Vivienda y espacio público en centros históricos de América Latina by Vivienda Social y Ciudad

VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO EN CENTROS HISTÓRICOS DE AMÉRICA LATINA Paola Bagnera Universidad Nacional del Litoral

Los centros históricos latinoamericanos experimentan procesos diferenciados en su conformación y evolución histórica que de algún modo condicionan su intervención en la contemporaneidad, tanto en términos de las problemáticas involucradas, como de los actores y los procesos de gestión desarrollados. La Habana, Montevideo y Buenos Aires, se constituyen en objetos de reflexión en relación a específicos desafíos en torno a su rehabilitación, evidenciando la dinámica del concepto en el marco de la particular configuración urbana de estos escenarios condensadores de densidad simbólica e identitaria. La posibilidad de considerar y reflexionar acerca de las heterogéneas estrategias de intervención en estos centros, y particularmente en el rol que en las mismas le compete a la materialización del espacio público y la presencia de la actividad residencial, reivindica la vigencia del planteo de Jorge Hardoy cuando inquiría «por qué, para qué y para quién» recuperar nuestros centros históricos.

HOUSING AND PUBLIC SPACE IN HISTORICAL CENTRES EN LATIN AMERICA The Latinamerican historical centres experience processes that have different historic shaping and evolution that in a way condition their participation in the present time, not only regarding the problems involved, but also the players and the management processes developed. La Habana, Montevideo and Buenos Aires become objects of reflection in relation to specific challenges centred on their rehabilitation, showing the dynamics of the concept within the framework of the particular urban layout of these settings that condense symbolic and identity density. The possibility of considering and thinking about the heterogeneous intervention strategies in these centres, and particularly the roles played in them by the materialization of the public space and the presence of the residential activity, vindicates the validity of Jorge Hardoy’s approach inquiring «for what, to whom and how to recover our historical centres».

Perspectivas urbanas / Urban Perspectives #9

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El centro histórico latinoamericano como concepto La idea de «centro histórico» ha sido objeto de numerosas aproximaciones y conceptualizaciones desde diversos campos disciplinares. Encuentra una primera asociación con una impronta «históricofundacional», y se impregna de una carga simbólica e identitaria, que extiende su representatividad a la ciudad en su conjunto, y cuya significación cultural se evidencia en la permanencia de hechos urbanos y arquitectónicos de valor patrimonial. La condición de centralidad, por otra parte, se hace presente en muchos de estos centros históricos —como indicador de concentración de servicios y equipamientos diversos, de elevado valor del suelo y de densidad poblacional y constructiva—, y evidencia un particular rol en la dinámica urbana contemporánea. La complejidad del hecho urbano, es definida por esta doble consideración, con un predominio de ciertas características sobre otras, que difieren tanto por las particularidades históricas y las estrategias de intervención planteadas en estas áreas, como por el grado de vitalidad del centro, y por lo tanto, por el nivel de disputa que sobre dicho espacio generan los actores involucrados en la producción de ciudad. La pertenencia inicial del concepto a la cultura europea, lo asocia a ese núcleo inicial de la urbanización, de origen preindustrial, limitado físicamente por murallas que lo separan de la expansión moderna de la ciudad, materializada «extramuros». En cambio, en la ciudad americana, se reconoce una no tan precisa delimitación entre el centro histórico y la totalidad de la estructura urbana, lo que muchas veces deriva en una necesidad de «abstracción» de la realidad para poder delimitar en términos físicos el área histórica. La particularidad expansiva y homogeneizadora de la cuadrícula americana condiciona esta definición, contrariamente a lo ocurrido en el caso europeo, en el cual, la impronta de la muralla es la que de algún modo «protege» su presencia física y su permanencia en la estructura urbana, así como «diferencia» en algunos casos el trazado primigenio de crecimientos o ensanches posteriores. La plaza es el núcleo originario del centro histórico americano, es el hecho significativo que estruc-

tura su impronta física y su trama, incluso en aquellos casos en los cuales, la presencia de la muralla condiciona su evolución. Estas áreas que «confieren identidad a los habitantes de las ciudades americanas y a la vez, las caracterizan y testimonian» (GUTIÉRREZ, 1990) son objeto de varias aproximaciones que reafirman su particular consideración y valor y sobre todo, sus específicas problemáticas y requerimientos de intervención (WAISMAN, 1972; GUTIÉRREZ, 1990; HARDOY-GUTMAN, 1992) La ampliación de la idea de patrimonio hacia la consideración del entorno o conjunto urbano que se inaugura con la Carta de Venecia (1964), lo hace, para el caso americano, con las Normas de Quito (1967) y el posterior Coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas (Quito, 1977) define a los centros históricos como «todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. (...) Los Centros Históricos no sólo son patrimonio cultural de la humanidad sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan», anticipando una de las problemáticas nodales que se evidencian a partir de los años ochenta y noventa: el particular conflicto entre operaciones de «renovación» urbana y el uso residencial del centro histórico.

La consideración de tres casos: La Habana, Montevideo, Buenos Aires Abordar las estrategias de intervención en el caso de los centros históricos latinoamericanos, significa reconocer procesos de formación y evolución urbana diferenciados, evidenciados desde las instancias fundacionales o las preexistencias arquitectónicas y urbanas que condicionan su propia historia urbana, a las diferentes acciones de sustitución, expansión o ensanche que materializaron sus procesos de modernización.

