Tribuna Popular Nº 3.020

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Se ha impuesto la voluntad del pueblo boliviano p. 6 Órgano del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela

¡EL SOCIALISMO SIGUE SIENDO LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS!

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Año LXXIII

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Edición digital

LA «LEY ANTIBLOQUEO» ES ANTIOBRERA, ANTIPOPULAR Y ANTINACIONAL CARACAS.- «No se trata realmente de una ley antibloqueo, ni su fin es proteger los intereses nacionales y al pueblo venezolano de los nefastos efectos de las medidas unilaterales imperialistas. [...] lo que pretende el Gobierno nacional es justificar y darle visos legales a su política económica entreguista y subordinada a los intereses del capital». Así lo afirmó el Buró Político (BP) del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), al fijar posición sobre la llamada Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, cuyo proyecto fue presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente por el presidente Nicolás Maduro Moros, y que fue aprobada el 9 de octubre. De entrada, el BP reitera que sería absurdo negar «la existencia objetiva de un escalamiento de la agresión política, diplomática, económica y militar del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos contra la soberanía del país. La imposición de sanciones, bloqueos y las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, tienen un evidente impacto en el deterioro de la actividad económica nacional, siendo el pueblo trabajador de la ciudad y el campo el principal afectado con estas políticas injerencistas». Esta agresión extranjera contra el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación y soberanía, en opinión del BP, «debe ser objeto de la más firme condena por parte de nuestro pueblo, así como también las acciones cómplices y serviles de aquellos sectores económicos y fuerzas políticas que se han prestado para solicitar, promover y justificar la aplicación de estas medidas criminales contra el país y el pueblo trabajador». Por ello, el PCV insiste en exigir que el Estado venezolano castigue con todo el peso de las leyes nacionales «a los actores políticos que sirven de títeres a los planes imperialistas contra nuestro país».

Sin embargo, para el organismo de dirección de la tolda comunista, es necesario hacer frente a las agresiones, al bloqueo y a las medidas punitivas imperialistas mediante una acción política coherente con la defensa de la soberanía y el desarrollo de las capacidades productivas propias del país. «En este sentido, hemos expresado que la derrota de la injerencia imperialista pasa necesariamente por construir una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano», afirmó el BP en su declaración. «Debemos manifestar con toda responsabilidad al país, que la ley ‹antibloqueo› propuesta por el presidente de la República, lejos de representar una acción para proteger los intereses de la patria y el pueblo venezolano frente a la agresión imperialista, constituye un grave retroceso que profundizará las vulnerabilidades económicas del país frente a sus agresores externos, al mismo tiempo que traslada aún más el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo en general», continúa la declaración del BP. El contenido de la ley, precisa la dirigencia comunista, es prueba fehaciente de que la política gubernamental tiene un carácter antiobrero, antipopular y contrario a la defensa de la soberanía nacional: «el Gobierno persigue hacer efectiva la entrega de nuestra industria petrolera al capital transnacional; la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de empresas nacionalizadas al sector privado; la apertura al capital monopolista de los sectores económicos estratégicos reservados por la Constitución al Estado venezolano; la venta de activos y empresas de la República al mejor postor; la entrega a los capitales monopólicos de garantías leoninas contrarias a los intereses del país; y la cesión de la soberanía nacional permitiendo que empresas transnacionales puedan demandar a nuestro país en tribunales internacionales». Continúa en la página 3

La APR: por una respuesta revolucionaria a la crisis | p. 2 y 7 Flexibilización de encaje bancario contribuye a dolarización | p. 4 y 8 Trabajadores cuestionan política económica | p. 8 FSM: 75 años de sindicalismo consecuente | p. 7


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TEMAS

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Para construir la esperanza junto al pueblo trabajador

La APR presentó candidatos a la Asamblea Nacional TRIBUNA POPULAR.- Las organizaciones políticas integrantes de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) presentaron el pasado 23 de septiembre, desde el parque El Calvario en Caracas, su lista nacional de candidatos y candidatas para las elecciones a la Asamblea Nacional a celebrarse el 6 de diciembre. La APR se define como un espacio de construcción política amplio, que reagrupa a un importante contingente popular-revolucionario. En palabras de Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), «la APR tiene como objetivo levantar un referente político capaz de impulsar acciones por una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano». El PCV, cuyos símbolos electorales servirán de vehículo para que los votantes expresen su apoyo a la APR en las elecciones de diciembre, fue uno de los promotores originales de esta iniciativa. El evento contó con la presencia de un importante número de individualidades, organizaciones, movimientos sociales y fuerzas polí-

ticas, quienes ratificaron su compromiso con el país y el pueblo venezolano, víctima de las consecuencias de la crisis capitalista agudizada por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos. LA APR PRESENTE EN TODO EL PAÍS Asimismo, el 1 de octubre la APR presentó al pueblo de Caracas sus candidatos y candidatas postulados tanto en la lista regional como en las distintas circunscripciones del Distrito Capital, en un combativo acto en el centro histórico de la ciudad, durante el cual se rindieron honores al Libertador Simón Bolívar de cara a la lucha por recuperar la Asamblea Nacional y convertirla en un espacio para el debate y la discusión política de los problemas más sentidos del pueblo venezolano. En el evento se reafirmó el compromiso de las diversas fuerzas integrantes de la APR con la lucha del pueblo trabajador por su derecho a un salario justo para una vida digna, y por la recuperación de los servicios públicos, afectados

por las sanciones, la ineficiencia en la gestión y la corrupción. La fuerzas políticas y sociales integrantes de la APR están desplegadas en las 87 circunscripciones electorales del país, presentando sus candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, como expresión de un proceso de construcción política sin paralelos en tiempos recientes. En la última semana de septiembre esto se llevó a cabo en Maracaibo, estado Zulia, con la presencia de un contingente de líderes populares de la región, además de sindicatos, movimientos sociales e indígenas. Actos similares se realizaron también en Barquisimeto, San Cristóbal, Cumaná, San Juan de los Morros y Los Teques, entre otras ciudades capitales estadales, y en los próximos días se estarán presentando los candidatos en el resto del país, con el objetivo de continuar reagrupando a las y los trabajadores, comuneros, estudiantes, campesinos, cultores y a todos quienes están convencidos de la necesidad de darle una salida revolucionaria a la crisis capitalista.

