Y AHORA QUÉ? PERSPECTIVAS CRUZADAS SOBRE LACRISIS ECONÓMICA Y LA MEJORA DE BARRIOS EN ESPAÑA

“¿Y AHORA QUÉ?” PERSPECTIVAS CRUZADAS SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA Y LA MEJORA DE BARRIOS EN ESPAÑA María Castrillo Romón Marina Jiménez Jiménez Manuel Domingo Vaquero Clara Fernández Sánchez Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (España) mariacr@arq.uva.es

Introducción. El espejo de la crisis española España ha salido violentamente de un estado de encantamiento. Un ciclo inmobiliario alcista con una duración sin precedentes (casi dos décadas) acompañó un periodo de gran crecimiento urbano y económico que quebró en 2007. A inicios de 2012, más de 430.000 millones de euros de crédito al sector inmobiliario (ANUARIO, 2012) exponían al abismo a un sector financiero que, con la connivencia de las administraciones públicas, había alimentado el boom urbanístico de un país en el que, con las viviendas y el suelo, se hacían las cuentas de la lechera.

Pero el “tsunami urbanizador” (FERNÁNDEZ DURÁN, 2006), está lejos de ser una particularidad española, como tampoco lo ha sido que la acción estatal para atajar la crisis financiera se haya orientado a la progresiva conversión de aquella deuda privada en deuda pública ni que el desbordamiento de ésta esté sirviendo para justificar el encogimiento de los mecanismos que sustentaban el modelo de reducción de las desigualdades sociales implementado desde mediados del siglo XX precisamente en el momento en que el paro se desboca, afectando, sólo en España, a más de cinco millones y medio de trabajadores, el 24,6% de la población activa del país1.

El devenir del capitalismo neoliberal contemporáneo ha extendido por el mundo entero algunas tendencias generales que parecen interrelacionadas y que nos interesan aquí especialmente: la propiedad como régimen de tenencia de la vivienda y, con ella, la difusión del mercado hipotecario, la financiarización de las economías sustentada en buena medida por un sector inmobiliario creciente, una acción pública orientada progresivamente al fomento de la iniciativa privada en todos aquellos sectores susceptibles de ser objeto de mercado y la sumisión de las decisiones políticas a los imperativos económicos de los agentes globales del capitalismo financiero (FERNÁNDEZ DURÁN, 2006; HARVEY, 2007; TURNER, 2004; NAVARRO et al., 2011).

En España, a diferencia del resto de Europa y otras partes del mundo, algunos de estos fenómenos arraigan en una tradición de medio siglo (BETRÁN ABADÍA, 2002; NAREDO y MONTIEL, 2011) que los ha intensificado y exacerbado, como en el reflejo en un espejo que no es plano y que devuelve hoy la imagen monstruosa de la crisis omnímoda (política, social y económica pero también urbanística y residencial) que atravesamos (ALVAREZ MORA et al., 2011).

1

Datos del segundo trimestre de 2012 de la Encuesta de población activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España.

Bogotá, Septiembre 2012

1

De esos rasgos exagerados se puede dar cuenta en algunas cifras. Por ejemplo, en 2007, la tasa española de ocupación residencial en régimen de propiedad sobrepasaba, en las estimaciones más conservadoras, el 88% (ATLAS, 2007). Y de hecho, aunque la crisis económica parece haber repercutido en un aumento del alquiler que podría rondar los 4 puntos, España sigue distinguiéndose entre sus vecinos de Europa Occidental (CZISCHKE y PITTINI, 2007) como un “país de propietarios”.

En segundo lugar, el ritmo de urbanización ha sido aceleradísimo. La información aportada por el programa Corine Land Cover revela que la artificialización del suelo en España creció 240.166 hectáreas —29,5%— entre 1987 y 2000, con un ritmo medio anual del 1,9% (cuando la media europea era de 0,68%) (http://www.sostenibilidades.org/es/informes/informes-tematicos/cambios-de-ocupacion-del-suelo-en-espana ) y, para el conjunto de las ciudades mayores de 100.000 habitantes, en el periodo 19872006, fue de un 43,7%, mientras la población sólo crecía el 15% (http://siu.vivienda.es/portal/informe100/index.html ) Por otro lado, el peso del sector inmobiliario en España es mayor que en la práctica totalidad de los países europeos. Los datos de un informe comparativo elaborado en 2010 por el IUU para el Ministerio de la vivienda así lo confirman (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE URBANISTICA, 2010): 

El porcentaje de población activa ocupada en el sector de la construcción alcanzaba el 12,7%, el mayor de la UE, superior en más de dos veces al dato arrojado por Francia y Alemania, y por encima de Portugal e Irlanda (con el 11.3% y el 11.2%, respectivamente); de Chipre, Chequia y Lituania (en torno al 9%), y de Italia, Reino Unido y Eslovaquia (8%)



La ratio anual de construcción de viviendas en el quinquenio 2004-2008, pese al frenazo que se hacía ya sentir desde 2007, seguía dejando a España en primer lugar, con una media de 556.687 viviendas/año2. Le seguía Francia, con una media de 404.200 viviendas al año; en un tercer escalón, en torno a las 250.000 viviendas/año, Italia y Alemania (264.768 y 231.283, respectivamente) y, en un cuarto, rondando las 150.000 viviendas/año (esto es, menos de un tercio que España), Reino Unido y Polonia (158.334 y 127.284, respectivamente). El resto de países no pasaban el umbral de las 100.000 viviendas/año.



En cuanto al número de viviendas construidas en relación a la población, sólo Chipre e Irlanda adelantan a España. Entre 2004 y 2008, cada uno de estos países construyó, respectivamente, 19,2, 17,3 y 12,3 nuevas viviendas por cada 1.000 habitantes. Les seguían Francia y Finlandia, que registraban valores de menos de la mitad: 6,3 y 6,2 viviendas por cada 1.000 habitantes, respectivamente.

Por último, aunque en España las prácticas ligadas al crecimiento urbano han tenido una clara prevalencia, las políticas públicas relacionadas con la mejora de barrios de viviendas (dejemos las precisiones conceptuales para más adelante) cuentan con una tradición consolidada de más de tres décadas, se encuentran hoy en plena

2

Merece la pena apuntar que, en España, el pico histórico de producción residencial se registró en 2006, con 734.978 nuevas viviendas.

Bogotá, Septiembre 2012

2

efervescencia (al menos desde un punto de vista normativo o de creación institucional3) y presentan importantes concomitancias y analogías con otros países europeos (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE URBANISTICA, 2010).

Por todo ello, España puede ilustrar bien las posibilidades, el alcance y las limitaciones de la mejora de barrios de viviendas en un contexto muy distinto del latinoamericano -en especial por lo que se refiere a las formas de crecimiento urbano y al significado de la economía informal- pero, al mismo tiempo, convergente en lo que se refiere a las tendencias contemporáneas de crecimiento de la propiedad como forma de tenencia de la vivienda y de la importancia de los poderes públicos en el fomento de (cuando no franca colusión con) los intereses del sector financiero-inmobiliario. Por añadidura, España se enmarca cada vez con más fuerza en las corrientes dominantes en materia urbana en UE, con lo que su valor como caso de estudio resulta alargado.

Sintetizando los resultados de algunas investigaciones recientes, este texto propone, primero, acometer algunas delimitaciones conceptuales imprescindibles para proceder, en un segundo lugar, a desgranar las características básicas de las prácticas españolas que, siendo afines a las desarrolladas por otros países europeos, presentan ciertas analogías con “mejoramiento barrial” latinoamericano.

El estudio de un caso concreto, el de Valladolid, permitirá ilustrar esas características y, al tiempo, proporcionará los elementos básicos para valorar, por un lado, los límites y alcances sociales de la rehabilitación y renovación urbanas en términos de mejora de la calidad de vida, reducción de la pobreza y atenuación de la segregación socio-espacial urbana; y, por otro, la evolución de los roles desempeñados por diferentes agentes urbanos (organizaciones sociales, poderes públicos, universidad, empresas...).

Como colofón, nos ocuparemos de discutir la viabilidad de los modelos de rehabilitación y renovación urbana hasta ahora dominantes en la actual coyuntura de crisis urbanística, política y económica, y especular sobre los diversos escenarios de futuro que podrían perfilarse en España en función, principalmente, de los agentes urbanos emergentes y de la configuración e interacción de sus roles4.

Rehabilitación, renovación y regeneración urbanas de áreas desfavorecidas en Europa: algunas delimitaciones conceptuales previas Debemos ocuparnos, antes de seguir adelante, ciertas precisiones conceptuales que arriba soslayamos en beneficio de la fluidez del discurso.

En la literatura urbanística europea y también en la española, el concepto “mejoramiento barrial” es muy poco común. Además, tomado en su especificidad, vinculada al espacio urbano producido en el ámbito de la economía informal, resulta incoherente con la

3

El Ministerio de Fomento prepara una normativa específica sobre regeneración, rehabilitación y renovación urbanas, y muchas comunidades autónomas (gobiernos regionales) se han dotado ya o están trabajando en estos momentos en la creación de leyes, planes y programas propios.

4 Manteniendo a lo largo de todo el discurso una especial atención a los aspectos en los que los contextos español, europeo y latinoamericano presentan analogías o convergencias, esperamos aportar elementos significativos para un análisis comparado que, dadas las características de este trabajo, no podrá tener lugar aquí.

Bogotá, Septiembre 2012

3

realidad urbana y las políticas urbanísticas de la UE, donde la informalidad ocupa un lugar bien distinto que en Latinoamérica.

Por otro lado, en España y en Europa se manejan términos diversos (regeneración, rehabilitación, remodelación, revitalización, renovación urbanas...) con significados a veces imprecisos y casi siempre variables de unos contextos a otros. Su traslación directa al contexto latinoamericano tampoco es pertinente.

Por ello, en beneficio del rigor científico y buscando centrar nuestro análisis en las prácticas europeas que revistan analogías más significativas con el mejoramiento barrial practicado en América (con el fin último pero diferido de contribuir en algún modo a una posible comparación), nos centraremos antes que nada en la definición de algunos conceptos que se aglutinan en torno a dos elementos básicos de las políticas públicas: sus objetos preferentes y los criterios básicos de intervención con los que operan.

Objetos análogos Las “áreas urbanas desfavorecidas”, “barrios vulnerables”, “zones urbaines sensibles”, “deprived areas”, etc. han ido acaparando recientemente en países de toda Europa los esfuerzos gubernamentales en materia de intervención sobre la ciudad existente5.

Dejando a un lado los matices de sus definiciones precisas en los diferentes países, todos esos conceptos comparten la referencia a los lugares urbanos donde se concentra la vivienda de la población que presenta peores indicadores socioeconómicos, esto es, a los barrios que visibilizan más clara y crudamente la segregación socio-espacial urbana de las ciudades europeas, cuando no la exclusión social. En esto, la proximidad al significado de las barriadas, barrios informales, etc. en las ciudades latinoamericanas es clara.

Sin embargo, en Europa, la morfología urbana de esas “áreas urbanas desfavorecidas” es relativamente variada y las declinaciones nacionales más afines a los barrios informales americanos (los suburbios marginales españoles, por ejemplo) no son, con mucho, el caso mayoritario.

