revista traspasa los muros

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Traspasa Los Muros


CONTENIDO Editorial......................................................................................................................................................................... 4 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LXS PRISIONERXS POLÍTICXS EN EL TRATAMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO: El no reconocimiento de la condición política............................................................................................................................................... 6 TENDENCIAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL EN COLOMBIA: DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO AL ESTADO PUNITIVO............................................................ 8 CON HUELGA Y PROTESTA SACAMOS A CAPRECOM..................................................................... 11 LA GUERRA EN VOZ BAJA Y UNA REALIDAD QUE GRITA............................................................... 13 DE LA RESOCIALIZACIÓN Y LA REINSERCIÓN A LA NEUTRALIZACIÓN Y LA EXCLUSIÓN............................................................................................. 15 COONIVENCIA, RUPTURA Y REVOLUCIÓN -HE AHÍ EL DILEMA-.............................................. 23 MAPA NUEVA CULTURA PENITENCIARIA....................................................................................................... 26 Apuntes sobre Ruptura Judicial ÁLVARO FAYAD ANTE EL TRIBUNAL DEL CONSEJO DE GUERRA............................................... 28 EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRISIONES DE LOS EE.UU. SE MUDA AL SUR DE LA FRONTERA............................................................................................................... 31 “Nueva Cultura Penitenciaria” Arquitecturas de encierro en tiempos neoliberales.................................................. 35

Bogotá>>Octubre de 2012 Campaña Por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs TRASPASA LOS MUROS

LUCHAS CARCELARIAS EN LOS AÑOS 90 Charla con un ex prisionero de guerra del ELN............................................................... 38 ENTREVISTA A LA INTERLOCUCIÓN DE EPPK “Respetar los derechos de los presos traería un cambio evidente”............................................................................. 41 Angye Gaona “Poesia Para la Libertad”....................................................................................... 48

LA LUCHA SOCIAL NO ES UN DELITO... ES UN PASO HACIA LA LIBERTAD !!!

Julían Cortes “EL INÚTIL INVENTO”...................................................................................................... 50 UN CUENTO de LIBERTAD Para una temporada de encierro.......................................... 51


Por la Libertad de lxs Prisionerxs Politicxs

Revista /

EDITORIAL

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n el primer trimestre de 2012 se abrió en el país nuevamente el debate sobre el delito político y la existencia de miles de personas privadas de la libertad por causas políticas, procesadas o condenadas por delitos políticos, conexos o relacionadas con la guerra. Declaraciones como la del Ministro de Justicia de Colombia al referirse sobre las y los prisioneros políticos en Colombia, “No presos políticos porque aquí no hay presos políticos, por supuesto no prisioneros de guerra porque aquí no hay prisioneros de guerra”, son inaceptable por parte de una figura pública y representativa del alto gobierno. No recibimos un NO porque NO, es necesario que en el ejercicio de la democracia que el gobierno tanto pregona posibilite el debate y explique porque miles de personas en Colombia se reivindican como prisioneras y prisioneros políticos, por qué en la ley penal existen delitos políticos (rebelión, asonada, sedición) y contra los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (actos de guerra), y por qué a pesar del reconocimiento del conflicto armado interno por el primer mandatario del país se pretende desconocer a quienes en razón de él han sido tomados prisioneros por el Estado Colombiano. En nuestro reciente informe “Perspectiva en punto de fuga: Propagación del Modelo de Represión por Causas Políticas”, presentado junto con la Fundación Lazos de Dignidad al Foro “Colombia entre Rejas: En Búsqueda de un Camino para la Libertad y la Paz”, develamos que desde los años 70 han sido constantes las denuncias sobre la existencia de prisioneras/os políticas/as en el país. A partir del año 2006, diferentes organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la existencia de alrededor de 7.500 personas privadas de la libertad por causas políticas en Colombia, sin embargo, el 4 de

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Desde hace 14 años la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en las Cárceles del país (Sentencia T-153 de 1998), sin embargo, a pesar de las inversiones realizadas por el Estado en infraestructura a lo largo de la última década, la problemática persiste y se ha agudizado. La población reclusa en Colombia vive en condiciones violatorias a la dignidad humana y a los derechos básicos (vida y seguridad, libertad, salud, alimentación, familia, comunicación, dotación personal, trabajo, debido proceso, etc), padeciendo el uso de la prisión como mecanismo anulador de su humanidad, donde son vistos como objetos sin valor depositados en bodegas; esa visión alejada del respeto al ser humano abre las puertas a la ejecución de políticas de odio y abusos de autoridad por parte del Estado.

agosto de 2011, los Prisioneros de Guerra del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP informaron a la opinión pública sobre el aumento de esta cifra, estimando la existencia de aproximadamente 9.500 prisioneras y prisioneros políticos en el país.

“Durante la semana del 20 al 26 de marzo del año en curso 617 prisioneros políticos realizamos una jornada simultánea de protesta y visibilización de nuestra existencia, consistente en una huelga de hambre que tuvo lugar en 21 cárceles del país, de la cual tuvo conocimiento la opinión pública nacional e internacional y en cuyo desarrollo recibimos mensajes de solidaridad de un amplio sector de la población reclusa, ONGS de derechos humanos, organizaciones populares, sindicales, estudiantiles de Colombia y el mundo. “1

Según el INPEC, al 31 enero de 2012, la población privada de la libertad ascendía a 102.292, hallándose 21.199 de estas personas asociadas a los delitos de rebelión (1.933), concierto para delinquir (8.629), terrorismo (679), actos de terrorismo (54), secuestro (2.541), secuestro extorsivo (2.987), extorsión (4.326), financiación a grupos terroristas (18), utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (30), traición a la patria (1) y espionaje (1). Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean juzgados por los delitos comunes mencionados al tiempo que son asociados con organizaciones rebeldes, conduce a pensar que en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos. Esta alarmante situación que incrementa la crisis humanitaria y de derechos humanos en las prisiones colombianas, merece ser atendida prioritariamente por parte del gobierno nacional; que en aras de avanzar en la construcción de propuestas que aporten a la solución política y negociada al conflicto, debe reconocer la condición de actores políticos de las prisioneras y prisioneros políticos. El gobierno nacional, por intermedio de su ministro de justicia, ha negado el ingreso de la comisión internacional de observación a las cárceles y penitenciarias, demostrando su postura de ocultar la crisis carcelaria y la existencia de los más de 9.500 prisioneros políticos en Colombia.

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Posteriormente, desde abril de 2011 a agosto de 2012, la población reclusa ha desarrollado 14 protestas pacíficas y masivas, como huelgas de hambres y jornadas de desobediencia, a fin de presionar al Estado para que cumpla con su obligación de solucionar la crisis carcelaria y cesen las violaciones a los derechos humanos, sin obtener resultados positivos.

Desde el 2 de agosto de 2012, en 21 cárceles y penitenciarias se desarrolla la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA PACÍFICA CARCELARIA en exigencia de la instalación de una MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN con representación de voceros de la población reclusa, que inicialmente resuelva los siguientes puntos: 1. Declarar la Emergencia Carcelaria en Colombia 2. Regionalización de los prisioneros – Acercamiento familiar. 3. Rebaja del 20% de la pena, otorgamiento de subrogados penales y beneficios administrativos. 4. Solución a los problemas de salud, salubridad y hacinamiento. 5. No a la extradición. Las actividades ejecutadas por la población reclusa son: No asistir a los talleres educativos, No asistir al conteo que realiza la guardia, No presentarse a las notificaciones salvo que sean de libertad, No salir a remisiones y Huelga de hambre. Resaltamos que en 3 de las 21 prisiones donde se adelanta la jornada de protesta se encuentran en huelga de hambre alrededor de 11.000 prisioneros y prisioneras, quienes han denunciado públicamente no haber recibido la atención médica adecuada por parte del INPEC, presentándose síntomas de debilitamiento físico como mareos, náuseas, dolor estomacal, contracciones, desmayos y debilidad en la movilidad, situación que puede causar daños mayores en la salud de los huelguistas, mientras sus justas peticiones permanecen sin solución.

Apoyamos la MESA NACIONAL DE CONCERTACION con participacion de la poblacion reclusa. 1

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LOS PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA A PROPOSITO DE LA LIBERACION UNILATERAL DE LOS ULTIMOS DIEZ MILITARES RETENIDOS POR LAS FARC-EP http://www.traspasalosmuros.net/node/748

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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LXS PRISIONERXS POLÍTICXS EN EL TRATAMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO El no reconocimiento de la condición política Por: “TRASPASA LOS MUROS”

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esde los años 70 han sido constantes las denuncias sobre la existencia de prisionerxs políticxs en Colombia y los vejámenes cometidos contra ésta población vulnerable. En el año 1984, en Colombia existían 30.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 300 eran prisionerxs políticxs.1 A partir del año 2006, las organizaciones de derechos humanos han denunciado la existencia de alrededor de 7.500 personas privadas de la libertad por motivos políticos en Colombia, sin embargo, el 4 de agosto de 2011, los Prisioneros de Guerra del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP informaron a la opinión pública sobre el aumento de esta cifra, estimando la existencia de aproximadamente 9.500 prisionerxs políticxs en el país. En reclusión, identificamos como principal problema de lxs prisionerxs políticxs el no reconocimiento de su condición política, puesto que de ello depende la clasificación a la que esta población reclusa es sometida y las garantías de respeto a sus derechos básicos y fundamentales. Por su parte, mientras el primer mandatario de Colombia reconoce la existencia del conflicto armado interno, de manera contradictoria el Director General del INPEC insiste en desconocer la existencia de prisionerxs de políticos dentro de la

población reclusa a su cargo, bajo el argumento de que “Colombia no se encuentra en conflicto armado con ningún país”.2 El no reconocimiento de la condición política de lxs prisionerxs políticxs conlleva a que no sean separadxs debidamente de lxs presxs comunes y en el peor de los casos, de los presxs vinculadxs al paramilitarismo, convirtiéndolxs en población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante la seguridad personal y la vida de lxs prisionerxs políticxs, además de ser sometidos a un ambiente de tensión que implica consecuencias en su salud mental. Esta situación de riesgo se extiende a familiares y visitantes, por este motivo muchas prisionerxs políticxs piden a sus seres queridos que no les visiten para disminuir las posibilidades de agresiones por parte del paramilitarismo, como sucede en el Establecimiento Penitenciario de Guaduas “La Pola” en Cundinamarca: “Estamos revueltos con paramilitares y delincuentes comunes de bandas llamadas “Valencianos, Sebastianes y Gaitanistas”, que viven en permanentes riñas mantienen afilando cuchillos todos los días. Las personas de 40 años son las que más sufren los abusos, los robos, los atracos, los insultos y las extorsiones de los miembros de esas bandas.”3

1-

“Que gran país tenemos” Informe 1984. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

2-

Oficio No. 7120-OFPLA-DINPE 0836, suscrito por el Director General del INPEC. 27

3-

CRISIS HUMANITARIA EN CARCEL LA POLA EN GUADUAS CUNDINAMARCA, Colectivo de Prisioneros Políti- cos en el Establecimiento Penitenciario La Pola de Guaduas, enero 2012 http://www.traspasalosmuros.net/ node/707

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También se han dado casos donde el traslado a patios sin separación es una forma de castigo adicional a lxs prisionerxs políticxs. “El 3 de enero de 2012, nos reunimos con el director Álvaro Valencia Isaza, el Teniente Moreno, dos abogados de la defensoría del pueblo y varios prisioneros políticos, entre ellos nuestro compañero Prisionero Político RUBEN DARIO ORTIZ G., denunciamos la grave situación de riesgo que padecemos en el ERON de La Picota los prisioneros políticos por las amenazas de muerte proferidas por los paramilitares, por eso solicitamos ser trasladados al patio 14 u otro destinado únicamente para los prisioneros políticos, en garantía al derecho a la vida y a la seguridad personal. Ante la petición el director del ERON manifestó tener que consultar el caso al director general del INPEC y ese mismo día en horas de la noche, RUBEN DARIO fue trasladado al patio 13, donde hay un gran número de paramilitares, por esto RUBEN solicitó ser trasladado a otro lugar, pero en vez de eso fue metido a un calabozo de aislamiento que llaman UTE,4 ubicado en el mismo patio 13.”5

forma de protección a su vida, como es el caso del prisionero político de guerra JORGE AU- GUSTO BERNAL ROMERO, miembro de las FARC-EP, recluido en la UTE en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar y condenado a 97 años de prisión. Él es sobreviviente de un atentado que grupos paramilitares ejecutaron contra prisioneros políticos en la Cárcel La Modelo de Bogotá en el año 2001, razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos le otorgó Medidas Cautelares y a pesar de ello, en los sitios donde ha sido trasladado ha padecido constantes amenazas de muerte de parte de paramilitares.6 Ignorar la reproducción del conflicto social y armado en las prisiones colombianas y obligar a convivir a lxs prisionerxs con otras personas sin tener en cuenta las causas y conductas por las cuales han sido privados de la libertad, son acciones que incumplen un trato conforme al Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales y nacionales relacionadas con la separación por categorías.

En ocasiones este ambiente de amenaza y tensión trasciende a hechos violentos que obligan a lxs prisionerxs políticos asumir el aislamiento como única

“También se han dado casos donde el traslado a patios sin separación es una forma de castigo adicional a lxs prisionerxs políticxs”.

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Unidad de Tratamiento Especial

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Denuncia recibida por la Fundación Lazos de Dignidad el 10 de enero de 2012 por parte del colectivo de Prisioneros Políticos del ERON-Picota

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http://www.nocheyniebla.org/␣les/u1/25/pdf/noche0702.pdf

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-El crimen es básicamente un comportamiento desviado producido por carencias mentales y morales.

TENDENCIAS DE LA POLITICA CRIMINAL EN COLOMBIA: DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO AL ESTADO PUNITIVO

-La política criminal no debe preocuparse por las causas de la delincuencia; su único fin es condenar o absolver aplicando la ley y castigar a los delincuentes. -Pretende resolver el problema de la delincuencia no con políticas sociales sino con políticas punitivas.1 -El crimen debe ser atacado sin piedad, tolerancia cero contra la delincuencia, la solución a este problema social es castigarlo fuertemente.

Por: Julián Cortés Ex Prisionero Político

-La medida mas eficiente para disminuir la criminalidad o prevenir el delito es aumentar las penas y las tipificaciones penales. -Las pequeñas infracciones también merecen cárcel. Hay que evitar la escuela delincuencial desde sus inicios. Quien comete una pequeña infracción puede convertirse en un futuro delincuente. -Se deben otorgar amplios poderes a las fuerzas encargadas del control social para hacer frente al “enemigo” de la sociedad, limitando a su mínima expresión los derechos civiles de los ciudadanos. -Eliminación de subrogados o beneficios jurídicos como libertades condicionales, detenciones domiciliarias y redenciones de pena, en tanto que se cree que el delincuente nunca cambia y no merece oportunidad. Adquiere fuerza la creencia de enviar al delincuente a la cárcel para que se “pudra” y no para que se cure.

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ace poco, luego de la violación y asesinato de una mujer en el parque nacional, el presidente de Colombia salió en los medios de comunicación a pronunciar una frase que infortunadamente se esta convirtiendo en una sentencia frecuentemente escuchada para justificar la cárcel como remedio a nuestros males sociales: “Que se pudra en la cárcel”, dijo en tono furioso el mandatario. Por un lado debería saber el presidente que constitucional y legalmente la gente no va a la cárcel a podrirse, es internada para resocializarse, -en teoría-; la ley penal y todas las que regulan el espectro carcelario enfatizan repetidamente que el fin principal de la privación de la libertad de quienes comenten un delito es la resocialización. Por otro lado olvida el mandatario que entre tanto la justicia no demuestre la culpabilidad de un individuo y este sea vencido en juicio, todo ciudadano debe ser considerado inocente. No pretendo, –aclaro- justificar el execrable crimen, pero si explicar que desde la óptica de nuestra constitución y lo que se considera como un estado social de derecho, tales pronunciamientos van en contravía del espíritu de la misma y de sus principios. Hasta los responsables de los mas deplorables actos de delincuencia deben de

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-Un aporte autóctono, a la colombiana, es que debe caer todo el peso de la ley para los delitos sociales políticos mientras se propende por la impunidad de los delitos de cuello blanco y de las fuerzas armadas, estos últimos encargados de la captura de los primeros, tal como lo proponen varias reformas en curso.

ser tratados en el marco de los DD.HH. y se entiende que dicho comportamiento puede ser modificado de una manera positiva a través del tratamiento penitenciario intramural; de no ser así y si la ciencia de la criminología lo demostrara en algún estudio –que en Colombia parecen no existir-, se permitiría mas bien la pena de muerte o la cadena perpetua. Las sociedades más avanzadas en derechos humanos no se miden por la capacidad de respeto a los derechos de quienes los merecen, sino, por ser capaces de respetar los derechos de quienes aparentemente no deberían disfrutarlos. Es entonces, en este tema de política criminal donde se debaten dos tendencias bien marcadas. La primera es una política punitiva que esta cogiendo fuerza entre diversos sectores del derecho, de la administración y de los medios de comunicación promovida desde doctrinas extranjeras como lo es “la tolerancia cero”, política puesta en practica en la ciudad de Nueva York, con mucho mas fuerza después del atentado contra las torres gemelas en el 2001, por el acalde Rudolph Giuliani, recientemente de visita en Colombia. Esta se basa en premisas conservadoras bastante cuestionables, pero socialmente publicitadas y aceptadas, a saber:

Todos estos postulados, algunas veces respaldados por la academia, esconden tras de si el verdadero interés de esta política criminal: Las grandes ganancias que deja privar a la gente de su libertad, no solo de manera directa con el manejo de cárceles, construcciones, logística, aparatos de control de desorden y vigilancia, entre otros; si no de manera indirecta: Cultura del miedo, (fascinación por el uso de cámaras de video, vigilancia públicas y domésticas, en colegios y hasta en baños y alcobas), represión y criminalización de los pobres, aislamiento de los individuos que estorban las políticas de consumo y poder. (activistas que no permiten o protestan contra la inversión extranjera, la confianza inversionista, y demás políticas de Estado), aceptación de bajos salarios, (empleados precarizados que se conforman al tener un trabajo) y aislamiento de desempleados, vagos y demás individuos que dañan la “estética” de las ciudades. En síntesis, una política de guerra jurídica contra los pobres con la cual solo se posterga o se sacrifica una real solución del problema de la delincuencia en aras de beneficiar ese nuevo renglón del mercado libre que genera múltiples empleos, y jugosas ganancias. El estado punitivo genera más 1-

puestos de trabajo que el estado social, y obviamente más ganancias para los nuevos patrones. La segunda es una política humanista, paradójicamente la que respalda nuestra constitución y las leyes pero que desafortunadamente poco se cumple y que tiene como fundamento la privación de la libertad para resocializar al delincuente. En el entendido, -aunque no explicito-, de que el crimen tiene origen en las profundas condiciones sociales de exclusión y pobreza de una sociedad y que quien comete un delito puede transformarse en una persona respetuosa de las leyes, se requiere para resocializar a un prisionero de un tratamiento humanista que brinde posibilidades distintas y alternativas a la delincuencia. Esta era, aunque bastante imperfecta, la política carcelaria dos décadas atrás. Así mismo para prevenir la criminalidad, el paradigma humanista plantea que se deben ejecutar políticas sociales que ataquen directamente las causas que la generan, como lo son la pobreza, la mala o inexistente educación, falta de inversión social, el desplazamiento forzado y el desempleo entre otros factores.

