UNIVERSIDAD.PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza y los Servicios Públicos de Castilla y León- intersindical
PROGRAMA ELECTORAL 2015 PROPUESTAS PARA UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD
MÁS RESPETO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
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STECyL-i: EL SINDICATO AUTÓNOMO Y ASAMBLEARIO
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FINANCIACIÓN DIGNA Y SUFICIENTE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Reclamamos una financiación equivalente a la destinada por los estados líderes de la Unión Europea (7 % para educación), con el objetivo de mejorar las infraestructuras docentes y los parques científicos, así como incrementar la dotación de becas y la inversión en I+D+I (hemos pasado en la última década del puesto 15º al 17º entre los 28 de la UE, mientras que en lo que se refiere a España en CyL estamos en la 7ª posición, con un 0,99% del PIB, por debajo del 1,24% de la media de España. Siendo la Comunidad que mayor recorte hizo en 2013). Los fondos públicos se han de destinar a financiar las Universidades Públicas y no a la financiación pública de las universidades privadas. Tras estos últimos años de graves recortes en la financiación de la Universidad Pública de Castilla y León (un recorte que tuvo su mayor hachazo en 2014, con una bajada del 18% del presupuesto sobre el del 2010. Recortando en Personal, Investigación, Inversiones e Infraestructuras, Becas….), no solo no se ha terminado con el endeudamiento histórico, sino que se ha aumen-
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tado su profundidad. Por este motivo, desde STECYL-i, seguiremos vigilantes en la denuncia de la insuficiencia de los presupuestos actuales para mantener el funcionamiento de una universidad pública de calidad y del injusto trato recibido en el capítulo de personal así como en la exigencia de la recuperación, al menos, de los niveles de gasto previos a los recortes en derechos y retribuciones. Son necesarios cambios que garanticen unas condiciones de igualdad entre las diferentes comunidades autónomas y universidades, teniendo en cuenta también las diferentes situaciones de partida de las mismas y evitando que este tipo de financiación enmascare un sometimiento a políticas puramente mercantilistas. Se necesita igualmente una mejora del Plan de financiación de las universidades públicas que posibilite una enseñanza y una investigación de calidad, así como unos recursos humanos y materiales similares, en términos de equivalencia, a los estados líderes de la UE.
DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Refuerzo de la autonomía de las Universidades con respecto a los gobiernos autonómico y estatal, con el adecuado control pero sin injerencias externas. Hay que terminar con el sometimiento de los Equipos Rectorales a las decisiones e imposiciones de la Junta de Castilla y León en aquellas cuestiones que ponen en entredicho la autonomía universitaria y los derechos de negociación colectiva, que cada vez son objeto de mayor injerencia por parte de los poderes políticos y también empresariales. Es necesario un equilibrio entre autonomía y control objetivo e
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imparcial de la responsabilidad en el gobierno de la Universidad para evitar una utilización viciada de la misma. Hemos de defender la presencia proporcional en todos los órganos de gobierno y de representación, de todos los estamentos y colectivos de trabajadores y trabajadoras de la universidad y que el claustro vuelva a ser el máximo órgano de decisión.
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD.
Una Universidad comprometida con la sociedad, solidaria y respetuosa con el medio ambiente. La docencia y la investigación han de estar al servicio del conjunto de la población, sin someterse a planteamientos exclusivamente de economía de mercado. Conceptos como solidaridad, interculturalidad, formación humanista integral e integradora, cooperación para el desarrollo, paz, sostenibilidad, equidad, etc., tienen que ser
ejes estructuradores de la labor de nuestra universidad. Una Universidad dinamizadora que potencie su papel de crítica constructiva para hacer visibles, ante toda la sociedad, problemas globales a los que se enfrenta la ciudadanía pero desde planteamientos objetivos, alejados de intereses políticos o económicos espurios.