Por el contrario, un tipo de áreas residenciales omnipresente en la práctica totalidad de los países europeos, que suele presentarse en unidades morfológicas urbanas con límites claros y que se ha ido connotando de “desfavorecimiento” por toda Europa son los barrios funcionalistas de vivienda social construidos masivamente tras la posguerra, entre las décadas de 1950 y 1970, llamados “polígonos públicos de viviendas” en España.

“En muchas ciudades de toda Europa, los grandes conjuntos de viviendas construidos en las tres o cuatro décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial son vistos a menudo como áreas problemáticas. En ellas, el declive económico va de la mano de el declive físico y social… Alojan grandes cantidades de hogares con baja renta, las tasas de paro están por encima

5

Pero no son ni han sido los únicos conceptos que han copado las políticas de rehabilitación urbana. Cfr. ALVAREZ MORA, prev. 2013.

Bogotá, Septiembre 2012

4

de la media y, en muchos países, se han convertido en áreas de concentración de minorías étnicas“ (MURIE et al, 2003: 11.)

En 2000, un estudio estatal reconocía que, en España, los polígonos públicos “representaban una parte muy significativa del conjunto de barrios con problemas” (ARIAS GOYTRE, 2000) y hoy se estima que reúnen más del 30% de la población española “desfavorecida”, al punto que hay expertos que hoy no dudan ya en afirmar que, en ellos, se están produciendo graves procesos de degradación urbana y que pueden caracterizarse como áreas urbanas vulnerables (HERNÁNDEZ AJA, 2006; RUBIO DEL VAL y MOLINA COSTA, 2010).

En la actualidad, en muchos países europeos, esos conjuntos planificados y más o menos equipados de bloques y torres de viviendas sociales, denominados comúnmente en España “polígonos públicos de viviendas”, capitalizan o, al menos, acumulan buena parte de la acción pública orientada a la intervención sobre las “áreas urbanas desfavorecidas”. En Francia, por ejemplo, son el objeto típico del Programa Nacional de Renovación Urbana (CASTRILLO ROMÓN, 2010a) y, en España, la importancia creciente de la intervención pública en este tipo de barrios ha justificado la puesta en marcha del proyecto de investigación “Regeneración urbana integrada, la intervención en polígonos de vivienda de 1960 a 1980. Integración urbana, cohesión social y responsabilidad ambiental” financiado por el Plan Nacional de I+D+i (http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/plan-nacional-de-idi2011/ ) Por estas y otras analogías sociológicas y político-urbanísticas, y pese a las marcadas diferencias morfogenéticas que les separa de los barrios informales latinoamericanos, los polígonos públicos de vivienda social constituyen un objeto de estudio que puede considerarse oportuno a los objetivos de este seminario, a condición que su análisis se centre prioritariamente en dimensiones sociales y de gestión.

Criterios de intervención análogos Aceptando de antemano que tratamos de políticas públicas y que, por tanto, la UE constituye el marco de referencia obligado para España, recurriremos a un texto institucional reciente que hace un esfuerzo importante en términos de precisión conceptual.

El Documento de Referencia sobre la regeneración urbana integrada y su potencial estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa, anexo a la Declaración de Toledo (2010), emanada de la reunión informal de ministros de desarrollo urbano de la UE (http://siu.vivienda.es/siu/infoWeb/barrios/agenda_urbana/6_declaracion_Toledo.pdf ), define así el ambicioso concepto de “regeneración urbana integrada”: “un proceso planificado que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora habituales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar plenamente y de equilibrar la complejidad y diversidad de las estructuras sociales, productivas y urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor ecoeficiencia ambiental”.

Bogotá, Septiembre 2012

5

La “regeneración urbana integrada” –continúa el mismo documento- se orienta a “optimizar, preservar o revalorizar todo el capital urbano existente (social, urbanístico, patrimonio edificado, etc.)”, lo que la diferencia de “otras formas de intervención, en las cuales, dentro de este capital urbano, sólo se prioriza y conserva el valor del suelo, al demolerse traumáticamente y sustituirse el resto del capital urbano y, muy lamentablemente, el capital social”.

A renglón seguido, el texto alude al que viene siendo objeto específico de esas “otras formas de intervención” que son características de ciertas políticas nacionales muy influyentes en toda Europa: las “áreas urbanas desfavorecidas” que, según el mismo texto, “no deben ser vistas como un problema, sino como fuente de capital humano y físico desaprovechado y cuyo potencial tiene que ser desbloqueado para que pueda contribuir al progreso cívico y al desarrollo económico general de la ciudad”.

Ahora bien, volviendo al objetivo de identificar prácticas análogas de reforma urbana en Europa y Latinoamérica, podemos asumir que “mejorar” supone "optimizar, preservar o revalorizar" valores urbanos existentes. De esta manera, la diversidad de las prácticas englobadas en las políticas públicas que aquí interesan podría clasificarse según los criterios básicos que dimanan del reconocimiento de la naturaleza de unos valores u otros.

Así, la “regeneración urbana integrada” se identificaría con las prácticas que se orientasen a "todo el capital urbano existente (social, urbanístico, patrimonio edificado, etc.)”. Sin embargo, en nuestras ciudades, conformadas según el “modelo de la renta del suelo” (Campos Venuti), incluso las prácticas de regeneración más avanzadas no suelen alcanzar más que a porciones seleccionadas del «capital urbano existente” y, generalmente, operando una abstracción de la complejidad de sus relaciones con el resto del “organismo urbano” (ALVAREZ MORA, prev. 2013). Realmente, la “regeneración urbana integrada” constituye un enfoque aun en consolidación (MONGIL JUAREZ, 2010; CASTRILLO ROMÓN M., 2010c) En cuanto a las prácticas que no alcanzan la plenitud de objetivos de la regeneración urbana integrada, las que priorizan los valores económicos, sociales o culturales del espacio edificado (viviendas, espacios públicos, equipamientos…, lo que la Documento de Referencia de Toledo refiere como “capital urbanístico”) podríamos calificarlas como "rehabilitación urbana" (o, en lenguaje administrativo español, “rehabilitación integral”); y las intervenciones que sólo consideren el valor del suelo podremos calificarlas como ”renovación urbana” (de todos, el más largamente consolidado en nuestra cultura urbanística, identificado con operaciones de derribo y sustitución edificatoria).

Si aceptamos que el “mejoramiento barrial” se identifica con intervenciones que abarcan “una amplia gama de aspectos urbanos en los que, además de proveer infraestructuras y servicios, se promueve la participación ciudadana y la generación de empleo” (VARGAS et al., 2010: 71), entonces, a priori, parecería que su análogo europeo sería la “regeneración urbana integrada”6.

6

A favor de este argumento, cabe añadir además la consideración del papel fundamental de fomento de la regeneración urbana y el mejoramiento barrial adoptado por sendos agentes globales: el BID, en el caso latinoamericano, y la UE, en el caso europeo.

Bogotá, Septiembre 2012

6

Sin embargo, hay varias razones para no aceptar automáticamente la correspondencia entre los programas de regeneración urbana europeos y los de mejoramiento barrial latinoamericanos, al menos a los objetivos de este trabajo.

Para empezar, la generalización actual de las operaciones de mejoramiento barrial en las ciudades latinoamericanas no tiene parangón con la extensión hoy de las operaciones de “regeneración urbana integrada” en Europa, y menos en España. De hecho, las Iniciativas Comunitarias URBAN y URBAN II han agotado su vigencia y, aunque parecen haber encontrado réplicas en algunos programas nacionales o regionales actuales (como la exitosa “Llei de Barris” desarrollada en Cataluña desde 2004) (DE GREGORIO HURTADO, 2010; DE GREGORIO HURTADO, 2012; MONGIL, 2008), una característica aparentemente dominante es que los programas vigentes no integran o integran de manera muy asimétrica medidas de acción sobre el entorno edificado y medidas de acción social (Cfr. Conferencia de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Urbana y Regeneración Urbana Integrada en Europa, http://www.sepes.es/actualidad/eventos/eu2010 ).

Así, por ejemplo, más del 70% de los países europeos tienen políticas en las que la intervención edificatoria sobre edificios de viviendas y espacios libres urbanos son acciones financiables mientras que menos del 37% financian medidas de acción pública en empleo, educación, etc. (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE URBANISTICA, 2010). En el caso concreto de España, aunque los programas estatales de rehabilitación urbana y de renovación urbana (ver epígrafe siguiente) prevén que cada proyecto se acompañe de un “Programa de acciones integradas” en los ámbitos “socio-económico, educativo y cultural; dotaciones y equipamientos públicos; eficiencia energética y utilización de energías renovables; y mejora de la habitabilidad y accesibilidad del entorno urbano y de las viviendas y edificios”, lo cierto es que la financiación estatal sólo se aplica a las acciones estrictamente edificatorias y su gestión, incluidos los realojos.

Por otro lado, en los diferentes programas vigentes en Europa, la acción social en el marco de las políticas de regeneración urbana adquiere sentidos muy diversos y ni siquiera se orienta necesariamente la permanencia y disfrute de las mejoras urbanas de la población residente originaria. De hecho, más del 41% de los países (27% de la población) vinculan sus políticas con el fomento de la mezcla social y más del 70%, con el 75% de la población, con la gentrificación urbana (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE URBANISTICA, 2010).

A lo anterior hay que añadir que la generación de empleo y la formación profesional -las acciones sociales que parecen más características del mejoramiento barrial- son muy a menudo subsidiarias de acciones edificatorias. En este sentido, el mejoramiento barrial que no incorpora otro tipo de acción social no difiere mucho de los programas europeos que, integrando únicamente ese tipo de medidas sociales subsidiarias, no se consideran regeneración urbana integrada sino rehabilitación o renovación urbana.

En definitiva, por todo lo dicho, y pese a las abultadas diferencias, no resulta inconsistente considerar la rehabilitación y la regeneración urbanas de polígonos públicos de viviendas como prácticas que juegan en Europa, en general, y en España, en particular, un papel en cierta medida análogo al del mejoramiento barrial en Latinoamérica.

Bogotá, Septiembre 2012

7

Límites y alcances de la rehabilitación y renovación urbanas actuales de polígonos públicos de viviendas en España. Los barrios de Valladolid como caso de estudio En España, el “Programa de Áreas de Rehabilitación Integral de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales” (ARIs), creado en 1983, y el “Programa de Áreas de Renovación Urbana” (ARUs), creado en 2008 son los instrumentos del Estado dirigidos específicamente a la rehabilitación y la renovación urbanas7.

Las ARIs, según el ministerio de Fomento, tienen por objetivo “mejorar los tejidos residenciales en el medio urbano y rural, recuperando conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales que necesiten la rehabilitación de sus edificios y viviendas, la superación de situaciones de infravivienda o de intervención de urbanización y reurbanización de sus espacios públicos”.

Por su parte, las ARUs se orientan a “barrios o conjuntos de edificios de viviendas que precisan de actuaciones de demolición y sustitución de los edificios, de urbanización o reurbanización, de creación de dotaciones y equipamientos, y mejora de la accesibilidad de sus espacios públicos”. La diferencia clave entre ARIs y ARUs estriba, pues, en la demolición.

