EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA
PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
A VI · N 36 · A 2014
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AL INICIAR LAS AUDIENCIAS DE ESTE AÑO SE ACUMULARON NUEVAS CAUSAS, SUMANDO 11 IMPUTADOS E INCORPORANDO LA HISTORIA DE 279 VÍCTIMAS
Mercedes Ferreyra
Con las causas acumuladas, crece el juicio al terrorismo de Estado
Caras nuevas. El banquillo de acusados sumó nuevos integrantes.
A 29 años del Juicio a las Juntas El 22 de abril de 1985 comenzó un juicio contra los integrantes de las tres primeras juntas militares. Con el decreto 158, las causas que se encontraban en la justicia militar pasaron al fuero civil, y en diciembre se supo la sentencia. Las severas penas dictadas a los jerarcas militares quedaron sin efecto en 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem decretó los indultos. Nuestras organizaciones resistieron esta medida en soledad, sin un Estado que acompañe, y con parte de la sociedad indiferente por el miedo. Pero desde 2003 –luego de la anulación de las leyes de impunidad–, están siendo juzgados más de 500 genocidas y han sido recuperados 110 jóvenes apropiados. Hoy celebramos el acompañamiento que tienen los juicios por parte de la sociedad y las políticas de memoria. La desaparición forzada de personas es un delito continuado e imprescriptible, sin posibilidad de indulto ni amnistía. Debe ser investigado en fueros civiles y sus responsables son delincuentes a quienes se juzga con las garantías del debido proceso. Sus efectos
perduran en la actualidad, porque se comete para aterrorizar y controlar a la población, y se sigue cometiendo mientras las personas sigan desaparecidas. Por esto es que las organizaciones de DDHH nos comprometimos hace años con esta tarea y cuando decimos “Memoria, verdad y justicia”, estamos definiendo no sólo nuestros objetivos, sino un posicionamiento político, ético e ideológico. No tememos los debates políticos porque nos identificamos como actores sociales comprometidos con la identidad de nuestra sociedad. Hoy, vemos cómo se tensan paradigmas que hace tiempo creíamos superados. El derecho a la vida, el más elemental de los derechos, es violado bajo eufemismos como “inseguridad” o “mano dura”. Los jóvenes, estigmatizados y perseguidos, pierden su derecho a la libertad, con el amparo de un Código de Faltas inconstitucional. El derecho a la información es transgredido cuando no se respeta la Ley de Medios... El pasado que amenaza si no lo tenemos presente. Y el Nunca Más vuelve a ser más que una consigna: es
EDITORIAL
una declaración de principios. Sólo con ver lo que pasó con las leyes de impunidad, podemos advertir un futuro en manos de corporaciones con mucho que perder. Es por ello que infunden temor y demonizan el futuro, si este no está en su poder. Apelan a su herencia autoritaria y represiva con instituciones policíacas o medios de comunicación. Como dice Liliana Felipe: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”. Esta joven democracia aspira a que sigan existiendo resguardos morales como las Madres y Abuelas, que no han claudicado en su lucha y siguen atentas a los procesos vertiginosos de sectores que no dudarán a la hora de poner en riesgo los logros y hacer lo que sea necesario para no perder sus privilegios. La complicidad empresarial con la dictadura está quedando al descubierto; y estos son los sectores de poder que, cuando quieren, hacen temblar a las instituciones. Sumado esto a la falta de democratización de las fuerzas policiales, podemos remitirnos a etapas represivas que el Estado debe revertir.
ANÁLISIS | Por Alexis Oliva · Páginas 4-5
La herencia autoritaria
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La derecha criminal P V H M
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EL JUICIO POR DENTRO
Abril de 2014 | Será Justicia
DICTADURA CÍVICO-MILITAR • EL CASO LA SALETTE REVELA QUE LA COMPLICIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA LLEGÓ AL EXTREMO DE ABANDONAR A LOS SUYOS
Negados por la jerarquía, salvados por la ex monja
Octubre de 1976, esquina de Obispo Trejo e Hipólito Yrigoyen. Rolando Nadeau, superior provincial de la Orden de La Salette, ingresa al Palacio Arzobispal de Córdoba acompañado por cuatro seminaristas –cuyos rostros y cuerpos aún exhiben huellas de su paso por el campo de concentración de La Perla y la cárcel de Encausados–. Su propósito es mostrarle al cardenal Raúl Primatesta que los jóvenes han sido liberados y “están bien”. Mientras aguardan en el hall, dos policías se les acercan: –¿Qué carajo hacen acá?, curitas de mierda–, los increpa uno de ellos, mientras, tapándose con la gorra, les apunta con su pistola. De repente, aparece el Arzobispo, y con un leve gesto, hace que los policías se retiren. –Esos dos nos acaban de amenazar–, le dice Nadeau. –No hay problema, eso lo arreglo yo–, responde Primatesta. “¡Fue asqueroso! Si esto no es
Alexis Oliva
D J MC “ ” .
Espera. Con 81 años, Joan McCarthy revivió ante el TOF Nº1 su dramática odisea.
complicidad de la Iglesia...”, dirá 37 años después Daniel García Carranza, uno de aquellos seminaristas, tras relatar al Tribunal de la megacausa La Perla tan surrealista y elocuente escena. “Era una época difícil. Se estaba atacando a un sector de la Iglesia, y habían asesinado a los padres palotinos y a dos sacerdotes de La Rioja”, recordará a su turno Alejandro Dausá. El 3 de agosto de 1976 –víspera del asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli–, fueron
secuestrados del Centro de Estudios Teológicos de La Salette, en Boulevar Los Alemanes 851, García Carranza, Dausá y sus pares José Luis Destéfani, Humberto Pantoja Tapia y Alfredo Velarde, junto con el cura Santiago Weeks –responsable del grupo–. Al día siguiente, el diario Córdoba reproducía un comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército que informaba el nombre y profesión de los “detenidos por averiguación de antecedentes”, y añadía: “Se secuestró abundante bibliografía
marxista-leninista y un disco con cánticos con tono subversivo. Se procura dar con el paradero de una ex religiosa que se alojaba transitoriamente en dicha casa”.