Ante la incapacidad y falta de voluntad para resolver la crisis social es mas fácil y lucrativo darle solución al tema de la delincuencia fortaleciendo las medidas penales represivas.

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Esta tendencia progresista resulta antipopular en las pudiera ser resuelto por los votos, en su mayoría de actuales condiciones mediáticas, pero muy acertada ciudadanos que desconocen del tema y votan mas con para quienes padecen el dolor de la cárcel y su familias. el corazón, -o con las tripas-, que con la cabeza en Un porcentaje creciente de colombianos profundizan su un ejercicio democrático fuera de base, como si las miseria por tener en prisión a un miembro de su familia verdades se pudieran conseguir a punta de sufragios. en condiciones de ser productivo, perdiendo su tiempo, Influenciados por esta doctrina ultra conservadora, la aprendiendo vicios y costumbres delincuenciales, ya misma congresista insiste en la cadena perpetua como que el sistema penitenciario no demuestra eficiencia si los comportamientos sexuales desviados, no tuvieran en el tratamiento de los prisioneros. Gran parte de sus raíces en la influencia que el entorno social ejerce ellos no tienen una carrera delincuencial, son solo sobre la psicología o sobre los imaginarios de las infractores ocasionales de la ley, personas. ¿Será que existe alguna pero su castigo es exageradamente responsabilidad en la errada desproporcionado en una sociedad educación sexual represiva de “MediÁticamente muchos excluyente como la nuestra. Solo varias generaciones, por parte hacen política con la miremos las estadísticas de los de padres fanático-religiosos necesidad de seguridad prisioneros para darnos cuenta que y escuelas mojigatas?. ¿O en de la gente planteando quienes purgan condenas en su la cultura de los estereotipos soluciones que desvían gran mayoría pertenecen a estratos perfectos de belleza humana la atenciÓn sobre el sociales bajos y/o han pasado por que se venden por los medios difíciles condiciones de vida. que dejan insatisfecho(a) a verdadero problema. cualquiera y segregan a quienes Este paradigma humanista también no cumplen los “estándares” del es aceptado ampliamente desde la óptica científica pues mercado de medidas corporales y rostros bonitos?, ¿El las doctrinas mas completas en psicología y sociología delincuente sexual nace o se hace?. Vuelvo e insisto demuestran que si es posible la prevención del delito que no pretendo justificar este comportamiento, pero si siempre y cuando haya un ambiente y unas políticas trato de explicarlo. El comportamiento humano es tan propicias para ello. Las sociedades mas avanzadas en complejo que el tema no puede reducirse al número de el campo de los derechos sociales ven drásticamente años que debe pasar un delincuente en la cárcel para bajados los índices de criminalidad. castigarlo o para legitimar argumentos con votos. Mediáticamente muchos hacen “política” con la necesidad de seguridad de la gente planteando soluciones que desvían la atención sobre el verdadero problema. Hace poco una senadora recogió firmas para un referendo que pretendía consagrar la cadena perpetua para violadores, como si un tema de tal delicadeza

Es así como la repulsión natural que genera el delito sexual en la opinión pública se ha convertido en la punta de lanza de toda una implementación gradual legitimada en los medios del estado punitivo que arremete contra el Estado social de derecho conquistado en el texto de la constitución del 91. La política criminal en Colombia requiere mas estudio y no puede definirse con postulados subjetivos, acientíficos y viscerales. La academia, las facultades de derecho, psicología, sociología y los profesionales comprometidos y humanistas tenemos una deuda con quienes parafraseando al presidente se están pudriendo en la cárcel. La política criminal en un momento coyuntural de paz deberá estar incluida en un futuro contrato social, donde deberá primar el tratamiento humanista y resocializador de los prisioneros en contraposición a la política criminal represiva, ultraconservadora y mercantilista que se impone a la actualidad.

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CON HUELGA Y PROTESTA SACAMOS A CAPRECOM

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omo en todos los penales, en el de Palo Gordo había malestar por el pésimo servicio de salud.

¿Y cómo esta el servicio de salud por allá? Mal, nos respondían de otros penales. A la espera de que nos dijeran, nos vamos a la huelga o a una protesta, requeríamos de un argumento de hecho para animar a los presidiarios de Palo Gordo y salir a la huelga. Y pasaban los días, la salud empeoraba igual que el servicio de Caprecom. Agonizaba junio y del patio número 3, el de la guerrilla, nos llega una nota invitándonos a que los acompañemos en una jornada de desobediencia por la salud. El entusiasmo empezó a subir. En otra nota preguntamos: ¿Y en qué consiste la protesta? Poco los metros que nos separan, muchos los obstáculos del penal para comunicarnos y días se van en una respuesta. El primero de julio, en reunión de derechos humanos del

penal el delegado del patio 2, de paramilitares, presentó a la dirección del penal un documento, en el que se exponía la grave situación de salud, alimentación y hacinamiento; y manifestó que si el martes 5 no había solución, irían a la huelga de hambre. Entusiasmados planteamos: ¿Por qué no aplazan unos días la huelga para nosotros prepararnos y sumarnos para que no sea uno sino sean los diez patios? -No se cambia la fecha, así se aprobó. Fue la respuesta categórica. -Listo, vamos pa’esa. El delegado del patio 10b propuso que acompañemos la huelga con una protesta pacífica presentándonos en calzoncillos a la hora de la contada, otro añadió “y que sea sentados en el piso”. Los diez delegados estuvieron de acuerdo, firmaron y entregaron al director del penal el escrito formulando tal determinación. En presencia del teniente Álvarez, el director de la defensoría y la procuraduría se redacta un documento dirigido al presidente Juan Manuel Santos, exponiendo

POR: JAIRO LESMES

TD3539 Patio 10A (Palo Gordo)

los hechos, exigiendo la declaratoria de una emergencia sanitaria y la presencia de la presidente. En uno de los apartes decía, Caprecom como EPS estatal convertido en botín burocrático y de corrupción del gobierno, en el de Álvaro Uribe Caprecom fue cuota del partido conservador, en el actual, fortín del partido de la U. Concretamente del senador Roy Barreras, próximo presidente del Senado. Es por esto que a Caprecom lo convirtieron en uno de los principales bocados burocráticos de 3 millones de afiliados en 919 municipios, con una deuda hospitalaria de 600 mil millones de pesos; y como si fuera poco de por medio una mafia de cobro y recobro. La carta de Santos firmada por la mayoría de los prisioneros, los patios 2 y 7 no la quisieron firmar y tampoco se comprometieron con la jornada de desobediencia. La huelga fue total en los patios 2 y 3, 2 terceras partes de participación en el 10A y 50 porciento en el 10B, 5, 6 y 9, en forma parcial unos días.

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LA GUERRA EN VOZ BAJA Y UNA REALIDAD QUE GRITA Por: Damian Prisionero Político de las F.A.R.C.-EP

“El desafío es: ¿Quién se cansa primero, ellos de robar o NOSOTROS DE LUCHAR?”

El viernes 8, pasada la barrera de las 72 horas, número requerido para ser reconocida oficialmente como huelga de hambre, reunido el comité de derechos humanos se hizo presente una delegación gubernamental encabezada por el viceministro de justicia y la burocracia departamental. El viceministro informó que el día anterior mediante decreto de emergencia el gobierno nacional le quitó a Caprecom la exclusividad de atender la salud en los penales y que a partir del 20 de julio el servicio de salud en los penales, lo prestaría una EPS regional y eficiente. En cuanto a la alimentación, de Cali llegaron los propietarios de la empresa contratista, cambiaron a todo el personal de la rancha, compromiso en la buena calidad de las materias primas, higiene, preparación… Y lo más importante, un control y fiscalización total por parte de

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los prisioneros, representados en los fiscales de alimentos de cada patio. En lo relacionado al hacinamiento el compromiso del director de ir subsanando en el menor tiempo posible. La huelga y la protesta estuvo acompañada todo el tiempo por las ONG de apoyo a los presos políticos y de guerra al igual que los medios alternativos, CUT Bucaramanga, organizaciones políticas y sociales y de gran presencia a la red. Estos son triunfos y soluciones pasajeras, pues mientras que padezcamos el régimen capitalista la prestación de los servicios de alimentación, salud y demás pasan por el filtro del robo y corrupción. El desafío es: ¿Quien se cansa primero, ellos de robar o nosotros de luchar?

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espués del anuncio de la insurgencia de poner sobre la mesa el debate acerca del papel de los medios de información en el cubrimiento del conflicto armado de nuestro país, y tras la retención en combate del periodista francés Romeo Langloais y su posterior liberación; el mundo conoce el video real del combate donde mueren militares colombianos y es herido, y tomado como prisionero el periodista.

Es necesario vislumbrar de que manera los Mass-Media capitalistas reducen las diferentes manifestaciones, sean culturales o políticas a su mínima expresión de acuerdo a sus intereses y juegos de poder de clase, en ultimas a la defensa férrea de las elites y su sistema económico. De ahí que sea el negocio de los medios de comunicación todo un conglomerado mundial manejado y monopolizado por grandes mafias multinacionales con vínculos y tentáculos regados y extendidos a otros negocios, algunos de ellos no tan Santos como la venta de armas. Retomando lo sucedido con Langloais, su propio video muestra al mundo la realidad de un país en guerra, en el cual su estado ha negado dicha condición por mucho tiempo y que ahora por otros intereses lo reconoce a medias, incluso de llegar al ridículo de decir que hay guerra, pero no prisioneros de la misma, ni actor político, ni beligerante como opuesto al mismo estado. Es el desconocimiento semántico de la insurgencia, de las causas del conflicto, de años de injusticias, en fin, de la historia, y es la creación ficticia en el imaginario colectivo de que no hay guerra, no hay conflicto, no hay pobreza, no hay crisis social.

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DE LA RESOCIALIZACIÓN Y LA REINSERCIÓN A LA NEUTRALIZACIÓN Y LA EXCLUSIÓN

Todo esto mantenido y azuzado desde noticieros, emisoras de radio y prensa escrita, que en Colombia son directamente de propiedad de familia presidencial, pulpos financieros y multinacionales. Entonces aparecen voces que cuentan y siguen los conflictos como la del señor Langloais. Y el mundo se pregunta que show mediático tiene montado en Colombia la burguesía manteniendo el espectáculo mediático inducido y de aconductamiento del pueblo a punta de Realitys y Telenovelas, mientras se esconde la cruda realidad y se maquillan las cifras. En Colombia la guerra existe y ha existido desde tiempos inmemorables, el conflicto se convierte en la decantación de cientos de años de inequidad, dominación extranjera y falta de autonomía con intensidades cambiantes en el tiempo, pero siempre con el trasfondo decisivo de lo políticos y lo económico, del derecho que le asiste a los de abajo, a los pobres sometidos a la rebelión y a la defensa de su vida, de su tierra y de la construcción de la dignidad. Deberían haber má s periodistas que realmente desarrollaran su papel investigativo y de manera ética y profesional cubrieran el conflicto colombiano mostrando su profundidad y sus raíces. Dejar en manos de la inteligencia militar y su organismos de propaganda la información de la guerra es una irresponsabilidad por no decir un facilismo y una mediocridad cómplice que desdibuja y desvirtúa la llamada “libertad de prensa” que tanto exigen los medios y los periodistas adscritos a ellos. De ahí que sea útil y necesario hacer el debate; todo esta claro con la anuencia de académicos y periodistas que aporten y den ideas para la solución del conflicto y su cubrimiento. Conocer que piensa la insurgencia y por que están allí, podría ser el inicio de la comprensión de lo que sucede a diario en el país y en el campo de batalla; esconder y manipular los hechos de esta incruenta guerra no solo muestra la clase de gobernantes que tiene el país, si no una tozuda e irracional manera de solucionar la crisis social y económica de la sociedad colombiana.

Por: “TRASPASA LOS MUROS”

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as prácticas punitivas son procesos que han ido evolucionando, más concretamente y con mayor incidencia desde los siglos XV y XVII (en donde el castigo se ejercía por medio del dolor aplicado al cuerpo y el suplicio) hasta la creación e irrupción de la prisión por parte de Jeremy Bentham1 en el siglo XVIII. Apoyado por el nuevo liberalismo emergente que se fundamento en la libertad y el control, Bentham implemento el panóptico como forma de vigilancia, coerción, coacción y control, que a su vez permitió insertar al sujeto dentro de prácticas disciplinarias encaminadas al utilitarismo y al mercantilismo; pero también a prácticas que estaban diseñadas para corregir las anomalías y las conductas de los sujetos “socialmente desviados” para insertarlos a un conjunto de leyes y practicas preestablecidas por el gobierno de turno. Por medio del castigo y la disciplina se comenzaron a implantar nuevos hábitos en los sujetos con el fin de cambiar dichas conductas a través de diferentes instituciones gubernamentales (prisión, hospitales, fábricas, colegios, talleres, etc.), y de esta manera ejercer prácticas sociales y disciplinarias muy concretas con el propósito de normalizar las anomalías y a su vez de que los sujetos fueran útiles a este nuevo sistema social y económico. En este sentido y parafraseando a Foucault, se trataba de vigilar y castigar la conducta de los individuos y aumentar, por medio del control y

la corrección, la rentabilidad y la productividad para una sociedad naciente que comenzaba a basarse en la mercancía como eje fundamental de la política gubernamental. Hubo entonces una clara transición de la sanción al castigo y la cárcel devino un pilar esencial para el ejercicio del poder, la cual a su vez legitimo indiscriminadamente los abusos de ese mismo poder. “Lo carcelario naturaliza el poder legal del castigo, como legaliza el poder técnico de disciplinar” (Foucault, M. 1976, p. 186). Durante este largo trayecto de prácticas punitivas la resocialización pasa a ser (en el siglo XX) el objetivo final dentro del sistema penitenciario, por medio del cual se pretende transformar la subjetividad a través de prácticas pedagógicas. Dichas prácticas se enmarcan dentro de modelos jurídicos los cuales a la vez se presentan como un ente estabilizador que arbitra los daños causados por una persona y las responsabilidades que este debe de cumplir para repararlos. En Colombia la resocialización, según la política penitenciaria y carcelaria, “busca inculcar a los internos la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo” (Política penitenciaria y carcelaria, p14). Por otro lado el artículo 94 del título VIII del código nacional penitenciario afirma que:

“La educación al igual que el trabajo constituye la base fundamental de la resocialización. En las penitenciarías y cárceles de Distrito Judicial habrá centros educativos para el desarrollo de programas de educación permanente, como medio de instrucción o de tratamiento penitenciario, que podrán ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior. La educación impartida deberá tener en cuenta los métodos pedagógicos propios del sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en el interno, el conocimiento y respeto de los valores humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas de convivencia ciudadana y el desarrollo de su sentido moral” (código nacional penitenciario 1993, p. 21). 1 Bentham ideó una modelo de cárcel en la cual se vigilara todo desde un punto, sin ser visto. Esta se denomino panóptico.