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POLÍTICA DE IGUALDAD
Una Universidad de hombres y mujeres, para mujeres y hombres. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, por el principio de igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo o discapacidad en todos los ámbitos de la Universidad. Fomentar acciones conjuntas con el personal de la Universidad y el alumnado con el fin de impulsar el alcance y el significado del principio de igualdad de oportunidades mediante la formulación de propuestas de acciones
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formativas y de campañas informativas. Buscar líneas de actuación conjunta con las Unidades de Igualdad de las Universidades para favorecer la aplicación real y efectiva de los Planes de igualdad específicos en cada una de las Universidades. Cuidar y fomentar el uso del lenguaje e imágenes no sexistas en todos los documentos y materiales docentes o didácticos que se generen en nuestro ámbito, así como material divulgativo en general.
POR LA MEJORA LABORAL Y LA DIGNIFICACIÓN DEL PDI. POR UNAS RETRIBUCIONES MEJORES Y MÁS DIGNAS
n Recuperación para todo el PDI funcionario y laboral del poder adquisitivo y los derechos perdidos en los últimos años por los recortes. Actualización y homologación del componente por méritos docentes, del complemento específico y del de productividad (quinquenios y sexenios) que habrán de ser homogéneos para las categorías de funcionarios y laborales. Modificación al alza de los niveles de complemento de destino del PDI: CU: 30; TU: 29; PDI funcionario no doctor: 28. La cuantía correspondiente a los diferentes componentes debe ser igual para todos los cuerpos docentes y figuras contractuales. Negociación de un nuevo sistema retributivo que supere el actual, basado en la división salarial del PDI. El nuevo sistema tiene que incluir los actuales complementos en el salario. n Derogación del decreto 20/2012 y suspensión inmediata de la tasa de reposición como vías imprescindibles para recuperar una dedicación docente razonable, igualitaria y justa y dotar de PDI suficiente a las universidades n Retribuciones autonómicas. Desde STECyL-i reclamamos la extensión de los complementos autonómicos a todo el PDI, tanto funcionario como laboral, en función básicamente de los méritos docentes y de investigación y una simplificación del complemento autonómico: lineal con variantes por méritos de docencia, investigación y de gestión. Debe aplicarse y pagarse ya con efectos retroactivos el complemento para incentivar la investigación de tesis doctorales,másteres,…(según el decreto del año 2002) n Convenio Colectivo del PDI laboral. Las universidades públicas y la Junta de CyL una vez firmado y registrado el II Convenio Colectivo del PDI laboral, en condiciones poco favorables, deben aplicar con urgencia y con los efectos retroactivos el pago del primer quinquenio y sexenio y la antigüedad de todos los asociados. Como la vigencia de este II Convenio termina en diciembre de 2015, es necesario iniciar pronto la negociación del III Convenio en el que es irrenunciable recoger ya el pago del 100 % de todos los quinquenios y sexenios reconocidos a todas las figuras contractuales con dedicación a tiempo completo. n Equiparación salarial, como ya sucede en otras Comunidades Autónomas, de todo el PDI laboral dentro del III Convenio Colectivo de las Universidades públicas de Castilla y León, reflejada en una mejora de las tablas actuales en función a la siguiente correspondencia retributiva entre: l Profesor/a Contratado Doctor y Titular de Universidad. l Profesor/a Colaborador y Titular de Escuela Universitaria. l Profesor/a Ayudante Doctor y Titular de Escuela Universitaria. l El salario del Profesor/a Ayudante No Doctor será un 25% inferior al salario del Ayudante Doctor igualado al del Titular de Escuela Universitaria. Aplicación inmediata a todo el PDI laboral de aspectos pendientes, como complementos autonómicos, y asegurar la estabilidad y promoción desde las diferentes figuras laborales. n Profesorado asociado. Es necesario terminar con la situación actual de discriminación tanto en los porcentajes de representación del colectivo en los órganos de decisión de la Universidad como en los aspectos retributivos. STECyL-i defenderá para ellos la percepción de los mismos complementos autonómicos que el PDI funcionario, así como la recuperación de la cantidad perdida por los asociados con empleo público fuera de la Universidad para asegurar que todos ellos cobran igual por el mismo trabajo. n Recuperación y dotación efectiva de las plazas vacantes.