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L J. La ex religiosa se llamaba Joan McCarthy y fue quien les salvó la vida. Como Weeks, ‘Juanita’ era estadounidense, y luego de recurrir en vano al Arzobispado cordobés, la Nunciatura Apostólica y la embajada de su país en Buenos Aires, el cónsul norteamericano en Montevideo le confesó que no podían intervenir porque “los militares argentinos están conectados con los uruguayos”. Pero su empeño sirvió para que la diplomacia estadounidense se involucrara, y Weeks y los seminaristas fuesen liberados al poco tiempo. Durante su cautiverio en La Perla, los seminaristas fueron interrogados y torturados por Roberto “el cura Magaldi” Mañay, quien “se erigía como un inquisidor y nos acusaba de trabajar con los sectores empobrecidos de Córdoba, porque «el pobre se siente alentado y se vuelve peligroso»”, según narró Dausá. Al finalizar la audiencia, quedó el eco de dos acusaciones. García Carranza: “El golpe no se hubiera dado si la Iglesia no hubise estado de acuerdo. En un acuerdo tácito, les dijeron: «Ustedes hagan el trabajo sucio y nosotros convalidamos»”. Dausá: “En Argentina se dio una gran paradoja: no solamente no protegieron a las víctimas, sino que aportaron argumentos teológicos para avalar la tortura y el genocidio”.
La abogada María Elba Martínez, denunciante originaria de esta megacausa, con el caso La Salette, se proponía demostrar: “Que la dictadura no respetó ni siquiera la investidura sacerdotal, a pesar de considerarse católica; que la persecución a estos sacerdotes se enmarca en la persecución a aquellos que habían elegido el mensaje del Concilio Vaticano II, a través de las declaraciones de Medellín y Puebla; que esa misma persecución y separación hoy está a la vista y divide a la Iglesia Poder de la Iglesia de los Humildes; que en La Perla existían torturadores con gran formación ideológica y conocimiento, tales como el llamado ‘cura’ Magaldi, quien era un experto en temas eclesiales; que la embajada de EEUU dejó en desamparo a sus nacionales, obligándolos a salir del país, en una actitud, al menos, de apoyo indirecto a la dictadura”. La fallecida referente del Serpaj Córdoba también fue pionera en estudiar y desenmascarar la complicidad de la Iglesia Católica con la represión. Durante su enfermedad, María Elba Martínez puso por escrito estas consignas, que su discípula y sucesora Adriana Gentile, tras un impecable cuestionario, convirtió en evidencia.
PROBAR EL ROL ECLESIAL
LA COMPLICIDAD SÍNDICO-EMPRESARIAL CON EL TERRORISMO DE ESTADO • LA DIRIGENCIA OBRERA COLABORACIONISTA
Desactivar cualquier intento de movilización “Nosotros no concebimos que hombres que llegaron a posiciones dirigentes como luchadores y con banderas políticas, después se burocraticen y cambien esas banderas por el sindicalismo y el acomodo. Ahí empieza la postración del movimiento, la traición declarada, la podredumbre de la burocracia, la quiebra total de la solidaridad”. Raimundo Villaflor exponía sus convicciones ante un Rodolfo Walsh que preparaba una de sus obras cumbres: ¿Quién mató a Rosendo? (1969). Con testimonios de Villaflor y otros dirigentes gremiales, Walsh plasma en este texto una de las primeras publicaciones periodísticas que con rigurosidad abordan la enorme complejidad de la composición del movimiento obrero de aquellos años. Las divisiones hacia el interior de la organización sindical comenzaban a expresarse con mayor crudeza en aquella segunda mitad de los 60. Walsh muestra la persecución sufrida por el sindicalismo combativo de esos tiempos, y prueba con contundencia la complicidad del sector
ortodoxo –liderado por el metalúrgico Augusto Vandor– con la dictadura militar de Juan Carlos Onganía; como así también la cobertura que recibe este mismo sector por parte de la Policía, de la Justicia, e inclusive, de sus propias patronales empresarias. Esta actitud de una fracción de la dirigencia obrera persistió durante tiempos del terrorismo de Estado –podría decirse que aún hoy está vigente–, y en Córdoba tuvo varias expresiones. Una de ellas tiene que ver con la desaparición de nueve trabajadores del frigorífico Mediterráneo (hoy Estancias del Sur), de Sierras Chicas. Según relató la testigo María del Carmen Torres –cuyo marido integra la lista–, estos trabajadores habían conformado una línea interna que comenzó a reclamar por derechos mínimos, como el pago de las horas extras trabajadas o la insalubridad de la labor en las cámaras. Dicho proceso de organización despertó malestares en el dueño de la empresa, Oscar Mediavilla, que mantenía una fluida relación con el
Gentileza Télam
E , .
Firmeza. María del Carmen Torres explicó detalladamente la situación del sindicalismo en los años del golpe.
