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sociales en torno a productos del mercado global. Junio 2013
Julio, 2016
EDITORIAL
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e agudiza la crisis en nuestro continente, de la mano de una contraofensiva imperialista que va recobrando posiciones geopolíticas. Este momento, de reacción del capital y las oligarquías y burguesías nacionales, se apoya en muchas de las debilidades de los procesos populares y progresistas de la última década, pero también en la crisis internacional del capitalismo. Una crisis estructural que combina la crisis financiera con la crisis alimentaria, climática y energética. Sin que el capital y sus intelectuales avizoren alguna solución, está claro que el capitalismo no puede resolver los problemas de la humanidad; por el contrario, al ser la acumulación su único parámetro, el destino parecería ser el fin de la humanidad, si no logramos derrotarlo.
Esta tendencia no fue combatida por los gobiernos populares, sino más bien agudizada, lo que significó una alta dependencia del dólar como moneda necesaria para satisfacer ese consumo. Esta fue la excusa perfecta para profundizar esquemas extractivos, basados en monocultivos de commodities para la exportación. Por supuesto que existen innumerables conquistas de los sectores populares en estos años, en el sentido de recuperar el rol de los Estados, en cuanto a la distribución del ingreso y el desarrollo de políticas sociales que mitigaron el hambre, fortalecieron el trabajo y el poder sindical para las negociaciones salariales. Avanzamos en educación y salud, y dimos pasos históricos en la construcción de la UNASUR y la CELAC.
La caída de los precios de los commodities tornó inviables los modelos basados en un neodesarrollismo dependiente del capital transnacional y que estructuraban ciertos acuerdos con parte del capital financiero y las burguesías nacionales. La falta de Reformas Agrarias y procesos de democratización de la tierra, así como de construcción soberana de mecanismos de comercio internacional bajo control estatal y democrático, sumado al alto protagonismo de las corporaciones transnacionales en las economías de la región, constituyen algunos de los talones de Aquiles de estos procesos progresistas junto a la falta de protagonismo y movilización popular en muchos casos. Nuestros pueblos, tras la ola neoliberal de la década de 1990, adquirieron nuevos patrones culturales de consumo, que tienden a establecer necesidades en todas las capas
La firma del cese del fuego y el avance del proceso de paz en Colombia, son pasos muy importantes para la región, y cabe recordar que se inició gracias a la UNASUR y el rol de Néstor Kirchner para propiciar el diálogo entre Hugo Chávez y Santos en torno a la paz. Aunque, en un conflicto que tiene su origen y causa en la desigualdad frente al acceso a la tierra y la violación a los derechos campesinos, difícil pueda sostenerse la paz sin transformar esa situación mediante una profunda Reforma Agraria.
Sin embargo, la integración económica desde una perspectiva popular fue muy poca, el Banco del Sur nunca se puso en funcionamiento y la participación de los movimientos sociales y sindicales en los procesos institucionales de integración fue casi nula. Incluso el intercambio comercial entre países de la región estuvo mediado por las transnacionales. El maíz, por ejemplo, que Argentina le vendía a Venezuela, era vía Cargill, y este lo vendía al doble de lo que pagaba.
La situación de ofensiva de la derecha se complementa con una fuerte escalada de la criminalización y la violencia contra militantes y dirigentes sociales, que en el campo se agudiza con detenciones arbitrarias y asesinatos que se vienen sucediendo en todo el continente. En este contexto, los desafíos de los movimientos populares son grandes. Por un lado, una derecha que se hace del poder institucional, pero que no tiene un proyecto que resuelva los problemas de las mayorías; por el otro, los pueblos que solo con movilización y lucha podremos retomar la ofensiva, pero para ello es importante también construir y consolidar un proyecto popular, que no puede limitarse a la distribución social del ingreso, sino a democratizar la tierra y los medios de producción, en función del bien común. Se hacen más necesarios aun el internacionalismo y la solidaridad, pues es fundamental articular una fuerte respuesta continental a las agresiones imperialistas.
