NUM. 14/ JULIO/ 2020
“El botín conquistado fuera de Europa mediante el saqueo descarado, la esclavización y la matanza refluían a la metrópolis para convertirse aquí en capital” Marx
- Exigencia del retiro al 10% - Piñera y su salvavidas de plomo - Un gobierno sin rumbo
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Exigencia del retiro del 10% de ahorro AFP Por Marco González En las últimas semanas, se ha puesto en el tapete la exigencia del pueblo trabajador, de retirar desde las AFP el 10% de los ahorros previsionales de los trabajadores, para combatir la urgencia de cesantía y carestía de vida derivada de la pandemia del COVID19. El impacto del eventual retiro del 10%, es muy significativo en el total de fondos de pensiones. La suma representa el equivalente de diez veces todo el gasto público en pensiones solidarias del Estado en un año (en torno a US$ 2.200 millones). Dicho de otro modo, significan diez años de gasto estatal en pensiones solidarias, en un solo pago. Por ello, la industria de AFP señala que el retiro de este 10% o lo que es igual, 20,5 billones de dólares desde el mercado financiero, no les resulta posible, lo que nos lleva a la pregunta determinante en este asunto: ¿Quién es el dueño de los fondos de pensiones, los trabajadores, o las empresas a quienes se les transfirió esos dineros? Para responder, debemos decir que los fondos de pensiones se entregan por las AFP en préstamos a empresas, que se
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obligan a devolverlos a determinada tasa de interés (la rentabilidad para el trabajador). Esto tan simple, que debiera funcionar como todo préstamo, por ejemplo, de un trabajador que pide un préstamo a un banco, no funciona así, según veremos. La diferencia está en que si ud. no paga un préstamo a un banco, por cesantía COVID o cualquiera razón, el banco le embarga la casa, el auto, o lo que tenga, para cobrarse. En cambio, si una empresa que recibió un préstamo con fondos “de propiedad de los trabajadores”, pierde esa plata y no paga la devolución y el interés a que se obligó, el trabajador no puede hacer nada, simplemente el trabajador pierde su plata, como ocurre en todo lo que va del año y en tantas “crisis” financieras. Tampoco las AFP rinden cuenta de porqué invirtió en una empresa que pierde y no devuelve la plata de los trabajadores, mientras, sigue cobrando como si nada, sus comisiones y ganando sus utilidades. Esto demuestra en los hechos, que los trabajadores no son dueños de los fondos de pensiones, pues si lo fueran, podrían embargar bienes de las empresas que dejan de pagar los préstamos que reciben de estos fondos, más su rentabilidad, o al menos, tener garantías por si ocurrieren esas pérdidas. Y también hacer efectiva la responsabilidad de las AFP por la mala administración. Pero sabemos, nada de ello ocurre en la realidad.
La razón es muy simple, la propiedad de los trabajadores sobre los fondos de pensiones es sólo nominal. Lo real es que quienes son dueños de ellos, son los empresarios que los usan para sus negocios. Por ello si esos empresarios pierden la plata por malos negocios, no pasa nada. En cambio, si ud. trabajador, pierde su empleo e ingresos por COVID19 o por cualquier causa, y no paga su préstamo, pues tenga seguro que el banco lo mismo le va a embargar su casa y sus bienes. Entonces, en la práctica, si se autoriza el retiro del 10%, será como las siete lucas del confort, o las cajas de ayuda por pandemia. Nunca van a llegar. Porque los empresarios ya se apropiaron de la plata de los trabajadores. Ello porque los empresarios toman para sí todo lo que puedan usar como plusvalía a su favor. La vieja plusvalía marxista, la cuna y sentido de la lucha de clases. No la inventamos nosotros, sólo fuimos capaces de estudiarla, entenderla, y luchar para destruirla. La burguesía y los empresarios, sus gobiernos e instituciones, sólo inventan cada vez más plusvalía a su favor. ¿Para qué? Pues para que un puñado de grupos económicos, tras un ejército y policía serviles, mantengan sus privilegios bajo el sistema capitalista. Mismo al que dirigió toda su fuerza el pueblo trabajador desde octubre, lucha tan sólo suspendida, por efecto de esta condición extrema de salud. Pero que sin duda será nuevamente asumida en tanto esta pandemia sea superada. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo.