La supremacía «WASP» en EEUU ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP Profesor de Literatura

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a composición étnica de la población de los Estados Unidos es cada vez más diversa. En la década de 1930, cerca de 90% de los habitantes de ese país eran blancos, contra menos de 10% de negros y alrededor de 1% de otras razas; pero en la actualidad, hay alrededor de 63% de blancos no latinos, más de 15% de origen latinoamericano, un 13% de afroamericanos, casi 6% de asiáticos, 1% de indígenas, y 3% de origen multiracial. Menor todavía es el peso porcentual de los llamados «wasps» (white, anglo-saxon protestants), un subgrupo minoritario dentro de la fracción llamada blanca, que en la actualidad representa probablemente 12% de la población total. Los wasps han sido siempre un grupo social cerrado, de elevada posición social, de

Fundado el 17 de FEBRERO de 1948 Premio Nacional de Periodismo 2002

origen británico y de religión protestante, que históricamente administró el poder político y económico en EEUU: casi la totalidad de los llamados «padres fundadores» fueron wasps, al igual que la vasta mayoría de los presidentes hasta mediados del siglo XX. En décadas recientes, tanto el peso demográfico de los wasps como su poder han venido en declinación constante. Sin embargo, todavía conservan una influencia social, política y económica desproporcionada, y todavía procuran defender a toda costa su posición privilegiada. Con arrogancia, los wasps han sido paladines en la difusión de ese mito llamado «destino manifiesto»: la creencia de que dios les concedió el dominio sobre la tierra y todo lo que hay en ella. Hay muy pocos casos en la historia reciente de la humanidad de un racismo tan riguroso y sistemático como el que se dio en EEUU bajo la égida de los wasps. No se olvide que el propio

Adolf Hitler expresó su admiración por algunas de las leyes raciales estadounidenses, que prohibían la mezcla de razas y restringían la inmigración de «indeseables». Esta fue una de las raíces del supremacismo blanco que todavía se hace sentir en la vida diaria de EEUU. Las capuchas blancas del Ku Klux Klan, que aterrorizaron por generaciones no sólo a negros sino también a miembros de otras razas y hasta a blancos de origen nacional o creencia religiosa indeseables, pueden haber quedado atrás, pero el racismo estadounidense hoy sigue muy vivo. Así lo demuestran los frecuentes ataques policiales contra comunidades latinas y afroamericanas, los múltiples actos de discriminación contra inmigrantes, o los intentos de evitar nuevas inmigraciones, todo lo cual ha vuelto a agravarse desde la llegada de Donald Trump, un auténtico «neo-wasp», a la Casa Blanca.

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¡Ni bloqueo ni entreguismo! Viene de la primera página Por otra parte, el BP criticó el que se le haya dado un carácter «constitucional» a la mencionada ley, jerarquía legal que no se encuentra tipificada en la Constitución, con lo que se justifica el otorgamiento al Ejecutivo nacional de poderes supremos y absolutos para suspender a su discreción la aplicación de cualquier norma o ley del ordenamiento jurídico vigente que entre en conflicto con «las pretensiones entreguistas de su proyecto». Este hecho, para el BP, «representa en realidad una derogación parcial de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, denunciamos como un acto inconstitucional la aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente de un proyecto de ley cuyo contenido pretende colocarse por encima de la propia Constitución». Adicionalmente, continúa la dirigencia comunista, la ley «antibloqueo» establece la confidencialidad de los actos y contratos con los sectores del capital transnacional, lo cual, además de ilegal, lesiona la soberanía y los intereses nacionales, y crea las condiciones para una agudización de la corrupción en la administración pública, ya que «les garantizaría la más plena impunidad a quienes cometen actos lesivos contra los bienes del Estado, contra los intereses de nuestro pueblo». «Desde el PCV, hacemos un llamado al pueblo venezolano y a todas las fuerzas políticas comprometidas con la defensa de los intereses de la patria, a manifestar su rechazo a la apro-

bación de esta ley antipatriótica y antibolivariana». Todos quienes, ya con su silencio o ya con su aceptación, han avalado la aprobación de esta ley, son, en opinión del PCV, «cómplices de la más vergonzosa entrega de los intereses de la patria venezolana al capital transnacional». Por el contrario, a todos aquellos que se levanten contra esta ley y se coloquen a la vanguardia de la defensa de los intereses del pueblo venezolano, el PCV y la Juventud Comunista de Ve-

nezuela (JCV) les ofrecen su apoyo y acompañamiento en las acciones que se deban tomar al respecto. «Es responsabilidad de las revolucionarias y revolucionarios y patriotas, sumarnos a la campaña nacional para defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, denunciar el contenido de esta ley y demandar su derogación», concluye el órgano de dirección del partido del Gallo Rojo.