El imperialismo fue perfeccionando su método de “golpes blandos”, que comenzó a utilizar para derrocar a Manuel Zelaya en Honduras, luego a Fernando Lugo en Paraguay y por último a DilmaRousseff en Brasil. Estos golpes a la democracia se han producido articulando a los medios de comunicación de masas junto al poder judicial (ambos históricamente de una subordinados al capital sobre la construcción de una idea de corrupción generalizada y la necesidad de cambio. A esa situación se suma la derrota del kirchnerismo en Argentina y la situación grave en Venezuela en torno a la guerra económica también impulsada desde el Imperio. El golpe en Brasil, es también un golpe a los BRICS y al Mercosur, y parte del esquema de disputa entre Estados Unidos y China. Nuevamente los Tratados de Libre Comercio pasan a ser parte del recetario liberal, siendo la Alianza del Pacífico una reedición del ALCA para el actual escenario.
En ese sentido se torna estratégico el proceso de articulación que hoy nuclea a la CLOC-LVC, la CSA, MMM, ATALC; Jubileo Sur, Alba Movimientos, en torno a movilizar y generar un proceso deformación y educación popular, en contra de los TLC, y en defensa de la democracia y la integración desde la perspectiva popular. Esta campaña plantea que el 5 de noviembre, en el aniversario de la derrota al ALCA, los pueblos del continente movilicemos en todos los rincones. La unidad se hace necesaria, allí donde no existen antagonismos, debe imponerse el diálogo para la acción unitaria. La formación política y la construcción de métodos y medios de comunicación de control popular se hacen imprescindibles, así como la regulación de los monopolios mediáticos.
Por Secretaría Operativa de CLOC LVC.
ESPECIAL La reacción conservadora y neoliberal se apoya en la violencia contra el campo popular y la criminalización de la lucha social
C
omo ya fue señalado, la democracia y los procesos progresistas atraviesan crisis y golpes con nuevas características. El capital financiero y las oligarquías locales, coordinadas por las embajadas de Estados Unidos, construyeron un proceso destituyente basado en ejes comunes en toda la región: El control de los medios masivos de comunicación, el control del poder judicial corporativo, el sabotaje económico y el abuso discursivo de supuestos hechos de corrupción.
La coordinada combinación de estos factores, sumado a los errores y debilidades de los procesos populares y progresistas, desencadenaron en el avance de la derecha en la región, ganando elecciones como en el caso de Argentina, o provocando golpes institucionales como en el caso de Brasil, este último con un método perfeccionado luego de las experiencias de Honduras y Paraguay. No parece ser casual que los golpes institucionales se den únicamente contra gobiernos progresistas. Estas derechas, tienen un problema fundamental para lograr perpetuarse en el
poder, y es que carecen de proyectos que puedan contener a las mayorías, esto agravado por la crisis financiera internacional y la recesión del capital a nivel global. Su gran preocupación entonces pasa a ser la gobernabilidad, frente a situaciones de pobreza y desigualdad en el continente, que se pueden convertir en un polvorín, de no existir un Estado presente y con recursos para asistir a los más humildes y excluidos Para la derecha, se hace prioritario el ingreso de “inversiones” extranjeras, y en general, el capital apuesta a una división internacional del trabajo y la producción en la cual en nuestra región solo invierte en procesos extractivos de materias primas y bienes naturales. De esta manera, vivimos una nueva ofensiva del capital sobre los territorios campesinos indígenas del continente, se agudiza la disputa entre el agronegocio y la agricultura campesina, y las corporaciones mineras intentan avanzar sobre el agua y los territorios campesinos y de pueblos originarios. Se vuelven a instalar los debates sobre leyes de semillas y agrotóxicos favorables a las transnacionales junto con campañas a favor de los tratados de libre comercio y la alianza del Pacífico. En ese contexto, las leyes antiterroristas y distintas concesiones anteriores a las presiones del imperialismo, se convierten en herramientas represivas indispensables para la derecha, pues, una de las grandes resistencias a este proyecto neoliberal son las comunidades y organizaciones
campesinas indígenas que continúan en la firme defensa del territorio y la naturaleza. La violencia es la respuesta inmediata, en sus diferentes formas, sea desde las fuerzas represivas del Estado que actúan directamente contra los campesinos y pueblos originarios, sea que el Estado “libera las zonas de conflicto” para que paramilitares o grupos armados y matones hagan el “trabajo sucio”. La represión va acompañada de acciones del resto de los dispositivos mencionados. Los medios masivos de comunicación intenten deslegitimar a las organizaciones campesinas y de derechos humanos, convirtiendo a las víctimas en victimarios, el Poder Judicial actúa en consecuencia procesando y acumulando presos políticos y referentes campesinos indígenas empiezan a ser detenidos con causas armadas, sin pruebas y violando los tratados internacionales.