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Fig. 1. La Habana, siglo

XVI.

La Habana La Habana Vieja se constituye en una «unidad» reconocible, un núcleo básico delimitado por la traza de la muralla colonial, que encierra un tejido de características propias. De origen hispánico, se constituye como un «sistema de espacios sociales especializados, situados a lo largo de la bahía que caracteriza el policentrismo funcional configurador de La Habana Colonial, en contraposición al típico monocentrismo predominante en las ciudades latinoamericanas» (SEGRE, 1989). Dicho policentrismo se genera principalmente a partir de la presencia de espacios públicos o plazas de específica configuración y funcionalidad. El policentrismo y la definición de un particular «damero» dan cuenta del momento fundacional (1519) resuelto con cierta espontaneidad, y con anterioridad a la aplicación de las Leyes de Indias (1861). La consolidación del inestable asentamiento se debe a la decisión de Felipe II de convertirla en el punto de encuentro final de la flota de la Corona, en

Fig. 2. La Habana. J. M. de la Torre, 1859.

su regreso a España, debido a su privilegiada posición geográfica, la presencia de la bahía y el sistema defensivo: principales elementos, por otra parte, configuradores de su estructura urbana. Hacia fines del siglo XVIII La Habana extramuros posee una mayor población que la del interior, y obedece al incremento poblacional generado a partir de la apertura comercial de la segunda mitad del siglo XVIII con la ocupación inglesa de la ciudad, que potencia tanto el crecimiento de la producción azucarera, como de la población, a partir del incremento del número de esclavos para su desarrollo. Posteriormente Cuba es recuperada por los españoles, quienes retienen en su dominio a la isla hasta fines del siglo XIX, siendo la última colonia hispánica en independizarse. El Gobernador Tacón (1835) emprende la mayor transformación del conjunto urbano a partir de la implantación de diversas obras públicas como mercados, teatro, paseos, etc. Las murallas comienzan a ser demolidas a mediados del siglo XIX y dan paso a un largo proceso de desplazamiento de la

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centralidad «extramuros» hasta las primeras décadas del siglo XX. El nuevo eje de desarrollo urbano, se concentra en la traza defensiva, a la manera de un «ring», definido por el Paseo del Prado, potenciando el desarrollo del área aledaña: Centro Habana. El Plan Director de Forestier (1926-1930), derivado del modelo haussmaniano, si bien no plantea demasiadas indicaciones para el casco histórico, excepto la restauración de tres plazas y de algunos edificios significativos, indirectamente, al potenciar el traslado definitivo del centro simbólico y monumental, salva a La Habana Vieja «de su definitiva destrucción» (SEGRE, 1989) tal como se verifica en la época en varias capitales latinoamericanas. A partir de la década del 30, el núcleo colonial sufre un progresivo abandono que, hacia mediados del siglo, implica la decadencia residencial, debido al traslado de los sectores sociales de mayores recursos. De este modo, comienza un proceso de precarización del hábitat central, convirtiéndose muchos de los antiguos palacios o casonas en casas de alquiler o «ciudadelas». Por otra parte, la función bancaria y financiera se potencia notoriamente en el área central, lo mismo que la industrial en las proximidades del área portuaria. En 1955, P. Lester Wiener, J. L. Sert y P. Schultz elaboran un Plan Director bajo los postulados del urbanismo moderno, hecho que incluye la apertura de vías rápidas de circulación, la demolición de veinte manzanas coloniales y la construcción de un centro financiero, comercial y hotelero inserto en amplias zonas verdes. A partir de la Revolución Cubana (1959), además de quedar sin efecto este Plan Director, se comienzan a desarrollar una serie de planteos para la intervención en el área, tendientes a la «conservación y recuperación de los valores ambientales en el medio urbano y rural» (SEGRE, 1989), a pesar que por entonces la prioridad estaba dada fundamentalmente en el interior del país, sobre todo en aquellas regiones de menor desarrollo. Entre 1960-70, el problema del área histórica se evidencia en la necesidad de restaurar ciertos monumentos significativos, así como en las deficientes condiciones habitacionales, infraestructurales y sociales del sector.

