, las abogadas LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, EMILCE RAMOS JULIO y MILVIRA CARABALLO ARAQUE, Fiscales del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitaron la orden de aprehensión del ciudadano “(…) RAMÓN PAREDES (…)” (folios 119 al 133, pieza 14). En fecha 29 de noviembre de 2010, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realizó

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el acto de audiencia para dirimir las circunstancias de la aprehensión del ciudadano RAMÓN HERALDO PAREDES, y se acordó la medida de privación judicial preventiva de libertad, por la comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y OBTENCIÓN ILEGAL DE ACTOS DE UTILIDAD PÚBLICA y AGAVILLAMIENTO (folios 184 al 219, pieza 14); en fecha 13 de diciembre de 2010, el Ministerio Público solicitó la prórroga para la presentación del acto conclusivo. En fecha 21 de diciembre de 2010, las abogadas LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, EMILCE RAMOS JULIO y MILVIRA CARABALLO ARAQUE, Fiscales del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acusaron a los ciudadanos ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ y RAMÓN HERALDO PAREDES, por la comisión de los delitos de “APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA y AGAVILLAMIENTO” (folios 262 al 393, pieza 14). En fecha 25 de febrero de 2011, los abogados ANTONIO JOSÉ GUERRERO ARAUJO, VIERA JOSEFINA LOZADA DE CARO, HUMBERTO JOSÉ ANGRISANO SILVA y JOSÉ ELISEO ARIAS RODRÍGUEZ, en su carácter de Representantes de la Procuraduría General de la República, presentaron la acusación particular propia, contra los imputados ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ y RAMÓN HERALDO PAREDES, por la presunta comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, AGAVILLAMIENTO, FALSEDAD DE DOCUMENTOS y ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA (folios 2 al 168, pieza 15). En fecha 1° de marzo de 2011, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realizó la audiencia preliminar, admitió las acusaciones presentadas por el Ministerio Público así como por la Procuraduría General de la República y mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad (folios 2 al 302, pieza 16). En la misma fecha, publicó el auto de apertura a juicio (folios 303 al 369, pieza 16). En fecha 19 de octubre de 2011, tuvo lugar en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el inicio de la audiencia oral de presentación del imputado ÁNGEL ROBERTO INFANTE, y culminó en fecha 20 de octubre de 2011; se acordó la continuación de la investigación por el procedimiento ordinario; se acogió la calificación provisional de los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, OBTENCIÓN ILEGAL DE ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN y AGAVILLAMIENTO y decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad en su contra (folios 23 al 38, pieza 19). En fecha 11 de noviembre de 2011, el Ministerio Público solicitó la prórroga para la presentación del acto conclusivo.

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En fecha 18 de noviembre de 2011, las abogadas LIZETTE RODRÍGUEZ PEÑARANDA, EMILCE RAMOS JULIO y MILVIRA CARABALLO ARAQUE, Fiscales del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acusaron al ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, por la comisión de los delitos de “USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO y AGAVILLAMIENTO” (folios 62 al 167, pieza 19). En fecha 14 de diciembre de 2011, los abogados BYROBY HAZ y JOSÉ ELISEO ARIAS RODRÍGUEZ, en su carácter de Representantes de la Procuraduría General de la República, presentaron la acusación particular propia contra el imputado ÁNGEL ROBERTO INFANTE, por la presunta comisión de los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO, AGAVILLAMIENTO, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES O DOCUMENTOS FALSOS EN FORMA CONTINUADA (folios 180 al 302, pieza 19). En fecha 28 de febrero de 2012, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realizó la audiencia preliminar, respecto al acusado ANGEL ROBERTO INFANTE, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público así como la acusación presentada por la Procuraduría General de la República y mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad (82 al 101, pieza 20) y en la misma fecha, publicó el correspondiente, auto de apertura a juicio (folios 102 al 127, pieza 20). En fecha 27 de junio de 2012, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realizó la audiencia preliminar, admitió las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República en contra del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS por la presunta comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, AGAVILLAMIENTO, FALSEDAD DE DOCUMENTO y ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA (folios 65 al 138, pieza 27) y en la misma fecha, publicó el correspondiente, auto de apertura a juicio (folios 139 al 164, pieza 27). En fecha 10 de julio de 2012, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente mediante oficio nro. 614-12 al Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (folio 168, pieza 27). En fecha 5 de noviembre de 2012, el Tribunal Vigésimo Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dio inicio al juicio oral y público y concluyó en fecha 29 de enero de 2014, dictando el dispositivo del fallo, en los términos siguientes: “(...) PRIMERO: (…) quedó demostrado en el desarrollo del Juicio Oral y Público que el presente proceso penal se inició en fecha 22 de septiembre de 1993, por la

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denuncia formulada por la ciudadana ESPERANZA MARTINÓ DE FERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Presidenta del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), en donde señalo que con motivo de la Intervención del Banco Desarrollo Agropecuario (BANDRAGRO) (sic), efectuada por este Ente, recibieron información proveniente de los Bancos Principal, Bank of America y Banco el Progreso, sobre la presunta existencia de unas Notas Promisorias emitidas por BANDAGRO, en fecha 07 de Diciembre (sic) de 1981, identificadas con las siglas ICC-290 e ICC-332, Código Caroní y firmadas presuntamente por los ciudadanos WALDEMAR CORDERO VALE, funcionario Interventor, ELBANO FONTANA NIEVES, Gerente General y PASCUAL PUIGBO MORALES, Asesor Legal y Administrativo, quienes han venido negando en reiteradas oportunidades, con contundencia y coherencia, en procesos administrativos, civiles y penales, desde hace más de dos décadas y en diferentes países, la pretendida autenticidad de sus firmas en las referidas Notas Promisorias y en la documentación relativa a éstas. De igual forma, durante el desarrollo del Juicio Oral y Público quedó determinado, conforme a los órganos de prueba que fueron evacuados, que las Notas Promisorias del extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO), carecen de total y absoluta validez por cuanto fueron falsificadas con deliberada intención delictiva, llegándose a verificar tal situación, no solamente a través de las reiteradas declaraciones de los nombrados ex directivos de la Institución Financiera en mención, obtenidas en este debate, a través de la lectura de la prueba anticipada quienes rotunda y categóricamente desconocen haber suscrito las referidas Notas Promisorias de ese Extinto Banco y de cualquier otra entidad del Estado Venezolano (sic), sino que además mediante las experticias grafotécnicas que fueron debidamente reproducidas como prueba documental y la deposición de los expertos que comparecieron a declarar en esta Sala de Audiencias, con respecto a ellas quedando corroborado el forjamiento, de sus firmas, el contenido de esas supuestas Notas Promisorias, los ellos estampados en los mismos, así como también, los membretes que exhiben, el papel donde se encuentran plasmados y, en definitiva, de las Notas Promisorias en general, al igual que la documentación que los perpetradores utilizan como soporte para intentar revestirlas de una fingida apariencia legal. Asimismo, con la deposición efectuada por los testigos y los comunicados de prensa que fueron debidamente leídos, en donde el Estado Venezolano (sic) desconoce totalmente la aprobación de la emisión de dichas notas quedando debidamente demostrado que tanto las Notas Promisorias identificadas como: SERIE ICC-322, CODIGO CARONI 1/46; ICC322 CODIGO CARONI 2/46; ICC-322, CODIGO CARONI 3/46; ICC-322, CODIGO CARONI 4/46; ICC-322, CODIGO CARONI 5/46; ICC-322, CODIGO CARONI 6/46; ICC-322, CODIGO CARONI 7/46; ICC-322, CODIGO CARONI 8/46; ICC-322, CODIGO CARONI 9/46; ICC-322, CODIGO CARONI 10/46; ICC-322, CODIGO CARONI 11/46; ICC-322, CODIGO CARONI 12/46; ICC322, CODIGO CARONI 13/46; ICC-322, CODIGO CARONI 14/46; ICC-322, CODIGO CARONI 15/46; ICC-322, CODIGO CARONI 16/46; ICC-322, CODIGO CARONI 17/46; ICC-322, CODIGO CARONI 18/46; ICC-322, CODIGO CARONI 19/46; ICC-322, CODIGO CARONI 20/46; ICC-322, CODIGO CARONI 2 1/46; ICC-322, CODIGO CARONI 22/46; ICC-322, CODIGO CARONI 23/46; ICC-322, CODIGO CARONI 24/46; ICC-322, CODIGO CARONI 25/46; ICC-322, CODIGO CARONI 26/46; ICC-322, CODIGO CARONI 27/46; ICC-322, CODIGO CARONI 28/46; ICC-322, CODIGO CARONI 29/46; ICC-322, CODIGO CARONI 30/46; ICC-322, CODIGO CARONI 31/46; ICC-322, CODIGO CARONI 32/46; ICC-322, CODIGO CARONI 33/46; ICC-322, CODIGO CARONI 34/46; ICC-322, CODIGO CARONI 35/46; ICC-322, CODIGO CARONI 36/46; ICC-322, CODIGO CARONI 37/46; ICC-322, CODIGO CARONI 38/46; ICC-322, CODIGO CARONI 39/46; ICC-322, CODIGO CARONI 40/46; SERIE ICC-322 CODIGO CARONI 1/06; ICC322 CODIGO CARONI 2/06; ICC-322 CODIGO

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CARONI 3/06; ICC-322 CODIGO CARONI 4/06; ICC-322 CODIGO CARONI 5/06; ICC-322 CODIGO CARONI 6/06; ICC-322 CODIGO CARONI 7/06; ICC322 CODIGO CARONI 8/06; ICC-322 CODIGO CARONI 9/06; ICC-322 CODIGO CARONI 10/06; ICC-322 CODIGO CARONI 11/06; ICC-322 CODIGO CARONI 12/06; ICC-322 CODIGO CARONI 13/06; ICC-322 CODIGO CARONI 14/06; SERIE ICC-290 CODIGO CARONI 2/6; ICC290 CODIGO CARONI 3/6; ICC-290 CODIGO CARONI 4/6; ICC-290 CODIGO CARONI 5/6; ICC-290 CODIGO CARONI 6/6; (sic) así como cualquier otra Nota Promisoria haya sido emitida presuntamente por el extinto BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., (BANDAGRO), así como cualquier otra Nota Promisoria, toda vez que carecen de total y absoluta validez, por cuanto fueron falsificadas, lo cual quedó debidamente acreditado en el presente Juicio, toda vez que la referida entidad bancaria jamás emitió, ni ha emitido Nota Promisoria o pagaré alguno; quedando acreditado en cuanto a los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES y ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, son responsables penalmente en los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIOVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, AGAVILLAMIENTO (…) FALSEDAD DE DOCUMENTOS (…) y ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA (…) y en cuanto al ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, es responsable penalmente en los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (…), ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA (…), OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO (…), EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA (…) y AGAVILLAMIENTO (…), delitos éstos que fueran acusados en su oportunidad legal correspondiente, de manera separada por los titulares de la acción penal y por la Procuraduría General de la República. SEGUNDO: En consecuencia, se pasa a CONDENAR al ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.924.451, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, nacido el 25/12/1931, de 82 años de edad, de estado civil Casado, de profesión u oficio Ingeniero Civil, hijo de Josefina Jiménez de Tovar (F) y José Ignacio Tovar (F), residenciado en Calle San Juan, Quinta los Titito, Urbanización Santa Fe Norte, Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados, los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera: 1) FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio nueve (9) años de prisión; 2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACION EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462 numeral 1 en relación con el artículo 463 del Código Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio cuatro (4) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer seis (6) años de prisión; 3) APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, el cual contrae una pena de dos (2) a diez (10) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio seis (6) años de prisión; 4) OBTENCION ILEGAL DE UTILIDAD POR

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ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, en relación con el primer aparte del artículo 80 y 99 del Código penal, el cual contrae una pena de un (1) a cinco (5) años de prisión y la multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año y seis (6) de prisión, menos la rebaja por la tentativa equivalente a la mitad, lo que se traduce a un (1) año y seis (6) de prisión, dando como resultado tres (3) años de prisión y la multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada; 5) AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a cinco (5) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Siendo así las cosas, observa esta Juzgadora que al encontramos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura sin duda algunael concurso real de delitos, que el Legislador Patrio, dispuso en el artículo 88 del Texto Sustantivo Penal, el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quien aquí decide, que la pena del delito más grave es el de FALSEDAD DE DOCUMENTOS; es por ello que esta Juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pero aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera: nueve (9) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más un año (1) y seis (6) meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más y más un (1) año y nueve (9) meses de prisión, QUEDANDO EN DEFINITIVA LA PENA A IMPONER EN DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN y EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD PROCURADA (50%), en virtud de la magnitud del daño causado al Estado Venezolano, en atención a la promesa que realizaron en cuanto a las notas promisorias que fueron desconocidas por la República Bolivariana de Venezuela, así como a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Texto Sustantivo Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del Texto Adjetivo Penal. Y ASI SE DECLARA. TERCERO: Se CONDENA al ciudadano RAMÓN HERALDO PAREDES, titular de la Cédula de Identidad N° V.-2.241.619, de nacionalidad Venezolana, natural de Mérida, nacido el 12/01/1938, de 76 años de edad, de estado civil Casado, de profesión u oficio Experto en Relaciones Industriales, hijo de Enriqueta Paredes (F) y Luís Paredes (F), residenciado en la Urbanización Maripérez, Avenida Norte, Casa N° 23-2, Caracas, Distrito Capital, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados, los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera: 1) FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio nueve (9) años de prisión; 2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462 numeral 1 en relación con el artículo 463 del Código Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio cuatro (4) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer seis (6) años de prisión; 3) APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO

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DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, el cual contrae una pena de dos (2) a diez (10) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio seis (6) años de prisión; 4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, en relación con el primer aparte del artículo 80 y 99 del Código Penal, el cual contrae una pena de un (1) a cinco (5) años de prisión y la multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año y seis (6) de prisión, menos la rebaja por la tentativa equivalente a la mitad, lo que se traduce a un (1) año y seis (6) de prisión, dando como resultado tres (3) años de prisión y la multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada; 5) AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a cinco (5) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Siendo así las cosas, observa esta Juzgadora que al encontrarnos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura sin duda alguna el concurso real de delitos, que el Legislador Patrio, dispuso en el artículo 88 del Texto Sustantivo Penal, el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quien aquí decide, que la pena del delito más grave es el de FALSEDAD DE DOCUMENTOS; es por ello que esta Juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pero aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera: nueve (9) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más un año (1) y seis (6) meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más y más un (1) año y nueve (9) meses de prisión, QUEDANDO EN DEFINITIVA LA PENA A IMPONER EN DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN y EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD PROCURADA (50%), en virtud de la magnitud del daño causado al Estado Venezolano, en atención a la promesa que realizaron en cuanto a las notas promisorias que fueron desconocidas por la República Bolivariana de Venezuela, así como a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Texto Sustantivo Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del Texto Adjetivo Penal. Y ASÍ SE DECLARA. CUARTO: Se CONDENA al ciudadano ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, titular de la Cédula (sic) de Identidad (sic) N° V.-2.484.788, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, nacido el 10/09/1939, de 74 años de edad, de estado civil Casado (sic) residenciado en la Residencias Monterrey, Edificio A, Apartamento 1A, Macaracuay, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados, los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera: 1) FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio nueve (9) años de prisión; 2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462 numeral 1 en relación con el artículo 463 del Código Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión,