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Sin embargo, al hacer un análisis más profundo y al introducirnos dentro de las dinámicas internas de los centros de reclusión del país, las falencias de las leyes que estipula el código nacional penitenciario se sumergen en sofismas vacíos de contenido que no reflejan la realidad de las leyes, pero que si es un claro reflejo de la realidad nacional y de las prácticas de poder y control que se ejercen sobre los sujetos de conocimiento que se hallan inmersos dentro de las prácticas sociales. Podemos entonces hacernos la siguiente pregunta: ¿Es la resocialización un fin transformador para la reinserción social dentro del sistema penitenciario? O por el contrario, ¿Es un mecanismo disciplinario de control y exclusión? Siguiendo con el discurso del código nacional penitenciario colombiano, observamos que las prácticas de resocialización pretenden generar en los sujetos cambios sustanciales por medio del trabajo y la educación y así transformar las subjetividades; de tal modo que le permitan al recluso, en cierto tiempo estipulado por la ley, devenir un ser apto para comportarse de manera adecuada y recta dentro de la sociedad. Sin embargo lo que se puede observar son más bien modelos intervencionistas estatales de opresión, control y exclusión en donde los delitos y las faltas se penalizan por medio del castigo y el encierro. Al ingresar al penal el recluso queda reducido a un ente desarticulado de la sociedad lo cual genera cambios en las subjetividades; cambios que son completamente opuestos al fin último de la resocialización y que por ende implican juegos de poder y dominación que operan sobre los sujetos, transmutándolos así en subjetividades muy particulares producidas y reproducidas por la misma institución. La cárcel en teoría es la institución por excelencia que pretende modificar las costumbres de los individuos que han actuado “negativamente” dentro de la sociedad para metamorfosearlos y convertirlos en ciudadanos que actúen consecuentemente de acuerdo a las leyes. Sin embargo el colegio, los centros psiquiátricos y las fábricas, también siguieron este mismo modelo que aun hoy en día prevalecen y que son claros ejemplos de sociedades de control (antes disciplinarias) que pretenden ejercer el poder desde las instituciones gubernamentales para seguir un modelo y un orden establecido. Se observa entonces una clara correlación entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control, las cuales

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se encuentran en constante fusión y por ende son modelos que se filtran entre sí. Lo que podemos detectar claramente dentro de las cárceles hoy en día son modelos disciplinarios, que más que resocializar las subjetividades, pretenden establecer una exclusión por medio de un control físico y psicológico a través de prácticas muy concretas. Se evidencia claramente como el ocio (juegos, drogas, aislamientos, etc.) se convierte en pilar para desarticular al individuo en su facultad de pensar y organizarse dentro de los centros de reclusión. Sale a relucir entonces esa extraña dicotomía y contradicción, que por un lado pretende dislocar y aislar al individuo en su encierro y que por otro pretende resocializarlo para luego incluirlo en prácticas productivas, sociales y culturales. Vemos como la subjetividad, tanto dentro de la cárcel como afuera, se pretende moldear de acuerdo a estrategias muy concretas de producción que aniquila las libertades y que convierte al individuo en una maquina productiva, acrítica y carente de autonomía. Entonces los objetivos y las dinámicas que la resocialización pretende son bastante difíciles de llevar a cabo dentro de nuestra sociedad debido a la misma estructura de los centros de reclusión, de sus políticas y sus leyes. La cárcel está conformada por espacios lúgubres, hostiles y cerrados en donde miles de personas son controladas por medio de diferentes métodos que van generando dinámicas propias de represión y que operan directamente sobre los sujetos. Existen a su vez ciertos factores como el hacinamiento, la salud y la alimentación que operan vehementemente como formas concretas de degradación del ser humano, que más que generar un ambiente apto en donde el recluso pueda sentirse dueño de sus facultades como ser humano, instituye ambientes inhóspitos de humillación e ignominia que van creando y forjando en las subjetividades un rechazo arraigado frente a ese sistema que lo llevo al encierro. Se develan síntomas de que la cárcel deviene una institución excluyente en la cual se margina y se aísla al recluso y en donde la resocialización se opaca y se difumina en los viejos documentos que resguardan las leyes y los códigos penitenciarios.

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En este sentido, un modelo carcelario es inapropiado para generar dicho fin, ya que tanto las estructuras físicas como las estructuras institucionales y penales, son lógicas de aislamiento y represión que pretenden mantener al recluso sumergido en dinámicas de ocio e incomunicación los cuales conllevan a problemas físicos y psicológicos. Lo que se manifiesta son reproducciones sistemáticas de la violencia causadas por las lógicas internas y también por las relaciones de dominación entre carceleros (institución) y reclusos. En este sentido estas lógicas apuntan a unas formas específicas de comunicación vertical las cuales generan dentro de los individuos conductas de rechazo e intimidación. Este respeto que normalmente debería primar en dicha relación y en dicha resocialización, es suprimido y modificado por lógicas represivas que generan e incrementan el rencor y la apatía hacia la sociedad en general y hacia la vida misma. La resocialización y el tratamiento que brindan los centros de reclusión se dan por medio de una comunicación en donde el detenido siempre juega un papel pasivo de sumisión y la institución juega un papel activo de opresión. La comunicación abierta y la interacción entre cárcel y sociedad que debe surgir en dicha resocialización deben de ser sinceras y reciprocas para que el fin último pueda surgir efecto. Sin embargo lo que resalta son esas barreras

comunicativas que disyuntan y bloquean esa reciprocidad entre el afuera y el adentro. Se puede afirmar que la cárcel sí surge efecto como órgano transformador de conductas y subjetividades, pero en una dirección contraria y disímil a lo que estipula la ley y los códigos penitenciarios, porque lo que allí se reproduce es la violencia, la intervención, el control y la infame violación a los derechos humanos que se imparte desde las altas esferas y que se adapta a la cárcel con sus propias dinámicas. En este sentido todo el modelo paternalista y autoritario reproduce violencia, resentimiento y desequilibrio emocional, los cuales se reproducen así mismo entre los mismos reclusos. Así, dentro de estos regímenes, el individuo pierde todo contacto con la realidad externa y solo puede adquirir este conocimiento por medio de intermediarios (abogado, familiares, amigos que lo visitan y medios de comunicación masivos). El recluso queda incomunicado completamente de la sociedad y por ende tiene que adoptar nuevas formas de interrelación que le permitan sobrevivir en ese otro mundo voraz en el cual se encuentra sumergido. La sociedad se presenta entonces como ese mundo intangible que se halla fuera de su realidad y por lo tanto el recluso debe adaptarse (conductas, modelos económicos, etc.) a ese hostil mundo en el cual

las cosas se reorganizan de manera compleja y distante de la sociedad. La prisión deviene una fábrica de subjetividades donde se reproduce la violencia y la delincuencia y en donde se transforma para que el recluso se interne definitivamente en dichas lógicas que lo marcaran y lo perseguirán por largo tiempo. El trato y el reconocimiento que se la brindan al interno es por medio de números (TD), esto apunta a que el sujeto quede reducido a un objeto maleable sin nombre ni personalidad y que por ende implica lógicas que se interiorizan para luego ser reproducidas en su cotidianidad. Esto genera una impotencia hacia la vida misma y una pérdida extrínseca de autoestima, lo cual se refleja en las dinámicas de relación internas entre los mismos presos y lo cual a su vez genera pérdida de identidad. Entonces estas nuevas subjetividades que se configuran dentro de las prisiones se encaminan rápidamente a seguir modelos internos, perdiendo el contacto hacia el exterior y forjando nuevas formas de violencia, las cuales entorpecen la relación y la reinserción a la sociedad. En este sentido no se piensa en el hombre en sociedad, sino que por el contrario se excluye completamente al recluso de esta por medio del aislamiento y la soledad, lo cual por su parte implica un aniquilamiento de dicha noción.


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En esta dirección podemos decir que lo que ocurre dentro de las cárceles son modificaciones de las subjetividades y que en muchos casos desdibujan al individuo como tal, su personalidad, sus afectos, sus sentimientos y sus esperanzas de vida. Lo que adentro se produce son más bien sujetos, que al cumplir un determinado tiempo dentro de prisión, presentan síntomas de nerviosismo, baja autoestima, desesperanza, conformismo y resignación. Y entonces al enfrentarse a la sociedad, por un lado los cambios radicales que se produjeron en las subjetividades salen a relucir, pero a su vez se enfrentan a esa sociedad que los estigmatiza y que por ende los rechaza; porque precisamente las transformaciones que allí adentro se sufren son reconocidas de alguna manera por la sociedad que no acepta al ex detenido como un sujeto resocializado. La dicotomía que se presenta y las contradicciones que surgen son bastante claras, ya que por un lado la sociedad acepta el castigo carcelario y el encierro, pero a su vez rechaza el sentido mismo de la resocialización, por que indirectamente intuye lo que allí adentro sucede. Es decir que entre el afuera y el adentro no se puede encontrar una comunicación real para que la resocialización surja un efecto positivo en el individuo. Por el contrario lo que hace la cárcel con el individuo es aislarlo de la sociedad como forma de castigo por su “mala conducta”, la cual se paga por medio de diversas formas de opresión y transformaciones evidentes en las subjetividades a través de la pena que la ley estipula. O sea que las dinámicas de la cárcel, más que tratar de resocializar al individuo, lo que pretende es incomunicarlo y reprimirlo. Vemos entonces la inmensa brecha que se abre entre la teoría, la política, la normatividad y la realidad que se vive en los centros de reclusión, que mas que corregir, fragmenta al individuo y crea subjetividades atípicas que en muchos caso generan reincidencia. Porque al salir de prisión el ex detenido siente el estigma de la sociedad y los efectos fragmentarios que sobre él produjo la cárcel. Entonces se siente todavía un delincuente, un delincuente que aun sigue vigilado y que la sociedad excluye. Ahora bien, si seguimos con la lógica de la resocialización nos encontramos con un problema aun más profundo, y es la situación y el estatus de prisionero político (que el Estado no reconoce). Prisionera políticx es quien “se encuentran en prisión en razón de la represión de Estado a sus ideas y convicciones o por vivir en zonas altamente afectadas por la guerra (causas que no son

delitos) o por pertenecer a un grupo armado insurgente. El término Prisionero/a Político/a no aparece en ninguna legislación a pesar de su antigüedad, puesto que los gobiernos no acostumbran aceptar la existencia de tales, sin embargo, la costumbre de los pueblos oprimidos ha desarrollado el concepto de acuerdo a las formas como se desarrollan los conflictos y las guerras en el mundo. Excepcionalmente, en la legislación internacional, se reconoce la categoría de Prisionero/a de Guerra en el marco de conflictos armados internacionales; concepto que por analogía jurídica es aplicable a los conflictos armados no internacionales, como en el caso colombiano”2 Existen en Colombia miles de prisioneros políticos que están en la cárcel por ser luchadores sociales (campesinos, líderes sociales, estudiantes, sindicalistas, etc.,) y que buscan lógicas diferentes de organización y de vida y que por ende sus dinámicas son una amenaza para el sistema político establecido. En este sentido una resocialización es imposible de que surja efecto. Primero que todo por que dichas dinámicas, como ya lo hemos visto, no pretenden transformar al individuo para la libertad y la autonomía propia dentro de la sociedad. Y segundo porque en muchos caso estos sujetos sí llevaron a cabo una lucha transformadora por medio de prácticas concretas y concisas por fuera de las cárceles y en contra del actual sistema en el cual priman las libertades individuales sobre las libertades colectivas. Así pues los prisioneros políticos entran a chocar de manera abrupta contra las lógicas estatales y se reafirman en sus lógicas internas que si pretenden apuntar, de manera más concisa, a cambios radicales en las estructuras del poder. En este sentido si no se siente culpa, y es más, si sus dinámicas se sienten violentadas por las normas estatales, es claro que la lucha dentro de las cárceles va a ser mucho más vehemente y concreta en pos de cambios estructurales. Luchas que dentro de las prisiones pueden ser más arraigadas porque sienten en carne propia y de manera más tangible esas lógicas estatales que también prevalecen en la sociedad en general. Entonces si “la resocialización sugiere en el condenado, deficiencias de adaptación social que deben ser subsanadas…” (Ruiz, M. 2007. P. 9) el prisionero político no puede, por razones éticas, morales y políticas adaptarse de manera consiente frente a dichos términos que atentan contra su integridad política y personal. 2

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Cartilla Defenderse desde Adentr-TRASPASA LOS MUROS>>(segunda edición. Bogotá 2102)

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Percibimos concretamente como el concepto de resocialización funciona como una estrategia de poder, control y dominación que choca contra su propia etimología. En este sentido la resocialización, más que ser una táctica de reinserción social lo que pretende es insertar al sujeto en prácticas muy bien diseñadas de castigo y opresión que dentro de la misma sociedad generan exclusión y estigmatización hacia el preso. Pero por otro lado también generan en el detenido lógicas intrínsecas que dejan secuelas graves en el sujeto, y que en muchos casos lo llevan a la reincidencia y por ende son prácticas que van encaminadas hacia una segregación cultural y hacia una discriminación social; puesto que el ex detenido en muchos casos queda reducido a un ente asocial que presenta patologías sociales y por ende no es productivo para esta sociedad que se basa en la mercancía. Entonces podemos determinar que las cárceles son esas barreras y esos muros que se pueden traducir en bodegas humanas y que esconden y ocultan los problemas más intrínsecos de la sociedad, y en este

sentido los aísla para que la sociedad no los pueda observar ni percibir. Entonces vemos como la cárcel no es la solución sino parte del problema; porque lo que realmente sucede tras los muros y las rejas es que se siguen reproduciendo de manera más abrupta y con mucha más rigurosidad y severidad, los problemas que la misma sociedad genera y que trata de encubrir dentro de las cárceles. El recluso pasa entonces a ser un objeto de acción de las instancias externas y la resocialización se convierte en una instrumentalización a favor del orden interno y de la seguridad externa. En este sentido podemos finalmente establecer dos afirmaciones: primero que la cárcel es la forma de gobernar los conflictos por medio del castigo, pero también a través del encubrimiento. Y segundo que la cárcel nunca ha sido la institución que brinda una oportunidad al preso para una reintegración social fructífera y concreta, sino que por el contrario, la cárcel es ese lugar en donde se inhabilita la subjetividad por medio de la imposición, el sufrimiento y el retraimiento, y en estas condiciones es imposible tratar de integrar al sujeto a la vida social por medio de la segregación y la exclusión.

LA EXCLUSIÓN EN LA LOGICA PENITENCIARIA:

Luego de observar las practicas concretas de resocialización que sugiere el código nacional penitenciario y de una observación especifica de la realidad que se vive tras los muros, podemos comenzar a desmantelar el fin último de la prisión y detectamos como actualmente, dentro del sistema penitenciario, existe una clara transición de la resocialización a la exclusión por medio del castigo y el encierro y el cual es ejercido actualmente por la institución carcelaria. El detenido, al entrar a hacer parte del sistema penitenciario, es excluido de la sociedad por medio de la privación de su libertad lo cual implica aislamiento e incomunicación. Pero a sí mismo cuando se le es otorgada la libertad, también se le niega la posibilidad de hacer parte activa del conjunto social puesto que esta lo estigmatiza y a su vez lo segmenta. Podemos entonces afirmar que tanto el código nacional penitenciario como el sistema judicial, esconden con reticencia esa realidad que conocen y que ocultan por intereses políticos, económicos, de poder y de dominación.

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Entonces podemos elaborar un pequeño esbozo de lo que ha sido la evolución de las formas punitivas de la siguiente manera. Del exilio (entre muchas otras) a la disciplina (una manera de resocialización) y de la resocialización (por medio del trabajo y la educación) a la neutralización.

Siglo XVI y XVII

EXCLUSION

Por medio del exilio

Siglo XVIII

Siglo XXI

CORRECCION

EXCLUSION

Castigo Disciplinar

En los siglos VI y VII una de las maneras de castigar el delito se ejercía por medio del exilio y en este sentido el “delincuente” era excluido físicamente de la sociedad. En el siglo XVIII la cárcel surge como instrumento de control y vigilancia que pretendía normalizar y corregir las “anormalidades” por medio de la disciplina. Vemos entonces como se incluía al “desviado social” dentro del sistema disciplinar con el fin de reincorporarlo a las prácticas sociales y productivas. Más tarde surge el término de resocialización dentro los sistemas penitenciarios el cual fue aplicado con el fin de reeducar al sujeto (por medio del trabajo) para luego insertarlo a la vida social. Lo que observamos hoy en día es una neutralización de la subjetividad por medio del castigo y a través del aislamiento y el encierro para excluirlo de la sociedad en términos indefinidos. Entonces detectamos como dentro de los sistemas carcelarios actuales se retoma otra vez el objetivo de la exclusión como fin último, y es más, percibimos como dicha noción del término exclusión ya había sido aplicada y elaborada durante el Medioevo para separar al individuo de las prácticas laborales, culturales y políticas de la sociedad. Ahora bien, la resocialización dentro del sistema carcelario, y entendida según Baratt (1990) como “el

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Neutralización

tratamiento reeducativo y resocializador como final de la pena” fue un sistema de reformas dentro de los sistemas penitenciarios que durante los años 70 los experto determinaron como métodos insuficientes que no cumplían su fin por dificultades estructurales. Por otro lado, la creación de las cárceles de máxima seguridad, que surgen como modificaciones dentro del régimen carcelario (especialmente en Estados Unidos y El Reino Unido) a causa de las nuevas políticas norte americanas en contra del “terrorismo” (nuevo bastión de lucha), ha llevado a gran parte de las instituciones a la renuncia de la resocialización y a la afirmación de lo que estas verdaderamente son; órganos estatales donde se aísla y se incomunica al sujeto de la sociedad como forma de castigo. Entonces en países como Estados Unidos el discurso se transmuta y pasa de la “prevención especial Positiva (resocialización) hacia la prevención especial negativa (neutralización, incapacitación)” (Baratt 1990). Sin embargo para el poder es necesario seguir conservando ese imaginario que nos brinda el término de resocialización como una noción netamente rehabilitadora y que ve en la cárcel esa institución que corrige y encamina al detenido hacia una vida “sana” y digna dentro de la sociedad.

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Percibimos entonces como la mayor parte de la población que se halla inmersa dentro de las cárceles es una población marginal, pero no en su mayoría por cuestiones raciales o étnicas, sino por cuestiones económica. Y aunque en Colombia existen muchos casos de políticos presos (diferente a presos políticos), sus celdas se asemejan más a hoteles de cinco estrellas que a cárceles convencionales. Es decir que en esta época de neoliberalismo reinante, quien se encuentre por fuera de la lógica mercantilista, es por ende un precario y un marginal que debe ser excluido de la vida en sociedad.

un sujeto excluido y segregado que puede seguir produciendo, ya no en sociedad, sino dentro de su aislamiento, el cual también transforma las subjetividades en pos de un aniquilamiento de toda noción de sociedad. La pretensión de las instituciones penitenciarias, apoyadas por el modelo neoliberal, es convertir las prisiones en fabricas productivas en donde se neutralice y se excluya por medio del trabajo enajenado. Y aunque dichas estructuras carcelarias están surgiendo principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, en Colombia se empiezan a percibir síntomas de dichas prácticas.

Así mismo podemos detectar como dentro del neoliberalismo la sociedad deviene excluyente (políticas de precariedad laboral, segregación social, reducción de los estados de bienestar,etc) y aumenta y reproduce las desigualdades, mientras que el Estado incrementa y legitima su poder de policía. Existe una exclusión social y una inclusión selectiva, puesto que por un lado se excluye de manera abrupta al marginado que no puede acceder al sistema de consumo, pero a su vez incluye a los privilegiados que continúa reproduciendo este sistema y que por ende generan producción y poder para el capital.