La declaratoria de La Habana Vieja como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO, 1982) incorpora campañas internacionales para su intervención y recuperación, así como la creación del Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, que junto a la Dirección Provincial de Planificación Física y Arquitectura, elabora los primeros «Lineamientos Generales para la recuperación del centro histórico». La Oficina del Historiador (OH) se conforma hacia 1938, con el antecedente desde 1925 del cargo de Historiador de la Ciudad, en manos del Dr. Emilio Roig de Leuchsenring. Si bien en un inicio centra su accionar en la recuperación y protección de edificios monumentales, posteriormente lo amplía al patrimonio intangible (carnavales y comparsas habaneras) y a todo el conjunto del centro histórico, consolidándose como una de las pocas instituciones que, luego de la revolución, mantiene sus objetivos e incluso se intensifica, al pasar a manos de Eusebio Leal en 1964. La sostenida crisis que comienza en los años 90 con la caída del bloque socialista y la instauración del «Período Especial», demora la concreción de las propuestas y profundiza la precaria situación del centro histórico. Es entonces cuando la OH adquiere un rol protagónico a partir de las atribuciones otorgadas por el Decreto 143, mediante el cual se la habilita a centralizar y agilizar la toma de decisiones en torno a la intervención, permitiendo el establecimiento de actividades económicas de diverso tipo, así como el cobro de una tasa impositiva específica a empresas productivas enclavadas en su territorio. De este modo, se plantea un nuevo modelo de gestión, que implica una modalidad alternativa de obtención de recursos para la rehabilitación, hasta entonces dependiente de los escasos fondos erogados por el gobierno municipal o nacional. La OH, con el apoyo técnico y financiero de la AECI, concibe entonces en 1994 el Plan Maestro para la Rehabilitación Integral de La Habana Vieja. En este marco, se elabora el Plan Especial de Desarrollo Integral (PEDI), en un intento por conciliar lo que hasta el momento había sido el principal accionar de la Oficina —la protección y rehabilitación patrimonial, a través de la designación primigenia del sector como «zona priorizada para la conservación» (1993)— con

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Fig. 3. La Habana. Plaza de San Francisco, 2006.

Fig. 4. La Habana. Calle, 2006.

la integralidad de un desarrollo económico autosustentable —a partir de su consideración como «zona de alta significación para el turismo» (1995)—, y de desarrollo social —en términos de concretar un hábitat digno—, es uno de los aspectos más ambiciosos y novedosos en la intervención en este centro. En este período, y como parte de ese «desarrollo integral», se trabaja en el mejoramiento de ciertos aspectos deficitarios, como por ejemplo el sistema de salud, la intervención en los espacios públicos centrales o periféricos, el borde costero, la implantación y/o mejoramiento de equipamientos culturales y educativos; así como la intervención «extramuros» con la recuperación del Paseo del Prado y del tradicional malecón habanero. La conservación del carácter residencial adquiere un rol prioritario, incluyendo la participación de la población en la definición y rehabilitación del centro. San Isidro concentra la mayor cantidad de intervenciones en este sentido, rehabilitándose más de un centenar de viviendas sociales, junto al mejoramiento habitacional de unas ochocientas familias, desarrolladas

por la propia OH, los «Arquitectos de la Comunidad», y el apoyo de la cooperación internacional. Un elemento clave de este proceso —desarrollado por una amplia estructura responsable— lo constituye el modelo de gestión, que garantiza la administración y generación de recursos financieros para impulsar la economía local, propiciando la rehabilitación del centro, así como la evaluación de factibilidad de nuevos emprendimientos e inversiones. Otros de los elementos fundamentales para la continuidad del proceso lo da el acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Cuba (1997), que implica acciones de cooperación enfocadas a la prevención de la pobreza y el mantenimiento de la equidad. A partir del mismo, comienza el PDHL (Programa de Desarrollo Humano Local), que comprende áreas de trabajo tales como: desarrollo económico, medio ambiente, educación, salud y, servicios sociales. Asimismo promueve nuevas

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Fig. 5. Montevideo, 1811.

modalidades de operación —en construcción en el caso habanero— pero que implican una accionar articulado entre la cooperación descentralizada y el gobierno local —provincial y municipal—, favoreciendo la toma de decisiones consensuadas y la posibilidad de generar instancias de mayor impacto y continuidad. Sin embargo, la situación del centro sigue siendo compleja. El deterioro del parque habitacional se continúa evidenciando con derrumbes diarios de diversa magnitud. Habana Vieja pareciera encontrarse en una fase donde redefinir acciones tendientes a propiciar la articulación entre desarrollo económico y social, haciendo eje, en la resolución de aquellos problemas nodales del área, que implica sobre todo, resolver las condiciones de habitabilidad de la población residente. La posibilidad de articular la actividad residencial con otros usos —vinculados tanto a las actividades recreativas y comerciales

propias del turismo, tanto como al sostenimiento de los equipamientos educativos y culturales existentes en el área— da cuenta de la diversificación y vitalización del área, potenciando esa característica y tradicional «polifuncionalidad» de Habana Vieja. Por otra parte, implica no descuidar una línea de trabajo que individualiza el caso en el marco de las intervenciones en centros históricos: la estrategia de consolidar un «centro vivo» con la presencia —multiplicadora de usos y funciones sociales— de la vivienda popular.

Montevideo La estructura urbana se desarrolla según un damero orientado a «medio rumbo», sin atender las particularidades topográficas de implantación. La Ciudad Vieja se consolida bajo un esquema de «ciudad