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procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio cuatro (4) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer seis (6) años de prisión; 3) APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, el cual contrae una pena de dos (2) a diez (10) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio seis (6) años de prisión; 4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, en relación con el primer aparte del artículo 80 y 99 del Código Penal, el cual contrae una pena de un (1) a cinco (5) años de prisión, y la multa de hasta cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año y seis (6) de prisión, menos la rebaja por la tentativa equivalente a la mitad, lo que se traduce a un (1) año y seis (6) de prisión, dando como resultado tres (3) años de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada; 5) AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a cinco(5) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Siendo así las cosas, observa esta Juzgadora que al encontrarnos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura -sin duda algunael concurso real de delitos, que el Legislador Patrio, dispuso en el artículo 88 del Texto Sustantivo Penal el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quien aquí decide, que la pena del delito más grave es el de FALSEDAD DE DOCUMENTOS; es por ello que esta Juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pera aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera: nueve (9) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más un año (1) y seis (6) meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más y más un (1) año y nueve (9) meses de prisión, QUEDANDO EN DEFINITIVA LA PENA A IMPONER EN DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN y EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD PROCURADA (50%), en virtud de la magnitud del daño causado al Estado Venezolano en atención a la promesa que realizaron en cuanto a las notas promisorias que frieron desconocidas por la República Bolivariana de Venezuela así como las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Texto Sustantivo Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del Texto Adjetivo Penal. Y ASÍ SE DECLARA. QUINTO: Se CONDENA al ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, titular de la Cédula de identidad N° V.-3.400.989, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, nacido el 02/10/1945, de 68 años de edad, de estado civil Divorciado, de profesión u oficio Contador Público, hijo de Juana Ramona infante Loreto (E) y Padre Desconocido, residenciado en la Avenida Sur de Altamira, Residencia Santa Rita, Apartamento 51, Altamira Sur, Caracas, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera: 1) USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de seis (6) a doce (12)

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años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término media nueve (9) años de prisión; 2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACION EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los articulas 462 numeral 1 en relación con el artículo 99 del Código Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en e1 artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio cuatro (4) años de prisión más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer seis (6) años de prisión; 3) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACION FALSA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 99 del Texto Sustantivo Pena (sic), el cual contrae una pena de seis (6) meses a dos (2) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio un (1) año y tres (3) meses de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año, diez (10) meses y quince (15) días de prisión; 4) OBTENCION ILEGAL DE UTILIDAD POR AÇTO ADMINISTRATIVO, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción, el cual contrae una pena de un (1) a cinco (5) años de prisión y la multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año y seis (6) de prisión, menos la rebaja por la tentativa equivalente a la mitad, lo que se traduce a un (1) año y seis (6) de prisión, dando como resultado tres (3) años de prisión y la multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada; 5) AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a cinco (5) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Siendo así las cosas, observa esta Juzgadora que al encontrarnos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura -sin duda algunael concurso real de delitos, que el Legislador Patrio, dispuso en el artículo 88 del Texto Sustantivo Penal, el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quien aquí decide, que la pena del delito más grave es el de FALSEDAD DE DOCUMENTOS; es por ello que esta Juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pero aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera: nueve (9) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más once (11) meses, siete (7) días y doce (12) horas de prisión, más un año (1) y seis (6) meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más y más un (1) año y nueve (9) meses de prisión, QUEDANDO EN DEFINITIVA LA PENA A IMPONER EN DIECISÉIS (16) AÑOS, DOS (2) MESES, SIETE (7) DÍAS y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN y EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD PROCURADA (50%), en virtud de la magnitud del daño causado al Estado Venezolano, en atención a la promesa que realizaron en cuanto a las notas promisorias que fueron desconocidas por la República Bolivariana de Venezuela, así como a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del texto Sustantivo Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del Texto Adjetivo Penal. Y ASÍ SE DECLARA. SEXTO: En cuanto a la petición formulada por el profesional del derecho HÉCTOR OLIVO, en su condición de Defensor (sic) Privado (sic) de los acusados ÁNGEL ROBERTO INFANTE y JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, en el sentido que esta Juzgadora decretara el sobreseimiento de la causa, por

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cuanto a su criterio los hechos punibles no fueron cometidos por sus defendidos; quien aquí decide considera que al haberse establecido la responsabilidad penal de los acusados antes mencionados, quedo plenamente desvirtuado lo requerido por el mismo, ya que se observa que no se encuentra bajo ningún concepto dentro de las previsiones que establece el artículo 300, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se DECLARA SIN LUGAR, la solicitud expuesta por la defensa. Y ASÍ SE DECIDE. SÉPTIMO: En cuanto a la petición formulada por el procesional del derecho OMAR DÍAZ, en su condición de Defensor Privado del acusado JOSÉ NICOLÁS TOVAR (…). OCTAVO: En relación a la condena de multas que le fuera impuesta por este Órgano Jurisdiccional a los acusados JOSÉ NICOLAS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y ANGEL ROBERTO INFANTE, le corresponderá al Tribunal de Ejecución establecer los términos del cumplimiento de la misma, una vez que quede definitivamente firme la sentencia que dicté este Órgano Jurisdiccional. NOVENO: Se exonera a los acusados JOSÉ NICOLAS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y ÁNGEL ROBERTO INFANTE, del pago de las costas procesales establecidas en el artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo al contenido del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en base al principio de la gratuidad de la ley. DÉCIMO: Al haberse establecido la falsedad de las notas promisorias identificadas como SERIE ICC-322, CODIGO CARONI 1/46; ICC-322, CODIGO CARONI 2/46; ICC-322, CODIGO CARONI 3/46; ICC-322, CODIGO CARONI 4/46; ICC322, CODIGO CARONI 5/46; ICC-322, CODIGO CARONI 6/46; ICC-322, CODIGO CARONI 7/46; ICC-322, CODIGO CARONI 8/46; ICC-322, CODIGO CARONI 9/46; ICC-322, CODIGO CARONI 10/46; ICC-322, CODIGO CARONI 11/46; ICC-322, CODIGO CARONI 12/46; ICC-322, CODIGO CARONI 13/46; ICC-322, CODIGO CARONI 14/46; ICC-322, CODIGO CARONI 15/46; ICC322, CODIGO CARONI 16/46; ICC-322, CODIGO CARONI 17/46; ICC-322, CODIGO CARONI 18/46; ICC-322, CODIGO CARONI 19/46; ICC-322, CODIGO CARONI 20/46; ICC-322, CODIGO CARONI 21/46; ICC-322, CODIGO CARONI 22/46; ICC-322, CODIGO CARONI 23/46; ICC-322, CODIGO CARONI 24/46; ICC-322, CODIGO CARONI 25/46; ICC-322, CODIGO CARONI 26/46; ICC-322, CODIGO CARONI 27/46; ICC-322, CODIGO CARONI 28/46; ICC-322, CODIGO CARONI 29/46; ICC-322, CODIGO CARONI 30/46; ICC-322, CODIGO CARONI 31/46; ICC-322, CODIGO CARONI 32/46; ICC-322, CODIGO CARONI 33/46; ICC-322, CODIGO CARONI 34/46; ICC-322, CODIGO CARONI 35/46; ICC-322, CODIGO CARONI 36/46; ICC-322, CODIGO CARONI 37/46; ICC-322, CODIGO CARONI 38/46; ICC-322, CODIGO CARONI 39/46; ICC-322, CODIGO CARONI 40/46; SERIE ICC-322 CODIGO CARONI 1/06; ICC322 CODIGO CARONI 2/06; ICC-322 CODIGO CARONI 3/06; ICC-322 CODIGO CARONI 4/06; ICC-322 CODIGO CARONI 5/06; ICC-322 CODIGO CARONI 6/06; ICC-322 CODIGO CARONI 7/06; ICC-322 CODIGO CARONI 8/06; ICC322 CODIGO CARONI 9/06; ICC-322 CODIGO CARONI 10/06; ICC-322 CODIGO CARONI 11/06; ICC-322 CODIGO CARONI 12/06; ICC-322 CODIGO CARONI 13/06; ICC-322 CODIGO CARONI 14/06; SERIE ICC-290 CODIGO CARONI 2/6; ICC290 CODIGO CARONI 3/6; ICC-290 CODIGO CARONI 4/6; ICC-290 CODIGO CARONI 5/6; ICC-290 CODIGO CARONI 6/6; (sic) así como cualquier otra Nota Promisoria haya sido emitida

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presuntamente por el extinto BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., (BANDAGRO), las cuales carecen de total y absoluta validez, se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela y a la Superintendencia de Bancos, dejando constancia de lo aquí decidido, de conformidad con lo establecido en el cuarto aparte del artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal. UNDÉCIMO: Se ordena mantener la privación de libertad que pesa en contra de los acusados JOSÉ NICOLÁS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y ÁNGEL ROBERTO INFANTE, en virtud de la pena impuesta manteniéndose los sitios de reclusión. DÉCIMO SEGUNDO: Este Juzgado se reserva el lapso legal para la publicación del texto integra (sic) de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 del Texto Adjetivo Penal (...)” (folios 84 al 333, pieza 41). [Negrillas del texto]. En el referido acto, quedaron las partes debidamente notificadas conforme al artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 19 de noviembre de 2014, el Tribunal Vigésimo Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicó el texto íntegro del fallo, estableciendo los “FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO” de la manera siguiente: “(...) Los estados intelectuales del Juez respecto de la verdad, así el proceso penal tiende a descubrir la verdad sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, para lo cual no hay otro camino científico ni legal que el de la prueba, y en virtud de esta, el Juzgador se va formando la convicción acerca del hecho delictivo que se investiga y así poder subsumir el hecho bajo la norma o aplicación del derecho al hecho, la prueba entonces va impactando en la conciencia generando distintos estados de conocimiento, cuya proyección tendrá en el proceso diferentes alcances; como lo es la ´Verdad´ como consecuencia del hecho delictivo pasado y lo que de él se haya podido conocer en el proceso; a lo cual no se llega en forma sencilla, tanto por la naturaleza histórica, ejemplo las huellas que aquel hecho haya dejado, como por las limitaciones impuestas por el orden jurídico, que subordinan el logro de la verdad a otros valores relacionados con la equidad humana. Partiendo de estos condicionamientos es que el Juzgador tendrá que extremar los recaudos para que la verdad que se obtenga en el proceso corresponda con las pruebas obtenidas y provocar en el Juzgador la convicción (certeza) sobre la culpabilidad del acusado, máxime cuando el sistema de la sana crítica contenido en el artículo 22 eiusdem exige a los jueces la estimación y valoración de todas y cada una de las pruebas, así como la necesidad de sus análisis, comparación y concatenación de ellas entre sí, para establecer la verdad de los hechos dados por probados y lograr así la realización de la justicia mediante la aplicación del derecho, ya que lo que se busca aclarar es la verdad sobre la culpabilidad del procesado y su inocencia se tiene por verdadera hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, la verdad es algo que está fuera del intelecto del Juez, quien sólo le puede percibir subjetivamente como creencia de haberla alcanzado. Cuando esta percepción es firme se dice que hay ´Certeza´ a la que se le define como la ´la firme convicción de estar en posición de la verdad´. Ahora bien, la ley subordinada el dictado de las decisiones judiciales que determine la conclusión del proceso a la concurrencia de determinados estados intelectuales en relación con la verdad que se pretende descubrir; porque en la oportunidad de

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dictar la sentencia definitiva, luego del debate oral y público, se establece que sólo la “Certeza” sobre la culpabilidad del acusado, autorizará una condena en su contra, y que en su caso contrario, al gozar este acusado de un estado jurídico de inocencia constitucional, únicamente podrá ser declarado culpable cuando las pruebas hayan producido las más plena convicción del tribunal al respecto. Los hechos determinados en el capítulo anterior y que quedaron plenamente demostrados en el debate encuadran contra los ciudadanos JOSÉ NICOLAS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES y ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, dentro los tipos penales de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 71 numeral 2 y 64 ambos de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, en relación con el primer aparte del artículo 80, 99 y artículo 286 ejusdem, FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del texto sustantivo penal y ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 46, numeral 1 en relación con el artículo 463 del Código Penal. En cuanto al ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, encuadran los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en los artículos 319, en relación con 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, ESTAFA AGRAVIADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462, numeral 1 en relación con el artículo 99 del Código Penal, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 77, de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 99 del Texto Sustantivo Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 ejusdem, pues como lo expuso tanto el Ministerio Público como los Representantes Legales de Procuraduría General de la República en el inicio del presente juicio, los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR, AMÓN HERALDO PAREDES, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y ÁNGEL ROBERTO INFANTE, son autores de los hechos denunciados en fecha 22 de septiembre de 1993, por la ciudadana ESPERANZA MARTINÓ DE FERNÁNDEZ, quien actuó para la fecha como Presidenta del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), relacionada con la falsificación, tenencia, puesta en circulación e intentos de cobro en nuestro país y en el mercado financiero internacional, de un número indeterminado de títulos al portador (pagarés) denominados ´Notas Promisorias´, identificadas con un el Código Caroní series I.C.C.290 y 322, falsificando las firmas suscritas por los funcionarios activos del Banco Bandagro, para ese momento, específicamente por los ciudadanos ELBANO FONTANA NIEVES, como Gerente General, PASCUAL PUIGBO MORALES, como Asesor Legal y WALDEMAR CORDERO VALE, en su condición de Interventor, quienes según se desprende de los funcionarios investigadores y testigos evacuados en el juicio, negaron reiteradamente, la pretendida autenticidad de sus firmas en las falsas notas promisorias y en la documentación relativa a estas, así como la emisión de los mencionados títulos por parte del Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO);surgiendo en consecuencia, la presunción fundada de que las referidas Notas Promisorias nunca fueron válidamente emitidas por el Banco de Desarrollo Agropecuario, habiendo sido forjadas en su contenido y firma e igualmente se presume razonadamente que fueron falsificados documentos que avalan la supuesta autenticidad de las mismas, todo ello con la intención de lograr el cobro de cuantiosas sumas de dinero para