La exclusión del sistema penitenciario pretende expulsar al detenido de la sociedad pero incluyéndolo dentro del sistema de producción neoliberal y carcelario por medio del trabajo y la producción de capital, pero sumergido en el aislamiento dentro de su nueva realidad. Entonces la cárcel se convierte en ese proceso secundario de marginación, ya que la mayoría de reclusos han sido marginados de la sociedad por múltiples razones (sistemas de desigualdad), y al entrar a la cárcel sufren de nuevo esa doble explotación por parte del sistema a través de esos mismos mecanismos de trabajo y producción (sistema de exclusión).

Entonces en algunos países del norte se comienzan a implantar nuevas formas de sistemas carcelarios que pretenden ya no resocializar, pero si neutralizar al “usuario” (como se le nombra al preso en muchas cárceles de Estado Unidos) por medio del trabajo asalariado y la producción en serie. Esto implica un cambio sustancial de las cárceles hoy en día ya que le es introducido el factor económico y a su vez les permite filtrarse dentro del sistema neoliberal. Existe un tránsito entonces de los modelos carcelario liberales hacia los modelos carcelario neoliberales. Surgen así los nuevos modelos de cárceles privadas que reflejan el carácter neoliberal del sistema y la exclusión por medio de la inclusión a un orden productivo cerrado, hermético y autoritario. Es decir que dentro de las lógicas de neutralización se pretende ya no adaptar al individuo para una vida en sociedad, sino que se implementa el modelo neoliberal a las instituciones del estado (sistema carcelario) para explotar al recluso y reducirlo a

Vemos claramente el tránsito de los modelos liberales de seguridad, entendidos como políticas económicas y sociales del estado de bienestar, al estado de inseguridad, en donde reina la opresión, la exclusión social, la precariedad y la desintegración. Y en este nuevo orden de inseguridad surge también el nuevo concepto judicial penal llamado neopunitivismo y el cual se enmarca dentro del derecho penal del enemigo. Según Daniel Pastor4 (citado en Sueiro, C.C. & Birriel, B., 2006) “la actual situación del sistema punitivo se deja clasificar bajo la noción de neopunitivismo, entendiendo ello como corriente político – criminal que se caracteriza por la renovación de la creencia mesiánica de que el poder punitivo puede y debe llegar a todos los rincones de la vida social.” Vemos entonces claras transformaciones judiciales en donde el estado también comienza a perder peso como institución estatal para darle cabida a prácticas neoliberales dentro del sistema punitivo. Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho 3 Penal, y Profesor Adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

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COONIVENCIA, RUPTURA Y REVOLUCIÓN -HE AHÍ EL DILEMA-

Es evidente el paso del liberalismo, en donde los derechos se ejercían a través del estado, hacia el neoliberalismo, en donde los derechos primordiales (salud, educación, vivienda, etc.,) y las libertades individuales y colectivas comienzan a privatizarse. Podemos también observar la evolución y los cambios que han surgido en los sistemas penitenciarios, desde el liberalismo hasta nuestros días, en donde las cárceles comienzan a devenir entes privados y a su vez fábricas de producción para la acumulación del capital privado. Entonces en este tránsito del liberalismo al neoliberalismo también divisamos el tránsito de la resocialización a la exclusión, en donde ya el fin último no es “tratar” y reeducar al detenido para que vuelva a reintegrarse a la vida en sociedad, si no que se trata de segmentar al individuo y marginalizarlo completamente de la sociedad de tal forma que no pueda volver a integrarse en ella de manera íntegra. Esto se evidencia en el alto índice de reincidencia y lo cual explica este fenómeno. Pero por otro lado también se trata de incluir y reinsertar al sujeto a un orden económico, pero a través de su neutralización y por medio de una inserción al orden económico neoliberal (fabricas carcelarias), pero en su aislamiento y por fuera de la sociedad. Podemos concluir, por un lado, que los nuevos modelos penitenciarios asisten al tránsito de la resocialización hacia la neutralización del individuo y hacia la exclusión social, y por otro que las cárceles también están sufriendo esa transformación siniestra e impetuosa hacia ese nefasto neoliberalismo que abarca gran parte de nuestras vidas.

Por: Óscar Correa Corporación Jurídica Libertad

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e nuevo el escenario jurídico vuelve a ser subvertido por mujeres y hombres que sometidos al aparato judicial del Estado optan por romper esquemas, develando que el proceso penal es solo un ritual para legalizar las penas impuestas por quienes detentan el poder a todos aquellos que osan cuestionarlo y confrontarlo. Emerge el proceso de ruptura como la posibilidad de los prisioneros políticos no solo de reivindicar en los estrados judiciales el uso del supremo recurso de la fuerza frente a un sistema injusto, sino también para cuestionar la legitimidad del

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establecimiento y del sistema judicial. Esta estrategia judicial en los procesos políticos ha sido utilizada como expresión de resistencia individual y colectiva, bástanos recordar a Fidel Castro Ruz en la Historia me absolverá y a los integrantes del Frente de Liberación Nacional Argelino, para ejemplificar esta manera de cuestionar el statu quo donde el acusado y los procesados se erigen en acusadores de los representantes legales de un sistema injusto y opresor.

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En Colombia, en la década del setenta e inicios del ochenta, fueron aleccionadoras las experiencias de los militantes de distintas expresiones del pueblo en armas, quienes investigados y juzgados por militares en Consejos Verbales de Guerra, hicieron de las salas de audiencias campo de confrontación política e ideológica, donde exponían y reivindicaban sus principios revolucionarios y propuestas de transformación social. Desde Adentro los prisioneros de guerra, hicieron de la cárcel una trinchera de combate, desde allí convocaron al conjunto de la sociedad colombiana a luchar contra la tortura, contra el estado de sitio permanente que permitía que civiles fueran juzgados por militares y a luchar no solo por la libertad de los opositores al régimen, sino también por el levantamiento de las medidas de excepción que conllevaban a la restricción de las libertades democráticas y la sanción penal del ejercicio de derechos civiles y políticos. La conjunción de estos esfuerzos con hechos de fuerza como la Toma de la Embajada Dominicana, posibilitaron el levantamiento temporal del Estado de Sitio y la promulgación de una Ley de Amnistía, que aunque restrictiva y condicionada, permitió la liberación de centenares de presos políticos y prisioneros de guerra sometidos a la arbitrariedad de la “justicia” castrense. Con posterioridad la denominada justicia regional fue la encargada de investigar y juzgar a quienes promovían cambios radicales y estructurales en la sociedad colombiana, frente a este remedo de justicia con fiscales, jueces y testigos sin rostro, también se alzó la voz del movimiento social y popular para develar el desconocimiento de las garantías procesales, no solo de los presos políticos, sino de todos los sometidos a esta jurisdicción especial, quienes debían desvirtuar la “presunción de responsabilidad” que obraba en su contra.

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Hoy el contexto jurídico y político sigue siendo adverso para quienes se ven sometidos al aparato judicial del Estado, a quienes se les aplica el derecho penal del enemigo en procesos donde formalmente se reconocen las garantías de los inculpados para revestir de legalidad la sanción penal a quienes disienten de manera beligerante o deliberante del sistema. A partir de la Sentencia C - 456 del 23 de septiembre de 1997, se proscribe legalmente la conexidad de la rebelión con conductas inherentes a un conflicto armado y a la lucha por la liberación nacional y el socialismo, tales como el homicidio en combate, la toma de prisioneros de guerra, el sabotaje a la economía del adversario, la tributación para el sostenimiento de la causa insurgente etc., lo que conlleva a que militantes de organizaciones alzadas en armas contra el estado se vean compelidos a la máxima pena de prisión en el país que es de sesenta años (léase cadena perpetua). Hoy, como hace cuatro décadas, a la oposición política y pacifica se le pretende criminalizar, ya no con estatutos de seguridad, sino con leyes de seguridad ciudadana, que erigen en delitos actos propios de la lucha popular como el bloqueo de vías y la toma de sedes estatales. De nuevo hoy nos vemos avocados a resolver la disyuntiva; procesos de connivencia, donde reconocemos la legitimidad de un régimen injusto y acatamos la legalidad de nuestros captores y juzgadores ó procesos de ruptura, donde cuestionamos el carácter opresor del establecimiento, donde reivindicamos el derecho de los pueblos a rebelarse frente a un sistema que no permite los cambios estructurales de la sociedad por las vías legales.

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Traspasa Los Muros Jacques Vergés sintetiza estas dos opciones “las características de los procesos de connivencia están dominadas por la necesidad fundamental de respetar el orden establecido; el acusado se declara no culpable y niega los hechos o bien se declara culpable y alega en su favor circunstancias excepcionales (...) la ruptura trastorna toda la estructura del proceso. Los hechos pasan a un segundo plano, así como las circunstancias de la acción; en primer plano aparece bruscamente la impugnación del orden establecido (…) la paradoja de los procesos de rupturas estriba en que el individuo hace todo lo posible por eclipsarse y, al mismo tiempo, por la propia índole de su empresa no debe lograrlo enteramente. A través de él, la ideología de la que es portavoz y la acción de la que es vector cobran forma humana y valor de ejemplo”. Marinelly, Orlando, Tulio, Juan Carlos y otros compañeros han optado por la ruptura, han acudido a los procesos penales a reivindicar la legitimidad de la lucha popular y también a develar los montajes judiciales estructurados en su contra por la inteligencia militar, sin embargo su postura digna y decorosa debe ser replicada por otros prisiones de guerra en situación procesal similar, en los estrados judiciales debe resonar la voz de quienes luchan por una nueva Colombia, donde la superación de las causas estructurales del conflicto social y armado sea el primer paso en la auscultación de un proceso de paz con justicia social. Los procesos de ruptura deben ser colectivos, deben contar con el respaldo político del movimiento social y popular, tanto nacional

como internacional, deben ser difundidos profusamente, solo de esta manera permitirán develar el carácter excluyente del régimen que impide el ejercicio pleno de los derechos fundamentales consignados en distintos instrumentos internacionales y la constitución política, que no deja alternativa distinta a los transformadores sociales que el ejercicio legitimo de la rebelión como mecanismo de construcción de una nueva sociedad. Fidel Castro Ruz luego ser condenado a quince años de reclusión por los jueces de Batista el 16 de octubre de 1953, en un proceso penal donde no solo rindió tributo a sus compañeros caídos en el ataque al Cuartel Moncada, sino que también confrontó política e ideológicamente la dictadura y difundió los propósitos del movimiento revolucionario, por eso no solicitó el perdón y la dispensa de sus actos a sus captores, por el contrario desde la cárcel expresaba a quienes continuaban la lucha clandestinamente “la tarea nuestra ahora

de inmediato es movilizar a nuestro favor a la opinión pública; divulgar nuestras ideas y ganarnos el respaldo de las masas del pueblo. Nuestro programa revolucionario es el más completo, nuestra línea la más clara, nuestra historia la más sacrificada: tenemos derecho a ganarnos la fe del pueblo, sin la cual, lo repito mil veces, no hay revolución posible” Ese torrente popular conquistó una amnistía incondicional para los presos políticos en el mes de mayo de 1955, la que permitió a muchos revolucionarios continuar desplegando sus actividades revolucionarias, las cuales permiten el triunfo de la revolución el primero de enero de 1959.

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LA NUEVA CULTURA PENITENCIARIA crea nuevos dispositivos de seguridad dirigidos al encierro y al aislamiento como forma de castigo; implementa nuevas tecnologías e importa modelos Norte Americanos de control. GRI: Comando de Reacción Inmediata CORES: Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad

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Asesoraron el diseño de nuevos establecimientos y crearon un nuevo esquema de gestión penitenciaria implementado por funcionarios del Inpec, seleccionados y entrenados en las nuevas técnicas penitenciarias.

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Agencia del Depto. de Justicia de EEUU que gestiona 119 cárceles federales.

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NUEVA CULTURA PENITENCIARA BUREAU FEDERAL DE PRISIONES DE E.E.U.U.

Revista /

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Establecimiento: Epamscas De Valledupar Erm Tipo Establecimiento: EPAMSCAS Departamento: Cesar Ciudad: Valledupar Dirección: Km 3.5 Vía La Mesa Dirigido por: Jorge Alberto Contreras Guerrero Cupos: 1,350 presos

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EPAMSCAS DE VALLEDUPAR ERM “Arquitecturas neoliberales de Encierro”

En Marzo de 2000 firman el programa de mejoramiento para el sistema penitenciario con el Ministerio de Justicia colombiano. El 23 de abril de 2012 se acordó la elaboración de una agenda bilateral de apoyo que busca fortalecer el sistema penitenciario y carcelario colombiano.

“...tres, y medio millones de los cuatro coma cinco del Plan Colombia, seran utilizados para mejorar la seleccion y capacitacion del personal de prisiones”. (Palabras de la embajadora Anne W. Patterson en la firma del acuerdo para un programa para mejorar el Sistema Nacional Penitenciario de Colombia, Bogotá, 9 de julio del 2001).

(Industria Cárcelaria) CARCELES DE LA NUEVA CULTURA PENITENCIARIA

REGION CENTRO: Ep Las Heliconias De Florencia (Caquetá) Epmsc Acacias (Meta) Epamscas - Ere Picota (Bogotá) Epamscasco Cómbita (Boyacá) EPC Yopal (Casanare)

REGION OCCIDENTE: Epc De Jamundi (Valle)

Epamscas Popayan -Ere- (Cauca)

Las obras que inicialmente se presupuestaron en $33.740 millones terminaron valiendo $908.156 millones, el costo de la gerencia del proyecto pasó de $2.300 millones a $8.338 millones y los plazos de ejecución y liquidación, 36 y 12 meses, se extendieron a seis años y medio. Además de los sobre costos se destaca que la entrega de las nuevas construcciones ha sido incompleta; obras sin finalizar, suministros insuficientes y carencias de personal, por lo que se podríamos hablar de una corrupción deseada por parte de las instituciones públicas con el fin de mantener este proyecto y a la vez, reforzar las condiciones inhumanas de encierro y no tomar medidas inmediatas para cambiarlas.

RMR Constructores y Alfredo Muñoz & Cía (Firma constructora de la cárcel de Valledupar)

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REGION NOR-ESTE: Complejo Carcelario Y Penitenciario De Medellin Pedregal “Coped” Estructura I y RM (Antioquia) EP De Puerto Triunfo (Antioquia) REGION NORTE: Epamscas De Valledupar (Cesar) REGION ORIENTE: Epmsc De Cúcuta -Ere- (Norte de Santander) Epams Girón, Palo Gordo (Santander) REGION VIEJO CALDAS Complejo Carcelario Y Penitenciario De Ibague, Picaleña “Coiba”(Tolima) Epams La Dorada (Caldas)


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ÁLVARO FAYAD ANTE EL TRIBUNAL DEL CONSEJO DE GUERRA

Apuntes sobre Ruptura Judicial

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l destino nuestro se decide en los combates todos de la patria; no esperamos que nos venga a sacar nadie, porque no estamos aquí; el M-19 colea, lucha, se acrecienta y se engrandece en los combates presentes, lo que afuera pase incide en este Consejo de Guerra; lo que aquí pase en este Consejo de Guerra incide en lo que se desarrolla afuera, ya no nos apartan los muros de nuestro pueblo; ni ya nos apartan las tumbas de nuestro pueblo; ya no nos apartan ni la sangre ni los héroes caídos; estamos todos juntos los vivos y los muertos, Jorge Marcos Zambrano y Carmenza Cardona Londoño caídos en combate o Iván Marino Combatiendo; hoy estamos los vivos y los muertos de Galán y de Bolívar, los de los combates de hoy todos hermanados en la posible, en la actual, en la necesaria rebelión que cabalga hoy en las ciudades y en los campos de Colombia. Por eso este Consejo de Guerra no es más que un sitio y un momento en nuestro combate; por eso el aparente motivo jurídico que nos trae: robo de armas y rebelión, es simplemente el título de honor y orgullo, de decisión inatajable de un pueblo que se lanza a la rebelión, toma las armas necesarias para hacerla posible, para hacerla victoriosa. ¡Aquí hacen falta acusados y faltan acusadores! ¡Que vengan los señores de los monopolios! ¡Que venga esta oligarquía envejecida a presentar sus cuentas frente a la patria! Que vengan los impulsadores, los cómplices y los autores de la tortura a responder por sus

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crímenes; que vengan los ideólogos y los periodistas y los justificadores de un estado de cosas antinatural, antinacional y antipueblo, que aquí está el pueblo en armas, está la dignidad de la patria para sacar a luz la opresión, la indignidad, la mentira y la tortura; instrumentos milenarios de una oligarquía incapaz de solucionar los problemas de nuestro pueblo. Que venga todo el poder del sistema que aquí está la idea nueva, la generación decidida a vencer, la justeza de una patria, el empuje de su juventud, la dignidad de las mujeres, la experiencia de sus antiguos luchadores. ¡Vamos a tomar la palabra! Estamos tomando palabra y ella tiene hoy respaldo del pueblo, respaldo de arma y respaldo de justicia. Que sepa el general Camacho Leyva que ni con amenazas, ni con chantajes, ni con nuestra muerte aquí en prisión van a parar la propuesta político-militar del M-19 y nuestra disponibilidad de lucha; que entienda el general Camacho Leyva que podemos morir, que ya hay miles de hombres dispuestos a encabezar al M-19; que ya no es suficiente con descabezar una Organización; que ya no es suficiente con destruir una organización … porque esa organización es simplemente pueblo y a un pueblo nadie lo destruye; que están surgiendo en el seno del pueblo dirigentes nuevos, dirigentes, más dirigentes, mientras que Camacho Leyva hace la cuenta de los caídos y de los que faltan por detener.

