C a r a c t e r í s t i c a s d e l a P o l i c í a Ve n e z o l a n a
La productividad de los procedimientos disciplinarios (medidos en términos de proporción entre procedimientos abiertos y cerrados), aún cuando es mucho mayor que en los procesos penales, tendió a disminuir en los últimos años. Así, de acuerdo con los reportes suministrados por las distintas policías, para el año 2000 un 7,83% de los expedientes se mantenía abierto, mientras que se culminaron un 92,7%. Para 2005, 54,04% de los casos eran investigados frente a 45,96% cerrados. Estas cifras estarían señalando una tendencia a disminuir la eficiencia en los procesos administrativos, lo que significaría mayor retardo procesal y mayor impunidad. La impunidad no sólo se evidencia en la falta de respuesta a los casos de infracciones, sino también en la inoperancia de éstas para evitar la permanencia de agentes involucrados en faltas graves dentro de los cuerpos de seguridad. La rotación de agentes expulsados, permitiría que funcionarios sancionados puedan ingresar a otras policías. De acuerdo con la base de datos del SINARDED (Sistema Nacional de Registro Delictivo, Emergencia y Desastre, del MIJ), 754 funcionarios expulsados de otros cuerpos laboran en distintas policías. Además, 1.326 agentes (un 1,7% de la fuerza policial) cuentan con antecedentes penales. En suma, el régimen disciplinario favorece tanto la impunidad frente a las infracciones de los policías, como la arbitrariedad frente a los mismos funcionarios, debilitando su función de control y regulación de la actuación policial. Los mecanismos de rendición de cuenta, en especial el régimen disciplinario, prescriben reglas de actuación en el desempeño policial, reforzando determinadas actuaciones e inhibiendo otras, en la medida en que sancionan desviaciones y definen patrones de conducta aceptable, por lo que la irregularidad y arbitrariedad de su funcionamiento deja sin efecto esta función.
COMISIÓN NACIONAL PARA LA REFORMA POLICIAL
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