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aumentar su capital, en contra de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, al concatenar los testimonios y las pruebas documentales evacuadas en el juicio oral y público, se constató el hecho de que los acusados en el intento por colocar en circulación las referidas falsas notas promisorias, a los fines de lograr la obtención de beneficios y de atentar contra los intereses de la República, tal como lo señaló el Ministerio Público, al observarse que el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, en su carácter de Representante de la sociedad Mercantil ´INVERSIONES INALCA C.A´, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 18 de enero de 1991, bajo el N° 07 Tomo 15-A-Sgdo, usó documentos públicos falsos para justificar el aumento de capital de la empresa que representa, pues en el acta constitutiva y estatutos sociales de la compañía, acta societaria de aumento de capital de la sociedad y de otros actos societarios, se evidencia que se acepta cesión a la sociedad, sin contraprestación real, de cinco (05) pagarés o falsas notas promisorias de BANDAGRO por importe de veinticinco millones de dólares ($ 25.000.000) cada una, de los que es tenedora otra entidad, constituida conforme al derecho panameño, denominada KAMI S.A., que a su vez las recibió, sin especificar título, de la sociedad panameña TRIAD FINANCIARÍA SPA. Luego de revisado el documento del acta constitutiva y modificaciones de la sociedad mercantil INVERSIONES INALCA C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 18 de enero de 1991, bajo el N° 07, Tomo 15-A-Sgdo, representada para la fecha por los ciudadanos ÁNGEL ROBERTO INFANTE y REINA MILAGROS CELESTE VARGAS ARNAL, se evidencio que inicialmente la sociedad mercantil, tenía un capital de un millón de bolívares (Bs.1.000.000,00) siendo aumentado dicho capital mediante Asamblea Extraordinaria celebrada en fecha 05 de febrero de 1993 y 11 de enero de 1994, a cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,00), y cincuenta millones de bolívares (Bs.50.000.000.00) respectivamente, tal como quedó asentado en el Registro Mercantil antes mencionado. Tenemos igualmente que, en fecha 29 de abril de 2004, la ciudadana REINA MILAGROS CELESTE VARGAS ARNAL, renuncia al cargo de Vicepresidente y vende sus acciones, quedando como único accionista el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE. Igualmente, se desprende del acta constitutiva y demás asambleas extraordinarias de la sociedad mercantil ´INVERSIONES INALCA C.A´, representada desde el 29 de abril de 2004, únicamente por el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, se evidencia que el referido ciudadano, en su carácter de Presidente, presentó para su registro y posterior publicación, ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, Acta de Asamblea General de Accionistas, celebrada en fecha 16 de mayo de 2008, mediante la cual contabiliza el importe y ratifica la cesión que le hizo a su compañía, la empresa panameña KAMI S.A., de la cantidad de cinco (05) Notas Promisorias, emitidas presuntamente por BANDAGRO, Modelo 1 CC-322, Código Caroní, serie 8, N° 1/8 a la 5/8, por Veinticinco millones de dólares americanos, según documento certificado en la Notaría Octava del Circuito de Panamá el 30 de abril de 2008 y posteriormente autenticado presuntamente en la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, el 15 de mayo de 2008, bajo el N° 01, tomo 75 y en consecuencia aumenta el capital social de la compañía de cincuenta mil bolívares fuertes (Bs. F. 50.000,00) a doscientos cincuenta mil bolívares fuertes (Bs. F. 250.000,00).

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De igual manera, se desprende de los documentos que conforman el expediente N° 323532 (nomenclatura del Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda), relacionado con la empresa INVERSIONES INALCA C.A., que en el documento que autentica el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, en el que se deja constancia de la cesión que le hace a la sociedad mercantil, la empresa panameña KAMI, de la cantidad de cinco (05) Notas Promisorias, emitidas presuntamente por BANDAGRO, Modelo ICC-322, Código Caroní, serie 8, N° 1/8 a la 5/8, por Veinticinco millones de dólares americanos; se deja constancia que entre los documentos que consigna existe uno que constituye copia fotostática de la comunicación de fecha 12 de enero de 2003, dirigida por el ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, en su condición de apoderado de la empresa TRIAD FINANCIARIA SPA, propietaria inicial de las Notas Promisorias a las que se hace referencia en el documento consignado por el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, donde le manifiesta que las Notas Promisorias, propiedad de su representada, son las auténticas emitidas por BANDAGRO en el año 1981; todo lo cual quedó demostrado la evidente relación existente entre el ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE y JOSÉ NICOLÁS TOVAR, tal como lo señaló el Ministerio Público, quienes realizaron acciones dirigidas a detentar, poner en circulación e intentar cobro en nuestro país y en el mercado financiero internacional, en Suiza y Londres, entre otros, de un número indeterminado de supuestos títulos al portador (pagarés) denominados ´Notas Promisorias´, identificadas con un supuesto Código Caroní series I.C.C. 290 y 322, los cuales como se ha señalado son Falsos, utilizando igualmente documentos presuntamente emitidos por instituciones del Estado, a los fines de darle apariencia de legalidad a los mencionados títulos falsos, en virtud que se efectuaron múltiples experticias grafotécnica que han determinado que las firmas que aparecen en los documentos denominados Notas Promisorias correspondientes a los ciudadanos PASCUAL PUIGBO MORALES, WALDEMAR CORDERO VALE y ELBANO FONTANA NIEVES, son imitaciones y que los sellos correspondientes al Banco de Desarrollo Agropecuario que se encuentran en las mismas también resultaron ser Falsas. Igualmente, se verificó en el juicio oral y público, que se inició una averiguación por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con motivo de la puesta en circulación de Notas Promisorias de fecha 7 de diciembre del año 1981, desconociendo su emisión corno Ente Liquidador del Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO), las cuales a partir del año 1993, las cuales fueron presentadas ante el Mercado Nacional e Internacional, generando reclamaciones judiciales en contra del Estado Venezolano y perjuicio al Patrimonio de la República, señalando que el ciudadano RAMÓN HERALDO PAREDES, presentó solicitudes de reconocimiento de las Notas Promisorias ante las diferentes instituciones del Estado, tales corno el otrora Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas y Presidencia de la República, a los fines de lograr el reconocimiento de la deuda, valiéndose de documentos carentes de legalidad que tenían por finalidad obtener un provecho indebido, conducta igualmente desplegada por los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ y ALEJANDRO TINEO SALAS, quienes en reiteradas oportunidades desplegaron acciones para pretender hacer efectivo el cobro de Notas Promisorias, pese a la existencia de un comunicado emitido por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), que alertaba sobre la existencia en el mercado de un conjunto de Notas carentes de validez y de reconocimiento por parte de las Instituciones Venezolanas.

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Se debe destacar que el tipo objetivo de esta clase de delitos es el interés del Estado en la tutela de los bienes patrimoniales, contra los engaños realizados con el fin de alcanzar un provecho injusto, antijurídico y que vulnere la Administración Pública, razón por la cual esta Juzgadora, al concatenar todos los elementos de prueba, referidos a los testimonios de las expertas DAISY CAÑIZALES, GLENIA DE FREITAS, SIMAR BELEN MARTÍNEZ y expertos JESÚS OVIDIO BENITEZ AZUAJE, JOSÉ GREGORIO PEREZ RÁMIREZ, LISANDRO JOSÉ ALFONSO y JUAN ALBERTO BLANCO MARTINEZ, así como, los ciudadanos JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, VICTORIA HURTADO DE MANZANO, ESPERANZA MARINA MARTINÓ GONZÁLEZ, IVÁN ALBERTO ROUVIER OQUENDO, NEGAL PASTOR CILIBERTO TEPEDINO, PEDRO JOSÉ GARCÍA CASTRO y MARTA ISABEL GÓMEZ AMENDIOLA, al igual que las pruebas documentales, se demuestra la comisión del hecho punible objeto de juicio, con las cuales se determina la culpabilidad de los acusados de autos, pues es claro que los expertos fueron contestes en indicar la falsificación de las firmas y sellos en las notas promisorias presuntamente emitidas por BANDAGRO, y los testigos en indicar que en todo momento los funcionarios activos para ese entonces del Banco, negaron haber firmado dichas notas promisorias, lo cual fue corroborado con las distintas experticias realizadas en la investigación, siendo que los encausados con la finalidad de lograr la obtención de beneficios y de atentar contra los intereses de la República, colocaron en circulación las referidas falsas notas promisorias, a los fines de aumentar su capital de forma ilícita, con lo cual se materializa uno de los extremos los cuales son el objeto del proceso penal, como lo es la comprobación a través de los medios idóneos de la consumación de los hechos punibles que le fueron atribuidos. Por lo que en base a todo lo anteriormente señalado, queda desvirtuado el principio de presunción de Inocencia que acompañó a los acusados durante todo el proceso; es así entonces que queda acreditada la responsabilidad penal de los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y ÁNGEL ROBERTO INFANTE, motivo por el cual este Tribunal Unipersonal Vigésimo Octavo (28°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio, considera y estima acreditado basándose en todas y cada una de las pruebas ofrecidas y evacuadas en la Audiencia Oral y Pública concatenadas entre sí y basado en la libre convicción regida por las reglas de la sana crítica, conforme al artículo 22 de la Norma Adjetiva Penal, llegó a la firme convicción de condenar a los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES y ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, por la comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 71 numeral 2 y 64 ambos de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, en relación con el primer aparte del artículo 80, 99 y artículo 286 ejusdem, FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal y ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462, numeral 1 en relación con el artículo 463 del Código Penal. Y en cuanto al ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, se condena por los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en los artículos 319, en relación con 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462 numeral 1 en relación con el artículo 99 del Código Penal, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción, EXPEDICIÓN DE

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CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 99 del Texto Sustantivo Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 ejusdem, siendo la razón por la cual la presente sentencia es Condenatoria, conforme lo establece el artículo 349 del Código. Asimismo este Órgano Jurisdiccional valorando todos y cada uno de los órganos de prueba debidamente admitidos por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, que fueron evacuados en este debate, tanto testimoniales como documentales, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Texto Adjetivo Penal y basándose en unos de los principios constitucionales que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, así como, que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, de igual forma tomando como base que el Poder Judicial desempeña un papel fundamental para garantizar la estabilidad social, política e institucional de la República, pasa a establecer las siguientes consideraciones: quedó demostrado en el desarrollo del Juicio Oral y Público que el presente proceso penal se inició en fecha 22 de septiembre de 1993, por denuncia formulada por la ciudadana ESPERANZA MARTINÓ DE FERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Presidenta del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), en donde señaló que con motivo de la Intervención del Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDRAGO), efectuada por ese Ente, recibieron información proveniente de los Bancos Principal, Bank of América y Banco el Progreso, sobre la presunta existencia de unas Notas Promisorias emitidas por BANDAGRO, en fecha 07 (sic) de Diciembre (sic) de 1981, identificadas con las siglas ICC-290 e ICC-332, Código Caroní y firmadas presuntamente por los ciudadanos WALDEMAR CORDERO VALE funcionario Interventor, ELBANO FONTANA NIEVES, Gerente General y PASCUAL PUIGBO MORALES, Asesor Legal y Administrativo, quienes han venido negando en reiteradas oportunidades, con contundencia y coherencia, en procesos administrativos, civiles y penales, desde hace más de dos décadas y en diferentes países, la pretendida autenticidad de sus firmas en las referidas Notas Promisorias y en la documentación relativa a éstas. De igual forma durante el desarrollo del Juicio Oral y Público quedó determinado, conforme a los órganos de prueba que fueron evacuados, que las Notas Promisorias del extinto Banco de Desarrollo Agropecuario(BANDAGRO), carecen de total y absoluta validez, por cuanto fueron falsificadas con deliberada intención delictiva, llegándose a verificar tal situación, no solamente a través de las reiteradas declaraciones de los nombrados ex directivos de la Institución Financiera en mención obtenidas en este debate, a través de la lectura de la prueba anticipada quienes rotunda y categóricamente desconocen haber suscrito las referidas Notas Promisorias de ese Extinto Banco y de cualquier otra entidad del Estado Venezolano, sino que además mediante las experticias grafotécnica que fueron debidamente reproducidas como prueba documental y la deposición de los expertos que comparecieron a declarar en esta Sala de Audiencias, con respecto a ellas, quedando corroborado el forjamiento de sus firmas, el contenido de esas supuestas Notas Promisorias, los sellos estampados en los mismos, así como también, los membretes que exhiben, el papel donde se encuentran plasmados, y, en definitiva, de las Notas Promisorias en general, al igual que la documentación que