Además del Estado, muchos poderes regionales y locales, en ocasiones en colaboración con otros niveles de la administración pública, también promueven y desarrollan desde hace años otros planes, programas y proyectos de rehabilitación o renovación de barrios degradados8, algunos de ellos de indudable interés. No obstante, 7

Ambas están codificados en la actualidad por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

8 Sin ánimo de agotar las iniciativas, se pueden destacar, a nivel autonómico, la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial y el Programa “Reviure els barris” de Cataluña; la Ley 2/2009, de 19 de marzo, de rehabilitación y mejora de barrios de los municipios de Islas Baleares; el Programa Izartu y el Plan Estratégico de rehabilitación y regeneración urbana (2010-2013) del País Vasco, el Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León (2012), etc.

Entre los programas municipales, gozan de merecido prestigio los de Zaragoza y Alicante. Y entre las experiencias singulares más recientes son muy conocidos el Plan de desarrollo comunal de Trinitat Nova (Barcelona), el Plan Especial de Reforma y Reordenación del Barrio de la Mina (Barcelona), el Programa de rehabilitación del Barrio de San Cristóbal de los Ángeles (Madrid), la renovación urbana de Beurko (Vizcaya), el Plan Integral para el Polígono Sur (Sevilla).

Para completar mínimamente el panorama de la efervescencia de las políticas de rehabilitación urbana en España, hay que añadir la producción normativa del Estado: además del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre que regula el Plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, el Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español (2010), el impulso del Gobierno de España a la regeneración urbana integrada durante su presidencia de turno de la UE (primer semestre de 2010), plasmado en la Declaración de Toledo de 22 junio de 2010, y el capítulo relativo a rehabilitación y vivienda en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (Sección III, capítulo IV).

La publicación del documento “Análisis de las políticas estatales y europeas en materia de regeneración urbana y rehabilitación de barrios” redactado por un equipo dirigido por el Dr. A. Hernández Aja para el Ministerio de Vivienda español proporcionará en el futuro un conocimiento más detallado de la acción estatal en esta materia.

Bogotá, Septiembre 2012

8

nos ocuparemos aquí preferentemente de ARIs y ARUs, primero, porque su carácter estatal les confiere una representatividad mayor en relación con la totalidad del territorio español y, segundo, porque la remarcable flexibilidad en la definición de su objeto ha dado como resultado su aplicación a no pocos casos de polígonos públicos de vivienda (RUBIO DEL VAL Y MOLINA COSTA, 2010; PAREJA EASTAWAY et al., 2004)9.

Por otro lado, utilizaremos Valladolid como caso de estudio y, dentro de ella, dos barrios, Pajarillos y Rondilla. Su interés a tal fin puede argumentarse primero, porque en ambos barrios se desarrollan actualmente iniciativas de ARU y ARI, respectivamente; segundo, porque la comprensión y valoración de estas iniciativas requiere de una cierta perspectiva histórica que hará emerger aspectos de la rehabilitación urbana en España que aportarán pistas fundamentales para intentar trascender el caso de análisis y aproximarse a una valoración crítica más general de situación actual y de las perspectivas de futuro en esta materia.

Valladolid: orígenes de los barrios de Pajarillos y Rondilla Valladolid, situada en el cuadrante Noroccidental de la península ibérica, es una ciudad de unos 393.500 habitantes (ATLAS, 2007) de los que casi 317.000 están empadronados en el municipio central. Su historia urbana es muy rica y compleja. La ciudad moderna se construyó, en buena medida, sobre la importante ciudad heredada del Antiguo Régimen, y también sobre sus alrededores, fueron progresivamente ocupados por periferias obreras. A partir de la década de 1950 y sobre la base de los talleres generales ferroviarios de la Compañía del Norte, se fue creando un pujante sector industrial y, por efecto de la inmigración de mano de obra rural atraída, en las tres décadas siguientes, la población de la ciudad casi se triplicó (ATLAS, 1994; ÁLVAREZ MORA, 2005).

La crisis de vivienda que acompañó el crecimiento de la ciudad (y de todas las ciudades españolas) en las décadas centrales del siglo XX, hasta mediados de la década de 1970, encontró tres vías principales de salida: en un primer momento, los procesos de urbanización ilegal o marginal, totalmente desprovistos de cualquier tipo de dotación urbanística, y los polígonos de promoción pública, que disponían de cierta calidad urbana (infraestructuras, equipamientos y espacios libres); y más tarde, pero de forma masiva desde la década de 1960, se construyeron nuevas o renovadas áreas residenciales, densas e infradotadas, edificadas por promotores inmobiliarios privados con el apoyo de una política estatal de vivienda basada en la “ayuda a la piedra” y bajo una normativa urbanística laxa y un control público poco interesado en limitar los abusos de la especulación inmobiliaria. Se forjó así lo que se dio en llamar el “desastre urbanístico de Valladolid” (PASTOR ANTOLÍN, 1992; GARCÍA CUESTA, 2000; ÁLVAREZ MORA, 2005).

Hacia 1970, el modelo urbano de la ciudad se componía, por un lado, de un centro histórico que, sometido a intensas transformaciones y sustituciones, conservaba parte del que había sido su rico patrimonio histórico10, y de una extensa periferia industrial y 9

Para la precisar esta afirmación, será también de enorme interés el “Análisis de las políticas estatales y europeas en materia de regeneración urbana y rehabilitación de barrios” citado en la nota supra.

10 La riqueza era tal que, pese a la constancia de los derribos, en 1979, una parte importante del casco histórico fue declarada conjunto histórico-artístico. Esta “protección”, como en otras

Bogotá, Septiembre 2012

9

obrera en la que el negocio de la vivienda había sido tan ingente como precarias fueron las condiciones de vida que dejó.

Las condiciones de vida obrera en Valladolid estaban marcadas entonces por la precariedad. Los paisajes residenciales típicamente obreros, ya fuesen barrios antiguos transformados o barrios periféricos, tenían como características comunes la penuria de servicios urbanos (limpieza muy insuficiente y déficit infraestructural de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público y pavimentado de las vías públicas), la gravísima escasez de equipamientos docentes, sanitarios, culturales y asistenciales, la práctica inexistencia de espacios libres y una baja calidad constructiva y de confort de las viviendas, que alcanzaría niveles ínfimos en el caso de las casas ilegales o marginales (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1974).

El barrio de Pajarillos presentaba en los años setenta dos partes bien diferenciadas.

Pajarillos Altos se había formado como un “núcleo de extrarradio” hacía casi un siglo sobre una de las terrazas fluviales que bordean Valladolid por el Este. A una cota más baja y llana, ocupando el espacio disponible entre dos áreas ya edificadas (Pajarillos Altos y barrio de Las Delicias) y varios límites físicos (línea férrea Madrid-Hendaya, río Esgueva) fue creciendo Pajarillos Bajos, primero en la década de los sesenta, con la edificación de un polígono de 570 viviendas públicas organizadas en pequeños bloques (Polígono 29 de octubre, de 1964), y, posteriormente, hasta la década de los ochenta, a base de promociones privadas enormemente congestivas que produjeron gran densidad de viviendas de escasa calidad. Las deficiencias de urbanización primaria (pavimentado, alcantarillado, alumbrado público) eran en todas partes clamorosas (BEGINES RAMÍREZ, 1973; PASTOR ANTOLÍN, 1994) (Fig. 1).

Fig. 1. Localización del barrio de Pajarillos y plano del barrio hacia 1981 Fuente: Instituto Universitario de Urbanística y PGOU 1984.

El barrio de la Rondilla, en el borde norte de la ciudad histórica, creció entre el convento extramuros de Santa Teresa de Jesús y el pequeño núcleo de extrarradio de Linares, hoy completamente desfigurado. El barrio se edificó en su mayor parte entre los años 1960 y 1975. El primer desarrollo moderno fue el polígono de promoción pública “18 de Julio” (1955), un conjunto de 550 viviendas en bloque abierto y un colegio.

Posteriormente y hasta la década de los ochenta, el resto del barrio, a excepción de las 503 viviendas del polígono público “XXV Años de Paz” (1962), fue edificado por promotores privados con el apoyo de subvenciones públicas y siempre bajo criterios especulativos claramente abusivos y consentidos por las administraciones: ninguna reserva de suelo para equipamientos o espacios libres de uso público y viviendas pequeñas y de muy poca calidad que se agrupaban en bloques abigarrados que

muchas ciudades españolas de reconocido valor patrimonial, no detuvo la acción del abandono pero sí influyó en que, en 1985, se iniciase la elaboración de un Plan Especial de Casco Histórico que no fue aprobado hasta 1997. Con base en este documento, a partir de 1999, se desarrolló el Área de Rehabilitación Integral de “Platerías-Catedral”.

Bogotá, Septiembre 2012

10

alcanzaban 4 ó 5 plantas y no disponían ni de ascensor ni de garaje (FONT ARELLANO et al.,1976; ÁLVAREZ MORA, 2005) (Fig. 2) Fig. 2. Localización del barrio de la Rondilla y plano del barrio hacia 1981 Fuente: Instituto Universitario de Urbanística y PGOU 1984.

La mejora de los barrios y sus actores: asociaciones vecinales y regeneración urbana integrada avant-la-lettre En los estertores del franquismo, los problemas urbanos constituirán, en Valladolid como en otras ciudades españolas, el caldo de cultivo de un nuevo actor político que se perfilará también como un agente urbano clave desde finales de la década de 1970: las asociaciones vecinales. En medio de un clima de represión política propia de una dictadura, los vecinos se organizaron para encarar las pésimas condiciones de vida en sus barrios (CASTELLS, 1977; PÉREZ QUINTANA Y SÁNCHEZ LEÓN, 2008).

En Pajarillos, la precariedad de la urbanización primaria dio lugar a que los ciudadanos se organizasen a principios de los setenta en torno a la asociación vecinal que hoy se llama “La Unión”. Sin embargo, los detonantes de las mayores movilizaciones vecinales fueron la necesidad de plazas escolares y de espacios libres de uso público. La asociación vecinal mantuvo durante años la reivindicación de un espacio residual (una escombrera) situado entre Pajarillos Altos y Bajos para la construcción del que finalmente, ya en la década de los ochenta, llegaría a ser el Parque Patricia.

En Rondilla, la asociación vecinal se formó en 1970 por los afectados por las gravísimas deficiencias estructurales de las viviendas que habían adquirido en 1966 a la “Constructora Imperial”. El pleito judicial ganado contra esa empresa dio alas al movimiento, que multiplicó sus reivindicaciones y movilizaciones a favor de la mejora urbanística del barrio (CASTRILLO ROMÓN y SANTOS GANGES, 2008; GONZALO MORELL, 2012).

Con la muerte del dictador (1975) y los comicios municipales de 1979 se abrió un tiempo crucial para Valladolid (como para todas las ciudades del país). Con las nuevas corporaciones municipales, las asociaciones vecinos siguieron desarrollando una gran actividad que fue decisiva para que, en una coyuntura económica e inmobiliaria convertida en recesiva, se lanzasen en los barrios cambios urbanísticos muy importantes.

Entre 1979 y 1995, la escasa institucionalización y la cooperación conflictual caracterizaron las relaciones entre el poder local (socialista) y el movimiento vecinal. En el discurso de las asociaciones barriales, la denuncia de los problemas más graves fue dejando lugar a la formulación de propuestas de transformación urbana que contribuyeron decisivamente a la conformación de lo que algunos autores han calificado como un “urbanismo de urgencia” (CASTRILLO ROMÓN y SANTOS GANGES, 2008; GONZALO MORELL, 2012).