interior», y no de acuerdo a un rol de «ciudad puerto» tal como indicaría su particular localización. La función militar caracteriza el emplazamiento en sus años iniciales, sin embargo hacia el final del siglo XVIII se multiplican los intercambios comerciales, que propician la consolidación del núcleo original, el crecimiento poblacional y la aparición de nuevos usos religiosos y político administrativos. De este modo, «constreñido por las murallas, el centro poblado comienza a densificarse rápidamente.» (DELGADO, 2005) En 1831 comienza la demolición de las murallas y las fortificaciones coloniales, lo cual significa la primera transformación fuerte de la ciudad, con «implicancias tanto simbólicas como territoriales: la demolición de esas murallas, con lo que se privó al Montevideo futuro de uno de sus hitos urbanos más significativos, y se impulsó la delineación de su primer «ensanche». La ciudad absolutista y acotada, se convirtió en ciudad liberal y expansiva» (ARANA, MANZINI, 1998). El trazado de la «Ciudad Nueva» (1836), implica el inicio de una expansión territorial, y una intencionalidad de articulación con la «Ciudad Vieja». Este es quizás el mayor impacto, que inaugura una serie de transformaciones socioeconómicas dadas a lo largo del siglo, debido a la inserción del país en el mercado internacional y el aporte migratorio europeo, que, junto a los desplazamientos internos incrementa notoriamente su población. «A pesar de ello la ciudad vieja siguió manteniendo su prestigio como ámbito residencial, y su importancia cultural, administrativa, comercial y financiera, consolidada por la importancia del puerto» (ARANA, MANZINI, 1998) En las décadas siguientes, reafirma su centralidad aglutinando la vida social, cultural, financiera y comercial, pero hacia 1925, junto a la densificación del área, las poblaciones de mayores recursos comienzan a desplazarse abandonando el centro. Durante los primeros años del siglo XX subsisten las ideas de influencia haussmanianas (Plan Fabini, 1928) pero en la década del 30 se inaugura una fuerte influencia «moderna» en las propuestas para la ciudad. El Plan Director de 1956 evidencia, como en buena parte de las ciudades capitales de Latinoamérica, las influencias de los CIAM, incorpo-

rando nuevas modalidades de organización y configuración física de la ciudad. El desplazamiento poblacional y consecuente abandono y degradación del área central, se torna más evidente a mediados de siglo, y se profundiza hacia la década del 60 y 70. El problema de la vivienda en este sentido, también se torna crucial, promulgándose en 1968 uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo futuro de la temática: la Ley Nacional de Vivienda (13728), que promueve mecanismos de acceso a una «vivienda adecuada» a través de la obra pública, la obra privada y el régimen cooperativo, principal instrumento del «modelo uruguayo» de gestión habitacional. Con la implantación de la dictadura militar en 1973, y la consolidación de fuertes procesos de especulación en torno al suelo urbano, se intensifica la crítica situación del centro histórico, que pierde un numeroso patrimonio, sustituido por obras contemporáneas de valor diverso. La preocupación por Ciudad Vieja, da lugar a la conformación de diversos grupos (Grupo de Estudios Urbanos, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, etc.) que propician un debate social en torno a su degradación y necesidad de recuperación. En este marco se concibe la declaratoria de interés municipal la conservación y protección de la Ciudad Vieja (1982), se constituye la Comisión Especial Permanente Ciudad Vieja, y se establecen líneas crediticias a los efectos de promover operaciones de reciclaje a través del Banco Hipotecario del Uruguay. Estas incipientes cuestiones, movilizan una serie de acciones que «preparan» de algún modo el camino para la recuperación del área. Los inicios de la democracia (1985) y los primeros años de la década del 90, no dan cuenta de mayores transformaciones, sino que profundizan su crítico estado. La degradación edilicia y el vaciamiento poblacional de las áreas centrales, tiene como contraparte una extensión notoria de la mancha urbana resultante, a partir de un acelerado y segregado crecimiento suburbano, que se explica debido al modelo socioeconómico imperante y el retiro del Estado de sus obligaciones sociales básicas. En este escenario, la Ciudad Vieja consolida e incrementa su degradación, manifestándose un paulatino abandono de la inversión y como contraparte la

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Fig. 6. Montevideo. Reciclaje cooperativo, 2004.

ocupación habitacional precaria y tugurizada de edificios de valor patrimonial. Sin embargo, una larga lista de «potencialidades» referidas a su «densidad» simbólica, histórica, así como infraestructural, de servicios y equipamientos, dan cuenta no solo de la necesidad de recuperación del sitio, sino de la factibilidad de la operación. El inicio de una transformación sistemática en la situación del Centro Histórico puede reconocerse con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (1998). Sin embargo, una serie de acciones, anticipan —a partir de desarrollos puntuales— el abordaje integral que hacia fines de siglo caracteriza la intervención en el área, entre las cuales pueden mencionarse: Programa Piloto de Reciclajes Participativos: impulsados a partir de 1990 por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), con la estrategia de recuperar edificios para vivienda en áreas centrales mediante la ayuda mutua y la autogestión. Destinado a sectores de bajos recursos, cuya participación fue nodal al desarrollo de la experiencia,

demuestran la factibilidad del proceso y la posibilidad de replicabilidad del mismo. Una serie de condiciones previas forman parte del escenario que potencia esta línea de acción: las derivadas de la legislación habitacional (la mencionada ley 13.728); la autoconstrucción como una estrategia autogestionada de acceso a la vivienda o a su mejoramiento, y la tradición cooperativista uruguaya, que durante la década del 90 y con el aporte de mano de obra de los propios destinatarios, enfocan su accionar principalmente en términos de «obra nueva» en áreas periféricas. Los principios rectores del accionar cooperativo, basados en su capacidad de organización, las metodologías de ayuda mutua y autogestión, el régimen de tenencia (cooperativas de usuarios), el financiamiento público (en suelo urbano o en la propia compra o cesión de inmuebles) y el asesoramiento interdisciplinario de los Institutos de Asistencia Técnica, son parte de los elementos que apuntalan y viabilizan el proceso uruguayo.