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Que salgan los militares a preguntarle al pueblo qué piensan del Ejército; que vaya el general Camacho Leyva y le pregunte a los que van a divertirse a los estadios de fútbol, en Bucaramanga, qué piensan del ejército; que vayan los generales a las zonas campesinas a preguntarles a los campesinos sin tierra, a los indígenas qué piensan del Ejército; que vaya el general Camacho Leyva a la Universidad a dictar conferencia para que le digan qué piensan del ejército; que vayan a las fábricas, después de haber destruido las carpas de la huelga, para que le digan en su cara al general Camacho Leyva qué piensan del ejército. Dijo el general Lema Henao en su entrevista de prensa, en su rueda de prensa ayer, que el Ejército colombiano era magnánimo y respetuoso de los derechos humanos. No sé qué dirá Jorge Marcos Zambrano sobre la magnanimidad del general Lema Henao sobre su respeto de los derechos humanos… triste el papel de los generales del ejército colombiano, triste papel de destrucción, vergüenza que tiene que justificar un odio contra el pueblo con partes de guerra ficticios, con carticas de amenaza y con amenazas a todo el que hable de derechos humanos. El M-19, simplemente como expresión política, como expresión militar, de esa crisis que vive actualmente Colombia, ha propuesto soluciones inmediatas. No hemos planteado para mañana una solución total de todas las estructuras de la vida social y económica de Colombia; porque la crisis es profunda, porque la crisis es real estamos planteando mecanismos que permitan la solución incruenta de la actual crisis; porque la guerra es una realidad, porque la guerra es un recurso necesario que no nos gusta, pero que si es necesario la cumpliremos. No hablamos de guerra en términos agitacionales, no hablamos de guerra en términos de discurso, sino que hablamos fríamente de la guerra, proponemos fríamente caminos que eviten la guerra, ofrecemos soluciones parciales para evitar hasta el máximo la guerra, porque estamos en ella, porque la estamos viviendo en carne propia, porque sabemos qué cuesta en nuestra patria una guerra y porque sabemos la fuerza norteamericana, la fuerza monopólica que habrá que enfrentar, estamos ofreciendo caminos paralelos a los de la guerra; pero como somos revolucionarios, como somos parte del pueblo, no estamos lanzando simplemente tesis sino que estamos proponiendo soluciones reales y concretas.

Lo que estamos planteando hoy es que se democratice la vida política en Colombia; que permita la expresión pacífica, política, de todas las fuerzas sociales sin distingo, que se mueven en Colombia, que levantemos el Estado de Sitio, que quitemos la militarización de la vida política y social en Colombia o vamos a levantar el Estado de Sitio y vamos a democratizar no sólo la vida política sino social en Colombia mediante el triunfo político-militar del pueblo colombiano. No nos interesan los caminos que tengamos que caminar en función de una vida democrática para nuestro pueblo; si hay cambios políticos llenaremos la vida política colombiana con nuestras propuestas, pero si sólo queda el camino militar, allí estaremos como estamos hoy, organizando al pueblo y armando al pueblo, por sus derechos de siempre y por sus exigencias de siempre, por su victoria inevitable y necesaria. Entonces, en concreto, hoy hay un mecanismo político que permite solucionar la crisis mediante la libre expresión de los intereses económicos y sociales en Colombia; levantamiento del Estado de Sitio, amnistía general y una reordenación de medidas sociales y económicas entre las diferentes fuerzas sociales y económicas del país. Ese es un camino posible, necesario, urgente y el otro camino, el camino de la búsqueda de la organización y del triunfo, mediante el pueblo en armas. Se nos ha criticado porque busquemos soluciones políticas inmediatas y no soluciones económicas y ese argumento utilizado por la derecha y a veces por los teóricos del marxismo de que lo urgente son las soluciones económicas y no políticas se ha empleado como argumento para prolongar indefinidamente la actual situación. El general Landazábal, por ejemplo, dice que la solución es una reforma de la estructura económica, de soluciones para el subdesarrollo pero ni afirma ni dice nada de cuál es el mecanismo para logar las soluciones económicas o sociales en Colombia. El gobierno habla ahora de concertación como mecanismo para solucionar los problemas sociales y económicos del pueblo… concertación… negándole al pueblo la capacidad de movilizar fuerzas, de organizar fuerzas para hacer cumplir los acuerdos que en los recintos cerrados se hagan y algunos teóricos de izquierda plantean una reforma económica y social en el podrido parlamento que hoy todavía impera en Colombia.

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la hora de hoy y el profundo orgullo de ser hombre de hoy, combatiente de hoy cuando los pueblos de nuevo levantan sus cabezas, se enfrentan al imperio, destruyen y derrotan oligarquías.

Nosotros planteamos que si no se da vía libre a la expresión legal y política de las fuerzas populares, obreras, campesinas, estudiantiles, democráticas; cualquier, solución parcial económica, no arregla para nadas los problemas del pueblo colombiano; que concertar en palacio alzas de salarios, concertar en palacio con los gremios, con el gobierno y con los sindicatos aumentos de subsidios para cuando el pueblo se movilice a defender esas alzas de salarios, sea declarado ilegal y subversivo. Y si se me acusa, se me intenta juzgar y en inútil afán se nos quiere condenar por rebelión, asumimos orgullosos, seguros, la rebelión como el derecho de los pueblos, y la rebelión armada como la exigencia de la hora en Colombia. Que levanten cárceles, que levanten consejos de guerra, que aumenten el pie de fuerza, que cambien de armamento, pero ni cárceles, ni consejos de guerra, ni nuevos armamentos, ya no nos detendrán para siempre. Los silenciosos de ayer, los olvidados de siempre han empezado su marcha con sus propios dirigentes, con su propia vida como bandera, con su futuro como única meta y bandera, y hombres y armas cuando son pueblo en movimiento, o cuando hay un proyecto político que corresponde al pueblo y a la hora estarán venciendo, siguen venciendo. Vencerán. Y si de algo me han servido los estudios universitarios, las teorías psicológicas y sociológicas, es únicamente para entender que sin el pueblo nada se tiene y haciendo el balance hoy, hay que decir que mi formación, mi lucha, se la debo al pueblo, que en las luchas estudiantiles, en la lucha sindical, en la lucha de barrios de invasión, en la guerrilla campesina y en la clandestinidad del M-19 he encontrado el hilo del pueblo, la fuerza del pueblo, las banderas, los ejemplos y las futuras victorias del pueblo. Por eso el profundo orgullo de combatir con nuestras mujeres y nuestros hombres del M-19, el profundo orgullo de combatir con nuestro pueblo obrero y campesino, el profundo orgullo de ser colombiano en

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Y si caemos como es posible, siempre estaremos presentes porque esta lucha es de ¡vencer o morir! Ya lo estamos viendo, otros vienen atrás, mejores que nosotros, con más fuerza y con más vigor, sin tantos errores como los nuestros; pero con la misma experiencia nuestra, con los mismos combates nuestros, con los mismos proyectos políticos y militares… por eso no valen entonces ni juicios ni condenas, por eso nada decide este Consejo de Guerra, nada afecta al proceso esta condena… ¡ya nada nos detiene! Se quiere juzgar a hombres y mujeres, se quiere juzgar a una organización, se quiere juzgar a un pueblo con base en unas instituciones que nada representan, que nada aportan, ni nada pueden solucionar para el bienestar, para las mejoras o para el desarrollo pleno de nuestro poder y se nos juzga a nombre de unas instituciones que se dicen democráticas y a nombre del Estado de Sitio, del Estatuto de Seguridad y las torturas únicas instituciones de este país. Se nos quiere juzgar a nosotros que somos simplemente la democracia en armas y a nombre de un orden que no significa sino injusticia y miseria, analfabetismo e incultura; en nombre de ese orden de miseria e injusticia se intenta juzgar y condenar a las banderas de la justicia y dignidad para nuestro pueblo. En nombre de la patria, de una patria que han entregado, que cada día es más dependiente y menos soberana se nos quiere juzgar a nosotros los que levantamos en alto la bandera de la independencia, los que retomamos la espada de Bolívar, los que haremos, definitivamente, cada vez más cerca, la verdadera independencia y realizaremos en nuestra patria y en América el sueño del libertador… Por eso proclamamos y levantamos el derecho a la rebelión de nuestro pueblo y esa rebelión es la rebelión de la democracia del pueblo y de la nación en armas. Ése es nuestro orgullo, nuestra tarea y nuestro compromiso. Y frente a esta condena no apelamos solamente al futuro para demostrar la justicia de nuestra causa; apelamos, asumimos y nos sentimos parte de los combates del presente que preparan el porvenir. Tenemos urgencia del combate, tenemos afán de combate porque el pueblo tiene urgencia y afán de victorias y de bienestar. Que nos condenen ahora que mañana venceremos. Porque definitivamente el M-19 es una promesa que será cumplida.

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EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE PRISIONES DE LOS EE.UU. SE MUDA AL SUR DE LA FRONTERA

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ctualmente, los Estados Unidos utilizan una manera extensa y sin precedentes de vigilancia policial y encarcelamiento como control social de sus comunidades más marginadas. Se trata de una cultura única de encarcelamiento: ningún otro país encarcela a su población en la misma medida como lo hacemos nosotros, ni se ha perfeccionado tanto la prisión como herramienta para perpetuar inocuamente la división racial. (Michelle Alexander, El Nuevo Jim Crow) Dirigido en gran parte por William R. Brownfield, el Asistente Secretario de Estado a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Los EE.UU. están ayudando a los países latinoamericanos a construir “una nueva cultura penitenciaria”; un paquete completo de programas para hacer mas completamente “americano” el proceso, incluyendo nuevas cárceles, nuevas formas de encarcelamiento y nuevas estrategias para la vigilancia policial de comunidades. Por mucho tiempo, los EE.UU. han aplicado mano dura en su relación con América Latina, durante décadas apoyando a militares de derecha para proteger sus intereses financieros, luchando contra las supuestas amenazas del comunismo, y también creando programas de “desarrollo” exactamente por las mismas razones. Esta relación militarizada se mantuvo hasta el presente a través de bases militares, alianzas y acuerdos de libre comercio. En los últimos años, la influencia militar de EE.UU. se está filtrando de nuevo en México y América Central, esta vez supuestamente con el fin de luchar contra la violencia de las drogas y para reducir su tráfico.

Por: Nasim Chatha presidente mexicano, Felipe Calderón. En general, el plan envía equipo militar comprado a contratistas privados de los Estados Unidos a la policía mexicana, pero también tiene un aspecto importante con respecto al encarcelamiento: el plan, como señala William R. Brownfield, es “múltiple”. “En uno de nuestros programas más innovadores y exitosos”, dice Brownfield, “el Departamento de Estado está trabajando con las academias estatales correccionales de los estados de Colorado y Nuevo México, y con el Buró Federal de Prisiones de los EE.UU. para proporcionar capacitación y asistencia técnica a todos los niveles del personal penitenciario en México”. Esto acompaña a un aumento en el número de prisiones federales de México de seis a veintidós, lo que le gusta a Brownfield: estas “ aliviarán en gran medida el severo hacinamiento de las instalaciones estatales”, aunque él no dice nada sobre el aumento masivo de la actividad policial, la militarización interna y el estado de guerra que aumentarán las condenas. El visto bueno de Brownfield en un artículo actualmente escrito acerca de los programas del Plan Mérida, sugiere que los EE.UU. ejercen una fuerte influencia en la creación de estos nuevos centros penitenciarios. En un plan muy similar promulgado en Colombia diez años atrás, donde los EE.UU específicamente construyo nuevas prisiones, el incremento de dicha capacidad dio lugar a un aumento exponencial de arrestos y encarcelamientos.

En los últimos cinco años, los EE.UU. han estado implementando programas dirigidos a la construcción o remodelación de prisiones y al aumento de la vigilancia policial de comunidades en México, Honduras y el resto de Centroamérica. La Iniciativa Mérida, cual inició programas en 2007, es el principal acuerdo que canaliza miles de millones de dólares de los EE.UU. para la guerra contra el narcotráfico del

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Otro de los exitosos programas del Plan Mérida en México, expresa William Brownfield, es una enorme base de datos criminales que los EE.UU. ha ayudado a construir llamado, Plataforma México, uno de cuyos componentes es la supervisión de las líneas telefónicas de emergencia y de los centros para las víctimas de delitos. Según La Jornada, el gobierno mexicano brindó 29 contratos altamente preferenciales a contratistas privados para construir la base de datos. El diario también llama a la base de datos “fallido y oneroso.” La organización del gobierno mexicano, ASF (Auditoría Superior de la Federación), dice que la Plataforma México no proporciona información de seguimiento a ninguna de las llamadas de emergencia o a las visitas a la estación de policía, lo que la hace inútil para la protección de la ciudadanía. El Plan Mérida también ha ayudado a México a desarrollar un sistema de seguimiento criminal basado en huellas digitales y la voz humana, que en combinación con Plataforma México sugiere que el modelo estadounidense de “seguridad”, el cual marca a ciertas personas como criminales permanentes, se está mudando hacia al sur de la frontera. Otro componente del Plan Mérida, es el envío de equipos de investigación y la capacitación de oficiales de policía para su uso, especialmente alrededor de la frontera sur de México. Estos dispositivos de control de caminos y carreteras, en gran medida ilegales, son operados por una confusión de la policía, el ejército, o por ambas entidades. Estos nominalmente sí decomisan drogas, pero también sirven para seguir los movimientos de grupos autónomos o de comunidades indígenas, y para reprimir la disidencia política. Los proyectos de centros de encarcelamiento no se limitan a México, sino que continúan hacia el sur en la totalidad de América Central en el marco de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central, CARSI (por sus siglas en inglés). CARSI es “una nueva iniciativa de seguridad auspiciada por los Estados Unidos, que está presionando a los estados débiles de América Central para que comprometan a sus fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y el

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crimen organizado”, señala André Maltais, un periodista canadiense. La formación de guardias en las prisiones es un componente central de la gestión de la seguridad del programa en todos los países involucrados. Centroamérica es una región importante geográficamente para los EE.UU., sobre todo por sus ricos recursos naturales. “Aunque [las guerrillas izquierdistas de los años 80] han desaparecido, el tráfico de drogas y la violencia, además de ser un negocio rentable para los bancos de Estados Unidos y la industria de seguridad, ahora son pretextos excelentes para una presencia militar permanente del Pentágono en la región.” William R. Brownfield visitó Honduras en marzo de este año, donde comprometió dinero de EE.UU. a otro programa “múltiple”. Los EE.UU. han incrementado el financiamiento policial y militar para con el gobierno ilegal del presidente Porfirio Lobo desde el golpe militar en 2009. Este apoyo ha financiado la continua represión del estado hondureño contra activistas por la democracia. Como refleja y remarca el informe de la embajada de EE.UU., el nuevo programa de prisiones será llevado a cabo a través de CARSI. El plan incluye los programas de lucha contra las pandillas, un programa modelo de precinto que será lanzado en una comisaría de policía en Tegucigalpa, y un programa modelo de prisión. Las partes más innovadoras de este plan son las que involucran a las previas instituciones civiles: la embajadora de los EE.UU. en Honduras, Lisa Kubiske dijo “Él va a demostrar que...tenemos buenas relaciones tanto con las personas que aplican la ley como con el aspecto militar. “Bownfield tiene como objetivo seguir con los programas Mano Dura o Super Mano Dura, los cuales son iniciativas en contra de las pandillas que fracasaron en El Salvador, según La Prensa. Dice Sonja Wolf escribiendo para Sustainable Security (Seguridad Sostenible), Mano Dura resultó en el encarcelamiento masivo de pandillas, y “el confinamiento en prisiones especiales les permitió a los miembros de pandillas que fortaleciesen su cohesión de grupo y su estructura”. (Http://hondurasculturepolitics. blogspot.mx/2012/03/mano-dura-again.html~~V

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CARSI es muy similar al Plan Colombia, aprobado más de una década antes, en el que se aumenta la presencia militar de EE.UU. en la región correspondiente al plan. Tan similar son que las fuerzas armadas de Colombia hoy brindan capacitación a las fuerzas policiales y militares de América Central a través de CARSI. Colombia se ha encontrado en un estado de desorden durante la mayor parte del siglo pasado debido a un intenso conflicto político, social y armado, que culminó en 47 años de conflicto entre el gobierno colombiano y los paramilitares con el grupo insurgente marxista-leninista, FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Más ampliamente, el conflicto armado también incluye otros grupos insurgentes como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como a ejércitos privados de narcotraficantes.

La participación general de Estados Unidos en Colombia se justifica como parte de la guerra internacional contra las drogas. Nominalmente, las nuevas cárceles (inicialmente se gastaron 4,5 millones de dólares) que resultaron de este programa fueron construidas para disminuir las condiciones de hacinamiento en las instituciones de alta y media seguridad. Sin embargo, más cárceles no parecen haber mejorado dichas condiciones sino que se han llenado; las detenciones superando el espacio de retención de la nueva construcción. El programa de prisiones puede haber motivado una oleada de arrestos, o por lo menos fue posicionado para recibir a los prisioneros resultantes. Además, las nuevas cárceles son más militarizadas, haciendo más borrosa la línea entre las fuerzas de la policía civil y los militares.

En el año 2000 el Ministro de Justicia firmó el “Programa para la Mejora del Sistema Penitenciario Colombiano”, junto con el embajador de EE.UU. en Colombia, Anne Patterson. El acuerdo y las consiguientes “mejoras”, pasaron casi desapercibidas y sin reportar. Sin embargo, USAID y la Oficina Federal de Prisiones de los EE.UU. financiaron y asesoraron un proyecto para la construcción y / o rediseño de hasta 16 prisiones de seguridad media o máxima, llevando a un aumento del 40% en capacidad para alojar prisioneros.

De acuerdo con la Coalición Colombiana Contra la Tortura, “Es preocupante que las cárceles de Colombia estén cada vez más militarizadas. De hecho, la mayoría de las cárceles visitadas... están bajo el mando de altos miembros de las fuerzas militares y policiales, ya sean jubilados o activos, quienes carecen de las habilidades necesarias para administrar una prisión. “Por lo menos cinco de las dieciséis cárceles estaban a cargo de graduados de la tristemente célebre Escuela de las Américas. Al final, el programa no genero ninguna mejoría, sino

una ampliación del papel de la prisión como control social. La tristemente célebre nueva prisión en Colombia, La Tramacúa, con sus condiciones insalubres y violentas, ha encarcelado a muchos de los miles de presos políticos en Colombia y es conocida por el uso de la tortura: en la actualidad, el sistema penitenciario colombiano tiene 9.500 presos políticos, la gran mayoría detenidos por resistencia no violenta y oposición política. La población encarcelada ha crecido en más del 57% desde el año 2000, mientras que el resto de la población ha crecido sólo en un 14%. Además, la extraña frase “nueva cultura penitenciaria”, utilizada por el programa de prisiones colombiano, tan cautivante cuando nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la cultura que enviamos hacia el exterior, también fue utilizada por el procurador general de la República Dominicana Radhamés Jiménez Peña, en su anuncio de que seis nuevas cárceles se están construyendo en su país: “Estamos comenzando una nueva cultura penitenciaria en la República Dominicana”, dijo. Probablemente esta allí también la influencia de los EE.UU., o del mismo Brownfield, filtrándose silenciosamente en las frases de los comunicados de prensa.