Expresan partidos comunistas y obreros

Solidaridad con el PCV y el pueblo de Venezuela TRIBUNA POPULAR.- Los partidos comunistas y obreros del mundo que participan en la edición de la Revista Comunista Internacional han emitido un comunicado en que expresan su solidaridad con el pueblo de Venezuela ante las agresiones del imperialismo, y al mismo tiempo manifiestan su apoyo al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) ante el complejo cuadro político que atraviesa nuestro país en vísperas de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Debe recordarse que la Revista Comunista Internacional es un proyecto iniciado en 2009 con el propósito de responder a la necesidad de comunicación y trabajo conjunto entre diversos partidos comunistas del mundo que tienen posiciones comunes en una serie de asuntos teóricos e ideológicos fundamentales. Entre las organizaciones que han participado a lo largo de los años en el desarrollo de esta iniciativa, se cuentan el Partido del Trabajo de Bélgica, el Partido Comunista de Grecia, el Partido Comunista Obrero de Hungría, el Partido Socialista de Letonia, el Partido Comunista de Luxemburgo, el Partido Comunista de México, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, el Partido Comunista Obrero de Rusia, la Unión de Comunistas de Ucrania, el Partido Comunista de Turquía y el propio PCV. El comunicado de solidaridad, cuyo texto íntegro ofrecemos a continuación, fue emitido tras una teleconferencia realizada el 9 de oc-

tubre con participación de representantes de diez partidos, en la que Oscar Figuera, secretario general del PCV, presentó un informe sobre la actual situación en Venezuela, la política del PCV y la construcción de la APR. Durante el último periodo, la clase obrera y el pueblo de Venezuela han sido el objetivo de los ataques imperialistas de los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y sus gobiernos aliados en América Latina, con la cooperación de las fuerzas reaccionarias locales. Su objetivo es derrocar al gobierno legalmente electo de Nicolás Maduro, golpear la independencia y la soberanía del pueblo de Venezuela, apoderarse de las riquezas naturales del país a favor de los intereses de sus monopolios. Al mismo tiempo, la clase obrera y el pueblo de Venezuela están viviendo las consecuencias de la crisis capitalista exacerbada por las medidas del bloqueo imperialista, con enormes pérdidas en sus ingresos y anulación de conquistas obreras y populares. Cada vez está más claro

que no hay salida de la crisis a favor del pueblo, dentro de los límites del podrido sistema capitalista. En estas difíciles y complejas condiciones, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) lucha intensamente para repeler la agresión imperialista, combatir las políticas reformistas y entreguistas del gobierno, defender los derechos de la clase obrera y del pueblo, e intensificar sus esfuerzos para fortalecer sus lazos con la clase trabajadora, los campesinos pobres y en general con las fuerzas populares y la juventud como condición para poder avanzar hacia un verdadero proceso revolucionario en su país. Los partidos comunistas y obreros que participan en la Revista Comunista Internacional: • Condenamos la agresión imperialista de los Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados, en cooperación con la reacción local, y exigimos que se levanten ahora todas las medidas de bloqueo imperialista y sanciones contra Venezuela. • Expresamos nuestra solidaridad con la clase obrera y el pueblo de Venezuela, que son los únicos que tienen derecho a determinar el destino de su país. • En particular, expresamos nuestro pleno apoyo y solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela y condenamos los calumniosos ataques en su contra. Deseamos mucho éxito al Partido Comunista de Venezuela y a la «Alternativa Popular Revolucionaria» en las próximas elecciones parlamentarias.


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La flexibilización del encaje legal fomentará la especulación cambiaria TRIBUNA POPULAR.- «Las recientes medidas de flexibilización del encaje legal que dictó el Banco Central de Venezuela (BCV) ponen en evidencia el fracaso de las acciones económicas improvisadas y parciales, que, por estar enfocadas casi exclusivamente en políticas monetarias, son incapaces para solventar los problemas estructurales de la economía venezolana». Así lo afirmó el Buró Político (BP) del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), al fijar posición acerca de las más recientes decisiones de la autoridad monetaria nacional. Explica el órgano de dirección del PCV que, en su afán por contener la hiperinflación por medio del aumento del encaje legal, el BCV en realidad provocó la eliminación de los créditos bancarios, lo que causó una disminución todavía mayor de la actividad económica de amplios sectores. Esto a su vez, aunado a los efectos de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas por el Gobierno de EEUU, y a las medidas de confinamiento social producto de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, profundizó la crisis que el país ya venía sufriendo desde hace años, «con el consecuente impacto en la escasez de productos, el aumento de precios generalizados, la regresividad en la distribución del ingreso y el empobrecimiento de la clase trabajadora». La flexibilización del encaje legal coloca a disposición de la oligarquía financiera treinta billones de bolívares, según la normativa publicada por el BCV el 17 de septiembre, monto que,

en opinión del BP, «no tendrá como destino la reactivación del aparato productivo, sino las operaciones especulativa de compra y venta de divisas. En otras palabras, se trata de una política dirigida a financiar a la banca y al sector privado para que compre dólares sin que la medida tenga la más mínima incidencia sobre la reactivación económica». Esta decisión, continúa el BP, «si no es acompañada de políticas efectivas para la reactivación del aparato productivo y el ejercicio de mecanismos de controles sobre el uso y destino de la liquidez monetaria puesta a disposición

PCV exige recaptura y extradición de terrorista López Caracas.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusa al personal de la Embajada de España en la República Bolivariana de Venezuela de complicidad en la fuga de Leopoldo López, dirigente de la ultraderechista organización Voluntad Popular (VP), y a la vez denuncia la incapacidad de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano encargados de la custodia de López, quien fue condenado por la justicia venezolana por haber provocado episodios de terrorismo urbano, conocidos como «guarimbas». Como se recordará, López, condenado en 2015 por incitación pública a la violencia durante las manifestaciones del año anterior, que provocaron decenas de muertes y millonarias pérdidas en bienes de propiedad pública y privada, había sido transferido en 2017 de la cárcel de Ramo Verde a su hogar, en virtud de una sentencia que le otorgaba el beneficio de «casa por cárcel» por razones humanitarias. En abril de 2019, durante el frustrado intento de golpe de Estado liderado por su copartidario Juan Guaidó, escapó del arresto domiciliario y se refugió en la sede diplomática española en calidad de huésped. El hecho de que el 24 de octubre López haya logrado abandonar la embajada española en Caracas, haya cruzado el país hasta la frontera colombiana, y haya salido de Venezuela sin ha-

