Revista ALDF Agosto 2014 by ALDF

Órgano de Difusión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura

Normas 30 y 31, a debate

VI Legislatura La ALDF no ha recibido proyecto de Norma que regule la construcción de vivienda social en el D.F.

¿Desaparece la clásica familia mexicana?

Agosto 2014 año 2-No. 23 VII época ISSN: 1665-1049

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Editorial Sin duda, el mes que recién concluyó marcará un nuevo derrotero en la historia de este país. Luego de la aprobación de las “reformas estructurales” en varias materias, en el Senado de la República primero, y en la Cámara de Diputados, después, se aprobó la madre de todas las reformas, la que más importaba al Presidente en turno y en contra de la cual —según revelan encuestas— el 70 por ciento de los ciudadanos estarían en contra: la reforma energética. Sorprende que los dictámenes de las leyes secundarias, tema tan delicado, recibieran el aval de “una mayoría mecánica” a decir de los partidos de oposición, que prácticamente se negó al debate. La queja reiterada: tal legislación ‘‘compromete el futuro del país al privatizar el petróleo, entregar la renta petrolera a transnacionales y permitir el despojo de tierras y bosques a ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas’’. PRI, PAN y PVEM, acusaron, determinaron llevar adelante este paquete de reformas para que bajo la figura de diversas modalidades y licencias se privatice la producción de crudo, se entregue la renta petrolera a particulares y Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparezcan. A su vez, quienes votaron a favor de esta reforma argumentaron que la misma detonará el crecimiento, creará empleos, fortalecerá a Pemex y CFE; beneficiará al campo y a los productores agrícolas. En voz del priista David Penchyna, además de necesaria, ésta es una propuesta que no tiene miedo a abrirle las puertas a la competencia, porque estamos seguros de que Pemex y CFE pueden competir como iguales, frente a las mejores empresas del mundo. Más allá de estas diferencias, es un hecho que la situación económica, además de la inseguridad y la desesperanza que manifiestan los ciudadanos en las encuestas (cayó la popularidad del Ejecutivo Federal), debe encontrar pronto una salida. Según la OCDE, en calidad de vida México ocupa el lugar 34 de 36 países que la conforman. En inseguridad (tomando el número de delitos violentos y homicidios), el más inseguro; en educación, último lugar; nivel de ingresos, penúltimo lugar por habitante; en informalidad, 6 de cada 10 mexicanos; desempleo, 4 millones y 7 millones de jóvenes sin acceso a empleos ni a la Universidad; en pobreza, 60 millones y en pobreza extrema (hambruna) 7 millones. Con la aprobación de la reforma energética –como haya sido— el Gobierno Federal tendrá que garantizar a cada mexicano una mejora sustancial en su calidad de vida lo más pronto posible. Lo contrario sólo exacerbaría el ánimo social. Revista Asamblea

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ALDF-ONU analizan agenda para impulsar crecimiento económico, ciudadanía, gobernanza, competitividad y desarrollo + El D.F. registra avances, pero enfrenta un entorno adverso por diversas circunstancias, entre ellas, el liberalismo privatizador de los últimos años.

A convocatoria del diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y con el fin de crear una agenda parlamentaria de vanguardia que contribuya a acortar la distancia entre las desigualdades sociales y mejorar las oportunidades de vida para la generalidad de capitalinos, se llevó a cabo la Conferencia Internacional “Ciudadanía: Estado de Derecho y Desarrollo”. El encuentro se realizó en colaboración con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y durante su desarrollo, el 22 y 23 de julio pasados, se revisaron y analizaron temas que atañen a grandes ciudades como la nuestra, entre ellos los factores socioeconómicos, el concepto de ciudadanía plena, la informalidad, la prevención del delito como herramienta para el desarrollo, los incentivos a la innovación y la

tecnología, la gobernabilidad y participación ciudadana. “Es un esfuerzo que hemos venido construyendo Naciones Unidas, la Asamblea Legislativa y diversos grupos parlamentarios con el propósito de que podamos, todas y todos, en el ámbito de nuestras responsabilidades, construir una agenda legislativa de vanguardia que posicione a esta Asamblea Legislativa en temas tan trascendentes como acortar la distancia entre las desigualdades y las oportunidades de vida”, señaló el líder del órgano legislativo. Antonio Mazzitelli, representante para México y Centroamérica de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), informó que la Asamblea y ese organismo recién renovaron su acuerdo marco por un año más, por lo que con seguridad las aportaciones y recomendaciones surgidas de este foro

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Entre los asistentes, la dip. Miriam Saldaña (der.) y el dip. Manuel Granados (al centro). Foto: Internet.

contribuirán a desarrollar la agenda de trabajo conjunta. Apuntó que la excelente relación con la ALDF es una de las experiencias más exitosas de este organismo en México porque permitió presentar un foro plural para abordar problemas como el de la seguridad, Estado de Derecho, participación ciudadana y desarrollo. Agradeció el esfuerzo y colaboración de muchas otras agencias de la ONU representadas en el país, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU-Hábitat, así como de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que sus aportaciones seguramente contribuirán al desarrollo y participación ciudadana. Además de estas agencias, en el foro

participaron representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y otros centros académicos de la Ciudad de México. El día previo a la presentación del encuentro, la convocatoria fue valorada por los diputados Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido Movimiento Ciudadano; Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, y Genaro Cervantes Vega, del Partido del Trabajo. Este último consideró necesaria la realización de este foro para la Ciudad de México porque atiende a la preocupación del Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa de enfrentar y resolver la gran pobreza que se le avecina a la ciudad: “La participación de todos en este foro es muy importante por los resultados que vamos a obtener”, dijo al ofrecer todo el apoyo del PT para llevar las cosas a buen término.

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“la informalidad genera presiones inmensas sobre las finanzas públicas”

A su vez, Federico Döring también felicitó la organización y concepción del encuentro. Al respecto, recordó los buenos resultados aportados por la ALDF a raíz de otras colaboraciones con la ONU, en especial con la ONUDD y su representante para México y Centroamérica, Antonio Mazzitelli, resultados que han obtenido reconocimiento internacional. Confió en que, al abordar temas como gobernanza, “gobiernos abiertos”, derechos humanos y participación ciudadana, quede claro por qué en algunas delegaciones se consulta a la ciudadanía y en otras no en cuanto al tema de parquímetros, y que también permita establecer una legislación y una política pública definida sobre este asunto. “Pongo éste como un ejemplo de la atingencia del contenido del foro y de cómo nos puede dar en esta Asamblea —ante la no reforma política de la ciudad—, si bien no el cambio de fondo jurídico administrativo de nueva autoridad, sí cuando menos un nuevo concepto o un nuevo modelo de cómo se interrelacione la autoridad con el ciudadano para la gobernanza y participación ciudadana”, concluyó. Por su parte, Velasco Oliva, economista de profesión, consideró muy significa-

tiva e importante esta iniciativa. Con ella la ALDF mancomuna esfuerzos de todos los grupos parlamentarios para producir una agenda que incluya temas como el de crecimiento económico, ciudadanía, gobernanza, competitividad y desarrollo, respecto a las cuales evidentemente es importante impulsar propuestas e iniciativas para que la Ciudad de México tenga mayor dinamismo y progreso. En este tenor, propuso fortalecer el salario de los trabajadores como instrumento para el mejoramiento social y fomento de la actividad económica. “Si hay mayor capacidad adquisitiva entre la población, será posible generar una mayor oferta y, consecuentemente, todo esto estimulará el crecimiento económico”, indicó. Durante el primer día del encuentro, en la mesa de trabajo “Crecimiento Económico, Ciudadanía y Gobernanza”, Regina Galhardi, representante de la Organización Internacional del Trabajo en México, afirmó que la informalidad genera presiones inmensas sobre las finanzas públicas y las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos. Por su parte, Rodolfo de la Torre, Coordinador de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del PNUD, reconoció que la Ciudad de México tiene los más altos índices de desarrollo humano del país, pero también rezagos significativos en materia de salud, educación e in-