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El patrón establecido en Colombia hace doce años es significativo para el entendimiento de cómo los acuerdos de seguridad y prisiones más recientes se desarrollarán en México y América Central. La razón más obvia para esperar resultados similares es el mismo William Brownfield, quien ha sido fundamental para el desarrollo de todos los programas de prisiones en ese país. Mientras se iniciaba el programa de Colombia, Brownfield fue embajador en el vecino país de Venezuela, y luego heredó el programa de prisiones cuando se convirtió en embajador en Colombia en 2007. Podemos esperar más arrestos y menos seguridad verdadera para con las comunidades después de que los nuevos programas de prisiones sean implementados. Por otra parte, el programa de prisiones en Colombia también acompañó a la llamada guerra internacional contra las drogas de los EE.UU, una práctica torpe en cuanto a la reducción del flujo de drogas se refiere,

pero excelente para mantener la presencia militar en cierta área y para los intereses de nichos empresariales estadounidenses, como son los proveedores de material militar. En Colombia, el sistema penitenciario ampliado y militarizado fue una importante herramienta para reprimir la disidencia. Los planes para la construcción de nuevas cárceles en México y América Central probablemente servirán este mismo propósito. Podemos esperar muchas más detenciones en los países afectados. Sin embargo, podemos mirar más allá de Colombia por los orígenes de estos nuevos programas de prisiones: el modelo original para todos es, por supuesto, los Estados Unidos. Nuestro propio complejo industrial de prisiones tiene sus raíces en la las campañas políticas de la derecha estadounidense de “dureza con el crimen” y su “guerra contra las drogas”. La venta de drogas persiste libremente, pero las comunidades marginadas afroamericanas y latinas, principales víctimas del decaimiento industrial, están bajo constante vigilancia policial. En cada ciudad existe una población de hombres con antecedentes por delitos graves que no tienen la redención en los ojos de la sociedad y mucho menos acceso a empleo. Esta es la naturaleza de nuestra “cultura penitenciaria”, que ahora hemos comenzado a exportar. Nuestro complejo industrial de prisiones perpetúa el espíritu de

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Traspasa Los Muros “Nueva Cultura Penitenciaria” Arquitecturas de encierro en tiempos neoliberales

la legislación Jim Crow, sistema que fue creado para ofrecer un privilegio psicológico a los blancos pobres con el fin de eliminar alianzas políticas interraciales basadas en clase contra la clase mercantil rica (Alexander). De este modo, el complejo suprime una más amplia disidencia política y también mantiene a presos políticos muy explícitos, en particular muchos Panteras Negras (Black Panthers), activistas indígenas, y puertorriqueños. La “guerra contra las drogas” declarada por el gobierno de Reagan y que llevó a las actuales prácticas de encarcelamiento, nunca se ha contenido dentro de las fronteras de los EEUU, toda la violencia interna no solo se refleja, pero en algunas maneras se amplificada y se distorsionada por gran parte del resto de las Américas.

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Por: “TRASPASA LOS MUROS”

os gobiernos imperialistas han asumido en las últimas decadas un agudo y radical discurso punitivo que se alimenta de los temores de la población y se centra en la desconfianza de las inversiones monetarias. Dicha susceptibilidad, creada y fundada en los nuevos “males “que azotan al mundo, ha sido dirigida y fundada por un ilusorio terrorismo engendrado desde una razón de Estado y propagado por los medios de comunicación masivos (que actúan como aparatos ideológicos de Estado) los cuales defienden una economía devastadora y un status-quo imperante dentro de un mundo de exclusiones basado en el capital y la acumulación. Dentro de este contexto, la solución que imparten dichos gobiernos frente al problema de la seguridad es el incremento de su pie de fuerza, el monopolio de la riqueza, la intervención y represión militar, la represión por medio de nuevas leyes y el castigo por medio del encierro. Dichas estrategias se canalizan a través de políticas como “la tolerancia cero” (E.E.U.U.) y la “seguridad democrática” (Colombia), las cuales propagan la mano dura para sancionar nuevos delitos los cuales tienen su génesis en las políticas neoliberales. Los delitos políticos, como bien los conocemos, dejan de existir como justas pugnas contra las injusticas sociales y devienen simples crímenes contra el capital, la inversión extranjera y el mal llamado “desarrollo social” que ha logrado posicionar el F.M.I. y el Banco Mundial a nivel global. Surge entonces un nuevo bastión de lucha llamado terrorismo, y es precisamente en este contexto donde emerge un nuevo discurso punitivo y una mega-arquitectura de castigo y represión.

¿Qué pasará en México, América Central y el Caribe como resultado de los nuevos programas de prisiones es incierto. Las culturas nacionales de encarcelamiento en estos países en la actualidad no coinciden con el divisionismo, el alcance, o la intensidad de la de los EE.UU., pero es muy probable que se encaucen en esa misma dirección. Las cárceles en los Estados Unidos son parte de la “multiple” arma policial en contra de las comunidades, estén donde estén. Debemos oponernos a la construcción de nuevas cárceles y a la implementación de nuestra nociva cultura penitenciaria, tanto sea en casa como al sur de la frontera.

“Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el allanamiento. A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo.” (Punto 33 del manifiesto democrático de Uribe)

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A medida que los Estados de bienestar (europeos y norte americanos) comienzan a recortar cada vez mas las ayudas a las clases desfavorecidas, los Estados de derecho promueven cada vez mas la privatización de las instituciones estatales, recortando toda ayuda a las clases proletarias y brindando su apoyo a empresas transnacionales y capitales extranjeros. Nuestra realidad se sumerge entonces en un mundo dominado por el capital y por un neoliberalismo atroz que devasta los recursos naturales y el planeta en general. Un capitalismo salvaje que reprime a los pueblos que luchan y les brinda el encierro a quienes no acogen los dictámenes neoliberales del consumo y el mercado. Un “liberalismo autoritario” que se filtra en todas las instituciones del Estado y por ende en las políticas carcelarias y centros de reclusión de todo el país.

“El campo de control del crimen, con sus técnicas de incapacitación, castigo y vigilancia altamente represivas, se convierte en una herramienta fundamental para que el Estado controle los delitos sociales que surgen y se radicalizan como resultado de la marginalización de importantes grupos de la población, que no cuentan para el mercado laboral ni gozan de la protección de una red de seguridad social” (Manuel Iturralde, en Castigo, liberalismo autoritario y justicia penal de excepción / pagina 31) A partir de los años 70, con el declive de los estados de bienestar y el auge del neoliberalismo, los discursos punitivos y sus instituciones comienzan a sufrir grandes transformaciones al interior de dichos regímenes. Es fundamental la necesidad de moldear nuevos enemigos, nuevas leyes y nuevas normas que rijan al mundo y que beneficie el capital por encima del bienestar. Colombia, teniendo como principal socio económico y militar a los Estados Unidos, acoge sin restricciones dichas normas y comienza a implementar medidas de excepción que benefician el capital y menosprecian cada vez mas a las clases marginadas.

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El Plan Colombia, la creación de las bases militares, la 11 nuevas cárceles de máxima y median seguridad, la construcción de nuevas carreteras, etc., son solo algunos de los factores que permitieron la firma del TLC y la construcción de esta mega arquitectura neoliberal. En este sentido en nuestro país comienzan a estructurarse nuevas arquitecturas de imposición y represión dictaminadas por los Estados Unidos. Arquitecturas tanto físicas como políticas, sociales, económicas y judiciales. Se genera entonces una visión mercantil del delito y sus leyes comienzan a mutar en beneficio del capital. Desde hace ya varias décadas, significativos cambios comienzan a emerger dentro de la razón de estado norte americano que nos permiten ver y analizar como las leyes, las penas y en general el sistema de justicia va mutando hacia modelos cada vez mas inflexibles, herméticos y con una connotación mercantilista. Aspectos que hoy en día podemos comenzar a vislumbrar dentro de la reestructuración del sistema penitenciario colombiano y que nos ayuda a descifrar el por qué de dicho cambio. En Colombia, desde hace más de una década, el sistema penitenciario atraviesa por significativos cambios que permiten apreciar el giro que dicho sistema en su conjunto afronta en pos de su industrialización y que comienza a cristalizarse en diferentes ámbitos. Cambios estructurales en las normas que lo rigen como en la construcción y diseño de una novedosa arquitectura de las plantas físicas de las prisiones de mediana y máxima seguridad. Transformaciones fundamentales que develan el giro de las cárceles tradicionales hacia una modernización e industrialización que conlleva en sí variaciones espaciales y estructurales y que nos permite observar la relevancia que el espacio físico comienza tomar dentro de las políticas carcelarias nacionales.

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“La nueva Cultura Penitenciaria” (arquitecturas neoliberales de encierro), como se denominó al proyecto de modernización y reestructuración del sistema penal colombiano, es un proyecto diseñado y financiado por los Estados Unidos a través de la agencia U.S.-AID. Dicho modelo de seguridad y vigilancia comienza a desplegarse y permear diferentes espacios imponiendo así un prototipo concreto dentro del cual confluyen diferentes dispositivos securitarios y en el cual las cárceles colombianas comienzan a sumergirse. Las propuestas (en el gobierno Uribe) de privatización del I.N.P.E.C. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), las propuestas de reforma al código penitenciario y carcelario, la saturación de la prisión preventiva y la imposición de nuevas normas y leyes (ley de seguridad ciudadana) dentro de la sociedad, apuntan hacia la construcción de zonas cada vez mas controladas en donde las subjetividades comienzan a estar gobernadas a partir de espacios concretos y cerrados y de mecanismos de seguridad sutilmente desarrollados.

“Ensayar cárceles privadas. El Estado pagará por interno. Las cárceles deben formar en principios y en un oficio técnico. Como Gobernador de Antioquia instalé una fábrica de gaviones en la cárcel de Bellavista. Exención tributaria para los empresarios que produzcan en las cárceles”. (Punto 36 del manifiesto democrático de Uribe De esta manera el neoliberalismo se permea entonces dentro del sistema penitenciario y comienza a ejercer su fuerza de productividad y de exclusión. Las cárceles y las leyes penales no escapan a dichos cambios y esto lo vemos en la población carcelaria. Una población en su mayoría de estratos bajos lo cual nos permite afirmar como la exclusión creada por el capitalismo genera espacios de encierro para quienes no comulguen con él. Por otro lado los delitos políticos son desfigurados y disfrazados de terrorismo, el incremento de Prisionerxs Politicxs dentro de las cárceles colombianas (9.500) es un claro reflejo de este mecanismo autoritario y a su vez del grave conflicto político, social y armado que atraviesa nuestro país desde hace ya muchas décadas. El gobierno por su parte no es claro al reconocer la existencia de un conflicto armado a medias, en donde los prisioneros de guerra de los diversos grupos insurgentes no tienen cabida. “Entonces se reconoce un conflicto armado, pero no se reconoce al oponente como fuerza, y de esa manera nos preguntamos ¿quiénes están en conflicto? ¿Quién contra quién? “ 1

“Las rigurosas y hostiles dinámicas internas que afectan tanto a prisioneros como a familiares y allegados, son el pan de cada día y son un reflejo de la industrialización del sistema penitenciario en su conjunto”

Las nuevas arquitecturas neoliberales de encierro, concretadas en la “nueva cultura penitenciaria” , están ejerciendo pues una grave violación a los Derechos Humanos dentro de las cárceles colombianas sin precedentes. Las rigurosas y hostiles dinámicas internas que afectan tanto a prisioneros como a familiares y allegados, son el pan de cada día y son un reflejo de la industrialización del sistema penitenciario en su conjunto. Sin embargo, dentro de esas bodegas humanas, de esas infames letrinas de encierro, está organizándose un pueblo que sigue creyendo y construyendo un cambio político a los problemas que atraviesa este país. A todxs ellxs LIBERTAD…. PORQUE LA LUCHA SOCIAL NO ES UN DELITO, ES UN PASO HACIA LA LIBERTAD.

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LUCHAS CARCELARIAS EN LOS AÑOS 90 Charla con un ex-prisionero de guerra del E.L.N. >>(Encuentro sobre actualidad carcelaria “organizado en-Bogotá-2009- por la C.N.A”

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El 13 junio 96 fui sacado en remisión junto a mi hermano; a él lo mandaron a Palmira, a otro compañero a Ipiales y yo, a La Picota en Bogotá. En ese momento en La Picota, no había trabajo organizativo, sólo había 9 presos políticos con quienes me reuní a explicarles la experiencia de La Modelo y juntos, empezamos a andar el proceso. A los presos sociales en La Picota nunca les habían hablado de la lucha de clases ni de los derechos y yo empiezo a hablarles y les gustó, me dijeron “vamos pa’esa, nosotros le apoyamos”. Empezamos el trabajo de masas con los presos sociales, averiguando quienes no estaban de acuerdo con los impuestos a los caciques, ya que a veces se cobraban con las hermanas o las mamas. Empezamos el trabajo organizativo el 13 de julio del 1996 y el 24 de diciembre se dio el primer paso, se generó una revuelta y se empezó a clasificar la gente a los patios, se sacaron los vándalos del patio 2 y esta acción se expandió a los 7 patios.

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o llegué a la cárcel Modelo de Bucaramanga en el 1993, en ese momento la cárcel la seguía la dinámica nacional de cárceles dominadas por caciques, el pago de impuestos y el consumo de droga y alcohol. Vimos que nos teníamos que organizar los presos políticos y los sociales, y conformamos los primeros comités de trabajo, de derechos humanos, de espiritualidad, de deportes y de salud. Eso era un escándalo para la dirección de la penitenciaria; que tuviéramos representantes, que fuéramos representados, que fuéramos escuchados. Empezamos haciendo propuestas al director de la penitenciaria, las cuales fueron aceptadas e iniciamos un trabajo organizativo. En reuniones en los patios decíamos a los presos políticos y sociales que nosotros no teníamos que matarnos entre nosotros, que el enemigo era uno solo; el monstruo era la justicia regional, donde las penas pasaban de 40 a 60 y el penado no tenía derecho a defenderse. Basados en eso, empezamos a hacer el trabajo organizativo de masas para buscar una unificación nacional en las cárceles para poder presentar un proyecto de reforma de los códigos para el año 2000.

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El 26 de diciembre del 1996 el director de la penitenciaria acepta una reunión con nosotros para que escuchara nuestra propuesta de solución el problema de hacinamiento, asesinato y robo al interior de los patios. Éramos 6 prisioneros políticos y un preso social, cuando empiezo a hablarle de la problemática y su solución, se levantó enfurecido “eso es imposible, que los pájaros le tiren a las escopetas, yo soy la autoridad”. Dijo tantas bestialidades que no se dio cuenta que ahí estaba Patricia Ramos, defensora de derechos humanos, ya que íbamos a conformar un comité de derechos humanos en La Picota. Cuando se dio cuenta de su presencia, pidió disculpas y preguntó por la propuestas. Cuando le explicamos paso a paso las soluciones, el hombre dijo “háganle a ver, pero eso sólo se soluciona si le tiran una bomba atómica a la cárcel”. Nosotros insistimos en que podíamos generar una convivencia pacífica al interior del penal, con respeto guardia-interno e interno-guardia. En este momento encerraban unos 7 o 8 hombres a las 5 de la tarde a la celda sin batería sanitaria, donde uno tenía que hacer del cuerpo en una bolsa plástica o en el piso. Era una tortura, nadie dormía, todo el mundo gritaba. Era un infierno. Todo esto lo pusimos en la mesa

y empezamos a organizar el trabajo y la gente apoyaba. Había que organizarnos y darle más fuerza a la propuesta, en ese momento habíamos conformado el colectivo de prisioneros políticos del ELN, el colectivo de prisioneros políticos de las FARC, los del EPL se unieron al colectivo de prisioneros políticos de las ELN y muchos presos sociales también se unían a los colectivos. El Patio 7 lo manejaban los paramilitares y el comandante me había dicho porque no hacíamos una fusión, un pacto de convivencia para que no nos fuéramos a matar adentro. Hay una ley que dice “convierta en su amigo a su enemigo” y fue así como me fui a hablar con los compañeros, los mandos de las FARC y ELN para plantearles el pacto de convivencia. Decidimos hacer este pacto a nivel nacional, sería el 8 de marzo 1998 con todos los medios de prensa y el lanzamiento de el “Foro por la Paz”. El Ministro de Justicia me llamó a través del director de la penitenciaria a mi y a otro compañero para una reunión en la dirección. El ministro dijo “El problema carcelario nos salió de las manos, se agudizó, el hacinamiento no tiene control. Les traigo aprobadas las mesas de trabajo, organícenlas porque son la solución. Presenten una proyecto de reforma del código penitenciario”. En la comisión de trabajo estaban senadores y senadoras. Salimos de esa reunión con las mesas de trabajo en nuestro poder firmado por el presidente Samper y el ministro de defensa. En el 97 conformamos una red que se llamaba Red de Solidaridad de Familiares y Amigos de los Presos de Colombia. Los compañeros iban a todas las cárceles a explicar la propuesta y se nombró a mi compañera como presidenta de la red, como la vocera de los presos de Colombia y sus familiares. Ese año se llegó a la Plaza de Bolívar en Bogotá para lanzar la red. A mi me parecía como un sueño, como una película de ciencia ficción, tantos familiares y amigos gritando consignas en la Plaza de Bolívar. Yo decía, es el principio del fin de un trabajo organizativo que nos llevará a muchos cambios, a que nuestra dignidad no sea violada, a que tengamos derechos y que nuestros familiares sean tratados como deben ser.