Bogotá, Septiembre 2012

11

La redacción de nuevos instrumentos de ordenación urbana según lo previsto por la Ley del Suelo de 1975 y sus reglamentos marcó un hito en la historia urbanística de España.

En Valladolid, en 1979, nueve asociaciones de vecinos de la ciudad hicieron una declaración conjunta a favor de un “desarrollo equilibrado” de la ciudad considerando la política de “municipalización” para constituir un patrimonio municipal de suelo, la participación de las organizaciones populares en todas las fases del planeamiento y la suspensión de una serie de planes parciales que, ante la expectativa de una revisión del plan que mermase la superficie edificable, habían acometido aceleradamente su tramitación.11 Así, la Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984 y los planes especiales de reforma interior que lo desarrollaron en muchos barrios recogieron criterios y propuestas lanzados por las asociaciones de vecinos, quienes, además, ejercieron una estrecha vigilancia sobre la transparencia del proceso planificador.

En el barrio de Pajarillos, el PGOU de 1984 delimitó varias áreas de intervención en el interior del barrio y ordenó su sometimiento a un planeamiento de desarrollo que posibilitó a un tiempo rematar algunas tramas y obtener suelo para espacios libres o equipamientos. Pero quizá más importante en el mismo periodo fue la puesta en marcha en 1988 de un proyecto de renovación urbana, el del conflictivo Poblado de la Esperanza, que fue derribado y sus habitantes realojados con el criterio básico -defendido a ultranza por la asociación de vecinos pero no del todo atendido por los gestores públicos- de la dispersión geográfica de los hogares por toda la ciudad12.

En la Rondilla, la asociación de vecinos, que desde finales de los años setenta y durante los ochenta no dejaría de movilizarse por el acondicionamiento de los pocos espacios libres existentes en el barrio, organizaría un verdadero frente de resistencia contra el “Plan Parcial Ribera de Castilla”: unas 2000 nuevas viviendas en un área de ribera aledaña al barrio. Consiguieron paralizar la iniciativa y compeler a un acuerdo entre promotor y Ayuntamiento que quedó plasmado en un nuevo Plan Parcial (1983) armonizado con el PGOU en elaboración que preveía un desarrollo residencial inferior a 300 viviendas -muchas de ellas viviendas protegidas y promovidas en régimen cooperativo- y la disposición de suelo que sería ocupado por los centros educativos, sanitarios, socio-culturales y deportivos e importantes espacios libres de uso público que siguen constituyendo hoy el grueso de las dotaciones urbanas del barrio (CASTRILLO ROMÓN y SANTOS GANGES, 2008; GONZALO MORELL, 2012).

Esta experiencia vallisoletana de participación vecinal efectiva en la vida política y en la planificación urbana de la ciudad con el objetivo de reequilibrar el desarrollo urbano priorizando las intervenciones sobre los barrios peor dotados no fue la única en España durante los años ochenta. Madrid, con su Plan General de 1985 y el programa de 11

“Las asociaciones de vecinos contra el caos urbanístico”, en Barrio, nº 1 (1979). El mismo texto se publicó en la prensa diaria de 27 de octubre de 1979.

12 En 1979, desoyendo a la asociación de vecinos, se había construido el “Poblado de la Esperanza” para realojar un núcleo chabolista que se ubicaba en el actual parque de la Fuente de la Salud (1992). Este grupo de 110 viviendas se convirtió en pocos años en uno duro foco de narcotráfico y alcanzó graves cotas de degradación física y exclusión social. La presión vecinal fue sin duda decisiva en el devenir de este asunto. El Ayuntamiento de Valladolid acometió el derribo y sustitución de las edificaciones y el realojo de las familias afectadas, cofinanciado por la Junta de Castilla y León. La experiencia de realojo fue catalogada como Best en el Concurso Internacional de Buenas Prácticas convocado por Naciones Unidas en 1998 y concluyó en 2003 con el derribo de la última vivienda desalojada.

Bogotá, Septiembre 2012

12

“Barrios en remodelación” (LÓPEZ DE LUCIO, 2003), y otras muchas ciudades españolas vivieron en aquellos momentos experiencias similares de procesos planificados que, trascendiendo ámbitos y enfoques parciales, abordaron la ciudad como una totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano, y se fijaron como objetivo equilibrar su desarrollo físico y social, incluyendo sustanciales mejoras medioambientales (QUINTANA Y SÁNCHEZ LEÓN, 2008; FERNÁNDEZ SALGADO, 2011).

Por ello, nos atreveríamos a calificar aquellos procesos tan intensa como informalmente participativos como ejemplos de “regeneración urbana integrada” avant la lettre. Merece la pena de tenerse en este punto e insistir en que el momento inmobiliario recesivo, el empuje de los movimientos sociales fueron determinantes y el afinamiento del marco jurídico del planeamiento y, en particular, de la reforma urbana tuvieron una importancia decisiva.

Sin embargo, también debemos insistir en que, en global, aquellas experiencias quedaron muy débilmente plasmadas en creación de normas o instituciones, lo que debió influir en su decaimiento. No obstante, en cuanto a la creación normativa, es importante observar que se regularon las Áreas de Rehabilitación Integral (inicialmente orientadas a cascos históricos y diversificadas después a barrios modernos degradados). Hernández Aja sostiene, además, que la formación en aquel ambiente de una generación entera de urbanistas municipales ha sido un factor decisivo en la consolidación en algunas ciudades de una cultura de regeneración urbana integrada que se mantiene operante hasta hoy.

ARI y ARU en el marco del “Estudio para la remodelación de los barrios de Pajarillos y Rondilla” (2002), ¿vuelta de tuerca o cambio de rumbo?

Una nueva etapa urbana se abrió en Valladolid hacia 1995 - 1999. Un nuevo ciclo inmobiliario fuertemente alcista acompañado de un enorme crecimiento urbano de escala supramunicipal apoyado, entre otros, en fuertes inversiones públicas en carreteras, y un cambio en el poder municipal, que pasó a manos de la derecha y acometió las revisiones y adaptaciones del PGOU (1997 y 2003) marcarán un cambio de rumbo de las políticas urbanas y en las prácticas sobre los barrios, donde, a pesar de las mejoras del periodo precedente, persistían muchos problemas relacionados con la calidad de las viviendas, la densidad edificatoria, etc.

En medio de un enorme crecimiento periférico y periurbano, los viejos barrios siguieron asistiendo a algunas mejoras que arrancaron en el periodo anterior y que los nuevos planes no modificaron. En Rondilla, la reurbanización de espacios públicos y la construcción de aparcamientos subterráneos para residentes; y, en Pajarillos, la ejecución de varios pequeños desarrollos “de borde” y la conversión de las instalaciones del mercado central de abastos en centro de equipamientos del Este de Valladolid (centro cívico, piscina cubierta...).

Por otro lado, el nuevo gobierno pareció querer marcar una inflexión en las prácticas sobre los barrios y así, además de gestionar y financiar un programa URBAN (1996– 2000) en un suburbio marginal consolidado al Norte de la Rondilla, el Barrio España (http://habitat.aq.upm.es/dubai/00/bp327.html ), también encargó, en la perspectiva de responder a ciertas reivindicaciones vecinales, la redacción del “Estudio para la remodelación de los barrios de Pajarillos y Rondilla” (2002) al Instituto Universitario de

Bogotá, Septiembre 2012

13

Urbanística de la Universidad de Valladolid (en adelante, IUU) (CIUDADES, 2004; CASTRILLO ROMÓN y DOMINGO VAQUERO, 2004).

Este documento, realizado con participación informal de las organizaciones de vecinos históricas y en el que se incorporaba un diagnóstico urbanístico formalmente consensuado con ellas, aportaba la descripción y valoración de diversas alternativas de mejora urbanística. Era novedoso que algunas de ellas no sólo afectaban al espacio o los equipamientos públicos, sino también a las viviendas (lo que, con la excepción de la renovación del Poblado de la Esperanza, no había tenido lugar hasta la fecha en los barrios de Valladolid). En conjunto, el documento constituía un repertorio de acciones posibles, ponderadas y prediseñadas que se ponía a disposición del Ayuntamiento y de las asociaciones vecinales como base para la discusión y orientación de las políticas de rehabilitación de ambos barrios (Figs. 3 y 4).

Fig.3. “Estudio para la remodelación de los barrios de Pajarillos y Rondilla” (2002): principales áreas-propuesta para Rondilla y alternativas para el polígono público “29 de octubre” Fuente: Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid.

Fig. 4. “Estudio para la remodelación de los barrios de Pajarillos y Rondilla” (2002): principales áreas-propuesta para Rondilla y ARI para los polígonos públicos del barrio Fuente: Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid.

Finalmente, la política urbanística municipal optó por asumir dos de las alternativas contempladas en ese Estudio del IUU: la declaración de un ARI sobre los dos polígonos públicos de la Rondilla y la renovación completa del polígono “29 de octubre” de Pajarillos13.

En España, en aquel tiempo marcado por el “tsunami urbanizador”, aparecen corrientes de acción pública bastante diversas: los presupuestos de la política urbana de la UE emergen con fuerza en el programa Urban y en el participacionismo que alienta, desde el Estado, la “modernización” de las administraciones públicas; las ARIs comienzan a aplicarse fuera de cascos históricos, en periferias modernas (Polígono de Caño Roto, Madrid, 1994), y a prever (que no financiar) acciones de índole social; y ya, en el filo del desencadenamiento de crisis inmobiliaria, se crean las ARUs. Todo ello parece apuntar a una vuelta de tuerca en los procesos de la rehabilitación y renovación urbanas, pese al contexto de crecimiento urbano desaforado. Sin embargo, el cambio de las relaciones de poder entre los agentes de la rehabilitación urbana del periodo anterior y el 13

Se trata en ambos casos de opciones importantes, pero no las que revestían una mayor capacidad de atajar los problemas de estructura urbana de cada barrio. Sin embargo, sí eran las que afectaban directamente a una porción más significativa de viviendas.

Bogotá, Septiembre 2012

14

resurgimiento de la renovación urbana insinúan también una posible corrección del rumbo en un sentido más sensible a los intereses del sector inmobiliario.

En Valladolid, haciendo un ejercicio de lo que Garnier denomina críticamente “localdemocracia” (GARNIER, 2006), el gobierno municipal podrá en marcha políticas “de participación ciudadana” que, en realidad, constituirán un cuestionamiento efectivo del poder del movimiento vecinal histórico que además, por su parte, acusaba una cierta crisis vinculada, en parte, al relevo generacional. Así, la elaboración del planeamiento urbano –sobre todo en las decisiones de ordenación general- cada vez se aleja más de las organizaciones sociales que se presentan como más capacitadas para una participación eficaz (CASTRILLO ROMÓN y SANTOS GANGES, 2008. Esto se reflejará claramente en el ARI y en el proyecto de ARU. El ARI del Barrio de la Rondilla El programa estatal ARIs consta de subvenciones y préstamos para financiar actuaciones de reurbanización y de rehabilitación de viviendas y de las partes comunes de edificios residenciales que tengan antigüedad mínima de 10 años, todo ello dentro del área declarada ARI por la administración regional competente. Su gestión en tanto que política pública está regida por criterios de subsidiariedad y adicionalidad instaurados por la UE. Así, la iniciativa no corresponde al Estado, sino a los poderes locales, y en la financiación están comprometidos los diversos niveles de la administración pública (local, regional y estatal).