Sindicato de la Carne. Torres explicó que por ese motivo, el gremio permanecía estático frente a las deplorables condiciones laborales de sus representados. Como respuesta a los reclamos y al fortalecimiento de la junta interna, el activismo empezó a recibir amenazas e infiltraciones por parte de la derecha sindical, para neutralizar todo intento de movilización. En 1975, estos delegados fueron despe-
didos de manera escalonada, luego de que el gremio desconociera los resultados de las elecciones internas y ellos perdieran sus fueros gremiales. Patronal y dirigencia sindical actuaron en tándem para frenar el avance reivindicatorio de mejores condiciones laborales. Finalmente, entre marzo y agosto de 1976, los integrantes de la junta interna fueron desaparecidos.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario de los Juicios en Córdoba| Año VI · Nº 36
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LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN EL JUICIO LA PERLA• UN AVANCE HACIA EL ESCLARECIMIENTO DE LO OCURRIDO DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO
Cinco causas que se incorporan para profundizar la búsqueda de justicia El juicio La Perla sigue acumulando motivos para ser considerado uno de los más trascendentales entre los que se desarrollan actualmente en el país. La envergadura de la causa, medida en términos cuantitativos –en relación a imputados, víctimas, testigos–, ya es en sí mismo un dato que merecería ser resaltado. Sin embargo, la relevancia reside en cómo, a partir de ese espesor numérico con sus diferentes aristas, se profundiza el esclarecimiento de los delitos de Lesa Humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Córdoba. De cada audiencia, surgen nuevos hilos de investigación que posibilitan desnudar la compleja trama de responsabilidades y complicidades que permitieron uno de los genocidios más atroces de nuestra historia. E . El mes pasado se incorporaron cinco nuevas causas que implican modificaciones en toda la estructura del juicio. Se trata de “Maffei”, “Tófalo”, “Rodríguez II”, “Yanicelli” y “Antón”. Como consecuencia de este agregado, se produjeron los cambios que a continuación se repasan. En primer lugar, el número de imputados ascendió a 52, tras sumarse 11 nuevos, correspondientes a las causas anexadas. Algu-
nos de ellos son los militares Meli, Claro y González Navarro; los policías Yañez, Castro y Brocos; y un personal civil de inteligencia, Enrique Alfredo Maffei. Cuatro imputados que figuraban en la presentación de las respectivas causas fueron desafectados por fallecimiento: Aldo Checchi, Hermes Rodríguez, Guillermo Bruno Laborda y Jorge Omar Heredia; y uno por razones de salud, Ítalo César Pasquini. En relación a las víctimas cuyos casos se juzgan en este juicio, la cantidad se eleva a 696, fruto de las 279 víctimas que se desprenden de las nuevas incorporaciones. Así mismo, a quienes ya se encontraban imputados, se les añadieron otras acusaciones. H . Ampliar los componentes de una megacausa como La Perla permite tipificar y visibilizar en términos más palpables las distintas aristas del plan económico, político, cultural y social de la última dictadura. Las pruebas y testimonios surgidos de las audiencias ayudan a desandar con mayor fidelidad la praxis militar –y a su vez, las razones y objetivos de dicha praxis– e ir ordenando en tiempo y espacio la ejecución del genocidio en toda su dimensión.
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Nuevos imputados. Casi todos pertenecieron a Fuerzas Militares y la Policía, sólo uno fue miembro del Personal Civil de Inteligencia.
S , Con nuevas causas, este juicio histórico permite esclarecer, aún más, el entramado sociopolítico que validó la instauración de la más sangrienta dictadura argentina. De las recientes incorporaciones, emergen varias puntas de análisis en este sentido. La causa “Tófalo”, por ejemplo, investiga la persecución, tormentos y homicidios que sufrieron militantes del Partido Comunista secuestrados en septiembre de 1977. Por su parte, la causa “Rodríguez II”, entre otras víctimas, apunta a esclarecer el secuestro y la muerte
del dirigente gremial René Salamanca (Secretario General del sindicato SMATA seccional Córdoba), al momento de su desaparición, el 24 de marzo de 1976. De la misma manera, la causa “Maffei” aborda los casos de hostigamiento a los dirigentes políticos Ricardo Obregón Cano y Álvaro Ruíz Moreno. Por último, la causa que lleva el nombre del ex jefe
de Policía en tiempos del Ministro de Seguridad Oscar Aguad, “Yanicelli”, indagará sobre una de las características propias del terrorismo de Estado en Córdoba: la aplicación del método de secuestro, tortura y exterminio en diversos hechos de 1975, es decir, con anterioridad al golpe. El avance de las investigaciones conduce a pensar en la rigurosidad que tienen las denuncias, de tantos años, de los organismos de derechos humanos. Y los juicios arrojan una certeza: la verdad, cada vez más, se parece a lo que algunos sectores tanto se esforzaron en desmentir.
LA NUEVAS CAUSAS EN LA VISIÓN DE LA QUERELLA Y LA FISCALÍA · VOCES DE CLAUDIO OROSZ Y FACUNDO TROTTA
“El golpe en Córdoba comenzó en ” Después de la lectura de las cinco nuevas causas, la querella y la fiscalía hicieron un balance de la implicancia de estas incorporaciones. “Con todas las causas acumuladas, el espectro represivo abarca ahora desde los albores de la represion ilegal, cuando se secuestraba y se mataba rapidamente a los militantes del campo popular, hasta cuando ya las metodologías fueron mas sofisticadas y el detenido era preservado mientras se pudiera obtener de él informacion para seguir haciendo inteligencia”, puntualizó el abogado querellante Claudio Orosz. Por su parte el fiscal, Facundo
Trotta, expresó que esta acumulación es de suma importancia, no sólo para asegurar la efectiva realización de los diferentes juicios, sino también porque permite aprehender de forma más acabada cómo funcionó la estructura represiva en la provincia de Córdoba. “El hecho de que hoy podamos entender el funcionamiento de la ‘dinámica’ de desaparición, tortura y exterminio es gracias a que en una misma causa penal estamos investigando todo junto; en lugar de realizar diversos procesos por separado como si fueran compartimentos estancos sin estrecha relación entre ellos”, explicó Trotta.