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Después vino el “Foro por la paz” en el que llegaron la Corte Suprema y la Corte Constitucional, Senado y Congreso; no llegó el Presidente de la República pero si el asesor presidencial. El Procurador trabajó mucho de la mano con nosotros, también el Defensor del Pueblo. En ese tiempo tuvimos hasta representantes en el Congreso 2 de La Modelo, 2 de Buen Pastor y 2 en La Picota. Todo el mundo nos preguntaba como era el pacto de convivencia y si a fuera también lo íbamos a hacer.

en La Picota y a la clasificación de presos en los patios. Se construyo un semi-hospital ya que no había sanidad y arreglamos el tema de la comida, que la comíamos porque teníamos hambre, pero era pésima. Carlos Castaño a finales de diciembre de 99 da una orden para que el paramilitarismo se tome el control de las cárceles. El 3 de febrero 2000 se inicia un combate en La Picota violentísimo con plomo y explosivos; 6 jefes paramilitares mueren. Los paramilitares tumban los muros y salen; en ese momento, expulsamos los paramilitares de La Picota. Seguimos el trabajo organizativo, a nadie nos sacaron a remisión y en ese momento aparece el problema del alcohol, el Chamberlain (destilado de alcohol de hospital, levadura y panela y destilarlo). Eso nos genero muchos problemas de descomposición, mucha gente se dejó absorber y nos impidió no dejar construir las cárceles que son monstruos de hoy en día, desde el INPEC nos decían “si no cambian la convivencia vamos a construir cárceles donde no van a tener derecho a nada”.

Nosotros respondíamos que a fuera también lo íbamos a hacer, es el fin de la guerra. Hicimos el pacto de convivencia y mientras el paramilitarismo pensaba en matarnos, nosotros en no dejarnos matar en que no se agudizara el conflicto si el paramilitarismo llegara a entrar a las cárceles. Después del Foro invitamos a la Universidad Nacional e iban cada 8 días, 30 o 40 estudiantes y organizábamos debates jurídicos; la política criminal se debatía y toda la penitenciaria participaba. Ya no nos cerraban a las 5, cada uno se iba a dormir cuando había sueño y había respeto mutuo entre guardia e interno. En todos los patios conformamos los comités de convivencia. Con todos los integrantes de los 7 patios y los guardias que entraban cada mes, se debatía la función que iban a desempeñar ese mes, sin utilizar la violencia sino el dialogo. Se empezó con la derogación de los caciques

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En ese momento todo el mundo decía “esto es libertad, aquí estoy mejor”, muchos familiares nos decían “gracias compañeros vea que mi hijo esta mejor acá”. Yo decía “esto es una bomba de tiempo, ahora esta vivo, pero en un segundo puede estar muerto, tenemos que organizarnos y lograr contrarrestar el avance paramilitar y la violación de los derechos humanos en los penales”. Se empezaron a organizar fiestas, en La Picota había 250 gallos de pelea, 4 canchas de tejo en el patio 5... El 26 julio 2002 me trasladan a Itagüí donde duro 5 meses, luego me llevan a Cómbita durante 10 meses para luego inaugurar Palo Gordo. Eso era tremendo porque nos trataron como animales, casi nos morimos de hambre y el agua era tan mala que muchos les dio unas diarreas que casi los mata. Mi cuerpo estuve preso pero mi mente libre, en 14 años 19 días no me vendí ni acepté trabajar con el enemigo. Asumí y pagué sin renegar, es más, yo sentí la cárcel el 21 de diciembre de 2007 cuando me notificaron la libertad, en ese momento sentí la cárcel, sentí que estaba preso. Eso era un viernes, espere hasta el lunes y no dormí, se me hizo largo, como cien años en la cárcel. El 24 de diciembre de 2007 a las 3:00 pm salí en libertad de Palo Gordo.

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ENTREVISTA A LA INTERLOCUCIÓN DE EPPK “Respetar los derechos de los presos traería un cambio evidente”

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os seis representantes del Colectivo remarcan que los estados bloquean esta cuestión para intentar frenar el proceso. Invitan a evitar “tanto la resignación como la esperanza ciega» y se declaran seguros de que “el pueblo nos sacará”. Revelan que reiteran sus peticiones de libertad cada mes y en cada cárcel, y las presentan como “una mano tendida”.

Anabel Egues ¿Cómo está formado el Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK)? ¿Cuál es su labor? ¿Cómo se ha elegido el nuevo equipo de interlocución? Marixol IPARRAGIRRE: EPPK lo formamos los compañeros que estamos encarcelados por la lucha por la libertad de Euskal Herria. En cada fase de la lucha de liberación, los presos políticos han tenido una organización especial dentro de la cárcel. Durante el franquismo y los primeros años de la transición, en las cárceles había miembros de diferentes organizaciones políticas y armadas, y entonces se reunían y organizaban su comunidad según la organización de cada uno. Con el paso de los tiempos, la mayoría del Colectivo lo formaban personas que tenían que ver con ETA. En la última década, sin embargo, a medida que la represión se ha recrudecido, han encarcelado y castigado a personas de organizaciones con tareas y ámbitos muy diferentes de la sociedad. El Colectivo supo reflejar en su seno esa realidad, como se constató en el debate de 2003. La misión principal del Colectivo es respaldar, garantizando nuestros derechos, ante la administración carcelaria a quien está encarcelado a causa de la lucha en favor de Euskal Herria y darle oportunidad de continuar con su acción política por encima de los límites que impone la cárcel, profundizando en la educación personal y ayudándole a mantener el nexo con Euskal Herria.

Xabier Alegria

Jon Olarra

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Jon OLARRA: Nuestro compromiso político no acaba en prisión, a nuestra medida continuamos la lucha en favor de nuestro pueblo, organizados en el Colectivo. Dentro del debate que iniciamos en octubre de 2011, además de concretar la línea política y renovar la organización, hemos visto que es necesario renovar a los miembros que serán la voz del Colectivo para responder a los nuevos tiempos y situaciones. Han sido elegidos interlocutores del Colectivo Mikel Albisu, Marixol Iparragirre y Lorentxa Gimon en el Estado francés, y Jon Olarra, Xabier Alegria y Anabel Egues en el Estado español. Y otros catorce compañeros, siete en cada estado, han sido nombrados como grupo anexo a la interlocución. También hemos nombrado un Grupo de Apoyo para garantizar el carácter de agente de la interlocución fuera de la cárcel.

Anabel EGUES: Castigándonos a nosotros, les gustaría castigar a la ciudadanía vasca y, a ser posible, hacer descarrilar el proceso. La madurez que han mostrado la izquierda abertzale y el conjunto de la ciudadanía vasca en estos meses nos lleva a mirar el nuevo tiempo todavía con mayor esperanza. Con una esperanza sosegada e imperturbable. Recibimos los desafíos de este nuevo tiempo con responsabilidad y con honestidad. Son tiempos de dar pasos importantes para fortalecer la conciencia nacional y activar fuerzas para materializar los derechos que nos corresponden, y estamos dispuestos a volcar el capital del Colectivo en esa dirección.

Lorenxta Gimon

Marixol Iparragirre

¿La decisión tomada por ETA el pasado 20 de octubre cambia inevitablemente el punto de vista de EPPK? M.I: No es solo la decisión de ETA lo que lleva a cambiar el punto de vista de EPPK. La reflexión hecha por toda la izquierda abertzale, y también por nosotros, trae consigo cambiar el punto de vista de las reivindicaciones en torno a los presos y el punto de vista del Colectivo. No es ningún secreto que en los anteriores procesos de diálogo o negociación los gobiernos ponían el tema de los presos encima de la mesa para no afrontar las raíces del conflicto político. Ahora está ocurriendo todo lo contrario: obstaculizando el tema de los presos están intentando ponerle freno al proceso.

Mikel Albisu

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J.O: La decisión de ETA ha creado un nuevo escenario para todos. Ha sido una consecuencia más en el compromiso con la apuesta política, no ha llegado de la noche a la mañana. Saber que el testigo de la lucha de liberación está en manos de toda la ciudadanía vasca, más que un cambio de punto de vista requiere un nivel de responsabilidad parejo, y por supuesto también nos influye directamente a nosotros. Más que nunca, utilizan al Colectivo como rehén político, nos quieren usar como moneda de cambio, para escenificar una victoria.

¿Los presos han recibido con optimismo este nuevo tiempo? Mikel ALBISU: Dentro de la cárcel estamos habituados a filtrar con el tamiz de la distancia los sentimientos inmediatos, sean de alegría o de tristeza. Nadie tendrá más ganas que nosotros de salir de la cárcel. Y nadie sabrá mejor que nosotros qué lleno de dificultades está ese camino de salida. Hemos solido recibir con alegría y esperanza cada paso dado en la lucha de liberación. Y también hemos tomado así este de ahora. Nos hemos dado cuenta perfecta- mente de que quienes han identificado el conflicto con el final de ETA se encuentran escocidos, que están enfadados y, aún más, asustados con los pasos adelante dados por la izquierda abertzale y por la lucha de liberación. Parece que esto les lleva a querer torpedear el proceso y la nueva era del modo que sea. Y para todos esos que aparecen como enemigos de la resolución, parece que no hay mejor pieza de caza que nosotros, los presos políticos vascos, para lograr ese objetivo.

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El Colectivo firmó el Acuerdo de Gernika el pasado 25 de setiembre. ¿Qué valor le conceden de cara al futuro? M.A: Ese pacto nos enseña dónde poner los primeros pilares en el suelo posterior a la superación del conflicto. El Acuerdo es un punto de partida, una herramienta de trabajo eficaz de cara a la acumulación de fuerzas, responde a una necesidad y remarca la necesidad de un acuerdo político que tenga por finalidad la resolución del conflicto, así como el compromiso de hacerlo respetar. A.E: El Acuerdo de Gernika es para nosotros el principal referente político en la dirección de la resolución democrática, y busca una adhesión social y política amplia. Hay que seguir extendiéndolo y fortaleciéndolo para conseguir que el Estado se sumerja en el recorrido de la resolución democrática, para poner en vías de solución un conflicto que no tiene 50 años, sino al menos 500. El Colectivo tiene su lugar ahí de modo natural y por eso también nosotros firmamos el acuerdo. En cuanto a la situación de los presos, el Acuerdo defiende nuestros derechos sin chantajes. ¿Cuáles son las situaciones más duras que viven actualmente los presos? ¿Y de qué son consecuencia? M.I: Como meras personas y como presos y presas políticos, tenemos vulnerados nuestros derechos básicos. Reconocen nuestra esencia política en la medida en que nos castigan de modo colectivo, al tiempo que nos niegan nuestra identidad y nuestras necesidades políticas. Las situaciones más extremas son conocidas, y por encima de todo la de los compañeros que sufren enfermedades graves. Ahí está también la situación de quienes han acabado la condena y se les alarga injustamente. Está la dispersión, una medida que nos afecta a todos en una u otra medida. Para los presos, lo más duro es ver sufrir a nuestros familiares y amigos. J.O: En el caso de los presos políticos vascos, los castigos añadidos se aplican per se, porque el objetivo es destruirnos, si no es posible políticamente,

debilitándonos físicamente. Los diseñadores y ejecutores de la política carcelaria contra los presos políticos vascos tienen muy claro qué están haciendo. ¡Ahí están, por tanto, nuestras graves urgencias, las urgencias de nuestro pueblo! ¿Por dónde habría que empezar a cambiar la política carcelaria? M.A: La política carcelaria responde a una estrategia de opresión. Corresponde a los estados desactivar esa estructura opresora. Desactivar todas las medidas de excepción y respetar los derechos que nos corresponden a los presos traería por sí mismo un cambio evidente. En la medida en que en esta fase hemos hecho una apuesta por afrontar el conflicto desde una perspectiva democrática, es imprescindible también que la política carcelaria se ajuste a eso. Tenemos que hacerles ver que lo que ha sido una herramienta de guerra es inaceptable ya de aquí en adelante. Pero saben que hasta el paso más pequeño que den alimentaría el proceso e impulsaría el nuevo escenario, ¡ese es la quid de la cuestión! A.E: Ahora mismo hemos recibido la decisión del Tribunal Constitucional español, vestida con un disfraz jurídico, en la que se da por buena la medida para mantener secuestrados sin vergüenza alguna a cerca de 80 compañeros desde 2006. Con esta decisión, España ha dado un paso adelante en el ataque contra los presos, y eso cuando le exigían tomar otra dirección la situación política, la decisión de la izquierda abertzale, nuestra sociedad y las voces internacionales. Es un paso en contra del proceso abierto. Un ataque frontal contra la palabra y la voluntad de este pueblo, en la medida en que amparan la cadena perpetua y fortalecen la propia política carcelaria. A través de estas palabras querríamos hacer llegar el abrazo y el ánimo más enérgico a todos los luchadores que llevan encima ese encarcelamiento largo y duro.

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¿El asunto de los presos tiene prioridad en el proceso de resolución general? J.O: Siendo el objetivo la autodeterminación y la amnistía, los temas que habrá que afrontar y solucionar, se quiera o no, para resolver el conflicto están claramente definidos: las raíces del conflicto y las consecuencias del conflicto. En esa dirección, sería un paso imprescindible empezar desde hoy mismo a sacar a la calle a los presos y devolver a casa a los huidos. Supondría un paso cualitativo en el conjunto de la resolución del conflicto político. M.I: Dar salidas a las consecuencias del conflicto es algo que colocamos en la primera fase del proceso democrático, entendiendo que impulsa el proceso político y le abre nuevas oportunidades. Por tanto, siendo la prioridad solucionar el conflicto, resolver la situación de los presos debería ser visto por todos los agentes -incluidos los gobiernos de España y Franciacomo un apoyo para avanzar en esa dirección. EPPK está trabajando con ese espíritu. ¿Cómo ve el Colectivo la reivindicación de la amnistía? ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de mandatarios españoles afirmando que no caben amnistías o indultos colectivos? M.A: Los mandatarios españoles buscan extender la desilusión en la ciudadanía vasca. Quieren pudrir el planteamiento de que desbloqueando la situación de los presos el proceso tomaría un camino adecuado e irreversible hacia la resolución definitiva. Intentan frenar como puedan la velocidad del proceso. Piensan que los presos somos una herramienta apropiada para ello, como rehenes del Estado. Están escenificando que en vez de pasar por una puerta tendremos que pasar por un embudo con una boca cada vez más estrecha, tan estrecha que es imposible que una persona pase por ella sin inclinarse y arrodillarse. Pero por el momento, diciendo qué no harán ellos y agriando y haciendo cada día más intragable la receta de lo que tendríamos que hacer nosotros, lo único que están logrando es dificultar y debilitar su posición. A.E: Somos partidarios de la amnistía, pero será estéril igual que en 1977 si no se encaran las razones del conflicto político, y por eso decimos que el proceso es integral. La amnistía puede ser un proceso dinámico hasta lograr la situación democrática en la que se acepte

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el derecho a decidir. La amnistía la alcanzaremos en la medida en que el proceso avance, ¡ahora que empie- cen de una vez por desbloquear las situaciones más graves! ¿Cómo y para cuándo se contempla la excarcelación de los presos? Da la impresión de que se ha instalado un debate sobre si la salida sería individual o colectiva. ¿EPPK aceptaría la fórmula empleada en Irlanda, es decir, una salida colectiva materializada caso a caso? M.I: La persona presa tiene una responsabilidad enorme a la hora de proyectar su excarcelación, por la propia esperanza y decepción que genera ese sueño que se materializará alguna vez. Los años de cárcel y la edad de cada uno son también factores a tener en cuenta. Por lo que respecta a EPPK, no hay salidas individuales; cuando un preso que es miembro de EPPK sale solo, sale siendo también un componente de un colectivo. Hemos hecho frente a la cárcel y hemos desarrollado ahí nuestra militancia siendo miembros de un colectivo, y también siendo miembros de un colectivo cruzaremos la puerta a la libertad. J.O: Toman medidas colectivas contra EPPK agitando la falsedad del tratamiento individualizado. Habrá que desactivar la situación actual, y la solución será colectiva o no será. En Irlanda llegaron al momento de responder a esa pregunta en otras condiciones. Después del acuerdo político de Viernes Santo, por tanto después de levantar la imposición política, una comisión internacional independiente analizó cuándo y cómo sería la salida a la calle del colectivo. En nuestro caso, tenemos que formar nuestro propio modelo. Siguiendo el esquema de negociación de Anoeta, nosotros esta- mos situados en el espacio negociador entre la organización armada y los estados, y un acuerdo amplio traerá la salida a la calle. Extendemos nuestro reconocimiento a ETA en lo referente a los pasos que pueda dar, en el espacio que corresponde a su carril, sobre la situación de los presos y las excarcelaciones. La actitud del PP y del Gobierno español se corresponde con esquemas y estrategias viejas, pero ¿cómo se le puede hacer cambiar? M.A: Está claro que están encastillados en el esquema vencedores/vencidos y que no hay rastro alguno de intención de moverse en una fase que pueda traer la resolución. Están actuando con esquemas viejos en una situación nueva. Sin embargo, es evidente el desgaste político en Euskal Herria de los partidos que han utilizado o defendido la estrategia represiva.

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El enemigo querrá escenificar una resolución de medio pelo y lo nuestro es definir las verdaderas raíces del conflicto político y sostenerlas firmemente para llevar a nuestro pueblo hasta las puertas de la independencia! A.E: Desde la cárcel reafirmamos que el compromiso que tenemos con el proceso de liberación es total. Mediante las iniciativas en la calle hay que dejar cada vez más desnuda esa actitud de quienes están atrincherados en el no. También desde el ámbito internacional habrá más de un par de ojos mirando con mucha atención a todo lo que está ocurriendo, y eso puede darle un gran impulso al proceso. ¿Cómo valora EPPK la capacidad de movilización y el compromiso mostrado por la sociedad vasca, con la manifestación del 7 de enero y en general? J.O: Ha sido un regalo inmejorable para comenzar el año. Con admiración y con orgullo, ha sido una exhibición enorme. No podemos más que aplaudirla. Sin embargo, la felicidad no nos ciega, porque la ausencia de algunos agentes quedó muy patente en Bilbo, y desde entonces la posición política de quienes se negaron a estar ahí está muy debilitada. Siendo satisfactoria una movilización de ese tamaño, es imprescindible seguir trabajando, organizándose cada uno en las estructuras de su localidad. M.I: Ver miles y miles de vascos en Bilbo nos llega de alegría. Gracias al compromiso de esos miles y miles y con el trabajo acumulado en años ha nacido el movimiento Herrira. Pueblo a pueblo y barrio a barrio, empujando todos juntos, conseguiremos hacerse mover lo que ahora parece inamovible. ¿Existe un sentimiento de ansiedad en torno a la esperanza de salir a la calle? ¿Qué dirían a los familiares a este respecto? M.A: Hay que desterrar tanto la desesperanza como la esperanza ciega, las dos. Sabemos por qué nos detuvieron, sabemos por qué nos aplican este brutal régimen carcelario y sabemos también que nuestra libertad está estrechamente unida a la superación de la situación de opresión que vive Euskal Herria. Nos sacará el pueblo.

