EL VOCERO / VOX / JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2013
Justicia a los alcaldes
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Drama en dos actos ARTURO YÉPEZ
ALEX DELGADO, DIRECTOR PROGRAMACIÓN NOTI UNO 630
Es muy temprano aún para aplaudir al secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, tras el anuncio de que su agencia investigará los aumentos de sueldo de los alcaldes. Cuando digo que es muy temprano, me refiero a que hay que ver a quiénes finalmente señala y qué resultados tiene.
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Sin embargo, el mero hecho de ‘meterle el dedo’ en un ojo a otro grupito que se cree intocable en el País, de por sí, merece mi respeto temporero. Hasta el momento estos son los municipios a los que se les requirió información: Arroyo (PPD), Barranquitas (PNP), Cabo Rojo (PPD), Canóvanas (PNP), Cayey (PPD), Cidra (PNP), Corozal (PPD), Culebra (PPD), Hatillo (PPD), Juana Díaz (PPD), Lares (PNP), Mayagüez (PPD), Orocovis (PNP), Guayanilla (PPD), Río Grande (PPD), Santa Isabel (PNP), Vega Alta (PNP), Vega Baja (PPD) y Villalba (PPD). ¿Quién rayos se cree un alcalde para entender que es Dios omnipotente? No lo son. Sin embargo, entienden que sí lo son porque solo tienen que apretar una parte del cuerpo de un gobernador para que respeten sus ‘chanchullos’ (legales o ilegales, morales o inmorales). Uno que salió ‘aruñando’ al Secretario fue el alcalde de Canóvanas, José (Chemo) Soto (PNP). “…[É]l (Sánchez Betances) quiere darse a conocer, como no tiene más nada, pues entonces saca esto ahora de los alcaldes. Mire señores, nosotros los alcaldes somos los ejecutivos peores pagados del pueblo de Puerto Rico. Que les baje el salario a los directores de agencia. Esos directores de agencia ganan $250 mil, $225 mil. El director de agencia que menos gana, devenga $120 mil anuales, ¿cuánto es eso? $12 mil mensuales. Entonces, ¿cuál es la jod…da?...Tengo aumento en población,
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de 30 mil habitantes que tenía, tengo 50 mil habitantes. Tenía un déficit de $4.8 millones cuando llegué y tengo un superávit de por lo menos $250 mil”, sentenció Soto. Vamos por parte: En primer lugar señor Soto, usted es un alcalde y ese lenguaje de ‘joyanca’ no debe ser el ejemplo que un alcalde de a sus constituyentes, incluyendo jóvenes y niños. Segundo punto: ‘hablando de darse a conocer’, hasta ahora, gracias a Dios no hemos visto al Secretario de Justicia escribiéndose la ropa, y mucho menos buscando un ‘chupacabras’. Tercero: decirle a su pueblo que los $96 mil que le pagaba es “lo peor” y que usted se merece $12 mil adicionales, pues es faltarle el respeto. De seguro hay gente en su municipio que trabaja arduamente, el doble que usted, para ganarse $12 mil en un año. Su expresión, en ese sentido, es una burla a los ciudadanos de Canóvanas, pero como a ellos les encanta ese trato que usted les da, pues allá ellos que
lo eligen. Cuarto: ¿Que llevó un déficit a superávit? Ese cuento es viejo. Hasta Jorge Santini lo decía… ¿y qué pasó cuando perdió? Ahora bien, ¿ese no es su trabajo? ¿No lo eligieron con un salario ‘x’ para que hiciera eso? ¿O me va a decir que le pagan por trabajar y si trabaja le tienen que pagar más? Señores Alejandro García Padilla, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia: ¿dónde está la medida del representante Charlie Hernández para regular los salarios de los alcaldes? No me digan que para ellos no van a hacer sentir la ‘testosterona’ que ‘floreció’ para atacar la Oficina del Fiscal Especial Independiente que dirige una mujer. ¿Aprietan duro los alcaldes esa parte del cuerpo al nivel de arrodillarlos a los tres? Sigo pendiente de esa medida. Finalmente, ¿los alcaldes quieren justicia? Vamos a complacerlos. Secretario Sánchez Betances, envíe sus ‘sabuesos’.
‘ELA soberano’ ORESTE RAMOS, EXSENADOR
Eso de que el Gobierno federal reconozca soberanía al ELA es un disparate. El ELA no es una relación política. Cuando el Congreso en el 1950 aprobó la Ley 600, dejó bien claro que no se estaba cambiando la relación territorial. En el informe rendido por las comisiones congresionales se incluyó: “Let us make one thing very clear: upon approval of this law the political relationship will not change. It will continue to be the same as it has been since the Treaty of Paris”. El tratado entre España y Estados Unidos (E.U.) dice: “…la condición política de los habitantes de los territorios aquí cedidos por España será la que determine el Congreso”. La ley nos autorizó aprobar una Constitución interna. Pero no cambió el estatus de territorio. La frase ‘Estado Libre Asociado’ ni siquiera fue aprobada por el Congreso federal
ni por el Pueblo de Puerto Rico (P.R.). Simplemente, la Convención Constituyente de 1952 aprobó la Resolución 22 que traduce ‘commonwealth’, forzadamente, como ‘Estado Libre Asociado’. Ello como una manera de mantener unidos y tranquilos a los tres sectores del PPD. ‘Estado’ para los creyentes en la Unión, ‘libre’ para el sector independentista (precursores del melonismo) y ‘asociado’ para los de imprecisión ideológica. La correcta traducción de ‘commonwealth’ es el Pueblo de Puerto Rico pero la relación territorial no se cambió. Naciones Unidas aprobó la Resolución 1541 de 1960 para acomodar unos pedacitos de islas del Océano Pacífico que no tenían los recursos para mantener su
propio gobierno. Algunos, ocupados por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, fueron entregados a Australia, Nueva Zelandia o Estados Unidos como parte de un fideicomiso. A Estados Unidos les tocó las islas que componen hoy Palau, Micronesia y otros. Sus habitantes nunca han sido ciudadanos americanos y la soberanía la retuvo la ONU. Son menores de edad políticos cuyo gobierno lo controla el Gobierno federal por remoto. Pero la soberanía sobre ellos nunca ha estado investida en los Estados Unidos, por lo que se podía aprobar con ellos un tratado de asociación. Pero para que Puerto Rico sea soberano: el Congreso tendría que renunciar a su soberanía
sobre Puerto Rico y luego, aprobar un tratado que reconozca a la Isla como una república asociada. En palabras sencillas, el Congreso tendría que otorgarnos la independencia para luego aprobar un tratado de república asociada con ese Puerto Rico soberano. Habría que incluir en el tratado los derechos de los puertorriqueños y su participación en el sistema económico y social de Estados Unidos. Si el tratado con el Puerto Rico soberano no se aprueba por dos terceras partes del Senado, o si se rompe luego, nos quedaríamos en la calle y sin llavero. El ‘soberanismo’ es exhibicionismo político. Si esto lo saben los soberanistas, es un ‘striptease’ en una sala victoriana.