Capítulo 2 | Suportes al desarrollo
No es de la alzada de la FCC la administración de la parte del espectro que se utiliza para que se comuniquen los diferentes departamentos y organismos civiles y militares del gobierno federal, sino que le corresponde a la National Telecommunications and Information Administration el llevar a cabo este control. Por otro lado, las cuestiones relativas al poder económico y a la prevención de la formación de cárteles quedan bajo la responsabilidad de la Federal Trade Commission. Los permisos caducan al cabo de ocho años en lo relativo a todos los servicios de radiodifusión y la política de la FCC indica que, una vez acabado el plazo, hay buenas expectativas de renovación. Si el que recibió la concesión prestó un servicio que atendió como corresponde a la conveniencia, a la necesidad y al interés público, además de no haber cometido violaciones serias – como haber dado declaraciones falsas o haber defraudado – difícilmente no se le renovará el permiso. A este respecto, cabe observar que los procesos de renovación y de pérdida de permisos cuentan con una intensa participación popular, que está prevista por la ley. Cualquiera puede escribirle a la Comisión para poner una denuncia contra una emisora. Y, además, también tiene la posibilidad de presentar una petition to deny, o sea, aquellas razones de carácter público que considere relevantes para que no se renueve o se cancele aquel permiso. Para el Estado norteamericano, los presupuestos de una amplia libertad de expresión y del “mercado de ideas”5 1 constituyen la manera de garantizar la multiplicidad y la diversidad en el área de la radiodifusión. Para tener éxito en esta tarea, se aplican tres políticas diferentes. La primera procura fomentar el “localismo” y les da la preferencia a aquellos propietarios que ya estén comprometidos con la gestión de cada estación y que conozcan los problemas e intereses locales. La segunda les marca límites a la propiedad y al control de los medios de comunicación de masas, a fin de evitar la concentración económica en este sector. Y, finalmente, la tercera estrategia tiene el objetivo de limitar la influencia predatoria de la programación de las redes nacionales sobre el contexto general de la radiodifusión. Entre otras características, los interesados en obtener un permiso tienen que ser ciudadanos norteamericanos, demostrar que son honestos, tener capacidad financiera suficiente para construir y mantener su emisora durante 90 días y probar que son capaces de cumplir las exigencias técnicas que impone la FCC. El Telecommunications Act, de 1996, prohíbe, por ejemplo, que una emisora de televisión gratuita dada posea o controle una red de televisión por cable en su misma área de difusión. También restringe la posibilidad de que un grupo económico determinado posea o controle, al mismo tiempo, un periódico y una emisora de radio o televisión en la misma localidad. Lo que se deduce de esta regla es que un único grupo económico puede llegar a controlar en este país 24 emisoras de televisión, 30 emisoras de radio AM y 30 emisoras de radio FM. Además, a cualquier red de televisión le está prohibido llegar a una audiencia que sobrepase el 35% del total nacional. También existen límites a la propiedad de las estaciones de radio por parte de personas o entidades. Lo que no existe es una prohibición de propiedad cruzada por lo que concierne a la televisión por cable. O sea, los operadores de este servicio pueden ser los dueños de periódicos impresos, o bien prestar el mismo servicio por medio de otra empresa 5. El concepto del market p lace of ideas supone el entender que la verdad y el interés público se benefician en gran medida de la competencia entre las más diversas ideas y los más variados asuntos, por muy impopulares que puedan resultar.
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