Capítulo 3 | En Defesa del Interés Público
CASOS EMBLEMÁTICOS Durante el periodo analizado por el estudio coordinado por ANDI en colaboración con la Fundación Ford, como ya hemos visto, algunos episodios ocurridos en Brasil resultaron especialmente ilustrativos para el debate que se propone en la presente publicación. Ya hemos tratado previamente, por ejemplo, sobre la tentativa de expulsión del periodista Larry Rother, sobre el proyecto de ley acerca de la regionalización de la programación, sobre la exitosa propuesta de mejorar la regulación referente a la clasificación por edades y, en el Capítulo 2, sobre situaciones como la posibilidad no concretada de concesión de un préstamo, por medio del Banco Nacional para el Desarrollo, a las empresas de comunicación brasileñas.
Merece destacarse el hecho de que, tan solo en cuatro de los 1.184 textos analizados en la investigación coordinada por ANDI, se abordan discusiones acerca de una potencial Ley General de la Comunicación de Masas.
A continuación, analizaremos otros tres hechos que tuvieron lugar durante el trienio estudiado y que permiten realizar reflexiones importantes, no solamente en cuanto a la regulación de los contenidos mediáticos, sino también a la cobertura periodística destinada a estos casos. Lejos de profundizar en análisis sobre su valía más específicos de los ejemplos citados, la propuesta radica en revelar los matices del debate sobre las políticas públicas de comunicación, así como del comportamiento de la prensa ante esas cuestiones.
El sepelio del Consejo Federal de Periodistas
En abril del 2004, la dirección nacional de la Federación Nacional de los Periodistas brasileña (Fenaj) y los presidentes de los sindicatos estatales fueron recibidos, en el Palacio del Planalto, por el Presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva. Una de sus principales reivindicaciones consistía en que se le enviara al Congreso Nacional un proyecto de ley que estaba parado hacía más de una década en el Ministerio de Trabajo y que creaba el Consejo Federal y los consejos regionales de Periodistas. Este Consejo tendría el objetivo de “orientar, disciplinar y fiscalizar el ejercicio de la profesión de periodista”. Además, pretendía “celar por el fiel cumplimiento de los principios de la ética y la disciplina de la orden” y “colaborar para el perfeccionamiento de las carreras de periodismo y comunicación social con especialidad en periodismo”. Pasados cuatro meses tras esta cita, el presidente Lula firmó el proyecto de ley y se lo envió al Congreso Nacional. En seguida, los grandes medios de comunicación se manifestaron contra la iniciativa del Poder Ejecutivo, alegando que se trataba de una tentativa de recrear la censura previa en Brasil. “La Record no acepta ninguna especie de control. Ya dispone de su ética, de una programación destinada a la familia. No tiene que firmar nada porque ya hay leyes, como la Ley de Prensa y el Estatuto del Niño y del Adolescente, que condenan los excesos cometidos. Y no va a hacerle ninguna sugerencia [al gobierno brasileño]. La sugerencia que se le hace es la de que aplique las leyes vigentes”, dijo Dennis Munhoz, presidente de esta red, en alusión también al proyecto que preveía la creación de la Agencia Nacional del Cine y Audiovisuales (Ancinav). En aquella época, el ex secretario de Prensa y Divulgación de la Presidencia de la República, Ricardo Kotscho, resumió así los argumentos en defensa de este proyecto de ley: “El objetivo básico de crear el CFJ – a ejemplo de lo que ya hace mucho que sucede en el caso de los abogados, los médicos, los economistas y otras categorías profesionales – consiste exactamente en defender la dignidad y la ética exigidas a la hora de ejercer la profesión, para garantizarle a la sociedad la plenitud de la libertad de prensa, y no la libertad de que algunos profesionales y algunas empresas divulguen lo que les parezca al servicio de sus propios intereses”. 142
La investigación llevada a cabo por ANDI, con el apoyo de la Fundación Ford, denota que el 7,5% de los textos estudiados se dedicaron a debatir sobre la potencial creación del CFJ. Esta discusión raramente atendió al principio básico de presentar ambas posiciones de la disputa: en el 64% de los textos, se presentaron inequívoca y exclusivamente posturas contrarias al proyecto y, en el 4,5%, se les ofreció a los lectores un material con opiniones favorables y contrarias en la misma proporción. En el 66% de los casos, las opiniones llegaron a través de la voz de una fuente de información y, mientras que se oyó a las empresas y a sus asociaciones en el 15% de los textos, se consultó a los sindicatos de periodistas y a la federación de esta área en el 2,2% de los mismos.