La sociedad de control

capitalismo que China efectuó hace unos años concluirá con una petición masiva de libertad en aquel país. La realidad es muy diferente. El monocultivo económico y cultural que se impone a escala global, lejos de llevar la democracia a los países que se incorporan a este mercado común, como China, exige un debilitamiento de nuestros derechos sociales y civiles que permita que el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial tengan un margen de maniobra para presionar a los países que se incorporan al mercado internacional con el fin de imponerles condiciones previas a su entrada.

La falsa promesa de llevar la democracia a otros regímenes está siendo utilizada para debilitar nuestras democracias. Esto es lo que sucede cuando decisiones importantísimas para el desarrollo de nuestras vidas son dictadas por entidades cada vez más lejanas y sobre las cuales el pueblo no tiene poder, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea.

Así sucede cuando el FMI decide qué país será sancionado por no reducir el gasto público, y es así cada vez que la Comisión Europea aprueba una nueva directiva que exige regular, o liberar, sectores en todos los países miembros de la UE. A la Comisión Europea, la institución con más poder de la Unión Europea, cuyos miembros ­los comisarios­ desempeñan el papel de «ministros europeos» para cada ámbito, no la elige el pueblo democráticamente.

Sin embargo, la Comisión Europea dicta las normas para liberalizar los mercados y tiene poder para vetar las resoluciones parlamentarias, que son las únicas votadas por representantes elegidos democráticamente.

De hecho, la Comisión tiene tendencia a ignorar estas resoluciones cuando son contrarias a su voluntad, como en el caso de las patentes de software, cuya introducción y legitimidad ha rechazado el Parlamento en más de cinco ocasiones. Ante cada rechazo, la Comisión Europea ha reaccionado iniciando los trámites para un nuevo intento de introducción de dicha normativa. Ante cada rechazo, la Comisión Europea utiliza sus poderes autárquicos para 191