GOBIERNO En 1998 cinco personas diagnosticadas con VIH que se reunían en una banca del parque Cuscatlán, decidieron crear el grupo Atlacatl, por el significado mítico de oposición a la conquista española y ellos a la invasión, en aquel entonces de un virus desconocido. Mártir García, María Dolores González, Salvador Fuentes, José Luis Rosa y Jorge Odir Miranda Cortéz, adoptan el 12 de mayo como el día de fundación de Asociación Atlacatl, por un reportaje periodístico que fue publicado ese día, en el cual, Odir Miranda mostró su rostro y la indiferencia de las autoridades para brindarle ayuda médica. A partir de ese momento, inicia una nueva historia para el VIH en El Salvador, una de las primeras acciones de incidencia política inicia ese mismo año, donde se exige al gobierno a través de una demanda impuesta al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) donde se exigía la Triple Terapia, medicamentos que permitían prologar la vida de las personas con VIH.
En el año 2000 Asociación Atlacatl Vivo Positivo ante el retraso de la justicia Salvadoreña, Odir Miranda y treinta y tres personas más demandan al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de algunos años, en 2007 Asociación Atlacatl Vivo Positivo se proclama ganador de la demanda interpuesta y llegan a un acuerdo amistoso, el gobierno reconoce que hubo negligencia por la negación al medicamento.
En el Año 2010 después de una serie de trámites, es aprobado por la Asamblea Legislativa con 67 votos, el 12 de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Solidaridad hacia las personas con VIH, El Salvador se convierte en el primer país de América Latina en contar con ese decreto. Otros sucesos de gran incidencia política se dan en el 2004 donde se presenta la primera pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para reformar el código de trabajo, siendo estas aprobadas en 2005, luego en el año 2012 se realiza una nueva reforma a la Ley del Servicio Civil y se establece La Ley de la Carrera Municipal, estas leyes establecían que ningún patrono debería de pedir la prueba del VIH como requisito para trabajar, como también debería de respetar el derecho al trabajo evitando la discriminación laboral por ser afectado por la pandemia del VIH.