La situación exige mayores esfuerzos organizativos. De entre ellos, varios desafíos: en primer lugar, el trabajo de base debe ser la tarea prioritaria, organizando a las comunidades para la resistencia, planificando la autodefensa y protección de la vida, en todas las acciones de defensa y recuperación de territorios. También está la consolidación de los colectivos jurídicos, que puedan acompañar a las comunidades en lucha, y la articulación de esfuerzos en los medios alternativos de comunicación para poder romper el cerco informativo y la mentira de los grandes medios.
Los casos no pueden resumirse en este artículo, son miles, desde Guatemala y Honduras, pasando por Paraguay, Colombia, Brasil y Argentina los casos más escandalosos, aunque se dan en todo el continente. Mientras escribimos este artículo nos llegan noticias como la del triste asesinato de otra compañera de COPIHN en Honduras; la de una comunidad de Santiago del Estero del MNCI, donde 30 matones armados incendiaron varias casas, y de un desalojo en Paraguay de una comunidad campesina sin tierra perpetrado con comandos de choque.
El proceso de la Declaración de Derechos Campesinos adquiere también un carácter estratégico y debemos hacer grandes esfuerzos por instalarlo en los debates locales y nacionales, así como los diferentes tratados y convenciones internacionales que reconocen y amparan nuestros derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Para estos procesos es muy importante fortalecer las alianzas con todos los organismos de derechos humanos y articular demandas conjuntas y presiones internacionales. La solidaridad y el internacionalismo son también principios que deben destacarse, así como el trabajo mancomunado para
construir brigadas internacionalistas de solidaridad allí donde la lucha lo requiera. La articulación continental de las luchas continúa siendo un gran desafío, y en ese contexto, el lanzamiento de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo nos marca un camino posible, de unidad y acción de carácter continental. Para la reconstrucción y contraofensiva popular en el continente, se hace fundamental intensificar esfuerzos de diálogo y unidad con todos los sectores populares, los sindicatos, la economía popular, los cuentapropistas y estudiantes. Esta unidad, si bien en la resistencia es unidad de acción, en la ofensiva debe ser una unidad programática, que apunte a fortalecer un proyecto popular unificado que dé contenido a las batallas políticas que se avecinan.
En esos debates, no cabe duda de que la Reforma Agraria Integral y Popular y la Soberanía Alimentaria son dos elementos centrales para constituir un proyecto democrático y popular en nuestro continente, y que fueron además dos grandes déficit de los gobiernos populares y progresistas.
Contra el capitalismo y por la soberanía de nuestros pueblos, ¡América unida sigue en lucha!
REGIONAL REGIÓN ANDINA
Colombia: La unidad de un pueblo que quiere paz
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n Colombia, como en la mayoría de países de Latinoamérica, la represión del gobierno utiliza a las Fuerzas Armadas para amedrantar y criminalizar la justa protesta social. Así sucedió con la Minga Nacional (30/05/16 – 12/06/16), organizada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, para reclamar el incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno durante el Paro Nacional del año 2013. A las masivas manifestaciones que se hacían en territorio colombiano, les fueron
al encuentro las fuerzas militares del Estado a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).Las consecuencias fueron fatales: se asesinó en su propio territorio a tres guardias indígenas: WillingtonQuibarecama, Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz, se hirieron a 181 civiles y se está judicializando a otros tantos. Ante ello, el movimiento campesino, indígena y afro de Colombia ha rechazado los graves atropellos y ha responsabilizado de estos hechos al gobierno nacional. Sin embargo, la Minga Nacional ganó. Ganaron nuestras acciones por construir la
paz y justicia social que nuestro país se merece. Seguramente hay pendientes, pero es indudable que la Cumbre se posicionó como actor relevante y reconocido en el país. Juntos, hombres y mujeres, rendimos tributo a los que dieron su vida, a los que pusieron en riesgo su integridad, a los que creyeron en la unidad, a todos y todas que se levantaron en las madrugadas y prolongaron noches entre decisiones y angustias. Después de 15 días de movilización, el 12 de junio, en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, se firmaron10 actas específicas y una general, entre la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y el gobierno de Juan Manuel Santos. En voz del Ministro del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el Ministro de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, así como otras unidades del Ejecutivo. Garantías para la movilización
Reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios - TCA El Acta 005 señala que el gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la Ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. El acta también señala que el gobierno nacional asume la identificación física y jurídica de las tierras productivas con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra. Finalmente, esta acta señala que “el Ministerio de Agricultura se compromete a gestionar con el DANE [Departamento Administrativo Nacional de Estadística] la inclusión de la categoría „campesino‟ en el censo nacional”, lo cual significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano. Apuestas de paz y autonomías de control social-territorial El gobierno combatirá y judicializará las estructuras paramilitares, protegerá a los líderes sociales e impulsará investigaciones efectivas. Además, se construirá un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz.