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los perpetradores utilizan como soporte para intentar revestirlas de una fingida apariencia legal. Asimismo con la deposición efectuada por los testigos y los comunicados de prensa que fueron debidamente leídos, en donde el Estado Venezolano desconoce totalmente la aprobación de la emisión de dichas notas quedando debidamente demostrado que tanto las Notas Promisorias identificadas como: SERIE ICC-322, CODIGO CARONI 1/46; ICC-322 CODIGO CARONI 2/46; ICC 322 CODIGO CARONI 3/46; ICC-322, CODIGO CARONI 4/46; ICC 322CODIGO CARONI 5/46; ICC-322, CODIGO CARONI 6/46; ICC 322 CODIGO CARONI 7/46; ICC-322, CODIGO CARONI 8/46; ICC 322 CODIGO CARONI 9/46; ICC-322, CODIGO CARONI 10/46; ICC 322 CODIGO CARONI 11/46; ICC322, CODIGO CARONI 12/46; ICC 322 CODIGO CARONI 13/46; ICC-322, CODIGO CARONI 14/46; ICC 322 CODIGO CARONI 15/46; ICC322, CODIGO CARONI 16/46; ICC 322 CODIGO CARONI 17/46; ICC-322, CODIGO CARONI 18/46; ICC 322 CODIGO CARONI 19/46; ICC-322, CODIGO CARONI 20/46; ICC 322 CODIGO CARONI 2 1/46; ICC-322, CODIGO CARONI 22/46; ICC 322 CODIGO CARONI 23/46; ICC-322, CODIGO CARONI 24/46; ICC 322 CODIGO CARONI 25/46; ICC-322, CODIGO CARONI 26/46; ICC 322 CODIGO CARONI 27/46; ICC-322, CODIGO CARONI 28/46; ICC 322 CODIGO CARONI 29/46; ICC-322, CODIGO CARONI 30/46; ICC 322 CODIGO CARONI 31/46; ICC-322, CODIGO CARONI 32/46; ICC 322 CODIGO CARONI 33/46; ICC-322, CODIGO CARONI 34/46; ICC 322 CODIGO CARONI 35/46; ICC-322, CODIGO CARONI 36/46; ICC 322 CODIGO CARONI 37/46; ICC-322, CODIGO CARONI 38/46; ICC 322 CODIGO CARONI 39/46; ICC-322, CODIGO CARONI 40/46; SERIE ICC-322 CODIGO CARONI 1/06; ICC-322 CODIGO CARONI 2/06; ICC-322 CODIGO CARONI 3/06; ICC-322 CODIGO CARONI 4/06; ICC-322 CODIGO CARONI 5/06; ICC-322 CODIGO CARONI6/06; ICC-322 CODIGO CARONI 7/06; ICC-322 CODIGO CARONI8/06; ICC-322 CODIGO CARONI 9/06; ICC-322 CODIGO CARONI 10/06; ICC-322 CODIGO CARONI 11/06; ICC-322 CODIGO CARONI 12/06; ICC-322 CODIGO CARONI 13/06; ICC-322 CODIGO CARONI 14/06; SERIE ICC-290 CODIGO CARONI 2/6; ICC-290 CODIGO CARONI 3/6; ICC-290 CODIGO CARONI 4/6; ICC-290 CODIGO CARONI 5/6; ICC-290 CODIGO CARONI 6/6; (sic) así como cualquier otra Nota Promisoria haya sido emitida presuntamente por el extinto BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., (BANDAGRO), así como cualquier otra Nota Promisoria, carecen de total y absoluta validez, por cuanto fueron falsificadas, lo cual quedó debidamente acreditado en el presente Juicio, toda vez que la referida entidad bancaria jamás emitió, ni ha emitido Nota Promisoria o pagaré alguno (...)” (Negrillas del texto). En la misma fecha, 19 de noviembre de 2014, el Tribunal Vigésimo Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicó el texto íntegro de la sentencia, en cuyo dispositivo plasmó lo siguiente: “(…) PRIMERO: Quedó acreditada la falsedad de las Notas Promisorias identificadas como: SERIE ICC-322, CODIGO CARONI 1/46; ICC-322 CODIGO CARONI 2/46; ICC-322, CODIGO CARONI 3/46; ICC-322, CODIGO CARONI 4/46; ICC-322, CODIGO CARONI 5/46; ICC-322, CODIGO CARONI 6/46; ICC-322, CODIGO CARONI 7/46; ICC-322, CODIGO CARONI 8/46; ICC322, CODIGO CARONI 9/46; ICC-322, CODIGO CARONI 10/46; ICC-322, CODIGO CARONI 11/46; ICC-322, CODIGO CARONI 12/46; ICC-322, CODIGO CARONI 13/46; ICC-322, CODIGO CARONI 14/46; ICC-322, CODIGO CARONI 15/46; ICC-322, CODIGO CARONI 16/46; ICC-322, CODIGO CARONI 17/46; ICC-322, CODIGO CARONI 18/46; ICC-322,

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CODIGO CARONI 19/46; ICC-322, CODIGO CARONI 20/46; ICC-322, CODIGO CARONI 21/46; ICC-322, CODIGO CARONI 22/46; ICC-322, CODIGO CARONI 23/46; ICC-322, CODIGO CARONI 24/46; ICC-322, CODIGO CARONI 25/46; ICC-322, CODIGO CARONI 26/46; ICC-322, CODIGO CARONI 27/46; ICC-322, CODIGO CARONI 28/46; ICC-322, CODIGO CARONI 29/46; ICC-322, CODIGO CARONI 30/46; ICC-322, CODIGO CARONI 31/46; ICC-322, CODIGO CARONI 32/46; ICC-322, CODIGO CARONI 33/46; ICC-322, CODIGO CARONI 34/46; ICC-322, CODIGO CARONI 35/46; ICC-322, CODIGO CARONI 36/46; ICC-322, CODIGO CARONI 37/46; ICC-322, CODIGO CARONI 38/46; ICC-322, CODIGO CARONI 39/46; ICC-322, CODIGO CARONI 40/46; SERIE ICC-322 CODIGO CARONI 1/06; ICC322 CODIGO CARONI 2/06; ICC-322 CODIGO CARONI 3/06; ICC-322 CODIGO CARONI 4/06; ICC-322 CODIGO CARONI 5/06; ICC-322 CODIGO CARONI 6/06; ICC-322 CODIGO CARONI 7/06; ICC322 CODIGO CARONI 8/06; ICC-322 CODIGO CARONI 9/06; ICC-322 CODIGO CARONI 10/06; ICC-322 CODIGO CARONI 11/06; ICC-322 CODIGO CARONI 12/06; ICC-322 CODIGO CARONI 13/06; ICC-322 CODIGO CARONI 14/06; SERIE ICC-290 CODIGO CARONI 2/6; ICC290 CODIGO CARONI 3/6; ICC-290 CODIGO CARONI 4/6; ICC-290 CODIGO CARONI 5/6; ICC-290 CODIGO CARONI 6/6; (sic) así como cualquier otra Nota Promisoria haya sido emitida presuntamente por el extinto BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., (BANDAGRO), así como cualquier otra Nota Promisoria, toda vez que carecen de total y absoluta validez, por cuanto fueron falsificadas, lo cual quedó debidamente acreditado en el presente Juicio, toda vez que la referida entidad bancaria jamás emitió, ni ha emitido Nota Promisoria o pagaré alguno, en consecuencia de ello se ordenó oficiar en su debida oportunidad legal, al Banco Central de Venezuela y a la Superintendencia de Bancos, dejando constancia de lo aquí decidido, de conformidad con lo establecido en el cuarto aparte del artículo 349 del Texto Adjetivo Penal. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 349 del Código orgánico Procesal Penal, se CONDENA al ciudadano JOSÉ NICOLAS TOVAR JIMÉNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.924.451, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, nacido el 25/12/1931, de 82 años de edad, de estado civil Casado, de profesión u oficio Ingeniero Civil, hijo de Josefina Jiménez de Tovar (F) y José Ignacio Tovar (F), residenciado en Calle San Juan, Quinta los Titito, Urbanización Santa Fe Norte, Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados, los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera: 1) FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio nueve (9) años de prisión; 2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACION EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462 numeral 1 en relación con el artículo 463 del Código Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio cuatro (4) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer seis (6) años de prisión; 3) APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, el cual contrae una pena de dos (2) a diez (10) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio seis (6) años de prisión; 4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA

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EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, en relación con el primer aparte del artículo 80 y 99 del Código penal, el cual contrae una pena de un (1) a cinco (5) años de prisión y la multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año y seis (6) de prisión, menos la rebaja por la tentativa equivalente a la mitad, lo que se traduce a un (1) año y seis (6) de prisión, dando como resultado tres (3) años de prisión y la multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada; 5) AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a cinco (5) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Siendo así las cosas, observa esta Juzgadora que al encontramos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura sin duda algunael concurso real de delitos, que el Legislador Patrio, dispuso en el artículo 88 del Texto Sustantivo Penal, el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quien aquí decide, que la pena del delito más grave es el de FALSEDAD DE DOCUMENTOS; es por ello que esta Juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pero aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera: nueve (9) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más un año (1) y seis (6) meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más y más un (1) año y nueve (9) meses de prisión, QUEDANDO EN DEFINITIVA LA PENA A IMPONER EN DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN y EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD PROCURADA (50%), en virtud de la magnitud del daño causado al Estado Venezolano, en atención a la promesa que realizaron en cuanto a las notas promisorias que fueron desconocidas por la República Bolivariana de Venezuela, así como a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Texto Sustantivo Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del Texto Adjetivo Penal. Y ASI SE DECLARA. TERCERO: Se CONDENA al ciudadano RAMÓN HERALDO PAREDES, titular de la Cédula de Identidad N° V.-2.241.619, de nacionalidad Venezolana, natural de Mérida, nacido el 12/01/1938, de 76 años de edad, de estado civil Casado, de profesión u oficio Experto en Relaciones Industriales, hijo de Enriqueta Paredes (F) y Luís Paredes (F), residenciado en la Urbanización Maripérez, Avenida Norte, Casa N° 23-2, Caracas, Distrito Capital, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados, los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera: 1) FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio nueve (9) años de prisión; 2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACION EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462 numeral 1 en relación con el artículo 463 del Código Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio cuatro (4) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer seis (6) años de prisión; 3) APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PUBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la

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Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, el cual contrae una pena de dos (2) a diez (10) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio seis (6) años de prisión; 4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, en relación con el primer aparte del artículo 80 y 99 del Código Penal, el cual contrae una pena de un (1) a cinco (5) años de prisión y la multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año y seis (6) de prisión, menos la rebaja por la tentativa equivalente a la mitad, lo que se traduce a un (1) año y seis (6) de prisión, dando como resultado tres (3) años de prisión y la multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada; 5) AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a cinco (5) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Siendo así las cosas, observa esta Juzgadora que al encontrarnos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura sin duda alguna el concurso real de delitos, que el Legislador Patrio, dispuso en el artículo 88 del Texto Sustantivo Penal, el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quien aquí decide, que la pena del delito más grave es el de FALSEDAD DE DOCUMENTOS; es por ello que esta Juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pero aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera: nueve (9) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más un año (1) y seis (6) meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más y más un (1) año y nueve (9) meses de prisión, QUEDANDO EN DEFINITIVA LA PENA A IMPONER EN DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN y EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD PROCURADA (50%), en virtud de la magnitud del daño causado al Estado Venezolano, en atención a la promesa que realizaron en cuanto a las notas promisorias que fueron desconocidas por la República Bolivariana de Venezuela, así como a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Texto Sustantivo Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del Texto Adjetivo Penal. Y ASÍ SE DECLARA. CUARTO: Se CONDENA al ciudadano ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, titular de la Cédula de Identidad N° V.-2.484.788, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, nacido el 10/09/1939, de 74 años de edad, de estado civil Casado, residenciado en la Residencias Monterrey, Edificio A, Apartamento 1A, Macaracuay, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados, los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera: 1) FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio nueve (9) años de prisión; 2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 462 numeral 1 en relación con el artículo 463 del Código Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código

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Penal, siendo su término medio cuatro (4) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer seis (6) años de prisión; 3) APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, el cual contrae una pena de dos (2) a diez (10) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio seis (6) años de prisión; 4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO N GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la fecha, en relación con el primer aparte del artículo 80 y 99 del Código Penal, el cual contrae una pena de un (1) a cinco (5) años de prisión, y la multa de hasta cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año y seis (6) de prisión, menos la rebaja por la tentativa equivalente a la mitad, lo que se traduce a un (1) año y seis (6) de prisión, dando como resultado tres (3) (3) años de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada; 5) AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a cinco(5) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Siendo así las cosas, observa esta Juzgadora que al encontrarnos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura -sin duda algunael concurso real de delitos, que el Legislador Patrio, dispuso en el artículo 88 del Texto Sustantivo Penal el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quien aquí decide, que la pena del delito más grave es el de FALSEDAD DE DOCUMENTOS; es por ello que esta Juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pera aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera: nueve (9) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más un año (1) y seis (6) meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más y más un (1) año y nueve (9) meses de prisión, QUEDANDO EN DEFINITIVA LA PENA A IMPONER EN DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN y EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD PROCURADA (50%), en virtud de la magnitud del daño causado al Estado Venezolano en atención a la promesa que realizaron en cuanto a las notas promisorias que frieron desconocidas por la República Bolivariana de Venezuela así como las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Texto Sustantivo Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del Texto Adjetivo Penal. Y ASÍ SE DECLARA. QUINTO: Se CONDENA al ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, titular de la Cédula de identidad N° V.-3.400.989, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, nacido el 02/10/1945, de 68 años de edad, de estado civil Divorciado, de profesión u oficio Contador Público, hijo de Juana Ramona Infante Loreto (E) y Padre Desconocido, residenciado en la Avenida Sur de Altamira, Residencia Santa Rita, Apartamento 51, Altamira Sur, Caracas, procediéndose a realizar el cálculo de la penalidad correspondiente a los hechos punibles antes citados los cuales se pasan a desglosar de la siguiente manera: 1) USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en los artículos 319, en concordancia con el 322 ambos del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término media nueve (9) años de

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prisión; 2) ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACION EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en los articulas 462 numeral 1 en relación con el artículo 99 del Código Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en e1 artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio cuatro (4) años de prisión más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer seis (6) años de prisión; 3) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACION FALSA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el artículo 99 del Texto Sustantivo Pena (sic), el cual contrae una pena de seis (6) meses a dos (2) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio un (1) año y tres (3) meses de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año, diez (10) meses y quince (15) días de prisión; 4) OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR AÇTO ADMINISTRATIVO, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción, el cual contrae una pena de un (1) a cinco (5) años de prisión y la multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años de prisión, más el aumento correspondiente a la continuidad de la mitad de la pena a imponer un (1) año y seis (6) de prisión, menos la rebaja por la tentativa equivalente a la mitad, lo que se traduce a un (1) año y seis (6) de prisión, dando como resultado tres (3) años de prisión y la multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada; 5) AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Texto Sustantivo Penal, el cual contrae una pena de dos (2) a cinco (5) años de prisión, procediéndose aplicar la dosimetría legal, establecida en el artículo 37 del Código Penal, siendo su término medio tres (3) años y seis (6) meses de prisión. Siendo así las cosas, observa esta Juzgadora que al encontrarnos en presencia de varios hechos punibles que establezcan penas de prisión, se configura -sin duda algunael concurso real de delitos, que el Legislador Patrio, dispuso en el artículo 88 del Texto Sustantivo Penal, el cual establece que se deberá aplicar la pena del delito más grave con aumento de la mitad de las demás penas a imponer, correspondiente a los otros hechos punibles, observando quien aquí decide, que la pena del delito más grave es el de FALSEDAD DE DOCUMENTOS; es por ello que esta Juzgadora pasa a realizar la sumatoria total de las penas antes mencionado, pero aplicando la norma ut supra mencionado, de la siguiente manera: nueve (9) años de prisión, más tres (3) años de prisión, más once (11) meses, siete (7) días y doce (12) horas de prisión, más un año (1) y seis (6) meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada, más y más un (1) año y nueve (9) meses de prisión, QUEDANDO EN DEFINITIVA LA PENA A IMPONER EN DIECISÉIS (16) AÑOS, DOS (2) MESES, SIETE (7) DÍAS y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN y EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD PROCURADA (50%), en virtud de la magnitud del daño causado al Estado Venezolano, en atención a la promesa que realizaron en cuanto a las notas promisorias que fueron desconocidas por la República Bolivariana de Venezuela, así como a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del texto Sustantivo Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347, en relación con el artículo 349 ambos del Texto Adjetivo Penal. Y ASÍ SE DECLARA. SEXTO: En relación a la condena de multas que le fuera impuesta por este Órgano Jurisdiccional a los acusados JOSÉ NICOLAS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y ANGEL ROBERTO INFANTE, le corresponderá al Tribunal de Ejecución establecer los términos del cumplimiento de la misma, una vez que quede definitivamente firme la sentencia que dicté este Órgano Jurisdiccional.