ber sido detectado por las autoridades, pone en evidencia, en opinión del PCV, la incapacidad de los aparatos de seguridad del Estado para cumplir sus deberes. El pueblo venezolano sólo se enteró de la fuga de este terrorista convicto a través de los medios internacionales, cuando ya se encontraba fuera del territorio nacional con rumbo a Madrid. «En nombre de la dignidad de nuestro pueblo, y teniendo en cuenta el dolor y sufrimiento de las familias venezolanas afectadas por la violencia criminal desatada por los núcleos fascistas que perpetraron, bajo las órdenes de Leopoldo López, crímenes de lesa humanidad, demandamos del Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, solicitar a través de la Interpol la recaptura de este prófugo de la justicia venezolana e iniciar los trámites para su extradición judicial», enfatiza el PCV. Si el Gobierno venezolano no procede de inmediato en este sentido, quedaría demostrada, en opinión del PCV, «la existencia de complicidad con esta supuesta fuga que no ha podido hacerse sin apoyo interno». Por último, el PCV también exige que las autoridades venezolanas reclamen al Reino de España «su participación en esta vil acción, que pretende dejar impunes los crímenes y delitos cometidos por este dirigente de la ultraderecha venezolana».

del sector financiero», tendrá inevitablemente efectos perniciosos tanto sobre el problema inflacionario como sobre el continuo aumento de la tasa de cambio. «El país demanda acciones económicas integrales que contemplen científicamente el papel que debe cumplir el capital público y privado en el marco de un plan estratégico de desarrollo dirigido a impulsar la reactivación de la industria, el levantamiento de la producción agraria y estimular los desarrollos científicos-tecnológicos que requiere nuestra actividad económica en el contexto de las sanciones ilegales», concluye el BP.

«La conducta de Raúl Brazón no compromete al PCV» CARACAS.- Con fecha 28 de septiembre, el Buró Político (BP) del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) tomó nota de la decisión personal de abandonar las filas comunistas de Raúl Brazón, hasta ahora dirigente de esa tolda política quien fue elegido alcalde del municipio Zamora del estado Monagas en 2013 como candidato del PCV. En su declaración emitida ese mismo día, el BP explicó que Brazón violó las decisiones tomadas por los plenos 17° y 18° del Comité Central del PCV, celebrados en julio y agosto, respectivamente, al apoyar públicamente las candidaturas presentadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e incorporarse al comando de campaña de esa organización para las elecciones a la Asamblea Nacional que se llevarán a cabo en diciembre de este año. El BP procedió a informar «a la militancia del PCV, la JCV y al pueblo en general que, a partir de dicha decisión unilateral y personal, el ciudadano Raúl Brazón no forma parte de las filas del PCV, por lo cual su conducta y actuaciones no comprometen» a este partido. La declaración concluye afirmando que, en virtud de que el anuncio público de Brazón equivale en la práctica a una renuncia a la militancia comunista, «no se requiere cumplir ningún trámite» para declarar el cese inmediato de su pertenencia a las filas del PCV.


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TRABAJADORES

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75 aniversario de la FSM

A fortalecer los principios del sindicalismo clasista PRENSA CUTV.- La Federación Sindical Mundial (FSM) arribó este 3 de octubre a sus 75 años de fundada, con una programación inusual de actos «virtuales» en los diversos continentes y regiones del planeta, como resultado de la pandemia. En el marco de esta histórica conmemoración, en América Latina y el Caribe se realizaron varios actos por vía telemática, durante los cuales las y los participantes pudieron escuchar las palabras del secretario general de la FSM, George Mavrikos, quien destacó la vigencia del internacionalismo proletario en momentos en que los capitales monopolistas y los Estados a su servicio imponen políticas dirigidas a descargar todo el peso de la crisis sobre los hombros de las y los trabajadores y los pueblos en general. Mavrikos señaló que las fuerzas pro-capitalistas pretenden imponer, bajo el manto de la llamada «nueva normalidad» post-pandémica, condiciones que les aseguren preservar y fortalecer sus ganancias monopolistas destruyendo los derechos laborales y reafirmando la tiranía hegemónica del imperialismo en el planeta, por lo que es necesario fortalecer al sindicalismo clasista y avanzar hacia la mayor unidad de la clase obrera y de los pueblos en lucha contra la explotación capitalista. El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) participaron en dichos eventos con una representación que incluyó a Ángel Castillo (Colectivo «2 de Junio» de Trabajadores de Barrio Adentro), José Salazar (Sintravenevision), Jackelin Sánchez (Sintrainces), Adelmo Becerra (Sintrainces), Tony Leon (Sindicato de Trabajadores del Min del Poder Popular de Petróleo), Yoxianny Báez (Corriente Clasista de Trabajadoras y Trabaja-

dores Petroleros «Jesús Faría»), Fernando Oliveros (Colectivo Clasista de Abogados Laboralistas «Pedro Ortega Díaz»), Junior Sumoza y Juan Diego Gómez (Frente de Jóvenes Trabajadores), y Pedro Eusse (coordinador general del FNLCT y secretario general de la CUTV). Báez entregó un saludo a nombre del FNLCT en el acto virtual convocado el 2 de octubre por la Oficina Regional América de la FSM, en el que esbozó la difícil coyuntura por la que atraviesa la clase trabajadora venezolana y su resistencia ante las agresiones del imperialismo, y afirmó que «las fuerzas revolucionarias del pueblo trabajador optamos por avanzar hacia una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista». Por su parte, Eusse intervino el 3 de octubre en el acto organizado por la Coordinación Subregional Andina, en el que planteó la nece-