Luego, al analizar hacia el interior de las incorporaciones, Orozs aseguró que estas causas, a diferencia de todas las que ha tramitado la querella hasta el dia de la fecha, pemiten ver cómo el terrorismo de Estado en Córdoba “fue instaurado desde el de septiembre de , cuando llegó Lacabane a Córdoba con sus métodos fascistas y brutales". “Desde septiembre de en base a los decretos de Luder, el ejército y el resto de las fuerzas armadas tuvieron el monopolio de la represión que se decidió fuera: ilegal, clandestina y feroz", concluyó el abogado Orosz Otro de los aspectos que los
Balance. El fiscal Facundo Trotta (izq) y el abogado querellante Claudio Orosz (der).
querellantes destacaron tuvo que ver con los fueros referidos a la persecusión sufrida por el sindicalismo combativo. En este sentido y según precisó Orosz, esto demuestra que a pesar de
la insistencia de los discursos de lucha contra organizaciones armadas, había una decisión clara de descabezar a los dirigentes obreros que eran inflexibles con sus patronales.
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INFORME ESPECIAL: EL IDEARIO RACISTA Y AUTORITARIO Q
Abril de 2014 | Será Justicia
ANÁLISIS • LA MATRIZ AUTORITARIA DE LA DICTADURA Y SU DERIVA EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y EN LA SOCIEDAD | Por Alexis Oliva
La herencia reaccionaria: del “algo habrán hecho” a los linchamientos
L E. E C, . Haga patria, mate un zurdo. Haga patria, mate un motochorro. A pesar de los treinta y tantos años que los separan, estos imperativos –categóricos, pero para nada kantianos– son fruto de una ideología –explícita en el primero, implícita en el segundo– intolerante, discriminatoria y violenta, de larga tradición en nuestro país. Durante muchos años, el Ejército fue el hardware institucional de ese software autoritario nacido a fines del siglo XIX con la ‘Generación del 80’ y su proyecto de país agro-exportador, gobernado por una oligarquía conservadora y sostenido con la represión a sus excluidos. En ese modelo de país, los indios, los gauchos y los ‘cabecitas negras’, no tenían lugar. Para ese modelo, el voto universal y secreto consagrado por la Ley Sáenz Peña, en 1912, fue el mal sueño convertido en realidad por los gobiernos populares de Hipólito Yrigoyen (1916-30) y Juan Domingo Perón (1946-55), y en inminente pesadilla durante las décadas del 60 y 70 con la lucha –guerrillera o movimientista– por la revolución y el socialismo. Ese proceso fue detenido con el terrorismo estatal. Pero luego de los seis golpes de Estado cometidos durante el siglo XX, y su saga de crímenes de lesa humanidad, entrega económica y exclusión social, el Ejército y las otras dos fuerzas armadas cayeron en el descrédito, y debieron ceder a la “fuerza civil” policial su función de guardián del ideario racista y autoritario. C . Paradójicamente, la Córdoba de la Reforma Universitaria y el Cordobazo es una de las provincias donde ese sustrato ideológico está más arraigado, sin que hayan hecho de-
masiada mella los tres decenios transcurridos desde el final de la última dictadura cívico-militar. Justamente, aquella Córdoba que hace 40 años prologó el terror con el golpe policial conocido como Navarrazo, para luego concentrar el poder desaparecedor en el general Luciano Benjamín Menéndez –uno de los exponentes más abiertamente fascistas y criminales de la dictadura–, es la misma que hoy hace la punta con el discriminador y arbitrario Código de Faltas, el acuartelamiento policial que derivó en los saqueos, los linchamientos de algunos ‘vecinos indignados’ a ‘motochorros’ y los
recientes casos de gatillo fácil. En esa Córdoba, el director ejecutivo del Manhattan Institute, Carlos Medina, de visita en la provincia en octubre de 2004 junto con el ingeniero Juan Carlos Blumberg para bendecir el modelo policial de la ‘tolerancia cero’, puede proponer “la eliminación en las calles de la prostitución, el microtráfico, ruidos, limpiaparabrisas. Esos son elementos que realmente contribuyen a un sentido de inseguridad del cual el delincuente toma ventaja”, porque “están actuando más como terroristas urbanos que delincuentes”. En esa Córdoba, al ordenar la cruenta
LA MESA DE TRABAJO POR LOS DDHH REPUDIÓ EL ABUSO POLICIAL
Un “corral” para exhibir detenidos vo en el que personas “Vamos a policializar la fueron apresadas, espociudad”, anunciaba el jesadas y exhibidas a la fe de Policía Julio César prensa encerradas en un Suárez en plena fiebre “corralito” armado con de linchamientos. Luevallados de metal. go, al firmarse el de Ante esta “humillaabril el Convenio Marco ción ofensiva”, la Mesa entre la Policía de la Prode Trabajo por los Derevincia y la Subsecretaría chos Humanos de Córdode Participación Ciudaba emitió un comunicadana, que conduce Diedo: “¿A dónde quiere llego Hak, el jefe policial Abusivo. El accionar policial en Villa Allende. gar el Gobernador De la fue más allá: “Sí, andamos uniformados, de combate, como anda la Po- Sota y su jefe policial con este tipo de procedilicía, con los borceguíes puestos, para combatir el mientos? ¿En dónde quedó su discurso de control delito”, afirmó y cosechó el aplauso de un audito- político y civil de la narcopolicía? (…) El problema rio integrado por dirigentes de la Cámara de Al- son las políticas de seguridad ineficaces, represimaceneros y representantes de la Junta de Parti- vas y golpistas fundamentadas en la formación de cipación Ciudadana de Alta Córdoba y la Federa- organismos militares norteamericanos, que tienen el nefasto antecedente de crear y promover el ción de Centros Vecinales de la Provincia. Dos días después, Suárez comandó un operati- terrorismo de Estado en décadas pasadas”.