En el marco general de los acuerdos, se estableció que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades (…) movilizadas en el territorio nacional”. Además, dentro del Acta 002 se señala que “el gobierno creará una comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”.
Se reconocerá a las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para exigir el reconocimiento similar a la guardia cimarrona y campesina. Se promoverán políticas públicas de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el gobierno nacional. Finalmente, se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social.
Construcción energética
de
política
minero-
evaluaciones de carácter socio- económico de proyectos minero-energéticos.
Un acuerdo importante es “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética”, para constatar su legalidad o proceder a su revocatoria.
Otra novedad y avance de estos acuerdos es la ruta para abordar la relación campociudad, que se inició este 17 de junio entre los representantes de la Cumbre y los ministerios antes mencionados.
Se realizará el Diálogo Nacional Minero Otra novedad y avance de estos acuerdos es la ruta para abordar la relación campo-ciudad, que se inició este 17 de junio entre
Estas actas dan cuenta de una extensa agenda de reuniones y seguimientos a los acuerdos incumplidos desde 2014 y a los nuevos de esta jornada de paro. Por nuestra paz y unidad, nuestras protestas tienen eco porque también tenemos propuestas.
¡Viva la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular! ¡Vivan los campesinos, campesinas, indígenas y afros que labran la tierra y la paz!
REGIÓN CENTROAMÉRICA
Honduras: La utilización del sistema penal para criminalizar la protesta social
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n casi todos los países de Centroamérica, sobre todo los que siguen su proceso político de liberalización hacia la democracia y por la lucha que sostienen los pueblos; por conquistar sus derechos, adquirir tierra para trabajar, entre otros, se sanciona penalmente las protestas. En el contexto de la crisis del modelo neoliberal y frente a los grupos tradicionales de las oligarquías y sus promesas de siempre, Centroamérica enfrenta una nueva ofensiva imperialista que tiene como objetivo la derrota de estos proyectos alternativos y el restablecimiento del viejo orden de cosasbajo la hegemonía del capital transnacional y sus aliados oligárquicos. Tomamos en esta nota el ejemplo claro del pueblo de Honduras, que continúa viviendo bajo las condiciones que se crearon con el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, que destruyó el Estado de Derecho y depuso
un gobierno progresista que se había identificado con los intereses fundamentales del pueblo.
Parte de esta política represiva ha sido el asesinato de Bertha Cáceres, la más destacada dirigente de los pueblos originarios, en su lucha contra el capital transnacional de la industria extractiva que se ha impuesto a través de convenios lesivos a los intereses nacionales, la persecución y el crimen.
Este asesinato, que conmovió a la opinión pública nacional e internacional, continúa impune, por cuanto, si bien han sido detenidos algunos sospechosos, no se ha querido profundizar la investigación para que la justicia pueda llegar hasta los responsables intelectuales ni se ha permitido a los representantes legales de la familia su participación directa en el proceso ni mucho menos la participación de una comisión internacional.
llamados delitos contra la paz pública y contra la Constitución, constituyen la barrera “legal” que el Estado pone a disposición de los procesos de acumulación por desposesión, conscientes de que lo que un pequeño grupo acumula lo hace a costa del empobrecimiento del resto, y por tantohabrá reacciones, lamentó la politóloga Ana Ortega.