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Fig. 7. Montevideo. Restauración Teatro Solís, 2004.

La cartera de tierras: que la IMM impulsa a partir de 1990, es otro de los antecedentes destacables, a partir de la compra de inmuebles o parcelas a los fines de promover la construcción o rehabilitación de los mismos, destinado al asentamiento de familias de escasos recursos en áreas centrales, en condiciones adecuadas de habitabilidad. En esta misma línea, el Programa de Gestión de la Propiedad Municipal, persigue la recuperación de inmuebles o parcelas de propiedad municipal para su refuncionalización en clave residencial, y la relocalización de actividades administrativas en otras áreas urbanas. Esta serie de acciones puntuales, dan paso posteriormente a la definición de líneas de intervención, articuladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T., 1998) que enmarca las acciones que se instrumentan en la ciudad capital, y llevan a definir para el centro histórico el «Plan Especial de Ordenamiento, Protección y Mejora de Ciudad Vieja». En el mismo, se establecen las pautas y

grados de protección, así como las regulaciones y promociones de intervención que rigen a específicos programas de actuación. Un paso más adelante en la consideración de una estrategia integral de intervención, se da con la implementación del proyecto de la IMM: «Ciudad Vieja Renueva», complementando el mejoramiento y rehabilitación urbano arquitectónica, con programas que promueven la integración social. Se desarrollan una serie de políticas y programas de desarrollo local a partir de los recursos intrínsecos, promocionando acciones que garanticen la multifuncionalidad del área y la coexistencia de diversos sectores sociales. En este sentido, cabe mencionar el apoyo y promoción de emprendimientos turísticos y culturales; el desarrollo de capacidades en la población para la inserción laboral (escuela taller, becas laborales, cursos de capacitación, asistencia a micro y pequeñas empresas, etc.); y el Programa de rehabilitación del espacio urbano, a través de actuaciones de restauración de fachadas y espacios públicos, así como

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Fig. 8. Buenos Aires, 1593.

—incluso— operaciones de restauración del patrimonio monumental. El centro histórico montevideano, se vislumbra de este modo como una de las alternativas que evidencian la factibilidad de la promoción de estrategias integrales de intervención en un centro histórico. Una sostenida continuidad y decisión política por parte de la intendencia en torno a la rehabilitación y repoblamiento del área, y como ya se mencionara, la experiencia organizativa y gestionaria de las cooperativas uruguayas avalada por una adecuada legislación, así como la presencia de un equipo de técnico político comprometido con su recuperación desde diversos ámbitos, parecieran explicar las concreciones en un centro histórico con una consolidada, evidente —y promovida— dinámica urbana.

Buenos Aires Santa María de los Buenos Aires en su segunda fundación (1580) se define con un damero tradicional, constituyéndose en un ejemplo del «modelo clásico de la ciudad hispanoamericana» (HARDOY, 1982), organizada en torno a una Plaza de Armas excéntrica, según lo dispuesto por las Leyes de Indias para las ciudades costeras, y rodeada por los edificios más representativos del poder económico y político. La voluntad expansiva y casi ilimitada de la cuadrícula en un vasto territorio pampeano, así como los procesos de «modernización» que caracterizan su historia urbana, configuran y caracterizan la particular idea de «centro histórico no consolidado» (WAISMAN, 1980). El mismo, es definido como un espacio urbano que contiene elementos de alto valor patrimonial —en general de tipo monumental— pero cuyo tejido se define con una débil homogeneidad, en comparación

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Fig. 9. Buenos Aires, 1822.

con la de otros centros latinoamericanos, que evidencian una solidez de imagen y paisaje. El rasgo característico es la coexistencia de diversos procesos que definen un trazado urbano colonial al cual se le superpone la modificación, sustitución y renovación edilicia propia de los procesos de «modernización». Luego de una precaria consolidación del núcleo fundacional, es a partir de 1810 y hasta mediados de siglo, cuando se desarrollan las primeras acciones tendientes a la ruptura de la imagen y la homogeneidad colonial. El año 1880 marca un punto de inflexión, desarrollándose este cambio a un ritmo vertiginoso. En la articulación entre el XIX y el XX se evidencia la mayor transformación urbana, que prefigura la imagen de «progreso» a partir de la adopción de modelos exógenos y una expresa voluntad de

prescindir de la imagen hispánica precedente. Por otra parte, el soporte urbano también se transforma, con la superposición de ejes viarios jerarquizados a la manera de las teorías urbanísticas europeas y norteamericanas de la época, desarrollándose una serie de emprendimientos infraestructurales o de servicios y monumentalizándose el tejido del área. La producción agropecuaria de la región pampeana, la creciente importancia de la ciudad como puerto y centro de intercambio comercial de ultramar, el rol del país en el mercado mundial, la afluencia inmigratoria, entre otros aspectos, se constituyen en las principales causas que sostienen las transformaciones urbanas operadas en Buenos Aires. Las primeras décadas del siglo XX continúan dichas transformaciones: la apertura de las Diagonales, la