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SÉPTIMO: Se exonera a los acusados JOSÉ NICOLAS TOVAR, RAMÓN HERALDO PAREDES, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y ANGEL ROBERTO INFANTE, del pago de las costas procesales establecidas en el artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo al contenido del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en base al principio de la gratuidad de la ley. Dada, firmada y, sellada en la Sala de Audiencias de este Tribunal Vigésimo Octavo (28°) de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial penal del Área Metropolitana de Caracas (...)” (folios 58 al 166, pieza 42). [Resaltado del texto]. De la referida publicación de la sentencia, se ordenó la notificación de las partes; y en fechas 21 de noviembre de 2014, se impuso a los acusados RAMÓN HERALDO PAREDES, JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ y ÁNGEL ROBERTO INFANTE (folios 231, 232 y 234, pieza 42); el 23 de noviembre de 2014, el abogado MARCOS ROMERO ACOSTA, en su carácter de defensor de los acusados ÁNGEL ROBERTO INFANTE y JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (folio 271, pieza 42); el 24 de noviembre de 2014, el abogado HÉCTOR OLIVO ALAMO, en su carácter de defensor de los ciudadanos ÁNGEL ROBERTO INFANTE y JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (folio 260, pieza 42); las Defensoras Públicas Penales Trigésima Novena y Vigésima Tercera Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensoras de los ciudadanos RAMÓN HERALDO PAREDES y ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, respectivamente (folios 265; 266, pieza 42); a la representación de las Fiscalías Trigésima Séptima y Quincuagésima Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y, Fiscalía Segunda del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (folios 279, 284 y 289, pieza 42); al abogado OMAR DÍAZ, en su carácter de defensor del ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ (folio 294, pieza 42); y, en fecha 19 de junio de 2015, el abogado LEUDYN MORALES CASTRILLO, en su condición de Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República (folio 5, pieza 44). Contra la mencionada decisión, los abogados MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HÉCTOR OLIVO ALAMO, en su carácter de defensores de los acusados JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ y ÁNGEL ROBERTO INFANTE, respectivamente; y las abogadas MILDRED CAROLINA LATUFF NIETO, Defensora Pública Penal Vigésima Tercera de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y MAGRIS MORENO, Defensora Pública Penal Trigésima Tercera de la misma Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensoras de los acusados ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y RAMÓN HERALDO PAREDES, respectivamente, interpusieron en forma conjunta recurso de apelación, dieron contestación al mismo la representación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha 27 de agosto de 2015, la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió los recursos de apelación interpuestos en fecha 3 de febrero de 2015, por los abogados MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HÉCTOR OLIVO ÁLAMO, en su carácter de defensores de los acusados JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMENÉZ y ÁNGEL ROBERTO INFANTE, respectivamente, y las Defensoras Pública Vigésima Tercera y Trigésima Tercera Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su

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carácter de defensoras de los acusados ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y RAMÓN HERALDO PAREDES, se inadmitió por extemporáneos los escritos de contestación presentados por el Ministerio Público, y se admitió la contestación presentada por el abogado BYROBY HAZ, representante legal de la Procuraduría General de la República, y fijó el acto de audiencia oral, la cual se llevó a cabo el 31 de octubre de 2018, posterior a diversos diferimientos, reservándose el lapso establecido en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal para la publicación de la decisión. Ulteriormente, en fecha 29 de marzo de 2019, la Sala Dos (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicó la decisión, en la que dictó el pronunciamiento siguiente:

“(...) PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos en fecha 3 de febrero de 2015; el primero por los ciudadanos MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HÉCTOR OLIVO ÁLAMO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.870 y 23.060, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, titular de la cedula de identidad N° V-924.451, el segundo por los ciudadanos MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HECTOR OLIVO ALAMO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.870 y 23.060, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, titular de la cédula de identidad N° V3.400.989 y el tercero, por las ciudadanas MILDRED CAROLINA LATTUF NIETO, Defensora Pública Vigésima Tercera (23ᵃ) Penal del Área Metropolitana de Caracas y MAGGRIS MORENO, Defensora Pública Trigésima Tercera (33ᵃ) Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensoras de los ciudadanos ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y RAMÓN HERALDO PAREDES, titulares de las cédulas de identidad números V- 2.484.788 y V2.241.619, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 444, numerales 2, 3, 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha 19 de noviembre de 2014, cuyo texto íntegro fue publicado en fecha 29 de enero de 2015, por el Juzgado Vigésimo Octavo (28°) de Primera Instancia Estadal en Función (sic) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual CONDENÓ a los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y RAMÓN HERALDO PAREDES, a cumplir la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LA UTILIDAD PROCURADA, más la accesoria prisión, establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por los delitos de FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el artículo 322, ambos del Código Penal, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACION EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 numeral 1, en relación con los artículos 463 y 99 del Código Penal, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71, numeral 2, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de

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Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, en relación con los artículos 80 y 99 del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal y al ciudadano ANGEL (sic) ROBERTO INFANTE, a cumplir la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, DOS (2) MESES, SIETE (7) DIAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN Y EL CINCUENTA (50%) DE LA UTILIDAD PROCURADA, más las accesorias prisión, establecidas en el artículo 322 ambos del Código Penal, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, numeral 1, en relación con los artículos 463 y 99 del Código Penal, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción, en relación con el artículo 99 del Código Penal, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal. Se CONFIRMA el fallo impugnado, en los términos expuestos. SEGUNDO: A tenor de lo establecido en el único aparte del artículo 48 del Código Penal, la competencia para conocer acerca de la solicitud interpuesta en fecha 9 de marzo de 2018, por la ciudadana NINOSKA DEL VALLE SILVA MOLINA, abogado en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 87.990, en su carácter de defensora del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, titular de la cédula de identidad N° V-3.400.989, quien requirió la terminación de la pena corporal impuesta a su representado, conforme a la disposición ut supra, por tener el mismo para la fecha de la interposición de dicha solicitud la edad cronológica de setenta y un (71) años, tres (3) meses y veintiún (21) días y haber cumplido la pena de seis (6) años, cuatro (4) meses y dieciséis (16) días de prisión, le corresponde al Juez de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; decidir lo contrario sería invadir el ámbito de competencia de los Jueces de Primera Instancia y atentar contra las normas procesales, que son de orden público, amén que se estaría vulnerando a una de las partes el principio de doble instancia o la oportunidad de recurrir de la decisión que se emita al respecto, por lo que en definitiva, le corresponde al Juez de Ejecución emitir pronunciamiento acerca de la terminación de la pena corporal impuesta al ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE (…)” [Resaltado del texto] (folios 68 al 231, pieza 47). De la citada decisión, se notificó a los abogados MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HÉCTOR OLIVO ALAMO, en su carácter de defensores de los acusados JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ y ÁNGEL ROBERTO INFANTE, respectivamente, y a la Defensoría Pública Trigésima Novena Penal de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de defensora del acusado RAMÓN HERALDO PAREDES, el 1° de abril de 2019; a la Fiscalía Segunda para actuar ante las Salas Plena, Sala de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía Quincuagésima Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, a la Procuraduría General de la República y a la abogada NINOSKA DEL VALLE SILVA MOLINA, en su carácter de defensora del acusado ÁNGEL ROBERTO INFANTE, el 2 de abril de 2019.

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En fecha 3 de abril de 2019, se impuso al acusado ÁNGEL ROBERTO INFANTE y RAMÓN HERALDO PAREDES; y, en fecha 9 de mayo de 2019, al acusado JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, todos ante la Sala Dos (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 2 de julio de 2019, al abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, en su carácter de defensor del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, se dio por notificado. En fecha 8 de julio de 2019, el acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, encontrándose debidamente asistido de su defensor, JUAN CANCIO GARANTON NICOLAI, mediante escrito por él suscrito y en el cual consta las huellas decadactilares, consignado ante la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dejó expreso lo siguiente: “(…) Me doy por notificado de la ilegal e inconstitucional sentencia proferida en este caso, con abuso de poder, y extralimitación de funciones, con la connotación que tienen los términos, para aclarar porque la no asistencia al tribunal para darme por notificado del fallo cuyo texto no conocemos y que el Tribunal para darme por notificado del fallo cuyo texto no conocemos y que el Tribunal estaría obligado a darnos una copia del mismo para ejercer el recurso que corresponda en derecho, en el ámbito interno o en el de la jurisdicción internacional, por mandato de los artículos 49.1 (sic) Constitucional, pues debo disponer de los medios y en este caso la copia de la sentencia proferida por este tribunal para ejercer mi defensa lo es, y fundamental para analizar su contenido y motivos y ejercer el sacrosanto derecho de defensa a que se refiere el texto fundamental y al no tenerla, lo viola de manera flagrante, pues ni aun habiendo estado en el acto y oído sus términos y conclusiones, estaría enterado de su contenido y en capacidad de ejercerlo, con la memorización de lo oído o escuchado en concordancia con el artículo 51 de propio texto constitucional, concordando con los artículos 22 y 23 eiusdem y el 174 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con mi solicitud de libertad cuando tenía 70 años, conforme al 75 del Código Penal (…)”. Contra el referido fallo, el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, en su condición de defensor del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, ejerció el recurso de casación en fecha 1° de agosto de 2019; no dando contestación la representación del Ministerio Público, ni la Procuraduría General de la República. El 17 de septiembre de 2019, se dio entrada al expediente en Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, siéndole asignado el alfanumérico AA30-P2019-000176. En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En virtud de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre el recurso de casación, se resuelve en los términos siguientes: I DEL RECURSO DE CASACIÓN Consta en las actas del caso en análisis, que el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, presentó recurso de casación, solicitando la declaratoria con

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lugar, y la nulidad de la sentencia recurrida, estructurado en cinco denuncias de la manera siguiente: “(...) Violación del debido proceso y el derecho a la defensa con falta de aplicación de los artículos 333, 334, 345 del Código Orgánico Procesal Penal y de los artículos 49. 1 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El vicio de falta de aplicación, en este caso surge cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente, para una determinada relación jurídica que está bajo su alcance, al no aplicar al caso concreto el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a que el Tribunal no advirtió en la motivación de su sentencia condenatoria, que los acusados a su vez no lo fueron ni antes ni después de la recepción de pruebas para preparar su defensa, en cuanto a la calificación jurídica por el delito de estafa agravada continuada contra la nación, norma que de haber sido aplicada, hubiera modificado el contenido de la sentencia. Falta de aplicación que atañe no solo al interés particular del recurrente, sino a la razón de que ninguna persona puede ser condenada por actos u omisiones que aunque previstos como delitos, respecto de los cuales el reo no tuvo la oportunidad de defenderse de la imputación sobrevenida con la sentencia como sucede en el caso de la proferida por la Corte de Apelaciones, en cuanto al delito de estafa continuada agravada contra la nación, nunca cometido, que es como decir con violación al artículo 49 de la Carta Fundamental, en conjunción con el artículo 257 ejusdem (sic). En conclusión, nadie puede ser condenado por un delito no cometido, con el argumento que el error ni judicando (sic) no pude (sic) ser atribuido a la Corte de Apelaciones, porque ella no determina por ser una labor que corresponde al juez de juicio por el principio de inmediación, (criterio reiterado de la Sala (sic) Penal), habida consideración que se trata del mismo sistema de justicia del país, que es el que debe velar por el respeto a todas las garantías constitucionales que derivan de la aplicación de las normas del texto fundamental señaladas las cuales deben tener presente todos los tribunales de justicia penal del país, conforme al artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, no un tribunal en particular. De ser así, con el mismo argumento a cualquiera se le pudiere condenar por el delito que fuere, lo cual está vedado a todos los tribunales instituidos para castigar los delitos en el país, de acuerdo con la invocada norma del Código Orgánico Procesal Penal y de los artículos 49 y 257 de la Constitución que hemos denunciado también como infringidos, en este caso y en este particular por falta de aplicación, por las anteriores razones, en virtud de que todos los jueces del país, sin excepción, deben velar por la incolumidad de la Constitución, de modo tal que cuando una Ley, colidiere con ella debe atenerse a la norma constitucional, con mayor razón, honorables magistrados, en el caso de los criterios que en el sentido comentado ha venido sosteniendo la honorable Sala (sic) Penal de este distinguido y máximo Tribunal del país, teniendo presente que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades esenciales, nacidas de la interpretación o de criterios doctrinales, a menos que se trate de criterios vinculantes, los cuales no escapan tampoco en respetar el texto y contenido de las normas constitucionales que consideramos como infringidas por falta de aplicación, por estar vigentes y no haber sido derogadas. SEGUNDA DENUNCIA Denunciamos como infringidos por la recurrida por falta de aplicación, los artículos 71.2 (sic) y 64 de la Ley [Orgánica] de Salvaguarda del Patrimonio Público, relativos a los delitos [de] aprovechamiento fraudulento de Fondos Públicos (sic) en grado de tentativa, previsto para el primero de establecidos en la