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Ante la preocupante pérdida de plazas de PDI funcionario y laboral en los últimos años en las universidades públicas como consecuencia la nula tasa de reposición, y la imposibilidad de realizar contrataciones fijas de PDI laboral, es urgente eliminar estas medidas poniendo en marcha un plan negociado para la recuperación y dotación de las plazas perdidas, que respondan a las necesidades de cada área o departamento garantizando la suficiencia y el equilibrio de las plantillas y asegurando la calidad del desempeño de la función docente e investigadora. n Mejora de las condiciones del puesto de trabajo. Por una Universidad comprometida con la cultura preventiva, de seguridad y salud en el trabajo. Por la mejora de la convivencia en los centros de trabajo. Dotación de una infraestructura suficiente con creación de nuevos espacios y servicios que posibiliten la mejora de las condiciones de docencia e investigación. Mejorar el Servicio de Prevención de la Universidad dotándolo de suficientes recursos humanos. Seguimiento real de la aplicación real de la Ley de prevención de riesgos laborales (31/95) a través del Comité de Prevención para una protección eficaz en seguridad y salud laboral. Es necesario que la prevención se integre en la gestión, actividades y niveles así como en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la Universidad. n Conciliación de vida laboral, familiar y personal. Por una Universidad comprometida con la compatibilidad de la vida laboral y personal. l Ampliación del permiso por nacimiento o adopción a un periodo de 24 semanas independientemente de las horas de lactancia, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas. Permisos de maternidad o paternidad acumulables para las familias monoparentales. l Permiso de lactancia de 16 meses. Sustituible por un permiso de 40 días hábiles acumulable al de maternidad. Habilitación del tiempo necesario, dentro de la jornada docente, así como de espacios adecuados en los diferentes centros para que sea posible realizar la lactancia materna. l Ampliación de la duración de contratos que impidan que la maternidad o paternidad dificulte el alcance de los objetivos propuestos durante este periodo de la carrera profesional. l Reducción de la jornada laboral por cuidado de familiares enfermos en 1/3 o ½ con una reducción de haberes del 20 % para el primer caso y de 35 % para el segundo. Promoción de las reducciones de jornada por cuidado de hijo/a menor o familiares a cargo con retribución de un 60 % en la reducción de ½, y del 80% con reducción de 1/3.
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l Sustitución inmediata, mediante nuevas contrataciones, de las ausencias por licencias y permisos para evitar la actual sobrecarga horaria de los restantes miembros de las áreas y departamentos afectados por estos casos. n Implantación en todas las universidades de los años sabáticos remunerados (semejante a lo que tienen en la enseñanza no universitaria) y extensión a todo el PDI; jubilación anticipada, aplicación del plan Concilia y de medidas especiales para el personal discapacitado (acceso, reducción de jornada, etc.). Plan para la incorporación progresiva de nuevo PDI mediante un sistema de jubilación anticipada a los 30 años de servicio o a los 60 años de edad, en el que la desvinculación de la universidad sea progresiva y sin disminución del poder adquisitivo. Renegociación del Plan de Acción Social de la Universidad, con objeto de incrementar las ayudas sociales y sus cuantías para la totalidad de los trabajadores y trabajadoras y extensión de las mismas, sea cual sea su condición y relación contractual.