Ante lo anteriormente expuesto, el Congreso Nacional está a punto de aprobar un nuevo Código Penal que introduce nuevos delitos, incremento de penas y nuevas figuras legales en ámbitos fundamentales para la vida, la seguridad humana, la convivencia, la subsistencia, la libertad y para la vigencia y respeto de otros derechos humanos fundamentales. “El endurecimiento de penas e introducción de nuevas figuras legales para penalizar los actos de protesta o movilización social en contra de las políticas de privatización, la organización social/popular para rechazar la concesión del territorio y todo lo que en él existe, (aun por encima de tratados y convenios internacionales que protegen poblaciones específicas), la lucha por la subsistencia, como recuperación de tierras o de espacios públicos en general y los
Instamos a la solidaridad nacional e internacional y a los organismos defensores de los Derechos Humanos a mantenerse vigilantes del proceso encaminado por el gobierno de Honduras para aprobar esta nueva reforma al Código Penal, que ya se encuentra en su tercer y último debate.
REGIÓN CARIBE
Puerto Rico: Criminalización de la Protesta, complicidad mediática e institucional ante las luchas populares
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as protestas siempre han sido un instrumento de las luchas populares en los que de manera espontánea u organizada, las bases de los movimientos y articulaciones dejan sentir públicamente su inconformidad ante algún suceso o evento que les afecta.
Hay muchas formas de protesta, siendo las manifestaciones y marchas no violentas las más utilizadas. Muchas de estas terminan siendo reprimidas violentamente por las fuerzas del Estado y sus aparatos represivos.
Pero para los movimientos populares existen otras consideraciones quizás tan violentas como las milicias policiales, estas sin dar golpes o palizas a los protestantes manifestantes. Hablamos entonces de la complicidad de la media, que son estrategias para influenciar y desinformar al pueblo en cuanto a las protestas y los militantes manifestantes.
incurrirá en los estereotipos para crear esa imagen del vándalo, el saboteador y el desestabilizador social, magnificando así esta criminalización. Se desvirtúan las razones de la protesta en favor del amarillismo mediático: en Puerto Rico, pulmón del colonialismo latinoamericano y caribeño, existe solo un periódico de masas y está controlado por la octava familia más rica de Latinoamérica. Este es el instrumento mediático de creación de opinión pública más influyente en la isla. Este astuto medio utiliza una estrategia aún más sagaz, la invisibilización de la protesta. En muchas ocasiones, este medio no cubre las protestas o solo le dedica unas pocas palabras que en contenido son muy pobres pero en línea editorial muy cargadas del lenguaje de criminalización. Entonces esto crea un ambiente de aceptación ante la violencia policial y antipatía contra las protestas. Epítetos como “protestantes profesionales”, “vagos”, “vándalos”, etc., se convierten en las imágenes de la gente y sus opiniones. Si las protestas son estudiantiles o reclamos de las juventudes, rápido los tildan de comunistas o anarquistas y la razón de la protesta se desvirtúa. Más peligroso es cuando supuestas organizaciones de “base” (ONG) condenan las protestas, pues estas quieren caer bien a todos y todas para adelantar sus “causas”.
El poder de la media es vasto y amplio: los movimientos populares de base deben entender este fenómeno y lidiar con el mismo de manera inteligente y certera. No importa cuán pacífica o bien articulada sea la protesta: la media, en función del neoliberalismo y sus agendas, siempre
Recientemente un grupo de campesinos agroecológicos en la isla se manifestó en protesta pacífica contra una conferencia de agro-empresarios en la capital y para sorpresa de éstos, las críticas más severas fueron de organizaciones y grupos que “apoyan” la agroecología y las bases campesinas. Definitivamente, algo raro ocurre cuando las ONG criminalizan a los militantes por realizar sus protestas. Entendemos que esto es mucho más peligroso aunque la misma media. Este fenómeno se repite por toda
Latinoamérica en especial cuando estas organizaciones son infiltradas y cooptadas por la derecha neoliberal en función del capitalismo. En Puerto Rico existe la expresión “callaítos se ven más bonitos” pero para las bases en movimiento siempre preferirán la “fealdad”
de la protesta al silencio cómplice de las zonas de confort. Las protestas no son un crimen. La apatía y la complacencia lo son. Como dicen en Brasil, “si las piedras hablaran, estas gritarían”.