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sentencia de condena y el artículo 64 (sic) al considerar que hubo obtención ilegal de utilidad por acto administrativo falso, en grado de tentativa, ambos en relación con los artículos 75 y 82 del Código Penal, infringidos también por falta de aplicación, no solo por tratarse de delitos en grado de tentativa en relación a las penas aplicables, sino en cuanto que Alejandro Tineo Salas, no ha podido ser condenado a sufrir pena de prisión más allá de los cuatro años, ni la medida sustitutiva haberse prorrogado más allá de ese tiempo, por imponerlo la norma denunciada como infringidas, de acuerdo con el artículo 75 del Código Penal también infringido por la recurrida en su sentencia condenatoria de autos, en relación a la imposición de las penas. Si bien el tipo penal contenido en los artículos 81.2 (sic) castiga el delito que la norma comentada define y penaliza, con la aplicable entre los dos y diez años, el primero y el segundo, previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio entre los dos y seis años, es de aclarar que ello es para los delitos consumados, pero en tratándose que la calificación de los mismos se hizo en ambos casos para el caso de delitos en grado de tentativa, es claro que la pena aplicable debió ser la del artículo 82 del Código Penal, que reza: En el delito frustrado se rebajara (la pena) la tercera parte que debiere imponerse por el delito consumado, atendiendo todas las circunstancias y en la tentativa, (caso de autos) se rebajará de la mitad a las dos terceras partes, salvo en uno u otro caso, disposiciones especiales. Estas normas de Ley fueron infringidas por la recurrida por falta de aplicación, porque de haberse ceñido al texto literal de las mismas, la condenatoria impuesta a Alejandro Tineo Salas, no ha podido sobrepasar el límite fijado en las normas denunciadas, habida consideración que Alejandro Tineo Salas no ha podido jamás ser condenado a sufrir pena corporal ni medida cautelar sustitutiva que sobrepasara los 4 años, ni aun en el caso del artículo 82 de Código Penal, de acuerdo con el artículo 75 del mismo Código, infringido por la recurrida, por falta de aplicación, siendo que en autos consta la cédula de identidad de Alejandro Tineo Salas, desde la fecha de su declaración en la imputación que el Ministerio Público hiciera sólo en relación a los dos tipos de delito, adicionándole el de agavillamiento. TERCERA DENUNCIA Denunciamos como infringido por la recurrida el artículo 346.3 (sic) del Código Orgánico Procesal Penal por falta de aplicación, 301 y 305 (sic) junto con el artículo 49 y 257 Constitucional, por cuanto la recurrida en ninguna parte de la de su (sic) sentencia condenatoria, se refirió al sobreseimiento que consta en autos de la Dra. Milena [Contreras] Sotillo, del indivisible Ministerio Público, que no fue consultado jamás con el Fiscal Superior, como manda y ordena el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal por intervención de una persona extraña al proceso penal, el Dr. Fabián Chacón, como representante de la Procuraduría General de la República, cuya participación en el juicio, según el Código Orgánico Procesal Penal, está reservada para las reclamaciones civiles una vez concluya el proceso penal, con sentencia definitiva. No puede sostenerse, en este caso, el criterio de la Sala de Casación Penal, que la infracción del numeral 3, del artículo 346, del Código Orgánico Procesal Penal, no puede ser atribuida a la Corte de Apelaciones, en virtud que esta no determina de manera precisa y circunstancia los hechos de instancia, por cuanto dicha labor corresponde al juzgador de juicio en virtud del principio de inmediación, porque nadie puede ser privado del beneficio que conlleva el sobreseimiento, establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, que conlleva la libertad del procesado, tomando en cuenta como ya lo apuntamos que los [J]ueces del país, sin excepción, deben velar por el respeto a todas las garantías constitucionales que

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derivan de la aplicación de las normas del texto fundamental señaladas las cuales deben tener presente todos los Tribunales de justicia penal del país, conforme al artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, no un [T]ribunal en particular, en este caso, por privarse del derecho a la libertad, a Alejandro [Néstor] Tineo Salas, por casi diez años en el caso del sobreseimiento del Ministerio Público, no considerado ni consultado. De nada valdría el sobreseimiento, si con el mismos argumentos, la libertad de una persona como Alejandro [Néstor] Tineo [Salas], que imponía el sobreseimiento del Ministerio Público, no consultado, puede seguir conculcándose con el argumento del delito en grado de tentativa continuada, que fue el que sirvió al sistema de justicia venezolano, para no consultar el existente en autos, con el Fiscal Superior [del Ministerio Público] del Área Metropolitana de Caracas, desconociendo los postulados de los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela violados por falta de aplicación, en orden a los efectos del sobreseimiento, disposiciones de raigambre constitucional, violentadas con las constitucionales invocadas. Sin base de sustanciación en las normas constitucionales y legales, la sentencia como expresión de la potestad de administrar justicia, no responderá nunca a la autoridad de la ley (artículo 253 del texto Constitucional). CUARTA DENUNCIA Denunciamos como infringidos por la recurrida el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en orden a la aplicación de las penas impuestas a Alejandro Tineo Salas, en relación con los artículos 71.2 (sic) y 64 de la misma, en concordancia, en concordancia con el artículo 82 del Código Penal, que denunciamos como infringidos por falta de aplicación, en cuanto a la comisión de los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, previsto en la primera de las normas invocadas y obtención ilegal de utilidad por acto administrativo, en grado de tentativa, esto es que no llegaron a la consumación, es porque ni en uno, no hubo aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, que solo lo puede haber en el caso del delito consumado, como tampoco pudo haber obtención ilegal de utilidad por acto administrativo en grado de tentativa, por no tratarse de un delito consumado. O hay tentativa o hay delito consumado, pero no ambos a la vez. QUINTA DENUNCIA Denunciamos como infringidos por la recurrida el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y la Ley de Hacienda Pública Nacional, en sus artículos 41 y 42, por falta de aplicación, al considerar la recurrida, que la violación del tipo penal mencionado de la Ley Orgánica de Salvaguarda [del Patrimonio Público], se incurrió en aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, y así mismo incurrió en violación del artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda [del Patrimonio Público] al atribuirle a los Bonos Bandagro la connotación de Acto Administrativo Falso, (…) cuando se consideró (sic) que los sentenciados incurrieron [en] obtención ilegal de utilidad por acto administrativo falso, violentándose por falta de aplicación, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En caso de la denuncia, de la violación del artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, de que hubo aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, se le atribuye a la violación del tipo penal del 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, la connotación de Fondos

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públicos, que no lo son según la Ley de Hacienda [Orgánica] de Hacienda Pública Nacional, en su Título II; artículos 41 y 42. Los fondos públicos (artículo 41) son: Las Rentas Nacionales, ordinarias o propiamente dichas que son: el producto de las contribuciones nacionales, los intereses que satisfagan a la nación, los Institutos Oficiales Autónomos, que se hayan fundado con capital del Estado, y los intereses o dividendos de las empresas de cualquier género cuyo capital haya sido suscriptor el Estado, (en cuyo caso no entra Bandagro, que era una Compañía Anónima, 50% capital público, 50% capital particular) el producto de la administración de los bienes o servicios nacionales, y de los establecimientos industriales de la nación, los intereses moratorios y las penas pecuniarias que se exijan o se impongan por virtud de la administración de la Hacienda Pública Nacional y a las demás penas pecuniarias cuyo producto atribuya la Ley al fisco Nacional, o algún establecimiento público o servicios nacionales, las rentas que han estado o estuvieren destinadas a establecimientos públicos de la nación o a un determinado ramo de la Administración Nacional y las que se legaren o constituyeran a favor de la Nación o de los establecimientos o servicios expresados, el producto de los contratos celebrados por el Ejecutivo Nacional. Las rentas extraordinarias (artículo 41 y 42) están constituidas por el producto de cualesquiera operación financiera que decrete o autorice el Congreso para proveer las necesidades del Tesoro. La administración de las rentas nacionales se rige por esta ley. En el caso Bandagro, no hubo jamás, aprovechamiento de fondos públicos, de acuerdo con el artículo 71, ordinal 2 de la Ley [Orgánica] de Salvaguarda del Patrimonio Público, porque los Bonos Bandagro, ni ningún otro, de cualquier Banco, no lo son, conforme a la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional. No puede considerarse que la violación del artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, equivalga a obtención ilegal de utilidad por acto administrativo falso porque según el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se entiende por tales toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por órganos de la administración pública, habida consideración que Bandagro, no era (…) ningún Banco aun siendo del estado, un órgano de la administración pública nacional, que los definen sus leyes particulares y a los cuales se refiere la Constitución (…) (artículos 141, 142, 146 al 149). Los delitos, (…) los definen las Leyes, no lo pueden crear los jueces (…) Los Bonos Bandagro, así como no son fondos públicos, no son actos administrativos (…). Definen sus leyes particulares y a los cuales se refiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo[s] 141, 142, 146 al 149). Los delitos, Ciudadanos Magistrados, los definen las Leyes, no los pueden crear los jueces de la República por la indebida aplicación de los textos legales. Los Bonos Bandagro, así como no son fondos públicos, no son actos administrativos, según la Ley de Hacienda Pública Nacional, y según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Solicito que el presente recurso de casación, sea declarado con lugar por la Sala Penal del Tribunal supremo (sic) de Justicia, en su oportunidad (...)”. II

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COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y al efecto, observa: El numeral 8 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: “(...) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 8. Conocer del recurso de casación (...)”. Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el numeral 2, del artículo 29, de la referida ley orgánica, establece: “(...) Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…). 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (...)”. (Agregado de la Sala). En el presente caso, el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, en su carácter de defensor del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, interpuso recurso de casación en el presente proceso penal; en contra de la decisión dictada por la Sala Dos (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de marzo de 2019, que “(...) DECLARA SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos en fecha 3 de febrero de 2015; el primero por los ciudadanos MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HÉCTOR OLIVO ÁLAMO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.870 y 23.060, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, titular de la cedula de identidad N° V-924.451, el segundo por los ciudadanos MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HÉCTOR OLIVO ALAMO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.870 y 23.060, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, titular de la cédula de identidad N° V- 3.400.989 y el tercero, por las ciudadanas MILDRED CAROLINA LATTUF NIETO, Defensora Pública Vigésima Tercera (23ᵃ) Penal del Área Metropolitana de Caracas y MAGGRIS MORENO, Defensora Pública Trigésima Tercera (33ᵃ) Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensoras de los ciudadanos ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y RAMÓN HERALDO PAREDES, titulares de las cédulas de identidad números V-2.484.788 y V-2.241.619, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 444, numerales 2, 3, 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha 19 de noviembre de 2014, cuyo texto íntegro fue publicado en fecha 29 de enero de 2015, por el Juzgado Vigésimo Octavo (28°) de Primera Instancia Estadal en Función (sic) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual CONDENÓ a los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y RAMÓN HERALDO PAREDES, a cumplir la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN y CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LA UTILIDAD PROCURADA, más la accesoria prisión, establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por los delitos de FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el artículo 322, ambos del Código Penal, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y

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sancionado en el artículo 462 numeral 1, en relación con los artículos 463 y 99 del Código Penal, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71, numeral 2, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, en relación con los artículos 80 y 99 del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal y al ciudadano ANGEL (sic) ROBERTO INFANTE, a cumplir la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, DOS (2) MESES, SIETE (7) DIAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN Y EL CINCUENTA (50%) DE LA UTILIDAD PROCURADA, más las accesorias prisión, establecidas en el artículo 322 ambos del Código Penal, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, numeral 1, en relación con los artículos 463 y 99 del Código Penal, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción, en relación con el artículo 99 del Código Penal, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal. Se CONFIRMA el fallo impugnado, en los términos expuestos (…) [Resaltado del texto]”; y en consecuencia, esta Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se declara. III DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN Siendo el recurso de casación el medio idóneo para examinar aquellas decisiones dictadas por las cortes de apelaciones, debe ser interpuesto en estricta sujeción de los requisitos exigidos por el legislador para garantizar el orden procesal. Formalmente, el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, circunscribe los fundamentos del recurso de casación: en violación de la ley, por indebida aplicación o por errónea interpretación de ley. Por su parte, en cuanto al modo, forma y tiempo conforme a los cuales debe ser presentado el recurso de casación, éste requiere ser interpuesto a través de un escrito fundado, consignado ante las cortes de apelaciones y dentro de un plazo de quince (15) días luego de publicada la decisión correspondiente; excepto cuando el acusado se encuentre privado de libertad, caso en el cual comenzará a correr a partir de la notificación personal, o en aquellos casos donde se procesan varias personas, a partir de la última

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notificación de éstas, o bien de su representante legal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 454 del texto adjetivo penal. Siendo necesario precisar que a la luz del artículo 424 eiusdem, la legitimación es igualmente un requisito de admisibilidad de todo recurso, por tanto únicamente podrán recurrir contra las decisiones expedidas por los órganos jurisdiccionales, las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. En relación con el presupuesto de admisibilidad referido a la legitimación y a la representación se evidencia que el ciudadano ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, al haber sido condenado a cumplir la pena de dieciocho (18) años y, tres (3) meses de prisión y el cincuenta por ciento de la utilidad procurada (50%), por la comisión de los delitos de FALSEDAD DE DOCUMENTOS, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, y AGAVILLAMIENTO; tiene un interés directo y legítimo en esta pretensión recursiva, en tanto que la decisión impugnada le es adversa, por la declaratoria sin lugar del recurso de apelación ejercido por la defensa técnica que le asistía para el momento.

Asimismo, se advierte que el recurso de casación fue ejercido por el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, en su condición de defensor del acusado citado, carácter que consta a los autos. En virtud de lo cual, se constata que el referido profesional del derecho ejerce la defensa del mismo y, por ende, se encuentra legitimado para ejercer el recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

En relación al requisito de temporalidad, surge de la revisión de las actas que conforman el expediente, que la decisión impugnada fue publicada por la Sala Dos (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de marzo de 2019. Verificándose la última de las notificaciones emitidas a las partes, específicamente, al ciudadano ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, en su condición de acusado, en fecha 8 de julio de 2019 e interponiéndose el recurso de casación, por el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, en su carácter de defensor del mencionado acusado, en fecha 1° de agosto de 2019, es decir, en tiempo hábil, en virtud del cómputo efectuado por la abogada María Gabriela Prado, Secretaria de la mencionada Sala de la Corte de Apelaciones. Al respecto, la ut supra Secretaria adscrita a la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dejó constancia, de lo siguiente:

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“(...) CERTIFICA: que según consta del Libro Diario llevado por este Despacho, desde el día hábil siguiente al 8 de julio de 2019 (exclusive), hasta el día 1 (sic) de agosto de 2019 (inclusive), transcurrieron nueve días de despacho, a saber: martes 9, miércoles 10, jueves 11, viernes 12, lunes 22, jueves 25, viernes 26, martes 30 de julio de 2019, y jueves 1 (sic) de agosto de 2019. Dejándose constancia igualmente que el lapso de quince (15) días hábiles establecido en el artículo 454 del Texto Adjetivo Penal, vencían el día martes 13 de agosto de 2019, conforme al siguiente cómputo: lunes 5, martes 6, jueves 8, viernes 9, lunes 12, martes 13 de agosto de 2019. Haciéndose constar el lapso de ocho (8) días hábiles establecido en el artículo 456 del referido texto adjetivo penal, vencían el día (lunes 26 de agosto de 2019), discriminados de la siguiente manera: miércoles 14, jueves 15, viernes 16, martes 20, miércoles 21, jueves 22, viernes 23 y lunes 26 de agosto de 2019, sin que la parte contraria dieran (sic) contestación al recurso de casación interpuesto y finalmente se certifica que la Sala Accidental no dio despacho los días: lunes 15, martes 16, miércoles 17, jueves 18, viernes 19, lunes 23, martes 24, lunes 29, miércoles 31 de julio de 2019, viernes 2, miércoles 7 y lunes 19 de agosto de 2019 (...)” (folios 346 y 347, pieza 47).