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gresos en delegaciones como Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa, la perredista Ernestina Godoy Ramos, coincidió con ellos en el sentido de emprender acciones al respecto, pero también en lo relativo a segmentos poblacionales que enfrentan graves problemáticas, como niños y niñas, adultos y adultas mayores, jóvenes y mujeres. Se pronunció porque ambos niveles de gobierno en realidad generen opciones de ingreso, educación y empleo para los jóvenes —cuyo futuro está comprometido por la marginación, ausencia de espacios culturales y de recreación, y entornos violentos familiares, escolares y barriales— a fin de superar la pobreza. En tal sentido, apuntó que el debate no debe ser si se despenaliza o no el consumo de mariguana, sino qué hacer ante el grave problema de salud pública que significan las adicciones. Valoró el esfuerzo de la ALDF y el gobierno capitalino para canalizar, por diferentes vías, mayor presupuesto a las delegaciones con mayores rezagos, pero consideró necesario avanzar en el fortalecimiento de las instituciones que garantizan el ejercicio de derechos, lo mismo que en la eliminación de duplicidades en cuanto a facultades, funciones y programas sociales entre el gobierno central y los delegacionales, pues esa duplicidad da lugar a que algunos grupos poblacionales sean prácticamente atendidos por todas las instancias, mientras otros, como los niños de cero a seis años y los jóvenes, tengan escasa atención. Coincidió con la titular del Instituto del Adulto Mayor del GDF, Rocío Bárcenas, en

que se debe preparar la infraestructura y los servicios de la ciudad ante el cambio demográfico en curso, pues las personas adultas mayores serán cada vez más numerosas. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dinorah Pizano Osorio, se pronunció porque las acciones que deriven de este foro y se traduzcan en políticas públicas en los rubros económico, político y social tengan un enfoque de derechos humanos en favor de los habitantes de la Ciudad de México, a fin de avanzar hacia una ciudadanía plena y universal. Finalmente, precisó que para llegar a la ciudadanía plena se necesita un cambio en la cultura del ciudadano, mediante una fórmula de ciudadanía más abierta, participativa y transparente, con capacidad de sumar, compartir y cooperar, con el fin de crear una nueva cultura de red.

La diputada Dinorah Pizano. Foto: Internet.

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Buscarían poner candados y sanciones a quien viole reglamentos de construcción de viviendas de interés social José Luis Martínez Suárez

+ La medida frenaría abusos de las inmobiliarias, señalan.

+ El precio de venta de este tipo de casas no superaría 30 salarios mínimos generales anuales.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) buscará poner candados y sanciones a los desarrolladores inmobiliarios que violenten los ordenamientos de construcción de casas-habitación, ante los abusos de la Norma 26 que regula la vivienda de interés social. El 19 de agosto de 2013 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) acordó suspender temporalmente la recepción y gestión de solicitudes presentadas en la Ventanilla Única, relativas a cualquier trámite relacionado con la aplicación de la Norma de Ordenamiento 26 para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular. La suspensión se hizo por los abusos de las inmobiliarias que, al amparo de este ordenamiento, construían inmuebles fuera de norma para aumentar sus

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ganancias. Entre las irregularidades denunciadas está el rebase del número de viviendas y el de los niveles permitidos en este tipo de construcciones, además de venderlas a un alto costo. “A casi tres años de la adecuación de dicha Norma es necesario evaluar los resultados de su operación en el territorio de la ciudad, considerando las condiciones de su implementación y las modificaciones en las condiciones sociales y económicas de las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad para determinar la conveniencia de su permanencia, modificación o en su caso, abrogación”, señaló el titular de la Seduvi, Simón Neumann Ladenzon, al momento de anunciar la suspensión de la Norma. Desde 1997 las autoridades capitalinas han normado los lineamientos para la construcción de viviendas de interés social de la Ciudad de México. Precisamente, ese año la ALDF emitió la Norma 26. Su objetivo fue fomentar la construcción de vivienda para personas de bajos recursos. De esta forma se buscó resarcir los estragos inflacionarios que aún padecían los capitalinos luego del llamado “error de diciembre”, en 1994. Sin embargo, irregularidades en su aplicación desvirtuaron el propósito. En 2005 la ALDF reformó la Norma; en 2010 y 2013 se hicieron otras modificaciones. En un principio fue parte de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; en 2005 formó parte del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y en 2010 incluyó criterios de sustentabilidad. En enero de 2013 se emitieron los criterios para su aplicación en áreas de conservación patrimonial. En materia de ordenamiento de vivien-

Fomentar la vivienda de interés social, el propósito. Fotos: Internet.

da, también está como antecedente el Bando 2, promovido en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo como objetivo repoblar las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza; prohibió, además, la construcción de vivienda en demarcaciones “verdes” como Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. El mandato, vigente hasta 2007, estipuló que en estas delegaciones “se restringe la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales que demanden un gran consumo de agua e infraestructura urbana, en perjuicio de los habitantes de la zona y de los intereses generales de la ciudad”. Actualmente el Gobierno del Distrito Federal y legisladores podrían proponer un nuevo marco normativo que regule la

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Se pondrían candados para evitar que las viviendas de interés social se vendan como inmuebles de lujo. Foto: Internet.

construcción de vivienda en el Distrito Federal. Como parte de estos trabajos se presentó a funcionarios de la Seduvi y a varios diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana un estudio de la Procuraduría Ambiental y del Reordenamiento Territorial (PAOT) que se encargó a un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco. El documento propone derogar la Norma 26 y crear las normas 30 y 31, que incentivarían, en el primer caso, la vivienda de interés social, y en el segundo las de niveles medio y alto, en más de 673 colonias de la ciudad. “En este contexto se hace necesario replantear la norma general de ordenación en materia de vivienda de interés social y popular, ajustando los criterios de la misma para promover la construcción de vivienda incluyente, con rangos de valor

coherentes con la capacidad económica de la población a la que va dirigida; vincularla con las redes de transporte existente, así como con la capacidad de la infraestructura hidráulica, y especialmente, articulando la política de densificación de vivienda en el Distrito Federal, con la generación de oferta de vivienda para los sectores de menor capacidad económica. “Adicionalmente a la Norma de Ordenación General Número 30, para incentivar la producción de vivienda para la población de bajos ingresos, se requiere de una Norma General de Ordenación complementaria con la anterior, que incluya a los sectores medios de la población y que establezca un mecanismo de financiamiento para dar suficiencia a la demanda de la población de más bajos ingresos y que garantice el reforzamiento de la infraestructura y el equipamiento en las zonas motivo de densificación”, justifica el proyecto.