Las comunidades de propietarios afectadas por un ARI pueden acceder a las ayudas para actuaciones en elementos comunes de los edificios14 y los propietarios que obtengan ayudas adquieren el compromiso (a veces único, como en Valladolid) de destinar la vivienda, durante un mínimo de cinco años, a su domicilio habitual y permanente, o al arrendamiento.

El ARI del Barrio de la Rondilla, declarado por el Gobierno regional en 2006 y gestionado por la Sociedad municipal de suelo y vivienda de Valladolid (en adelante, VIVA), fijaba como objetivo la reurbanización de sus espacios públicos y la rehabilitación de los elementos comunes de 91 edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal con 10 o 12 viviendas (1056 viviendas en total) que conforman los polígonos públicos “18 de julio” y “XXV años de paz” (RONDILLA, 2011; REMODELACIÓN, 2004; CASTRILLO ROMÓN, 2010b) (Figs 5 y 6).

Fig. 5. Vistas del polígono “18 de julio” antes, durante y tras la primera fase del ARI. Fuente: los autores.

14

Para ello, no hay límite de renta familiar. Sin embargo, las ayudas a la rehabilitación de las partes privativas, es decir, del interior de las viviendas, sólo serán accesibles a los propietarios de éstas o a los inquilinos autorizados por el propietario, siempre que los ingresos máximos familiares no superen 6,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. En 2011, 3.458 euros/mes). Como referencia comparativa, el salario medio en España, en 2009 (último dato disponible), fue de 22.511 euros al año, esto es, menos de 1.900 al mes.

Bogotá, Septiembre 2012

15

En el análisis realizado en el marco del Estudio del IUU (sin actualización posterior) se evidenciaba que ambos polígonos reunían tanto la edificación como la población más envejecidas del barrio, lo que significaba también una alta proporción de hogares de pensionistas, esto es, de rentas muy bajas. Por su parte, las viviendas presentaban diversos problemas, entre los que destacaban la deficiente accesibilidad (hasta B+5 alturas sin ascensor) y, en algunos casos, deficiencias en elementos comunes (humedades en cubiertas, portales deteriorados, instalaciones irregulares...), además de la carencia de garajes. A ello habría que haber añadido que los vecinos de las plantas bajas se quejaban de no disponer de un espacio adecuado para secar la ropa.

Fig. 6. Vistas del polígono “XXV años de paz” antes y durante el ARI. Fuente: los autores.

Los “grandes objetivos” del ARI enunciados por VIVA para esta rehabilitación son (RONDILLA, 2011): 

La eficiencia energética de los edificios mejorando la envolvente de los mismos con soluciones de fachada ventilada o con recubriéndolos con un aislamiento.



La accesibilidad de los edificios, con la instalación de ascensores que sirvan a cada planta de pisos. En “XXV Años de Paz”, los edificios presentaban desde sus orígenes un hueco que podía albergar un ascensor que desembarcase en todos los descansillos de acceso a las viviendas. En “18 de julio”, sin embargo, fue preciso desarrollar un instrumento de planeamiento previo al proyecto para poder adosar exteriormente, ocupando la vía pública, cajas de escaleras y ascensores que, además, aportaban una solución a los tendederos.



La mejora estética de los edificios, ya fuere a través de la mejora de la envolvente o de la limpieza de la fachada y la homogeneización de los cerramientos de tendederos y terrazas.



La reurbanización de las calles de ambos polígonos, incluyendo no sólo nueva pavimentación y mobiliario urbano sino rediseño viario con criterios de calmado de tráfico (coexistencia) y renovación de instalaciones y servicios. En XXV Años de Paz, además, se regularizaron algunos servicios urbanos que, por razones de su origen histórico, escapaban a la gestión urbana común.

Las “Bases reguladoras para la concesión de las subvenciones relativas a actuaciones protegidas dentro del ARI” establecen una suerte de “catálogo” de acción propuesto a las comunidades de propietarios de ambos polígonos y compuesto de seis “paquetes” de obras con sus correspondientes cuantías de aportación mínima de los “promotores”, esto es, los propietarios de las viviendas (aprox. un 30% de la subvención máxima) (Fig.7).

Bogotá, Septiembre 2012

16

Fig. 7. ARI del barrio de la Rondilla. “Paquetes” de obras subvencionables.

Cuantía de la Subvención 1. Rehabilitación Integral Total: comprende las actuaciones protegidas en fachada, cubierta, elementos comunes y actuaciones de instalación del ascensor.

2. Rehabilitación Integral Puntual: comprende las actuaciones protegidas en fachada y actuaciones de instalación del ascensor.

3. Rehabilitación Integral Parcial: comprende las actuaciones protegidas en fachada y cubierta y/o elementos comunes.

4. Rehabilitación Total: comprende las obras para alcanzar el cerramiento homogéneo de tendederos y terrazas, así como limpieza de la fachada, actuaciones en cubierta, elementos comunes y de instalación del ascensor.

5. Rehabilitación Puntual: comprende las obras para alcanzar el cerramiento homogéneo de tendederos y terrazas, así como limpieza de la fachada, y actuaciones de instalación del ascensor.

6. Rehabilitación Parcial: comprende las obras para alcanzar el cerramiento homogéneo de tendederos y terrazas, así como limpieza de la fachada y actuaciones en cubierta y/o elementos comunes.

APORTACIÓN SUBVENCION MÍNIMA MÁXIMA / PROMOTORES VIVIENDA / VIVIENDA 15.500€

4.450€

12.500€

3.600€

10.000€

2.900€

8.000€

2.300€

6.500€

1.900€

5.000€

1.450€

Fuente: VIVA, SA. http://www.smviva.com/VerPagina.asp?IDPage=126

En julio de 2011, el ARI se hallaba finalizado en su 1ª fase. Prevista para 526 viviendas con un presupuesto total de 10.077.145 euros, arrojaba entonces como resultados 482 viviendas afectadas y 9.715.226 euros de inversión total realizada, a lo que VIVA añadía un dato que no aparecía inicialmente en las previsiones del ARI: durante las obras se crearon 549 empleos (RONDILLA, 2011).

Las obras de la 2ª fase del ARI tienen como horizonte alcanzar a otras 570 viviendas y las calles no reurbanizadas en la 1ª fase y, con ello, completar la rehabilitación urbana de ambos polígonos. La tramitación se inició en el verano de 2011, incluyendo cambios que deben entenderse como reacciones municipales a los problemas habidos durante la primera fase. VIVA, apoyándose en una medida estatal, oferta ahora préstamos a bajo interés para los propietarios de viviendas en los edificios que se rehabiliten y, a través de la prensa, ha declarado su voluntad de corregir los errores y deficiencias denunciados por los vecinos durante la primera fase. En noviembre de 2011 se hacía

Bogotá, Septiembre 2012

17

pública la concesión de ayudas a 36 edificios (391 viviendas), con un compromiso de subvención de unos 6 millones de euros. En julio de 2012, los trabajos de la segunda fase del ARI aun no han empezado pero la concesión de las primeras licencias de obras se anunciaba como inminente15.

En general, los agentes directamente implicados en el ARI del barrio de la Rondilla valoran sus resultados como un éxito. Y no cabe duda que las mejoras de accesibilidad, de aislamiento térmico y, en general, de calidad espacial auspiciadas por el ARI han mejorado ya las condiciones de vida de la población y, a largo plazo, posiblemente también se harán sentir en las economías domésticas de los propietarios de las viviendas, por el ahorro energético que conllevan. Sin embargo, más difíciles de valorar son sus efectos sobre la segregación socio-espacial urbana.

No estando necesariamente condicionadas las subvenciones públicas del ARI de la Rondilla a finalidades sociales efectivas, se presenta una aparente paradoja: las ARIs, un instrumento público que pretendía enfrentar el “riesgo de expulsión de las clases populares residentes en los centros urbanos como consecuencia de su mejora ambiental” (Real Decreto 2329/1983), obvia en su concepción operativa aquel riesgo inherente a cualquier revalorización inmobiliaria (SMITH, 2002). Así, en ausencia de medidas preventivas, podría darse el caso de que el ARI vehiculase la gentrificación de los dos polígonos públicos. Sin embargo, este posible efecto no ha sido investigado (aunque no hay duda sobre las expectativas de revalorización inmobiliaria que el ARI ha alentado) y, por el contrario, sí hay hipótesis que apuntan que el ARI no altera sustancialmente las dinámicas inmobiliarias del entorno en el que se aplica 16 y que, por tanto, no podría hablarse de una relación directa causa-efecto entre ARI y gentrificación.

En cuanto a los agentes participantes y sus relaciones, el ARI de la Rondilla ha involucrado directamente a los tres niveles de la administración pública (en una relación por cierto, no exenta de tensiones por mezquinas razones partidistas o electoralistas) y a empresas del sector de la construcción (en la segunda fase, también a entidades financieras). La “participación ciudadana” en las ARIs se ha orientado de manera efectiva a la participación de los propietarios (bajo el estímulo de las subvenciones) pero no de los vecinos o de los ciudadanos, por más que el discurso oficial tienda a confundirlos todos (CASTRILLO ROMÓN M., 2010b.). La participación de los propietarios ha venido estimulada por las subvenciones (en la Rondilla, concretamente, sin ningún criterio discriminatorio en función de las rentas) y ha consistido básicamente en la concertación con los gestores municipales del “paquete” de obras que ese realizarían en cada edificio y la cofinanciación del mismo. La iniciativa ciudadana y los intereses colectivos de los habitantes, vecinos o ciudadanos que no sean propietarios de los edificios del ARI quedan subsumidos en el “interés general” detentado por la Administración local. La Asociación vecinal Rondilla, cuya acción fue decisiva en la mejora del barrio durante las décadas de finales del siglo XX y en la formación de alternativas en el Estudio del IUU que desembocó en la formalización del ARI, ha

15

El recorte de presupuestos públicos en protección social, incluida la vivienda, se hace notar y la Consejería de Fomento, responsable de la cofinanciación autonómica de los ARI de toda la región, ya ha advertido que la crisis obligará a ser «más restrictivos» en programas sucesivos (http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?mot179 ).

16 Esta es la hipótesis que está desarrollando un proyecto de investigación en marcha sobre “Políticas urbanas aplicadas a los conjuntos históricos”, dirigido por el Dr. Álvarez Mora, a quien agradecemos la idea.

Bogotá, Septiembre 2012

18

quedado excluida contra su voluntad de la fase de desarrollo de éste (CASTRILLO Y CASTRILLO, 2012).

En definitiva, si la contemplamos la experiencia del ARI de la Rondilla en una perspectiva histórica pertinente y la cotejamos con el horizonte de “regeneración urbana integrada” enunciado por la UE, la valoración no es tan clara: 

La gestión del ARI ha obviado a los actores sociales tradicionales y, en particular, a las asociaciones vecinales y, con ello, además de coadyuvar a un encogimiento de la participación ciudadana efectiva en la política urbanística, puede entenderse como una contribución a la pérdida del “capital social”17 que éstas representan.