De la transcripción anterior se observa que la verificación de la última notificación efectuada a las partes se realizó el 8 de julio de 2019, y en consecuencia, el lapso para la interposición del recurso de casación perimió el 13 de agosto de 2019; por lo que se presentó dentro del lapso, es decir, 1° de agosto de 2019, el noveno (9°) día de despacho siguiente a la verificación de la última de las notificaciones, conforme se desprende de la certificación de los días de despacho transcurridos en el Tribunal Colegiado, de manera tempestiva. Así se declara. En lo que respecta a la recurribilidad de la sentencia, observa la Sala que en el presente caso el recurso de casación fue ejercido contra la decisión dictada por la Sala Dos (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 29 de marzo de 2019, que declaró sin lugar el recurso de apelación intentado por la defensora pública penal que para la fecha desempeñaba la defensa del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, contra la sentencia condenatoria dictada en contra del mencionado ciudadano, por un Tribunal de Primera Instancia en función de Juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal. Visto que la decisión impugnada fue dictada por la Sala Dos (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la que resolvió el recurso de apelación ejercido por los defensores de los acusados, fallo que no ordenó la realización de un nuevo juicio oral, agotándose la doble instancia; tomando en cuenta además que la pena prevista para los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, OBTENCION ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, y AGAVILLAMIENTO, en virtud de los cuales el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, solicitaron el enjuiciamiento de los acusados, y presentaron la acusación privada, las penas exceden de cuatro (4) años en su límite máximo, se concluye que están satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con las

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condiciones de recurribilidad de la decisión, en la cual, se dictó sentencia condenatoria contra los mencionados acusados, y se confirmó la sentencia recurrida. Así se establece. Ahora bien, corresponde analizar la fundamentación de las denuncias propuestas en el recurso de casación presentado por el ciudadano JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, en su condición de defensor del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, en fecha 1° de agosto de 2019, y recibido en esta Sala, el 17 de septiembre de 2019, sobre la base de los requisitos exigidos en los artículos 451, 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal y así determinar si en la misma se indica con claridad las disposiciones legales que el recurrente estima vulnerados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, advirtiendo los motivos que la hacen procedente. En este sentido, la Sala observa que el recurrente en la primera denuncia adujo la falta de aplicación de los artículos 333, 334, y 345 del Código Orgánico Procesal Penal, y artículos 49, numeral 1 y 257, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al considerar que “el sentenciador” no aplicó el contenido del mencionado artículo 333 (nueva calificación jurídica), en “relación a que el Tribunal no advirtió en la motivación de su sentencia condenatoria, que los acusados no lo fueron ni antes ni después de la recepción de pruebas para preparar su defensa, en cuanto a la calificación jurídica del delito de estafa agravada continuada contra la nación, norma que de haber sido aplicada, hubiera modificado el contenido de la sentencia”. De igual forma, refirió que la falta de aplicación le atañe “no solo al interés particular del recurrente sino a la razón de que ninguna persona puede ser condenada por actos u omisiones que aunque previstos como delitos, respecto de los cuales el reo no tuvo la oportunidad de defenderse de la imputación sobrevenida con la sentencia como sucede en el caso de la proferida por la Corte de Apelaciones, en cuanto al delito de la estafa continuada agravada contra la nación, nunca cometido, que es como decir con violación del artículo 49 de la Carta Fundamental, en conjunción con el artículo 257 eiusdem”. En conclusión, recalcó “(…) nadie puede ser condenado por un delito no cometido con el argumento que el error ni judicando no puede ser atribuido a la Corte de Apelaciones, porque ella no determina por ser una labor que corresponde al juez de juicio por el principio de inmediación, (criterio reiterado de la Sala Penal), habida consideración que se trata del mismo sistema de justicia del país, que es el que debe velar por el respeto a todas las garantías constitucionales que derivan de la aplicación de las normas del texto fundamental señaladas las cuales deben tener presente todos los tribunales de justicia penal del país, conforme al artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, no un tribunal en particular”. Que, “De ser así, con el mismo argumento a cualquiera se le pudiere condenar por el delito que fuere, lo cual está vedado a todos los tribunales instituidos para castigar los delitos en el país, de acuerdo con la invocada norma del Código Orgánico Procesal Penal y de los artículos 49 y 257 de la Constitución que hemos denunciado también como infringidos, en este caso y en este particular por falta de aplicación, por las anteriores razones, en virtud de que todos los jueces del país, sin excepción, deben velar por la incolumidad de la Constitución, de modo tal que cuando una Ley, colidiere con ella debe atenerse a la norma constitucional, con mayor razón, honorables magistrados, en el caso de los criterios que en el sentido comentado ha venido sosteniendo la honorable Sala

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Penal de este distinguido y máximo Tribunal del país, teniendo presente que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades esenciales, nacidas de la interpretación o de criterios doctrinales, a menos que se trate de criterios vinculantes, los cuales no escapan tampoco en respetar el texto y contenido de las normas constitucionales que consideramos como infringidas por falta de aplicación, por estar vigentes y no haber sido derogadas (…)”. De los planteamientos expuestos se evidencia que los mismos se circunscriben a la falta de aplicación de los artículos 333 (nueva calificación jurídica), 334 (ampliación de la acusación) y 335 (corrección de errores), todos del Código Orgánico Procesal Penal, relacionados con el desarrollo del debate efectuado en el caso bajo análisis por el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y los artículos 49 y 257, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, pretende el recurrente la revisión de la sentencia condenatoria, al señalar que “el Tribunal no advirtió en la motivación de su sentencia condenatoria, que los acusados no lo fueron ni antes ni después de la recepción de pruebas para preparar su defensa, en cuanto a la calificación jurídica del delito de estafa agravada continuada contra la nación”. Bajo este aspecto, se observa que dichos argumentos están referidos a la sustanciación del debate oral y público, el cual le corresponde a los Tribunales de Primera Instancia en función de Juicio, y aún cuando el defensor, impugna la sentencia de la Sala Dos (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de sus alegatos se infiere la intención que la referida instancia judicial verifique la sustanciación del debate, aspecto que no es atribuible a la Corte de Apelaciones, persiguiendo a través de la vía de la casación impugnar las circunstancias tomadas en consideración a fin de proferir el fallo condenatorio; en este sentido, resulta pertinente reiterar que cuando la pretensión de la defensa es resuelta y esta no le es satisfactoria en todas sus aspiraciones, ello no implica que la sentencia haya incurrido en la falta de aplicación de una norma jurídica. Además, no explicó porque infringió el contenido de los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con base en lo anterior, resulta evidente que el impugnante incurre en una indebida fundamentación del recurso de casación siendo en consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la primera denuncia develada en el recurso de casación propuesto por el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, de conformidad con lo establecido en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. En la segunda denuncia, quien recurre indicó la falta de aplicación de los artículos 71, numeral 2 y 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (vigente para la fecha de los hechos), relacionada a la imposición de la pena impuesta a su defendido que no se consideró la edad del mismo, la cual supera los setenta años de edad, por ende a su criterio, no “ha podido jamás ser condenado a sufrir pena corporal ni medida cautelar sustitutiva que sobrepasara los 4 años”, ni aún en el caso, de los artículos 75 y 82, ambos del Código Penal, infringidos también por la recurrida por falta de aplicación.

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Que, “(…) Denunciamos como infringidos por la recurrida por falta de aplicación, los artículos 71.2 y 64 (sic) de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, relativos a los delitos [de] aprovechamiento fraudulento de Fondos Públicos en grado de tentativa, previsto para el primero de establecidos en la sentencia de condena y el artículo 64 al considerar que hubo obtención ilegal de utilidad por acto administrativo falso, en grado de tentativa, ambos en relación con los artículos 75 y 82 del Código Penal, infringidos también por falta de aplicación, no solo por tratarse de delitos en grado de tentativa en relación a las penas aplicables, sino en cuanto que Alejandro Tineo Salas, no ha podido ser condenado a sufrir pena de prisión más allá de los cuatro años, ni la medida sustitutiva haberse prorrogado más allá de ese tiempo, por imponerlo la norma denunciada como infringidas, de acuerdo con el artículo 75 del Código Penal también infringido por la recurrida en su sentencia condenatoria de autos, en relación a la imposición de las penas (…)”. Que, “(…) Si bien el tipo penal contenido en los artículos 71.2 (sic) castiga el delito que la norma comentada define y penaliza, con la aplicable entre los dos y diez años, el primero y el segundo, previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio entre los dos y seis años, es de aclarar que ello es para los delitos consumados, pero en (sic) tratándose que la calificación de los mismos se hizo en ambos casos para el caso de delitos en grado de tentativa, es claro que la pena aplicable debió ser la del artículo 82 del Código Penal, que reza: ´En el delito frustrado se rebajara (la pena) la tercera parte que debiere imponerse por el delito consumado, atendiendo todas las circunstancias y en la tentativa, (caso de autos) se rebajará de la mitad a las dos terceras partes, salvo en uno u otro caso, disposiciones especiales´. Estas normas de Ley fueron infringidas por la recurrida por falta de aplicación, porque de haberse ceñido al texto literal de las mismas, la condenatoria impuesta a Alejandro Tineo Salas, no ha podido sobrepasar el límite fijado en las normas denunciadas, habida consideración que Alejandro Tineo Salas no ha podido jamás ser condenado a sufrir pena corporal ni medida cautelar sustitutiva que sobrepasara los 4 años, ni aun en el caso del artículo 82 de Código Penal, de acuerdo con el artículo 75 del mismo Código, infringido por la recurrida, por falta de aplicación, siendo que en autos consta la cédula de identidad de Alejandro Tineo Salas, desde la fecha de su declaración en la imputación que el Ministerio Público hiciera sólo en relación a los dos tipos de delito, adicionándole el de agavillamiento (…)”.

Al respecto, dicha denuncia carece de la debida fundamentación, por cuanto no cumple con las exigencias previstas en los artículos 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales establecen los motivos de procedencia del recurso de casación, debiendo quienes recurren desarrollar con toda precisión por qué consideran que hubo falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de un precepto legal, así como el modo en que impugnan la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente. De modo que es obligatorio para las partes cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Adjetiva Penal, para enervar así la actividad impugnativa, al momento de ser presentado un medio de impugnación y en la presente denuncia, el recurrente no los señaló, incumpliendo con la fundamentación de la pretensión casacional, conforme a lo previsto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que quien reclama debe consignar un escrito fundado donde debe indicarse en forma sucinta y diáfana los preceptos legales que se consideran transgredidos, bien por falta de aplicación,

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por indebida aplicación o por errónea interpretación, tal como lo exige el artículo 452 del mencionado código adjetivo. Sobre este aspecto, es preciso considerar que el cumplimiento de los requisitos al interponer recurso de casación no es una formalidad insustancial que pueda ser relajada por las partes e inobservada por la Sala de Casación Penal, razón por la cual se concluye que en la presente denuncia el recurrente desatendió el requisito legal exigido en cuanto al motivo sobre el cual debe ser sustentado el recurso de casación, conforme a lo previsto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Cabe agregar, de la revisión realizada a la presente denuncia se constata la existencia de un argumento referido a la falta de aplicación de los artículos 64 y 71, numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, relacionado con la imposición de la condena impuesta a su defendido y que no se aplicó los artículos 75 y 82 del Código Penal, al considerar que el mismo “no ha podido ser condenado a sufrir pena de prisión más allá de los cuatro años”. Corroborando esta Sala, la imprecisión de la denuncia. Por otra parte, tal denuncia está dirigida a impugnar vicios del tribunal de juicio, por cuanto el recurrente manifiesta su inconformidad respecto a la aplicación de la dosimetría penal; situación que no corresponde a casación al no atribuir vicios en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones. Como corolario de lo anterior, se evidencia que el recurrente, no cumple con los requisitos establecidos para la interposición del recurso de casación, toda vez que la denuncia planteada por falta de aplicación si bien refiere la normativa legal presuntamente infringida, no fue instaurada en alguno de los motivos que prevé el artículo 452 del Código orgánico Procesal Penal, en consecuencia y en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la segunda denuncia planteada en el recurso de casación interpuesto por el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, actuando en su carácter de defensor privado del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, de acuerdo con lo previsto en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. La tercera denuncia está referida a la falta de aplicación del artículo 346 numeral 3, en relación con lo establecido en los artículos 301 y 305 todos del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que la “recurrida en ninguna parte de (…) su sentencia condenatoria” se refirió a la solicitud de sobreseimiento presentada a favor de su defendido por la abogada “Milena [Contreras] Sotillo”, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, y que dicho acto conclusivo, “no fue consultado jamás con el Fiscal Superior como manda y ordena el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal por intervención de una persona extraña al proceso penal, el Dr. Fabián Chacón, como representante de la Procuraduría General de la República, cuya participación en el juicio (…) está reservada para las reclamaciones civiles una vez concluya el proceso penal, con sentencia definitiva”. Así mismo refirió: “(…) No puede sostenerse, en este caso, el criterio de la Sala de Casación Penal, que la infracción del numeral 3, del artículo 346, del Código Orgánico Procesal Penal, no puede ser atribuida a la Corte de Apelaciones, en virtud que esta no determina de manera precisa y circunstancia los hechos de instancia, por