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El documento plantea como principal objetivo cumplir con lo estipulado en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal: “El desarrollo urbano debe orientarse hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y que fomente la inversión, para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca la redistribución de la población a zonas que combinen los diversos usos del suelo, mejore la infraestructura pública, aproxime el empleo y los hogares a las redes de transporte público y propicie la equidad territorial”. Dicho documento propone la construcción de vivienda de interés social a un precio de venta no mayor a 30 salarios mínimos generales anuales. Entre los criterios de construcción están que se definirá la altura de los edificios de acuerdo al ancho de las calles, se tomarán en cuenta como espacio de áreas verdes azoteas y muros, los lugares de estacionamiento serían opcionales, se venderían por separado; el documento plantea exigir un lugar de estacionamiento por cada cinco depar-

tamentos. También se propone estímulos fiscales a los constructores de estas viviendas. “Quienes lleven a cabo proyectos al amparo de lo establecido en la presente Norma podrán beneficiarse de las reducciones fiscales en lo relativo a los impuestos, derechos y aprovechamientos en los términos del Código Fiscal para el Distrito Federal… en lo relativo a los impuestos, derechos y aprovechamientos de los artículos: 112 (ISAI), 198 (RPP), 185 (manifestaciones); 187 (conjuntos); 188 (fusiones); 300 (medio ambiente); 301 (impacto vial); 302 (agua potable y drenaje) del código fiscal del D.F.”, estipula el proyecto. Los creadores de la propuesta, académicos de la UAM, aseguran que este reglamento evitaría los abusos que se daban con la normatividad anterior. Resaltan candados para evitar que las viviendas de interés social se vendan como inmuebles de lujo. Entre ellos —según publicó El Universal, Sección Metrópoli, el viernes 4 de julio— están que el desarrollador inmobiliario, el propietario de terreno y el director res-

La diputada Priscila Vera. Foto: Internet.

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ponsable de obra firmen una declaración de que [en dicha construcción] se apegan a la normatividad; que en la escritura esté estipulado que se construyó bajo la Norma 30; que la Seduvi emita el certificado de Norma 30 con los nombres del propietario y desarrollador inmobiliario; que se firme un convenio con los notarios públicos para que no se escriture arriba de precio estipulado, y que cada permiso que se otorgue se publique en la página web de la Seduvi. Este planteamiento ha originado la oposición de algunas agrupaciones vecinales, ya que temen que las nuevas normas impacten en sus colonias en servicios como el agua, drenaje, alumbrado y vialidades. Además que permita el abuso de desarrolladores inmobiliarios para edificar indiscriminadamente. Algunos diputados han fijado su postura al respecto. La diputada del PAN, Isabel Priscila Vera Hernández, consideró que la propuesta acarrea los mismos vicios de la Norma 26: “No establece que debe tener un precio de venta, no establece los candados y la supervisión que debe tener a su cargo Seduvi; amplía el listado de colonias. Otra vez incorpora barrios y pueblos originarios de 15 delegaciones, cosa que me parece muy grave, e incorpora colonias de alto riesgo sísmico, zonas de conservación patrimonial [...] No vemos que esta nueva Norma 30 verdaderamente garantice que la vivienda que se construya sea popular y que la persona que acceda a ella sea gente que la necesite”, dijo para revista Asamblea. También señaló que la propuesta que trabaja el Gobierno del Distrito Federal

para presentarla a la ALDF tiene de fondo un tema jurídico: que la normatividad pretende estar por encima de los programas delegacionales lo cual, en su opinión, violaría la propia Ley de Desarrollo Urbano.

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La ALDF no ha recibido proyecto de Norma que regule la construcción de vivienda social en el D.F. * No hay proyecto oficial de Normas 30 y 31, aclara el diputado Carlos Hernández.

Foros y opiniones, lo único que hay hasta ahora. Foto: Internet.

Ante tantas especulaciones recientes en relación con la existencia de nuevas normas para la construcción de vivienda social en el Distrito Federal, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta Soberanía, el diputado Carlos Hernández Mirón, aclaró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no ha recibido del Gobierno del Distrito Federal ningún proyecto de Norma que regule la construcción de vivienda de interés social en la Ciudad de México. Lo que hay, dijo, son “declaraciones de compañeros y compañeras legisladoras en referencia a las Normas 30 y 31, de las cuales sólo conocemos la presentación de un estudio académico que se hizo en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) por parte de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM) [...] Hace dos semanas se nos presentó este documento a varios diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Es lo único que existe… un

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El diputado Carlos Hernández explicó que la ALDF no ha recibido ningún proyecto. Foto: Internet.

documento que ha provocado un sinfín de declaraciones sin sustento”, dijo Hernández Mirón. Ante la insistencia del planteamiento, el diputado señaló que no se puede argumentar sobre algo que no se conoce. “Estamos esperando conocer la propuesta oficial de Seduvi sobre el tema de la Norma 26, que actualmente está suspendida en la ventanilla de esta Dependencia. Cuando venza se determinará si se amplía o no la suspensión de permisos para la construcción de vivienda por parte de desarrolladores inmobiliarios.” Hernández Mirón calificó de falsas las aseveraciones de que con las Normas 30 y 31 se pretenda dar manga ancha a los desarrolladores. Al contrario, acotó, “buscaremos poner candados y sanciones a

quienes violenten los ordenamientos de construcción de vivienda si fuera el caso y permaneciera vigente la Norma 26. Lo que quiero dejar totalmente en claro es que haremos respetar la esencia social de esta regla: que los ciudadanos de escasos recursos tengan acceso a créditos de vivienda”. Para finalizar, Hernández Mirón declaró que en cuanto se reciba algún proyecto de Norma, éste será presentado para una discusión amplia en busca de un consenso entre diputados de todas las fracciones políticas, además de organizaciones civiles, comités vecinales, delegados, ciudadanos, desarrolladores inmobiliarios y el resto de actores que tengan que ver con el tema.

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El centro del debate En artículo reciente publicado en Excélsior, Ricardo Pascoe desbroza lo relativo a la norma 31 dado que “la confusión entre lo esencial y lo complementario puede facilitar que se aprueben medidas que van contra la necesaria defensa de la ciudad”. El ex delegado señala que el GDF quiere impulsar la vivienda de interés social porque no ha crecido como debiera los últimos 17 años. No obstante, el interés mayoritario de las constructoras es otro. El autor lo escribe así: “La [norma] 31 es la novedad en este esquema y es, en realidad, la Norma que más les interesa a las empresas dedicadas a la construcción... Van

por la [vivienda] de interés medio y alto porque, desde los tiempos de López Obrador, con el Bando Dos, se dieron cuenta de que podían cambiar los usos de suelo en las cuatro delegaciones centrales, sin tener que recurrir a consultas ciudadanas ni votaciones molestas en la ALDF. Esto desató la especulación con el valor del suelo, y luego se extendió a todo el D.F. “[La norma 31] es primordialmente un instrumento de especulación con el valor del suelo. Con ello se obligará al incremento en el predial y el agua, lo que ejercerá presión sobre sectores afectados por la situación económica, para que vendan sus propiedades ante la imposibilidad de afrontar los costes de su manutención. Esto es cierto desde las Lomas de Chapultepec hasta Iztapalapa.” Y concluye: “Por ello, la Norma 31 es el oscuro objeto del deseo de estas medidas y debe rechazarse totalmente en la ALDF. Quien vote a favor de las normas dejará de ser garante de la legalidad urbana y sociabilidad en la ciudad. Y traicionará a quienes lo eligieron”. Lo bueno, decimos nosotros, es lo que el diputado Carlos Hernández Mirón ya expresó tajantemente al respecto: “Lo que quiero dejar totalmente en claro es que haremos respetar la esencia social de esta regla: que los ciudadanos de escasos recursos tengan acceso a créditos de vivienda”.

