Vacíos legales en la protección de la niñez trabajadora de Nicaragua–Gabriel Antonio Rivera Rocha
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. En la actualidad, se reconoce que las actividades descritas en los incisos a, b y c del artículo 3 [esclavitud, prostitución y la utilización de niños para el tráfico, entre otras], no constituyen formas de trabajo, sino “crímenes contra la niñez”, es por ello que no pueden considerarse formas de trabajo, sino como delitos contra los niños y niñas. En particular, este convenio establece las siguientes obligaciones para el Estado: Ámbito de protección Prevención
Erradicación
Protección adolescente trabajador
Disposición específica Adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. (Arto. 1). Elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil (arto. 6). del Establecer lista de trabajos peligrosos por su naturaleza y condiciones, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas (arto. 4), garantizando que los adolescentes no realicen estos tipos de trabajos.
Para dar cumplimiento a las medidas se han incluido en la legislación penal los delitos de esclavitud, utilización de niños y niñas en pornografía. Asimismo, se ha aprobado un listado de trabajos peligrosos que no pueden ser realizados por adolescentes y se ha fortalecido la capacidad institucional para vigilar el cumplimiento de esas disposiciones.
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