Boletín de mano en mano del gobierno legítimo 254 23-Ene-12

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No. 254 Fecha: 23 / enero /2012

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AÑO 5

El lunes pasado, Andrés Manuel López Obrador participó en el Foro sobre los Fundamentos para una República Amorosa, que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, donde aclaró que cuando se refiere a una República Amorosa, con dimensión social y grandeza espiritual, está proponiendo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia, dijo, para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública; el amor para promover el bien y lograr la felicidad. El martes, en Saltillo, Coahuila, firmó un Convenio con el Sector Privado

Nacional para impulsar la inversión, el empleo y la prosperidad. En Guadalajara, Jalisco, participó en la Reunión Anual de Industriales, encabezada por el presidente de la CONCAMIN, Salomón Pressburger, y se comprometió a definir una política de desarrollo industrial coordinada entre el gobierno y la iniciativa privada. Durante los mítines que llevó a cabo en distintos municipios de esa entidad, López Obrador expresó que ya es tiempo de superar las prácticas del pasado y los cacicazgos, como el que representa Elba Esther Gordillo, porque México padece un gran rezago en materia educativa, y trajo a la memoria que Gordillo obtuvo el manejo de la Subsecretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional y el ISSSTE en pago a su contribución al fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. En Guanajuato, respecto al mismo tema, López Obrador calificó como una maniobra, un acto fingido y de simulación, la supuesta ruptura entre el PANAL de Gordillo y el PRI, con la deliberada intención de frenar la caída del precandidato presidencial priísta en las preferencias del electorado. En Yuriria, Guanajuato, López Obrador aclaró que si resulta triunfador en los comicios federales del 1º de julio próximo, no se privatizará la industria petrolera porque es propiedad de la nación y no del gobierno, como lo establece el Art. 27 Constitucional, y reiteró su compromiso de reducir las tarifas de las gasolinas, gas, diesel y energía eléctrica. También informó que de llegar a la Presidencia legal, nombrará a Adolfo Hellmund secretario de Energía y le encargará la tarea de integrar en un solo ente al sector energético, en particular las industrias eléctrica y petrolera para convertirlas en palanca del desarrollo nacional. A diferencia del precandidato presidencial priísta Enrique Peña, que ofreció abrir el sector petrolero a la iniciativa privada, López Obrador se opone abiertamente a la privatización de PEMEX porque eso acarrearía mucho daño al país. Durante los últimos recorridos que realizó el domingo por municipios de Guanajuato, López Obrador planteó que en materia de seguridad habrá una política distinta para atender las causas de la violencia, generada por la falta de trabajo,

PEMEX emitió una nueva y segunda convocatoria para que empresas privadas nacionales y extranjeras realicen la explotación de campos maduros de la región norte, mediante la cesión de las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción, el organismo más importante de la petrolera mexicana. Ahora se incluyen seis áreas contractuales, dos marinas (Arenque y Atún) y cuatro terrestres (Altamira, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca), las cuales se ubican en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Rogelio Gasca Neri, consejero profesional independiente de PEMEX, en su voto razonado del pasado 15 de noviembre de 2011, se opuso a la celebración de estos contratos y advirtió: Aprobar estos contratos equivale a estar tomando decisiones de política energética que no le corresponden al consejo; es tomar decisiones que afectarán a PEMEX en forma importante y atarán a las siguientes generaciones a un esquema de apertura del sector petrolero que inhibirá o condicionará las decisiones en este importante sector para la economía, para las finanzas públicas y para el país. Expertos de la industria petrolera alertaron que el nuevo modelo de contratos eleva el plazo de las concesiones de 25 a 30 años, y que PEMEX participa sólo con 10 por ciento del proyecto; que el riesgo ambiental lo asume la paraestatal, que se incrementa el factor de ajuste de tarifa de 60 a 70 por ciento, lo que implica un pago más alto al contratista; que se aplica un régimen fiscal más flexible que la onerosa carga impositiva que se aplica a PEMEX, y de esta manera, el precio que pagará PEMEX por la extracción de crudo, junto con 70 por ciento del costo de las facturas que presente el contratista, será de alrededor de 20 dólares por barril, que contrasta desfavorablemente con el precio de extracción de PEMEX que es de 5.22 dólares por barril. ¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE NUESTRO PETRÓLEO! ¡FUERA PRI Y PAN DEL PODER!