REGIÓN CONO SUR
Brasil: La Justicia insiste en la persecución política a trabajadores sin tierra
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n la tarde del día 7 de junio de este año, la Primera Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Goiás negó el pedido de Hábeas Corpus para el agricultor sin tierra, Luiz Borges Batista, preso desde el 14 de abril, para que pudiese responder al proceso en libertad. El relator de los hechos, el juez Ivo Favaro, dio su parecer desfavorable a los pedidos formulados por la defensa, decisión que fue avalada por otros tres magistrados. Un quinto juez pidió los antecedentes del proceso por no mostrarse convencido por el voto del relator. Esa misma tarde, Favaro también negó el pedido de Hábeas Corpus del geógrafo y militante sin tierra, José ValdirMisnerovicz, preso el 31 de mayo último en Río Grande del Sur, y el de los agricultores Diessyka Lorena Santana y Natalino de Jesus, también procesados. El juicio de los agricultores tendrá lugar en las próximas semanas. De acuerdo con el coordinador estadual del MST en Goiás, LuizZarref, la decisión de los jueces es la prueba de la ofensiva conservadora para criminalizar los movimientos populares: “El posicionamiento de Goiás confirma la acción articulada entre el latifundio local y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para criminalizar al Movimiento Sin Tierra”, destacó.
En estos momentos de recrudecimiento de la lucha de clases en Brasil, el MST ha recibido diversas manifestaciones de apoyo y solidaridad de los movimientos populares nacionales e internacionales, parlamentarios de gobiernos progresistas, centrales sindicales, abogados populares, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Orden de Abogados de Brasil (OAB-Goiás), además del pueblo sin tierra que se mantiene firme y en lucha permanente. Sobre los casos Luiz está preso desde el 14 de abril pasado, en una acción coordinada entre la Secretaría Estadual de Seguridad Pública, comarca de Santa Helena, y el agronegocio local en represión a la acción del MST para acelerar la destinación de las áreas de la Usina Santa Helena de Azúcar y Alcohol, ocupadas por el MST y declarada área pública.
El día 11 de abril, la Secretaría de Estado de Seguridad Pública y Defensa Social (SESP) emitió una ordenanza en la cual establece el régimen de preparación de la tropa militar del Estado durante dos meses para la represión de conflictos urbanos y rurales. Después de eso, el juez ThiagoBoghi, de la comarca de Santa Helena, emitió una orden de prisión preventiva contra los militantes del MST en el Estado. Con sustento en la Ley 12.850/2013, de Antiterrorismo, el juez encuadró la acción del movimiento como la de una organización criminal. Dos días después, el agricultor sin tierra, Luiz Borges, fue apresado. El 31 de mayo, el intelectual y militante de la Reforma Agraria, José ValdirMisnerovicz, quien se encontraba en Veranópolis, en Río Grande del Sur, fue sorprendido por una operación articulada entre la Policía Civil de Río Grande del Sur y de Goiás, que lo apresaron.
cansada del oscurantismo del régimen militar. Antiterrorismo. En dicha nota en parte se leía: “La decisión judicial, por lo que todo indica, fue articulada con el gobierno estadual. Dos días antes [de la aprehensión de Luiz Borges], la SESP de Goiás, había emitido la ordenanza 446 por la que requiere a las Policías Civil y Militar del Estado la preparación por dos meses, para supuesta „protección del orden público y de la paz social‟, para acompañar „posibles delitos en conflictos urbanos y rurales‟. La Secretaría de Seguridad previó violentas manifestaciones en el caso de la prisión de los dirigentes del Movimiento.
En nota pública, el MST denunció lo absurdo que resulta que un movimiento de lucha por la tierra fuese encuadrado por primera vez bajo los parámetros de la Ley de
CAMPAÑAS Solidaridad permanente con presos políticos
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n el Paraguay, desde la caída del gobierno del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989) se ha abierto un periodo extenso conocido como el de la transición hacia la democracia, que no es más que un momento histórico en donde las instituciones del Estado adquieren una tesitura un poco más amistosa con los derechos humanos y entonces crea un orden nuevo basado en la Constitución Nacional (1992), nacida para regir una sociedad
Pero no ha sido fácil a la democracia prender en un terreno abonado con cenizas y rémoras de un pasado duro y reciente. La democracia en Paraguay es aún muy débil, por eso es que se habla de un “stronismo sin Stroessner”. Este contexto se mantiene hasta la actualidad y es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar por qué en una democracia “real”, y enmarcada en el Estado Social de Derecho, existen presos políticos.