sidad de una reflexión colectiva con respecto al papel del sindicalismo clasista en América Latina en el presente momento. Afirmó Eusse que «Debemos ser absolutamente coherentes con los principios del clasismo, fortaleciendo la independencia y autonomía de clase de las organizaciones sindicales con respecto al capital, a los Estados burgueses y a los partidos policlasistas». Llamó la atención Eusse con relación a la necesidad de levantar un programa de lucha propio de la clase obrera, «para unificar a todo el conjunto de las y los trabajadores y a las fuerzas populares, sin subordinación ante ninguna fracción burguesa, en defensa consecuente de los derechos laborales y populares, acumulando fuerzas en la perspectiva de alcanzar el poder para la clase obrera y el pueblo trabajador, como única garantía de derrota del capitalismo y conquista del socialismo verdadero».

Trabajadores de Sidor exigen a CVG reembolso de acciones Clase B CIUDAD GUAYANA.- Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» (Sidor) entregaron una carta a Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), solicitando la apertura de una mesa de diálogo y negociación con el fin de buscar alternativas de reembolso del valor de las acciones Clase B que están en manos de los trabajadores activos de Sidor con 15 o más años de servicio. Estas acciones fueron adquiridas por los trabajadores entre los años 2004 y 2006, como resultado, por un lado, de la asignación accionaria por la vía del programa de participación laboral (PPL), y, por otro lado, por la distribución de las acciones remanentes y adicionales que se generaron a raíz de la reestructuración de deuda de Sidor en el año 2003. En la actualidad, aproximadamente unos 5700 trabajadores activos mantienen con la empresa, además de una relación laboral a resultas de su empleo, una relación mercantil como producto de su condición de accionistas. En total, estos trabajadores tienen la titularidad del 6,34% de las acciones de la empresa, es decir dos millones de acciones Clase B.

Jonis Luna, Hermes Rodríguez y Arquímedes Guillén, quienes son miembros de la Comisión Única de Accionistas Clase B de Sidor, informaron que estas acciones no ofrecen hoy rendimiento económico alguno a sus titulares, por lo que han expresado su voluntad de separarse de la sociedad mercantil, esto es de liquidar su condición de accionistas de la empresa y obtener el valor de reembolso de las acciones. De esta manera, una vez concretada la adquisición de las acciones por la CVG y pagado su valor a los trabajadores que las poseen en la actualidad, el Estado venezolano pasaría a ser dueño absoluto de Sidor.

La mayoría de estos accionistas enfrentan hoy toda clase de dificultades económicas, incluyendo las derivadas de enfermedades crónicas y situaciones familiares diversas, y no disfrutan de programas de beneficencia y atención social satisfactorios, lo que los pone en graves aprietos. Las acciones a su nombre representan en muchos casos una porción significativa de su patrimonio familiar, que no les produce rendimiento y de la que no pueden disponer para atender sus necesidades. De allí nace su llamado a Maldonado para que tenga «la voluntad política» de atender esta solicitud de liquidar su condición de accionistas de la empresa.


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INTERNACIONAL

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Victoria popular en Bolivia

TRIBUNA POPULAR.- Con la victoria del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en las elecciones generales del pasado 18 de octubre, se inicia por fin el proceso de reinstitucionalización y normalización de la vida política en Bolivia, tras un año de gestión del Gobierno ilegítimo nacido del golpe de Estado que se consumó en noviembre de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. El triunfo de las fuerzas democráticas, encabezadas ahora por Luis Arce y David Choquehuanca, recién elegidos presidente y vicepresidente con una abrumadora votación, representa una dura derrota para la derecha boliviana y para todos quienes colaboraron en los últimos meses, desde adentro y desde afuera del país, con el intento de detener y revertir el proceso de cambios progresistas iniciado por Morales en 2006. En particular, ha quedado expuesto el lamentable papel jugado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el golpe de Estado del año pasado, y la vil complicidad de su secretario general, Luis Almagro, con los propósitos de las más tenebrosas fuerzas bolivianas y continentales. Durante este terrible año, el Gobierno golpista, con anuencia y apoyo de la OEA, estimuló una ola racista y reaccionaria contra el movimiento obrero e indígena boliviano por parte de sectores supremacistas, que causó al menos 38 muertos y cientos de heridos, a la vez que desarrolló una campaña de persecución y criminalización de las acciones de protesta del pueblo. Es necesario recordar que se intentó disolver al MAS-IPSP, que se produjo la judicialización e inhabilitación política de Morales y otros dirigentes de ese movimiento, y que hasta se trató de posponer indefinidamente el llamado a elecciones. Pese a todo, la verdad se ha impuesto, la voluntad popular ha quedado reestablecida, y las fuerzas progresistas han reconquistado tanto el control del Poder Ejecutivo como una amplísima mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo. Queda abortada así la consolidación del golpe de Estado, y queda derrotada la injerencia de la OEA y del imperialismo estadounidense en los asuntos internos del hermano país.