represión al motín de febrero de 2005 en el penal de barrio San Martín, el gobernador José Manuel de la Sota puede declarar: “Los condenados a cadena perpetua sólo pueden salir de la cárcel con los pies para adelante, cuando Dios se los lleve de este mundo (…). Los derechos humanos son sólo para la gente honesta”. En esa Córdoba, tras la brutal golpiza que durante la reciente ola de linchamientos un grupo de vecinos de barrio Irupé propinó a un supuesto arrebatador, el fiscal de instrucción Víctor Chiappero puede justificar: “Se habla de linchamiento. Es un muy mal mensaje, porque en buena hora que miembros de la comunidad reaccionaron ante el delito (…) Es un procedimiento correcto. No es bueno que se pinte como un acto de barbarie”. En esa Córdoba, luego de que una agente de policía mate por la espalda de cuatro balazos al adolescente de 16 años Lautaro Nahuel Torres, el jefe de policía Julio César Suárez puede advertir: “Es lamentable que tenga que morir un muchacho, pero son gente habituada a cometer delitos. Los delincuentes saben que si salen a robar armados, pueden tener la desgracia de terminar muertos”. En esa Córdoba, el ex jefe del campo de concentración de La Perla, hoy juzgado por crímenes de lesa humanidad, Pedro Vergez, puede opinar: “En los años 70, estábamos más seguros que ahora”. L ‘’ S. Cómo fue que la identidad de enemigo público se desplazó de aquellos ‘zurdos’, que para la buena sociedad ‘algo habían hecho’ en los 70, a los ‘motochorros’, que según la actual doctrina massista “si las hacen las pa-
UE PERMANECE LATENTE EN LOS CONFLICTOS CORDOBESES
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Ilustraciones: Hernán Cappelletti
gan”, es algo que puede explicarse haciendo memoria de un tiempo intermedio. El 16 de junio de 1990, el ingeniero Horacio Aníbal Santos, de 42 años, estaba en una zapatería de Villa Devoto con su mujer cuando sonó la alarma de su Renault Fuego, que se accionó cuando Osvaldo Aguirre, de 29, y Carlos González, de 31, le sustraían el pasacasete. A Santos ya le habían robado doce veces y no estaba dispuesto a tolerar otra. Los ladrones huían en un Chevy, y el ingeniero y su esposa los persiguieron veinte cuadras y los encerraron. “¡Nos van a matar!”, gritó la mujer al ver que uno buscaba algo en la guantera. Santos disparó dos veces y acertó sendos balazos en la cabeza de los ladrones. El caso repercutió en los grandes medios nacionales, que definieron a su protagonista como ‘justiciero’, connotando un modelo a seguir a comienzos de la década, que consagraría el individualismo y el ‘sálvese quien pueda’ como el comportamiento social correcto en el contexto de un neoliberalismo que pretendía privatizar hasta la justicia, y de paso reinstalar la pena de muerte. El episodio disparó un debate sobre el peligro de que la ‘justicia por mano propia’ y el ‘gatillo fácil’ se instalaran como una respuesta a la inseguridad. La contracara fue la creciente campaña, potenciada por los mismos medios hegemónicos, para exigir mano dura. El sábado 22 de marzo de 2014, David Moreira, de 18 años, yace sobre el asfalto del barrio rosarino de Azcuénaga. Lo han derribado de la moto que conducía un presunto cómplice con el que habrían intentado robar a una chica que iba con su bebé. La mayoría de los agresores ya se ha dispersado, pero en el video registrado con un celular se ve a dos degradados émulos del ingeniero Santos patear al joven en el cuerpo y la cabeza.
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VI · Nº 36
Moreira fallecerá el 25 de marzo, luego de tres días de agonía. “Más que personas parecían animales”, dirá Lorena Torres, su madre. “Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Mi hijo era peón de albañil y jamás tuvo un antecedente policial”, añadirá entre lágrimas. “Mataron a golpes a un motochorro en Rosario”, titulará Todo Noticias. “Hubo otros cinco casos de palizas de vecinos a ladrones”, informará días después el diario Clarín, en un título acorde a su muy particular manual de estilo. En ese efecto contagio, por lo menos otros dos casos ocurrieron en Córdoba; que ya había marcado el camino con el linchamiento de Federico Hernández, el joven de 20 años, trabajador de la construcción, que durante los saqueos desencadenados el 3 de diciembre último por el acuartelamiento policial, fue atacado por una patota de vecinos de Nueva Córdoba.
“Aquella Córdoba que hace 40 años prologó el terror con el Navarrazo, es la misma que hoy hace la punta con el arbitrario y discriminador Código de Faltas”. Cuando la “banda de nuevos sheriffs” –como definiría luego el padre de Federico– se disponía a arrojarle un bloque de cemento en la cabeza, el joven fue providencialmente salvado por dos policías que lo llevaron esposado al Hospital de Urgencias y luego a la Unidad de Contención del Aprehendido, de donde fue liberado al día siguiente. Tenía el tabique nasal quebrado, costillas fisuradas, cortes en la cara, cabeza y cuello... y una imputación por intento de robo. Ningún agresor o instigador fue detenido.
L . Al declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, Horacio Pietragalla Corti, hijo de padres asesinados por la dictadura, bebé apropiado por sus victimarios, nieto recuperado número 75 y actual diputado nacional por el Frente Para la Victoria, dijo: “Hoy están sucediendo los mal llamados linchamientos. A mí jamás se me ocurrió tomar justicia por mano propia y salir a matar un ‘milico’ (sic), algo que, si alguien tiene la mentalidad perversa de hacer daño, es fácil de hacer”. Y finalizó hablando de Madres y Abuelas: “Gracias a esas mujeres que nos enseñaron que si tomábamos venganza por mano propia, nos poníamos en el mismo escalón que estos sujetos. Si algo nos enseñaron los organismos de derechos humanos, es que no se puede salir a matar una persona, porque estamos en un continente donde hay una gran desigualdad y algunos no tienen nada”.