Hay dos casos bien concretos que reciben el acompañamiento y la solidaridad permanente de la CLOC-Vía Campesina: el de los Seis Campesinos recluidos en la penitenciaría de Tacumbú y el de las campesinas y campesinos procesados por la masacre de Marinakue (Curuguaty). Ambos giran en torno a la criminalización de la lucha social campesina y esa obsesión profundamente ideológica de coartar todo camino que no se oriente hacia el pensamiento hegemónico en boga. Los Seis Campesinos Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera son dirigentes campesinos y militantes políticos que fueron procesados injustamente, sin más pruebas que la declaración de un testigo comprado por el Ministerio Público para incriminarlos, en el caso del secuestro y asesinato (2005) de la hija del ex presidente del Paraguay, Raúl Cubas. Hace años que sobrellevan una reclusión injusta, primero en una cárcel de Buenos Aires, ciudad a la que fueron a pedir asilo político, y luego en el penal de Tacumbú, en Asunción. Una condena de 35 años de prisión recientemente fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, y de esta ya llevan 10 años cumplidos en Asunción, pero no les han sido computados los 2 años y 7 meses que estuvieron prisioneros en la capital argentina. Todo el proceso está atravesado por distintas irregularidades, desde violaciones a derechos procesales, a derechos humanos y al derecho constitucional a la defensa. Se les condenó, en suma, por su posición ideológica y su condición de pobres. Campesinos Marinakue
y
campesinas
de
Fanny Olmedo, Dolores López, Lucía Agüero, Néstor Castro, Adalberto Castro, Felipe Benítez, Rubén Villalba, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Juan Tillería y Arnaldo Quintana soportan actualmente un juicio nefasto que está llegando a su fin en el
momento de redactar estas líneas. El Ministerio Público los acusa de ser los responsables de la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 en Marinakue, tierras del Estado paraguayo que estaban en afán de recuperar de manos del usurpador, el poderoso clan Riquelme, dueño de la empresa de agronegocio con ropajes de reserva natural, Campos Morombí. Ese día fueron asesinadas 17 personas, 11 campesinos ocupantes y 6 policías en un procedimiento de desalojo, y el Ministerio Público solo investigó la muerte de los policías desde un principio. No hay prueba que sea capaz de sostenerse en pie, ni instrumental, ni científica, ni documental, pero la fiscalía ha imputado a los campesinos por homicidio doloso, invasión de inmueble y asociación criminal, basándose en algunos testimonios de policías para incriminarlos y utilizarlos como chivo expiatorio; ya ha pedido al tribunal, en sus alegatos finales, aplicar penas privativas de libertad que van desde 5 a 40 años inclusive, cosa inédita en el derecho positivo vigente. Violando descaradamente el debido proceso y otras garantías constitucionales y básicas, el Ministerio Público fundó su acusación en divagaciones y generalidades, además de atreverse a cambiar el libreto inicial por ser absolutamente inviable.
Es necesario mencionar que la masacre de Marinakue sirvió de pretexto para tumbar un proceso democrático a través de un golpe de Estado parlamentario, y un año después permitió que el partido conservador que gobernó durante 60 años volviera a usufructuar el poder. Pese a estar lejos de un gobierno revolucionario, el de Fernando Lugo se diferencia con el del empresario Horacio Cartes en la apertura hacia lo social y la dación de mínimos derechos y reivindicaciones al pueblo, hecho que no fue tolerado por los poderes fácticos. El de Cartes, hoy día, es un gobierno de retroceso hacia lo peor de la historia paraguaya en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales y también humanos. Stronismo sin Stroessner ¿Por qué una sociedad que dice estar configurada como un Estado Social de Derecho permite la existencia de presos políticos? En Paraguay, la respuesta es simple: porque como sociedad no se ha superado la etapa anterior –de la dictadura–
y desde las instituciones, la prensa empresarial, el ejercicio del poder y las fuerzas del orden público, continúa un régimen autoritario que castiga la lucha social y la pluralidad ideológica, pese a lo establecido en la Constitución Nacional. A los enemigos de la clase campesina, esto es, los personeros del agronegocio y los expoliadores de los bienes naturales, se suma el invento del “enemigo interno”, que facilita la aplicación de leyes antiterroristas desde los órganos del Estado. En este marco, se acusa al campesino o al indígena que, en comunidad, lucha para defender su territorio y su derecho de vivir según su autonomía. Las instituciones y órganos represores ponen en marcha su engranaje para desalentar las movilizaciones, empobrecer cada vez más a las familias de la agricultura campesina y criminalizar a quienes se organizan para reivindicar el legítimo derecho a la tierra. Tan bien les resulta que al día de hoy existen 117 casos (Informe Chokokue/Campesino, 1989-2013, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay - Codehupy), de muertes de líderes que han sido asesinados desde la instauración de la democracia en 1989; todos estos casos han quedado impunes.