Arce (izquierda) y Choquehuanca obtuvieron más de 55% de los votos

RETOS DEL NUEVO GOBIERNO La nueva gestión del MAS-IPSP tendrá entre sus tareas más urgentes la reconstrucción de la economía boliviana, severamente afectada desde el golpe de Estado, y el restablecimiento de las relaciones internacionales del país, frentes ambos en los que el nuevo presidente tiene mucho que ofrecer. De hecho, como ministro de economía del expresidente Morales, Arce fue uno de los artífices principales del llamado «milagro boliviano», que convirtió a ese país en el de mayor y más estable crecimiento económico de la región latinoamericana. Y en cuanto al tema internacional, durante su campaña Arce prometió restablecer de inmediato las relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba, además de reactivar la participación de Bolivia en los mecanismos de integración regional que habían sido abandonados por el régimen golpista. El resultado electoral fue saludado con entusiasmo por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), cuyo Buró Político emitió un comunica-

do en que afirmó que «La victoria pertenece a todo el pueblo de Bolivia, a las organizaciones de trabajadores, campesinas e indígenas, que llevaron a cabo una resistencia heroica desde los primeros días del golpe de Estado hasta materializar la victoria electoral. No podemos olvidar que el pueblo boliviano, para poder restaurar las libertades democráticas mediante el voto, primero tuvo que luchar valientemente en las calles, exigiendo sin miedo la renuncia de los golpistas y forzando así la convocatoria y realización de un proceso electoral varias veces postergado por el régimen». En su comunicado, el PCV destaca asimismo que «El pueblo trabajador, el campesinado y los indígenas de Bolivia, han dado un gran ejemplo a sus hermanos latinoamericanos y caribeños. Esperamos que esta victoria contribuya a fortalecer las luchas revolucionarias en la región contra la injerencia imperialista, los planes reaccionarios de la ultraderecha y los retrocesos reformistas de los procesos progresistas».

Grupo de Lima insiste en plan contra Venezuela PRENSA COSI.- El informe de la llamada «Misión Independiente de Determinación de Hechos» sobre Venezuela, presentado en los primeros días de octubre ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDH-ONU), es tendencioso, injerencista y potencialmente dañino para el desarrollo futuro de cualquier tarea internacional en materia de derechos humanos. Así lo denunció en un comunicado el Comité de Solidaridad Internacional y lucha por la Paz (COSI) de Venezuela. Debe recordarse que, en el curso de la sesión del CDH, un conjunto de países integrado por el denominado «Grupo de Lima» y algunos miembros de la Unión Europea, se hizo eco del informe de esa misión, cuyo mecanismo, precisa el COSI, «ha sido rechazado por Venezuela y otros países libres y soberanos que en el seno del Consejo han alzado su voz para denunciar los criterios de selectividad y doble

rasero empleados» en la elaboración de dicho informe. Esa misión, continúa el comunicado del COSI, «viola el mandato conferido a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de sentar un precedente negativo para los trabajos de esta instancia. Asimismo, tal misión realizó sus labores desde Panamá, sustentando sus datos con base en la recolección de testimonios y cifras difundidas en las redes sociales, y por tal motivo carece de toda rigurosidad técnica y científica». En suma, según el comunicado del COSI, ese informe no cumple con los parámetros requeridos para una investigación seria, y en lugar de presentar conclusiones fundamentadas, emite condenas sin pruebas contyra el Gobierno de Venezuela. Por ello, el COSI condena «el manejo visiblemente tendencioso del informe, que promueve la profundización de las agresiones

imperialistas contra Venezuela, y reincide en las acciones injerencistas, que desconocen la soberanía y buscan crear un marco normativo internacional que favorezca una intervención» en el país. El COSI, organización miembro del Consejo Mundial de la Paz y que tiene la condición de observador del CDH-ONU, lamenta asimismo «el uso de esta instancia integrante del sistema de las Naciones Unidas como un instrumento al servicio de las potencias imperialistas para utilizar los derechos humanos como pretexto para justificar sus planes intervencionistas y de agresión contra todos los países que no se subordinen a sus dictamenes». «Seguiremos luchando en el seno del CDH para verdaderamente defender los derechos humanos, en la búsqueda incansable de la paz y por la necesaria solidaridad internacionalista de los pueblos», promete por último el comunicado del COSI.


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ESTUDIAR Y LUCHAR

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Estrategia electoral: clasismo y reagrupamiento de fuerzas alternativas (I) Comisión Nacional de Ideología

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l Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) se ha trazado como objetivo táctico el impulso de un proceso de reagrupamiento de fuerzas del movimiento popular revolucionario. Rápidamente, distintos actores de la arena política nacional y laboratorios de propaganda financiados por el Estado han acusado a las y los comunistas de «divisionistas». ¿Cinismo o memoria de patas cortas? El PCV históricamente ha considerado la unidad popular como una concepción estratégica. Así está por sentado en nuestro Programa (1980) y así ha sido reiterado por el XV Congreso Nacional (2017): «la unidad revolucionaria obrero-campesina, comunera y popular pasa a ocupar el objetivo principal de nuestra acción política, necesaria para adelantar con éxito el proceso acelerado y consistente de acumulación de fuerzas en favor de las posiciones consecuentemente revolucionarias». Es aquí donde debemos ubicar los orígenes de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) para también comprender sus alcances. Desde luego que la estrategia electoral está dirigida a

conquistar una combativa presencia del PCV y demás organizaciones en la Asamblea Nacional; pero la APR va más allá, y se ha planteado «la regeneración del proceso político revolucionario bolivariano venezolano», en la línea de los objetivos del proyecto histórico de la liberación nacional y el socialismo. Esta tarea implica necesariamente un cambio en la correlación de fuerzas actual que coloque a la clase obrera, al pueblo trabajador de la ciudad y el campo, junto al PCV y demás fuerzas políticas clasistas, a la vanguardia del proceso revolucionario venezolano, para retomar el rumbo de la liberación nacional y abrir verdadera perspectivas al socialismo. La APR es más que una opción electoral; está llamada a convertirse en el instrumento capaz de confrontar a las fuerzas de la derecha pro-imperialista, que procuran la restauración del viejo orden de cosas, y denunciar las tendencias entreguistas, reformistas y corruptas atrincheradas en la cúpula del Gobierno y su partido. Un segundo elemento que ha sido utilizado para atacar el proceso de reagrupamiento de las fuerzas populares revolucionarias ha sido la supuesta traición del PCV a la lucha an-