DENUNCIA DE LEGISLADORES DE LA PROVINCIA • LAS CONDICIONES INSALUBRES Y CONFLICTIVAS DEL COMPLEJO ESPERANZA | Por César Pucheta
La violencia institucional a cara lavada Al cierre de esta edición de Será Justicia, el juez José González del Solar hizo lugar al amparo correctivo presentado por los legisladores Liliana Montero, Roberto Birri, Santiago Clavijo y Marta Juárez, a través del cual se volvieron a denunciar las condiciones de extrema precariedad en la que conviven cerca de jóvenes en conflicto con la ley penal, que se encuentran alojados en el Centro Educativo Complejo Esperanza –ubicado en cercanías de Bouwer, a unos kilómetros al sur de la capital cordobesa–. La situación, que contempla “serios inconvenientes de higiene, seguridad, salubridad, comodidad, iluminación y hasta de aireación de las celdas, y que también provoca, inevitablemente, problemas personales de convivencia entre los internos”, no es nueva ni aislada. A finales del año pasado, el informe presentado por la Comisión Provincial de la Memoria y los Observatorios de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, advertía que “la distribución de los espacios al interior de los Módulos y los lugares que ocupan los jóvenes y los guardias es muy similar al de las Cárceles para adultos, sin que se puedan identificar características propias de ‘Establecimientos socio-educativos’ como suelen ser denominadas estas Instituciones”. La cuestión se hace más compleja al tratarse de jóvenes y adolescentes, sobre todo –tal cual describe el informe y retoma el recurso de hábeas corpus–, cuando esta situación se repite en muchas instituciones similares a lo largo de la provincia de Córdoba. Según pudimos constatar en diálogo con los diferentes legisladores, las condiciones encontradas en la inspección ocular ordenada por González del Solar a fina-
‘Esperanza’. Los baños del complejo, muestra del deterioro general.
les de la semana pasada, sólo estuvieron ‘maquilladas’ a partir de algún tipo de limpieza de último momento, realizada especialmente para la ocasión. No obstante ello, el fondo de la cuestión, es decir, los problemas estructurales y funcionales, pudieron apreciarse con dramática claridad. Los baños del lugar están constituidos por “letrinas
en condiciones de escasa higiene. Incluso, algunas de ellas, se observaron tapadas, rodeadas de agua”. Los baños “están rebalsados o no funcionan, no hay agua caliente, las cloacas están a flor de los patios por donde transitan los jóvenes internos y los trabajadores. A ello hay que sumarle el olor nauseabundo que emana por los pasillos”. En esta visita, se ha comprobado, nuevamente, que los techos se caen y las condiciones de los edificios, en general, presentan un alto grado de humedad en las paredes, lo que provoca roturas permanentes en la infraestructura interna de los lugares comunes. De manera tal que se observan espacios en los que las “aberturas no tienen vidrios ni cerramientos, son los tapados con cartones o bidones de plástico, encimados uno arriba del otro, para resguardar a los internos del frío”. Además, se han constatado serias dificultades en relación al uso y la disponibilidad de la energía eléctrica, dañada y en continuo riesgo por la presencia de los altos porcentajes de humedad. Para peor, esta situación de violencia a la que son sometidos los internos no tiene que ver sólo con la infraestructura, sino que, además, se deriva del abandono que la provincia sostiene desde hace tiempo con la institución en general. Este problema no hace otra cosa que incrementar el estado de conflicto interno del complejo. Desde hace un tiempo, ante la falta de respuestas a los reclamos de los trabajadores, la decisión que ha adoptado la gran mayoría, es que “los menores no salgan a los patios; (por lo que) transcurren el día entero encerrados en celdas con capacidad para una persona, pero que están ocupadas por dos”.
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EL JUICIO POR DENTRO
Abril de 2014 | Será Justicia
TESTIMONIOS (I) • HORACIO PIETRAGALLA DECLARÓ POR LA DESAPARICIÓN DE SUS PADRES
OTROS ESCENARIOS
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La guía de la historia
Horacio Pietragalla es hijo, pero también es nieto. Fue uno de los primeros en recuperar su identidad, como fruto de las investigaciones de Abuelas de Plaza de Mayo. Pero además, como una fuerza de la historia que los militares no pudieron contener, es diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. El legado militante de sus padres, desaparecidos durante el terrorismo de Estado, se revitaliza y toma impulso en la figura de Horacio. Para decirlo en sus propias palabras: “La historia de nuestros padres no es una mochila sino una guía”. Semanas atrás, Pietragalla declaró en el Juicio La Perla - La Ribera, pudiendo relatar frente a un tribunal de la democracia su historia de vida, que tiene mucho de la historia del país de los últimos 38 años. Su padres –Horacio Miguel ‘Chacho’ Pietragalla y Liliana Corti– eran referentes de la organización Montoneros. ‘Chacho’ incluso fue uno de los elegidos para integrar la delegación
Gentileza Télam
E , A P M.
Figura pública. En 2011, fue electo Diputado de la Nación Argentina por el FPV, presentándose como el diputado de las Abuelas.
en el avión que en 1973, trajo de vuelta al país a Juan Domingo Perón, tras 18 años de exilio. “Hoy no se puede hablar de dos demonios. El único lugar donde podía estar el demonio es donde se secuestró, se torturó, se violó, se tiraron cuerpos al río”, afirmó el testigo en alusión a una nota publicada en el diario La Nación, en la cual se anunciaba su testimonio en Córdoba. Y
luego añadió: “No tenemos que creer que porque tengamos a estos sujetos sentados acá, todo está resuelto. Hubo grupos económicos que fueron cómplices y se favorecieron de la dictadura”. La historia de compromiso familiar se expresa en ‘Horacito’ Pietragalla, no sólo por la reivindicación de la lucha de sus padres, sino por la ratificación de esas mismas convicciones en su
TESTIMONIOS (II) • JUAN KREMER (LUIS MATTINI) Y HUMBERTO TUMINI, MILITANTES DEL PRT
Una perspectiva distinta Citado por la defensa de los imputados, Juan Arnold Kremer (conocido como Luis Mattini), declaró como testigo de contexto. “Por el marco histórico que aporta a la investigación de los hechos”, expresó el abogado Osvaldo Viola. Kremer sucedió a Roberto Santucho en la dirección del PRT-ERP. Ex secretario general del partido, fue especialmente interrogado por Viola, quien se valió del libro PRT: de Tucumán a la Tablada –de autoría del testigo– como prueba documental. “Estuve en la organización desde que se creó hasta que se disolvió. A ese libro lo escribí exiliado en Estocolmo, con la visión que tenía en ese momento de los hechos. Han pasado tres décadas y ese libro hoy queda como una curiosidad histórica. Hoy no puedo sostener que lo que dije en ese momento. Tiene análisis que pueden mostrarse equivocados”, afirmó el testigo. Kremer declaró al tribunal del juicio La Perla que el objetivo de la organización siempre fue el socialismo: “Formamos el PRT por-
Juan Arnold Kremer (Luis Mattini).