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Urge aprobar la Ley General sobre Derechos de la Infancia y la adolescencia para protegerlas de la criminalidad: REDIM MRQ

Positivo legislar para evitar matrimonios de adultos con menores; evita el “estupro legalizado”, pero es insuficiente, señala.

México, rezagado cinco lustros en el cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó el pasado 26 de junio a 28 congresos y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a prohibir los matrimonios entre y con adolescentes, dado que sus códigos civiles aún los permiten. La medida, aunque positiva, sólo es una recomendación y por tanto insuficiente para evitar ese tipo de uniones. Sobre todo para que, en el caso de las mujeres, no se abra la puerta a la violación de sus derechos (una especie de “estupro legalizado”). Así opina la directora del área de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Alma Meneses Bernal, quien en entrevista con Asamblea señala que una

acción más efectiva al respecto sería que el Congreso de la Unión aprobara la Ley General sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de las que existen dos iniciativas. Una en la Cámara de Diputados y otra en la de Senadores. Sin embargo, lamenta, ambas están “congeladas”. Como adherente a la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, hace 25 años que México debió haber promulgado una norma con estas características y no lo ha hecho. La regulación del matrimonio sólo para mayores de 18 años y el tema del trabajo infantil son dos de sus pendientes respecto de esa Convención. Aunque también lo es crear y aplicar una ley general para proteger esos y otros derechos de los menores.

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En 28 estados del país aún se permiten los matrimonios entre y con adolescentes. Foto: Internet.

Tal incumplimiento retroalimenta la renuencia del Estado mexicano a cumplir otras obligaciones. A través del Ejecutivo Federal, se niega a firmar el Tercer Protocolo Facultativo de aquella Convención, el cual permite a niñas y niños presentar quejas directamente ante el Comité de los Derechos del Niño del organismo internacional. Es decir, señala la especialista, el Estado mexicano ha menospreciado durante un cuarto de siglo los derechos de infantes y adolescentes. A juicio de Alma Meneses, la renuencia a acatar compromisos por parte del Ejecutivo Federal y de los legisladores a crear una ley general de esta naturaleza tiene una razón monetaria. Implicaría un reacomodo de presupuestos. Significa que no habría un gasto mayor pero sí privilegiar otras prioridades que no son las de los actuales gobernantes. Con todo, la activista expresa la coincidencia de la REDIM con el exhorto de la Comisión Permanente para evitar los matrimonios entre y con niños, y con ello, para evitar la violación a sus garantías. Confía,

además, que las legislaturas estatales y la capitalina se ajusten al estándar internacional de 18 años o más como un requisito para poder contraer matrimonio. Argumenta que aun cuando niños, niñas y adolescentes deben participar en la toma de decisiones que les conciernen, también debe considerarse que son seres en desarrollo, que no todos los factores están bajo su control, que —por ejemplo— las nupcias decididas por sus padres y familiares al amparo de usos y costumbres con el objeto de proteger a la nueva pareja han sido pervertidas por la compra-venta de la niña o adolescente; que esto ha dado paso a la delincuencia organizada y a que, finalmente, los menores de edad se conviertan en víctimas. Las más afectadas son las mujeres, pues incluso son obligadas a casarse o son vendidas a edades tan tempranas como los 14 años, lo que de cualquier manera se traduce en un “estupro legalizado”. Meneses Bernal reflexiona y va más allá: es una rendija para la trata de niñas, niños y adolescentes, advierte.

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en muchos estados del país es que para las niñas se establece una edad menor que para los niños, por una cuestión mal entendida sobre el género. Esto viene en detrimento de los derechos, sobre todo, de niñas y adolescentes. RA: ¿Por qué, y qué subsanar?

Alma Meneses Bernal. Foto: Internet.

El estupro —recuerda— es el delito que se comete cuando un o una mayor de edad tiene relaciones sexuales con una persona menor de 18 años. Obviamente cuando se permiten estas relaciones por matrimonio entre mayores y menores en las legislaciones locales, deja de ser un delito, y de esto se aprovechan quienes se dedican a la trata y explotación de personas para sustraer a las y los menores del seno familiar.

AMB: Ellos son seres humanos en desarrollo. Aunque evidentemente tienen que participar en todas las decisiones que les conciernen, muchas veces —como casarse— es afectada por factores externos o independientes de su voluntad. En ciertas comunidades del país es frecuente que todavía el acuerdo del matrimonio sea entre los padres, sobre todo en las comunidades indígenas. Actualmente ese acuerdo matrimonial se ha pervertido. Origina incluso acciones equiparables a delitos, como el tráfico de personas. Muchas familias dan a sus hijas

Revista Asamblea: ¿Por qué están ustedes a favor de este exhorto? Alma Meneses Bernal: Coincide con lo que nosotros proponemos. Es decir, que la edad para el matrimonio no sea menor de 18 años. Ése es el acuerdo, el estándar internacional en materia de derechos de la infancia. Otro aspecto a vigilar es que la edad para hacerlo (en niños y niñas) tiene que ser la misma porque una tendencia

Urge proteger sus derechos. Foto: Internet.

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prácticamente en venta a cambio de dineAMB: Sí. ro, de tierras o algún bien. Nosotros sabemos que difícilmente se RA: Entiendo que las familias lo hacen por va a regular que la edad de matrimonio necesidad o por usos y costumbres… sea a partir de los 18, pero estamos solicitando un estándar mínimo de 16 años. AMB: Sí, pero muchas personas de la delincuencia organizada se casan con adoRA: ¿Tienen ustedes cifras de cuántos lescentes. No tengo cifras oficiales, pero matrimonios entre o con adolescentes y por la información que nos llevan organiadultos hay en el país? zaciones sabemos que es frecuente que aquellos legalicen el vínculo matrimonial AMB: La cifra con que se cuenta no es para impulsar la trata de personas. justamente la de cuántos niños contraen matrimonio con adultos. Lo que arroja el RA: El llamado que harían ustedes al ConINEGI es más bien cuántas niñas, niños, greso de la Unión es que aprueben a la adolescentes y varones adolescentes es- brevedad la Ley General de los Derechos tán o no solteros. de la Infancia. RA: El proponente del exhorto aprobado en la Comisión Permanente del Congreso señalaba que el propósito es evitar el “estupro legalizado” en agravio de niños, niñas y adolescentes. ¿Se asemeja? AMB: Sí, consideramos debe haber una regulación para evitar este delito del estupro. Que vaya más allá de lo penal, porque actualmente está legislado en algunos códigos penales del país. Sin embargo, pues la sanción muchas veces no trae un resultado benéfico a nivel social. Lo penal castiga una vez cometido el delito, el daño, la violación de derechos. Lograr que la edad del matrimonio suba a los 18 o, mínimo, 17 o 16, en hombres y mujeres, tendría un carácter más preventivo. RA: La permisibilidad en ciertos códigos a este tipo de matrimonios abre la puerta para al tráfico y explotación de niñas y adolescentes?

AMB: Sí, exacto. Por esta ruta de prevención es la que transitaría la aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes y por ello es urgente su aprobación en el Congreso de la Unión. RA: Y que se adecuaran, en consecuencia, las leyes, como el Código Penal Federal, para estar en consonancia con esta ley general. AMB: Efectivamente, nuestra petición específica, una, es que dentro de las cámaras puedan avanzar con el debate sobre las leyes generales en materia de infancia para que se apruebe una que pueda marcar un estándar mínimo de garantía de derechos para el resto de las entidades federativas y, dentro de esas leyes, tendría que estar regulada la edad de matrimonio infantil, entre muchos otros temas.