La integración de medidas de acción social ha sido ninguna en la primera fase y, en la segunda, apenas se referirán a la resolución de los problemas de solvencia que supone, para los propietarios más pobres, la aportación a la financiación de las obras de rehabilitación.



En cuanto a las medidas edificatorias, las operaciones de calado estructural planteadas en el Estudio de 2002 han sido marginadas a favor del ARI: una acción importante, sí, pero incompleta si se compara con las líneas de aquel documento.

Ciñéndose a las actuaciones del ARI subvencionadas por el Estado, la administración local ha obviado otras ya apuntadas para los polígonos en el Estudio de 2002, en particular, la creación de aparcamientos para residentes y la recuperación de los equipamientos que formaban parte intrínseca de los polígonos públicos, en particular, el colegio San Juan de la Cruz.

Marginado del ARI, este colegio abandonado desde hace más de una década centra hoy el capítulo más reciente en el devenir de la rehabilitación urbana de la Rondilla. El uso del edificio es reivindicado con fuerza por un colectivo ciudadano, ACERCA, que pretende costear con recursos propios su rehabilitación como centro cultural autogestionado (FERNÁNDEZ et al., prev. 2012). La oposición del Ayuntamiento a esta iniciativa se mantiene férrea y la situación así creada adquiere hoy un gran valor simbólico en relación con la actitud de los poderes públicos frente a la posibilidad de la autogestión popular, ya que se trata del mismo gobierno que, para 2012, declaraba su intención de “trasladar el concepto de innovación social y colaborativa a los barrios de la capital, proponiendo retos y dando herramientas para que los vallisoletanos puedan participar aportando ideas y soluciones de futuro”18.

El proyecto de ARU del polígono “29 de octubre”, en Pajarillos El programa estatal ARUs reaviva una práctica casi inexistente en España en las décadas de 1980 y 1990: la renovación total de barrios o de conjuntos de edificios de viviendas. El programa consta de subvenciones y préstamos para financiar actuaciones de demolición de edificios y viviendas con más de 30 años, construcción in situ de viviendas protegidas y urbanización o reurbanización de espacios públicos, además de prever ayudas para financiar los costes de los realojos necesarios durante las

17

En terminología del Documento de Referencia de la Declaración de Toledo.

Así lo recoge El Día de Valladolid de 13 de diciembre de 2011, haciéndose eco de los criterios emanados del área de Presidencia del Ayuntamiento de Valladolid para el presupuesto municipal de 2012 (http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?article5951 ). Las cursivas son nuestras.

18

Bogotá, Septiembre 2012

19

demoliciones por un tiempo máximo de 4 años. Como en el caso de los ARIs, el marco jurídico establecido para las ARUs es muy laxo y visibiliza tan sólo a los propietarios.

Las ARU pueden coadyuvar, como se pretende en el caso de Valladolid, a las renovaciones urbanas “a coste 0” o “autofinanciadas”, consistentes en demoler, realojar, reconstruir in situ y volver a realojar a los habitantes sin coste económico ni para ellos ni para el municipio.

Esta estrategia “milagrosa" consiste en edificar un número mayor de viviendas que el preexistente, a fin de que la venta del excedente (viviendas o suelo) sufrague los costes de toda la operación. En todo ello, el planeamiento urbano es un colaborador necesario, ya que es preciso recalificar convenientemente el suelo afectado, aumentando su edificabilidad19: “C’est malheureusement ce qui se passe en Espagne, où l’on constate que l’administration publique ne remplit pas sa fonction de lutte contre la spéculation et va même jusqu’à se comporter comme un agent privilégié sur le marché immobilier.” (Santos Ganges, 2011) Formalmente, en tanto que rige el principio de adicionalidad de las ayudas, las ARUs parecen apartarse el criterio de “coste 0”. Sin embargo, siendo el propio co-financiador municipal quien tiene en su mano la potestad de variar el planeamiento a fin de ponerlo al servicio de sus propios intereses inmobiliarios, su aportación económica puede ser, llegado el caso y a fin de cuentas, la de los adquirientes de las nuevas viviendas.

El caso de renovación urbana que nos ocupará se refiere a las 570 pequeñas viviendas (aprox. 50 m2), un colegio y pequeño bloque de comercios que conforman el polígono “29 de octubre”, en Pajarillos, colindando con la línea férrea que atraviesa toda la ciudad. El colegio está abandonado, las viviendas tienen muy poca calidad constructiva y muy desigual estado de conservación y, en cuanto a la población residente, que en su mayoría parece ser propietaria de las viviendas, podría decirse grosso modo que oscila entre el envejecimiento-empobrecimiento de los hogares dependientes de una pensión de jubilación y la marginalidad de ciertos grupos sociales. De hecho, según un informe ministerial de 2006, se trata de un “barrio desfavorecido” y, en el imaginario colectivo de Valladolid, está muy estigmatizado por los problemas de convivencia y la presencia de gitanos y narcotraficantes (Fig. 8).

Fig. 8. Vistas del polígono “29 de octubre” hacia mediados de los años 1970 y en la actualidad.

Fuente: FONT ARELLANO et al., 1976 y los autores.

19

Uno de los primeros ejemplos de renovación urbana a “coste 0” ha sido la del barrio de Beurko (Saldaña Fernández, 2006; Martín de Prado, 2005), aunque, en los últimos años, no faltan iniciativas similares, algunas llevadas a la exacerbación del modelo, como es el caso del polígono La Paz en Murcia.

Bogotá, Septiembre 2012

20

El Estudio del IUU ya citado (2002) consignó y valoró cuatro posibles alternativas de intervención edificatoria para “29 de octubre” (identificado ya entonces como un área problemática dentro de Pajarillos), un abanico que iba desde la reparación de los edificios hasta la demolición y reconstrucción total del conjunto, insistentemente propugnada por los representantes de la asociación vecinal.

En medio de un clima de clamor creciente de la “opinión pública” por causa del narcotráfico, VIVA inició, en 2006, el proceso de redacción de un nuevo documento (“Estudios necesarios para la remodelación integral”) bajo el objetivo de derribar todo el barrio, reordenar y construir.

La asociación “La Unión”, que ha estado siempre de acuerdo con la iniciativa de renovación pero que se ha inhibido del proceso decisional por el desgaste que le supuso la experiencia precedente del Poblado de la Esperanza, esgrime razones de salubridad para defender la demolición total del polígono, el cambio de vivienda sin coste y también, dado el perfil de la población, la articulación simultánea de medidas de índole social (educación, formación, empleo…).

Los gestores municipales, sin embargo, obvian las medidas sociales e insten en demoler porque permitiría la “autofinanciación” y, según ellos, “extirpar” el tráfico de drogas. De hecho, confían en que, por efecto conjugado de la marginalidad y la desmotivación provocada por el realojo, los propietarios “indeseados” prefieran la inmediatez de la debida indemnización y abandonen el barrio (CASTRILLO y CASTRILLO, 2012). Con este método de “expulsión selectiva”, el poder local parece ignorar dos aspectos evidentes: por un lado, la dispersión o relocalización del problema social que se pretende resolver en 29 de octubre; y, por otro, las dificultades de todo orden que la renovación impone no sólo a los propietarios marginales, sino también a los envejecidos y empobrecidos propietarios “normalizados”.

La instalación de una oficina de información en el barrio acompañó el proceso de formación del proyecto y, en febrero de 2010, tras un cambio favorable en la legislación autonómica de urbanismo (Decreto 45/2009, de 9 de julio), el alcalde de la ciudad dio a conocer una propuesta de reordenación con capacidad para 850 viviendas en la misma área hasta ahora ocupada por 570. Esta densificación suscitó cierta polémica y la actuación de la administración regional fue decisiva para rebajar de 850 a 712 el número final de viviendas. En 2011, fue elevada al Pleno municipal una modificación del PGOU con la que se daba cumplimiento a la preceptiva coherencia (a posteriori) del proyecto de renovación con el planeamiento urbano vigente y con las exigencias de la Junta de Castilla y León (Fig. 9).

Fig. 9. El polígono “29 de octubre” y su renovación en el PGOU de Valladolid Fuente: Ayuntamiento de Valladolid.

Bogotá, Septiembre 2012

21

La morfología propuesta resulta ser una solución de compromiso entre las exigencias de densidad derivadas de la “autofinanciación”, los principios más básicos de la prevención situacional y las limitaciones del marco legal. Y, en cuanto al esquema financiero, se pretende que la venta del excedente de viviendas más las ayudas públicas del ARU financien el total de las obras y los costes de gestión, incluido el realojo. Los propietarios contribuirían a la gestión de la operación entregando su vivienda a cambio de otra de igual superficie pero, como la normativa vigente exige que cada nueva vivienda disponga de una plaza de garaje y un trastero, y las viviendas existentes no los tienen, se prevé también que los propietarios, al tiempo que reciben la nueva vivienda, adquieran forzosamente esos anexos en las condiciones económicas que se aplican para las viviendas sociales nuevas. A aquéllos que no quisieran o no pudieran hacer tal compra, se les propondría a cambio de su vivienda o bien una cantidad de dinero o bien el derecho de por vida a un alojamiento colectivo en el barrio.

Esta solución suscita desconfianza y preocupación entre los vecinos, que manifiestan su desacuerdo con el realojo temporal, con el programa de las nuevas viviendas (con dos dormitorios en lugar de los tres actuales), con las características de los nuevos edificios (por su repercusión en la economía doméstica bajo la forma de nuevos gastos: ascensor...), con la recomposición del vecindario en los edificios nuevos y con la compra forzosa de una plaza de garaje.

Pero poco importa ya. De forma inopinada, el ayuntamiento retiró, sin mediar explicación alguna, la propuesta de modificación del PGOU y, el 16 de febrero de 2012, un escueto titular en la prensa local decía: “Se retrasa ’sine die’ la rehabilitación (sic) de la barriada «29 de Octubre» del barrio Pajarillos”. Los problemas siguen allí pero la crisis hace ya poco o nada verosímil la viabilidad del proyecto financiero de la renovación urbana (en particular, las subvenciones estatal y autonómica, y muy especialmente la venta de más de 200 nuevas viviendas), así como la del “megaproyecto urbano” para el soterramiento la línea férrea, del que dependía en buena medida la revalorización del suelo del polígono “29 de octubre”.

En definitiva, pese a la diversidad de argumentaciones, es evidente que la razón que operaba de manera más efectiva en la legitimación de la decisión de derribar el polígono 29 de octubre es la problemática social que en él se condensa. Sin embargo, paradójicamente, no es una intervención social la que se propone, sino una intervención edificatoria a cuya gestión se confía la capacidad de cribado y expulsión de los propietarios y habitantes “indeseados”, obviando, al menos nominalmente, el resto de sus efectos sociales.

Es interesante señalar aquí que, aunque la propiedad parece ser la tenencia dominante en el polígono “29 de octubre” (al menos entre las situaciones normalizadas), la participación de los propietarios prevista en esta operación de renovación se limita a ser realojados y financiar una plaza de garaje, cuando no a recibir una indemnización por su vivienda. Así planteada, la participación adquiere un importante carácter inhibitorio para la población más vulnerable y tiende a convertirse en una no-participación.