que intentábamos resistir a la dictadura. Analizábamos que las fuerzas armadas se estaban preparando para un golpe militar. Y cuando pasó fue tan duro que perdimos la iniciativa”, expresó. Una semana después de esta declaración, se presentó como testigo Humberto Tumini, también militante del PRT y propuesto por la fiscalía. Tumini, dirigente político y referente nacional de Libres del Sur, fue interrogado por el fiscal Facundo Trotta, por su secuestro en Tucumán en 1974. A partir de allí permaneció en distintas cárceles y centros de detención. En 1978 fue alojado, junto a otros detenidos, en la Unidad Penitenciaria de San Mar-
tín (UP1), en Córdoba. “En el mundial nos preparan y nos suben a un camión. Nos tapan con una colcha y nos trasladan a los golpes. De ahí nos llevan a La Ribera y a La Perla” –explicó. “Pensaba que en cualquier momento nos iban a matar”. “Sé perfectamente que no soy yo quien está siendo juzgado. Nunca me especificaron ningún hecho, me imputaron bajo la calificación de ‘asociación ilícita”, se defendió Tumini ante preguntas de la defensa sobre las imputaciones por que fue secuestrado. En su paso por la UP1, Tumini estuvo detenido junto a Osvaldo Sigfrido de Benedetti –también militante del PRT– quien fue asesinado en un ‘traslado’ a Tucumán. “Él había quedado preocupado por una entrevista con un militar, sabía que lo iban a matar, y así fue. Evidentemente había un proceso en marcha que él había observado”. Las declaraciones del testigo fueron solicitadas por Claudio Orosz como prueba para el juicio que actualmente se desarrolla en Tucumán.
accionar cotidiano en la actualidad. “Elegí esto y en el primer momento que recuperé la identidad, no pasaron ni dos meses que yo ya estaba trabajando con las Abuelas. Encontré que tenía que hacer horas de esfuerzo para recuperar esto que ellas habían puesto en mí. Y quería trabajar para que otros hermanos se pudieran abrazar con estas viejas que amo”, concluyó el diputado.
Justo un día después de la multitudinaria marcha del de marzo, Luciano Benjamín Menéndez reiteró el pedido de nulidad e ilegalidad del juicio La Perla. “No hubo ataques a la población civil, combatimos contra guerrilleros”, expresó el máximo genocida. “Los terroristas marxistas que derrotamos y que despreciaban las instituciones de la república porque querían reemplazarlas por las grises instituciones marxistas, ahora aprovechan esas mismas instituciones para juzgarnos. El objetivo sigue siendo el mismo: la toma de poder, utilizando la frase de Lenin que dice «la paz es la continuación de la guerra por otros medios». Es incomprensible que nos juzguen para su regocijo y peor, para su objetivo de reemplazar nuestra república por su burdo remedo comunista”. Por otra parte, el imputado Héctor Pedro Vergez expresó: “Quiero renunciar a mi defensa, porque a pesar de que la doctora Natalia Bazán es muy eficaz, no me deja declarar. Yo tengo mucho que aportar a la verdad histórica. Por ejemplo, este tribunal ignora dónde estan los restos de los referidos guerrilleros. Los jefes y oficiales de las unidades del Tercer Cuerpo de Ejército también lo ignoran, a pesar de que ellos eran los que fusilaban. Si los comandantes conocen algo deberían tener el coraje de manifestarlo, porque con ello ayudarían mucho a la reconciliación y concordia de los argentinos”.
TESTIMONIOS (III) • REFERENTES CAMPESINOS
Palabras para Julia L H, , J B, , 1976. Juan Herrero es uno de los principales referentes del Movimiento Campesino de Córdoba. Semanas atrás él y su papá –Mario– declararon por la desaparición de su madre, Julia ‘Cuca’ Brocca, el 28 de Marzo de 1976. Julia era una de las personas que figuraban en uno de los listados que llevaban el título de “Infiltración Marxista en las áreas de Educación”. Trabajaba en la Dirección de Complementación Educativa, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia y era afiliada a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Su actividad profesional y militante estaba vinculada al acompañamiento educativo a niños de distintos barrios humildes de la Capital, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación a todos los sectores sociales. “Lo que más le preocupaba era el futuro de esos niños. El futuro de esa sociedad”, aseguró Mario durante
su testimonio. El día del secuestro de Julia, sus captores se llevaron de la casa de los Herrero, una gran cantidad de material bibliográfico que le pertenecía. Juan contó durante su testimonio que la gran mayoría de ellos –entre los cuales se encontraba la obra completa de Paulo Freyre hasta ese momento– estaban referidos a la educación popular. A partir de esa base teórica rupturista de los modelos educativos clásicos, ‘Cuca’ intervenía activamente en las barriadas cordobesas. Hacia el final de su declaración, Juan rescató la importancia del desarrollo de los juicios: “Hoy podemos depositar nuestra confianza en ustedes para que en adelante puedan profundizar las investigaciones, y nosotros continuar nuestros sueños, los sueños de mi madre, para que en este país podamos todos vivir plenamente, y gozar de todos los derechos”.