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Se busca establecer un mínimo de 16 años para que mujeres y hombres puedan contraer legalmente un matrimonio. Hoy, los adultos pueden casarse con menores de edad. Foto: Internet.

RA: ¿Qué implicaría la omisión, la negligencia o la tardanza del Congreso para aprobar una ley de estas características? AMB: Pues en primera, el incumplimiento a un tratado internacional, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en el año noventa. Hay un incumplimiento sistemático a la Convención. Ésta es la principal consecuencia. Actualmente existe el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención, que permite que niñas y niños presenten quejas directas ante el Comité de los Derechos del Niño. Esto ya implicaría una responsabilidad internacional para el Estado que no

cumpla con los derechos, a través de las quejas que puedan llegar al Comité. Pero el protocolo no ha sido firmado aún por todos los estados. Entonces, estamos a la espera de la entrada en vigor. RA: ¿México ya lo firmó? AMB: Hay un exhorto por parte del Senado, pero la Cancillería no resuelve lo de la firma. El balón está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Legislativo ya le pidió al Ejecutivo que lo haga. Esto, evidentemente, implica una mayor responsabilidad para el Estado Mexicano.

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¿Desaparece la clásica familia mexicana? José Luis Martínez Suárez

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” Artículo 16. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

+ Esta institución ha experimentado cambios significativos observables a lo largo del tiempo.

+ La incorporación de las mujeres al mercado laboral y el alza en la tasa de divorcios han modificado la familia de mamá, papá e hijos.

En México la composición de las familias ha sufrido cambios en las últimas décadas conforme la sociedad entra en nuevas dinámicas y sus individuos asumen nuevos roles. En el Distrito Federal, este fenómeno sociodemográfico es aún más evidente. Entre esas transformaciones destaca el crecimiento de los divorcios, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de natalidad, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

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Incluso entre las modificaciones que impactan en los modelos de familia hay que incluir los avances científicos. Las nuevas formas de reproducción han modificado legalmente el concepto de parentesco, donde se han tenido que contemplar las técnicas de fertilización in vitro, congelación de esperma, inseminación artificial…

En las sociedades modernas la relación de los individuos que componen una familia está definida por dos tipos de vínculos: los de afinidad, establecidos socialmente como el matrimonio, o sociedades de convivencia, y los de consanguinidad, como la filiación entre padres, hijos y hermanos. El último censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2010 arroja resultados sobre el perfil de las familias mexicanas: suman 28 millones y de La familia mexicana éstas, en el Distrito Federal, viven 3 milloEn latín, familia significaba “grupo de nes, 388 mil 534. El 90.5 por ciento de los hogares mexisiervos y esclavos patrimonio del jefe canos está compuesto por familias donde de la gens, que era una agrupación civil o sistema social de la antigua Roma”. sus miembros tienen vínculos de parenTradicionalmente, se ha vinculado la pa- tesco entre sí. Están conformados por 3.9 labra familus, y sus términos asociados, integrantes en promedio. El Distrito Fea la raíz fames (“hambre”), de forma que deral es una de las entidades con uno de la voz se refiere al “conjunto de perso- los promedios más bajos: 3.6 integrantes nas que se alimentan juntas, en la misma por familia. El 9.3 por ciento de los hogares son “no casa, y a los que un pater familias tiene la familiares”, es decir, son ocupados por obligación de alimentar.

Cada vez es menor el número de hijos. Foto: Internet.

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Al alza los divorcios. Foto: Internet.

una sola persona (8.8 por ciento) o por personas sin relación de parentesco (0.5 por ciento). En el Distrito Federal está el número más alto de hogares formados por una sola persona (267 mil) y representa 11.2 por ciento de los hogares de la entidad. De los hogares familiares, el 77.7 por ciento son dirigidos por hombres; el restante 22.3 por ciento, por mujeres. En la Ciudad de México el porcentaje de mujeres jefas de familia aumenta, hasta alcanzar 31 por ciento. El 70.9 de las familias son nucleares, es decir, se trata de un hogar originado por un núcleo conyugal, conformado por esposos con o sin hijos, o un cónyuge con hijos. El restante 28.1 por ciento son hogares extensos, donde prevalece una familia nuclear y algún otro familiar o miembro sin vínculo de parentesco.

De acuerdo con estas estadísticas, el cambio más drástico ocurrido en la composición clásica de las familias mexicanas es el aumento de divorcios. De 2000 a 2008 se multiplicaron 1.8 veces en el país, en tanto que los matrimonios disminuyeron 0.8 veces, lo cual ha disparado el modelo de familia denominado monoparental, conformado por sólo uno de los cónyuges (padre o madre e hijos). En este modelo también puede haber otros integrantes, como abuelos, tíos y hasta personas sin relación consanguínea. Del total de hogares familiares, el 18.5 por ciento son monoparentales y el 64.5 por ciento biparentales, conformados por el jefe/a, cónyuge e hijos, y puede o no haber otros integrantes. El Distrito Federal es la entidad con mayor porcentaje de familias monoparentales. El 24 por ciento de los hogares son liderados exclusivamente por uno de los cónyuges. En este rubro le sigue Morelos, con el 20.9 por ciento, y Guerrero con el 19.7 por ciento. Los estados con menos familias monoparentales son Nuevo León, con 15.2 por ciento y Quintana Roo con 15.4 por ciento. Este tipo de familia se caracteriza por estar liderado por mujeres (84 por ciento). Una tarea compleja, ya que además de ser responsables del cuidado y atención de los niños, también salen a trabajar para conseguir el sustento del hogar. Otro tipo de familia, cada vez es más visible en nuestra sociedad, es la encabezada por personas del mismo sexo. Aunque no existen datos oficiales a nivel federal, organizaciones en pro de la diversidad sexual estiman que en el país el 0.9 por ciento de las familias (250 mil) están formadas por homosexuales. De es-

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tas, 172 mil tienen hijos; las más comunes están integradas por parejas de mujeres. Información difundida por el Gobierno del Distrito Federal registra actualmente dos mil 513 matrimonios de personas del mismo sexo. En lo que va de 2014 se han celebrado 373 matrimonios y apenas un dos por ciento ha terminado en divorcio.

La familia y la ley La familia entra en el ámbito de los derechos fundamentales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le consagra garantías. El artículo 4° establece que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. También señala: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Y estipula: “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental”. En el ámbito local, el Código Civil para el Distrito Federal también establece

como principio fundamental la protección a la familia. “ARTÍCULO 138 Ter.- Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. “ARTÍCULO 138 Quáter.- Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. “ARTÍCULO 138 Quintus.- Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. “ARTÍCULO 138 Sextus.- Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares”.

Se requieren políticas públicas eficaces Para la diputada del grupo parlamentario del PRI, Karla Valeria Gómez Blancas, las autoridades tienen la obligación de cumplir con lo establecido en las leyes mexi-

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canas: “Se debe establecer la prohibición de toda forma de discriminación que obviamente impida el ejercicio de los derechos, el acceso a las garantías, la equidad de género; también se debe establecer la obligación del Estado de proteger la organización y el desarrollo de este núcleo, la familia”, dijo en entrevista. Ante las nuevas características adquiridas por las familias mexicanas, la diputada consideró que debe plantearse políticas públicas que respondan a diversos modelos de familia: “Aún cuando a la familia se le ha considerado como base irreductible de la unidad social, esta institución ha experimentado cambios significativos, que hemos observado a lo largo del tiempo. Obviamente la Ciudad de México no ha sido la excepción. Hemos visto cambios principalmente en las últimas décadas. No debemos de verla como institución estática, sino en evolución y que sigue siendo el fundamento de nuestra sociedad”, señaló.