Vemos así que un mismo gobierno municipal, enfrentado a dos actuaciones donde es mayoritaria la propiedad ocupante, trata a los propietarios de manera bien diferente: en el ARI de la Rondilla busca la generalizada participación de los propietarios mientras en Pajarillos procura minimizar la presencia de los propietarios en la gestión de la renovación urbana. El grado de marginalidad social de la población, mucho más alto en

Bogotá, Septiembre 2012

22

el polígono de Pajarillos que en los de la Rondilla, puede aportar pistas para comprender este trato diferencial pero también debería considerarse en este asunto la importancia de la mejora de las condiciones del negocio inmobiliario que está en la base de la renovación urbana del polígono “29 de octubre”.

Por último, aunque el estado de desarrollo de la iniciativa no permite hacer aseveraciones sobre los efectos sociales de la renovación urbana de dicho polígono en términos de calidad de vida o de reducción de la pobreza, sí hay que subrayar, a propósito de su posible contribución a la segregación socioespacial urbana, que las autoridades públicas declaran como objetivo explícito renovar el barrio con el fin último de renovar su población y como objetivo programático, explotar las expectativas de generación de rentas inmobiliarias que proporcionan dos de sus valores urbanísticos actuales: la buena localización del polígono dentro de la ciudad (máxime si el ferrocarril se soterrase) y su morfología poco densa y rica en espacios públicos y equipamientos.

La literatura urbanística de los años 60 y 70 muestra con claridad que “renovación” es “deportación” -más o menos programada- de la población originaria hacia localizaciones urbanas menos valorizadas (COING, 1966; GODARD, 1973). Y la actual revivificación en muchos lugares de Europa (incluido Valladolid) de las políticas de renovación urbana vuelve a plantear la vigencia de esas tesis: la renovación urbana apoyada en la generación de rentas inmobiliarias se acompaña de expulsión de población y de sustitución social (GARNIER, 2010), además de causar estragos en las potencialidades del débil tejido social de los barrios degradados (EGEA JIMÉNEZ et al., 2008). Por ello hay que advertir contra la “contraseña, deseo piadoso o simple argumento” (Genestier) de la “mezcla social” (mixité sociale, social mix), que es la expresión insidiosa que está sirviendo en Europa para legitimar políticas de renovación urbana con consecuencias sociales muy negativas (GARNIER, 2010; PARADOXES, 2010).

Conclusiones e incertidumbres Las políticas españolas de rehabilitación urbana revisten históricamente un carácter contracíclico y expresan, en cada uno de sus diferentes momentos, objetos y escalas preferentes que pueden relacionarse con los intereses de ciertos agentes urbanos emergentes (CASTRILLO ROMÓN, 2012): 1. Las primeras políticas de conservación y de rehabilitación urbana, forjadas en las décadas centrales del siglo XX, tenían un carácter regulatorio y, como objeto, el patrimonio histórico urbano. A ellas se añadió, ya en la década de 1980, un instrumento de fomento: las ARIs. 2. En las décadas de crisis política, inmobiliaria y económica de los años setenta y ochenta, el movimiento vecinal y los primeros ayuntamientos democráticos protagonizaron interesantes experiencias de “regeneración urbana integrada” avant la lettre.

3. La IC Urban y la ampliación de la aplicación de las ARIs a barrios periféricos apuntan, a partir desde mediados de los años 1990, el surgimiento de la UE como actor emergente en la materia y esta influencia europea se consolida hoy en España, de nuevo en un tiempo de crisis inmobiliaria, con el reavivamiento de la creación de leyes, planes y programas de rehabilitación, regeneración y, desde 2008, también de renovación urbana.

Bogotá, Septiembre 2012

23

Las creaciones normativas surgidas en estos diferentes momentos (ARI, URBAN, ARU...) no pueden comprenderse si no es en el marco de la evolución de la gestión urbanística y es importante observar que no se han anulado unas a otras, sino que, en general, se han venido yuxtaponiendo y sumando. Esto, además ser elocuente a propósito de ciertas continuidades, da un “espesor” muy interesante a la rehabilitación urbana en España. Pero también es importante observar que en la evolución de las políticas ha habido fenómenos que casi no han dejado rastro institucional o que se han prolongado en el tiempo en un registro informal (caso de la participación vecinal activa en la planificación y gestión urbanas, y de cultura de rehabilitación urbana municipal propalada por los técnicos forjados en la década de 1980). El análisis de caso de los barrios de Valladolid muestra bien esa diversidad histórica y las concepciones de la acción pública que las sustentan. Último eslabón de procesos de rehabilitación urbana que se remontan varias décadas atrás, el ARI y el proyecto de ARU sobre polígonos públicos de Rondilla y Pajarillos ilustran las prácticas ordinarias actuales encuadradas en programas nacionales, su alcance en términos de mejora de la calidad de vida y sus posibles limitaciones en términos de contención de la segregación socioespacial urbana, así como los papeles desarrollados por los diferentes agentes urbanos (organizaciones sociales, poderes públicos, universidad, UE...) (Fig. 10).

Fig. 10. Imágenes publicadas por la Asociación vecinal Rondilla hacia finales de la década de 1970 y en 2002 Fuente: Asociación vecinal Rondilla.

Las administraciones públicas han jugado siempre un papel variable pero fundamental.

Con un marco regulador laxo y una normativa de fomento específica, las políticas estatales de rehabilitación urbana en España han estado apoyadas fundamentalmente en la prestación de ayudas públicas a iniciativas locales en las que los propietarios beneficiarios participaban como co-financiadores. Pero, en la actual coyuntura, la continuidad de este modelo parece incierta. El aumento del paro y el empobrecimiento de la población, el declive de las políticas sociales y la crisis financiera y hacendística ponen en cuestión la operatividad de los programas ARIs y ARUs. Quebrado el crecimiento económico apoyado en el sector financiero-inmobiliario (que no era exclusivo español pero sí más exacerbado aquí que en otros países), los esfuerzos parecen centrarse ahora en formular un nuevo “modelo de urbanización” menos energívoro y más compacto, en el que la regeneración urbana, tal y como marcan las directrices de política urbana de la UE, parece tener reservado un lugar preeminente.

Sin embargo, no hay que olvidar que, en medio de este panorama de cambios, el subyacente “modelo urbano de la renta” no ha perdido ni un ápice de su vigencia (ALVAREZ MORA et al., 2011) y que, por el momento, no se perfilan con claridad las relaciones entre agentes urbanos que resultarán determinantes de la nueva etapa de la rehabilitación urbana que está abriéndose en España.

Bogotá, Septiembre 2012

24

Un escenario continuista descansaría sobre el papel clave de unos poderes públicos prestadores de fuertes subvenciones. Hoy por hoy, esto parece poco probable en España por la imposición de la doctrina de reducción del gasto público en bienestar social y por el empobrecimiento de la población que debería asumir el papel de cofinanciadora; y ello por no hablar del probable escaso interés del sector financiero por el sector inmobiliario (más allá de la liquidación del stock de vivienda y suelo). No obstante, en todo caso, hay diferencias que podrían marcar un horizonte para la renovación urbana (que posibilita la generación de rentas del suelo y, por tanto, el negocio inmobiliario) distinto del de la rehabilitación urbana que, en general, sólo puede interesar a las empresas del sector de la construcción.

La revivificación de la renovación urbana en Europa (y en algunos lugares de Latinoamérica) y la escasa resistencia social que encuentra dan verosimilitud a otro escenario en el que esta práctica constituiría, con mayor o menor presencia de los agentes públicos, un nuevo nicho significativo de negocio inmobiliario (y, con ello, no hay que olvidarlo, de expulsiones y cambios sociales derivados). Dos aspectos generalizados se opondrían a ello: la escasez del crédito, que podría tener un carácter coyuntural, y, sobre todo, la extensión de la propiedad de la vivienda.

Los problemas de gestión asociados a la estructura de la propiedad (propiedad horizontal) “lastran” la renovación urbana de barrios en comparación con la renovación de otro tipo de áreas. El desarrollo de un escenario de renovación dominante en que el agente emergente fuese el sector inmobiliario privado (SALDAÑA FERNÁNDEZ, 2005) precisaría que ese “lastre” fuese alivianado (¿por la devaluación de la propiedad, por la modificación de su marco jurídico...?). El acelerado declive socioeconómico de ciertos barrios y la progresiva subyugación de la política a la economía da pábulo a la posibilidad de ese “aligeramiento”20.

Cabe considerar también, por último, la posibilidad de la emergencia de un actor social y la capacidad de autogestión de la población en materia de rehabilitación urbana. Este sería el escenario de cambio más profundo y, por ello mismo, más difícil de anticipar.

Tiene precedentes históricos (en España y en Latinoamérica) y el aumento actual de la movilización social (también en materia de vivienda) alientan la posibilidad de este supuesto que podría tener como principales escollos, además de la inercia política y social, el orden jurídico vigente y, aunque parezca paradójico, el “participacionismo” dominante.

Que España atraviesa una crisis económica es indudable, tanto como que la crisis es también política. El futuro no puede predecirse pero sí organizarse y, en este momento de cambios, reordenar las políticas urbanas que tan claramente han contribuido a hundir al país en la catástrofe, más que una opción, es claramente un imperativo insoslayable.

Pero la reorientación del cambio urbano, incluso moviéndose dentro de los presupuestos de la regeneración, la rehabilitación o la renovación urbanas, puede tener muchas opciones. El papel de la Universidad para contribuir a que el proceso sea lo más informado y democrático posible es insustituible. Por eso estamos aquí.

20

De hecho, la “rémora” para el crecimiento urbano que suponía la propiedad del suelo no urbanizado fue removida con la creación del “agente urbanizador”. No resulta inverosímil la creación de una institución análoga para la renovación o la regeneración urbana.

Bogotá, Septiembre 2012

25

Referencias bibliográficas ANUARIO, 2012. Anuario estadístico del mercado inmobiliario español 2011-2012. Madrid: RR Acuña & asociados.

ATLAS, 1994. Atlas histórico de ciudades europeas, vol. I. Barcelona: CCCB. ATLAS, 2007. Atlas estadístico de las áreas urbanas de España, 2006. [Madrid]: Ministerio de Vivienda ALVAREZ MORA, A. 2005. La construcción histórica de Valladolid. Proyecto de ciudad y lógica de clase. Valladolid: Universidad de Valladolid.

ALVAREZ MORA, A. prev. 2013. “Le concept de patrimoine bâti comme une catégorie enracinée dans les modèles urbains soumis à la rente foncière en Europe”, Espaces et sociétés, 152-153, nº1-2/2013 (en prensas).

ALVAREZ MORA, A. CASTRILLO ROMÓN, M., RIVAS SANZ, J.L. DE LAS; SANTOS GANGES, L., 2011. “Perfiles de una tragedia: la crisis residencial y urbanística española”, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 113 (2011), dossier “Impactos y consecuencias de la crisis”, pp. 57-69.

ARIAS GOYTRE, F. (dir.), 2000. La desigualdad urbana en España. Madrid: Ministerio de Fomento.

BEGINES RAMÍREZ, A. 1973. Los Pajarillos Altos en Valladolid: de un suburbio marginado a un suburbio integrado. Valladolid: Universidad de Valladolid.

BETRÁN ABADÍA R. 2002. “De aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda en la España franquista y postfranquista”, Acciones e Investigaciones Sociales, 16 (Dcbre.

2002), pp. 25-67.