EN PROFUNDIDAD
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VI · Nº 36
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INFOGRAMA • UN RESUMEN DEL JUICIO MÁS GRANDE DEL PAÍS | Por Agostina Parisí y Sebastián Puechagut
El juicio al terrorismo de Estado, en cifras Con la incorporación de las cinco nuevas causas al juicio La Perla –anunciadas en el mes de febrero del corriente año–, el proceso judicial que transita ya su tercer año cobra mayor envergadura en términos cuantitativos. La incorporación de nuevas víctimas, que en su mayoría pasaron por el ex centro clandestino de detención la Ribera, como también por el Departamento de Informaciones y la cárcel del Buen Pastor, amplifica el escenario en donde se cometieron los crímenes de la dictadura en Córdoba.
JUICIOS EN EL PAÍS
IMPUTADOS
AUDIENCIAS
Las audiencias realizadas hasta abril de .
El total de juicios por delitos de lesa humanidad que actualmente se llevan a cabo en Argentina.
Las provincias en donde se realizan los juicios (Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Neuquén, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Mendoza y Salta).
El total de personas que ya prestaron su testimonio en el transcurso del juicio (diciembre -abril ).
Los testimonios en lo que va del año
Será Justicia cuenta con el aporte solidario de:
Sindicato Regional de Luz y Fuerza
Los nuevos imputados con la incorporación de las nuevas causas.
El número total de imputados en el banquillo.
Los imputados que fueron desafectados por razones de salud y/o fallecimiento.
VÍCTIMAS
Las víctimas incorporadas al juicio, tras la acumulación de causas.
El número total de víctimas que se incluyen en el juicio.
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CONTRATAPA
Abril de 2014 | Será Justicia
Por Víctor Hugo Morales
Periodista y escritor uruguayo. Relator deportivo y conductor de Bajada de Línea.
La derechización del mundo y los linchamientos tuvieron su encuentro breve y dramático en los primeros días de abril. En ese aire tibio del otoño, Buenos Aires y otras ciudades del país asistieron a un fenómeno pasajero que –como todo lo doloroso, incierto y asfixiante que coexiste con nuestras vidas–, fue puntillosamente alimentado por los medios de comunicación. Nada se estanca en la vorágine de estos tiempos, por lo que a nadie debería sorprender que esos sucesos hayan desaparecido de las portadas de los diarios y los noticieros. Los medios hegemónicos le sacaron todo el jugo posible, incendiaron a la sociedad durante esos días, y luego eligieron otros mecanismos, otras novedades. La cuestión puede ser el dólar, los linchamientos, los fondos buitres, la fragata, el narcotráfico, los cepos, el Código Penal –justamente aquello que quisieron estigmatizar con los linchamientos–, las barras bravas, los accidentes de trenes y tantos otros dislates; buques insignia que navegan durante unos días hasta que encallan por su propia saturación. Entonces cambian de nave, muy campantes, y ponen el énfasis en otros huracanes que encogen la espalda de la sociedad como un animal al que se amenaza con golpearlo. Los linchamientos son una expresión más de la criminal acción de la derecha. En Europa, donde flaquean las democracias que se arrodillan ante las demandas de ajuste y flexibilización de Bruselas (capital de Bélgica y principal sede administrativa de la Unión Europea), los pueblos eligen gobiernos que jamás deciden nada o que se traicionan, como la izquierda francesa. Allí, la derecha que expulsa inmigrantes y ajusta los servicios sociales, no necesita linchar a nadie en particular. Mantiene agarrados del cuello a 25 o 30 millones de desocupados. Así el capitalismo se sirve a placer de una oferta de trabajo inacabable, capaz de ha-
Hernán Cappelletti
La acción criminal de la derecha
cer lo que sea para comer o para que no la expulsen de su casa. En América Latina, las derechas proceden a pedir mano dura, a exigir que se ‘enfríen’ las economías, a servirse del banquete de bonos del poder económico internacional y como los gobiernos progresistas se niegan –con la tozudez de un caballo que va hacia el lado contrario que las riendas le indican–, sueñan con dar finalmente sus ‘golpes blandos’. Porque ante la escasa cooperación militar –como si fueran tiempos más sanmartinianos, bolivarianos, artiguistas–, los neoliberales, dueños de un poder que siempre está por encima del político, imprimen infamias en sus diarios y recorren las calles destruyéndolo todo para ofrecerse algunas muertes que les den razón. O linchan en las calles. En la Argentina de esas semanas alucinantes, se trataba de ir contra la necesaria reforma de un Código Penal que puede ser más justo al relacionar las penas con la envergadura de los delitos. Y como siempre desde que los códigos funcionaron (el
penal para castigar a los que roban a los ricos y el civil para que estos sigan robando a los pobres), convivieron el asesinato de un pobre muchacho de 18 años y una jauría desenfrenada que era contenida por un actor conocido jugándose el pellejo, con el descomunal ‘robo blando’ de la oligarquía rural y sus secuaces de la política y los medios, que se quedaron con el gigantesco predio de la Sociedad Rural a precio de baldío. Nadie trepa a los rascacielos de la ciudad para buscarlos y dejarlos a la altura de las lámparas del techo. Los medios siguen apuntando a las calles, donde los desheredados de la estafa neoliberal de los 90 se llevan un reloj o una moto. Gente a la que se despojó de todos los sueños y que, con escaso aprecio por sus vidas, no están dispuestos a respetar la de nadie. La vida vale poco en las sociedades capitalistas, donde la panza protesta, la educación escasea y por la televisión les informan detalladamente de que hay otra vida a la que nunca podrán aspirar. Lincharlos no es otra cosa que el último acto de un drama en el que se completa la destrucción de sus vidas.
E D J L H C
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