“Atender las nuevas realidades, el reto”, indicó la dip. Karla Valeria Gómez. Foto: Internet.

Karla Valeria Gómez Blancas consideró que el reto del gobierno es atender las nuevas necesidades de los nuevos modelos de familias. “No es lo mismo una familia que tiene papás del mismo sexo a una encabezada por un adulto mayor. Definitivamente es el gran reto, sin duda. También uno de los principales objetivos que tienen los gobiernos es trascender el asistencialismo, implementar políticas públicas que rompan de manera efectiva los círculos de pobreza y necesidad. “Obviamente esto se llevaría a cabo garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud, transporte, de agua y obviamente de salud y educación, y creo que es la base de una sociedad desarrollada. También debemos reforzar el trabajo comunitario, escuchar las demandas y transformarlas en políticas públicas acordes a la realidad y que sean efectivas”, señaló. De igual forma, dijo que los recursos que actualmente destina el gobierno para atender necesidades de la población no son supervisados y no cuentan con parámetros para medir su eficacia. “Para dar un ejemplo, en el primer trimestre de este año la tasa de desempleo en el Distrito Federal se ubicó en el 6.2 por ciento. Significa que en nuestra capital no pudieron encontrar empleo 266 mil 262 personas. Definitivamente esto es grave. Creo que la solución no es repartir dinero por hacerlo, sino aplicarlo en políticas públicas eficientes y medibles; que podamos tener muy claro cuál impacta positivamente a las familias del Distrito Federal”, precisó.

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El Gobierno Federal ha abandonado a las familias El diputado del Partido del Trabajo, Rodolfo Ondarza Rovira, consideró que en años recientes la familia registra cambios más drásticos de los que ha tenido en los últimos siglos. “La familia, cualquiera que sea el concepto a utilizar, debe verse como prioritaria por muchos motivos. De entrada es algo que ha abandonado el Gobierno Federal y que afortunadamente el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido en mente. ¿Por qué la ha abandonado el Gobierno Federal? Porque vemos con mucha tristeza que desde hace muchos sexenios, a través de los consultorios, a través de los hospitales, donde he trabajado como neurocirujano, he presenciado cómo se ha ido cayendo a pedazos la estructura familiar por muchos motivos. De entrada, la situación de inseguridad, de violencia que vive el país. Si el Gobierno Federal mantiene sus políticas públicas, que han favorecido la violencia… la masacre de más de 70 mil personas el sexenio pasado lo muestran, esto va incidir de manera negativa directamente en la familia”, dijo en entrevista. El petista también consideró las actuales condiciones laborales de los mexicanos como un atentado a la familia, ya que rompen los lazos entre sus integrantes y con ello rompen el tejido social. “Tiene que haber espacios de comunicación y tiempo de esparcimiento para las actividades lúdicas, y esto es muy importante porque cada vez hay, con esta reforma laboral, menos oportunidades para que la familia conviva, por lo tanto se están perdiendo esos lazos familiares y se está desmantelando la sociedad por esto mismo. “No hay horarios de trabajo apropiados.

Una madre, una ama de casa, una mujer que trabaja no podrá convivir con su esposo ni sus hijos. Estamos en retroceso. En vez de tomar modelos como en otros países (Canadá, Francia o Inglaterra) donde se da prioridad a la convivencia familiar, donde así aumentan los índices de salud, educación y bajan los índices de criminalidad, acá estamos yendo hacia atrás. Tomamos el modelo neoliberal estadounidense o español y el futuro de nuestra sociedad va en retroceso porque parte el núcleo familiar”, advirtió. En ese sentido, resaltó la necesidad de mejorar las políticas educativas y de salud a nivel federal que, junto con las laborales, son primordiales para cumplir con la obligación del Estado de proteger a la familia como elemento fundamental de la sociedad. “Tenemos problemas educativos graves. Las escuelas no están equipadas y no hay programas de estudio apropiados. La tarea obligatoria del Estado es proporcionar una serie de satisfactores y vemos

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con mucha tristeza que si bien tenemos el primer lugar en obesidad a nivel internacional, ahora la Secretaría de Educación Pública quita la Dirección General de Educación Física. Eso incide en la solución del comportamiento familiar. “La salud es un rubro muy importante. Los mexicanos no tenemos acceso actualmente a una atención médica apropiada. El derecho a la salud está menoscabado. Atestiguamos una tendencia hacia la privatización, como en el resto de las áreas”, criticó. No obstante, elogió las medidas adoptadas en el D.F. los últimos 16 años para atender a la diversidad de modelos de familias que conviven en la sociedad capitalina: “Se ha reforzado este concepto moderno, integral, respetuoso de todas las familias en el ámbito de la ciudad; las fuerzas de la izquierda en esta capital han sido pioneras en establecer sociedades de convivencia, en un trato igualitario en el trato de las parejas; se ha permitido el matrimonio de las personas del mismo sexo, se ha facilitado

el método de adopción con el objeto de dotar a los menores de familia. “Desde nuestra trinchera en el caso de parejas constituidas hemos favorecido algunas circunstancias, legislando para que ambos gocen la licencia por maternidad y paternidad. Esto lo hemos ampliado al caso de la adopción. No hay una duda de que hay una aceptación de todo tipo de familias”, señaló. Sobre el futuro de las familias en la Ciudad de México, Ondarza Rovira, consideró que el principal reto es lograr una seguridad social apropiada para fortalecer el núcleo familiar: “¿Cómo se puede hacer esto? Con un trabajo digno, pagos honestos y suficientes para que la familia pueda salir adelante. Igualdad de oportunidades, equidad de género, combate a la violencia intrafamiliar y al bullying, certeza jurídica a los integrantes de la familia, apoyo a la salud, a la educación, derecho a la alimentación… Todo es fundamental para que pueda haber una generación de bienestar”, concluyó el legislador.

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El D.F., a la vanguardia en el respeto a los derechos de las mujeres y las familias + Hoy existen matrimonios con y sin hijos, con hijos adoptivos: uniones de solteros con hijos adoptivos, familias ampliadas o reconstruidas.

Los cambios económicos y los impulsos democratizadores han llevado al reconocimiento de una multiplicidad de familias; asimismo dejaron atrás el “modelo oficial” de mamá, papá e hijos. Del año 2000 a la fecha, las reformas al andamiaje legal en la capital de la República colocaron al Distrito Federal y a su gobierno en la vanguardia del reconocimiento a esta diversidad familiar con plenos derechos económicos y sociales, así como en el respeto pleno hacia las libertades de las mujeres. La necesidad de profesionalización, de incorporación y crecimiento en el mercado laboral y, especialmente una situación económica adversa, propiciaron que miles de mujeres ingresaran a las aulas, se involucraran en empleos y empresas antes “sólo reservadas para los hombres”. Las que no transitaron por este camino buscaron opciones diversas, no sólo para ganar dinero sino con un ánimo de libertad y realización personal plena. Desde luego que ello propició un cambio en “las costumbres”.