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jerarquización de ciertos viarios, el aporte de la arquitectura ecléctica y las influencias italianizantes, al que se suman los modernismos y pintoresquismos y, hacia la segunda década del XX los primeros ejemplos decó y racionalistas. En los años 30, el centro sigue incrementando su densidad edilicia y poblacional, mientras que una incipiente expansión, carente de planificación, consolida el «Gran Buenos Aires». Los planteos del urbanismo corbusierano también se hacen presentes en la ciudad y específicamente en el centro histórico (Plan para Buenos Aires, 1937). Muchas de las imágenes proyectadas por este modelo, se concretan en las décadas siguientes, con la implantación de torres que definen la imagen de la city financiera porteña. A partir de 1976, durante la dictadura, esta situación se intensifica, acompañada por una serie de obras públicas tendentes a potenciar el atravesamiento viario de la ciudad, impactando con particular intensidad en el área central. En este período, se consolida un urbanismo normativo, que propicia la inversión privada y la especulación, siendo la destrucción del patrimonio un signo característico del período, hecho que no se modifica sustancialmente con la recuperación de la democracia en 1983. Los años noventa y la exacerbación de las políticas neoliberales, derivan en una cada vez más significativa polarización social, mientras que en el plano de la intervención en la ciudad, el mercado y los grupos de poder monopolizan las decisiones. Puerto Madero se convierte en el ejemplo paradigmático: la rentabilidad como objetivo final se apoya en la recuperación de un frente portuario degradado y obsoleto, bajo nuevas lógicas de gestión: la idea de una «corporación mixta» movilizadora de procesos de renovación urbana, asociada a la rentabilidad del área, tanto en términos inmobiliarios, como vinculada a la actividad turística y recreativa, bajo la forma de «contenedores» de la oferta hotelera, de oficinas y residencias de alto standard. Otra de las estrategias de intervención en el área, se plantea a partir de «modelos» procedentes de la cooperación internacional en relación a preservación y restauración urbana. A la estrategia del PRAM (Programa de Rehabilitación de la Avda. de Mayo, 1990), se incorpora la recuperación habitacional de la Manzana de San Francisco, a partir de un convenio

entre el Gobierno de la Ciudad y la Junta de Andalucía. La rehabilitación habitacional a partir de la movilización popular y la gestión comunitaria, también se hace presente en el área central, protagonizada por ocupantes de casas tomadas, inquilinos en condiciones de extrema precariedad, equipos técnicos y cooperativas de vivienda, a partir de la conformación del MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, 1990). Estas experiencias —procedentes tanto del accionar del mercado «renovador», la restauración patrimonial, o de la producción social del hábitat— se generan independientemente de programas de actuación definidos y de forma más bien fragmentaria. En 1996, junto a la designación de Buenos Aires como ciudad autónoma, se determina la elaboración de un Plan Urbano Ambiental, con el objetivo de definir un modelo territorial consensuado y el compromiso de construirlo. Entendido como un «instrumento dinámico» en permanente posibilidad de revisión, plantea una serie de hipótesis de desarrollo de la ciudad, atendiendo principalmente las urgencias urbano-ambientales de las áreas de mayor nivel de precarización, a la vez que propicia el posicionamiento de la ciudad en términos «competitivos» en la red de ciudades globales. En base a dichas metas, se plantea el Programa de Ordenamiento del Área Central, tendiendo a: limitar el crecimiento del área administrativa y de negocios sobre áreas consolidadas, promover la residencialización a través de la reconversión patrimonial, peatonalizar la «city» financiera y orientar la extensión sur. Sin embargo, muchos de estos objetivos, tienden a conformar un escenario inverso: la consolidación del patrón de segregación socioespacial con la gentrificación en el área sur en general y en el centro histórico en particular, sin que se haga referencia —con la especificidad que el tema requiere— al acceso al suelo y la vivienda de sectores de menores recursos en el área. La elaboración del Plan de Manejo del Centro Histórico, se desarrolla con el objetivo de «preservar los valores históricos, culturales, urbanísticos y arquitectónicos para mantener vivo este singular sector», e incluye dos aspectos centrales: la normativa urbanística y el proyecto urbano, considerando por primera vez ambas cuestiones en el abordaje y la intervención

en el centro histórico y su intervención. La intervención indirecta se promueve con el establecimiento de un nuevo distrito en la zonificación urbana: las APH (Áreas de Protección Histórica, 1992), que establecen no sólo la protección del patrimonio urbano arquitectónico sino la regulación de la intervención del sector. Por su parte, la intervención directa se consolida con proyectos tales como: conservación y puesta en valor de edificios patrimoniales, mejora ambiental del espacio urbano; equipamiento comunitario, entre otros. Asimismo, se complementa con la promoción de la recuperación de la memoria urbana y ciudadana; la concientización y divulgación del Patrimonio; el Programa Escuela Taller, y el Programa de Consolidación Residencial. El centro histórico porteño es un área de indudable vitalidad, con un alto valor significativo y simbólico y una plurifuncionalidad evidente. Las acciones de recuperación y mejoramiento urbano dan cuenta de un proceso prolongado en el tiempo, con instrumentos y estrategias de intervención que han ido adquiriendo complejidad y diversidad en su implementación —sobre todo en la articulación entre instrumentos propios del patrimonio o la restauración y de la planificación urbana—. Sin embargo, una serie de factores se constituyen en elementos preocupantes a la hora de intentar una síntesis de los procesos desarrollados. Entre ellos, se destaca el preocupante y paulatino proceso de gentrificación, caracterizado por la expulsión de la población residente (generalmente de escasos recursos) hacia zonas periféricas, debido al desarrollo de «procesos de renovación urbana», con la transformación del área central en un escenario cualificado o «renovado» para el consumo y el turismo.