ESTABILIDAD Y PROMOCIÓN DEL PDI
Extensión a todas las Universidades de la elaboración anual de planes de promoción y estabilización para el PDI, negociando con sus representantes la dotación e inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo. Los investigadores en formación, integrados en la Universidad a través de becas, deben disfrutar de contratación laboral desde el inicio, con derechos laborales plenos, y de una carrera investigadora que garantice su continuidad y estabilidad. Impulsar medidas para que el profesorado y los inves-
tigadores vinculados contractualmente a las Universidades accedan a figuras estables a medida que alcancen la acreditación necesaria. Establecimiento de un nuevo documento de plantillas realista, que contemple las necesidades reales de plantilla por departamentos y áreas a medio y largo plazo.
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UNIVERSIDAD ELECCIONES Es necesario que dicho documento proporcione el marco que garantice y promueva la estabilidad y el equilibrio entre las diferentes figuras del PDI, desarrollando políticas activas de promoción académica y profesional de las diferentes figuras del PDI, de acuerdo a los méritos y acreditaciones adquiridos. Con total garantía de los principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito se deben evitar situaciones de estancamiento no justificado que alargan de forma arbitraria la carrera profesional del PDI. Evitar el abuso actual de la figura del profesor asociado potenciando el acceso a la carrera docente e investigadora a través de figuras como la ayudantía o cualquier otro tipo de figuras contractuales predoctorales o postdoctorales a tiempo completo. Se deberían definir con claridad en la RPT las plazas docentes que, en función de asignaturas y materias concretas y definidas, se deben cubrir con asociados. En estas plazas se debe regular la renovación anual de forma más ágil, eliminando los concursos anuales obligados Superación de los obstáculos en la promoción, especialmente en lo referido al funcionamiento y criterios del sistema de acreditaciones vigentes. Los cambios que proponemos desde STECyL-i para mejorar el proceso de evaluación y acreditación del PDI son los siguientes: n Exigencia de que las distintas agencias de evaluación (agencias autonómicas, ANECA y CNEAI) garanticen al máximo los principios de igualdad, transparencia y justicia en los procedimientos de evaluación del personal docente e investigador. n Máximo detalle de la puntuación obtenida por los candidatos en cada mérito (y no sólo en los grandes apartados) para dotar al procedimiento de evaluación de mayor transparencia, garantizando el principio de igualdad entre los solicitantes y facilitando el procedimiento de revisión de las solicitudes denegadas.
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n Revisión del documento marco, Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación de la ANECA (y de los equivalentes en las diversas agencias autonómicas), para que se incluya con mayor precisión los requisitos mínimos y necesarios que los solicitantes deben reunir para obtener la puntuación mínima necesaria. De la misma manera, es necesaria una estimación consensuada de las editoriales más valoradas en áreas como Humanidades y Ciencias Sociales, donde se da el porcentaje más elevado de no acreditados y de recursos desestimados. Incremento del número de tribunales evaluadores, porque los existentes se ven abrumados por un volumen excesivo de trabajo. La acumulación de solicitudes, en determinados períodos, pone en riesgo la calidad del procedimiento y perjudica tanto al solicitante como al tribunal, porque favorece las evaluaciones precipitadas, los retrasos en la publicación de las resoluciones, las reticencias frente a los recursos, etc n Recomendaciones explícitas, dirigidas a los miembros evaluadores, para que adopten criterios sensatos y uniformes a la hora de interpretar los principios y orientaciones generales de documento marco y eviten la tendencia a evaluar los méritos con calificaciones mínimas. Renovación periódica y frecuente de los miembros y presidentes que componen las comisiones evaluadoras para evitar la repetición (enquistamiento) de las interpretaciones personalistas.
LA INVESTIGACIÓN
Debe considerarse prioritaria la incentivación de grupos de investigación y de líneas concretas de interés estratégico en nuestras universidades, pero de forma realista y con apoyos claros, tanto a nivel de personal como de recursos financieros. La investigación está indisolublemente unida al concepto de universidad. No se puede concebir una Universidad de calidad que no mantenga una actividad investigadora permanente. Las dialécticas, casi siempre interesadas, que contraponen la actividad docente con la actividad investigadora pretenden con frecuencia dividir artificialmente al PDI entre “los docentes” y “los investigadores”. En STECyL-i creemos que ambos aspectos constituyen la esencia del PDI, sin despreciar otras ideas (centros de investigación o centros de formación exclusivamente …). Pensar en una plantilla dual de investigadores y docentes, con el riesgo de que sea de hecho antagónica, es absurdo: se trata de dos actividades complementarias y que se enriquecen una a la otra.
Los recortes en el gasto público de estos años se han cebado especialmente en la investigación. No sólo se trata de reducciones de presupuesto (lo que ya es grave), se trata de partidas que se presupuestan y que no se ejecutan, de ayudas al gasto militar o a actividades puramente empresariales que se disfrazan como gastos de investigación y que no son más que ayudas encubiertas. n Es imprescindible y urgente una acción consensuada y mantenida a lo largo del tiempo a nivel autonómico que involucre a todos los agentes (Junta de CyL, universidades, PDI, agentes sociales) que mejore en todos los aspectos la situación de la investigación en las universidades de Castilla y León. n Defenderemos iniciativas que busquen establecer
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mecanismos para compatibilizar la acción investigadora con la acción docente y la gestión. Es necesario que la actividad investigadora está presente también en todas las negociaciones y gestiones universitarias. n Abogaremos por la elaboración negociada de un plan integral de incentivación de la investigación, tanto a nivel autonómico como en cada una de las Universidades. n Defenderemos el establecimiento de un programa específico de becas y puestos postdoctorales, así como de ayudantes que tenga en cuenta también la investigación.
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n Se ha contemplar la posibilidad de intensificación temporal de la actividad investigadora del PDI, llegando a la dedicación completa a la misma en periodos concretos y para situaciones concretas. n Es necesario crear gabinetes de apoyo y asesoría de grupos y líneas emergentes, tanto en el plano científico como, de manera especial, en la gestión administrativa. n Es imprescindible mantener los escasos grupos de investigación que existen en las universidades de Castilla y León garantizando recursos y la necesaria reposición de investigadores.
EL ACTUAL SISTEMA UNIVERSITARIO
Es imprescindible revertir la situación y recuperar cuanto antes los derechos perdidos como primer paso para conseguir una mejora efectiva de la calidad docente, un reconocimiento pleno de todas las facetas de la dedicación del PDI y una verdadera dignificación de la tarea de enseñanza. El sistema docente universitario ha sido uno de los grandes perdedores con los recortes que llevamos padeciendo los últimos años. Las injustificadas e interesadas reducciones presupuestarias que de forma indiscriminada se han llevado a cabo han provocado que la adaptación al EEES se haya hecho a “coste negativo”. La publicación del decreto 20/2012 y la aplicación indiscriminada de la tasa de reposición han sido el remate final de una política nefasta que ha olvidado cualquier idea de calidad efectiva de la docencia repercutiendo directamente en el PDI el coste combinado de unas mayores necesidades docentes debidas a la reforma y de una reducción arbitraria de las plantillas. Por si teníamos poco nos encontramos ahora con una nueva ocurrencia: cambiar la duración de los grados sin ni siquiera haber evaluado mínimamente el efecto de la implantación de los actuales. De paso, se pretende hacer este nuevo cambio una vez que los precios públicos de la enseñanza, sobre todo en lo que se refiere a los estudios de máster, se han disparado. El efecto caótico del conjunto de todas estas medidas, impuestas sin ningún análisis serio más allá del deseo creciente de que el coste de la enseñanza universitaria repercuta casi íntegramente en el ciudadano, olvidando cualquier política de calidad o de igualdad, está a la vista. El Estado debe garantizar el carácter público y asequible de todos los estudios universitarios (grado, postgrado, etc.), evitando la privatización y posibilitando el acceso de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones con una adecuada política de becas para todos ellos. En este marco es necesario: n La derogación del decreto 20/2012 y la suspensión inmediata de la tasa de reposición como vías imprescindibles para recuperar una dedicación docente razonable, igualitaria y justa y dotar de PDI suficiente a las universidades. n Suspender la aplicación del decreto 3+2 hasta que no se evalúen convenientemente los planes de estudio actuales. Iniciar estudios en profundidad, con la participación efectiva de todos los agentes involucrados, sobre la implantación racional de un modelo estable que cuente con el suficiente consenso. n Avanzar en una nueva concepción del tiempo de dedicación a la docencia, contabilizando, además de las clases presenciales (con igual consideración para los estudios de Grado y Máster), el tiempo dedicado a
elaboración de material y guías docentes, a la tutorización y corrección de trabajos y a la tutela del alumnado, así como el reconocimiento adecuado del resto de las tareas docentes, académicas y de gestión. n Incentivar y regular el apoyo tutorial no presencial a través de medios telemáticos y reconocerlo dentro de la carga docente del PDI. n Una reestructuración de la jornada laboral, con una redefinición y reducción de la carga lectiva. n Reforzar la formación permanente y el reciclaje, con la adecuación a las nuevas tecnologías y nuevos métodos de aprendizaje. Apoyar e incentivar especialmente la participación en proyectos de innovación y en cursos de formación relacionados con nuevas metodologías. n Mejorar de forma racional y progresiva, pero decidida, la ratio estudiantes/ profesor. n Reestructuración y racionalización de los TFG. Es imprescindible un reconocimiento realista tanto de la coordinación, como de la participación en los tribunales y, sobre todo, de la dirección. n Mejorar y racionalizar la gestión docente, eliminando procesos burocráticos que no aportan nada a la calidad de la docencia y avanzando en medidas realmente eficaces. Mención aparte merecen los estudios de máster. Posiblemente el prestigio futuro se nuestras Universidades se medirá cada vez más a partir de la calidad de sus estu-
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UNIVERSIDAD ELECCIONES dios de postgrado, factor éste que se añadirá al de la calidad de la investigación. La inadecuada planificación de su puesta en marcha junto con el nulo apoyo económico y el incremento abusivo e indiscriminado de los precios de matrícula están llevando en la práctica estos estudios a un callejón sin salida. La planificación y el diseño adecuados en los estudios de máster son imprescindibles. El riesgo de que en unos años parte de las universidades se conviertan en simples centros de formación de grado, de facto sin estudios de postgrado ni doctorados, es real. n Diferenciar con claridad los estudios de máster “profesionalizantes”, de aquellos destinados a la formación académica avanzada y la iniciación a la investigación. No se pueden mantener las mismas exigencias ni económicas ni de ratio de alumnos ni de reconocimiento en unos que en otros. n Congelación inmediata de los precios públicos de los estudios de máster como primer paso para una progresiva reducción en el caso de los máster de investigación que los aproxime a los precios de los estudios de grado. n Incentivación de la participación del PDI en la docencia en los máster por la vía de un reconocimiento adecuado de su dedicación docente en ellos. A medio plazo la dedicación docente del PDI doctor se debería repartir, con la adecuada proporcionalidad, entre los estudios de máster y los de grado. n Aumentar de forma significativa y progresiva el reconocimiento docente en la dirección de trabajos fin de máster hasta acercarla a la realidad. n Evitar las rigideces temporales y espaciales en la impartición docente de los máster, mediante un alto grado de flexibilidad que, sin
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menoscabo de la calidad, permita intensificaciones temporales, la docencia no presencial y la participación ocasional de especialistas externos. n Desarrollar una progresiva e intensa política de becas que facilite la movilidad y sobre todo la captación de alumnos procedentes de otras universidades y países, especialmente latinoamericanos. Implantación de un sistema de ayudas a la movilidad de los estudiantes que facilite el seguimiento de cursos, adecuadamente reconocidos, en otros centros externos, ya sean de investigación o de desarrollo en otros entornos sociales y empresariales.
EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE
Entendemos la Universidad como un servicio a la sociedad y para la sociedad, tanto en lo tocante a su financiación como por lo que se refiere al control que sobre su tarea se ejerce. Así pues, como trabajadores del sector público y como partidarios de una Universidad Pública, no nos podemos ni nos queremos negar a que la sociedad que mantiene este modelo y esta concepción, y a la cual nosotros servimos, realice un control sobre la calidad de los servicios que sus organismos ofrecen. Este control no puede ser meramente formal, sino una evaluación efectiva que profundice en la multiplicidad de factores –estructurales, formativos, del propio sistema educativo, actitudinales, de financiación...- que articulen las medidas
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determinan para una mejora de la calidad docente, con procedimientos transparentes y de fácil aplicación. Estamos en contra de una evaluación puramente cuantitativa, unidimensional y, consecuentemente, injusta, dado que los resultados de este planteamiento en el ámbito de los departamentos y, en general, en el espacio de la comunidad universitaria, se traducen en comportamientos arribistas e insolidarios. Abogamos por pasar de una evaluación competitiva a una cultura de la cooperación. Defendemos una evaluación que busque la mejora, el perfeccionamiento e implicación de los evaluados y de la comunidad educativa.
POR EL AVANCE NECESARIO DE LA NEGOCIACIÓN DEL ESTATUTO DEL PDI
Como organización sindical hacemos nuestro el Objetivo 8 de la propuesta de Pacto Social y Político por la Educación realizado por el MEC en el curso 2010-11 que parece haber caído en el olvido tras estos años nefastos: promulgar el Estatuto del Personal Docente e Investigador. Seguimos pensando que el PDI debe estar en el centro de las políticas que se desarrollan en el ámbito universi-
tario, pues ellos son actores fundamentales en la generación del conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad. Por tanto, defendemos una negociación del ESTATUTO DEL PDI basado en los siguientes criterios: n Inclusión en el mismo de todas las figuras de PDI, también del personal contratado y a tiempo parcial.
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n Definición concreta de las funciones concretas del PDI según sus categorías. n Regulación de la figura del “becario de investigación” como una más de las figuras del PDI. n Reestructuración de la jornada laboral y de las condiciones de trabajo del PDI: reconocimiento objetivo de la carga de trabajo. n Valoración en mayor medida de todas las tareas realizadas por el PDI (preparación de clases, corrección de exámenes y trabajos, asesoría y seguimiento de trabajos de investigación y fin de carrera o máster, así como una carga cada vez mayor de trabajo administrativo) dados el esfuerzo y dedicación de tiempo que conllevan a este colectivo. n Consideramos positivo que el PDI pueda incorpo-
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rarse a empresas en cuya creación haya participado, pero arbitrando un procedimiento objetivo para su autorización, y estableciendo un control de las actividades que se realizan en dichas empresas antes de prorrogar su estancia en las mismas. n Mayor restricción en la contratación por parte de las universidades privadas de PDI de las públicas: se debe limitar adecuadamente el tipo de actividades docentes, así como el cómputo de horas anual. n Reducción del 30% de la dedicación máxima a partir de los 55 años, con el fin de que realmente suponga un incentivo para el PDI de mayor edad. n Mantenimiento de la posibilidad de jubilación anticipada voluntaria a los 60 años tras 30 de servicio.
PROMOVER LA REGULACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS UNIVERSIDADES
n Actualizando el régimen disciplinario en los RRI de los estudiantes universitarios (el vigente está basado en un decreto del año 1954), en lo referido a difamaciones, injurias al PDI a través de redes sociales, etc. n Proponiendo la redacción de una normativa a nivel autonómico que especifique claramente las obligaciones y derechos del PDI en lo referente a las nuevas tecnologías: grabación y difusión vía web de clases en vídeo streaming, videoconferencias, derechos de propiedad intelectual de dichas grabaciones, etc.
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