tiimperialista. Reducir el antiimperialismo a la alianza electoral no solamente es un error, sino que da cuenta de la severa descomposición de la orientación del procesos de cambios en Venezuela. Quienes tratan de borrar en vano la heroica tradición de lucha antiimperialista del PCV, omiten que tanto la profundización de la agresión imperialista contra nuestro pueblo como la aplicación de una política liberal al servicio del capital que adelanta el Gobierno, afectan los intereses de las clases populares a la vez que limitan las posibilidades de fortalecer las capacidades nacionales para la derrota estratégica y táctica en la confrontación con el imperialismo. Para las y los comunistas venezolanos, la unidad revolucionaria, de carácter obrero-campesino, comunero y popular, así como la amplia alianza nacional patriótica antiimperialista, son dos contenidos y dos formas fundamentales de nuestra política de alianza. Avanzar consecuentemente en el desarrollo y éxito de la unidad revolucionaria es condición fundamental para construir una sólida alianza antiimperialista. Fuera de ello sólo hay frases grandilocuentes dirigidas a embaucar al pueblo para desmontar nuestras conquistas.

Alcaldía de Caracas incumplió acuerdo Regreso a clases en condiciones dignas

PRENSA JCV.- La Alcaldía de Caracas entregó a franquicias privadas los locales de la planta baja del edificio de las residencias estudiantiles «Livia Gouverneur» (RELG), ubicado en el bulevar de Sabana Grande en Caracas, incumpliendo así el acuerdo a que las autoridades de la ciudad habían llegado con los estudiantes residentes de las RELG. Así lo denunció la Juventud Comunista de Venezuela (JCV) en un comunicado. Debe recordarse que el pasado 27 de julio, en un gesto de solidaridad con el pueblo de Caracas, los estudiantes residentes cedieron sus espacios en las RELG de forma temporal, con el objetivo de habilitarlos como centro de atención para pacientes asintomáticos de Covid-19. En ese momento, se acordó con la Alcaldía de la ciudad capital el resguardo de los bienes de los estudiantes, su retorno a la residencia una vez finalizada la emergencia sanitaria, y el apoyo a quienes quedaron en situación de vulnerabilidad tras su salida de las RELG. CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Sin embargo, en los últimos días la Alcaldía ha entregado de manera apresurada algunos de los locales a franquicias de carácter privado y comercial, lo que, según denuncian la JCV y otros colectivos y fuerzas estudiantiles, va «en detrimento de una conquista alcanzada por años de lucha del movimiento estudiantil, y representa un nuevo avance contra la garantía del derecho a la educación», ya que con esta acción se está afectando a un número considerable de estudiantes que no tienen los medios para poder pagar el alto costo de los alquileres residenciales en la ciudad capital. El comunicado de la JCV concluye afirmando que «la crisis capitalista no podrá solucionar-

Los locales entregados al comercio

se entregando al capital las conquistas y derechos históricos alcanzados. El pueblo venezolano requiere de un plan que permita desarrollar el aparato productivo nacional, teniendo como sujeto histórico a las clases trabajadora y campesina en alianza con la comunidad universitaria, a fin de propiciar las condiciones para superar el modelo de acumulación capitalista dependiente».

TRIBUNA POPULAR.- El presidente Nicolás Maduro anunció a mediados de septiembre el inicio del año escolar 2020-2021 bajo la modalidad a distancia, afirmando que el regreso a clases presenciales podría acarrear peligros en medio de la pandemia de Covid-19. Desde que fueron suspendidas las actividades escolares presenciales en marzo, las organizaciones estudiantiles y magisteriales del país han denunciado la ausencia de respuestas a los principales problemas de la comunidad educativa por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Entre las situaciones que han sido planteadas, destacan los muy bajos sueldos y salarios de los trabajadores de la educación, las malas condiciones de la infraestructura, la ausencia de equipos para la educación a distancia, y las míseras becas otorgadas por el Gobierno nacional, todo lo cual se complejiza por la galopante crisis capitalista en el país. La modalidad de educación no presencial desde sus inicios presentó grandes dificultades, entre estas la ineficiencia de los servicios de electricidad e internet para la mayoría de las familias del país, y la ausencia de participación de los trabajadores de la educación en la planificación y desarrollo de las actividades que permitiesen iniciar las clases en condiciones dignas para todos. En el marco de la actual coyuntura política, el Gobierno nacional debe generar las condiciones necesarias para garantizar el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, con salarios dignas para los trabajadores de la educación y respeto a las necesidades de los estudiantes y sus familias.


OCTUBRE de 2020 Año LXXIII

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Nº 3.020

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COMBATE PROLETARIO

Contra las agresiones imperialistas y por cambios en las políticas del Gobierno PEDRO EUSSE. Especial para TP Coordinador general de la Corriente Clasista de Trabajadores «Cruz Villegas» / FNLCT

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...sabemos muy bien quiénes son los que sufren las consecuencias de la crisis del capitalismo dependiente y rentista de Venezuela y los efectos terribles de las medidas criminales que aplican Estados Unidos y sus socios-lacayos contra nuestra nación: somos las y los trabajadores, activos y jubilados, las y los campesinos pobres, el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, los que no somos propietarios de empresas ni de grandes extensiones de tierras, ni manejamos negocios millonarios lícitos e ilícitos, ni ostentamos altos cargos burocráticos en el Estado venezolano, con los privilegios que siempre disfrutan los altos funcionarios en un Estado burgués». Es un párrafo del comunicado que hemos dirigido a las organizaciones revolucionarias de Venezuela y el mundo, por iniciativa conjunta de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), y la Corriente Clasista de Trabajadores «Cruz Villegas» (CCTCV), con el respaldo de una variada representación de dirigentes sindicales, delegados y delegadas de prevención, líderes obreros de base y activistas del movimiento obrero y sindical clasista, en respuesta a la «carta abierta dirigida a los partidos comunistas y demás organizaciones» de la Central Bolivariana de Trabajadores (CBST),