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cuanto dicha labor corresponde al juzgador de juicio en virtud del principio de inmediación, porque nadie puede ser privado del beneficio que conlleva el sobreseimiento, establecido en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, que conlleva la libertad del procesado, tomando en cuenta como ya lo apuntamos que los [J]ueces del país, sin excepción, deben velar por el respeto a todas las garantías constitucionales que derivan de la aplicación de las normas del texto fundamental señaladas las cuales deben tener presente todos los [T]ribunales de [J]usticia penal del país, conforme al artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, no un [T]ribunal en particular, en este caso, por privarse del derecho a la libertad, a Alejandro [Néstor] Tineo Salas, por casi diez años en el caso del sobreseimiento del Ministerio Público, no considerado ni consultado”. Igualmente, refirió: “(…) de nada valdría el sobreseimiento, si con el mismo argumento, la libertad de una persona como Alejandro [Néstor] Tineo [Salas], que imponía el sobreseimiento del Ministerio Público, no consultado, puede seguir conculcándose con el argumento del delito en grado de tentativa continuada, que fue el que sirvió al sistema de justicia venezolano, para no consultar el existente en autos, con el Fiscal Superior [del Ministerio Público] del Área Metropolitana de Caracas, desconociendo los postulados de los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela violados por falta de aplicación, en orden a los efectos del sobreseimiento, disposiciones de raigambre constitucional, violentadas con las constitucionales invocadas. Sin base de sustanciación en las normas constitucionales y legales, la sentencia como expresión de la potestad de administrar justicia, no responderá nunca a la autoridad de la ley (artículo 253 del texto Constitucional) (…)” Al revisar los fundamentos de la pretensión, la Sala estima oportuno acotar que al momento de ser presentado un medio de impugnación, las partes están obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Adjetiva Penal, para así enervar la actividad impugnativa. De allí que, al encontrarnos ante la interposición de un recurso de casación, quien recurre debe estimar la existencia de los siguientes requisitos: a) que quien lo ejerza, esté debidamente legitimado para interponerlo; b) que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello; c) que la decisión que se recurre sea impugnable en casación por expresa disposición de la ley; y d) que la pretensión casacional esté contenida en un documento y debidamente fundamentada. En relación a esta última exigencia, es obligante para quien recurre, la fundamentación de la pretensión casacional conforme a lo previsto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, que reclama un escrito fundado donde debe indicarse en forma sucinta y diáfana los preceptos legales que se consideran transgredidos, bien por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación, tal como lo exige el artículo 452 del mencionado código adjetivo. Al respecto, la Sala Constitucional en sentencia nro. 1524, del ocho (8) de agosto de 2006, estableció lo siguiente: “(...) En materia penal, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado a su ámbito especial y su carácter de

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extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo (…)”. Sobre este aspecto, es preciso considerar que el cumplimiento de los requisitos al interponer recurso de casación no es una formalidad insustancial que pueda ser relajada por las partes e inobservada por la Sala de Casación Penal, razón por la cual se concluye que en la presente denuncia el recurrente desatendió el requisito legal exigido en cuanto al motivo sobre el cual debe ser sustentado el recurso de casación, conforme a lo previsto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Además de ello, de la revisión efectuada a la presente denuncia se verifica la existencia de un argumento referido a la falta de aplicación de los artículos 301 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado al trámite de la presentación de la solicitud incoada por la abogada “Milena [Contreras] Sotillo”, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio del Área Metropolitana de Caracas, de sobreseimiento del proceso penal seguido al ciudadano “ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS (…)”, por la presunta comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 71, numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (vigente para la fecha de los hechos) y OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA, tipificado en el artículo 64 eiusdem, en perjuicio del Estado venezolano, conforme al artículo 308, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.208 Extraordinario de fecha 23 de enero de 1998); y que el mismo “(…) no [fue] consultado (…)”. A decir, del recurrente que la solicitud de sobreseimiento no fue “consultado jamás con el Fiscal Superior”. De lo anterior, la Sala de Casación Penal, constata la imprecisión de la denuncia. Además, que el contenido del artículo 346, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, no es susceptible de ser infringido por la Corte de Apelaciones, por cuanto no le corresponde establecer los hechos objetos del proceso penal, correspondiéndole dicha función a los Tribunales de Primera Instancia en función de Juicio. De igual forma, el contenido de los artículo 301 y 305 del Texto Adjetivo penal, en virtud que los mismos no pueden ser infringidos por el Tribunal de Alzada. Por otra parte, cabe agregar que la Sala no puede suplir la actuación propia de los recurrentes, quienes están obligados no sólo a exponer de manera clara y específica cuál es su pretensión, sino además, deben indicar el fin que persiguen con su alegato y la influencia de la infracción en el dispositivo de la sentencia recurrida, que debe ser suficiente y capaz de modificarla. Derivándose de lo anterior, que el recurrente ataca mediante el recurso de casación conjuntamente las decisiones dictadas por el Juzgado de Juicio y la Corte de Apelaciones, demostrando insuficiencia en la técnica recursiva, de modo que el recurrente no puede procurar por medio del recurso de casación le sean revisadas las decisiones que no le son favorables.

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Razón por la cual se exige con rigurosidad, que los recurrentes argumenten con precisión sus denuncias casacionales conforme a las disposiciones de los artículos 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal, para superar el juicio de la admisibilidad.

En síntesis, se evidencia que el recurrente, no cumple con los requisitos establecidos para la interposición del recurso de casación, toda vez que la denuncia planteada por falta de aplicación si bien refiere la normativa legal presuntamente infringida, no fundamentó razonadamente por qué considero que dichas normas debían ser aplicadas en la sentencia impugnada, aunado a que los mencionados artículos no son susceptibles de ser infringidos por la Corte de Apelaciones, en consecuencia y en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la tercera denuncia del recurso de casación presentado por el defensor privado del ciudadano ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, de acuerdo con lo establecido en los artículos 452 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. La cuarta denuncia, radica en la violación de los artículos 102, 64 y 71, numeral 2, todos de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (vigente para la fecha de los hechos) y 82 del Código Penal, en relación a la pena impuesta al acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, relacionado a que los delitos de Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos y Obtención Ilegal de Utilidad por Acto Administrativo, por los cuales se acusó fue en grado de tentativa, es decir, no se consumó ambos delitos. En este sentido, señala el recurrente en la cuarta denuncia, únicamente lo que se cita a continuación: “(...) Denunciamos como infringidos por la recurrida el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en orden a la aplicación de las penas impuestas a Alejandro Tineo Salas, en relación con los artículos 71.2 (sic) y 64 de la misma, en concordancia, en concordancia con el artículo 82 del Código Penal, que denunciamos como infringidos por falta de aplicación, en cuanto a la comisión de los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, previsto en la primera de las normas invocadas y obtención ilegal de utilidad por acto administrativo, en grado de tentativa, esto es que no llegaron a la consumación, es porque ni en uno, no hubo aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, que solo lo puede haber en el caso del delito consumado, como tampoco pudo haber obtención ilegal de utilidad por acto administrativo en grado de tentativa, por no tratarse de un delito consumado. O hay tentativa o hay delito consumado, pero no ambos a la vez (…)”. De la revisión efectuada a la presente denuncia, se desprende que carece de la debida fundamentación, por cuanto no cumple con los requisitos previstos en el artículo 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales establecen taxativamente los motivos de procedencia del recurso de casación, debiendo quien recurre indicar con toda precisión por qué considera que hubo falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de un precepto legal, así como el modo en que impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente. Por otra parte, la Sala ha decidido reiteradamente, que el recurrente no puede procurar por medio del recurso de casación, que sean revisados fallos que no le son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, debiendo

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cumplirse con los requisitos que establece la ley, por cuanto este grado del proceso penal no constituye una tercera instancia que puede conocer de todas las decisiones por el simple hecho que el impugnante las considere contrarias a los intereses de su defendido. En consecuencia, la Sala considera que lo procedente es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la cuarta denuncia del recurso de casación, según lo dispuesto en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. La quinta denuncia, devela la infracción de los artículos 64 y 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (vigente para la fecha de los hechos); al considerar el recurrente que Bandagro fue una Compañía Anónima, por ende los “Bonos” no pueden considerarse “fondos públicos”, por ende no constituyen los delitos por los cuales resultó condenado su representado. Alega el recurrente que la sentencia recurrida infringe el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en relación con lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Ley de Hacienda Pública Nacional, por falta de aplicación al considerar la recurrida “que la violación del tipo penal mencionado de la Ley Orgánica de Salvaguarda [del Patrimonio Público], se incurrió en aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, y así mismo incurrió en violación del artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda [del Patrimonio Público] al atribuirle a los Bonos Bandagro la connotación de Acto Administrativo Falso, (…) cuando se considero que los sentenciados incurrieron [en] obtención ilegal de utilidad por acto administrativo falso, violentándose por falta de aplicación, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. Refiere el recurrente la violación del artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (vigente para la fecha de los hechos), al considerar que la connotación de los fondos públicos apreciado en uno de los delitos por los cuales fue condenado su representado, no lo son; conforme a las exigencias del artículo 41 de la Ley de Hacienda Pública Nacional. De igual forma indicó que en el presente caso, “no hubo (…), aprovechamiento de fondos públicos, de acuerdo con el artículo 71, ordinal 2 de la Ley [Orgánica] de Salvaguarda del Patrimonio Público, porque los Bonos Bandagro, ni ningún otro de cualquier Banco, no lo son, conforme a la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional”. Que, “(…) no puede considerarse que la violación del artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, equivalga a obtención ilegal de utilidad por acto administrativo falso porque según el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se entiende por tales toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por órganos de la administración pública, habida consideración que Bandagro, no era (…) ningún Banco aun siendo del estado, un órgano de la administración pública nacional, que los definen sus leyes particulares y a los cuales se refiere la Constitución (…) (artículos 141, 142, 146 al 149). Que, “(…) Los delitos, (…) los definen las Leyes, no lo pueden crear los jueces (…) Los Bonos Bandagro, así como no son fondos públicos, no son actos administrativos (…)”.

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Observa esta Sala, que el recurrente le atribuye la falta de aplicación del artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público referido a las disposiciones finales de la mencionada Ley, vigente para la fecha de los hechos, al fallo proferido por la Corte de Apelaciones, atacando directamente el análisis de los supuestos fácticos del hecho y la subsunción en cada uno de los supuestos configuradores de los tipos penales, por los cuales resultó condenado el acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, para lo cual debe reiterarse que dicha actividad le corresponde a los Tribunales de Primera Instancia en función de Juicio, y aún cuando la defensa impugna la decisión de la Corte de Apelaciones, de sus alegatos se infiere la intención que la referida instancia judicial revise los fundamentos de hecho y de derecho relacionados a la actividad probatoria.

De tal manera, que el vicio denunciado está contenido en la actividad probatoria realizada por el tribunal de juicio, aspecto que no es atribuible a la Corte de Apelaciones, dado el hecho que dicha actividad y la acreditación de los hechos controvertidos es una facultad exclusiva de los jueces de juicio, se evidencia que no solo pretende cuestionar indebidamente la labor desplegada por la alzada, sino que además persigue a través de la vía de la casación impugnar las circunstancias tomadas en consideración a fin de proferir el fallo condenatorio; en este sentido, resulta pertinente reiterar que cuando la pretensión de la defensa es resuelta y ésta no le es satisfactoria en todas sus aspiraciones, ello no implica que la sentencia esté viciada.

Con base en lo anterior, resulta evidente que el impugnante incurre en una indebida fundamentación del recurso de casación, en consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la quinta denuncia develada en el recurso de casación propuesto por el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, en su carácter de defensor del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara. IV DECISIÓN Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el Recurso de Casación, interpuesto por el abogado JUAN CANCIO GARANTÓN NICOLAI, en su carácter de defensor del acusado ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS, contra la decisión dictada por la Sala Dos (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de marzo de 2019, que declaró “(...) SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos en fecha 3 de febrero de 2015; el primero por los ciudadanos MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HÉCTOR OLIVO ÁLAMO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.870 y 23.060, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, titular de la cedula de identidad N° V-924.451, el segundo por los ciudadanos MARCOS EUDALDO ROMERO ACOSTA y HECTOR OLIVO ALAMO, abogados en ejercicio e inscritos en el

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Inpreabogado bajo los números 26.870 y 23.060, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE, titular de la cédula de identidad N° V- 3.400.989 y el tercero, por las ciudadanas MILDRED CAROLINA LATTUF NIETO, Defensora Pública Vigésima Tercera (23ᵃ) Penal del Área Metropolitana de Caracas y MAGGRIS MORENO, Defensora Pública Trigésima Tercera (33ᵃ) Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensoras de los ciudadanos ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y RAMÓN HERALDO PAREDES, titulares de las cédulas de identidad números V- 2.484.788 y V-2.241.619, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 444, numerales 2, 3, 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha 19 de noviembre de 2014, cuyo texto íntegro fue publicado en fecha 29 de enero de 2015, por el Juzgado Vigésimo Octavo (28°) de Primera Instancia Estadal en Función (sic) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual CONDENÓ a los ciudadanos JOSÉ NICOLÁS TOVAR JIMÉNEZ, ALEJANDRO NÉSTOR TINEO SALAS y RAMÓN HERALDO PAREDES, a cumplir la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LA UTILIDAD PROCURADA, más la accesoria prisión, establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por los delitos de FALSEDAD DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el artículo 322, ambos del Código Penal, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 numeral 1, en relación con los artículos 463 y 99 del Código Penal, APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 71, numeral 2, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD PÚBLICA POR ACTO ADMINISTRATIVO EN GRADO DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, en relación con los artículos 80 y 99 del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal y al ciudadano ANGEL (sic) ROBERTO INFANTE, a cumplir la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, DOS (2) MESES, SIETE (7) DIAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN Y EL CINCUENTA (50%) DE LA UTILIDAD PROCURADA, más las accesorias prisión, establecidas en el artículo 322 ambos del Código Penal, ESTAFA AGRAVADA CONTRA LA NACIÓN EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, numeral 1, en relación con los artículos 463 y 99 del Código Penal, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción, en relación con el artículo 99 del Código Penal, OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO ADMINISTRATIVO, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal. Se CONFIRMA el fallo impugnado, en los términos expuestos (…)”. Todo ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 451 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.

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Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2019. Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación. El Magistrado Presidente, MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ (Ponente) La Magistrada Vicepresidenta

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA Exp. nro. AA30-P-2019-000176 MJMP

Página 414 A CONTINUACIÓN, REPRODUZCO SOLICITUD REALIZADA A LA JUEZ DRISEIDY M. DONAYE C. TITULAR DEL T10EP DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, POR MI ABOGADA DEFENSORA, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD EFECTUADA EL 10-01-20, (HACE MAS DE 1 AÑO Y 6 MESES), REQUIRIENDO QUE SEA OTORGADO MI DERECHO A LA LIBERTAD PLENA, QUE ME CONSAGRA EL ARTÍCULO 48 DE COP.

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Página 422 A CONTINUACIÓN, REPRODUZCO DENUNCIA REALIZADA EN ISNPECTORIA DE TRIBUNALES DE FECHA 10-01-20, A LA JUEZ DRISEIDY M. DONAYE C. TITULAR DEL T10EP DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, POR MI ABOGADA DEFENSORA, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD EFECTUADA EL 10-01-20, (HACE MAS DE 1 AÑO Y 6 MESES), REQUIRIENDO QUE SEA OTORGADO MI DERECHO A LA LIBERTAD PLENA, QUE ME CONSAGRA EL ARTÍCULO 48 DE COP.

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