A.E: ¿Qué decir a los familiares? Que vamos adelante juntos en este camino. ¿Cómo íbamos a hacer frente a esta situación sin ellos? Más que decirlo, nuestra opinión sobre por dónde va el proceso de liberación la ven reflejada los familiares en nosotros. En eso tenemos una gran responsabilidad, trabajando nuestra militancia política y profundizando en nuestra educación personal, incluso en las condiciones más difíciles. La libertad es nuestro norte, y desde el momento en que nos encarcelaron preparamos nuestra mente en esa dirección. «Quien vive entre tinieblas sueña con la luz». ¿Qué están pidiendo concretamente cuando reivindican el derecho a participar en un proceso de resolución? M.I: Somos parte y consecuencia del conflicto político, y por eso reivindicamos el derecho de participar en el proceso como colectivo. Nos tienen cautivos en la cárcel por nuestro compromiso político, y en consecuencia reivindicamos el derecho a participar en la realidad de nuestro pueblo como colectivo. Por eso reclamamos el estatus político, para realizar nuestra labor política en las condiciones más adecuadas posibles. Mientras está preso, cada uno de nosotros hace esfuerzos por participar en la vida política de nuestro pueblo, pero nuestra reivindicación va más lejos, en la calle queremos seguir siendo activos políticos. J.O: Tenemos que ser repatriados a Euskal Herria dueños de todos los derechos, ponemos al servicio del pueblo lo que somos y lo que tenemos, porque creemos que tenemos qué decir. Todo el mundo habla de nosotros, de qué política nos tienen que aplicar, de qué urgencias tenemos, de qué situación vivimos... cuando nadie lo sabe mejor que nosotros; con la interlo- cución tenemos voz propia. En este nuevo tiempo se han hecho peticiones concretas de libertad para quienes están enfermos o con la condena cumplida. También se ha hecho una petición de repatriación para todos. ¿Por qué ahora? ¿Y qué tipo de respuesta se ha recibido?

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M.I: La petición la hemos hecho oficialmente todos los miembros del Colectivo, porque nos ha parecido un momento oportuno para que los gobernantes den pasos en torno a las situaciones extremas que se viven dentro del Colectivo. Junto a ello, esas peticiones han sido una demostración de la voluntad y la determinación que tenemos de participar en un proceso de resolución. Haciendo esas peticiones hemos tendido una mano a los estados. No han querido cogerla. Si en España nos han respondido que no, en Francia ni siquiera eso. Sorprendentemente, parece que tienen sin decidir qué hacer con la cuestión de los presos en el camino hacia la resolución del conflicto, y lejos de cambiar de dirección siguen profundizando en la vía represiva. Esas peticiones las depositamos cada mes en cada cárcel. A.E: Por nuestra parte, hemos llevado a cabo un periodo de lucha entre los días 9 y 13 de enero en todas las cárceles, por un lado para defender esas iniciativas lanzadas a final de año y por otro para secundar la movilización popular general de Bilbo La Asamblea Nacional francesa ha aprobado la opción de acercar a los presos. ¿Cómo valoran, en general, la posición de Francia en este terreno? M.A: Francia ha cumplido al pie de la letra los modelos que se le hacen llegar desde las autoridades carcelarias españolas: aislamiento, dispersión, alejamiento, siempre ajustado al sistema carcelario francés, que es diferente al español. La actitud de Francia es más burda. Hace tiempo que dejó de ser una mera comparsa de los españoles. Oculta la represión contra el territorio vasco que tiene bajo su dominio afirmando que el problema vasco es algo que corresponde al Estado español. Aunque no hay que perder la esperanza de sorpresa, no parece que, más allá de declaraciones, Francia tenga intención de liderar la solución al problema de los presos. A.E: Políticos de todos los partidos de Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa aparecen preocupados con el tema de los presos y también con la resolución del conflicto. El continuo trabajo de hormiga de los grupos de apoyo a los presos y los logros que han conseguido son para quitarse el sombrero. Y los cambios de posición que han conseguido del Estado francés, aunque sean meras declaraciones, dejan al Gobierno del PP cada vez más aislado en su actitud. En cualquier caso, no podemos concluir sin decir que lo que valen son los pasos y las acciones.

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Revista /

Traspasa Los Muros

¿Creen que los estados pueden utilizar la cuestión de los presos para deformar, retrasar o incluso pudrir el proceso de resolución?

Es evidente que la política carcelaria no ha hecho desaparecer el Colectivo. Sin embargo, ¿cuánto daño ha sufrido? Hay muchos presos, una dispersión enorme, graves casos de aislamiento, 62 presos llevan más de 20 años en prisión... ¿Qué efecto tiene todo ello?

M.A: En las respuestas recientes queda bastante claro que esa es la táctica que ha puesto en marcha el Estado español, al menos, en este momento. Están usando la cuestión de algunas víctimas como arma arrojadiza contra la fuerte demanda de la ciudadanía vasca en torno a los presos, quieren poner a las víctimas como barricada en la dirección de la resolución, en la esperanza de que frenarán así la embestida en favor de los presos y que el proceso encallará o se saldrá de sus raíles. Quizás querrán así ganar tiempo para responder a las raíces del conflicto y buscar la solución, poniendo a la izquierda abertzale en situación incómoda. En cualquier caso, no es una actitud responsable.

A.E: Mantenernos firmes es nuestra mayor victoria. La coherencia política ha traído como coste la pérdida de la propia vida de algunos compañeros, y eso provoca dolor en todos nosotros. El peso de la indefensión es grande, en las situaciones de aislamiento, en las kundas [traslados], y qué decir de cuando tienes la condena a punto de acabar y te dicen que no saldrás, o cuando estás enfermo y no recibes la atención médica que necesitas... Que la familia tenga que soportar los efectos de la dispersión, cada kilómetro que hacen, los riesgos de la carretera... todo eso nos provoca mucho dolor.

J.O: Como tienen miedo a dar pasos políticos, buscan retrasar dar pasos en el terreno de los presos. Sin embargo, saben que tarde o temprano les llegará el momento de ir a las bases del conflicto. Esto les da la oportunidad de avanzar en su discurso ideológico, congelando el proceso y vaciándolo de contenido... Ahí se puede ubicar el Pacto de Estado firmado en el Parlamento español por PP, PSOE y PNV. Está en las manos de todos no dejar que se pudra la nueva era histórica que se ha abierto en Euskal Herria. Hay que unirse a esta lucha cada día, afrontando el desafío todos juntos con fuerza, con ilusión y con ganas, porque los pasos de hoy son las nuevas opciones de mañana. Es básico mantener viva una fuerte dinámica popular. Ahí están las movilizaciones de marzo, hayan sido por los derechos de la mujer, por la oficialidad del euskara o la exitosa huelga general de los trabajadores. Nosotros secundamos todas esas reivindicaciones de denuncia, y llamamos a que sean cada vez más poderosas y más eficaces. ¿Han tenido algún contacto con los gobernantes españoles o franceses?

M.A: Los números de este sufrimiento son cada vez más conocidos gracias al trabajo continuo de los grupos de solidaridad con los presos. En cuanto al Colectivo, el ataque que sufre es enorme, y hace 30 años nadie hubiera creído que aguantaría el chaparrón punitivo que le ha caído encima. Tanto la dispersión como los ataques que han recibido los grupos de solidaridad con los presos y los abogados han dejado al Colectivo en situación de indefensión más de una vez. Pero EPPK está vivo, ha resistido. El Gobierno español no quiere que la liberación de los presos quite credibilidad y afee el relato que quieren construir, y teme también ver trabajando en la calle por la libertad de Euskal Herria a toda la experiencia política y la capacidad que tienen encerrada entre los muros de las cárceles. ¿Qué hay del debate iniciado en seno del Colectivo? ¿Para cuándo se esperan las conclusiones? J.O: El Colectivo es un ser vivo, parte de la izquierda abertzale, parte de un pueblo, y en consecuencia está siempre en un debate político permanente y dinámico. Con esta entrevista estamos dando a conocer un paso importante a nivel organizativo; la designación de la representación e intermediación del Colectivo. Precisamente, renovar el modo de organización de EPPK ha sido el objetivo de la primera fase del debate. En un segundo golpe daremos a conocer ante la sociedad vasca las conclusiones políticas, en esta misma primavera. El debate está siendo importante, porque hemos tenido capacidad de llevarlo adelante por encima de obstáculos y de severas condiciones represivas. Euskal Herrian, 2012-04-13 Entrevista Realizada por GARA.

M.I: No. Las últimas relaciones directas se produjeron en el contexto del proceso de 2006. Aprovechando esta entrevista, hacemos un llamamiento a los responsables de los dos gobiernos, el francés y el español, para que se reúnan con la interlocución de EPPK y abordemos el respeto a nuestros derechos y su materialización. Les emplazamos a que actúen con seriedad, a que tomen contacto con nosotros. Respetando nuestros derechos democráticos básicos, nos tienen listos para hablar y para dar pasos, tenemos el mandato de EPPK.

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Por la Libertad de lxs Prisionerxs Politicxs

Poesia Para la Libertad Angye Gaona

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ngye Gaona, poeta

e investigadora surrealista. Ha participado en encuentros nacionales e internacionales de poesía. Sus poemas han sido publicados en revistas colombianas y extranjeras. En 2011, estuvo en prisión acusada falsamente de narcotráfico y rebelión. El hecho generó que

cientos de poetas en todo el mundo manifestaran su solidaridad con ella y con los presos políticos en Colombia. La observación internacional a su caso evitará que se cometa una injusticia. En la actualidad, Angye está en libertad provisional mientras se define su situación jurídica y continúa su labor como poeta popular en Bucaramanga, su ciudad natal,

Chiquita: Para Josefina Soto

Chiquita: Una gota de oro se oculta en tu entrecejo confían los pájaros en ti se te abren los secretos del viento los escuchas todos bailas con tu amor por los caminos

Te soltaron de niña el cuidado de un pozo Que nadie toque el agua jamás, te advirtieron No preguntaste si tú podías beber Los años trajeron ante ti la sed y la sequía Tú cumpliste con lo tuyo Rigurosa Nunca nadie conoció ni tú misma bebiste el agua del pozo que guardabas Sin embargo, nunca moriste Nunca moriste de sed

No es una mujer esta criatura Un árbol en mitad del pueblo florece en temporada de sombra ¿qué extraordinario ardor, qué vigencia de centro lo sostiene en fortalezas y alturas?

otro, en la dicha

Miras por el objetivo, Chiquita uno solo es tu amor, atinas atina siempre tu flecha de oro

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Para Maria Isela Zapata Rivera: Enfermera de Guerra

Para Sonia Africano

Chiquita: Palabras de miel que te alcancen al vuelo tú viajas por tu sueño Uno de tus ojos se fija en el dolor

Traspasa Los Muros

Acerca del reino que posees

promoviendo actividades culturales y la solidaridad con el movimiento social colombiano. Su obra ha sido traducida parcialmente al Francés, Portugués, Italiano, Inglés, Catalán y Árabe. Amigos suyos preparan la publicación de su poemario Nacimiento volátil (Rizoma, 2009) en Italia y Brasil.

Palabra de miel para tu herida

Revista /

Una sola de sus ramas alienta al pueblo oscurecido Una rama furiosa y roja atizada de semillas Amanece, implacablemente Un árbol rojo florece en silencio en mitad del pueblo

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Por la Libertad de lxs Prisionerxs Politicxs

Revista /

Traspasa Los Muros

UN CUENTO de LIBERTAD

EL INUTIL INVENTO

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¿ quien se le ocurrió? ¿Qué mente pario este perverso e inútil invento? De rejas, cadenas y garrote De celdas, garitas y encierro. Que perfidia de las leyes Que osaron afirmar Que encerrando a la gente Callarían la verdad Reprimirían la rebeldía Castigarían el hambre y la pobreza Cortarían los sueños nacidos muertos Corregirían los errores humanos Estas jaulas que encierran las almas De ladron desposeído y sin empleo Del amante afligido y arrepentido Del fortuito homicida Y del que jugaba con fusiles desde niño Del padre que olvido o no pudo a su hijo dar un pan De la madre convertida en mula de heroína y cocaína Del delincuente que tuvo calle en vez de escuela Del rebelde valiente que conviene de su libertad privar El garrote del guardián resentido En gavilla pretende corregir con alevosía Como si los golpes de la vida no fueran suficientes Para estas almas saturadas de abandono EL panóptico de la prisión Tan igual a la ciudad De cámaras, gendarmes y ojos espías Esconde impunemente la silenciosa realidad De soluciones inconclusas De transformaciones pendientes

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Por: Julián Cortés Ex Prisionero Político

La justicia y su martillo Sin balanza y con un ojo vendado Con este simula un proceso debido Y con el otro con ansiedad observa El valioso precio de sus sentencias El rasero con que mide el juez El rito que legitima su verdad impuesta Desde el alto estrado con su religiosa sotana Envía al infierno al pecador culpable Y ostentoso clama ante el espectador ¡ Se ha hecho justicia ! y el sediento publico aplaude ¡ Ah! ¿Cuánto tiempo tardara? La historia y su lento andar Para proscribir este invento La prisión de rejas, cadenas y garrote De celdas, garitas y encierro Que se cambien las rejas por puertas abiertas Las cadenas por guitarras y pinceles El garrote por manos dispuestas Que se cambien las celdas por escuelas Las garitas por observatorios de estrellas Y el encierro por una vida sin fronteras

Para una temporada de encierro

Libertad

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ibertad es una palabra enorme. Por ejemplo, cuando terminan las clases, se dice que una está en libertad. Mientras dura la libertad, una pasea, una juega, una no tiene por qué estudiar. Se dice que un país es libre cuando una mujer cualquiera o un hombre cualquiera hace lo que se le antoja. Pero hasta los países libres tienen cosas muy prohibidas. Por ejemplo matar. Eso sí, se pueden matar mosquitos y cucarachas, y también vacas para hacer churrascos. Por ejemplo está prohibido robar, aunque no es grave que una se quede con algún vuelto cuando Graciela, que es mi mami, me encarga alguna compra. Por ejemplo está prohibido llegar tarde a la escuela, aunque en ese caso hay que hacer una cartilla mejor dicho la tiene que hacer Graciela, justificando por qué. Así dice la maestra; justificado. Libertad quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, si una no está presa, se dice que está en libertad. Pero mi papá está preso y sin embargo está en Libertad, porque así se llama la cárcel donde está hace ya muchos años. A eso el tío Rolando lo llama qué sarcasmo. Un día le conté a mi amiga Angélica que la cárcel en que está mi papi se llama Libertad y que el tío Rolando había dicho que era un sarcasmo y a mi amiga Angélica le gustó tanto la palabra que cuando su padrino le regaló un perrito le puso de nombre Sarcasmo. Mi papá es un preso, pero no porque haya matado o robado o llegado tarde a la escuela. Graciela dice que papá está en Libertad, o sea está preso, por sus ideas. Parece que mi papá era famoso por sus ideas. Yo también a veces tengo ideas, pero todavía no soy famosa. Por eso no estoy en Libertad, o sea que no estoy presa. Si yo estuviera presa, me gustaría que dos de mis muñecas, la Toti y la Mónica, fueran también presas políticas. Porque a mí me gusta dormirme abrazada por lo menos a la Toti. A la Mónica no tanto, porque es muy gruñona. Yo nunca le pego, sobre todo para darle ese buen ejemplo a Graciela. Ella me ha pegado pocas veces, pero cuando lo hace yo quisiera tener muchísima libertad. Cuando me pega o me rezonga yo le digo Ella, porque a ella no le gusta que la llame así. Es claro que tengo que estar muy alunada para llamarle Ella. Si por ejemplo viene mi abuelo y me pregunta dónde está tu madre, y yo le contesto Ella está en la cocina, ya todo el mundo sabe que estoy alunada, porque si no estoy alunada digo solamente Graciela está en la cocina. Mi abuelo siempre dice que yo salí la más alunada de la familia y eso a mí me deja muy contenta. A Graciela tampoco le gusta demasiado que yo la llame Graciela, pero yo la llamo así porque es un nombre lindo. Sólo cuando la quiero muchísimo, cuando la adoro y la beso y la estrujo y ella me dice ay chiquilina no me estrujes así, entonces sí la llamo mamá o mami, y Graciela se conmueve y se pone muy tiernita y me acaricia el pelo, y eso no sería así ni sería bueno si yo le dijera mamá o mami por cualquier pavada. O sea que la libertad es una palabra enorme. Graciela dice que ser un preso político como mi papá no es ninguna vergüenza. Que casi es un orgullo. ¿Por qué casi? Es orgullo o es vergüenza. ¿Le gustaría que yo dijera que es casi vergüenza? Yo estoy orgullosa, no casi orgullosa, de mi papá, porque tuvo muchísimas ideas, tantas y tantísimas que lo metieron preso por ellas. Yo creo que ahora mi papá seguirá teniendo ideas, tremendas ideas, pero es casi seguro que no se las dice a nadie, porque si las dice, cuando salga de Libertad para vivir en libertad, lo pueden meter otra vez en Libertad. ¿Ven como es enorme?

Mario Benedetti

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www.traspasalosmuros.net


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