que defiende las políticas económicas y laborales del Gobierno venezolano y trata de descalificar a las fuerzas políticas y sociales que luchamos por una salida revolucionaria a la crisis. Nuestro comunicado explica que, a partir del 2013, se inició el desmontaje y la reversión de muchas de las conquistas económicas, sociales y políticas iniciadas desde 1999, entre otras: el desmantelamiento de la red pública de distribución de alimentos; la entrega a antiguos y nuevos terratenientes de fundos agrícolas recuperados por el presidente Chávez; la progresiva privatización de empresas estatizadas o creadas por Chávez; la desinversión y el abandono de los protocolos de mantenimiento en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), las industrias básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otras industrias del Estado. Todo ello nos hizo más vulnerables ante la «guerra económica» desatada por el imperialismo y la alta burguesía criolla. Cuestionamos la política económica que fortaleció el papel dominante del capital privado en las actividades económicas y suprimió los controles sobre la economía, teniendo como resultado la indetenible devaluación del bolívar y la dolarización de facto de la economía doméstica, llegándose a la actual situación en que todo se comercializa en dólares menos la fuerza de trabajo (excepto en algunas empresas privadas). El resultado ha sido la depauperación de la clase trabajadora. Tal política ha sido elevada a rango de «ley constitucional» con la aprobación, sin debate

público ni consulta popular, de la mal llamada «Ley Antibloqueo», que no sirve en la realidad para desmontar el bloqueo imperialista, pero sí desbloqueará las reprivatizaciones y cederá negocios a capitales foráneos y nacionales, e incluso significará la posible entrega de empresas estratégicas al capital privado, en perjuicio de los intereses nacionales y del pueblo trabajador. Condenamos la política laboral que ha reducido a su mínima expresión el valor de la fuerza de trabajo; ha facilitado y convalidado despidos directos e indirectos, abiertos y simulados; ha orientado el desmontaje de las convenciones colectivas; ha promovido relaciones laborales precarias y flexibles (tercerización, subcontratación y simulación de la relación laboral); ha impuesto una forzada «paz laboral» mediante la rendición por hambre de las y los trabajadores desmejorados, despedidos o suspendidos por los patronos y la criminalización de trabajadores que luchan o que denuncian corrupción. Nuestro comunicado denuncia por último que, en ocasión de la pandemia, se consolida una generalizada indefensión laboral, a la que se ha llegado con numerosos funcionarios del Ministerio del Trabajo corruptos, que tarifan en dólares sus decisiones a favor de la patronal, y con una «dirección sindical» burocrática y desclasada, que sirve a la patronal privada, que actúa como apéndice del Estado y del partido de Gobierno, y que, lejos de defender los derechos laborales, coopera con su sistemática vulneración y escamoteo.

¿A quién beneficia la modificación del encaje legal? ANDRÉS VILLADIEGO. Especial para TP Economista

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a política monetaria durante los últimos años se ha caracterizado por dos facetas contradictorias que impiden la estabilización de la moneda y de los precios. Por un lado, a través del financiamiento monetario tanto del Gobierno central como de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se ha propiciado una creciente presión al alza sobre los precios, incluyendo el precio de las divisas; por el otro lado, se ha tratado de revertir esta tendencia alcista aplicando un régimen de encaje legal muy restrictivo para el sistema financiero, lo cual se refleja en una reducción importante de la intermediación financiera, con efectos dañinos sobre la actividad económica. El encaje legal es una porción de los depósitos recibidos por cada entidad financiera, que, por disposición del Banco Central de Venezuela (BCV), no puede ser utilizado para operaciones crediticias. Desde octubre de 2018, han sido modificados en siete ocasiones los porcentajes de encaje

legal. El encaje ordinario ha aumentado desde 21,5% hasta 93%, y el encaje marginal sobre los incrementos en las captaciones de dinero por los bancos ha pasado de 31% a 100%. Lo irregular de esta política ha traído como consecuencia la casi completa desaparición de la actividad crediticia sin que se haya logrado estabilizar ni los precios ni el tipo de cambio. LIQUIDEZ PARA ACELERAR LA DOLARIZACIÓN Mediante una circular del 17 de septiembre de 2020, el BCV dispuso la liberación de 30 billones de bolívares semanales del total del encaje legal retenido al sistema financiero. Esta medida implica el abandono parcial de la política monetaria restrictiva, y su justificación técnica se sustenta en la necesidad de reactivar el crédito bancario y con ello impulsar la actividad económica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicha decisión por sí sola no generará un efecto dinamizador de la economía ,y por el contrario aumentará la presión sobre el tipo de cambio, generando a su vez un efecto inflacionario.

La enorme masa de liquidez monetaria que se libera semanalmente tras la aplicación de esta medida, es la explicación de la reciente alza de la cotización del dólar tanto en el mercado paralelo como en su marcador oficial, el cual ha experimentado una variación del 18% en apenas dos semanas. Mientras el Gobierno nacional intenta «aliviar» la situación de la banca y generar condiciones para la recuperación de algunos sectores económicos, el efecto inmediato para el grueso de la población trabajadora ha sido una más acelerada pérdida de su capacidad adquisitiva. Era previsible que la liberación de una importante suma de liquidez resultaría en la adquisición de divisas, acelerando el proceso de dolarización. Tanto el sector industrial como el comercial y de servicios, han dolarizado desde hace meses sus precios, y el sector bancario ha aumentado sus captaciones en divisas. Pero mientras se busca favorecer a la burguesía, un importante sector de la clase obrera sigue condenada a un ingreso mínimo que ya no llega a un dólar al mes, dejando evidencia el carácter antiobrero de la política económica del Gobierno.


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