Hoy, si nos asomamos al mundo real, tenemos la necesidad de reconocer la existencia de familias diversas y el derecho de las mujeres a formar su propio modelo familiar. Algunas, con el afán de superar tanto su condición económica como la dependencia económica del esposo o cónyuge, modificaron su modo de vida. Otras, hasta conformaron las llamadas “familias ampliadas”. Todavía hay personas que “se casan por la Iglesia” o “por lo civil”. Aunque también hay uniones libres, segundos matrimonios, mamás solteras, papás solteros, matrimonios sin hijos, matrimonios con hijos adoptivos, solteros con hijos adoptivos, familias ampliadas, familias reconstruidas, tutores, padrinazgos, madrinazgos, uniones de parejas del mismo sexo y un gran etcétera. Reconociendo esta gran diversidad, el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa han propiciado reformas legales sobre el particular. Tales cambios han fortalecido las libertades ciudadanas,

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Lo que importa son los lazos afectivos. Foto: Internet.

especialmente de las mujeres, quienes ahora ya no tienen que soportar a un marido golpeador y, si lo desean, pueden separarse de él, vivir de manera independiente o formar una sociedad en convivencia. Datos oficiales indican que las familias con jefatura femenina pasaron del 17 al 23 por ciento; los hogares personales, de menos de uno por ciento, crecieron a casi 6 por ciento, y los divorcios se incrementaron del 3 al 11 por ciento. Eso demuestra que las familias son muchas y que gran parte de ellas surgen cuando las mujeres ejercen sus derechos. Por ejemplo, el derecho a casarse, a vivir en unión libre, a divorciarse y volverse a casar; el derecho a tener o no hijos, a hacer lo anterior aun sin casarse con su pareja; el derecho a adoptar o a denunciar a un golpeador. En todos los casos el Gobierno del Distrito Federal y las leyes de esta ciudad otorgan pleno reconocimiento a los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos. En la intimidad de las personas y en la relación personal acaso no importa tanto lo que digan las leyes. Lo relevante en una convivencia son los lazos afectivos y la calidad de vida dentro de la familia.

Las puede haber con más ingresos y mejores condiciones materiales, con vínculos jurídicos diversos. Lo más importante es que en todas las familias —aunque sean muy diferentes— exista amor, fraternidad, amistad, cariño, protección, apoyo mutuo y solidaridad. La autoridad, como lo ha hecho la del Gobierno del Distrito Federal, sólo debe construir un andamiaje jurídico de derechos, de protección y de reconocimiento para todas las familias, ¡asunto que no es nada menor! Esta ciudad aprobó la posibilidad de cada mujer a decidir sobre su cuerpo y la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Pero también acciones de seguridad para las mujeres a bordo del transporte público, atención legal en casos de abuso o acoso sexual, salud femenina, orientación sobre métodos anticonceptivos, derecho a decidir si se reproduce o no, impulso para desarrollarse en el campo laboral fuera de casa, apoyo para determinar el estatus jurídico con su pareja e incluso apoyo para denunciar si son víctimas de violencia doméstica, a través de vías como Locatel.

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Mundo miniatura Remanso familiar, gozo infantil, redescubrimiento social y sorpresa colectiva son, entre muchos otros, los sentimientos que afloran en los visitantes de los parques temáticos que existen en Italia, Ámsterdam, España, Estados Unidos y, por supuesto, en el Distrito Federal. En la segunda sección del Bosque de Chapultepec, el Gobierno de la capital de la República reabrió uno de ellos, denominado México en Miniatura, que consta de más de cien maquetas que reproducen edificios y monumentos prehispánicos, coloniales y modernos de México. Aquí, revista Asamblea muestra algunas miniaturas en parques del Viejo Continente.

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Las ciudades del futuro se piensan hoy Luis Wertman Zaslav*

Infraestructura avanzada, visión 2030. Foto: Internet.

En 15 años, el 60 por ciento de la población del mundo vivirá en grandes centros urbanos. ¿Qué hace y qué hará a una ciudad grande en el futuro? No será su tamaño, sino su posibilidad de cambio. Para el 2030, se calcula que al menos 5 mil millones de personas habitarán en las ciudades, en comparación con los 3600 millones de hoy. La oportunidad —y el reto— que este incremento representa pueden significar un parteaguas en el desarrollo económico y social de estas urbes, que desemboquen en una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Sin dudarlo, la Ciudad de México se encontrará dentro de los principales centros urbanos en esta tendencia. Por ello, quienes encabezan nuestra capital y quienes la habitamos, debemos considerar el desafío que implica una urbanización a esta escala y lo que representa en envejecimiento de la infraestructura y escasez de recursos que obligará a encontrar soluciones nuevas, creativas, competitivas y sustentables para maximizar no sólo el presupuesto público, sino la convivencia entre los nuevos habitantes que se sumarán a los que ya tiene la metrópoli.

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lo hará, ya que como en todo tendremos resistencias, pero definitivamente la mayoría puede imponer una búsqueda constante de la prosperidad. Tenemos que ser muy claros al momento de establecer las grandes líneas de desarrollo de una ciudad que va a crecer mucho más.

Infraestructura. Foto: Internet.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, consideramos que el objetivo debe ser transformar a la ciudad en un lugar de calidad de vida superior para trabajar con tranquilidad y en prosperidad. Comparto algunas rutas que señalan los especialistas. Primero, hay que lograr un crecimiento inteligente, es decir, que sea congruente, eficaz y eficiente. Esto se logra aprovechando las oportunidades y ventajas competitivas de la ciudad; desde cómo cumplir con la demanda de servicios públicos, movilidad, acceso a la educación, salud, seguridad, vivienda digna, hasta cómo integramos una cultura ciudadana entre sus habitantes. No podemos caer en la ingenuidad de que el ciento por ciento de los ciudadanos

Ciudad en desarrollo. Foto: Internet.

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Establecer los límites territoriales para la expansión es fundamental. Hacia dónde vamos a crecer, si hacia arriba (tomando en cuenta nuestras condiciones sísmicas) o distribuiremos a la nueva población en zonas que garanticen servicios y calidad de vida (sólo veamos lo que ha sucedido en varios estados por las lluvias para entender lo que cuesta urbanizar en cualquier sitio). Aumentar la capacidad de los servicios está asociado a políticas públicas directas para el ahorro de energía, la reducción de emisiones, el uso de energía solar, el tratamiento del agua, el cultivo de hortalizas en casa y la disminución del uso de automóvil a la par del crecimiento de opciones de transporte público con buen servicio (por ejemplo, imaginemos diez veces más Metrobús). Aunque parezca extraño, ninguna gran metrópoli del mundo ha logrado un balance entre el uso del auto y del servicio de autobús. La realidad es que estas ciudades son grandes porque sus habitantes caminan por sus calles y son los ciudadanos los dueños de los parques, plazas, estadios y lugares públicos. Estas grandes ciudades, lógicamente, crecen hacia arriba, con complejos de vivienda que ofrecen servicios integrados con gimnasios, salones, auditorios, áreas verdes comunes, y hasta piscinas, un modelo muy popular en nuestra ciudad en años recientes. Otra ruta es lo que en el Consejo Ciudadano denominamos Proyectos Públicos-Privados y Civiles (PPPC) que inte-

Entender perfectamente lo que es coinvertir y coparticipar.