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Piñera y su salvavidas de plomo Por Celso Calfullán El gobierno de Piñera y los empresarios se siguen burlando de los trabajadores chilenos. Acaba de presentar un supuesto Plan de Protección para la Clase Media, que consiste en que la gente se siga endeudando a pesar de que la mayoría ya tiene demasiadas deudas que actualmente no puede pagar. Esta supuesta “solución” de Piñera que consiste en más créditos, más deudas para una supuesta clase media que ya está ahogada en deudas. Esto más que una ayuda se debe considerar como una nueva agresión de este gobierno en contra de los que viven de un salario, que en muchos casos ni siquiera ahora tienen uno. Por otro lado en una muestra de máxima “generosidad” el gobierno de los empresarios,
también está ampliando el Crédito con Aval del Estado (CAE) a estudiantes de educación superior, o sea, más encima está condenando a más estudiantes al CAE, mientras por otro lado le niegan a los jóvenes la postulación a becas y gratuidad.
camente los empresarios si pueden usar las platas que están en las AFP, pero sus verdaderos dueños que son los trabajadores no lo pueden hacer.
La propuesta del gobierno es demasiado mala, para entender esto basta mirar los niveles de deuda que existen en Chile, donde un 75% de los hogares ya están endeudados. Un 82% de los mayores de 18 años tiene deudas, esto representa 11.5 millones de personas, de los cuales casi cinco millones están morosos.
Todo esto es lo que hace que se siga acumulando mucha bronca en amplios sectores de la población, por esto nuevos terremotos sociales y políticos, como el que vimos en octubre de 2019, nuevamente se ven muy cercanos en el próximo periodo.
Mientras presentan este plan de endeudamiento que es malo por donde se le mire, cierran la puerta para que los trabajadores puedan acceder a un 10% de los ahorros que tienen en las AFP. Pero paradóji-
Está claro que necesitamos con urgencia un gobierno de los trabajadores, donde se respeten los intereses de la mayoría de la población y no solo del 1% o 10% más rico de esta sociedad.
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UN GOBIERNO SIN RUMBO Por Héctor Vega Una macroeconomía sin respuestas El gobierno aferrado a su modelo optó por socializar la Deuda Social. Echó mano a los ahorros de los trabajadores (Ley de Protección al Empleo); en reacción a las protestas ciudadanas decidió el reparto de cajas de mercadería a sobre precios impuestos por las grandes cadenas de distribución; frente a la presión de las Pymes creó el crédito con aval del Estado (Fogape), administrado por los bancos a tasas reales netas cercanas a 0% con malos resultados; finalmente negoció con la oposición el llamado Acuerdo Nacional Económico (Fondo Covid) por 12 mil millones de dólares de gasto fiscal por 24 meses, con dudas aún no resueltas sobre su origen a saber, reasignaciones o sub ejecuciones presupuestarias, – donde el gasto privilegiado sería el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por 100 mil pesos para 404.503 familias. Propuesta inaceptable en una economía de mentira que abarca a más de un millón y medio de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Desde la Revolución del 18 de Octubre pasado la ciudadanía delibera en el territorio de las comunas. Existe la conciencia que sin cambios estructurales al
modelo de mercado, las didas del gobierno no harán sino profundizar la crisis social. Es la lección de tiempos duros y la convicción de luchar por transformaciones sociales que no admiten plazos. El gobierno se ha valido de la Pandemia para reafirmar sus poderes autoritarios. Valiéndose del estado de excepción envía el ejército a la región de la Araucanía, crea una comisión para interponerse en el trabajo parlamentario y con trámite de urgencia envía una ley de inteligencia destinada a intervenir los movimientos sociales de las comunas. La cuarentena ha sido un instrumento eficaz para prolongar tiempos de un gobierno deslegitimado. Pausa en que la base corporativaempresarial trabaja para consolidar posiciones de poder más allá de los 20 meses que le restan al gobierno. El pueblo no tiene pausas. El estado de necesidad en estos últimos 20 años es una constante. Por eso es urgente recordar las instancias ciudadanas que se abrieron a partir del 18 de Octubre y que difícilmente se pueden borrar de la conciencia.
Urgencias que se imponen Los nuevos tiempos no admiten las desigualdades aberrantes que imperan en nuestra sociedad. Por eso la consagración de los Bienes Públicos es el primer jalón de una larga lista de objetivos sociales, entre los cuales se inscriben los regímenes públicos de salud, educación; sistema de reparto de pensiones; remuneraciones justas; garantías en el empleo; nuevo sistema tributario que elimine impuestos regresivos y exenciones tributarias arbitrarias. El desafío es enorme pues los recursos de la clase política provienen en parte no menor de los aportes de las transnacionales, especialmente mineras, que financian sus campañas y, fundamentalmente las campañas presidenciales. Ese conjunto de puntos deberá plasmarse en una Nueva Constitución que asegurará nuevos poderes al ordenamiento territorial plasmado en las Comunas. Por ello surgirá una Asamblea Social próxima de la población que ha consagrado ollas comunes, solidaridad social en la Región Metropolitana y los lugares más apartados del territorio.