Ensayando una clasificación: la intervención en los centros históricos y el rol de la vivienda y el espacio público La Habana, Montevideo y Buenos Aires, evidencian una serie de estrategias verificables en otros centros históricos latinoamericanos, en las cuales se entrecruzan conceptualizaciones originadas en las normas y cartas mencionadas, en las políticas urbanas implementadas, en nuestras complejas realidades socioeco-

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Fig. 10. Buenos Aires, San Telmo, 2006.

nómicas, y en la presencia de actores que con diferente grado de ingerencia intervienen en dichas áreas. En este sentido, y «ensayando» una clasificación, se propone una aproximación clasificatoria, que permita evidenciar ciertas «tendencias dominantes» en el proceso de intervención: Las operaciones turísticas Los primeros intentos de recuperación de los centros históricos en Latinoamérica fueron alentados por la experiencia europea de turismo cultural, en una especie de traslación de «modelo exitoso» en nuestras latitudes, y algunos ejemplos que resultan paradigmáticos en este sentido: San Juan de Puerto Rico, Antigua Guatemala, o Cusco. En ellos se evidencia que «la intervención en el patrimonio cultural, que constituía la base operativa del proyecto turístico fue concebida de una manera singular sobre unos «monumentos» aislados sin considerar sus condiciones en la ciudad más allá de una descripción del denominado circuito turístico» (GUTIÉRREZ, 1990).

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Fig. 11. Cartagena de Indias, 2006.

Las Normas de Quito plantean claramente su restauración con dicho destino: «los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse con los interese turísticos y, lejos de ello, la mayor atracción que conquistan los monumentos y la afluencia creciente de admiradores foráneos, contribuyen a afirmar la conciencia de su importancia y significación nacionales». Pero el desarrollo de las experiencias citadas demuestra la insuficiencia del planteo, evidenciándose en las ya mencionadas Conclusiones de Quito (1977), en las cuales se parte de analizar el estado de los centros históricos latinoamericanos, caracterizados por una fuerte movilidad y segregación social así como la presencia alternada tanto de ocupaciones tugurizadas con un alto índice de hacinamiento, como un abandono de las mismas por sus residentes tradicionales. En este sentido, plantean que «ha habido hasta

ahora conciencia universal de que los llamados centros históricos debían preservarse por su valor cultural y turístico; a ese efecto, los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y privadas han hecho esfuerzos considerables en materia de restauración y conservación, aislados a veces, por razones turísticas de coyuntura política o conmemorativa y de catástrofes naturales, aplicando criterios limitados que van desde la conservación de monumentos aislados hasta maquillajes escenográficos». El costo de estas operaciones «renovadoras» fue la expulsión de la población de menores recursos del centro de la ciudad y «tampoco otros sectores de mayores ingresos de la ciudad ocupan el área central sino que ella es puesta en disponibilidad para el turismo. El carácter aleatorio de la oferta turística que es manejada por paquetes desde centrales externas al país receptor, ponía a la vez en evidencia la

endeblez ingenua del proyecto, no sólo de recuperación del patrimonio, sino también del supuesto «desarrollo económico» (GUTIÉRREZ, 1990) Cartagena de Indias, en Colombia, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, demuestra este tipo de objetivos. El centro histórico es intervenido puntualmente como un área «a preservar» e intervenir según una normativa que incluye acciones de restauración y una estricta paleta de colores conformando una imagen urbana homogénea, donde los hoteles, restaurantes y demás equipamientos destinados al turismo, desplazan la actividad residencial hacia las afueras de la muralla. La preservación monumental Esta estrategia requiere de un proceso de selección de objetos emblemáticos a restaurar, ya sea por las expectativas generadas en torno al cambio de funciones (hoteles, centros culturales, etc.) o en relación a la propia capacidad movilizadora del bien (monumentos de carácter religioso, administrativos, etc.). Este tipo de intervenciones determina un accionar donde «el monumento era segregado de la vida comunitaria del área o entraba en contradicción con los propios usos de la ciudad» (GUTIÉRREZ, 1990). Es este aspecto, este abordaje poco integral del problema, el que resulta particularmente negativo para el centro histórico, o en todo caso, «no se discute la conservación restauradora como método utilizable en algunos casos, sino entendida como principio suficiente para resolver el problema de los centros históricos en su conjunto» (BONFANTI, 1980). La participación de técnicos especializados, muchas veces externos a las situaciones locales en las que se produce la intervención, son característicos de este tipo de operaciones, movilizadas por lo general por la acción de la cooperación internacional, quien, ya sea a través de una política crediticia o subsidiaria, impulsa acciones puntuales de restauración, principalmente monumental. La ciudad de Cusco recibe este tipo de intervenciones, aunque muchas veces, este énfasis en la restauración monumental se complementa con acciones destinadas a la recuperación del espacio urbano para el turismo y su explotación. Muchas veces, cuando los ámbitos locales no están preparados para recibirlas, las declaratorias de Patrimonio de la