Establecer los límites territoriales para la expansión es fundamental. gran a todos los actores de una ciudad para generar cambios reales. Entender perfectamente lo que es coinvertir y coparticipar bajo este modelo ayuda a administrar mejor los recursos públicos, inyectar inversión privada y darle certidumbre y transparencia a la sociedad civil sobre las acciones que definirán el rumbo de su ciudad. Por fortuna, ya hay líderes exitosos que han impulsado este cambio inteligente. Les doy dos casos: en Bogotá, mi profesor y ex alcalde, el doctor Antanas Mockus y su sucesor, el doctor Enrique Peñalosa lograron mejoras sustanciales en la capital colombiana. Estas mejoras, claro, son un proceso continuo y creativo constante. La resistencia al cambio es una conducta muy humana, no es fácil y en la mayoría de los casos provoca descontento y críticas iniciales. En una ocasión pude escuchar al ex primer ministro británico Tony Blair decir lo siguiente: “cuando mencionas que quieres hacer un cambio, te dicen que es mala idea; cuando estás en el proceso de cambiar te sientes en el infierno; y cuando terminas y logras el cambio, desearías haber hecho más”.

* Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del D.F.

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El Caudillo del Sur

La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Emiliano Zapata.

Emiliano Zapata Salazar, símbolo de las demandas agraristas e impulsor de garantías como la libertad, igualdad, democracia y justicia social, del respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras, fue protagonista clave de la Revolución mexicana. La estampa del Caudillo del Sur siempre ha representado el empuje de la lucha campesina en contra de los latifundios, terratenientes y grupos aristocráticos.

Carlos A. Cejudo Claudio

Dicha percepción se debe a que la historia oficial lo presenta como un campesino pobre que se levantó en armas. No obstante, las versiones de sus cercanos lo describen como “pequeño propietario, dueño de un pedazo tierra para cultivar buenos caballos y un gran gusto por la comida francesa y coñac”. Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenecuilco, Morelos, en el seno de una familia campesina. Su infan-

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cia se desarrolló en el contexto del Porfiriato como campesino, situación que le dio la oportunidad de conocer la problemática del campo. Sus pocos estudios fueron adquiridos en la primaria, instruido por Emilio Vera, viejo soldado juarista que lo encausó en sus ideales. A los 16 años perdió a su madre y 11 meses después, a su padre. El patrimonio que heredó fue reducido, pero suficiente para no tener que emplearse como peón en alguna de las ricas haciendas que rodeaban Anenecuilco, pues desde temprana edad era consciente de las grandes injusticias que se cometían en contra de quienes trabajaban la tierra. Años previos al estallido de la Revolución, El Atila del Sur (como también se le conocía) comenzó su lucha. En 1902 ayudó a las personas del pueblo de Yautepec (Morelos) que tenían problemas con el hacendado Pablo Escandón, acompañándolos a Ciudad de México para exigir que se les hiciera justicia; durante 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla, en la cual se discutió cómo defender sus tierras y hacerle frente a los hacendados colindantes; para septiembre de 1909 se reunió la Junta de Defensa de las Tierras, en Anenecuilco, de la cual Zapat fue elegido calpuleque (líder). En ese cargo estudió los documentos que se originaron en el virreinato y que acreditaban

los derechos de propiedad de los campesinos sobre las tierras, derecho que había sido negado por las Leyes de Reforma, en específico por la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas (Ley Lerdo), situación que lo encaminó a convertirse en el dirigente agrario de su estado natal. Al producirse la rebelión maderista, Zapata envió a Pablo Torres Burgos a entrevistarse con Madero, cuyo resultado fue la unión de Zapata Salazar, Juan Moreno, Rafael Moreno, Maurilio Mejía, José Vergara y otros 72 campesinos al movimiento que encabezaba Madero. Emiliano Zapata comenzó su guerrilla en marzo de 1911, misma que sería conocida como Ejército Libertador del Sur y con el cual libró las batallas de Chinameca, Jojutla, Jonacatepec, Tlayecac y Tlaquiltenango, también, sitió Cuautla que estaba defendida por los porfiristas y más tarde tomaría Cuernavaca. A la muerte de Pablo Torres Burgos, la Junta Revolucionaria del Sur nombra Emiliano como Jefe Revolucionario-Maderista del Sur. Al triunfo del maderismo (con la renuncia y exilio de Porfirio Díaz), Zapata se negó a deponer las armas ya que no se habían devuelto las tierras a los campesinos. Ante esto, Madero acordó entrevistarse con

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Emiliano Zapata en Yautepec para encontrar una solución pacífica y convencerlo de que licenciara sus tropas, pero sin lograr ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía Zapata. Madero creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. A decir de Zapata, Madero había traicionado la Revolución. Desde aquel momento Zapata perdió la confianza en Madero, rompieron su alianza y se proclamó el Plan de Ayala, que planteba una serie de reivindicaciones agrarias como, “Tierra y Libertad” y “La tierra es de quien la trabaja”, al mismo tiempo que desconocía al gobierno de Madero. Como resultado de su plan, el 30 de abril de 1912 encabeza el primer reparto de tierras en Ixmiquilpan, Puebla, acción que agudiza más el enfrentamiento entre Zapata y Madero. En septiembre de 1914, es invitado por varios delegados de la Convención de Aguascalientes, donde participaron los tres grupos más importantes que formaron parte de la Revolución mexicana, la convención tenía por objeto dirimir las diferencias entre unos y otros, pero el resultado fue distinto: la asamblea estuvo dominada por elementos villistas, que impusieron sus puntos de vista sobre los demás delegados. Se eligió al general Eulalio Gutiérrez Ortiz como Presidente de la República y se nombró a Francisco Villa jefe del Ejército convencionista, además de que la Convención de Aguascalientes hizo suyos los postulados del Plan de Ayala. Toda esta situación generó la división definitiva entre Carranza y Villa, lo que provocó la continuación de la guerra civil. El 4 de diciembre de ese año los lide-

res de la poderosa División del Norte y el Ejército Libertador del Sur sostuvieron un célebre encuentro en Xochimilco (dando como mensaje la unión entre los campesinos surianos y los del norte), en donde Villa aceptó el Plan de Ayala (a excepción de sus acusaciones a Francisco I. Madero, quién había sido su redentor) y Zapata se obligaba a dar las armas. Un año después, Zapata se trasladó a Morelos, donde prosiguió con la defensa de sus posiciones, frente a las tropas constitucionalistas. Durante este tiempo promovió la creación de la Ley Agraria, instauró las primeras Comisiones Agrarias, estableció el Crédito Agrícola, además inauguró la Caja Rural de Préstamos en Morelos y en abril de 1917 publica la Ley Orgánica Municipal. El legado de Zapata fue el de su levantamiento armado, pues la Revolución armada condujo a la revolución en paz. Sus principios e ideales son los que constituyeron las instituciones donde se concretan los derechos y las libertades.

Editorial

ALDF-ONU analizan agenda para impulsar crecimiento económico, ciudadanía, gobernanza, competitividad y desarrollo

Buscarían poner candados y sanciones a quien viole reglamentos de construcción de viviendas de interés social

La ALDF no ha recibido proyecto de Norma que regule la construcción de vivienda social en el D.F.

El centro del debate

Urge aprobar la Ley General sobre Derechos de la Infancia y la adolescencia para protegerlas de la criminalidad: REDIM

¿Desaparece la clásica familia mexicana?

El D.F., a la vanguardia en el respeto a los derechos de las mujeres y las familias

Mundo miniatura

Las ciudades del futuro se piensan hoy

El Caudillo del Sur