ALIADOS ALAI: Criminalización de la protesta: El poder mediático juzga, los jueces acatan
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n el curso de la historia, el control social se presenta como uno de los factores consustanciales de los diversos procesos de dominación, para tratar de doblegar las luchas diversos procesos de dominación, para tratar de doblegar las luchas populares.
En tiempos recientes, tomando como referencia al Cono Sur, vemos que durante las dictaduras militares se impone un control social autoritario con el uso arbitrario de la fuerza, bajo las premisas de exterminio del enemigo interno establecidas por la doctrina de Seguridad Nacional.
descrédito (para minar el apoyo social) de los actores involucrados.
Con el retorno a regímenes constitucionales, se matiza el uso de la fuerza con la implementación de una diversidad de otros mecanismos, habida cuenta de que se establece un consenso social en torno a la primacía de los derechos humanos. Actualmente, en un contexto donde en la región se asiste a una creciente judicialización de la política, también es ese ámbito que pasa a convertirse en la instancia formal para la “contención” del conflicto social, con la criminalización de la protesta. Decimos formal porque hay un poder fáctico que en los tiempos que corren es gravitante para legitimar tal o cual decisión: el poder mediático, que, por lo general, suele ignorar a las organizaciones y movimientos sociales. Estrategia que se complementa con coberturas espectacularizadas de acontecimientos puntuales que contribuyen a desacreditarlos. Esto es: ocultar los logros y magnificar cualquier aspecto adverso. Sin embargo, cuando el protagonismo popular (momentos de movilización, fuerza organizativa y representatividad social, presencia en el escenario político nacional y/o internacional, etc.) irrumpe de manera tal que el poder mediático ya no puede dejar de contemplarlo en sus agendas informativas, el tratamiento es como si se tratara de un “enemigo a destruir”. Y en tal sentido su arsenal se concentra en la deslegitimación ideológica y política, buscando la división, el aislamiento y el
Para decirlo en palabras de un dirigente del MST de Brasil: la línea de los medios es crear un estigma del movimiento ante la sociedad. “Presentan la imagen de una organización proclive a la violencia y de una organización ilegal, clandestina, antidemocrática. Con eso, quieren crear un imaginario en la sociedad de que es necesario combatirlos y destruirlos. Y hacen eso, desvirtuando, desnaturalizando o desacreditando el verdadero sentido de organización del movimiento”, dice. Este carácter antidemocrático de los medios hegemónicos, que se expresa en sus coberturas informativas parcializadas y la permanente censura a las voces que pugnan por la justicia social, se acrecienta cuando se abren procesos judiciales a militantes involucrados en protestas sociales, pues no esperan que exista dictamen legal alguno para emitir su condena inapelable para que los jueces la acaten, con una estrategia sostenida de “linchamiento mediático”. Fórmula que claramente se puede observar también en el golpe mediático-empresariallegislativo y judicial que está en curso en Brasil.
¡ESCUCHA! Voz Campesina es una producción conjunta de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)-Vía Campesina y Radio Mundo RealAmigos de la Tierra Internacional, donde se repasan los principales temas del movimiento campesino, indígena y social de América Latina. Se trata de un diálogo abierto sobre los desafíos, luchas y problemáticas que enfrenta el movimiento campesino continental. Escúchelo en las páginas de las organizaciones de CLOC-VC y en Radio Mundo Real.
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