La infraestructura educativa en Costa Rica: la situación actual y las propuestas de los candidatos Estimados/as lectores/as:
La Agenda Ciudadana por la Educación (ACE), cuyos objetivos programáticos consisten en la defensa del derecho humano a la educación en Costa Rica, considera que en el debate electoral reciente la temática educativa ha sido postergada o abordada tangencialmente. En este sentido, proponemos una serie de diálogos con la ciudadanía para conocer las percepciones, ideas, sentimientos y juicios respecto a problemáticas sociales concretas, así como de las principales respuestas ofrecidas por los aspirantes a la Presidencia mediante sus planes de gobierno. En esta primera entrega proponemos problematizar el estado de la infraestructura educativa y las estrategias de abordaje propuestas. ¡Anímese y participe con nosotros/as! ¿Cuál es la situación actual de la infraestructura educativa en Costa Rica? La infraestructura educativa es vital para la garantía y goce del derecho a la educación. Sin centros educativos, servicios básicos, plataformas tecnológicas modernas y en general, espacios acogedores para el desarrollo de los procesos educativos, este no solo se ve amenazado al no ser garantizado por el Estado, sino que a su vez, las malas condiciones en que se encuentre se constituyen en factores expulsores que generan desaliento tanto al docente como al estudiante. En el caso costarricense la temática enfrenta dos retos centrales, el primero de ellos consiste en la inexistencia de “instrumentos de evaluación estandarizados para conocer el estado, la calidad y los déficits de la infraestructura” (2013: 177). No existe en el Ministerio de Educación Pública un sistema universal que permita conocer a ciencia cierta las carencias de los centros educativos, así como su estado y condiciones. Efectivamente esta dinámica representa un obstáculo, pues el criterio técnico para la priorización de los recursos económicos se torna más complejo.
El Informe de Labores 2012-2013 del Ministerio de Educación Pública plantea que la necesidad de recursos para financiar “de manera oportuna la infraestructura requerida por el sistema educativo” se estima en unos 500 mil millones de colones (993 millones de dólares) (2013: 107). Lo que el Estado de la Educación estima en el 3% del PIB (2011). Este Informe hizo referencia a los datos del Censo de Infraestructura Educativa de 2010, basado en la percepción de Directores y Directoras de los centros educativos. Los resultados plantearon “un déficit de 7.658 aulas, 7.437 baterías sanitarias, 1.130 bibliotecas y centros de recursos, 924 comedores escolares, 1.072 laboratorios de cómputo, 1.001 salas para profesores y alrededor de 380 talleres para la educación técnica; además de obras externas para garantizar la seguridad de los centros, como mallas, muros y aceras, entre otras. Por otra parte, se han identificado unas 2.127 aulas en “mal estado” (6.8% del total existente)” (MEP 2013). Adicionalmente, un informe de la Contraloría General de la República sobre las políticas públicas diseñadas y ejecutadas para mejorar la cobertura de educación secundaria, reportó mediante una consulta con estudiantes y docentes que (…) Para la mayoría de estudiantes, una mala infraestructura influye fuertemente en la decisión de permanencia del estudiante. Para los docentes, una mala infraestructura se constituye en un factor de desmotivación y puede afectar su rendimiento, así que las mejoras que se realicen tienen alta incidencia en la disminución de la deserción y aumentar la cobertura. Otro aspecto apuntado por los docentes que puede afectar la retención de los estudiantes es la carencia de instalaciones propias que presentan algunos colegios, en donde los estudiantes reciben lecciones en sitios que no han sido diseñados para tal fin... (…) Un 49% de los estudiantes se sienten motivados por el estado de pupitres, pizarras y sillas, como factor para no abandonar el colegio… La calidad del equipamiento se percibe como mala o muy mala por un 52,8% de los estudiantes y 47,8% considera que la mayoría o todo el equipo y mobiliario está dañado, no obstante,
para la mayoría de docentes la calidad es buena o muy buena (56,7%) (2013: 107) Aunado a este escenario se ha llamado la atención como segundo gran tema vinculado a la inversión en infraestructura, la capacidad de ejecución de los recursos, incluyendo a las Juntas Escolares. El IV Estado de la Educación reporta que “de los 207 proyectos adjudicados en el período 2008-2011, el 49,3% registra adendas que suman 6.260 millones de colones. En el 45% de estos casos los montos sufrieron cambios de entre el 41% y el 50% de lo pactado originalmente”, además “existen deficiencias en el control de los recursos que se transfieren a las Juntas de Educación... el mecanismo de contratación directa gestionada por las Juntas… no cumple con el objetivo de agilizar los trámites, ya que en promedio el proceso tarda 145 días hábiles” (2013: 187; y 2011). SI bien es cierto y debe reconocerse cómo se ha incrementado el presupuesto destinado a educación, también es cierto que en muchos indicadores la situación de la infraestructura no ha variado sustantivamente. Se estimó que en 2003 para I y II ciclo el 56.8% de los inodoros se encontraba en buen estado, para 2012 corresponde al 56.5%. Las bibliotecas en 2003 estuvieron en buenas condiciones el 62.6% al 2012 son 56.3%. En el caso de la educación secundaria, el 69% de las sillas pupitres estuvieron en buenas condiciones en 2003, para 2012 fue el 64.8%; las aulas académicas pasaron de 69.5% en 2003 al 68.7% en 2012 (Cf. Estado de la Educación, 2013). Frente a este panorama al corto plazo se tienen al menos dos oportunidades. Una de ellas es el endeudamiento por 167 millones de dólares que adquirió el Estado, esto permitirá la atención de infraestructura educativa y recreativa (Cf. MEP. 2013). La segunda oportunidad será el aumento del presupuesto producto de la reforma constitucional del 8% del PIB para educación. Según Angulo, mediante datos del Banco Central de Costa Rica, el incremento será de aproximadamente 524 millones de dólares que podrían ser utilizados de manera discrecional (2012).