CASTELLS, M. 1977. Ciudad, democracia y socialismo: la experiencia de las asociaciones de vecinos en Madrid. Madrid: Siglo Veintiuno de España.

CASTRILLO ROMÓN M., 2010a. “El urbanismo de renovación de grandes conjuntos de vivienda social en Francia, 2004-2008”, PPA, proyecto, progreso, arquitectura, nº 2 (2010).

CASTRILLO ROMÓN M., 2010b. “Los habitantes en la reconstrucción del espacio público.

Reflexiones sobre la regeneración de barrios en España”, en VILADEVALL GUASCH M. y CASTRILLO ROMON M. (eds.), Espacio público en la ciudad contemporánea. Perspectivas críticas sobre su gestión, su patrimonialización y su proyecto, Valladolid: Universidad, pp. 204-228.

CASTRILLO ROMÓN M., 2010c. “Hacia un urbanismo más justo: reflexiones sobre la rehabilitación de barrios periféricos en España”, en MUSSET A. (comp.), Ciudad, sociedad, justicia: un enfoque espacial, Buenos Aires, EUDEM. CASTRILLO ROMÓN M., 2012 (prev). “Les politiques de réhabilitation urbaine en Espagne: évolution, enjeux et défis”, en L’urbanisme, la démocratie et le marché. Une expérience espagnole (1970-2010). Cretéil : Institut d’Urbanisme de Paris.

CASTRILLO M. y CASTRILLO E., 2012 (prev.). “La rehabilitation et la rénovation urbaines dans un pays de propriétaires. Diversité des rôles des habitants dans les opérations sur des cités de logement social en Espagne”, Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ? Rennes: PUR.

Bogotá, Septiembre 2012

26

CASTRILLO ROMÓN M. y DOMINGO VAQUERO M., 2004. "La necesidad de reciclar las periferias. Estudio sobre el barrio de la Rondilla en Valladolid”, en Á LVAREZ MORA A. et VALVERDE DÍAZ DE LEÓN F. (coords.), Ciudad, territorio y patrimonio. Materiales de investigación II, Puebla (México): Universidad Iberoamericana e Instituto Universitario de Urbanística, p. 173-192.

CASTRILLO ROMÓN M. y SANTOS GANGES L., 2008. “Urbanisme et militantisme de quartier.

Les relations entre l’espace urbain et les forces politiques dans les quartiers populaires de Valladolid», Espaces et Sociétés, 2008/3, nº 134, p. 53-66.

FERNÁNDEZ C., CASTRILLO M., JIMÉNEZ M., prev. 2012. ”Un centro cultural autogestionado en el barrio de la Rondilla (Valladolid) o la crisis como oportunidad para un cambio urbanístico real”, Márgenes, nº3 (jul-sep 2012) CIUDADES, 2010. “Rehabilitación de barrios periféricos, debates y desafíos”, Ciudades, nº 13 (2010).

CIUDADES, 2004. “Reciclar la ciudad”, Ciudades, nº 8 (2004).

COING H., 1966. Rénovation urbaine et changement social: l’îlot nº 4 (Paris 13e). París: Les éditions ouvrières.

CZISCHKE D. y PITTINI A., 2007. Housing Europe 2007. Rapport sur le logement social, le logement public et le logement coopérative dans les 27 États membres de l’UE. Bruxelles: Observatoire du logement social européen du CECODHAS. DE GREGORIO HURTADO S., 2010. “El desarrollo de las Iniciativas Comunitarias URBAN y URBAN II en las periferias degradadas de las ciudades españolas. Una contribución a la práctica de la regeneración urbane en España”, Ciudades, nº 13 (2010), pp. 39-59.

DE GREGORIO HURTADO S., 2012. Políticas urbanas de la Unión Europea desde la perspectiva de la planificación colaborativa. Las Iniciativas Comunitarias URBAN (19941999) y URBAN II (2000-2006) en España. Tesis doctoral inédita. Universidad Politécnica de Madrid.

EGEA JIMÉNEZ C., NIETO CALMAESTRA J. A., DOMÍNGUEZ CLEMENTE J., GONZÁLEZ REGO R. A., 2008. Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos de Andalucía.

Análisis y potencialidades. Sevilla: Centro de estudios andaluces.

FERNÁNDEZ DURÁN, R. 2006. El tsunami urbanizador español y mundial. Sobre sus causas y repercusiones devastadoras, y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria. Barcelona: Virus.

FERNÁNDEZ SALGADO, C. 2011. Democracia y participación. El Plan General de Madrid de 1985. Cuadernos de Investigación urbanística, 79. Madrid: Instituto Juan de Herrera.

FONT ARELLANO, A. (et al.), 1976. Valladolid: procesos y formas del crecimiento urbano (2 vols.). [Valladolid]: Delegación de Valladolid del Colegio de Arquitectos de Madrid, GARCÍA CUESTA, J. L. 2000. De la urgencia social al negocio inmobiliario: promoción de viviendas y desarrollo urbano en Valladolid (1960-1992). Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.

GARCÍA FERNÁNDEZ, J. 1974. Crecimiento y estructura urbana de Valladolid. Barcelona: Los libros de la frontera.

GARNIER J.-P. 2006. Contra los territorios del poder. Por un espacio público de debates y... de combates. Barcelona: Virus.

Bogotá, Septiembre 2012

27

GARNIER J.-P. 2010. “«Renovar» la vivienda social para renovar la población: la política de «renovación urbana» en Lille”, in MUSSET Alain (dir.), Ciudad, sociedad, justicia: un enfoque espacial y cultural. Mar del Plata: EUDEM, pp.391-420.

GODARD F. (ed.), 1973. La rénovation urbaine à Paris: structure urbaine et logique de classe. Paris - La Haye: Mouton.

GONZALO MORELL, C. 2012. Movimiento vecinal y cultura política democrática en Castilla y León. El caso de Valladolid (1964 - 1986). Tesis Doctoral inédita. Universidad de Valladolid.

HARVEY, D. 2007. Breve historia del neoliberalismo. Barcelona: Akal.

HERNÁNDEZ AJA, A. (dir.), 2006. Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España.

Informe General Adenda 2006. http://siu.vivienda.es/siu/infoWeb/barrios/enlaces/20110610_INFORME_GENERAL_ADE NDA_2006.pdf INSTITUTO UNIVERSITARIO DE URBANISTICA, 2010. Integrated Urban Regeneration in Europe. Summary Document. June 2010. http://www.eukn.org/Spain/en/E_library/Urban_Environment/Urban_renewal/Urban_renew al/Survey_on_Integrated_Urban_Regeneration_in_Europe LÓPEZ DE LUCIO R., 2003. “El Programa de Barrios en Remodelación 1979-89”, en SAMBRICIO C. (coord.), Un siglo de vivienda social (II). Madrid: Editorial Nerea, Ministerio de Fomento, EMV, Consejo Económico y Social.

MONGIL D. (ed.), 2008. Ciudades en (re) construcción: necesidades sociales, transformación y mejora de barrios, Barcelona: Diputació de Barcelona.

MONGIL JUAREZ D., 2010. “Intervención integral en barrios: conceptos, instrumentos y elementos de mejora”, Ciudades, nº 13 (2010), pp.139-161.

MURIE, A.; KNORR-SIEDOW, TH.; VAN KEMPEN, R. 2003. Large Housing Estates in Europe.

General Developments and Theoretical Backgrounds. Utrech: Utrech University.

NAREDO M. Y MONTIEL A., 2011. El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Barcelona: Icaria.

NAVARRO, V.; TORRES LÓPEZ, J. Y GARZÓN ESPINOSA, A. 2011. Hay alternativas.

Propuestas para crear empleo y bienestar social en España. Madrid: Sequitur y Attac.

PARADOXES, 2010. “Paradoxes de la mixité sociale”, Espaces et sociétés, 140-141, nº 12/2010.

PAREJA EASTAWAY M. (et al.), 2004. Large Housing Estates in Spain. Polices and Practices, Zeist: Utrech University.

PASTOR ANTOLÍN, L. J. (et al.), 1992. Crecimiento y transformación de Valladolid: 19601988. Análisis de un proceso complejo y contradictorio. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.

PASTOR ANTOLÍN, L. J. 1994. Conocer el barrio de Los Pajarillos: una compleja periferia obrera de la ciudad de Valladolid. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.

PÉREZ QUINTANA, V. y SÁNCHEZ LEÓN, P. (eds.), 2008. Memoria ciudadana y movimiento vecinal: Madrid, 1968-2008. Madrid: Los Libros de la Catarata.

REMODELACIÓN, 2004. “Remodelación de los barrios de Pajarillos y Rondilla de Valladolid (España)” (Dossier), Ciudades, nº 8 (2004), pp. 157-197.

Bogotá, Septiembre 2012

28

RONDILLA, 2011. La Rondilla: una rehabilitación para el barrio. A.R.I. Rondilla, Valladolid: VIVA, Sociedad municipal de suelo y vivienda, S.L. RUBIO DEL VAL J. (dir.), La política de rehabilitación urbana en España. Evolución, experiencias y efectos. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,1990.

RUBIO DEL VAL, J. y MOLINA COSTA, P., 2010. “Estrategias, retos y oportunidades en la rehabilitación de los polígonos de vivienda construidos en España entre 1940 y 1980”, Ciudades, nº 13 (2010), pp. 15-37.

SALDAÑA FERNÁNDEZ A., 2005. “Modelos de gestión de la rehabilitación”, MORÓN BÉCQUER P. (ed.), La política de vivienda en los albores del siglo XXI. Experiencias y posibilidades, Madrid, DM, 2005, p. 187-196.

SMITH N., 2002. “New Globalism, New Urbanism: gentrification as Global Urban Strategy”, Antipode, Volume 34, Issue 3, pages 427–450, July 2002.

TURNER, T. 2004. “Clase, cultura y capitalismo. Perspectivas históricas y antropológicas de la globalización”, en MARQUINA ESPINOSA, A. (comp..), El ayer y el hoy: lecturas de antropología política. Vol.II. Madrid: UNED. VARGAS I., JIMÉNEZ E., GRINDLAY A. Y TORRES C., 2010. “Procesos de mejoramiento barrial participativo en asentamientos informales: Propuestas de integración en la ciudad de Ibagué (Colombia)”, revista INVI, Nº 68 / Mayo 2010 / Volumen Nº 25: 59-96.

ANEXO IMÁGENES

Bogotá, Septiembre 2012

29

FIG.8A

Bogotรก, Septiembre 2012

30

FIG.1B

Bogotรก, Septiembre 2012

31

FIG.2B

Bogotรก, Septiembre 2012

32

FIG.6A

FIG.5C

Bogotรก, Septiembre 2012

33

FIG.6B

Bogotรก, Septiembre 2012

34

FIG.5B

FIG.5A

Bogotรก, Septiembre 2012

35

FIG.8B

FIG.8C

Bogotรก, Septiembre 2012

36

FIG.1A

FIG.2A

Bogotรก, Septiembre 2012

37

–

Fig_10B

Bogotá, Septiembre 2012

38

Fig_10B

Bogotรก, Septiembre 2012

39

Fig_4A

Bogotรก, Septiembre 2012

40

Fig_4B

Bogotรก, Septiembre 2012

41

Fig_4B

Bogotรก, Septiembre 2012

42

Fig_10A

Bogotรก, Septiembre 2012

43