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No. 254

23 / 01 / 12

VETO AL CAMPO. En un artículo de Alejandro Encinas, diputado federal del PRD, publicado el martes en el diario La Jornada, nos enteramos que en el pasado periodo de sesiones la Cámara de Diputados APROBÓ un decreto mediante el cual el Ejecutivo federal debería integrar un fondo especial de 10 MIL MILLONES DE PESOS para atender los daños ocasionados por la sequía, las inundaciones y las heladas ocurridas en diversos estados del país, especialmente del norte y del sureste, y enfrentar así el daño que presentan cerca de UN MILLÓN DE HECTÁREAS, de las cuales 400 mil no podrán sembrarse por escasez de agua; además de la muerte de miles de cabezas de ganado y de manera esencial la carencia de alimentos que enfrentan 28 MILLONES DE MEXICANOS. Pese a esta difícil situación, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Hacienda, VETÓ el decreto aduciendo que era innecesario ya que la estrategia gubernamental para la atención a los efectos provocados por desastres naturales disponía de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta negligencia oficial, de la que nadie habla, es imperdonable porque pone en riesgo la vida de miles de mexicanos y muestra, una vez más, la ausencia de una política que entienda la seguridad alimentaria como un asunto estratégico para la seguridad nacional. Calderón sólo entiende por seguridad nacional la estúpida guerra contra el narco, y todos los que lo apoyan son cómplices de las muertes por desnutrición que ocurren en el país. Vetar el decreto aprobado en la Cámara de Diputados no sólo provocó la pérdida de cosechas y de cientos de miles de cabezas de ganado, sino también la muerte de seres humanos, como se ha registrado en la Tarahumara donde las comunidades indígenas, al igual que en otras regiones del país, enfrentan la peor crisis alimentaria de los últimos 80 años. (editado, Polimnia Romana, SDP)

ORO Y PLATA PARA LOS EXTRANJEROS. Sólo en el período 2006 - 2010 el volumen de producción minera en la región Tarahumara se incrementó más del 60 por ciento. Alrededor de 84 MIL MILLONES DE PESOS redituó a las compañías canadienses la producción minera de esa tierra, en la que empiezan a morir sus habitantes por falta de agua y alimentos. ¿Quiénes otorgan esas concesiones a las compañías extranjeras y a cambio de qué? LA CFE Y LA DEVALUACIÓN HUMANA. El pasado jueves, la CFE cortó el suministro de energía al hospital Manuel Campos, en Campeche, alegando un adeudo de 564 mil pesos. En el momento de la interrupción se practicaba una cirugía, había 14 pacientes internados y dos recién nacidos en las incubadoras. Uno de los bebés falleció y el otro se encuentra grave tras ser trasladado de emergencia a otro nosocomio – acaba de fallecer -. A estas alturas, para nadie es ajeno el desempeño desastroso de la compañía encabezada por Antonio Vivanco, que se debate constantemente entre las denuncias por corrupción de sus funcionarios; los cobros exorbitantes en los recibos de los usuarios, y la incapacidad de su personal para proveer un servicio mínimamente aceptable a los habitantes de la zona centro del país, a más de dos años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pero el episodio de Campeche es indicativo de un deterioro mucho más profundo y preocupante: en concordancia con una lógica tecnocrática en el ejercicio del poder público, el país asiste a un proceso de devaluación de la condición humana en general, que es padecida por la sociedad en su conjunto y que puede percibirse con particular fuerza en episodios de negligencia trágica por parte de las autoridades – el caso de la guardería ABC es uno de los más emblemáticos –; en el baño de sangre que ocurre en el país en el contexto de la guerra contra la delincuencia en el que las muertes son reducidas por el discurso oficial a simples indicadores estadísticos; en la depreciación de los ingresos de los sectores mayoritarios de la población y ahora, también, en la conducción irresponsable e inhumana de los servicios públicos. Una situación como ésta sería ya impresentable en países donde el suministro eléctrico depende de compañías particulares. En México, donde ese servicio recae, al menos formalmente, en el Estado, el hecho tendría que derivar en un claro deslinde de las responsabilidades administrativas e incluso penales en que pudieron haber incurrido las autoridades de la CFE que ordenaron el corte de electricidad al hospital, así como en las sanciones a que haya lugar para los responsables. (editado, Editorial La Jornada 21 / 01 / 2012) ¿Hasta cuándo permitiremos la IMPUNIDAD?


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