Humanidad (Cusco, 1983) contribuyen a exacerbar este tipo de procesos, a partir de las inversiones que se suscitan, sobre todo cuando las mismas no cuentan con un marco estatal que encauce dicho accionar. El Plan Maestro (2000) reconoce esta situación como un problema a resolver, sin embargo, sus acciones se centran en la recuperación del espacio público, la relocalización de vendedores ambulantes y otras acciones de protección del patrimonio edilicio y en ese marco, la rehabilitación de fachadas y su imagen urbana. La vivienda El «compromiso social» para la recuperación de estas áreas en el caso latinoamericano, como posicionamiento, como objetivo central en las búsquedas tendentes al desarrollo, partiendo de la consideración de la recuperación de patrimonio cultural como «proyecto americano» es uno de los sustentos teóricos de esta estrategia en Latinoamérica. «Esta articulación entre la preservación del patrimonio y los planes de vivienda, es la única alternativa para un rescate confluyente de valores que responden a estas coordenadas culturales y sociales que son primordiales.» (GUTIÉRREZ, 1990). Son las mismas ideas de alguna manera materializadas que se proponen de modo paradigmático en los inicios del Plan de Bologna (1970) y luego son impulsadas indirectamente en el contexto americano por las Conclusiones de Quito (1977) donde se reconoce «carácter social y viviente de los Centros Históricos» En estas últimas se recomiendan una serie de instrumentos tendentes al desarrollo de políticas de vivienda en los centros históricos, o estrategias de financiamiento (créditos nacionales e internacionales) a los efectos de concretar un accionar en torno a la vivienda popular. «La recuperación de estas áreas que hemos calificado desde una óptica cultural, no puede en Iberoamérica, desprenderse de su desafío social.» (GUTIÉRREZ, 1990). Este desafío significa preservar los valores culturales de nuestros centros históricos, partiendo de mejorar las condiciones de habitabilidad de los residentes de menores recursos. Esta apelación al «compromiso social», demanda en Latinoamérica muchos años para concretarse, dependiendo de contextos políticos favorables a este tipo de estrategias. En este sentido, las mencionadas

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Vivienda y espacio público en centros históricos de América latina

Paola Bagnera

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Los procesos tendentes al desarrollo

Fig. 12. Habana Vieja. Rehabilitación vivienda, 2006.

experiencias de Ciudad Vieja en Montevideo o la rehabilitación de Habana Vieja, se constituyen en ejemplos paradigmáticos en la región, de esta línea de trabajo. Cabe mencionar asimismo, el apoyo a intervenciones de este tipo generadas por la cooperación descentralizada, sobre todo desde la Junta de Andalucía en Latinoamérica. González Tamarit sostiene que la recuperación de estas áreas implica un desafío mayor: actuar con todos los parámetros relativos a apropiadas intervenciones en el patrimonio construido, en un tema lo suficientemente complejo en sí mismo: la vivienda para los sectores sociales de menores recursos. Considera que una de las acciones fundamentales de intervención se centra en la política de vivienda, por sus aspectos multiplicadores: «asegurando la creación de un espacio vivido, socialmente diversificado, favorecedor de la convivencia, con atractivo económico para el comercio, de dimensión suficiente para los servicios», garantizando la permanencia de sectores populares y al mismo tiempo, favorecer una mayor heterogeneidad.» (GONZÁLEZ TAMARIT, 2003)

Como parte de los nuevos criterios y políticas de cooperación para los centros históricos, como resultado del rol asignado a lo local (en lo económico, lo social, lo cultural, etc.) en la implementación de estos tipos de programas, pero sobre todo consolidando estrategias o modelos de desarrollo implementados globalmente, se plantean estrategias de intervención tendentes al desarrollo. Asimismo se propicia la integración de acciones e intercambio de resultados y estrategias de las diversas intervenciones a partir de la constitución de redes o asociaciones internacionales (URBAL, CYTED, etc.). Esta línea pretende generar acciones tendentes a multiplicar el abordaje de la problemática, tal vez respondiendo del modo más integral a esa consideración del «centro histórico», tanto en sus variables físico-construidas, como en sus componentes socio económicos, culturales y simbólicos. La sostenibilidad (ambiental, social y fundamentalmente económica) de la intervención es la preocupación más relevante de este tipo de acciones. Se busca promover cambios significativos en el estado de conservación del patrimonio construido, al tiempo que se intenta mejorar la calidad de vida de la población, apuntando a la generación de estrategias de basadas en la economía local, así como a la diversificación de funciones, destinatarios y usuarios del centro histórico. El reconocimiento de diversos marcos teóricos y conceptuales desde donde se plantean las estrategias de intervención mencionadas, los diversos actores y modalidades de gestión, las preexistencias y particularidades urbano arquitectónicas de cada sitio, implican miradas particulares, pero no excluyen la necesaria consideración de problemáticas comunes que los vinculan. La promoción, el debate y el intercambio de experiencias en este sentido, se constituye en un hecho de indudable valor y creciente necesidad en el caso latinoamericano.

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Créditos imágenes 1 2 3 4 5

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