¿Qué proponen los candidatos para atender la deuda histórica en materia de infraestructura educativa?
Acción ciudadana: La principal fortaleza es la propuesta por “cubrir al menos el 65% del déficit actual en infraestructura escolar”, lo cual requeriría una estimación de 500 millones de dólares. Anuncian la priorización del “1% [¿del PIB o del Presupuesto MEP?] en calidad de la infraestructura, construcción y estrategia de mantenimiento”. Estos recursos para infraestructura contemplaran la creación de “centros educativos de primera calidad en las zonas donde se concentra la pobreza”. Debe explicarse el origen de los recursos mencionados, además de ponderarse con el fortalecimiento de los programas de equidad previstos. Respecto a la ejecución de los recursos, proponen “agilizar los procesos de contratación”, “continuar con la capacitación y acompañamiento a las Juntas de Educación” e “implementar el mecanismo del fideicomiso empezando con las necesidades más apremiantes.
Frente Amplio: la principal fortaleza es la creación y aprobación en 2014 de un “Plan Nacional de Infraestructura Educativa” para “el mejoramiento de las instalaciones en mal estado de escuelas y colegios públicos”, así como la construcción de más aulas para reducir el número de estudiantes por grupo (no más de 30)”. La obtención de recursos adicionales se prevé mediante un empréstito internacional -del que se desconocen las condiciones o la viabilidad parlamentaria- y un impuesto solidario. También proponen “intervenir” al Departamento de Infraestructura Educativa del MEP para agilizar trámites de la construcción, remodelación y ampliación de centros educativos y atender las necesidades de infraestructura. La gestión de recursos se mejoraría fortaleciendo “la capacidad de ejecución de las Juntas de Educación”.
Liberación Nacional: la principal fortaleza es la creación de “consejos cantonales de infraestructura educativa” con participación tanto de la Alcaldía como de la comunidad educativa. El fin es “desarrollar planes anuales de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa”. Lo problemático es proponer que “los diseños y planos, procesos de contratación y dirección técnica se realizarán desde las municipalidades” pues esto restaría autonomía a las Juntas, aunque el sentido inicial es más bien para “simplificar los trámites y autorizaciones ante el MEP”. Destaca la propuesta para “disminuir el número de alumnos por aula”, “aumentar aceleradamente la cantidad de escuelas de horario ampliado y de colegios técnico-profesionales” e “incrementar la inversión en infraestructura educativa, en especial para mejorar las instalaciones existentes y así convertirlas en espacios gratos y seguros para estudiantes, docentes y administradores”.
Movimiento Libertario: la principal fortaleza es la propuesta para “elaborar y ejecutar un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con el fin de garantizar la sostenibilidad de la infraestructura pública”. Tal iniciativa más que aumentar los recursos destinados a infraestructura, busca que se ejecuten con mayor eficiencia, en este sentido se enfoca en una mejor gestión de los recursos y empoderamiento de las Juntas. No se plantean soluciones respecto al déficit financiero o compromiso para su aumento. Destaca el planteamiento para utilizar la infraestructura educativa pública “en diversos horarios”, por ejemplo en “talleres para estudiantes rezagados, educación para adultos y cursos del INA”, el compromiso para la fiscalización y cumplimiento de plazos en la construcción de infraestructura educativa mediante Fideicomiso MEP-BNCR, así como un enfoque que favorece la oferta de educación privada.
Unidad Social Cristiana: la principal propuesta es “recuperar, mejorar y embellecer las plantas físicas y espacios pertenecientes a nuestros centros educativos,” además de garantizar el efectivo acceso y movilización a personas con condiciones físicas especiales, en los
centro escolares. No se plantean aumentos presupuestarios o atención directa al déficit de infraestructura escolar. Destaca el fuerte enfoque por fortalecer “la infraestructura tecnológica de la educación media y superior”, “la universalización del uso de las TIC en el proceso de aprendizaje (en los ámbitos familiar y escolar), en la gestión administrativa y el desarrollo profesional de los docentes”. En términos generales en las respuestas se destacan presencias y ausencias respecto a compromisos por aumentar el presupuesto a infraestructura educativa y la reducción del déficit existente, visiones divergentes respecto al rol de las Juntas así como el papel tanto de la comunidad educativa como de las Alcaldías en la ejecución de los recursos. Las propuestas también oscilan entre un mayor dominio estatal sobre la ejecución presupuestaria hasta una descentralización e incluso promoción de mayor oferta educativa privada.
Marco V. Méndez Coto Agenda Ciudadana por la Educación
marco.mendez.coto@gmail.com
______________________ Referencias bibliográficas Angulo, J. 2012. Informe Final. El 8% constitucional a la educación: Escenarios alternativos para priorizar el presupuesto incremental. IV Informe del Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación. Contraloría General de la República. 2011. Informe sobre el resultado de las acciones públicas implementadas en el Ministerio de Educación Pública para mejorar la cobertura de educación secundaria. DFOE-SOC-IF-13-2011. San José. Ministerio de Educación Pública. 2013. Informe de labores 2012-2013. República de Costa Rica. Planes de Gobierno de los Partidos: Acción Ciudadana, Frente Amplio, Liberación Nacional, Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana. Programa Estado de la Nación. 2011. III Informe del Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación. Programa Estado de la Nación. 2013. IV Informe del Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación.