Tía María |
ISABEL CALLE Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
pasa a un segundo plano si los intentos del Gobierno por impulsar el diálogo con las comunidades opositoras a los proyectos extractivos son ineficientes, situación que afecta notoriamente el desarrollo de los proyectos de inversión minera. Frente a la ausencia de consenso, Calle aseguró que el Estado debe evaluar si la población considera que su visión de desarrollo de comunidad y la explotación minera van de la mano, con el fin de evitar mayores víctimas, a causa de los disturbios ocasionados cerca de las comunidades. Asimismo, la compañía minera enfatizó que ha cumplido con las más estrictas normas internacionales y disposiciones de las autoridades del Perú para desarrollar una minería sustentable. Sin embargo, agregó la especialista, no existe una medición de viabilidad social que sería muy importante para reducir el número de conflictos. En ese contexto, Caravedo recomienda establecer un dialogo en donde tomen en cuenta las características sociales de las comunidades en lugar de lo meramente técnico y político. “Esto ayudaría a conectar de manera más efectiva con los representantes de las comunidades”, enfatizó. Para el especialista de ProDiálogo, la solución no sería limitarse a una información que intente persuadir e informar en un solo sentido: Estado y comunidad, sino ser una comunicación interactiva, constructiva y en igualdad de condiciones. Para ello,
Por más que se puedan resolver los conflictos existentes, no hay una política de Estado que proyecte cuáles van a ser las políticas de inversión minera en el Perú durante los próximos 25 años.
JAVIER CARAVEDO Director Ejecutivo de ProDiálogo
“es preciso que tal proceso sea diseñado y organizado por profesionales en el tema”. Para frenar la crisis en la provincia en Islay, la empresa transnacional Southern Copper anunció, mediante un comunicado, “una pausa” en el proyecto. El intervalo de tiempo que propone la empresa es de 60 días para retomar el diálogo en la provincia de Islay. “Southern Perú propone un paréntesis que beneficie a la población, y que permita a todos presentar sus inquietudes y temores”, se lee en el documento. De no ser así, para Caravedo, el mayor riesgo para el Gobierno sería el establecimiento de una cultura de confron-
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tación en lugar de una que promueva la resolución de los problemas en forma de diálogo pacífico. “Lo que ello generaría, en el largo plazo, son cuestionamientos a la autoridad elegida democráticamente, al Estado de Derecho, a la minería e inversión privada en general”, agregó. Isabel Calle va más allá y señaló que, por más que se puedan resolver los conflictos existentes, no hay una política de Estado que proyecte cuáles van a ser las políticas de inversión minera en el Perú durante los próximos 25 años. “Este es un factor importante que descuida el Estado y que deberá implementar si quiere mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales en donde se desarrollen los diversos proyectos de extracción minera”, sostuvo. Conocidos los inconvenientes que presenta el proyecto Tía María, y sin dejar su importancia en la economía local y regional, se puede expresar que no es suficiente un Estudio de Impacto Ambiental para reconocer su viabilidad, sino que hace falta analizar cómo es que los pobladores de la zona se sentirían afectados social y económicamente, pues son ellos quienes finalmente sienten los primeros impactos de tan cuestionado proyecto. Es por esta razón que es determinante realizar una constante comunicación con ellos y no implantar mesas de diálogos cuando la situación se vuelve casi insostenible, como lamentablemente viene sucediendo.